Cosa juzgada y tutela temeraria – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07384-00
Accionante: EDUARD ALEXANDER LOZANO TARAZONA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa por
privación injusta de la libertad. Defectos fáctico, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente judicial. Cosa juzgada
constitucional y temeridad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Eduard Alexander Lozano Tarazona, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de septiembre de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como el principio de
prevalencia del derecho sustancial, presuntamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia del derecho sustancial de EDUARD ALEXANDER
LOZANO TARAZONA.
2. DECLARAR que la sentencia de 11 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B dentro del expediente
11001334306220180009001, incurrió en defecto fáctico y defecto por falta de motivación, en los
términos expuestos en esta acción.
3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 11 de diciembre de 2024 exclusivamente en lo que
resulte necesario para restablecer los derechos fundamentales amparados.
4. ORDENAR las demás medidas que el juez constitucional considere necesarias para el
restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales”.
2. Hechos
El demandante relató que hizo parte del Ejército Nacional y que el 15 de octubre de
2015, fue capturado por integrantes del CTI, en razón a la orden de captura emitida
1
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Accionante: Eduard Alexander Lozano Tarazona
por la Fiscalía 89 Especializada en Derechos Humanos de Ibagué y que, en
cumplimiento de la medida de aseguramiento, fue recluido en el establecimiento
penitenciario La Modelo de Bogotá.
Indicó que el 16 de marzo de 2016, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior
de Ibagué revocó la medida de aseguramiento y concedió de forma inmediata la
libertad al señor Lozano Tarazona. Posteriormente, el 25 de octubre de 2016, la
Fiscalía 89 Especializada en Derechos Humanos de Ibagué precluyó la
investigación.
Afirmó que, junto con otros familiares1, presentó demanda de reparación directa
contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se
declarara la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad a la que fue
sometido durante 5 meses y 2 días y que se ordenara resarcir los perjuicios
causados durante dicho tiempo.
Señaló que el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá en
sentencia de 29 de mayo de 2020, declaró la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación y la condenó al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante y los morales, en atención a que se demostró que la medida de
aseguramiento no era procedente por existir un eximente de responsabilidad que
se configuró durante el hecho investigado.
Finalmente, manifestó que la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2024 la
revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
medida de aseguramiento se justificó en la gravedad del delito investigado, el cual
consistió en la muerte durante un operativo de una persona protegida por el DIH y
que se encontraba secuestrada, aunado al hecho de que la privación no fue
excesiva.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la acción de tutela cumple con el requisito general de
la relevancia constitucional, en tanto i) el asunto goza de relevancia constitucional,
pues la controversia supera el plano legal o económico, ii) no cuenta con otro medio
ordinario para controvertir la decisión del Tribunal, iii) tuvo conocimiento efectivo de
la existencia y contenido del fallo de segunda instancia en marzo de 2026, fecha
desde la cual se cumple con la inmediatez, iv) se identificaron los hechos y
derechos vulnerados de manera clara y finalmente, v) no se reprocha una
providencia proferida en otra tutela.
De otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico, pues se sustentó en un material probatorio incompleto, porque en el
expediente del proceso penal faltaban algunas piezas.
Sostuvo que “la gravedad del delito investigado puede constituir un elemento
contextual, pero no reemplaza la identificación de los elementos de juicio
1
Los señores Leónidas Lozano Tarazona, María Cristina Hortua Parrado, Valery Sofia Lozano Hortua, Ernestina Tarazona
de Lozano, Ana Josefa Lozano Tarazona, Myriam Lozano Tarazona, Marlen Lozano Tarazona, Yamile Lozano Tarazona,
Emérita Lozano Tarazona, Moisés Lozano Tarazona, Rodrigo Lozano Tarazona y Giovani Lozano Tarazona.
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individualizados respecto de la persona privada de la libertad. La gravedad
abstracta del hecho investigado no demuestra, por sí sola, que la medida era
necesaria, razonable y proporcional frente al suscrito”.
Resaltó que la decisión penal de preclusión constituye una pieza relevante para
reconstruir retrospectivamente las circunstancias de la investigación, es decir, que
el juez de la reparación directa debía integrarla en el análisis probatorio y explicar
por qué, pese a esa decisión penal definitiva, las pruebas que sustentaron la
medida de aseguramiento seguían justificando la negativa del Tribunal de acceder
a las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Por otra parte, señaló que la sentencia objetada incurrió en falta de motivación,
toda vez que no individualizó los elementos probatorios que justificaban la medida
de aseguramiento, no explicó por qué la gravedad de la conducta investigada podía
suplir la ausencia probatoria, ni la incidencia de la decisión de preclusión, además
que no sustentó las consecuencias de no contar con todas las piezas del proceso
penal.
