📅 29/10/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260457201
Interno: 10073
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 29/10/2026
— Titulación —
Problema jurídico:[¿Era necesario acudir al enfoque diferencial y a la perspectiva de género para configurar el defecto fáctico, pese a que la omisión de valorar las pruebas determinantes sobre la causa de la suspensión contractual era suficiente para conceder el amparo?]
Respuesta al problema jurídico: No
— Resumen —
Resumen
El presente documento contiene la aclaración de voto de un magistrado respecto a una sentencia de tutela que amparó los derechos al debido proceso, igualdad y estabilidad laboral reforzada de la parte actora. La controversia jurídica se originó en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se buscaba el reconocimiento de una relación laboral encubierta (contrato de realidad). El tribunal de instancia inicial declaró la prescripción extintiva de las prestaciones sociales anteriores a una fecha determinada, argumentando una “solución de continuidad” debido a la suspensión de un contrato de prestación de servicios. No obstante, la Sala de tutela encontró que el tribunal incurrió en un defecto fáctico al ignorar pruebas documentales que demostraban que dicha suspensión se debió exclusivamente al embarazo y licencia de maternidad de la accionante. El magistrado que aclara el voto coincide en la existencia del error probatorio, pero difiere en la necesidad de haber aplicado un enfoque diferencial de género para llegar a esa conclusión.
Preguntas Centrales
¿Existió un defecto fáctico en la providencia judicial que declaró la prescripción de las prestaciones?
Sí. El documento señala que la autoridad judicial accionada omitió valorar pruebas determinantes (oficios y comunicaciones internas) que justificaban la suspensión del vínculo contractual. Al no valorar estos documentos, el tribunal aplicó erróneamente la prescripción extintiva, asumiendo una ruptura del vínculo laboral que, en la realidad probatoria, estaba justificada por la maternidad de la trabajadora.
¿Era indispensable el uso de la perspectiva de género para identificar la vulneración de derechos?
Según la aclaración de voto, no era indispensable. Si bien se reconoce la importancia de la perspectiva de género en la administración de justicia, el magistrado sostiene que la configuración del defecto fáctico era evidente mediante la aplicación de las reglas ordinarias de valoración probatoria, pues la omisión de documentos directamente relacionados con el hecho de la prescripción era suficiente para invalidar la decisión sin necesidad de recurrir a herramientas metodológicas adicionales.
Fundamentación Clave
Defecto Fáctico por Omisión Probatoria
- El defecto fáctico en su dimensión negativa se presenta cuando el juzgador omite valorar pruebas existentes en el expediente que son determinantes para el sentido del fallo.
- En este caso, la omisión fue ostensible, ya que los documentos ignorados explicaban la causa de la suspensión contractual, elemento base para el cómputo de la prescripción.
Prescripción Extintiva y Continuidad Laboral
- La prescripción de derechos laborales en el sector público requiere un análisis riguroso de la continuidad de la prestación del servicio.
- La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional exigen que cualquier interrupción sea analizada bajo la realidad de los hechos y las pruebas aportadas para evitar la pérdida de derechos irrenunciables.
Perspectiva de Género como Herramienta Analítica
- Se fundamenta en sentencias de la Corte Constitucional (SU-080 de 2020, T-344 de 2020) que la definen como una herramienta para detectar asimetrías de poder o discriminación.
- El magistrado aclara que juzgar con este enfoque no implica parcialidad, sino neutralizar estereotipos; sin embargo, subraya que su uso debe ser pertinente y no sustituir el razonamiento probatorio objetivo cuando este último es suficiente.
Conclusión
La tesis principal de la aclaración de voto es que la decisión de otorgar el amparo constitucional es correcta debido a la existencia de un error probatorio evidente que afectó el debido proceso de la accionante. La falta de valoración de las pruebas que acreditaban que la interrupción del contrato fue por maternidad vició de nulidad el análisis de la prescripción. No obstante, se establece que para declarar la vulneración no era obligatorio recurrir al enfoque de género, ya que la simple aplicación de los principios de sana crítica y valoración integral de la prueba permitía concluir que el tribunal de instancia falló de forma defectuosa.
Extracto del documento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04572-01
Actor: María del Carmen Maldonado Hortúa
ACLARACIÓN DE VOTO MAGISTRADO WILSON RAMOS GIRÓN
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04572-01
Demandante MARÍA DEL CARMEN MALDONADO HORTÚA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Tema Tutela contra providencia judicial. Relación laboral encubierta.
Defecto fáctico. Prescripción extintiva. Necesidad de acudir al
enfoque diferencial y a la perspectiva de género para la solución
del caso concreto.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala, me permito exponer la razón
que motivó mi aclaración de voto en el asunto de la referencia.
La Sala, mediante sentencia del 15 de octubre de 2026, revocó el fallo del 16 de julio de
2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que había declarado
improcedente la acción de tutela promovida por la señora María del Carmen Maldonado
Hortúa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C. En su lugar, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia y a la estabilidad laboral reforzada, y dejó
parcialmente sin efectos la sentencia del 28 de enero de 2026 dictada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para arribar a esa conclusión, la Sala consideró, entre otros aspectos, que la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto fáctico porque, al estudiar la prescripción de las
prestaciones derivadas de la relación laboral encubierta, omitió valorar las pruebas que
daban cuenta de las circunstancias que originaron la suspensión del contrato de
prestación de servicios 075 de 2017. Asimismo, estimó que ese análisis debía efectuarse
con enfoque diferencial y perspectiva de género, en consideración a que la suspensión
tuvo lugar con ocasión del embarazo, parto y licencia de maternidad de la accionante.
