Vulneración trámite amparo de pobreza – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07434-00
Demandante: Mónica Álvarez Cortés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de oc tubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07434-00
Demandante: Mónica Álvarez Cortés
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera y otro
Tema: Tutela solicitud de amparo de pobreza
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Mónica
Álvarez Cortés contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
y la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.º del
Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de septiembre de 2026, la señora Mónica Álvarez Cortés, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera y la Defensoría del Pueblo, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
igualdad y de petición.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR de manera inmediata mis derechos fundamentales al Acceso a la
Administración de Justicia, al Debido Proceso, a la Igualdad Material y al Derecho de
Petición con enfoque de género.
2. ORDENAR a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
este fallo, proceda a someter a REPARTO JUDICIAL INMEDIATO la solicitud de amparo
de pobreza radicada el día 7 de septiembre de 2021.
3. ORDENAR al Magistrado Ponente que resulte asignado por reparto que resuelva de
fondo sobre la concesión del amparo de pobreza de conformidad con el artículo 152 del
CGP y, en consecuencia, libre oficio inmediato a la Defensoría del Pueblo para la
designación de apoderado de oficio.
4. DECLARAR que los términos de caducidad del medio de control de Reparación
Directa se encuentran formalmente interrumpidos y suspendidos desde la fecha de
radicación primigenia (7 de septiembre de 2021), y que no se reanudarán sino hasta
cuando el abogado de oficio legalmente designado tome posesión y acepte el encargo.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Antecedentes que dieron lugar a la solicitud de amparo de pobreza
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Demandante: Mónica Álvarez Cortés
De los documentos aportados por la accionante se advierte que en el Juzgado Primero
Civil Municipal de Chía cursa el proceso ejecutivo con garantía real 2018-0298, en el
que ella y su cónyuge actúan como ejecutados y en el que se persigue el inmueble
ubicado en la Urbanización El Parque de Chía. En ese proceso la señora Álvarez
Cortés fue beneficiaria de amparo de pobreza y, en consecuencia, se le designó una
abogada de oficio.
La accionante afirmó que el 27 de mayo de 2021 presentó memorial para revocar el
mandato de esa abogada y solicitar la designación de un nuevo apoderado, y que el
juzgado negó relevarla mediante autos del 3 de junio y del 16 de julio de 2021, en los
que, según relató, se le advirtió que si no deseaba aceptar los servicios de la
apoderada de oficio tendría que renunciar al amparo de pobreza y designar un
apoderado de confianza.
Indicó que el 2 de julio de 2021 la abogada de oficio la denunció penalmente y que,
pese a ello, continuó representándola en la audiencia de remate del inmueble
celebrada el 20 de agosto de 2021.
El 24 de agosto de 2021 la señora Álvarez Cortés, actuando directamente, amplió el
incidente de nulidad que había promovido contra esa audiencia, con fundamento en
el artículo 133, numeral 4, del CGP, y pidió nuevamente la designación de un defensor
de oficio.
Con ocasión de estos hechos, la accionante y su cónyuge presentaron también quejas
ante la Comisión de Disciplina Judicial.
De la solicitud de amparo de pobreza
Con fundamento en lo anterior, la señora Álvarez Cortés consideró procedente ejercer
el medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, por una
presunta falla en el servicio derivada de la representación judicial que, según afirma,
le fue impuesta por la autoridad judicial, y del remate de su vivienda.
El 7 de septiembre de 2021, la señora Mónica Álvarez Cortés remitió al correo
electrónico de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca un
escrito con la referencia «Solicitud de Amparo de Pobreza y Defensor de Oficio».
En dicho documento, invocó los artículos 151 y siguientes del CGP, pidió que se le
concediera el amparo de pobreza y se le designara apoderado de la lista de auxiliares
de la justicia para interponer una demanda de reparación directa contra la Rama
Judicial.
Manifestó bajo la gravedad del juramento que no disponía de recursos económicos
para atender el proceso, que era mujer cabeza de familia, que carecía de empleo
formal, que tenía tres hijos menores de edad a su cargo y que su esposo se
encontraba en situación de discapacidad por razones de salud mental que le impedían
trabajar.
Anexó copia del incidente de nulidad que había presentado directamente en el
proceso civil y envió copia del escrito al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Juzgado Primero Civil Municipal
de Chía y a la Comisión de Disciplina Judicial.