Finalmente, manifestó que el Tribunal incurrió en defecto por desconocimiento
del precedente judicial, para lo cual invocó las sentencias SU-072 de 2018 y SU-
126 de 2025 de la Corte Constitucional, en las que se indicó que en los casos de
privación injusta de la libertad se deben analizar en concreto las circunstancias de
cada caso y que se deben verificar los criterios de razonabilidad, proporcionalidad
y legalidad.
4. Trámite procesal
Por auto de 11 de septiembre de 2026, el magistrado sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada.
Asimismo, al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, a los
señores Leónidas Lozano Tarazona, María Cristina Hortua Parrado, Valery Sofia
Lozano Hortua, Ernestina Tarazona de Lozano, Ana Josefa Lozano Tarazona,
Myriam Lozano Tarazona, Marlen Lozano Tarazona, Yamile Lozano Tarazona,
Emérita Lozano Tarazona, Moisés Lozano Tarazona, Rodrigo Lozano Tarazona y
Giovani Lozano Tarazona, y a la Nación, Fiscalía General de la Nación. De igual
modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 169386 a 169390
de 15 de septiembre de 2026 y 179382 a 179393, con el fin de dar cumplimiento a
la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B
La magistrada ponente de la decisión objetada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, en atención a que la acción de tutela resulta
temeraria por configurarse la cosa juzgada o, en su defecto, por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.
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Relató que, por los mismos hechos y pretensiones el actor ya había presentado
otra acción de tutela tramitada bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-
04049-00, en la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en sentencia de 11 de agosto de 2025 declaró la improcedencia por no cumplir con
el requisito de la inmediatez. Agregó que esa decisión no fue impugnada.
De otro lado, resaltó que la providencia objetada es de 11 de diciembre de 2024, la
cual se notificó el 16 de diciembre de 2024, mientras que la acción de tutela se
radicó el 10 de septiembre de 2026, es decir, 20 meses después, lo que desconoce
el requisito de la inmediatez.
Por último, manifestó que en la sentencia objetada se analizaron las pruebas
obrantes en el proceso y se determinó que la Fiscalía General de la Nación, actuó
con apego a lo dispuesto en la ley, pues contaba con elementos probatorios que le
permitieron inferir razonablemente que el demandante podía ser el autor de la
conducta delictiva por la que se le investigaba y adelantó lo que le correspondía del
proceso penal con apego a lo dispuesto en la normatividad vigente, y que la medida
de aseguramiento se encuentra justificada por la gravedad del delito investigado,
de acuerdo a las providencias penales allegadas a este expediente, y por ello la
preclusión de la investigación del actor no deviene en la responsabilidad de la
accionada, resaltándose que la medida de aseguramiento se dio entre 15 de
octubre de 2015 hasta el 17 de marzo de 2016, por un lapso total de 5 meses y 2
días, no fue excesiva.
5.2. Respuesta del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de
Bogotá
El titular del despacho elaboró un breve resumen de las diferentes actuaciones del
proceso ordinario y, finalmente, pidió que se desvinculara del presente trámite
constitucional, pues la solicitud de amparo se dirige contra la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
5.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela y que, respecto a la entidad, se
considere la desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
5.4. Informe de Leónidas Lozano Tarazona, María Cristina Hortua Parrado,
Valery Sofia Lozano Hortua, Ernestina Tarazona de Lozano, Ana Josefa
Lozano Tarazona, Myriam Lozano Tarazona, Marlen Lozano Tarazona, Yamile
Lozano Tarazona, Emerita Lozano Tarazona, Moisés Lozano Tarazona
Rodrigo Lozano Tarazona y Giovani Lozano Tarazona
Los terceros interesados pidieron que se examine de manera integral el expediente
del proceso de reparación directa, se verifique la motivación de la decisión objetada,
la valoración de las pruebas y la relación entre los hechos y lo demostrado en el
curso del trámite judicial ordinario.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y la Fiscalía
General de la Nación solicitaron su desvinculación de la acción de tutela, al
considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada”
2
, la Sala negará las solicitudes de desvinculación, pues el Juzgado
Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá fue la autoridad judicial que
conoció el proceso ordinario en primera instancia, y la Fiscalía General de la Nación,
era la parte demandada, por lo que ostentan interés directo en el asunto.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, en el curso del proceso de reparación directa vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, así como el principio de prevalencia del derecho
sustancial del demandante.
