Irrelevancia por debate probatorio – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07013-00
Demandante: Benjamín Cárdenas Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2026-07013-00
Demandante: BENJAMÍN CÁRDENAS CRUZ
Demandada: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso disciplinario. Defecto
fáctico. Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Benjamín Cárdenas Cruz
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 31 de agosto de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Benjamín Cárdenas Cruz pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa y al trabajo.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
29 de abril de 2026, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, entre
otras cosas, confirmó la decisión de primera instancia de sancionarlo disciplinariamente
en el proceso con radicado 73001-11-02-000-2019-01001-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA (principal). Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia y al trabajo del accionante y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
Sentencia No. A-15280 del 29 de abril de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
dentro del proceso disciplinario radicado 730011102000-2019-01001-01, así como la sanción de
cuarenta y ocho (48) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de setenta (70) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para el año 2018 que de ella se deriva.
SEGUNDA. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro del término que este
Despacho estime pertinente, profiera una nueva decisión de segunda instancia en la que valore de
manera integral, conjunta y razonada la totalidad del acervo probatorio, incluyendo expresamente la
constancia de pago con reconocimiento notarial de firma, los registros de mensajería instantánea y de
audio, los extractos bancarios y el contenido íntegro de los salvamentos de voto —parciales y total—
suscritos por los Magistrados que se apartaron de la decisión mayoritaria.
TERCERA (subsidiaria). En el evento de no accederse a las pretensiones primera y segunda, se solicita
dejar sin efectos parcialmente la Sentencia A-15280 únicamente en cuanto tuvo por no entregada la
suma de $90.000.000, manteniendo la responsabilidad disciplinaria respecto de los $19.341.394
restantes, y ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial recalcular y graduar nuevamente la
sanción con base en dicho monto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07013-00
Demandante: Benjamín Cárdenas Cruz
CUARTA. Decretar, como medida provisional inmediata y mientras se resuelve de fondo la presente
acción, la suspensión de los efectos de la Sentencia A-15280 y de la sanción de suspensión y multa
que de ella se deriva, incluida su anotación en el Certificado de Sanciones Vigentes No. 20260831-
2576011, con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
QUINTA. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que remita a este Despacho y al
accionante copia integra del salvamento de voto suscrito por el Magistrado Julio Andrés Sampedro
Arrubla dentro del proceso de la referencia, como prueba necesaria para la adecuada resolución de
esta acción.
SEXTA. Ordenar la comunicación de la decisión que se profiera a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Tolima y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA),
para lo de su competencia.
(sic) para toda la cita
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Yesid Olaya Córdoba promovió queja disciplinaria contra el señor Benjamín
Cárdenas Cruz, quien, como su apoderado, cobró el dinero de una indemnización que le
había sido reconocida en un proceso de reparación directa y no se la entregó, pese a que
le había informado que el proceso judicial lo habían perdido.
La queja se adelantó bajo el radicado 73001-11-02-000-2019-01001-00 y correspondió a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima que, por providencia del 3 de julio
de 2025, sancionó al señor Cárdenas Cruz con suspensión de 48 meses en el ejercicio
de la profesión y multa de 70 SMLMV, al encontrar que incurrió en la infracción prevista
en el numeral 81 del artículo 282 de la Ley 1123 de 2007, al realizar la falta descrita en el
numeral 43 del artículo 354 ibidem, a título de dolo.
Señaló que se había demostrado que el sancionado no había entregado a la menor
brevedad la suma de $109.341.394, que había recibido por concepto de la indemnización
reconocida en un proceso de reparación directa promovido por el quejoso y su núcleo
familiar. Que, en ese orden, la conducta del abogado se adecuaba al desconocimiento
del deber de honradez, con pleno conocimiento y voluntad.
Que el recibo de pago por la suma de $90.000.000 aportado por el disciplinado no
contaba con firma y huella del quejoso, por lo que ese documento no tenía la entidad de
asegurar el pago en efectivo de la sentencia del proceso de reparación directa, que,
además, la última conversación del señor Olaya Córdoba con el señor Benjamín, del 25
de septiembre de 2019, daba cuenta que no se había realizado el pago de la sentencia,
porque el abogado insistía en que se le diera un plazo para efectuarlo.
Para dosificar la sanción tuvo en cuenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de
2007 y los criterios de graduación previstos en el literal A numeral 2 y 3 del artículo 45
ibidem, al estimar que a los mandantes se les había ocasionado un perjuicio económico
significativo, porque era una suma de dinero considerable que debió ingresar en su
patrimonio.
Que la falta había sido cometida a título de dolo, con plena intención y voluntad de
apartarse de la norma ética, circunstancia que el sancionado había querido ocultar a sus
mandantes y a la administración de justicia.
1 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado
deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que
se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.
Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma
de pago.
2 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
3 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión
profesional, o demorar la comunicación de este recibo.
