Improcedencia tutela nulidad simple – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07860-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07860-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en el medio de control
de nulidad simple. Numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991. Declara improcedente
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Gabriel
Tobías Oyola Moreno contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de septiembre de 2026, el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a cargos públicos por mérito. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«PRIMERA. TUTELAR los DERECHOS FUNDAMENTALES del suscrito al DEBIDO
PROCESO, a la IGUALDAD y al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR MÉRITO.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de única instancia del 19 de marzo de
2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso de nulidad radicado 6707-2019 (acumulado 6792-2019).
TERCERA. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que en el
término que se estime razonable profiera una nueva sentencia, mediante la cual resuelva
nuevamente las pretensiones de nulidad formuladas contra los artículos 28 y 30 del
Acuerdo CNSC-20181000006056 de 2018 y sus modificatorios, valorando expresamente:
(i) La ausencia de consagración de la capacidad física en el MEFCL como impedimento
para exigir la prueba físico-atlética con carácter eliminatorio y la inversión del orden lógico
normativo del artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015 en que se incurrió al validarla;
(ii) La información relacionada con la práctica administrativa uniforme de la CNSC en otras
convocatorias para el mismo cargo, así como la propia trayectoria laboral del suscrito en
el cargo objeto de la convocatoria; y
(iii) El juicio de proporcionalidad exigido para restringir el derecho fundamental de acceso
a los cargos públicos».
2. Hechos
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Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Gabriel Tobías Oyola Moreno fue nombrado provisionalmente en el cargo de guardián,
código 485, grado 15, de la cárcel distrital de Bogotá, mediante la Resolución 024 del
1 de octubre de 2016.
Mediante la Resolución 301 del 26 de julio de 2018, la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia adoptó el manual específico de funciones y
competencias laborales de su planta de personal.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC), mediante el Acuerdo
CNSC-20181000006056 del 24 de septiembre de 2018, convocó el proceso de
selección 741 de 2018 para proveer los empleos vacantes de esa secretaría, entre
ellos, 98 cargos de guardián.
Para los empleos del cuerpo de custodia y vigilancia estableció una prueba físico-
atlética de carácter eliminatorio, con una ponderación del 20 % y un puntaje mínimo
aprobatorio de 70 sobre 100.
El accionante participó en el concurso para el cargo de guardián y superó la prueba
escrita, pero fue excluido por no aprobar la prueba físico-atlética. Cuestionó esa
exigencia porque consideraba que evaluaba una competencia no prevista
expresamente en el manual de funciones, pese a que había desempeñado el empleo
en provisionalidad sin que se le hubiera exigido una prueba de esa naturaleza.
Del medio de control de nulidad simple 11001-03-25-000-2019-00993-00 y 11001-
03-25-000-2019-01050-00 (acumulado)
Gabriel Tobías Oyola Moreno, junto con otros ciudadanos, promovió demanda de
nulidad contra los artículos 28 y 30 del Acuerdo CNSC-20181000006056 del 24 de
septiembre de 2018, mediante los cuales se estableció una prueba físico-atlética
eliminatoria en el proceso de selección 741 de 2018.
Sostuvieron que el manual de funciones no exigía la capacidad física para
desempeñar los cargos de guardián, cabo de prisiones y sargento de prisiones. Por
ello, consideraron que la CNSC carecía de competencia para establecer esa prueba
sin que previamente se incorporara dicha exigencia en el manual.
Señalaron que la convocatoria no definió los parámetros de ponderación ni las escalas
de evaluación de la prueba, lo que generó desventajas para los aspirantes mayores
de 30 años frente a los de 20 años o menos. Finalmente, cuestionaron que se
utilizaran criterios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante,
INPEC), cuyo régimen de carrera es distinto del aplicable a la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia. Por tal motivo, solicitaron la nulidad de las
disposiciones demandadas.
El 19 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
negó las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que, aunque el manual de funciones no contemplaba expresamente la
capacidad física como competencia de los empleos, las labores de custodia, vigilancia
y seguridad requerían aptitudes físicas para su adecuado desempeño. Por ello,
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concluyó que la CNSC tenía competencia para evaluar esas condiciones y establecer
el carácter eliminatorio de la prueba físico-atlética.
Señaló que la convocatoria definió el peso porcentual, el puntaje mínimo aprobatorio
y las escalas de evaluación de la prueba, y que los aspirantes conocieron previamente
sus condiciones. Descartó la discriminación por edad, porque los demandantes no
explicaron suficientemente el trato desfavorable y el análisis estadístico presentado
por la Universidad Libre no evidenció diferencias significativas en el rendimiento del
test de Cooper entre los grupos de edad.