4. De la temeridad y la cosa juzgada constitucional ante una duplicidad en el
ejercicio de la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura de la temeridad, que
se configura cuando una misma acción de tutela es presentada varias veces por la
misma persona o por su representante ante diferentes jueces o tribunales, sin motivo
expresamente justificado. La norma en cita encuentra fundamento en el deber de
actuar conforme con los mandatos superiores de buena fe y de colaboración con la
administración de justicia y busca impedir afectaciones al adecuado desempeño de
la labor judicial3.
El ejercicio temerario de la acción de tutela para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos, a partir de una misma situación fáctica, constituye entonces un
2
Sentencia T-005 de 2022.
3
Ver sentencia T 254 de 2023.
5
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abuso desmedido e irracional de este recurso, que incide en la efectividad y agilidad
de la administración de justicia4. Así las cosas, para que se estructure una actuación
temeraria es necesario que concurran los siguientes tres elementos: (i) Identidad de
partes, es decir, que las acciones de tutela se hayan interpuesto por la misma
persona (ya sea de forma directa o por medio de apoderado o representante) y se
dirija contra el mismo demandado; (ii) Identidad de causa petendi, esto es, que el
ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le
sirven de sustento y (iii) Identidad en el objeto, o en otras palabras, que las
demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección
de los mismos derechos fundamentales.
No obstante, el análisis de los anteriores elementos debe trascender un juicio
netamente formal, toda vez que la sola concurrencia de los tres supuestos antes
mencionados no conlleva al surgimiento automático de la temeridad. En efecto, para
que tal figura se configure, el juez debe efectuar un examen cuidadoso del
expediente con el objeto de determinar si el accionante carece de un motivo
justificado para hacer uso nuevamente de la acción5. De comprobarse la temeridad
del peticionario, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez de tutela
para rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes incoadas por el
actor, e imponer, en caso de estimarlo necesario, la sanción pecuniaria prevista en
los artículos 80 y 81 del Código General del Proceso.
Con fundamento en lo anterior, puede decirse que la mala fe del peticionario es un
elemento esencial de la temeridad, de modo que no toda duplicidad de acciones
semejantes da lugar a la imposición de sanciones. De hecho, según este tribunal, la
conducta del accionante es justificada, entre otras hipótesis, (i) por la condición de
ignorancia del accionante6; (ii) por el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho7; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho8; o (iv) por la consideración de eventos
nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción9.
Las anteriores reglas también encuentran sustento cuando se presenta de forma
sucesiva una demanda de tutela, pues la Corte ha indicado que más allá de la
declaratoria de temeridad, es preciso analizar si ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, lo cual conlleva a la improcedencia de los amparos
subsiguientes10. Es preciso señalar que las partes tienen derecho a plantear sus
desacuerdos en el marco del proceso, para lo cual está contemplada la impugnación
de la decisión de instancia y luego, dado el caso, la eventual selección para revisión
por parte de la Corte Constitucional.
4
En este mismo sentido, en la sentencia C-034 de 1993, la Corte sostuvo que el ejercicio temerario del recurso
judicial “ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la
administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos,
necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender
los requerimientos del resto de la sociedad civil.”
5
Corte Constitucional, sentencia T-919 de 2003, reiterado en sentencia T-254 de 2023
6
Corte Constitucional, sentencia T-1215 de 2003
7
Corte Constitucional, sentencia T-721 de 2003.
8
Corte Constitucional, sentencia T-272 de 2019.
9
Corte Constitucional, sentencias T-919 de 2003, T-707 de 2003 y SU-027 de 2021
10
Corte Constitucional, sentencia T-661 de 2013
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Si la Corte Constitucional en ejercicio de su facultad discrecional de revisión, decide
seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con
la ejecutoria del fallo de la propia Corte, pero si resuelve excluirlo, la misma opera a
partir de la terminación del proceso de selección, en concreto, con la ejecutoria del
auto en que se decide la no selección11.
5. Estudio y solución del caso concreto
Teniendo en consideración las pruebas que obran en el proceso y el recuento de
los hechos narrados por las partes en relación con la supuesta vulneración de
derechos fundamentales que tiene como génesis la decisión adoptada en sentencia
de 11 de diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, la Sala observa que en la contestación el Tribunal
demandado puso de presente que sobre los mismos hechos y pretensiones, el actor
ya había presentado otra acción de tutela, la cual fue decidida por sentencia de
primera instancia de 11 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-
04049-0012, decisión que no fue impugnada.
