Tutela improcedente: falta de súplica – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02242-01
Demandante: Ana María Cortés Hernández y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02242-01
Demandante: ANA MARÍA CORTÉS HERNÁNDEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Confirma fallo que
declara improcedente. Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 15
de mayo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, Ana María Cortés Hernández,
a través de apoderado, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad
jurídica.
A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión del auto de 13 de febrero de 2026 dictado por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que repuso la decisión de admitir la apelación y, en su lugar, rechazó el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de
reparación directa con radicado No. 15759-33 33-001-2017-00248-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primera. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la doble instancia y a la seguridad jurídica, los cuales han sido
vulnerados por la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del
proceso contencioso administrativo radicado No. 15759333300120170024800.
Segunda. Como consecuencia del amparo constitucional solicitado, dejar sin efectos la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho correspondiente –, mediante la cual
se acogió El MEMORIAL DENOMINADO SOBRE ADMISIÓN VICIOS Y NULIDADES presentado
por la fiscalía general de la Nación y se dejó sin efectos la concesión del recurso de apelación
previamente admitido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso.
Tercera. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que restablezca plenamente los efectos
jurídicos del auto mediante el cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso
concedió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, decisión que se encuentra
ejecutoriada dentro del proceso.
Cuarta. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que continúe con el trámite de la segunda
instancia dentro del proceso contencioso administrativo radicado No. 15759333300120170024800,
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garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la doble instancia y el respeto de los principios
constitucionales que rigen el debido proceso judicial.
Quinta. Disponer cualquier otra medida que el despacho judicial considere necesaria para la
protección integral de los derechos fundamentales vulnerados y para restablecer el orden
constitucional afectado por la providencia judicial objeto de esta acción de tutela.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 17 de octubre de 2017, las señoras Ana María Cortés Hernández, Alejandra Meza
Pérez (en nombre propio y de su hijo menor), Alexandra Bermúdez Cortés y Amilvia
Cortés Hernández promovieron demanda de reparación directa contra la Nación, Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para obtener la reparación de los perjuicios derivados de la privación de la libertad del
señor Jhon Eduard Bermúdez.
El conocimiento del asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo
de Sogamoso que, en sentencia del 25 de abril de 2024, entre otras decisiones denegó
las pretensiones de la demanda. La decisión fue notificada por correo electrónico el 26
de abril de 2024.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Según
se indicó en el escrito de tutela, el recurso fue remitido el 14 de mayo de 2024 al correo
electrónico jadmin01sogamoso@notificacionesrj.gov.co, dirección que no estaba
habilitada por el juzgado para la recepción de correspondencia.
En auto del 29 de julio de 2024, el juzgado concedió en efecto suspensivo el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia y
precisó que, pese al error en el correo utilizado para la remisión del recurso, este debía
tenerse por presentado en tiempo, en garantía del derecho de acceso a la administración
de justicia.
La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de reposición contra el auto que
concedió la apelación, pero fue rechazado en auto del 24 de septiembre de 2025 por
extemporáneo.
El 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió el recurso de
apelación de la parte demandante, decisión que fue recurrida en reposición por la Fiscalía
General de la Nación.
Posteriormente, mediante auto del 13 de febrero de 2026, el tribunal revocó el auto que
admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 25 de abril de
2024 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso para, en su lugar,
rechazarlo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Expuso que la discusión propuesta comporta relevancia constitucional, porque
no se limita a un asunto meramente formal, sino que comprometió garantías estructurales
del proceso judicial.
Manifestó que la autoridad accionada vedó la posibilidad de que se surtiera la segunda
instancia del proceso ordinario y con ello desconoció la firmeza de las decisiones del
juzgado de primera instancia, que había concedido la apelación y luego había rechazado
por extemporáneo el recurso de reposición presentado por la Fiscalía General de la
Nación.
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Destacó que no contaba con otros mecanismos judiciales ordinarios o extraordinarios
para procurar la garantía de sus derechos y que la tutela se presentó en un plazo
razonable con clara indicación de los hechos y pretensiones que la sustentaban.
En cuanto a las causales especiales de procedencia, señaló que la providencia acusada
incurrió en los siguientes yerros:
Defecto procedimental absoluto por desconocer el principio de preclusión procesal y
en exceso ritual manifiesto. Dijo que la Fiscalía General de la Nación pretendió reabrir
discusiones que ya habían sido definidas por el juez a quo sobre la admisión del recurso
de apelación y que el Tribunal Administrativo de Boyacá acogió esa postura con base en
una formalidad que, a su juicio, no podía prevalecer sobre el derecho sustancial a la doble
instancia.
5. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Boyacá, por intermedio de la magistrada ponente de la
providencia cuestionada, solicitó negar el amparo. Estimó que el auto del 13 de febrero
de 2026 no vulneraba los derechos fundamentales de la parte accionante. Aclaró que,
aunque inicialmente admitió el recurso de apelación de la parte demandante, la Fiscalía
General de la Nación presentó reposición contra ese auto y evidenció que la apelación
se presentó a través de un buzón electrónico no autorizado.
En esa vía, destacó que en el oficio de notificación de la sentencia se informó con claridad
a los sujetos procesales que los memoriales debían radicarse por la ventanilla virtual de
SAMAI o al correo electrónico j01admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co; no
obstante, el apoderado de la parte demandante no radicó la apelación por ninguno de
esos canales.
Consideró que no era posible mantener la concesión del recurso en claro
desconocimiento del derecho al debido proceso de la parte demandada.
El Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso, por conducto de la titular del
despacho, hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en primera
y segunda instancia en relación con la decisión sobre la concesión y admisión del recurso
de apelación. Adicionalmente, relacionó los enlaces de acceso web al expediente
ordinario de reparación directa.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de abogada adscrita a la
Unidad de Asistencia Legal, solicitó la desvinculación de la entidad por carecer de
legitimación en la causa por activa, debido a que la tutela cuestiona una providencia
judicial, sobre la que no tiene injerencia alguna.
También precisó que no fue sujeto procesal en el medio de control de reparación directa
analizado, sino que corresponde vincular a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja.
De manera subsidiaria, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela porque no
se acreditó la concreción de vulneración de los derechos fundamentales de los que es
titular la parte actora.
La Fiscalía General de la Nación, por medio del profesional especializado de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva debido a que la tutela se dirige contra una providencia judicial. Alegó
que no existía relación de causalidad entre una acción u omisión de esa entidad y la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
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El director seccional en encargo de la Dirección Seccional de Boyacá de la Fiscalía
General de la Nación indicó que esa autoridad no incurrió en acción u omisión alguna
relacionada con la vulneración de derechos fundamentales alegada en la presente acción
de tutela.
Solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, considerando
que lo que en realidad se discute es una providencia judicial en la que no tiene injerencia
alguna.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia dictada el 15 de
mayo de 2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela (i) respecto de Ana María
Cortés Hernández, Alexandra Bermúdez Cortés y Alejandra Meza Pérez, por falta de
legitimación en la causa por activa; y (ii) respecto de Amilvia Cortés Hernández por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.
Manifestó que, aunque la discusión sobre la admisión del recurso de apelación era
relevante para los intereses procesales de la parte actora, lo cierto era que, correspondía
a un debate de legalidad sobre el acatamiento de las cargas procesales, en específico,
la forma de presentación de los recursos judiciales, que corresponde resolver al juez
natural de la causa.
Advirtió que la tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para imponer una
interpretación diferente de la adoptada por la juez natural, máxime cuando la decisión
cuestionada se encuentra debidamente sustentada en el análisis de las particularidades
del caso y en criterios jurisprudenciales pertinentes y aplicables.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Afirmó que la tutela sí cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, pues el
rechazo de la apelación impidió el acceso a la segunda instancia, afectando sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Afirmó que el fallo de tutela de primera instancia omitió analizar si la consecuencia de
rechazar el recurso interpuesto era proporcional frente a la afectación de derechos
fundamentales y a las particularidades del caso concreto.
Reprochó que la sentencia de tutela hubiera considerado suficiente la motivación del
tribunal y calificado la controversia como meramente legal. Advirtió que una providencia
puede estar formalmente motivada y, aun así, incurrir en un exceso ritual manifiesto,
defecto procedimental o restricción desproporcionada al acceso a la justicia.
Por lo anterior, consideró que el análisis del caso debía resolver si la exigencia de utilizar
el canal oficial de radicación justificaba la pérdida de la actuación procesal, a pesar de
que el recurso fue presentado oportunamente, se utilizó una dirección institucional, no
se acreditó una vulneración al derecho de defensa y que la juez ya había emitido un
pronunciamiento frente al desacuerdo manifestado por la Fiscalía.
Cuestionó que se aplicara la consecuencia procesal más gravosa sin ponderar la buena
fe procesal, la finalidad de la regla de radicación de los memoriales, la ausencia de
indefensión y la prevalencia del derecho sustancial. Advirtió que, en suma, lo que se
cuestionó fue que una imprecisión apenas formal implicara la pérdida de una instancia
procesal sin que mediara un examen constitucional reforzado.