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Demandante: Mónica Álvarez Cortés
El mismo día, la Secretaría General reenvió el mensaje al Secretario de la Sección
Tercera del Tribunal, quien respondió a la señora Álvarez Cortés mediante correo
electrónico que «el amparo de pobreza se concede o niega una vez instaurado el medio de
control», por lo que le indicó que debía acudir a la Defensoría del Pueblo «para dar
inicio al trámite procesal que usted requiere». Por ello, la solicitud no fue sometida a
reparto.
Ese mismo día, la accionante contestó que no podía acudir a la Defensoría del Pueblo,
porque esa entidad sería también demandada en la reparación directa. El 9 y el 10 de
septiembre de 2021 reiteró la solicitud de que se diera trámite al memorial.
El 17 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico, el Secretario de la Sección
Tercera insistió en que esa «corporación no es competente para conocer amparo de
pobreza previo el medio de control, pues este exime de los gastos generados dentro del
proceso, pero no del derecho de postulación, es decir, que sea representada por un
abogado», y agregó que era la Defensoría del Pueblo la que debía asignarle un
abogado, aun cuando esa entidad fuera demandada.
El mismo día la señora Álvarez Cortés contestó que se había basado en el CGP
porque en el CPACA no encontró regulación del amparo de pobreza, y suministró su
número telefónico para que se le indicara el procedimiento a seguir.
La accionante afirmó que el 23 de septiembre de 2021 radicó una petición dirigida al
presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que relató lo ocurrido
con la Secretaría, anexó un concepto emitido por la Defensoría del Pueblo y la solicitud
de amparo del 7 de septiembre, y pidió que se ordenara dar a esta el curso previsto
en los artículos 151 y siguientes del CGP, pues no había sido repartida.
La accionante afirmó que el 29 de septiembre de 2021 la Presidencia del Tribunal le
respondió que «la Corporación carece de competencia para resolver su petición de amparo
de pobreza, comoquiera que (…) no obra ningún proceso judicial», sin someter el asunto a
reparto ni remitirlo a otra autoridad. Esa respuesta no fue aportada al expediente.
Sostuvo, por último, que a la fecha de presentación de la tutela la solicitud de amparo
de pobreza no ha sido repartida a un magistrado ni decidida.
3. Argumentos de la tutela
En cuanto a la procedencia de la acción, la accionante sostuvo que el requisito de
inmediatez se encuentra satisfecho, porque la afectación es continua, mientras
persista la omisión del tribunal de someter a reparto el memorial de 7 de septiembre
de 2021.
Anotó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de su Secretaría y de
su Presidencia, incurrió en «defecto fáctico y sustantivo por usurpación de funciones
judiciales», porque el artículo 152 del CGP dispone que el amparo podrá solicitarse por
el interesado antes de la presentación de la demanda. Señaló que la decisión de
admitir, rechazar o conceder un amparo de pobreza es una función de carácter
jurisdiccional reservada de forma privativa al Juez o magistrado sustanciador
mediante auto interlocutorio, y que «la Secretaría no ostenta atribución jurídica alguna
para calificar de plano la procedencia sustancial de un memorial».
Afirmó que la actuación reprochada desconoció el bloque de constitucionalidad. Al
respecto, invocó: i) los artículos 7 y 8 de la Convención de Belém do Pará, que a su
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juicio obligan a las autoridades judiciales «a actuar con la estricta debida diligencia para
garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos judiciales rápidos, idóneos y libres de
trabas discriminatorias»; ii) la Convención CEDAW y la Recomendación General 33 de
su Comité, que «consagra la obligación estatal de garantizar asistencia jurídica
gratuita efectiva a las mujeres en situación de vulnerabilidad económica», por lo que
«negar el trámite del amparo de pobreza a una mujer categorizada en el grupo B2 del
Sisbén anula la eficacia material del derecho de acceso a la justicia»; y iii) las
sentencias T-344 de 2020 y T-525 de 2025.
Por último, sostuvo que la caducidad de la acción no puede operar en contra del
ciudadano cuando la imposibilidad de demandar a tiempo obedece de manera
exclusiva a una falla de la propia administración de justicia, y que, a su entender «la
radicación del amparo el 7 de septiembre de 2021 congeló los términos prescriptivos
y de caducidad respecto de la pretensión de Reparación Directa».
