<
Cr Consultores

Vulneración por costas objetivas – Fecha Publicación: 10/11/2026

Vulneración por costas objetivas

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260509301

Interno: 11121

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 10/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Vulneró la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado los derechos fundamentales de la señora [M.M.R.B.] al imponerle condena en costas bajo un criterio puramente objetivo, sin valorar su efectiva causación, la conducta procesal de las partes ni los principios de igualdad y favorabilidad aplicables en materia laboral?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 79, LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 47

— Resumen —

Resumen

El documento presenta un salvamento parcial de voto en el marco de una acción de tutela contra una providencia judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado. La controversia gira en torno a la legalidad de la condena en costas procesales impuesta a la parte actora (una docente oficial) en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. El argumento central del disenso sostiene que la autoridad judicial aplicó un criterio puramente objetivo para imponer las costas por el solo hecho de resultar vencida, omitiendo el análisis de la conducta procesal y la comprobación efectiva de los gastos. Se plantea que en litigios que involucran a servidores públicos o pensionados, el juez debe aplicar un criterio objetivo-valorativo basado en principios constitucionales para no vulnerar el acceso a la administración de justicia.

Preguntas Centrales

¿Cuál es el criterio aplicable para la condena en costas en procesos contencioso-administrativos de naturaleza laboral?

El documento señala que, tras la modificación del artículo 188 del CPACA por la Ley 2080 de 2021, la condena en costas no debe ser automática. El juez tiene la facultad y el deber de valorar si existió mala fe, temeridad o una manifiesta carencia de fundamento legal. En asuntos laborales, el criterio debe ser objetivo-valorativo, lo que implica verificar la conducta de las partes y la causación real de los gastos en el expediente.

¿Cómo deben interpretarse las normas de procedimiento a la luz de los principios de favorabilidad e igualdad?

El problema jurídico se resuelve indicando que, ante la existencia de diversas interpretaciones sobre la imposición de costas, el juez debe optar por la más favorable a la parte actora (principio pro homine), especialmente cuando se trata de sujetos en condiciones de debilidad manifiesta. No realizar esta valoración supone un sacrificio grave del derecho al acceso a la administración de justicia.

Fundamentación Clave

Normativa de Procedimiento y Causación de Costas

  • Artículo 188 del CPACA (Ley 1437 de 2011), modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021: Dispone que la sentencia decidirá sobre las costas cuando se advierta una falta manifiesta de fundamento legal en la demanda.
  • Artículo 365 del Código General del Proceso (CGP): Establece las reglas de liquidación, destacando en su numeral 8 que solo proceden las costas si en el expediente aparece su comprobación y causación real.
  • Artículo 79 del CGP: Define los casos de presunción de temeridad o mala fe, vinculándolos a la actuación a sabiendas de la falta de sustento legal.

Principios Constitucionales y Jurisprudencia

  • Artículos 13 y 53 de la Constitución Política: Fundamentan los principios de igualdad y favorabilidad laboral, exigiendo al Estado proteger a quienes están en desventaja socioeconómica.
  • Principio de Favorabilidad y Criterio Pro Persona: La jurisprudencia constitucional exige que las normas procesales se interpreten de la manera que mejor garantice el goce efectivo de los derechos fundamentales.
  • Precedente de la Sección Segunda: Se resalta que ambas subsecciones de dicha sala han coincidido recientemente en que las costas solo proceden si hay mala fe o carencia de fundamento legal, apartándose del criterio automático.