4 Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
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Inconforme, el disciplinado y su defensor de oficio presentaron recurso de apelación. Por
un lado, el señor Yesid Olaya manifestó que se debía declarar la nulidad de todo lo
actuado porque se habían transgredido sus derechos al debido proceso y de defensa ya
que se incurrió en indebida valoración probatoria, debido a que la decisión se fundamentó
en presunciones y suposiciones, sin que se verificaran los medios de convicción que
aportó. Que se descartó la constancia de pago que daba cuenta que entregó al quejoso
la suma de $90.000.000 y que no se tuvieron en cuenta las actuaciones adelantadas ante
la Fiscalía General de la Nación.
Que no se aportaron pruebas que desvirtuaran la constancia de pago al quejoso de la
suma de $90.000.000. Que la sanción se construyó con inferencias de audios y
testimonios, sin que se tuviera certeza de la falta disciplinaria. Que no se analizó la
prescripción de la acción disciplinaria, pese a que la actuación se había iniciado en
septiembre de 2019.
Por otro lado, el defensor de oficio adujo que la sanción se había dictado sin que se
tuviera certeza probatoria de la comisión de la falta disciplinaria, porque los medios de
convicción aportados al expediente no permitían concluir que el disciplinado hubiere
entregado los dineros recibidos, por lo que se debía respetar su presunción de inocencia.
Que en el expediente obraba una constancia de pago que acreditaba la entrega de los
dineros, que ese documento no fue tachado de falso, por lo que debió otorgársele valor
probatorio. Que no se había demostrado el elemento subjetivo, porque no se acreditó que
el disciplinado había actuado con la intención de incumplir sus deberes profesionales.
Por providencia del 29 de abril de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.
Además, denegó las solicitudes de nulidad y de prescripción.
Explicó que la solicitud de prescripción sí había sido objeto de pronunciamiento por el a
quo, que explicó que la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de
2007 tenía carácter permanente, porque la infracción al deber de entregar los dineros se
mantenía mientras el disciplinado no entregara los recursos. Que la prescripción se
contabilizaba a partir de la entrega de los recursos, que, sin embargo, a la fecha no se
había superado esa omisión.
Que los argumentos de la parte actora no evidenciaban la configuración de una causal
de nulidad de las previstas en el régimen disciplinario, que, por el contrario, se trataban
de inconformidades con la valoración probatoria. Que, de acuerdo con los artículos 98 y
100 de la Ley 1123 de 2007 las nulidades eran de carácter taxativo y en el caso concreto
no se demostró alguna actuación procesal irregular que limitara el ejercicio de la defensa
o el desconocimiento de garantías propias del trámite disciplinario.
Dos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial salvaron su voto, al
considerar que la constancia de pago de la suma de $90.000.000 sí debió ser valorada,
por lo que la sanción se debió confirmar, pero únicamente por el saldo restante.
El 22 de mayo de 2026, el disciplinado presentó solicitud de adición, sin embargo, fue
denegada el 25 de agosto siguiente.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumplía los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, puesto que, el asunto tenía relevancia constitucional porque comprometía sus
derechos fundamentales reclamados, cuya afectación no se limitaba a una controversia
de mera legalidad; que no existía otro medio de defensa judicial para pedir la protección
de sus garantías fundamentales; que interpuso la acción de tutela dentro de un plazo
razonable; que el defecto fáctico que exponía incidía directamente en la parte resolutiva
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de la decisión acusada; que identificó los hechos y derechos vulnerados y que no
cuestionaba una sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en el
siguiente vicio de fondo:
Defecto fáctico por valoración incompleta y contraevidente del material probatorio
aportado al proceso disciplinario.
Argumentó que la sentencia controvertida concluyó que la constancia de pago por la
suma de $90.000.000 no resultaba suficiente para tener por acreditada la entrega de los
recursos, porque carecía de respaldo de otros medios de prueba, tales como
transferencias bancarias, recibos de pago o constancias parciales de entrega. Que, sin
embargo, esa conclusión desconocía que si obraban esos elementos de respaldo, tales
como: i) los retiros en efectivo que efectuó entre el 20 y el 28 de junio de 2018, que
coincidían en tiempo, lugar y cuantía aproximada con la suma entregada, como lo había
reconocido los magistrados que salvaron voto y, ii) las conversaciones por WhatsApp y
los registros de audio en los que el quejoso reconocía haber recibido el dinero e informar
a su familia de ello. Que la sentencia cuestionada no explicaba por qué esos elementos
de prueba resultaban insuficientes.
Que se había advertido que la constancia de pago contaba con sello notarial, sin explicar
cómo ello estaba en contravía de las afirmaciones del quejoso en las que desconoció su
propia firma.
Que se habían identificado movimientos en sus extractos bancarios por sumas diferentes
a las estimadas por el a quo y por los magistrados que salvaron su voto, sin ofrecer una
explicación razonada. Que lo anterior evidenciaba que la certeza sobre la no entrega de
la suma de $90.000.000 no fue alcanzada.
Dijo que se transgredió el principio de in dubio pro disciplinado y su presunción de
inocencia, porque el artículo 8 de la Ley 1123 de 2007 imponía resolver a favor del
disciplinado toda duda razonable. Que en su caso esa duda no era una apreciación suya,
sino que había sido documentada formalmente en el proceso por los dos salvamentos de
votos. Que cuando el disenso interno de un cuerpo colegiado alcanzaba esa proporción
sobre un aspecto fáctico central se evidenciaba que no se había satisfecho el estándar
de certeza exigido por el derecho disciplinario.