Finalmente, la parte actora reprochó la declaratoria de falta de legitimación respecto de
algunas de las accionantes, pues considera que, antes de declarar la improcedencia
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frente a ellas, el juez debió tener en cuenta que la tutela se radicó por el mismo abogado
que las representó en el proceso ordinario y que la juez de tutela podía permitir la
subsanación para procurar acreditar la representación. En todo caso, destacó que la
controversia subsiste respecto de Amilvia Cortés Hernández.
8. Trámite en segunda instancia
El conocimiento de la impugnación correspondió inicialmente al despacho de la
magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, quien registró el proyecto de sentencia el
10 de septiembre de 2026. No obstante, la ponencia presentada no obtuvo la mayoría
necesaria para su aprobación.
Mediante auto de 17 de septiembre de 2026, se ordenó la remisión del expediente al
magistrado de la posición mayoritaria que sigue en su turno, Wilson Ramos Girón.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pero porque la tutela incumple el
requisito general de subsidiariedad.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad y, finalmente, (iii) al análisis del caso
concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir
que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza
excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de
tutela debe ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación
razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
Cuando la tutela se dirige contra providencias judiciales, este requisito exige «que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable»3.
4. Análisis del caso concreto
En el presente asunto, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Boyacá
incurrió en defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto al dictar el auto
del 13 de febrero de 2026, que repuso la admisión del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia y, en su lugar, lo rechazó por haberse radicado
en un canal distinto al informado en el oficio de notificación.
Para resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones relevantes surtidas en la
segunda instancia del proceso de reparación directa 15759-33-33-001-2017-00248-01.
Por auto del 7 de noviembre de 2025, la magistrada ponente del Despacho 05 del Tribunal
Administrativo de Boyacá admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 25 de abril de 2024.
La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de reposición contra esa decisión,
porque el recurso de apelación se remitió a un buzón electrónico no autorizado para la
recepción de memoriales.
Mediante auto del 13 de febrero de 2026, la magistrada sustanciadora repuso la decisión
y, en su lugar, rechazó el recurso de apelación. Al respecto, señaló que «El hecho de que
el apoderado de la parte demandante hubiese enviado el memorial de su recurso a un
canal distinto al expresado en el oficio de notificación de la sentencia de primera instancia,
[…] constituye un error que le es atribuible expresamente a él y que impide tener por
presentado de forma correcta y oportuna el recurso de alzada».
Ahora bien, el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de
2021, contiene una regla especial sobre el recurso de súplica cuando el auto que resuelve
el recurso de reposición accede total o parcialmente. En efecto, el literal a) de esa norma
dispone que «Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una
de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere
susceptible de este último recurso»4.
Esa situación se presentó en el caso concreto, pues el auto del 7 de noviembre de 2025
admitió el recurso de apelación, mientras que el auto del 13 de febrero de 2026, al reponer
esa decisión, adoptó una determinación nueva, consistente en el rechazo del recurso de
alzada. Este rechazo constituyó un punto no decidido en la providencia recurrida, de
modo que la parte demandante, como contraparte de quien formuló la reposición, podía
controvertirlo mediante el recurso de súplica, siempre que el nuevo auto fuera susceptible
de este.
A su vez, el numeral 3 del artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley
2080 de 2021, prevé que el recurso de súplica procede contra los autos dictados por el
magistrado ponente que, durante el trámite de la apelación, la rechacen o la declaren
desierta5. El mismo artículo dispone que, cuando el auto se notifica por estado, el recurso
debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a su notificación.
3 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
4 CPACA, artículo 246, literal a), modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021.
5 «Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente […] 3. Los que,
durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechacen o declaren desiertos».
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Así, contra el auto del 13 de febrero de 2026, dictado por la magistrada ponente del
Despacho 005 del Tribunal Administrativo de Boyacá en el trámite de la segunda
instancia, procedía el recurso de súplica. Este era un mecanismo idóneo y eficaz, pues
permitía que la sala de decisión de ese tribunal examinara los mismos argumentos que
ahora se plantean en sede de tutela, relacionados con la prevalencia del derecho
sustancial, la firmeza de las decisiones del juzgado de primera instancia y la
proporcionalidad de la consecuencia derivada del uso de un canal distinto al autorizado
y, de ser el caso, revocara el rechazo de la apelación.