Conclusión

La tesis principal del salvamento sostiene que la condena en costas en materia laboral-administrativa no opera de forma automática por el simple hecho de perder el proceso. El juez debe realizar una valoración integral de la conducta de la parte vencida y la prueba de los gastos, integrando el principio de favorabilidad constitucional para evitar que las cargas económicas se conviertan en barreras desproporcionadas para los ciudadanos que buscan la protección de sus derechos laborales ante la jurisdicción.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-05093-01
Demandante MAR˝A MAGDALENA RODR˝GUEZ DE BERNAL
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCI(cid:211)N SEGUNDA, SUBSECCI(cid:211)N A
Con el debido respeto por la decisi(cid:243)n mayoritaria, me permito salvar parcialmente el
voto en la sentencia del proceso en referencia, concretamente en el anÆlisis efectuado
respecto de la condena en costas impuesta a la tutelante en el respectivo medio de
control, pues considero que (i) el asunto superaba el anÆlisis de los requisitos generales
de procedibilidad de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales, concretamente
el de la relevancia constitucional; y (ii) se debi(cid:243) conceder el amparo de los derechos
al debido proceso y de acceso a la administraci(cid:243)n de justicia de la seæora Mar(cid:237)a
Magdalena Rodr(cid:237)guez de Bernal.
1. Las costas procesales corresponden a las erogaciones econ(cid:243)micas que debe
efectuar la parte que resulte vencida en un proceso judicial y que se corresponden
con las expensas asumidas por la contraparte (pagos por honorarios de peritos,
traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos, etcØtera) y las agencias en
derecho (honorarios de abogados).
El art(cid:237)culo 188 del CPACA, adicionado por el art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de 2021,
relativo a la condena en costas, dispone:
«Art(cid:237)culo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interØs
pœblico, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas, cuya liquidaci(cid:243)n y ejecuci(cid:243)n se
regirÆn por las normas del C(cid:243)digo de Procedimiento Civil».
En todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se present(cid:243) la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Esta norma establece entonces que la condena en costas debe ser un asunto
sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del
C(cid:243)digo de Procedimiento Civil, hoy C(cid:243)digo General del Proceso.
Por su parte, el art(cid:237)culo 365 del CGP fija las reglas a las que se sujetarÆ la condena
en costas, en los siguientes tØrminos:
«Art(cid:237)culo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetarÆ a las siguientes reglas:
1. Se condenarÆ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelaci(cid:243)n, casaci(cid:243)n, queja, sœplica, anulaci(cid:243)n o
revisi(cid:243)n que haya propuesto. AdemÆs, en los casos especiales previstos en este
c(cid:243)digo.
AdemÆs se condenarÆ en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulaci(cid:243)n de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relaci(cid:243)n con la temeridad o mala fe.
2. La condena se harÆ en sentencia o auto que resuelva la actuaci(cid:243)n que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenarÆ al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida serÆ condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrÆ abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisi(cid:243)n.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05093-01
Demandante: Mar(cid:237)a Magdalena Rodr(cid:237)guez de Bernal
6. Cuando fueren dos (2) o mÆs litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenarÆ
en proporci(cid:243)n a su interØs en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderÆn
distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos
se les reconocerÆn los gastos que hubiere sufragado y se harÆn por separado las
liquidaciones.
8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobaci(cid:243)n.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrÆn por no escritas. Sin
embargo podrÆn renunciarse despuØs de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacci(cid:243)n.»
2. No desconozco que en la Corporaci(cid:243)n se han desarrollado varias posturas
derivadas de la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188 de la Ley 1437 de 2011, entre las
cuales se encuentran: (i) la que defiende la tesis segœn la cual, la imposici(cid:243)n de
costas en los procesos contencioso administrativos se rige por el criterio objetivo,
esto es, que al juez le corresponde imponer las costas a la parte vencida; y (ii) la
interpretaci(cid:243)n que defiende el criterio objetivo valorativo, segœn el cual
corresponde al juez disponer de la condena en costas, esto es, determinar si las
impone o no en el respectivo proceso, y ademÆs lo habilita para analizar aspectos
como la conducta de las partes en el proceso y/o la real causaci(cid:243)n y acreditaci(cid:243)n
de las costas en el expediente.
Actualmente, las dos Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de esta Corporaci(cid:243)n
coinciden en indicar que habrÆ lugar a imponer costas si se presenta mala fe de
las partes o manifiesta carencia de fundamento legal.
As(cid:237) las cosas, independientemente de las interpretaciones adoptadas por las otras
Secciones del Consejo de Estado y de las tesis defendidas en el pasado por las
Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda1, lo cierto es que para la imposici(cid:243)n de
costas, en aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el art(cid:237)culo 365 del CGP,
exige valorar las circunstancias del caso y verificar, en particular, la causaci(cid:243)n y
comprobaci(cid:243)n de las costas. Cuando resulte pertinente, tambiØn deberÆ
examinarse la conducta procesal de las partes, incluida la eventual existencia de
mala fe, temeridad o manifiesta carencia de fundamento jur(cid:237)dico.
Elementos que en virtud del art(cid:237)culo 79 del C(cid:243)digo General del Proceso se
encuentran estrechamente vinculados entre s(cid:237), pues tal norma preceptœa que «Se
presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci(cid:243)n, recurso, oposici(cid:243)n o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (…)».
1 La Subsecci(cid:243)n B de la Secci(cid:243)n Segunda por aæos ha defendido el criterio, segœn el cual en materia laboral las costas
no operan automÆticamente, pues el juez tiene la facultad (i) de disponer sobre su procedencia, a diferencia de otras
jurisdicciones y especialidades en las cuales estas s(cid:237) operan de forma objetiva en contra de la parte vencida; y (ii) de
valorar no solo que estas realmente se hayan causado, sino tambiØn elementos como la buena fe, temeridad y la
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci(cid:243)n o recurso.
En contraposici(cid:243)n a la postura de valorar elementos como la buena fe o temeridad de las partes defendida por la
Subsecci(cid:243)n B, en sentencia de 7 de abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014), CP. William
HernÆndez G(cid:243)mez, la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda modific(cid:243) la tesis que hasta ese momento aplicaba. A partir
de esta sentencia, la Subsecci(cid:243)n A dispuso que, si bien en materia laboral las costas no operaban de forma automÆtica
