📅 10/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260623401
Interno: 13042
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 10/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Meta los derechos fundamentales del señor [E.G.R.] al imponerle una condena en costas bajo un criterio puramente objetivo, sin valorar su efectiva causación, la conducta procesal de las partes ni los principios de igualdad y favorabilidad aplicables en asuntos laborales?
Respuesta al problema jurídico: Si
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365, LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 188
— Resumen —
Resumen
El presente documento constituye un salvamento de voto respecto de una acción de tutela en la que se discute la legalidad de una condena en costas impuesta a un ex-servidor público. La posición disidente sostiene que se vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez que el tribunal de instancia aplicó un criterio puramente objetivo para imponer las costas, ignorando que en materia contencioso administrativa laboral, la normativa vigente y el precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado exigen un criterio objetivo-valorativo. Este último implica que el juez debe analizar la conducta procesal, la buena fe y la manifiesta carencia de fundamento legal antes de imponer dicha carga económica. El ratio decidendi se centra en que, en litigios donde la parte vencida es un sujeto de especial protección (como un docente oficial o pensionado), la interpretación de las normas sobre costas debe armonizarse con los principios constitucionales de favorabilidad e igualdad.
Preguntas Centrales
¿Cuál es el criterio correcto para la imposición de costas procesales en el marco de la Ley 2080 de 2021?
El documento señala que, tras la modificación del artículo 188 del CPACA, la condena en costas no es automática por el solo hecho de resultar vencido. El juez debe verificar si existió una manifiesta carencia de fundamento legal en la demanda o actuación, y si efectivamente las expensas y agencias se encuentran causadas y comprobadas en el expediente.
¿Cómo deben interpretarse las reglas de costas cuando la parte vencida es un trabajador o pensionado?
Se debe aplicar el principio de favorabilidad (Art. 53 C.P.) y el criterio pro homine. Esto implica que el juzgador tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas si no se evidencia mala fe o temeridad, evitando así que la carga económica se convierta en una barrera para el acceso a la administración de justicia.
Fundamentación Clave
Normativa Aplicable
- Artículo 188 del CPACA (modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021): Establece que la sentencia dispondrá sobre costas cuando se advierta falta de fundamento legal.
- Artículo 365 del Código General del Proceso (CGP): Define las reglas para la liquidación, destacando que solo habrá lugar a ellas si están comprobadas.
- Artículo 79 del CGP: Define los casos de presunción de temeridad o mala fe.
Precedente Jurisprudencial
- Las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado han decantado que en asuntos laborales las costas no operan automáticamente, exigiendo una valoración de la conducta de las partes.
- Se cita jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias T-088 de 2018 y C-438 de 2013) sobre los principios de favorabilidad e interpretación pro persona.
Argumentación Constitucional
- Se invoca el derecho fundamental al debido proceso y la protección a personas en debilidad manifiesta.
- El principio de favorabilidad obliga al juez a elegir la interpretación que menos afecte los derechos del administrado cuando exista duda sobre la aplicación de la norma procesal.
Conclusión
La tesis principal del salvamento de voto es que la condena en costas en procesos laborales administrativos no debe basarse exclusivamente en el éxito o fracaso de las pretensiones. El juez está obligado a realizar una valoración integral que incluya la causación real de los gastos y la conducta procesal de la parte actora, bajo una interpretación favorable que no sacrifique el derecho de los ciudadanos (especialmente servidores públicos y pensionados) a acudir ante la justicia.
Extracto del documento
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
SALVAMENTO DE VOTO
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-06234-01
Demandante EVELIO GUTIERREZ RUIZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Con el debido respeto por la decisi(cid:243)n mayoritaria, me permito salvar el voto en la
sentencia del proceso en referencia, pues considero que (i) el asunto superaba el
anÆlisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acci(cid:243)n de tutela contra
providencias judiciales, concretamente el de la relevancia constitucional; y (ii) se debi(cid:243)
conceder el amparo de los derechos al debido proceso y de acceso a la administraci(cid:243)n
de justicia del seæor Evelio GutiØrrez Ruiz.