4. Trámite previo
Mediante auto del 14 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo, ordenó notificar a la Secretaría General, a la Presidencia y a la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como a la
Defensoría del Pueblo, a quienes remitió copia de la demanda y sus anexos.
5. Oposición
La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe el 21 de septiembre de 2026 y solicitó negar las
pretensiones del amparo en lo que a ella concierne.
Explicó que, revisada la solicitud de amparo de pobreza presentada por la actora, ese
tribunal «presenta una imposibilidad técnica para la radicación aislada de dicho trámite a
través del sistema SAMAI (SARJ), toda vez que la plataforma no dispone de un módulo
específico para solicitudes autónomas previas».
Por esa razón, sostuvo que el usuario debía formular la petición de amparo de manera
conjunta con la presentación de la demanda, aportándola como un memorial en
archivo separado, de modo que, al efectuarse el reparto integral del proceso, el
magistrado ponente pueda pronunciarse de forma prioritaria sobre la concesión del
beneficio.
Reconoció que, de conformidad con los artículos 151 y siguientes del CGP, aplicables
por remisión del artículo 306 del CPACA, el amparo de pobreza garantiza el acceso a
la administración de justicia de quienes no pueden sufragar los gastos procesales sin
menoscabo de su subsistencia, y que el artículo 152 prevé que el presunto
demandante puede solicitarlo antes de la presentación de la demanda.
No obstante, indicó que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la
competencia se determina con las reglas del artículo 104 del CPACA (naturaleza del
asunto, medio de control, cuantía, territorio y factor funcional) y que la Sección Tercera
del Tribunal tiene asignado el conocimiento de los asuntos de reparación directa y
controversias contractuales, por lo que, «al pretender radicarse el amparo de forma
aislada, el sistema de reparto carece de los datos necesarios para asignar el caso a la sección
competente».
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Afirmó que esa precisión técnica e institucional le fue comunicada en su momento a
la actora, quien tiene a su disposición los canales oficiales para radicar la demanda y
adjuntar a ella el memorial de amparo de pobreza, para su estudio por el magistrado
ponente una vez asignado el radicado y efectuado el reparto.
Dejó constancia de que no tuvo acceso a las pruebas aportadas con la tutela, porque
no fueron remitidas con la notificación y el sistema SAMAI no le permitió el ingreso.
Concluyó que no existe acción u omisión imputable a esa dependencia que vulnere o
amenace los derechos fundamentales de la actora, máxime cuando el ordenamiento
jurídico y las herramientas tecnológicas permitían el ejercicio de su derecho mediante
la presentación conjunta de la demanda y la solicitud de amparo.
La Defensoría del Pueblo solicitó negar la tutela frente a esa entidad, porque no tuvo
participación en los hechos presuntamente violatorios de los derechos fundamentales
invocados, al no hacerse reclamaciones en su contra.
La Secretaría General y la Presidencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no se pronunciaron.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1.º establece: «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de tutela, corresponde a la Sala
determinar si la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la accionante, al no tramitar la solicitud de amparo de
pobreza radicada desde septiembre de 2021 y, en su lugar, manifestar que no existe
competencia para resolver la solicitud si no se ha radicado demanda alguna del medio
de control.
Conviene precisar que, aunque la tutela se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera, la actuación que se cuestiona no proviene de una
decisión de sus magistrados, sino de la Secretaría de esa Sección, dependencia que
respondió directamente a la actora y se abstuvo de someter la solicitud a reparto. Por
ello, el análisis se realizará frente a dicha Secretaría.
La Sala anticipa que amparará los derechos invocados, porque el artículo 152 del
CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, habilita expresamente al
presunto demandante para solicitar el amparo de pobreza antes de la presentación de
la demanda, y porque la decisión sobre su procedencia corresponde al juez.
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Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) de la
inmediatez en el caso concreto; y (ii) análisis del caso concreto.
i) De la inmediatez en el caso concreto
La jurisprudencia constitucional ha señalado que, si bien la acción de tutela no está
sometida a un término de caducidad, debe interponerse en un plazo razonable a partir
del hecho que originó la vulneración.