pues el juez tiene la facultad de disponer sobre estas, para la imposici(cid:243)n de costas solamente deb(cid:237)a tenerse en cuenta la
causaci(cid:243)n y comprobaci(cid:243)n en el expediente de estas, sin considerar la conducta de las partes ni la existencia de mala fe
o temeridad.
Es decir, aunque la postura de la Subsecci(cid:243)n A tambiØn part(cid:237)a de que las costas no proced(cid:237)an por el solo hecho de
resultar vencido en el proceso, para esa Subsecci(cid:243)n la facultad valorativa del juez tan solo abarcaba la comprobaci(cid:243)n en
el expediente de que las costas efectivamente se causaron, sin incluir los otros elementos que s(cid:237) ten(cid:237)a en cuenta la
Subsecci(cid:243)n B.
Sin embargo, recientemente la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda del Consejo de Estado cambi(cid:243) el criterio que en
el pasado aplicaba en materia de costas, en virtud de la modificaci(cid:243)n introducida por el art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de
2021, segœn el que «la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que se present(cid:243) la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
Actualmente, las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de esta Corporaci(cid:243)n coinciden en que habrÆ lugar a imponer
costas solo si se presenta mala fe de las partes o manifiesta carencia de fundamento legal.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05093-01
Demandante: Mar(cid:237)a Magdalena Rodr(cid:237)guez de Bernal
Sea que se asuma la acepci(cid:243)n de mala fe o se acuda al concepto de manifiesta
carencia de fundamento legal, las dos Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda del
Consejo de Estado apuntan a la valoraci(cid:243)n de la conducta de las partes y su
actuar o no bajo el principio de buena fe como criterios determinantes para la
imposici(cid:243)n de costas en los asuntos de que conoce esa Secci(cid:243)n especializada
(laborales y de la seguridad social de los servidores pœblicos).
3. En el caso bajo estudio, para disponer si proced(cid:237)a una condena en costas a la
tutelante, la autoridad judicial accionada debi(cid:243) acudir a una interpretaci(cid:243)n
arm(cid:243)nica de las reglas y pautas previstas en el art(cid:237)culo 365 CGP, las cuales no
son excluyentes.
Se destaca que por aæos, las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de la
Corporaci(cid:243)n se han apartado del criterio puramente objetivo de condena en costas
en materia laboral. Ambas part(cid:237)an del criterio objetivo valorativo bajo el cual el
juez tiene la facultad de disponer sobre la procedencia o no de las costas, pues
estas no operan de forma automÆtica para la parte vencida.
Es claro entonces que la postura asumida en este caso se distancia del
precedente pacifico que ven(cid:237)a aplicando la Secci(cid:243)n Segunda, pues emple(cid:243) el
criterio puramente objetivo. AdemÆs, la autoridad judicial accionada no consider(cid:243)
ninguno de los elementos dispuestos por las dos subsecciones vigentes para el
momento en que se profiri(cid:243) la sentencia de segunda instancia controvertida de la
acci(cid:243)n de tutela, tales como la mala fe, la temeridad o la carencia de
fundamentaci(cid:243)n jur(cid:237)dica.
4. En raz(cid:243)n de esa pluralidad de interpretaciones de la norma, existen algunos
asuntos en los cuales, para la condena en costas, es posible acudir a criterios de
interpretaci(cid:243)n a la luz de los principios constitucionales. Entre estos se encuentran
los casos que comprometan asuntos laborales. Evento en el cual son œtiles los
principios de igualdad y el de favorabilidad previstos en los art(cid:237)culos 13 y 53
de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica, que (i) imponen el deber al Estado de proteger
especialmente a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta y (ii) el de aplicar e interpretar de la manera mÆs favorable
las fuentes del derecho, en caso de duda.
Conforme con lo anterior, para imponer costas en asuntos laborales en los que la
parte vencida sea un servidor o ex servidor pœblico o pensionado, la interpretaci(cid:243)n
del art(cid:237)culo 188 de la Ley 1437 de 2011 que mejor se acompasa con el derecho
fundamental al debido proceso y con los principios de igualdad y favorabilidad es
aquella que permite al juez valorar la calidad y la conducta de las partes, la
naturaleza del litigio, la efectiva causaci(cid:243)n y comprobaci(cid:243)n de las costas en el
expediente, y la mala fe, la temeridad o la carencia de fundamentaci(cid:243)n jur(cid:237)dica,
acogidos con la modificaci(cid:243)n que introdujo la Ley 2080 de 2021 al art(cid:237)culo 188
CPACA.
Es claro que resulta mÆs favorable asumir la pØrdida del proceso sin la obligaci(cid:243)n
de pago alguno por concepto de costas, que hacerlo con la carga de asumir las
costas sin ningœn anÆlisis distinto del Øxito o fracaso de las pretensiones. As(cid:237) las
cosas, la interpretaci(cid:243)n en materia de costas, cuando el caso involucra un servidor
o ex servidor pœblico o pensionado, debe incluir el principio de favorabilidad
consagrado en el art(cid:237)culo 53 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de favorabilidad tiene
una estrecha relaci(cid:243)n con la interpretaci(cid:243)n pro homine o pro persona, segœn la
cual «las normas han de ser interpretadas en favor de la protecci(cid:243)n y goce efectivo de los
derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en
instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garant(cid:237)as y prerrogativas
esenciales para la materializaci(cid:243)n de la mejor calidad de vida de las personas»2.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05093-01
Demandante: Mar(cid:237)a Magdalena Rodr(cid:237)guez de Bernal
Dicho criterio de interpretaci(cid:243)n configura un parÆmetro de constitucionalidad, pues
impide «que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos
fundamentales»3.
5. Es importante precisar que pueden existir determinadas circunstancias o
condiciones del caso concreto que permitan armonizar la interpretaci(cid:243)n de la
norma que regula la condena en costas con los principios constitucionales, ya que
imponer una condena en costas a un docente oficial, puede significar un sacrificio
grave del derecho al acceso a la administraci(cid:243)n de justicia, entendido Øste como
«la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad,
ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad
de incidir de una y otra manera, en la determinaci(cid:243)n de los derechos que el ordenamiento
jur(cid:237)dico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jur(cid:237)dico y por la debida
protecci(cid:243)n o restablecimiento de sus derechos e intereses leg(cid:237)timos, con estricta sujeci(cid:243)n a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant(cid:237)as
sustanciales y procedimentales previstas en la Constituci(cid:243)n y la ley»4.
En estos tØrminos queda expuesto mi salvamento parcial de voto.
Atentamente,
(Firmado electr(cid:243)nicamente)
MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
3 Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2013.
4 Corte Constitucional, sentencia T-799 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260509301/C610C849124A3D0A2B99A6CE9D25D3AF9F68B5907B54AEBB15529CD79B2F35E7/2

