Apertura disciplinaria: hecho superado – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Radicado: 05001-23-33-000-2026-01348-01
Demandante: Santos Danies Bolaño de Hoyos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2026-01348-01
Demandante: SANTOS DANIES BOLAÑO DE HOYOS
Demandado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE ANTIOQUIA
Temas: Mora judicial en proceso disciplinario. Carencia actual de objeto
por hecho superado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
10 de septiembre de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
denegó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 31 de agosto de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Santos Danies
Bolaño de Hoyos pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a los principios
de celeridad y eficacia de la función jurisdiccional.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la mora judicial
injustificada en que incurrió la Comisión Seccional de Disciplina de Antioquia en
decidir frente a la queja disciplinaria que formuló contra el abogado Yonathan Gómez
Sánchez que presentó el 22 de julio de 2026 bajo el radicado No.
05001250200020260304400.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR de manera inmediata los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO SIN
DILACIONES INJUSTIFICADAS (Art. 29 C.P.) y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
/ TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (Art. 229 C.P.), vulnerados por el Despacho 002 de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.
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2. ORDENAR a la Magistrada Sustanciadora del Despacho 003 de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, DRA. CLAUDIA ROCÍO TORRES BARAJAS, o a quien haga sus
veces, que dentro del término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela, proceda a:
○ Proferir el Auto de Trámite de Apertura de Proceso Disciplinario dentro del expediente con
Radicado No. 05001250200020260304400, dejando constancia de la verificación de la condición de
disciplinable del investigado en el Registro Nacional de Abogados (RNA).
○ Señalar fecha y hora exacta para la celebración de la Audiencia de Pruebas y Calificación
Provisional, conforme a los términos y formalidades del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
○ Disponer las citaciones y notificaciones de rigor al investigado YONATHAN GÓMEZ SÁNCHEZ,
al Ministerio Público y al suscrito quejoso.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 22 de julio de 2026, el señor Santos Danies Bolaño de Hoyos formuló queja
disciplinaria contra el abogado Yonathan Gómez Sánchez, con ocasión del despido
“sin justa causa” efectuado por la empresa TIVIT Colombia S.A.S., en donde el
profesional del derecho se desempeñaba como líder jurídico.
El reparto del proceso disciplinario correspondió bajo el radicado No.
05001250200020260304400 a la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas, proceso
que ingresó al despacho el 4 de agosto de 2026.
El 19 de agosto de 2026, el accionante radicó memorial de impulso procesal, control
de términos y fijación de audiencia.
Mediante auto de 20 de agosto de 2026, se dispuso la acumulación del proceso 2026
– 03142-00 al proceso No. 05001250200020260304400, por considerar que los
hechos objeto de investigación corresponden a los mismos, siendo este último el más
antiguo, por lo que se consideró que ambos procesos debían adelantarse bajo la
misma cuerda procesal.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El accionante afirmó que la autoridad judicial accionada había incurrido en mora al no
haber proferido el auto de apertura del proceso ni haber fijado fecha para audiencia
de pruebas y calificación provisional, pese al vencimiento del término previsto por el
artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 y el memorial de impulso procesal que presentó.
Afirmó que dicha disposición establece un deber reglado y perentorio, no una potestad
discrecional de la autoridad judicial. Por ello, consideró que la falta de verificación y
de expedición del auto de apertura vulneraba el principio de celeridad y los deberes
funcionales de los magistrados.
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También invocó el artículo 117 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094
de 2021, en relación con los términos para dictar providencias de sustanciación e
impulso y adoptar decisiones, y sostuvo que la demora contravenía el artículo 51 de
la Ley 1123 de 2007, relativo al principio de celeridad, y los deberes de los funcionarios
judiciales de impulsar oportunamente las actuaciones y cumplir los términos legales.
Señaló que, de conformidad con los artículos 1 y 153, numerales 8 y 16, de la Ley 270
de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, los funcionarios judiciales tienen el
deber de observar los términos fijados para atender los asuntos a su cargo y
resolverlos dentro de los plazos previstos en la ley.