Señaló que el proceso disciplinario se extendió desde la interposición de la queja en el
año 2019 hasta la sentencia de segunda instancia del año 2026, plazo que evidenciaría
dilación procesal.
5. Trámite procesal
Por auto del 1 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y en calidad de terceros con interés, a los
magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.
Adicionalmente, se denegó la medida provisional solicitada por la parte actora,
relacionada con que se ordenara la suspensión provisional de la providencia del 29 de
abril de 2026.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 3 de septiembre
de 2026.
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6. Intervenciones
El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ponente de la
providencia del 29 de abril de 2026, pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo o que, en su defecto, se denegaran las pretensiones de la parte actora, por no
existir la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Se pronunció sobre los hechos y actuaciones del proceso disciplinario, para señalar que
no se incurrió en el defecto fáctico alegado por la parte actora, pues no se demostró que
el accionante hubiere entregado la suma de dinero correspondiente a sus poderdantes.
Que la existencia de una valoración diferente al interior del órgano colegiado no
desvirtuaba la motivación de la decisión mayoritaria ni convertía su apreciación probatoria
en arbitraria o contraevidente.
El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, ponente de
la decisión del 3 de julio de 2025, solicitó que se le desvinculara de la presente acción
constitucional.
Hizo un recuento de las decisiones dictadas en el proceso disciplinario, para manifestar
que se atenía a lo que el juez constitucional resolviera con fundamento en las pruebas
aportadas al expediente.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Benjamín Cárdenas Cruz, para dejar sin efectos la providencia del 29 de abril de 2026,
dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, entre otras cosas, confirmó
la decisión de primera instancia que lo sancionó disciplinariamente en el proceso con
radicado 73001-11-02-000-2019-01001-01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte actora pretende
discutir aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural en el proceso disciplinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del
caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso disciplinario. Básicamente, en ese
proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala que sí acreditó haber entregado
al quejoso la suma de $90.000.000.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la providencia del 3
de julio de 2025, dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima se
lee lo siguiente:
1. La sentencia se fundamentó en presunciones y supuestos, no se fundamentó como legalmente se
debe hacer que es con fundamentos de pruebas legalmente obtenidas, lo que resumo de la siguiente
manera a). El H. magistrado en todo momento presumió mi culpabilidad, como se puede verificar en
audios donde expresa al investigado que cobrar dinero por encima de lo legal también es una falta y b).
que no devolver todo el dinero también es una falta disciplinaria y se observa en la sentencia que hasta
último momento hizo referencia del 40% de honorarios, pero una vez que observa que existen la
constancia de pago y además constancia de pago autentica, pues queda probada la mala fe o intensión
del quejoso de que se le pague nuevamente los dineros que ya el investigado le había entregado, por
lo que el H. magistrado resuelve 1. Hacer o dar probado mediante testigos que las firmas de las
constancias de pago no son del quejoso, cuando para probar lo de la firma es necesario el informe de
un perito caligráfico y 2. Querer demostrar o dar por probado que el investigado había inventado unas
fiscalías y unos procesos penales en su contra como estrategia, lo que con las EF Y EMP se prueba lo
contrario.
(…)
7. No se dio cabal cumplimiento a la tacha de falsedad, ni a la constancia de pago ni a la autenticación
ante notaria a la constancia de pago, dos documentos aportados por mí en calidad de investigado y no
fueron debidamente valorados, tanto la constancia de pago que no se logró la consecución del original
del mismo, pero si existe el original de la constancia de pago con fecha de la autenticación ante notaria.
9. En las consideraciones de la sentencia no se analizó ni se habla de la prescripción de la acción
disciplinaria.
(…)
7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Revisado el expediente se observa la cantidad de aplazamientos y duración del investigativo que inició
en el mes de septiembre del año 2019 con la queja y terminó el 3 de julio de 2025 con la sentencia de
primera instancia, una sentencia donde la acción disciplinaria se encuentra prescrita desde el mes de
septiembre del año 2024 también se observa la cantidad de defensores de oficio del investigado que
hicieron parte en este investigativo:
(…)
Aquí lo de la garantía al derecho de defensa y del debido proceso expresado que fue materializado a
través del investigado y de la defensa de oficio, no es cierto, porque el haberse mantenido la presunción
de culpable al investigado desde la audiencia inicial de pruebas y hasta último momento, tanto del
magistrado a cargo de la investigación como de parte de la representante de la procuraduría general de
la nación, presumiendo en este fallo que por no existir un retiro por 90 millones de pesos no se realizó
el pago, como si las entidades bancarias realizaran en un solo desembolso esta cantidad, pero no es el
momento de seguir profundizando, pero en verdad en el trámite proceso no hubo garantías para mí
como investigado para comparecer en el proceso por lo tanto no se garantizó de en forma material o
activa el derecho a la defensa ni mucho menos el derecho al un debido proceso.