Finalmente, consideró razonable utilizar como referencia los estándares de aptitud
física del INPEC, pues, aunque los empleos pertenecían a regímenes de carrera
distintos, compartían funciones de vigilancia, seguridad y custodia de personas
privadas de la libertad.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a cargos públicos por
mérito, con ocasión de la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de nulidad
contra las disposiciones que establecieron una prueba físico-atlética eliminatoria en el
proceso de selección 741 de 2018.
Sostuvo que la providencia incurrió en defecto sustantivo al validar esa prueba, pese
a que el manual específico de funciones y competencias laborales no contemplaba
expresamente la capacidad física como competencia del empleo de guardián. Afirmó
que la CNSC podía diseñar mecanismos para evaluar las competencias previamente
establecidas, pero no crear requisitos adicionales ni modificar el perfil del cargo a partir
de sus funciones o de un profesiograma.
Alegó defecto fáctico porque, según la información que obtuvo de la CNSC después
de la sentencia, en otros siete concursos para el cargo de guardián, código 485, no se
exigió una prueba físico-atlética. Consideró que esa circunstancia desvirtuaba la
necesidad de la evaluación y evidenciaba un trato desigual. Agregó que había
desempeñado el empleo en provisionalidad durante casi cuatro años sin que se le
exigiera una prueba de esa naturaleza ni se cuestionara su idoneidad.
Reprochó que la sentencia utilizara como referencia el empleo de dragoneante del
INPEC, pues pertenece a un sistema específico de carrera con regulación distinta. A
su juicio, la semejanza entre las funciones no permitía trasladar una exigencia prevista
para ese empleo al cargo de guardián de la cárcel distrital.
Invocó la violación directa de la Constitución Política y el desconocimiento del
precedente constitucional, porque consideró que la providencia avaló una restricción
injustificada al acceso a cargos públicos sin examinar su necesidad y proporcionalidad
ni el trato diferente frente a los participantes de otros concursos.
Por ello, solicitó dejar sin efectos la sentencia cuestionada y ordenar que se profiriera
una nueva decisión que examinara la ausencia de esa competencia en el manual, la
información sobre otros concursos, su trayectoria laboral y la proporcionalidad de la
prueba eliminatoria.
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4. Trámite previo
El 25 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad accionada, y vinculó como
terceros con interés a la CNSC, a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia de Bogotá, a la Universidad Libre y a los señores Luis Carlos Carvajal Santos,
José Eduardo Ramírez Reyes, Enrique Olaya Jamaica, Jaime Humberto Sarmiento
Bonilla, John Elver Acosta Pava, Wilson Carrillo Penagos, Wilson Emigdio Guerrero
Ladino, Sandra Milena Guzmán Cano, Pedro Elías Moreno González, Carmen Rosario
Banguera Rivadeneira, Johan Alexander López Acuña, Milly Andrea Estevez Breton
Dueñas, Orlando Vela Tribaldos, Ana Tulia Nieto Villamil, Eduardo Joaquín Renhals
Avilez, Andrea Concepción del Carmen Cuervo Chaves, Delfin Escobar García,
Blanca Lydi Beltrán Urrego, Arconiris Sabogal Rodríguez, Kevin Alexander Mora
Gómez, Ceferino Cortés Moreno y Marlly Catalina Franco Chaparro.
5. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, remitió el enlace de
acceso a los expedientes 11001-03-25-000-2019-00993-00 y 11001-03-25-000-2019-
01050-00 (acumulado), dentro del medio de control de nulidad simple, sin hacer
referencia a los hechos que dieron origen a la acción de tutela.
6. Terceros con interés
La CNSC solicitó declarar improcedente la tutela o negar el amparo y disponer su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los
cuestionamientos se dirigían contra una providencia del Consejo de Estado.
Sostuvo que el accionante pretende reabrir un debate resuelto por el juez natural y
que, respecto de los documentos obtenidos después de la sentencia, dispone del
recurso extraordinario de revisión. Señaló que la comparación con otros concursos no
fue planteada en el proceso ordinario y que no podía atribuirse un defecto fáctico por
documentos que no integraron el expediente.
Defendió que la prueba físico-atlética no creó un requisito adicional de ingreso, sino
que permitió evaluar la aptitud para cumplir las funciones del empleo. Indicó que fue
diseñada con apoyo en el profesiograma remitido por la entidad nominadora y que sus
reglas eran previas, públicas e iguales para todos los participantes.
Finalmente, afirmó que cada concurso responde a las condiciones de la respectiva
entidad, por lo que la ausencia de esa prueba en otros procesos no demuestra
discriminación. Añadió que el accionante no identificó un precedente constitucional
concreto desconocido y que su vinculación provisional no lo eximía de superar las
pruebas del concurso.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia solicitó declarar
improcedente la tutela respecto de esa entidad y disponer su desvinculación, al
considerar que no incurrió en ninguna actuación u omisión que vulnerara los derechos
fundamentales del accionante.
Señaló que la providencia cuestionada fue proferida autónomamente por el Consejo
de Estado y que carece de competencia para modificarla o alterar su alcance.