Al respecto, previo al análisis de los argumentos del escrito de tutela, corresponde
a la Sala analizar la posible existencia de cosa juzgada constitucional y, de ser del
caso, de temeridad en atención a lo señalado en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, cuyo fin, como se indicó en el problema jurídico, es evitar decisiones
contradictorias o la utilización indebida del mecanismo constitucional.
Así las cosas, al contrastar la demanda adelantada bajo el núm. 11001-03-15-000-
2025-04049-00 con el presente trámite, se encuentra lo siguiente:
Proceso con radicado núm. 11001-03-15- Proceso con radicado núm. 11001-03-15-
000-2025-04049-00 de conocimiento de la 000-2026-07384-00 de conocimiento de esta
Subsección B de la Sección Tercera del Sección.
Consejo de Estado.
Partes Accionante: Eduard Alexander Lozano Eduard Alexander Lozano Tarazona, en
Tarazona, en nombre propio. nombre propio.
Accionada: Tribunal Administrativo de Accionada: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Subsección B
Causa petendi El actor, junto a otros familiares, presentó El actor, junto a otros familiares, presentó
demanda de reparación directa contra la demanda de reparación directa contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación, por Nación, Fiscalía General de la Nación, por los
los perjuicios causados por la privación de la perjuicios causados por la privación de la
libertad que sufrió el señor Lozano Tarazona. libertad que sufrió el señor Lozano Tarazona.
El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del
Circuito de Bogotá, en fallo de 29 de mayo de Circuito de Bogotá, en fallo de 29 de mayo de
2020, declaró la responsabilidad de la 2020, declaró la responsabilidad de la Fiscalía
Fiscalía General de la Nación y la condenó al General de la Nación y la condenó al pago de
pago de los perjuicios materiales en la los perjuicios materiales en la modalidad de
modalidad de lucro cesante y los morales. lucro cesante y los morales.
En el curso de la segunda instancia, el En el curso de la segunda instancia, el Tribunal
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Administrativo de Cundinamarca, Sección
Sección Tercera, Subsección B, mediante Tercera, Subsección B, mediante sentencia de
sentencia de 11 de diciembre de 2024, 11 de diciembre de 2024, revocó la decisión del
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, a quo y, en su lugar, negó las pretensiones,
negó las pretensiones, pues constató que la pues constató que la medida de aseguramiento
medida de aseguramiento se justificó en la se justificó en la gravedad del delito
gravedad del delito investigado, el cual investigado, el cual consistió en la muerte
consistió en la muerte durante un operativo durante un operativo de una persona protegida
11
Sentencia T-254 de 2023
12
Que declaró improcedente por no cumplirse el requisito de inmediatez. Decisión que no fue impugnada.
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07384-00
Accionante: Eduard Alexander Lozano Tarazona
de una persona protegida por el DIH y que se por el DIH y que se encontraba secuestrado,
encontraba secuestrado, aunado al hecho de aunado al hecho de que la privación no fue
que la privación no fue excesiva. excesiva.
Objeto PRIMERO: TUTELAR los derechos 1. AMPARAR los derechos fundamentales al
fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA debido proceso, acceso a la administración de
IGUALDAD, AL ACCESO A LA justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia del
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL derecho sustancial de EDUARD ALEXANDER
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, violentados LOZANO TARAZONA.
flagrantemente por EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2. DECLARAR que la sentencia de 11 de
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B , en diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
sentencia del 11 de diciembre de 2024, al Administrativo de Cundinamarca – Sección
incurrir en un defecto sustantivo, pues se Tercera – Subsección B dentro del expediente
observa que de manera errada, se 11001334306220180009001, incurrió en
desconocieron las pruebas aportadas defecto fáctico y defecto por falta de
durante el debate procesal, el precedente motivación, en los términos expuestos en esta
judicial, y lo establecido en el artículo 53 de acción.
la Constitución Política.
3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 11 de
SEGUNDO: Que se declare la nulidad diciembre de 2024 exclusivamente en lo que
absoluta del proceso de segunda instancia a resulte necesario para restablecer los derechos
partir de fecha 26 de mayo de 2023, es decir fundamentales amparados.
desde la admisión del recurso de apelación y
se deje SIN EFECTOS la sentencia del 11 de 4. ORDENAR las demás medidas que el juez
diciembre de 2024, proferida por el constitucional considere necesarias para el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE restablecimiento efectivo de los derechos
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – fundamentales.