(…)
Conforme a lo pedido por el defensor de oficio del investigado en los alegatos de conclusión donde pide
que la sentencia sea absolutoria en favor del investigado conforme al principio de indubio pro
disciplinado aunado con lo expuesto у probado en este recurso de apelación no queda la menor duda
que la sentencia de segunda instancia debe ser la de declarar inocente de toda culpa al investigado.
(…)
Frente a esta consideración haré un breve análisis frente a las normas referenciadas en la sentencia.
La ley 1123 de 2007 C. D. del abogado reza en su artículo 84. Necesidad. Toda decisión interlocutoria
y el fallo disciplinario deben fundarse en prueba legal y oportunamente allegada al proceso.
Desafortunadamente el a quo no fallo ni fundamento el fallo en pruebas legales, dar por cierto que la
firma no es del quejoso con testigos no es legal.
Por lo tanto, lo normado en la ley 1123 de 2007 en su Artículo 96. Apreciación integral. Las pruebas
deberán apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y valorarse
razonadamente, las pruebas no fueron apreciadas de manera integral ni de manera conjunta ni se
valoraron de manera razonada ni mucho menos con una sana critica.
Como se expresa en el fallo que la ley 1123 de 2007 en su artículo 97. Prueba para sancionar. Para
proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta
y de la responsabilidad del disciplinable, dentro del expediente no existe prueba que conduzca a la
certeza sobre la existencia de la falta ni de la responsabilidad del disciplinable, por lo que la decisión
del a quo carece de prueba para condenar lo que si aparece claramente y existen pruebas que conducen
a la certeza sobre la inocencia del investigado.
(…)
En el año 2017 posterior a la demanda que nos ocupa (2013) pretendía el quejoso junto con su familia
cobrar nuevamente indemnización por los mismos hechos, como está aquí plasmado en la sentencia.
(…)
Si el a quo hubiera tenido la disponibilidad de tiempo y hubiera ordenado por lo menos probar que la
firma de los dos documentos: a. De esta copia de la constancia original y b. Con la firma que reposa en
la copia original autentica de la constancia de pago, le hubiera quedado claro para una sentencia
ajustada en derecho y por ende declarando inocente la investigado.
(…)
Se observa la transcripción de una supuesta conversación de una supuesta llamada que hizo llegar el
quejoso a través de una supuesta grabación llamada telefónica llevada a cabo entre los disciplinables y
el quejoso, prueba que no cumple con lo normado en la ley, es una prueba ilegal, en esta prueba que
es la grabación no se determinó de quien o de quienes son la voces de tal grabación, razón por el cual
el a quo no puede tenerla como prueba y mucho menos darle el valor que le ha dado para emitir la
sentencia de primera instancia.
(…)
En esta prueba documental conforme al pantallazo adjunto anteriormente se observa a simple vista que
los sellos y la firma que plasma el notario es sobre la misma copia original de la constancia de pago,
lleva plasmada la firma del quejoso, documento que no ha sido modificado ni alterado ni hubo cambio
la firma, documento que me dio por autenticar (constancia de pago original) debido a que, había sido
notificado de tres denuncias penales, la constancia de pago es prueba fehaciente de la entrega de los
dineros.
(…)
En los anteriores mensajes se prueba que los interlocutores son el quejoso y el investigado y se observa
claramente los números desde donde se comunica el quejoso no hay duda de la veracidad en esos
mensajes, quedando probado que el quejoso recibió el dinero y que el investigado deber absuelto.
(…)
En los mensajes de voz por WhatsApp de los mismos números de celulares, se prueba que los
interlocutores son el quejoso y el investigado y se observa claramente los números desde donde se
comunica el quejoso y no hay duda de la verdad, en esos mensajes quedando probado que el quejoso
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recibió el dinero, insisto aquí se queda claro que los interlocutores en los audios son del quejoso y del
investigado, EMP que prueban la inocencia del investigado.
(…)
Se quiso probar por el a quo con presunciones que el investigado con el retiro de los $80.000.000
(realizado en tres retiros) transacciones llevadas a cabo el mes de junio de 2018 que por presunción el
investigado no tenía la capacidad económica para completar la suma de los $90.000.000 y pagarle o
entregarle al quejoso en julio de 2018 los $90.000.000, debía de a haber realizado un solo giro de
$90.000.000, lo que no es asi por una razón principal por el límite del token y/o retiros diarios de una
misma cuenta y de las exigencias del banco para retirar sumas grandes de dinero, entonces contrario
a lo expresado por el a quo los retiros son prueba fehaciente que la entrega de los dineros por el
investigado al quejoso como se prueba con la consta de pago que se realizó en el mes de julio de 2018,
que los movimientos bancarios se realizaron en la ciudad de Bogotá lugar donde también fue entregado
el dinero al quejoso de parte del investigado
(…)
Prueba contundente de que si existió el original y contrario a lo sostenido por el A QUO es prueba
importante de mi inocencia. El A QUO sin ninguna prueba legalmente obtenido sostiene que la copia
autentica al momento de que el notario la tuvo a la vista no tenía la firma del quejoso, es decir, se dio o
autenticó sin la firma al parecer del quejoso, lo que es totalmente falso.