Citó las sentencias SU – 394 de 2016, T- 230 de 2013 y T-341 de 2018 e indicó que la
etapa preliminar no presentaba complejidad fáctica, que el 19 de agosto de 2026 había
solicitado el impulso procesal de su solicitud sin que la magistrada sustanciadora
hubiera emitido algún pronunciamiento y que la demora superaba en un 300% el
término previsto en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007
5. Intervenciones
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, Despacho 003 solicitó
negar el amparo solicitado ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Informó que dentro del radicado 05001-25-02-000-2026-03044-00 el accionante
formuló queja disciplinaria contra el abogado Yonathan Stiven Gómez Sánchez con
ocasión del despido “sin justa causa” efectuado por la empresa TIVIT Colombia
S.A.S., en donde el profesional del derecho se desempeñaba como líder jurídico; que
la noticia disciplinaria fue asignada al despacho por acta de reparto del 22 de julio de
2026, recibida al despacho el 4 de agosto de 2026, y que a la fecha se encuentra
pendiente de evaluar su mérito acorde con lo previsto en el artículo 67 y siguientes de
la Ley 1123 de 2007.
Afirmó que, según el reporte estadístico a 31 de julio de 2026, el despacho contaba
con 446 procesos activos, inventario que se incrementó en 91 procesos más en el
corte de reparto del 4 de agosto de 2026, día en que el asunto pasó a despacho.
Señaló que, si bien es cierto que de conformidad con el principio de eficacia los
funcionarios deben ser diligentes con la investigación y el juzgamiento, también lo es
que el ingreso <> de asuntos desbordaba su capacidad de respuesta.
Sostuvo que se encontraban en trámite vigencias de 2023, 2024, 2025 y del primer
semestre de 2026 y que, por haber ingresado primero, debía respetarse la antigüedad
en la evacuación, y destacó que la queja contaba con 294 páginas que comprendían
varias acciones de tutela, derechos de petición, denuncias, entre otros.
El señor Stiven Gómez Sánchez afirmó que no existía ninguna vulneración a los
derechos fundamentales del accionante y que la queja disciplinaria carecía de
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fundamento y obedecía a una intención de retaliación en su contra por su ejercicio
profesional y que pretendía infundirle temor para que se abstuviera de ejercer la
defensa de sus derechos fundamentales.
6. Sentencia Impugnada
El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia dictada el 10 de septiembre de
2026 negó el amparo solicitado por considerar que se encontraba justificado el retardo
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia dentro del expediente
disciplinario 05001250200020260304400.
Consideró que, si bien se encontraba vencido el término previsto en el artículo 104 de
la Ley 1123 de 2007 y no se había proferido decisión dentro del proceso disciplinario,
dicha circunstancia no configuraba, por sí sola, una mora judicial injustificada, pues
explicó que la demora estaba justificada por la congestión del despacho, que
registraba 446 procesos activos al 31 de julio de 2026, a los que se sumaron 91
asuntos en el reparto del 4 de agosto siguiente, así como por la existencia de procesos
de vigencias anteriores cuyo orden de evacuación debía respetarse y por la extensión
de la queja, que comprendía 294 páginas con diversas acciones de tutela, derechos
de petición y denuncias.
Señaló que el trámite preliminar requería un examen de mérito de los hechos
denunciados y no se limitaba a una simple consulta del Registro Nacional de
Abogados e indicó que el tiempo transcurrido de poco más de un mes desde el ingreso
del expediente al despacho no permitía inferir el abandono de las funciones judiciales
y que no se había acreditado una situación de especial protección constitucional o una
afectación a la subsistencia, la salud o el mínimo vital del accionante que justificara
alterar el sistema de turnos.
En consecuencia, concluyó que el retardo no era imputable a la negligencia de la
autoridad judicial accionada y precisó que el juez de tutela no podía ordenar la
expedición de una providencia con contenido predeterminado, pues ello desconocería
la autonomía y la independencia judicial.
7. Impugnación
El accionante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
sin dilaciones injustificadas y al acceso a la administración de justicia.
Sostuvo que el Tribunal interpretó de forma errónea el artículo 104 de la Ley 1123 de
2007 al considerar que la apertura del proceso disciplinario exigía un juicio preliminar
de mérito y el análisis de las 294 páginas de la queja, pese a que, en su criterio, dicha
disposición únicamente exige verificar la condición de disciplinable del denunciado y
proferir el auto de apertura, mientras que el examen de tipicidad y el decreto de
pruebas corresponden a la audiencia de pruebas y calificación provisional.
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Asimismo, alegó el desconocimiento de la Sentencia SU-394 de 2016, porque, a su
juicio, la acreditación estadística de la congestión judicial no justifica la omisión de
actuaciones de simple trámite sujetas a términos legales perentorios y cuestionó la
aplicación de la Sentencia SU-179 de 2021, al considerar que el sistema de turnos se
refiere a la emisión de providencias de fondo y no permite postergar actuaciones
preliminares sometidas a términos especiales, por lo que estimó contradictorio que el
tribunal reconociera esa limitación y, al mismo tiempo, justificara la demora en el orden
de evacuación de procesos de vigencias anteriores.