Sin embargo, la parte actora no interpuso el recurso de súplica y acudió directamente a
la acción de tutela el 18 de marzo de 2026. Cabe señalar que esta conclusión no desvirtúa
que la decisión cuestionada se hubiera adoptado al resolver un recurso de reposición,
pues la procedencia de recursos frente a los puntos nuevos está prevista expresamente
en la ley procesal, y la parte actora, que actuó en el proceso ordinario por medio de
apoderado judicial, tenía la carga de conocerla y ejercerla.
Con todo lo anterior, es claro que la demandante no cumplió con el requisito general de
subsidiariedad, en la medida en que no agotó el recurso de súplica procedente para
debatir ante el juez natural la decisión que rechazó el recurso de apelación.
Para la Sala, la parte actora estaba obligada a agotar todos los recursos ordinarios
disponibles, dentro del término legal previsto para tal efecto. En consecuencia, debe
observarse lo señalado por la Corte Constitucional, según la cual «la acción de tutela no
es un mecanismo judicial diseñado para reemplazar los medios ordinarios de defensa, ni
para reabrir procesos concluidos, ni para revivir términos u oportunidades procesales
vencidas por negligencia o inactividad injustificada de la parte interesada»6.
Adicionalmente, la Sala estima que la acción de tutela no procede como mecanismo
transitorio, toda vez que esta modalidad de protección exige que el interesado aún cuente
con la posibilidad de ejercer el mecanismo judicial ordinario, supuesto que no se cumple
en el presente caso, dado que venció el término para interponer el recurso de súplica.
Además, la parte actora no alegó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Por otra parte, la Sala no advierte razones para flexibilizar el examen de este requisito en
atención a las particularidades del caso, pues la eventual afectación de la garantía de la
doble instancia no releva a la parte actora de la carga de agotar los medios ordinarios de
defensa. Los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales son concurrentes, de modo que la relevancia constitucional del asunto no suple
el incumplimiento de la subsidiariedad.
Tampoco se considera admisible que la parte actora hubiera entendido agotados los
mecanismos ordinarios porque el rechazo de la apelación se adoptó al resolver un
recurso de reposición. Como se indicó, el literal a) del artículo 246 del CPACA prevé
expresamente la súplica contra el nuevo auto que accede a la reposición formulada por
la contraparte. Además, el propio auto del 13 de febrero de 2026 advirtió que las
providencias que resuelven la reposición admiten recursos frente a los puntos nuevos,
por lo que la parte actora, quien actuó en el proceso ordinario por medio de apoderado
judicial, tenía la carga de conocer y ejercer los recursos previstos en la ley procesal, sin
que la tutela pueda suplir esa omisión.
Aunado a lo anterior, no se considera que exista identidad de supuestos con la sentencia
T-071 de 2026, en la que la Corte Constitucional examinó el rechazo de un recurso de
apelación remitido a un correo institucional del juzgado distinto al habilitado para la
recepción de memoriales. En esa oportunidad, la Corte tuvo por satisfecho el requisito de
subsidiariedad porque el actor interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de
queja contra la providencia que tuvo por no presentada la apelación, y contra la decisión
6 Sentencia T-237 de 2018, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
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que resolvió la queja no procedía recurso alguno7. En el presente asunto, en cambio, la
parte actora no agotó el recurso de súplica que procedía contra el auto cuestionado, por
lo que la solución adoptada en esa providencia no resulta aplicable.
Por último, la Sala mantendrá la improcedencia respecto de las señoras Ana María Cortés
Hernández, Alexandra Bermúdez Cortés y Alejandra Meza Pérez, toda vez que, pese al
requerimiento efectuado por el a quo en el auto admisorio, el apoderado solo acreditó su
representación frente a la señora Amilvia Cortés Hernández. Al respecto, la Corte
Constitucional ha precisado que8 el mandato conferido para el proceso de reparación
directa no se extiende a la acción de tutela, que constituye una actuación autónoma, y el
apoderado tampoco invocó la calidad de agente oficioso de aquellas . En todo caso,
9
frente a ellas la solicitud también resultaría improcedente por las razones de
subsidiariedad ya expuestas.
Lo anterior resulta suficiente para confirmar la decisión impugnada, pero por las razones
expuestas en esta providencia y solamente en cuanto declaró improcedente la solicitud
de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1.Confirmar la sentencia dictada el 15 de mayo de 2026, por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador10
7 Corte Constitucional, sentencia T-071 de 2026, M. P. Juan Carlos Cortés González, párrafos 38 a 40.
8 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
9 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
10 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260224201/77C5725D86A48BCF899432DDF7C9CE26F52C26D485F043F6EE5C0AFF51BE3D00/2

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