No obstante, el requisito de inmediatez se entiende satisfecho cuando la vulneración
alegada es actual y permanente, esto es, cuando la situación desfavorable del
accionante derivada de la acción u omisión de la autoridad se prolonga en el tiempo y
se mantiene al momento de presentar la solicitud de amparo.
En el presente caso, aunque la solicitud de amparo de pobreza se radicó el 7 de
septiembre de 2021 y la tutela se presentó el 11 de septiembre de 2026, la Sala
encuentra que lo que se reprocha es una omisión que persiste en el tiempo, pues la
solicitud de amparo de pobreza no ha sido sometida a reparto ni decidida por una
autoridad judicial en una providencia; por el contrario, las únicas respuestas que
recibió la actora fueron comunicaciones por correo electrónico de la Secretaría de la
Sección Tercera, y la propia Secretaría, en el informe rendido en este trámite, confirma
que mantiene la posición de que el amparo solo puede radicarse junto con la
demanda.
En esas condiciones, el tiempo transcurrido no permite concluir, por sí solo, que la
solicitud haya perdido utilidad, pues su presentación antes de la demanda puede
producir el efecto de impedir la caducidad en los términos del artículo 154 del CGP, el
cual dispone que, «salvo que el juez rechace la solicitud de amparo, su presentación antes
de la demanda interrumpe la prescripción que corría contra quien la formula e impide que
ocurra la caducidad, siempre que la demanda se presente dentro de los treinta (30) días
siguientes a la aceptación del apoderado que el juez designe y se cumpla lo dispuesto en el
artículo 94». Corresponderá al juez natural verificar la oportunidad de la solicitud y el
cumplimiento de las condiciones previstas en esa disposición, sin que esta Sala
anticipe una decisión al respecto.
Con fundamento en lo anterior, se concluye que el requisito de inmediatez está
acreditado.
ii) Análisis del caso concreto
Mediante la presente acción, la señora Álvarez Cortés pretende que se ordene el
reparto y trámite inmediato de la solicitud de amparo de pobreza que radicó mediante
correo electrónico el 7 de septiembre de 2021.
Lo anterior, en la medida en que la Secretaría de la Sección Tercera del tribunal
accionado no le dio trámite y, en su lugar, le indicó que para decidir sobre la solicitud
era necesario radicarla junto con la demanda del medio de control.
Conforme a los hechos probados, está acreditado que la solicitud fue radicada ante la
Secretaría General, reenviada al secretario de la Sección Tercera y respondida por
este, como consta en las siguientes capturas de pantalla:
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Demandante: Mónica Álvarez Cortés
Dicha solicitud se realizó de la siguiente forma:
«Honorables Magistrados
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Reparto
Ref.: Solicitud de Amparo de Pobreza y Defensor de Oficio
Respetados Magistrados reciban un atento y comedido saludo.
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Demandante: Mónica Álvarez Cortés
Con base en los artículos 151 y subsiguientes del Código General del Proceso, muy
comedidamente, solicito se me conceda amparo de pobreza y se me designe un
DEFENSOR DE OFICIO de las listas oficiales de auxiliares de la justicia, para interponer
una DEMANDA DE REPARACION DIRECTA EN CONTRA DE LA RAMA JUDICIAL, por
los daños antijurídicos de los cuales he sido víctima en compañía de mi familia, en el
proceso que se adelanta en el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía dentro del
expediente 2018-0298.
Como MUJER CABEZA DE FAMILIA, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL
JURAMENTO, que no dispongo de recursos económicos para atender este proceso
judicial Y QUE ME ENCUENTRO EN GRAVE ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA Y
VULNERABILIDAD ECONOMICA. Pues mis tres hijos menores de edad fueron
expulsados del sistema educativo público desde hace cuatro años y mi esposo se
encuentra DISCAPACITADO por razones de salud mental, lo cual le impide trabajar,
además de que yo no tengo ningún empleo formal.
El pasado 2 de julio de 2021, la abogada de oficio que me fue designada, ME DENUNCIO
PENALMENTE. Así que interpuse la revocatoria inmediata del mandato de la abogada de
oficio. La juez de conocimiento, vulnerando el efecto IPSO FACTO que produce una
revocatoria presentada con base en el artículo 76 del C.G.P, y contraviniendo el
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL de obligatorio cumplimiento, Sentencia nº 11001-03-
15-000-2017-00784-01 de Consejo de Estado – Sala Contenciosa Administrativa –
SECCIÓN QUINTA, de 4 de Octubre de 2017 y Sentencia C-1178/01 – Corte
Constitucional, me negó el DERECHO INALIENABLE A LA DEFENSA Y EL ACCESO A
LA JUSTICIA, al mantener a la abogada que me denuncio como mi defensor de oficio.