1. Las costas procesales corresponden a las erogaciones econ(cid:243)micas que debe
efectuar la parte que resulte vencida en un proceso judicial y que se corresponden
con las expensas asumidas por la contraparte (pagos por honorarios de peritos,
traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos, etcØtera) y las agencias en
derecho (honorarios de abogados).
El art(cid:237)culo 188 del CPACA, adicionado por el art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de 2021,
relativo a la condena en costas, dispone:
«Art(cid:237)culo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interØs
pœblico, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas, cuya liquidaci(cid:243)n y ejecuci(cid:243)n se
regirÆn por las normas del C(cid:243)digo de Procedimiento Civil».
En todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se present(cid:243) la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Esta norma establece entonces que la condena en costas debe ser un asunto
sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del
C(cid:243)digo de Procedimiento Civil, hoy C(cid:243)digo General del Proceso.
Por su parte, el art(cid:237)culo 365 del CGP fija las reglas a las que se sujetarÆ la condena
en costas, en los siguientes tØrminos:
«Art(cid:237)culo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetarÆ a las siguientes reglas:
1. Se condenarÆ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelaci(cid:243)n, casaci(cid:243)n, queja, sœplica, anulaci(cid:243)n o
revisi(cid:243)n que haya propuesto. AdemÆs, en los casos especiales previstos en este
c(cid:243)digo.
AdemÆs se condenarÆ en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulaci(cid:243)n de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relaci(cid:243)n con la temeridad o mala fe.
2. La condena se harÆ en sentencia o auto que resuelva la actuaci(cid:243)n que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenarÆ al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida serÆ condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrÆ abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisi(cid:243)n.
6. Cuando fueren dos (2) o mÆs litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenarÆ
en proporci(cid:243)n a su interØs en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderÆn
distribuidas por partes iguales entre ellos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia
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Demandante: Evelio GutiØrrez Ruiz
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos
se les reconocerÆn los gastos que hubiere sufragado y se harÆn por separado las
liquidaciones.
8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobaci(cid:243)n.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrÆn por no escritas. Sin
embargo podrÆn renunciarse despuØs de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacci(cid:243)n.»
2. No desconozco que en la Corporaci(cid:243)n se han desarrollado varias posturas
derivadas de la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188 de la Ley 1437 de 2011, entre las
cuales se encuentran: (i) la que defiende la tesis segœn la cual, la imposici(cid:243)n de
costas en los procesos contencioso administrativos se rige por el criterio objetivo,
esto es, que al juez le corresponde imponer las costas a la parte vencida; y (ii) la
interpretaci(cid:243)n que defiende el criterio objetivo valorativo, segœn el cual
corresponde al juez disponer de la condena en costas, esto es, determinar si las
impone o no en el respectivo proceso, y ademÆs lo habilita para analizar aspectos
como la conducta de las partes en el proceso y/o la real causaci(cid:243)n y acreditaci(cid:243)n
de las costas en el expediente.
Actualmente, las dos Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de esta Corporaci(cid:243)n
coinciden en indicar que habrÆ lugar a imponer costas si se presenta mala fe de
las partes o manifiesta carencia de fundamento legal.
As(cid:237) las cosas, independientemente de las interpretaciones adoptadas por las otras
Secciones del Consejo de Estado y de las tesis defendidas en el pasado por las
Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda1, lo cierto es que para la imposici(cid:243)n de
costas, en aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el art(cid:237)culo 365 del CGP,
exige valorar las circunstancias del caso y verificar, en particular, la causaci(cid:243)n y
comprobaci(cid:243)n de las costas. Cuando resulte pertinente, tambiØn deberÆ
examinarse la conducta procesal de las partes, incluida la eventual existencia de
mala fe, temeridad o manifiesta carencia de fundamento jur(cid:237)dico.