Como se observa a simple vista que los sellos y la firma que plasma el notario es sobre la misma copia
original de la constancia de pago, lleva plasmada la firma del quejoso, pretende hacer creer el A QUO
que yo modifiqué, alteré el documento o cambie la firma y no es asi, porque insisto gracias a Dios
cuando me desplazaba para Bogotá me dio por autenticar la constancia original tal como queda
probado.
(…)
Insisto quiere el A QUO que se tenga por cierto o por probado mediante testigos que no es la firma del
quejoso la plasmada en la constancia de pago lo que legalmente la ley no permite.
Manifestación sostenida con fundamentos no legales y pruebas acomodadas o ilícitas, lo que si es cierto
y está probado es que desde el mes de junio de 2018 a la fecha del mes de julio de 2018 cuando el
quejoso recibe los dineros no pasaron dos meses para la entrega de la parte de dinero que le
correspondía al quejoso como consta en la constancia de pago.
Claro que solo aporté la constancia de pago en copia simple, toda vez que no tenia conocimiento ni era
vidente para establecer que el original se perdería en la fiscalía de haberlo sabido pues guardo el original
para aportarlo al presente proceso, lo que si fue que gracias a Dios cuando me trasladaba para la ciudad
de Bogotá a verificar y averiguar por las citaciones de los procesos penales iniciados por las denuncias
del quejoso me dio por hacer o realizar la autenticación de la constancia original de pago y como
claramente lo expresa el notario en el oficio (documento) que reposa en el expediente donde es claro
es manifestar que la firma y el documento es el original por tal razón plasma los sellos y su firma, dando
fe que tuvo a la vista la constancia de pago firmada por el quejoso el original.
(…)
Se encuentra probado que desde el mes de julio de 2018 el quejoso conforme a la manifestación que
realizó el investigado en audiencia de pruebas donde fue claro en expresar que ya él había entregado
la suma de $90.000.000 al quejoso en el mes de julio de 2018 y lo respalda con la constancia de pago,
por lo que no hay duda que el quejoso recibió la suma de dinero antes mencionada.
Aquí ni en ninguna parte de Colombia la tacha de un documento se prueba con testigos y menos se
puede probar que la firma plasmada en un documento por una persona se desvirtúa que es o no de esa
persona, con la sola manifestación de una persona o varias que expresan que la firma es o no es la
firma de esa persona, eso no basta ni es legal para expresa entonces que esa es o no la firma de
determinada persona.
Como se puede leer en varios de mis escritos que se entienden que son bajo la gravedad de juramento,
he manifestado y he probado que el documento fue firmado por el quejoso razón por la cual se debe
pregonar por parte del A QUO que la firma que reposa en la constancia de pago y de la copia original
autentica es la firma del quejoso que además si es la verdad.
(…)
Está plenamente probado que en el mes de julio de 2018 el quejoso recibió el pago por la sentencia
administrativa, donde en el interrogatorio que se me hace fui claro en expresar que le entregue la suma
de dinero por $90.000.000 y que el quejoso me entrego la constancia de pago debidamente firmada y
que hice llegar como prueba para que haga parte del cartulario y para confirmar la duda allegue copia
original autentica de la misma constancia de pago.
Por último, haciendo una presunción conforme a la sentencia de primera instancia el balance entre las
pruebas aportadas arroja que hay más dudas de que el investigado hay violado el código disciplinario
del abogado y mucha más que certeza que el investigado si entrego los dineros al quejoso, lo que arroja
legalmente la declaración de inocente del investigado.
(…)
Pido honorables magistrado estudiar y analizar la figura jurídica de la prescripción de la acción
disciplinaria que para este caso considero se reúnen los requisitos legales para ordenar la prescripción
de la acción disciplinaria.
(…)
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07013-00
Demandante: Benjamín Cárdenas Cruz
Para finalizar considero que no hay duda de mi inocencia, ha quedado probado que soy inocente y que
soy inocente no porque existan dudas, dentro del expediente se he probado con los documentos y las
pruebas permitidas por la ley (EF y EMP) quedó probado que, no son ciertas las afirmaciones hechas
por el quejoso ni su familia. El documento “constancia de pago” documento que prueba que me
encuentro a paz y salvo y también con la copia original autentica de la constancia de pago, consolidad
la prueba de mi inocencia. Se probó que el quejoso y los demás poderdantes eran conocedores del
trámite de la demanda que originó esta queja y que lo llevé en debida forma, que tuvieron siempre el
acceso a dicho expediente, también los audios de los mensajes de voz compartidos por WhatsApp entre
el suscrito y el quejoso, dejan claro y probada que no soy responsable de las conductas disciplinarias
endilgadas.
(sic) para toda la cita.