El esperpento antijurídico llegó al límite, cuando esa abogada, me representó, en la
AUDIENCIA DE REMATE de la casa de mis pequeños hijos, el pasado 20 de agosto de
2021.
Honorable magistrado, sírvase por favor, atender esta solicitud, en los términos
establecidos en la ley 1755 de 2015 para el DERECHO DE PETICIÓN.
Sin otro particular, muy respetuosamente,
Mónica Álvarez Cortés»
Asimismo, se encuentra demostrado que la solicitud no fue sometida a reparto ni
decidida judicialmente, hecho que la Secretaría de la Sección Tercera no niega en su
informe, en el que mantiene la misma posición.
Para resolver, la Sala considera pertinente señalar que el artículo 2 de la Ley 270 de
1996 dispone que el Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la
administración de justicia y que será de su cargo el amparo de pobreza. Dicha figura
está regulada en los artículos 151 a 158 del CGP, aplicables a esta jurisdicción por
remisión del artículo 306 del CPACA.
Según el artículo 151, se concede a la persona que no se halle en capacidad de
atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su subsistencia y
la de las personas a quienes por ley debe alimentos. El artículo 152 prevé que el
amparo «podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la
demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso», que el solicitante
debe afirmar bajo juramento que se encuentra en esas condiciones y que, «si se trata
de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la
demanda en escrito separado».
Conforme al artículo 153, la solicitud presentada con la demanda se resuelve en el
auto admisorio. Y según el artículo 154, en la providencia que concede el amparo el
juez designa el apoderado que representará al amparado, en la forma prevista para
los curadores ad lítem; además, salvo que el juez rechace la solicitud, su presentación
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antes de la demanda interrumpe la prescripción e impide la caducidad, siempre que
la demanda se presente dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del
apoderado designado.
Establecido lo anterior, la Sala evidencia que, conforme a los artículos 152 del CGP y
306 del CPACA, la actora solicitó al Tribunal demandado que fuera estudiada su
solicitud de amparo de pobreza antes de radicar el medio de control. No obstante, la
Secretaría de la Sección Tercera le indicó que no era viable tramitar dicha solicitud
hasta tanto se radicara la demanda.
Sobre el particular, la Sala advierte que la decisión de la Secretaría de la Sección
Tercera de no dar trámite a la solicitud de amparo de pobreza parte de una
interpretación indebida del artículo 152 del CGP, que, en lo que interesa, dispone que
el amparo de pobreza podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la
presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del
proceso.
Para la Sala, el inciso primero del artículo 152 del CGP está dividido en dos partes:
por un lado, permite a los demandantes solicitar el amparo de pobreza desde antes
de que exista la demanda y, por otro, autoriza a las partes, es decir, a los demandantes
y demandados, para que en el transcurso del proceso puedan solicitar el amparo de
pobreza; esta segunda parte aplica cuando ya existe un proceso judicial.
Dicha lectura coincide con la que esta Corporación ha adoptado en oportunidades
anteriores, al precisar que el amparo de pobreza puede pedirse antes de la
presentación de la demanda o en cualquier oportunidad dentro del curso del proceso1.
Lo anterior quiere decir que la solicitud de amparo de pobreza puede ser radicada en
cualquier momento y por cualquiera de las partes, con la amplitud necesaria para que
se garanticen los derechos fundamentales de acceso efectivo a la administración de
justicia y de defensa, sin que se pueda imponer un término preclusivo para el efecto y
sin que se exijan requisitos adicionales para su concesión.
Esta comprensión amplia de la figura no es ajena a su fundamento constitucional,
pues la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el amparo de pobreza persigue
una finalidad constitucionalmente válida, la de facilitar el acceso de todas las personas
a la administración de justicia y garantizar la igualdad de oportunidades entre las
partes, lo que impone a su intérprete un criterio favorable al ejercicio del derecho y
contrario a las lecturas restrictivas que terminen por cerrar esa puerta de acceso. 2
En ese orden, no son de recibo los argumentos expuestos por la secretaría
demandada para abstenerse de tramitar la solicitud de la actora, según los cuales esta
debía radicarse junto con la demanda del medio de control. Esa exigencia carece de
fundamento legal expreso y resulta contraria al tenor literal y a la finalidad garantista
del artículo 152 del Código General del Proceso.