Elementos que en virtud del art(cid:237)culo 79 del C(cid:243)digo General del Proceso se
encuentran estrechamente vinculados entre s(cid:237), pues tal norma preceptœa que «Se
presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci(cid:243)n, recurso, oposici(cid:243)n o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (…)».
Sea que se asuma la acepci(cid:243)n de mala fe o se acuda al concepto de manifiesta
carencia de fundamento legal, las dos Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda del
Consejo de Estado apuntan a la valoraci(cid:243)n de la conducta de las partes y su
actuar o no bajo el principio de buena fe como criterios determinantes para la
1 La Subsecci(cid:243)n B de la Secci(cid:243)n Segunda por aæos ha defendido el criterio, segœn el cual en materia laboral las costas
no operan automÆticamente, pues el juez tiene la facultad (i) de disponer sobre su procedencia, a diferencia de otras
jurisdicciones y especialidades en las cuales estas s(cid:237) operan de forma objetiva en contra de la parte vencida; y (ii) de
valorar no solo que estas realmente se hayan causado, sino tambiØn elementos como la buena fe, temeridad y la
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci(cid:243)n o recurso.
En contraposici(cid:243)n a la postura de valorar elementos como la buena fe o temeridad de las partes defendida por la
Subsecci(cid:243)n B, en sentencia de 7 de abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014), CP. William
HernÆndez G(cid:243)mez, la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda modific(cid:243) la tesis que hasta ese momento aplicaba. A partir
de esta sentencia, la Subsecci(cid:243)n A dispuso que, si bien en materia laboral las costas no operaban de forma automÆtica
pues el juez tiene la facultad de disponer sobre estas, para la imposici(cid:243)n de costas solamente deb(cid:237)a tenerse en cuenta la
causaci(cid:243)n y comprobaci(cid:243)n en el expediente de estas, sin considerar la conducta de las partes ni la existencia de mala fe
o temeridad.
Es decir, aunque la postura de la Subsecci(cid:243)n A tambiØn part(cid:237)a de que las costas no proced(cid:237)an por el solo hecho de
resultar vencido en el proceso, para esa Subsecci(cid:243)n la facultad valorativa del juez tan solo abarcaba la comprobaci(cid:243)n en
el expediente de que las costas efectivamente se causaron, sin incluir los otros elementos que s(cid:237) ten(cid:237)a en cuenta la
Subsecci(cid:243)n B.
Sin embargo, recientemente la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda del Consejo de Estado cambi(cid:243) el criterio que en
el pasado aplicaba en materia de costas, en virtud de la modificaci(cid:243)n introducida por el art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de
2021, segœn el que «la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que se present(cid:243) la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
Actualmente, las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de esta Corporaci(cid:243)n coinciden en que habrÆ lugar a imponer
costas solo si se presenta mala fe de las partes o manifiesta carencia de fundamento legal.
2
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Demandante: Evelio GutiØrrez Ruiz
imposici(cid:243)n de costas en los asuntos de que conoce esa Secci(cid:243)n especializada
(laborales y de la seguridad social de los servidores pœblicos).
3. En el caso bajo estudio, para disponer si proced(cid:237)a una condena en costas al
tutelante, el tribunal accionado debi(cid:243) acudir a una interpretaci(cid:243)n arm(cid:243)nica de las
reglas y pautas previstas en el art(cid:237)culo 365 CGP, las cuales no son excluyentes.
Se destaca que por aæos, las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de la
Corporaci(cid:243)n se han apartado del criterio puramente objetivo de condena en costas
en materia laboral. Ambas part(cid:237)an del criterio objetivo valorativo bajo el cual el
juez tiene la facultad de disponer sobre la procedencia o no de las costas, pues
estas no operan de forma automÆtica para la parte vencida.