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Sostuvo que el accionante no acreditó los requisitos generales ni los defectos
específicos que permiten la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales. A su juicio, pretende reabrir la discusión probatoria y jurídica del proceso
de nulidad y utilizar el amparo como una instancia adicional.
José Eduardo Ramírez Reyes, quien fue demandante en el proceso de nulidad,
intervino para coadyuvar la tutela y solicitó dejar sin efectos la sentencia cuestionada
y ordenar una nueva decisión.
Sostuvo que la capacidad física no estaba prevista expresamente en el manual de
funciones y que no podía incorporarse mediante una inferencia sobre las labores del
cargo. Indicó que la inscripción en el concurso no convalidaba la eventual ilegalidad
de sus reglas.
Cuestionó la valoración del profesiograma, pues consideró que describe condiciones
de salud verificables mediante exámenes médicos, pero no justifica una prueba de
rendimiento físico eliminatoria. También reprochó la ausencia de un estudio que
validara para la cárcel distrital los estándares tomados del INPEC, cuyo régimen de
carrera es distinto.
Finalmente, señaló que la sentencia no examinó suficientemente la necesidad y
proporcionalidad de la prueba ni justificó el trato diferente frente a otros siete
concursos para el empleo de guardián en los que no se exigió esa evaluación.
Wilson Emigdio Guerrero Ladino, quien fue demandante en el proceso de nulidad,
intervino para coadyuvar la tutela y solicitó dejar sin efectos la sentencia cuestionada
y ordenar una nueva decisión.
Señaló que la providencia validó una competencia física no prevista expresamente en
el manual de funciones y que la facultad de la CNSC para diseñar las pruebas no le
permitía crear requisitos adicionales de acceso al empleo. También cuestionó que se
trasladaran los estándares del INPEC, pese a las diferencias entre los regímenes de
carrera.
Alegó que el profesiograma describía condiciones de salud y exámenes médicos de
ingreso, pero no respaldaba los niveles de rendimiento atlético ni el puntaje mínimo
exigido. Indicó que no existía un estudio que validara la correspondencia entre las
funciones del cargo y la prueba aplicada.
Finalmente, consideró insuficiente la motivación sobre la necesidad y proporcionalidad
de la prueba y reprochó que no se justificara su exigencia frente a otros siete
concursos para el cargo de guardián en los que no se aplicó esa evaluación.
La Universidad Libre y los demás demandantes en el proceso de nulidad
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por Gabriel Tobías Oyola Moreno contra la sentencia del 19 de marzo de
2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó
las pretensiones de nulidad contra los artículos 28 y 30 del Acuerdo CNSC-
20181000006056 del 24 de septiembre de 2018, mediante los cuales se estableció
una prueba físico-atlética de carácter eliminatorio en el proceso de selección 741 de
2018 para los empleos del cuerpo de custodia y vigilancia de la Cárcel Distrital de
Bogotá.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque la sentencia
cuestionada decidió un medio de control de nulidad simple, es decir, se dictó en
ejercicio del control abstracto de legalidad de actos de carácter general, impersonal y
abstracto, supuesto en el que el amparo es improcedente conforme al numeral 5 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la CNSC y la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá; (ii) la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iii) la improcedencia de la acción de tutela contra actos de
carácter general, impersonal y abstracto; y (iv) el caso concreto.
(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva
En relación con las solicitudes de desvinculación formuladas por la CNSC y la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, la Sala precisa
que deben vincularse las autoridades y los particulares que pudieran resultar
afectados con la decisión o que tengan interés directo en su resultado, con el fin de
garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
Estas entidades fueron vinculadas como terceros con interés, dado que hicieron parte
del proceso de nulidad en el que se profirió la sentencia cuestionada. Además, la
controversia se relaciona con las reglas expedidas por la CNSC para proveer los
empleos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,
particularmente con la exigencia de una prueba físico-atlética eliminatoria para los
cargos del cuerpo de custodia y vigilancia de la cárcel distrital. En consecuencia, se
negarán las solicitudes de desvinculación.
(ii) Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
(iii) La improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto
El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto»,
pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la acción de
inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de nulidad por
inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.
La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada
por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno
de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto
cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes
de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las
voces del artículo 7o. del Decreto en mención»4.
Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la
defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que
se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y
concreta derechos fundamentales. En efecto, en múltiples fallos5, esta Sección ha
precisado que:
«Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se
dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control
abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que
determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos erga
omnes. No define de manera concreta una situación particular, como sí ocurre con
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad – sentencia de 31 de julio
de 2012 – se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca).
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Sentencia No. T-321 de 1993
5 Ver sentencias de tutela del 22 de septiembre de 2016, Radicación 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-
15-000-2015-00135-00), CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 17 de mayo de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2018-
00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 10 de octubre de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 7 de enero de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2018-01699-01 M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez y del 3 de febrero de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-06516-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios de control con
decisiones judiciales de carácter particular.