Cabe resaltar que esa exigencia es de imposible cumplimiento para la accionante,
porque en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la demanda debe
presentarse por conducto de abogado, y la actora carece de él; lo que pide,
justamente, es que se le designe uno.
1 Consejo de Estado, Sala Veinte Especial de Decisión, auto del 23 de febrero de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-00147-00
2 Corte Constitucional, sentencias C-668 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos, y T-114 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Demandante: Mónica Álvarez Cortés
De modo que condicionar el estudio del amparo a la radicación previa de la demanda
equivale a exigirle como requisito de acceso aquello que solo puede obtener con el
beneficio que reclama. Por la misma razón, no es exacta la afirmación del Secretario
de la Sección Tercera de que el amparo «exime de los gastos… pero no del derecho
de postulación», pues el artículo 154 ordena al juez designar apoderado en la
providencia que concede el amparo.
Adicionalmente, la Sala debe señalar que el inciso segundo del artículo 152 del CGP
solo exige que se afirme bajo juramento que no se cuenta con la capacidad necesaria
para atender los gastos del proceso, sin menoscabo de la propia subsistencia y la de
las personas a las que se debe alimentos; es decir, la ley no impone que se aporten
pruebas ni que se expongan situaciones particulares y concretas de la incapacidad
económica ni mucho menos que se radique la solicitud junto con la demanda del medio
de control. Exigir, como lo hizo la secretaría accionada, la radicación de la demanda
equivale a imponer una carga adicional que el legislador no previó.
Aunado a lo anterior, se resalta que, de la consulta efectuada en la Base de Datos
Única de Afiliados (BDUA) del ADRES, se advierte que la accionante pertenece al
régimen subsidiado en salud, circunstancia que respalda la afirmación hecha bajo
juramento sobre su incapacidad económica y pone de presente que la exigencia
impuesta por la secretaría accionada recayó, precisamente, sobre una persona en la
situación que el amparo de pobreza está llamado a proteger.
Finalmente, las limitaciones técnicas invocadas en el informe no justifican la omisión
de la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Dicha dependencia sostuvo que SAMAI no tiene un módulo para solicitudes
autónomas previas y que, sin demanda, el sistema de reparto carece de datos para
asignar la sección. Sin embargo, lo alegado constituye una dificultad operativa, no un
impedimento jurídico, y corresponde a la administración de justicia remediarla.
En consecuencia, es claro que la omisión de la Secretaría de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no haber tramitado la solicitud de amparo
de pobreza constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Por ello, la Sala amparará los derechos fundamentales invocados y ordenará al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Secretaría de la Sección Tercera que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, someta a reparto, por el medio que resulte necesario, incluso de manera
manual, la solicitud de amparo de pobreza radicada el 7 de septiembre de 2021, para
que el magistrado a quien corresponda la decida.
Además de lo anterior, en cuanto a la pretensión de que se declare interrumpido y
suspendido el término de caducidad del medio de control de reparación directa, la Sala
se abstiene de pronunciarse, pues se trata de un asunto del resorte exclusivo del juez
natural, quien deberá examinarlo al momento de estudiar la demanda.
Por último, la Sala no se pronuncia sobre los demás argumentos y derechos invocados
en la demanda, pues con lo expuesto el amparo prospera y la orden impartida
satisface la pretensión principal de la actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07434-00
Demandante: Mónica Álvarez Cortés
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la señora Mónica Álvarez Cortés.
2. En consecuencia, se ordena al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Secretaría de la Sección Tercera que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente decisión y conforme con lo expuesto
en la parte considerativa, someta a reparto, por el medio que resulte necesario,
la solicitud de amparo de pobreza radicada por la accionante el 7 de septiembre
de 2021, para que el magistrado a quien corresponda la decida.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260743400/D13DBB7F7CE27381B21FD43F2FDCF5BED84D2D4B4A81FE21C1F3F3ABAEE51B99/2

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