Es claro entonces que la postura asumida por el tribunal accionado se distancia
del precedente de la Secci(cid:243)n Segunda, pues aquel emple(cid:243) el criterio puramente
objetivo. AdemÆs, la autoridad judicial accionada no consider(cid:243) ninguno de los
elementos dispuestos por las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda, vigentes
para el momento en que se profiri(cid:243) la sentencia de segunda instancia
controvertida de la acci(cid:243)n de tutela, tales como la mala fe, la temeridad o la
carencia de fundamentaci(cid:243)n jur(cid:237)dica. Lo cual demuestra que esta pas(cid:243) por alto
completamente la interpretaci(cid:243)n hecha por las Subsecciones de la mÆxima
autoridad en materia contencioso administrativo laboral sobre condena en costas.
4. En raz(cid:243)n de esa pluralidad de interpretaciones de la norma, existen algunos
asuntos en los cuales, para la condena en costas, es posible acudir a criterios de
interpretaci(cid:243)n a la luz de los principios constitucionales. Entre estos se encuentran
los casos que comprometan asuntos laborales. Evento en el cual son œtiles los
principios de igualdad y el de favorabilidad previstos en los art(cid:237)culos 13 y 53 de la
Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica, que (i) imponen el deber al Estado de proteger
especialmente a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta y (ii) el de aplicar e interpretar de la manera mÆs favorable
las fuentes del derecho, en caso de duda.
Conforme con lo anterior, para imponer costas en asuntos laborales en los que la
parte vencida sea un extrabajador o pensionado, la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188
de la Ley 1437 de 2011 que mejor se acompasa con el derecho fundamental al
debido proceso y con los principios de igualdad y favorabilidad es aquella que
permite al juez valorar la calidad y la conducta de las partes, la naturaleza del
litigio, la efectiva causaci(cid:243)n y comprobaci(cid:243)n de las costas en el expediente, y la
mala fe, la temeridad o la carencia de fundamentaci(cid:243)n jur(cid:237)dica, acogidos con la
modificaci(cid:243)n que introdujo la Ley 2080 de 2021 al art(cid:237)culo 188 CPACA
Es claro que resulta mÆs favorable asumir la pØrdida del proceso sin la obligaci(cid:243)n
de pago alguno por concepto de costas, que hacerlo con la carga de asumir las
costas sin ningœn anÆlisis distinto del Øxito o fracaso de las pretensiones. As(cid:237) las
cosas, la interpretaci(cid:243)n en materia de costas, cuando el caso involucra un servidor
pœblico o pensionado, debe incluir el principio de favorabilidad consagrado en el
art(cid:237)culo 53 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de favorabilidad tiene
una estrecha relaci(cid:243)n con la interpretaci(cid:243)n pro homine o pro persona, segœn la
cual «las normas han de ser interpretadas en favor de la protecci(cid:243)n y goce efectivo de los
derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en
instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garant(cid:237)as y prerrogativas
esenciales para la materializaci(cid:243)n de la mejor calidad de vida de las personas»2.
Dicho criterio de interpretaci(cid:243)n configura un parÆmetro de constitucionalidad, pues
impide «que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos
fundamentales»3.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2013.
3
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Demandante: Evelio GutiØrrez Ruiz
5. Es importante precisar que pueden existir determinadas circunstancias o
condiciones del caso concreto que permitan armonizar la interpretaci(cid:243)n de la
norma que regula la condena en costas con los principios constitucionales, ya que
imponer una condena en costas a un docente oficial, puede significar un sacrificio
grave del derecho al acceso a la administraci(cid:243)n de justicia, entendido Øste como
«la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad,
ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad
de incidir de una y otra manera, en la determinaci(cid:243)n de los derechos que el ordenamiento
jur(cid:237)dico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jur(cid:237)dico y por la debida
protecci(cid:243)n o restablecimiento de sus derechos e intereses leg(cid:237)timos, con estricta sujeci(cid:243)n a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant(cid:237)as
sustanciales y procedimentales previstas en la Constituci(cid:243)n y la ley»4.
En estos tØrminos queda expuesto mi salvamento de voto.
Atentamente,
(Firmado electr(cid:243)nicamente)
MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
4 Corte Constitucional, sentencia T-799 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
4
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