Por su parte, en la acción de tutela la parte actora argumenta lo siguiente:
A. Defecto fáctico por valoración incompleta y contraevidente del acervo probatorio
La Sentencia A-15280 concluyó que la constancia de pago por $90.000.000 «no resultaba suficiente
para tener por acreditada la entrega de los recursos», señalando como razón principal que dicho
documento «carece de respaldo en otros elementos objetivos de convicción», tales como transferencias
bancarias, recibos de pago o constancias parciales de entrega. Esta conclusión desconoce, sin
embargo, que en el propio expediente sí obran esos elementos objetivos de respaldo: (i) los retiros en
efectivo efectuados por el suscrito entre el 20 y el 28 de junio de 2018, coincidentes en tiempo, lugar y
cuantía aproximada con la suma entregada, como lo reconocieron expresamente dos de los
Magistrados de la Sala en sus salvamentos parciales de voto; y (ii) las conversaciones de WhatsApp y
los registros de audio en los que el propio quejoso reconoce haber recibido el dinero y haber informado
de ello a su esposa e hijos. La sentencia mayoritaria no explica por qué esos elementos – que sí están
en el expediente y fueron valorados como suficientes por otros integrantes del mismo cuerpo
colegiado— resultan insuficientes, incurriendo así en una omisión valorativa que vicia de manera
sustancial la conclusión fáctica central del tallo.
A ello se suma que la propia Sala calificó el documento aportado por el disciplinado como una
«constancia de pago» con «sello notarial de reconocimiento de firma», sin explicar cómo se concilia esa
autenticación notarial —realizada ante fedatario público, quien da fe de que la firma corresponde a quien
la suscribe— con la premisa de que el quejoso «desconoció» esa misma firma dentro del proceso
disciplinario. Esta contradicción interna, no resuelta por la sentencia, constituye igualmente una
valoración contraevidente de la prueba documental.
Por último, la propia Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al analizar el extracto bancario del
suscrito, identificó movimientos por un total considerablemente distinto tanto al que había identificado la
primera instancia como al reconocido en los salvamentos de voto, sin ofrecer una explicación unificada
y coherente sobre cuál es, en definitiva, el monto que debía confrontarse con la suma entregada. Esa
falta de coherencia interna en el propio ejercicio probatorio de la Sala, sumada a la existencia de al
menos dos —presumiblemente tres — salvamentos de voto sobre el punto central de la decisión,
evidencia que la «certeza» sobre la no entrega de los $90.000.000 —presupuesto indispensable de toda
sanción disciplinaria— no fue realmente alcanzada por la Sala en su integridad.
B. Vulneración del principio in dubio pro disciplinado y de la presunción de inocencia
El artículo 8° de la Ley 1123 de 2007 impone resolver a favor del disciplinado toda duda que no pueda
superarse con certeza racional. En el presente caso, esa duda no es una apreciación externa del
suscrito, sino que fue documentada formalmente, dentro del propio proceso, por dos —y
presumiblemente tres— de los siete Magistrados que integran la Sala que profirió la decisión. Cuando
el disenso interno de un cuerpo colegiado sobre el punto fáctico central de una sanción alcanza esa
proporción, ello constituye evidencia directa de que el estándar de certeza exigido por el derecho
disciplinario sancionatorio no fue satisfecho de manera unánime y razonada, lo que debía traducirse,
cuando menos, en la aplicación del principio de duda razonable a favor del disciplinado respecto de la
totalidad de la suma discutida, y no solamente respecto de una fracción de ella.
C. Afectación complementaria al derecho a ser investigado y sancionado dentro de un plazo razonable
De manera subsidiaria a los cargos anteriores, se pone de presente que el proceso disciplinario se
extendió desde la queja inicial (2019) hasta la sentencia de segunda instancia (2026), esto es, cerca de
siete años, plazo que, sin perjuicio de reconocer el sustento legal que el artículo 24 de la Ley 1123 de
2007 otorga al cómputo de la prescripción en las faltas de carácter permanente, de todas formas plantea
un interrogante constitucional autónomo sobre la garantía de un proceso sin dilaciones injustificadas,
como componente del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual
se somete a consideración de este Despacho como argumento complementario a los defectos fácticos
ya expuestos.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en la providencia del 29 de abril de 2026, en la que consideró:
Uno de los principales argumentos de inconformidad planteados por el disciplinado y su defensor de
oficio se relaciona con el valor probatorio que debía otorgarse al documento denominado “constancia
de pago”, mediante el cual se afirma que el señor Yesid Olaya Córdoba habría recibido del abogado
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Demandante: Benjamín Cárdenas Cruz
Benjamín Cárdenas Cruz la suma de noventa millones de pesos ($90.000.000) por concepto del pago
de la sentencia administrativa obtenida dentro del proceso adelantado a su favor.
Según la tesis defensiva, dicho documento demostraría que el dinero fue efectivamente entregado al
poderdante, razón por la cual no se configuraría la falta disciplinaria atribuida.
No obstante, al examinar dicho elemento de convicción conforme a las reglas de la sana crítica y en
conjunto con el restante material probatorio obrante en la actuación, la Sala advierte que el mismo no
resulta suficiente para tener por acreditada la entrega de los recursos.
