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Vulneración costas laborales objetivas – Fecha Publicación: 10/11/2026

Vulneración costas laborales objetivas

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260624100

Interno: 9874

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 10/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Meta los derechos fundamentales del señor [G.A.R.C.] al imponerle condena en costas bajo un criterio puramente objetivo, sin valorar su efectiva causación, la conducta procesal de las partes ni los principios de igualdad y favorabilidad aplicables en los asuntos laborales?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 53, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365

— Resumen —

Resumen

El documento expone un salvamento de voto en el marco de una acción de tutela contra una providencia judicial. La controversia jurídica se centra en la legalidad de la condena en costas impuesta a la parte actora (un docente oficial y pensionado) tras perder un proceso laboral administrativo. La magistrada disidente argumenta que el tribunal accionado vulneró el debido proceso y el acceso a la administración de justicia al aplicar un criterio de condena automático y objetivo, ignorando la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Según esta postura, en materia laboral no basta con ser la parte vencida; el juez debe realizar una valoración de la conducta procesal, la buena fe y la comprobación efectiva de los gastos antes de imponer dicha carga económica.

Preguntas Centrales

¿Cuál es el criterio jurídico que debe prevalecer para la imposición de costas en procesos laborales administrativos?

El documento señala que debe aplicarse el criterio objetivo valorativo. Esto implica que el juez tiene la facultad de determinar si impone o no las costas, evaluando aspectos como la conducta procesal, la existencia de mala fe, la temeridad o la manifiesta carencia de fundamento legal, además de verificar que las expensas realmente se hayan causado y comprobado en el expediente.

¿Cómo deben interpretarse las normas de costas frente a sujetos de especial protección como trabajadores o pensionados?

La resolución del problema indica que, en virtud de los principios de igualdad y favorabilidad, el juez debe realizar una interpretación pro homine. Esto significa que, ante la pluralidad de interpretaciones del artículo 188 del CPACA, se debe elegir la que menos sacrifique el derecho de acceso a la justicia de el demandante, evitando condenas pecuniarias automáticas que no consideren su condición de debilidad manifiesta.

Fundamentación Clave

Artículo 188 del CPACA (modificado por la Ley 2080 de 2021)

  • Establece que la condena en costas debe ser dispuesta en la sentencia según las reglas del Código General del Proceso.
  • Indica expresamente que habrá lugar a condena cuando se establezca que la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

Artículo 365 del Código General del Proceso (CGP)

  • Define las reglas para la condena, destacando en su numeral 8 que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

Jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado

  • Las subsecciones de esta especialidad coinciden en que la condena en costas no es automática en asuntos de seguridad social y laborales. Se requiere valorar la buena fe y la conducta de las partes.

Principios Constitucionales (Artículos 13 y 53 de la Constitución Política)

  • Favorabilidad: Deber de aplicar la interpretación más beneficiosa en caso de duda.
  • Igualdad: Protección especial a personas en circunstancias de debilidad manifiesta, como los trabajadores oficiales y pensionados.