Nuestros Servicios:

Consulta en nuestros servicios en Revisoría Fiscal outsourcing Colombia.

◆Revisoría Fiscal
◆Outsourcing Contable
◆Asesoría Tributaria
◆Consultoría Legal
◆Asesoría Financiera
Contáctenos →

Servicios Revisoría fiscal

1. Conceptos fundamentales sobre la revisoría fiscal ¿Qué es la revisoría fiscal en Colombia? La revisoría fiscal es una institución de fiscalización privada con función pública, ejercida por contadores públicos titulados, que vigila los procesos contables, financieros, administrativos y de control interno de las sociedades. Su finalidad es dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, el cumplimiento…

Servicios Precios de transferencia

Nombre:* Nombre Apellido Teléfono:* Correo electrónico:* Asunto: —- Autorización de trato de datos:* Si Autorizo recibir nuestro boletín informativo. Para Cr Consultores Su privacidad es importante para nosotros y no comercializaremos ni entregaremos sus datos personales a terceros. Verificación: EnviarLimpiar Contáctenos 1. Conceptos básicos de precios de transferencia en Colombia 1. ¿Qué son los precios de transferencia en Colombia? Los…

Servicios de Outsourcing Contable – Servicios Contables

1. Descripción del servicio: BPO contable y tributario Un BPO (Business Process Outsourcing) contable y tributario es una empresa especializada en la tercerización de procesos contables, fiscales, de nómina y de reportería financiera. Las firmas de outsourcing contable en Colombia operan bajo la regulación de la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio, la Ley 1314 de 2009 (NIIF)…

Servicios Outsourcing nómina

  Contactenos Objetivo de la propuesta servicios liquidación nómina – Bogotá Colombia • Nómina electrónica. • Liquidación de nómina. • Liquidación de planillas. • Emisión de desprendible de pago a empleados, los cuales serán enviados a los trabajadores a sus correos electrónicos. • Liquidación de prestaciones sociales. • Liquidación de contratos. • Liquidación de retenciones en la fuente. • Generación…