En primer lugar, se observa que el documento presenta deficiencias formales relevantes, pues en él no
se consigna una fecha cierta de suscripción, limitándose a indicar que el dinero fue recibido “en el mes
de julio de 2018”, circunstancia que dificulta su confrontación con los movimientos bancarios registrados
en la cuenta del disciplinado y con los demás elementos de prueba recaudados dentro de la actuación.
Adicionalmente, dentro del expediente se advierte la existencia de dos versiones del mismo documento,
una de ellas sin ninguna clase de autenticación y otra que posteriormente aparece con un sello notarial
de reconocimiento de firma, situación que introduce dudas razonables sobre la trazabilidad del
documento y sobre el momento en que dicha autenticación habría sido realizada.
(…)
Debe resaltarse, además, que el sello notarial únicamente acredita que la firma corresponde a la
persona que la suscribe, pero no certifica la veracidad del contenido del documento ni la ocurrencia del
pago allí mencionado, por lo que su valor probatorio debe ser apreciado en conjunto con los demás
elementos de convicción.
A lo anterior se suma que el propio disciplinado manifestó en su versión libre que el documento original
reposaba en la Fiscalía 16 de Bogotá, afirmación que posteriormente fue desvirtuada mediante
comunicación proveniente de dicha dependencia, en la cual se informó que no se encontró registro
alguno del radicado aportado ni actuación relacionada con los nombres suministrados en esa fiscalía.
Esta circunstancia debilita aún más la credibilidad de la explicación ofrecida por el disciplinado respecto
de la localización del supuesto documento original.
De igual manera, el documento invocado por la defensa carece de respaldo en otros elementos objetivos
de convicción. En efecto, no obra en el expediente ningún soporte adicional que permita corroborar la
entrega del dinero, tales como comprobantes de pago, constancias parciales de entrega, registros
contables, transferencias bancarias o cualquier otro documento que evidencie que los recursos fueron
efectivamente puestos a disposición del poderdante. Por el contrario, se trata de un documento aislado
cuya trazabilidad y circunstancias de elaboración resultan inciertas dentro del expediente, lo que impide
otorgarle la fuerza demostrativa que pretende la defensa.
Así, aun bajo la hipótesis de admitir la existencia del documento, este no solo carece de respaldo
probatorio adicional dentro del proceso, sino que tampoco acredita la entrega total de los recursos que
el disciplinado estaba obligado a transferir a sus mandantes, pues no existe prueba alguna que
demuestre el pago del saldo restante. En consecuencia, el referido documento no resulta suficiente para
desvirtuar la conclusión alcanzada por el a quo en torno a la no entrega de los dineros recibidos en
virtud de la gestión profesional.
Ahora bien, el análisis del extracto bancario correspondiente a la cuenta del disciplinado permite
establecer que el 18 de junio de 2018 fueron consignadas en su cuenta varias transferencias
provenientes del Tesoro Nacional que en conjunto ascendieron aproximadamente a $182.235.657,
suma que coincide con el valor pagado en cumplimiento de la sentencia administrativa.
Sin embargo, al revisar los movimientos posteriores de dicha cuenta, se advierte que los retiros
efectuados por el disciplinado no reflejan una salida de dinero por la suma de noventa millones de pesos
($90.000.000), como sería esperable si el pago se hubiese realizado en una sola entrega en efectivo.
Por el contrario, los registros muestran diversos retiros efectuados en distintos momentos y por valores
diferentes, entre los que se destacan operaciones por diez millones de pesos ($10.000.000), cuatro
millones cien mil pesos ($4.100.000), trece millones de pesos ($13.000.000), veinte millones de pesos
($20.000.000), treinta y nueve millones de pesos ($39.000.000) y treinta y seis millones de pesos
($36.000.000), efectuados en fechas distintas.
(…)
Así las cosas, no existe correspondencia directa entre los movimientos bancarios y la supuesta entrega
en efectivo de noventa millones de pesos consignada en el documento allegado por la defensa.
Incluso si se acogiera la hipótesis planteada por el disciplinado según la cual el dinero habría sido
entregado en distintos momentos dentro de los dos meses siguientes al retiro de los recursos, lo cierto
es que tampoco se encuentra evidencia que permita establecer que tales sumas hubiesen sido
efectivamente entregadas al poderdante, pues no existen soportes de entrega parciales, comprobantes
de pago, ni otros elementos de convicción que respalden dicha afirmación.
Por el contrario, los testimonios rendidos dentro de la actuación indican que el quejoso y los demás
beneficiarios no recibieron dinero alguno por parte del abogado, e incluso relataron que durante ese
tiempo el profesional del derecho les informaba que el proceso aún no había culminado favorablemente.
En ese contexto, el documento denominado “constancia de pago”, no, tiene la entidad suficiente para
desvirtuar el conjunto de elementos probatorios que apuntan a la no entrega de los dineros, máxime
cuando su autenticidad fue cuestionada por el propio quejoso y su soporte documental no encuentra
respaldo en los movimientos financieros acreditados dentro del expediente.