Cuestionó que el juez de primera instancia considerara que ordenar la apertura del
proceso disciplinario desconocería la autonomía judicial, pues afirmó que el artículo
104 de la Ley 1123 de 2007 establece una actuación reglada y que aún si la pretensión
formulada predeterminaba el contenido de la decisión, el tribunal podía modular la
orden y disponer que la autoridad accionada se pronunciara sobre la procedibilidad
inicial del expediente conforme a dicha norma, por lo que estimó que negar el amparo
por la forma en que formuló su solicitud constituía un exceso ritual manifiesto por lo
que solicitó ordenara a la magistrada a que le fue asignada su queja que, dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia, profiriera
la providencia correspondiente al trámite preliminar y fijara fecha para la audiencia de
pruebas y calificación provisional.
Mediante escrito radicado en Samai el 18 de septiembre de 2026, el accionante afirmó
que, dando alcance al escrito de impugnación, solicitaba que se incorporara la doctrina
fijada en la sentencia C-397 de 2024, que desvirtuaba los fundamentos de congestión
y el orden de turno acogidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y destacó que
al convalidarse la inactividad de la magistrada a quien le fue asignada su queja estaba
en riesgo la prescripción de la acción disciplinaria, además de que el término de 5 días
fijado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 era perentorio y que el deber de
observar un turno cronológico no podía ir en detrimento del inicio oportuno de los
trámites disciplinarios.
III. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones del accionante.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada para, en su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de la
impugnación, la autoridad accionada dictó el auto del 22 de octubre de 2026, por
medio del cual dispuso la apertura del proceso disciplinario y fijó fecha para llevar a
cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional dentro del proceso disciplinario
No. 05001250200020260304400.
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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia
de objeto en materia de tutela y, (ii) analizará el caso concreto.
2. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: <>.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho
sobreviniente1. En lo que aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se
pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales.
3. Análisis del caso concreto
En el presente asunto, el señor Santos Danies Bolaño de Hoyos alega que se configura
una mora judicial injustificada, pues no se ha dictado el auto de apertura del proceso
disciplinario ni se ha señalado fecha y hora para la audiencia de pruebas y calificación
provisional, pese a que radicó la queja desde el 22 de julio de 2026, por lo que se
encuentra superado el término previsto por el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
2
No obstante, la Sala revisó el expediente digital del referenciado proceso disciplinario
y verificó sus actuaciones en el sistema de consulta de procesos nacional unificada y
encontró que, mediante auto del 22 de octubre de 2026, la autoridad accionada
dispuso la apertura del proceso disciplinario y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia
de pruebas y calificación provisional el día 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m.
dentro del proceso disciplinario No. 05001250200020260304400.
1 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
2 Artículo 104. Trámite preliminar. Efectuado el reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes se acreditará la
condición de disciplinable del denunciado por el medio más expedito; verificado este requisito de procedibilidad,
se dictará auto de trámite de apertura de proceso disciplinario, señalando fecha y hora para la audiencia de pruebas
y calificación, de lo cual se enterará al Ministerio Público; dicha diligencia se celebrará dentro del término perentorio
de quince (15) días. La citación se realizará a través del medio más eficaz. En caso de no conocerse su paradero,
se enviará la comunicación a las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados, fijándose además
edicto emplazatorio en la Secretaría de la Sala por el término de tres (3) días.
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Así las cosas, la Sala observa que las pretensiones formuladas por la parte actora
encaminadas a que se dictara el auto de apertura y se fijara fecha y hora para la
audiencia de pruebas y calificación provisional dentro del proceso disciplinario No.
05001250200020260304400 ya fueron resueltas durante el trámite de segunda
instancia de la presente acción de tutela, lo que conlleva revocar la sentencia de
primera instancia para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada que negó las pretensiones de la acción de tutela
para en su lugar:
2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador3
3 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho
ponente, a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial,
empleó un sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por
OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente
elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la
herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente
errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen
preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto
jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real Academia Española y los estándares de redacción judicial
de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta
formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones
“mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de la
providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada
hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos
reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial,
quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado
transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema
se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción,
estructura argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados
íntegramente por el funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta
datos personales, información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del
proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia,
igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades
autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del
16 de diciembre de 2024, “por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso,
responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020260134801/D9FC701ACDBB4D4B06D845CE0969DBAE544CDC73CBA4C049F8EC3FA36E0630A9/2

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