En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una
sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad
judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría afectar derechos
fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no desconozca postulados
constitucionales o legales.
Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de
carácter general, impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente,
resulta improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o
legalidad».
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que, por regla general6,
la acción de tutela es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el
Consejo de Estado o la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de
constitucionalidad (artículos 237, numeral 3°, y 241 de la Constitución Política,
respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de 20167 establece:
«(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control
para garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos
podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control concentrado de
constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte Constitucional (artículo 241
de la Constitución) y de manera residual por el Consejo de Estado (artículo 237 numeral
3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para resolver acciones de
tutela (artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de inconstitucionalidad
(artículo 4 de la Constitución).
Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el
cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control
constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad
jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación
adecuada de las normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se trata de un
esquema caracterizado por la participación ciudadana, ya que todas las personas pueden
acudir a los jueces en ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un
proceso judicial la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control
abstracto puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político
previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona puede particular
(sic), en virtud de la regulación de las acciones de inconstitucionalidad y de nulidad por
inconstitucionalidad.
Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de constitucionalidad
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del control constitucional
descrito antes se alteraría de manera profunda, a tal punto que podría afirmarse que no
existen dos tipos de control constitucional sino uno solo, otorgado a todos los jueces,
quienes se pueden pronunciar sobre el cumplimiento de la Constitución en casos
concretos o en casos de control abstracto (al revisar decisiones de constitucionalidad de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado). La acción de inconstitucionalidad y la de
nulidad por inconstitucionalidad son funciones delimitadas directamente por la
Constitución, la cual determinó expresamente los órganos que de manera exclusiva tienen
competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los artículos
237 numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia constitucional,
lo cual debe ser tenido en cuenta para interpretar el alcance de la regulación de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 (…)».
(iv) Caso concreto
Gabriel Tobías Oyola Moreno cuestiona la sentencia del 19 de marzo de 2026,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de nulidad contra los artículos 28 y 30 del Acuerdo CNSC-
6 Al respecto, ver sentencia SU-355 de 2020.
7 MP. Alejandro Linares Cantillo.
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20181000006056 del 24 de septiembre de 2018. Estas disposiciones establecieron
las reglas de las pruebas aplicables a los empleos del cuerpo de custodia y vigilancia
de la cárcel distrital de Bogotá dentro del proceso de selección 741 de 2018.
Los actos examinados tienen carácter general, impersonal y abstracto, pues regulan
las condiciones de participación y evaluación de quienes aspiran a esos empleos, sin
definir la situación jurídica individual del accionante. En particular, la prueba físico-
atlética, su carácter eliminatorio, su ponderación y el puntaje mínimo aprobatorio
fueron establecidos para todos los aspirantes a los empleos correspondientes.
De igual forma, la providencia cuestionada se limitó a confrontar esas disposiciones
con las normas superiores invocadas en la demanda. Para ello, examinó la
competencia de la CNSC para establecer la prueba, su relación con las funciones de
los empleos, los parámetros de evaluación y los cuestionamientos sobre su carácter
discriminatorio. Por tanto, resolvió una controversia objetiva de legalidad, sin decidir
sobre la exclusión particular del accionante del concurso, la terminación de su
nombramiento provisional o su eventual derecho a ser nombrado.
En ese sentido, la sentencia produce efectos de cosa juzgada erga omnes8 respecto
de la causa petendi juzgada. El hecho de que haya negado las pretensiones de nulidad
no transforma su naturaleza en una decisión particular, aunque, a diferencia de una
sentencia anulatoria, sus efectos se circunscriben a los motivos de ilegalidad
examinados.
Si bien el accionante invoca sus derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a cargos públicos, sus reproches buscan que el juez constitucional reexamine la
legalidad de las disposiciones generales que regularon la prueba físico-atlética. Su
participación en el concurso y su anterior vinculación provisional no modifican el objeto
del proceso de nulidad ni el alcance de la sentencia que lo resolvió. Tampoco la
información sobre otros concursos altera esa circunstancia, pues se aporta para
controvertir nuevamente la justificación de la regla general.
En consecuencia, la solicitud de amparo se encuentra comprendida en la causal de
improcedencia prevista en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por
dirigirse contra una sentencia dictada en ejercicio del control abstracto de legalidad de
actos de carácter general, impersonal y abstracto. Por tanto, se declarará
improcedente la acción de tutela, sin abordar el fondo de los defectos atribuidos a la
providencia cuestionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Gabriel Tobías Oyola
Moreno, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
8 Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza
de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la
causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad
producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07860-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidado
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260786000/29FEC8045A134D70C85CC8783C7B767D443DC4B5542EC2FA4AA65C807D9621B1/2

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