Al respecto, manifiesto que comparto la decisión de conceder el amparo constitucional y,
particularmente, la conclusión según la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en defecto fáctico, sin embargo, no comparto que, para arribar a esa conclusión,
resultara necesario acudir al enfoque diferencial o a la perspectiva de género.
En efecto, en el expediente ordinario obraban elementos de prueba que permitían
establecer objetivamente la causa que dio lugar a la suspensión del contrato. Por una
parte, reposaba el oficio del 11 de enero de 2017, radicado ante la Unidad Nacional de
Protección el 13 de enero siguiente, mediante el cual la accionante informó expresamente
que se encontraba en estado de embarazo y próxima a disfrutar de su licencia de
maternidad. También se encontraba la comunicación interna del 16 de enero de 2017,
suscrita por la líder de radicación y supervisora del contrato, en la que se dejó constancia
de que la señora Maldonado Hortúa había solicitado la suspensión porque tenía
programada la fecha de parto.
Esos medios de convicción resultaban directamente relevantes para el estudio efectuado
por el Tribunal, pues esa autoridad judicial tomó precisamente el período de suspensión
comprendido entre el 10 de enero y el 2 de abril de 2017 como fundamento para concluir
que existió solución de continuidad y, a partir de ello, declarar prescritas las prestaciones
anteriores al 3 de abril de 2017, de manera que correspondía al juez natural valorar
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04572-01
Actor: María del Carmen Maldonado Hortúa
integralmente las pruebas que daban cuenta tanto de la existencia y duración de la
suspensión como de la circunstancia concreta que la originó, antes de atribuirle efectos
jurídicos en materia de continuidad del vínculo y prescripción.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha explicado que el defecto fáctico, en su
dimensión negativa, se configura, entre otros eventos, cuando el funcionario judicial omite
valorar, sin justificación, medios de prueba existentes en el proceso que resultan
determinantes para resolver el asunto. Asimismo, ha precisado que el error probatorio
debe ser ostensible y tener incidencia directa en la decisión, de manera que la
intervención del juez constitucional no responda simplemente a una discrepancia frente
a la valoración efectuada por el juez natural.1
Es precisamente esa circunstancia la que se presenta en este asunto, pues el reproche
no consiste en preferir una determinada lectura de una prueba susceptible de diversas
interpretaciones razonables, sino en que el Tribunal atribuyó a la suspensión contractual
consecuencias decisivas en materia de prescripción sin incorporar en ese razonamiento
elementos documentales que acreditaban la razón por la cual aquella suspensión se
produjo. Esa omisión, por su relación directa con el hecho al que se atribuyeron los
efectos prescriptivos, era suficiente para estructurar el defecto fáctico advertido por la
Sala.
Sin embargo, no creo para decidir al asunto fuera necesario acudir a un enfoque
diferencial de género. No desconozco la protección constitucional reforzada de la
maternidad ni la relevancia que puede tener la perspectiva de género en la administración
de justicia que la Corte Constitucional la ha caracterizado como una herramienta analítica
que permite integrar los principios de igualdad y no discriminación y advertir, cuando
corresponda, situaciones asimétricas de poder, violencia o discriminación contra las
mujeres, pero también ha precisado que su utilización no significa que el juez deba
favorecer los intereses de una mujer por el solo hecho de serlo2.
En el mismo sentido, ha señalado que juzgar con perspectiva de género no implica una
actuación parcializada del funcionario judicial, sino que reclama su independencia e
imparcialidad y exige que el razonamiento judicial no perpetúe estereotipos de género
discriminatorios3.
A partir de esas reglas, considero que debe distinguirse entre la pertinencia de incorporar
la perspectiva de género como herramienta metodológica y la necesidad de acudir a ella
como fundamento determinante para resolver el caso concreto. En este asunto, la
configuración del defecto fáctico podía establecerse mediante la aplicación de las reglas
ordinarias de valoración probatoria pues existían en el expediente documentos
directamente relacionados con el hecho al cual el Tribunal atribuyó efectos en materia de
prescripción y esos elementos no fueron considerados al adoptar la decisión.
Por esa razón, se habría arribado a la misma conclusión sobre la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso sin necesidad de acudir al enfoque diferencial o a la
perspectiva de género como premisa para configurar el defecto. Esto no significa
desconocer la especial protección constitucional de la mujer durante el embarazo, el parto
y la lactancia. Esas circunstancias eran relevantes en el caso precisamente porque las
pruebas omitidas demostraban que fueron la causa de la suspensión contractual; mi
1 Corte Constitucional, sentencias SU-004 de 2018 y T-392 de 2018.
2 Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2020.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-080 de 2020.
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precisión se limita a señalar que la omisión probatoria era, por sí misma, suficiente para
justificar la intervención del juez constitucional.
En consecuencia, acompañé la decisión de amparar los derechos fundamentales de la
señora María del Carmen Maldonado Hortúa porque considero acreditado el defecto
fáctico derivado de la omisión de valoración de pruebas determinantes para decidir sobre
la prescripción, pero aclaro mi voto respecto de la necesidad de acudir al enfoque
diferencial y a la perspectiva de género para sustentar dicha conclusión.
En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi aclaración de voto.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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