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En consecuencia, apreciado el material probatorio de manera integral y conforme a las reglas de la sana
crítica, la Sala concluye que no se encuentra acreditado que el disciplinado hubiese entregado al
poderdante la suma correspondiente a la indemnización obtenida en el proceso administrativo,
circunstancia que permite mantener incólume la conclusión alcanzada por la autoridad de primera
instancia en cuanto a la configuración de la conducta disciplinaria investigada.
Finalmente, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el cuestionamiento formulado tanto por el
disciplinado como por su defensor de oficio en torno a la supuesta ausencia de dolo en la conducta
atribuida, así como sobre el argumento según el cual la decisión de primera instancia habría sido
adoptada sin certeza probatoria acerca de la no entrega de los dineros.
Sobre el particular, debe recordarse que la conducta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley
1123 de 2007 se encuentra catalogada dentro de las faltas contra la honradez del abogado y se
configura cuando el profesional del derecho, habiendo recibido dineros o bienes en virtud de la gestión
profesional encomendada, no los entrega a quien corresponda a la mayor brevedad posible.
En el presente asunto se encuentra acreditado que el disciplinado recibió en su cuenta bancaria los
recursos provenientes del pago de la sentencia administrativa obtenida en favor del señor Yesid Olaya
Córdoba y los demás beneficiarios, circunstancia que le exigía el deber jurídico de poner dichos recursos
a disposición de su poderdante y efectuar su entrega a la menor brevedad posible.
Ahora bien, contrario a lo sostenido por los apelantes, la responsabilidad disciplinaria del investigado sí
se encuentra acreditada con la certeza requerida, la cual se construye a partir de la valoración integral
del material probatorio obrante en el expediente, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica.
En efecto, como quedó expuesto en el análisis probatorio precedente, no se demostró la entrega de
tales recursos al poderdante, pues el documento denominado constancia de pago aportado por la
defensa carece de la entidad probatoria suficiente para acreditar dicha circunstancia y no encuentra
respaldo en los movimientos financieros registrados en la cuenta del disciplinado ni en los demás
elementos de convicción obrantes en el expediente.
Por el contrario, el conjunto de pruebas analizadas —entre ellas los extractos bancarios que acreditan
el ingreso de los dineros a la cuenta del disciplinado, la ausencia de correspondencia entre los retiros
efectuados y la supuesta entrega en efectivo de noventa millones de pesos, así como los testimonios
rendidos dentro de la actuación— permiten concluir que no existe evidencia que demuestre que el
disciplinado haya puesto dichos recursos en manos de su poderdante.
En ese contexto, la alegación defensiva relativa a la ausencia de dolo carece de fundamento, pues el
disciplinado tenía pleno conocimiento del deber que le asistía de entregar a su cliente los recursos
recibidos en virtud de la gestión profesional y, pese a ello, omitió cumplir con dicha obligación.
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que explicó que, se encontraba acreditado que el hoy
tutelante recibió los recursos provenientes del pago de la condena impuesta en la
jurisdicción contenciosa administrativa en favor de sus poderdantes, pero que, sin
embargo, no demostró la entrega de esos recursos, porque el documento denominado
como <> carecía de la suficiencia probatoria para acreditar tal
circunstancia y no encontraba respaldo en la información financiera de su cuenta
bancaria ni en los demás medios de convicción aportados al expediente.
Que no existía relación correspondiente entre los movimientos bancarios efectuados por
el disciplinado y la supuesta entrega de la suma de $90.000.000 a sus poderdantes. Que
el señor Cárdenas Cruz tenía pleno conocimiento del deber que le asistía de entregar los
recursos recibidos, pero omitió cumplir esa obligación. Que no existía duda del
incumplimiento de los deberes profesionales por parte del señor Benjamín.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso disciplinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si la
parte actora acreditó la entrega de los recursos recibidos por el pago de la condena
impuesta en el proceso de reparación directa en el que fungió como apoderado del
quejoso y su familia.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
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En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección8, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
Finalmente, la Sala debe precisar que la sentencia cuestionada da cuenta que la decisión
fue adoptada por la mayoría de los miembros que conformaban la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, como lo exige el artículo 54 de la Ley 270 de 19969.
Si bien es cierto que dos de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial salvaron su voto, también lo es que la decisión fue finalmente adoptada por la
mayoría de los miembros de esa corporación, como lo exige la Ley.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador10
8 Ver, entre otras, las sentencias T-344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
9 Artículo 54. Quórum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus
salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de
la Corporación, sala o sección.
Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la Corporación en pleno
y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la
Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal
del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.
El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán
reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia.
Al respecto, también es pertinente considerar el artículo 288 del Código General del Proceso y 128 del CPACA.
10 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente, a través de su
grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un sistema de apoyo de inteligencia
artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica,
gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el
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que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente
errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico
(uso impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la
Real Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones
expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones alternativas, reescribiera
párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de
la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página,
párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta
fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia
o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se
hayan incorporado al texto reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el
sistema se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el funcionario judicial.
Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales, información sensible ni elementos de
carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de
debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las
finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de
diciembre de 2024, “por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de
la inteligencia artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260701300/B3DE46511DFD96336088C0E4A8A83BF2F50289A2ED3C82C4B557D85092AF3C71/2

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