SUBSECCIÓN B dentro del proceso
Administrativo de Reparación Directa.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
que en el término prudencial, revise y
verifique la actuación procesal y mediante
sentencia se profiera una nueva sentencia
dentro del proceso Administrativo de
Reparación Directa promovido, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por la
ley y la jurisprudencia que versa sobre la
presente Litis.
Adicionalmente, se advierte que la decisión adoptada en el primer trámite de tutela
no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, de lo cual da cuenta
el Auto de 31 de octubre de 2025, notificado por estado de 18 de noviembre de
2025.
Así las cosas, del análisis comparativo se advierte que entre las acciones de tutela
referidas se configura la triple identidad, además de constatarse que la decisión
adoptada en el proceso núm. 11001-03-15-000-2025-04049-00, fue excluida de
revisión, por lo que, a priori, puede predicarse la existencia del fenómeno de cosa
juzgada constitucional.
En efecto, existe identidad de partes, pues en ambos procesos actúa como
accionante el señor Eduard Alexander Lozano Tarazona; identidad de causa
petendi, en tanto las solicitudes de amparo se fundamentan en los mismos hechos
y en la misma providencia judicial cuestionada (sentencia proferida el 11 de
diciembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que revocó la decisión de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda de reparación directa que adelantó contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación, por privación injusta de la libertad); e
identidad de objeto, ya que en ambos casos se pretende, en esencia, dejar sin
efectos dicha providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07384-00
Accionante: Eduard Alexander Lozano Tarazona
En ese contexto, se destaca que la interposición de la acción de tutela y su decisión
por parte del juez constitucional satisface, en principio, la garantía de acceso a la
administración de justicia. En tal sentido, especialmente cuando se trata de acciones
dirigidas contra providencias judiciales, la carga argumentativa del accionante debe
ejercerse de manera completa y oportuna en la primera oportunidad procesal. Por
ello, no resulta admisible que, una vez resuelta una primera acción de tutela, se
promueva una nueva con fundamento en defectos distintos o en argumentos que
pudieron ser expuestos inicialmente, pues tal proceder desconoce los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional, y propicia un uso indebido del
mecanismo de amparo, a lo que se agrega que bajo ese entendimiento de manera
indefinida podría seguir presentando escritos de tutela.
Por otro lado, y sin perjuicio de la configuración de la cosa juzgada constitucional
en el presente asunto, la Sala considera necesario pronunciarse sobre la eventual
temeridad en el ejercicio de la acción, de conformidad con lo previsto en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional aplicable. Lo anterior,
en atención a que se trata de figuras que no se excluyen entre sí13, de manera que,
aun cuando la cosa juzgada limita la posibilidad de un nuevo estudio de fondo, ello
no obsta para que el juez constitucional examine la conducta de la parte actora, con
el fin de determinar si se configuró un uso indebido del mecanismo de amparo que
dé lugar a declarar la temeridad.
En el caso concreto, se advierte que, en el presente caso, el accionante en el escrito
de tutela manifestó bajo la gravedad del juramento que no había presentado con
anterioridad otra acción de tutela por los mismos hechos, además que cuando hace
alusión al requisito de la inmediatez manifestó “bajo la gravedad del juramento que
tuvo conocimiento efectivo de la existencia y contenido de la sentencia de segunda
instancia en marzo de 2026”. No obstante, del análisis de las pruebas allegadas al
proceso de tutela se constató que dichas afirmaciones resultan contrarias a la
realidad, en tanto omitió informar la existencia de una acción previa tramitada bajo
el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-04049-00 y de la cual se evidenció el
conocimiento del fallo de 11 de diciembre de 2024.
Así las cosas, al no evidenciarse una justificación suficiente ni debidamente
acreditada por parte del accionante, la Sala concluye que la presente acción de
tutela resulta temeraria, en la medida en que concurren los presupuestos exigidos
para su declaratoria, esto es, identidad de sujetos, de hechos y de pretensiones, sin
que se advierta circunstancia excepcional alguna que habilitara la interposición de
una nueva solicitud de amparo.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
configurarse la cosa juzgada constitucional y la temeridad en su ejercicio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Sobre el particular puede verse la consideración 3.3.7 de la sentencia T-098 de 2015 y sentencia T-151 de
2010.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07384-00
Accionante: Eduard Alexander Lozano Tarazona
FALLA
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Juzgado
Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y la Fiscalía General de la
Nación.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Eduard Alexander Lozano Tarazona, quien actúa en nombre propio, contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260738400/CBE24B71EEEAB4625E6EDE8E442003D3FEDC85F1554084BA9F2846F82D7041FF/2

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