Conclusión

La tesis principal del salvamento de voto sostiene que la condena en costas en el régimen contencioso-administrativo laboral exige una valoración subjetiva y probatoria previa por parte del juez. Imponer esta sanción económica bajo un criterio puramente objetivo (por el solo hecho de perder el proceso) constituye un defecto que vulnera los derechos fundamentales de la parte actora, especialmente cuando se trata de un sujeto que goza de protección constitucional bajo el principio de favorabilidad laboral.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
SALVAMENTO DE VOTO
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-06241-00
Demandante GUSTAVO ADOLFO RUIZ CASTA(cid:209)EDA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Con el debido respeto por la decisi(cid:243)n mayoritaria, me permito salvar el voto en la
sentencia del proceso en referencia, pues considero que (i) el asunto superaba el
anÆlisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acci(cid:243)n de tutela contra
providencias judiciales, concretamente el de la relevancia constitucional; y (ii) se debi(cid:243)
conceder el amparo de los derechos al debido proceso y de acceso a la administraci(cid:243)n
de justicia del seæor Gustavo Adolfo Ruiz Castaæeda.
1. Las costas procesales corresponden a las erogaciones econ(cid:243)micas que debe
efectuar la parte que resulte vencida en un proceso judicial y que se corresponden
con las expensas asumidas por la contraparte (pagos por honorarios de peritos,
traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos, etcØtera) y las agencias en
derecho (honorarios de abogados).
El art(cid:237)culo 188 del CPACA, adicionado por el art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de 2021,
relativo a la condena en costas, dispone:
«Art(cid:237)culo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interØs
pœblico, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas, cuya liquidaci(cid:243)n y ejecuci(cid:243)n se
regirÆn por las normas del C(cid:243)digo de Procedimiento Civil».
En todo caso, la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se present(cid:243) la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Esta norma establece entonces que la condena en costas debe ser un asunto
sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del
C(cid:243)digo de Procedimiento Civil, hoy C(cid:243)digo General del Proceso.
Por su parte, el art(cid:237)culo 365 del CGP fija las reglas a las que se sujetarÆ la condena
en costas, en los siguientes tØrminos:
«Art(cid:237)culo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetarÆ a las siguientes reglas:
1. Se condenarÆ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelaci(cid:243)n, casaci(cid:243)n, queja, sœplica, anulaci(cid:243)n o
revisi(cid:243)n que haya propuesto. AdemÆs, en los casos especiales previstos en este
c(cid:243)digo.
AdemÆs se condenarÆ en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulaci(cid:243)n de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relaci(cid:243)n con la temeridad o mala fe.
2. La condena se harÆ en sentencia o auto que resuelva la actuaci(cid:243)n que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenarÆ al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida serÆ condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrÆ abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisi(cid:243)n.
6. Cuando fueren dos (2) o mÆs litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenarÆ
en proporci(cid:243)n a su interØs en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderÆn
distribuidas por partes iguales entre ellos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06241-00
Demandante: Gustavo Adolfo Ruiz Castaæeda
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos
se les reconocerÆn los gastos que hubiere sufragado y se harÆn por separado las
liquidaciones.
8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobaci(cid:243)n.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrÆn por no escritas. Sin
embargo podrÆn renunciarse despuØs de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacci(cid:243)n.»
2. No desconozco que en la Corporaci(cid:243)n se han desarrollado varias posturas
derivadas de la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188 de la Ley 1437 de 2011, entre las
cuales se encuentran: (i) la que defiende la tesis segœn la cual, la imposici(cid:243)n de
costas en los procesos contencioso administrativos se rige por el criterio objetivo,
esto es, que al juez le corresponde imponer las costas a la parte vencida; y (ii) la
interpretaci(cid:243)n que defiende el criterio objetivo valorativo, segœn el cual
corresponde al juez disponer de la condena en costas, esto es, determinar si las
impone o no en el respectivo proceso, y ademÆs lo habilita para analizar aspectos
como la conducta de las partes en el proceso y/o la real causaci(cid:243)n y acreditaci(cid:243)n
de las costas en el expediente.
Actualmente, las dos Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de esta Corporaci(cid:243)n
coinciden en indicar que habrÆ lugar a imponer costas si se presenta mala fe de
las partes o manifiesta carencia de fundamento legal.
As(cid:237) las cosas, independientemente de las interpretaciones adoptadas por las otras
Secciones del Consejo de Estado y de las tesis defendidas en el pasado por las
Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda1, lo cierto es que para la imposici(cid:243)n de
costas, en aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el art(cid:237)culo 365 del CGP,
exige valorar las circunstancias del caso y verificar, en particular, la causaci(cid:243)n y
comprobaci(cid:243)n de las costas. Cuando resulte pertinente, tambiØn deberÆ
examinarse la conducta procesal de las partes, incluida la eventual existencia de
mala fe, temeridad o manifiesta carencia de fundamento jur(cid:237)dico.
Elementos que en virtud del art(cid:237)culo 79 del C(cid:243)digo General del Proceso se
encuentran estrechamente vinculados entre s(cid:237), pues tal norma preceptœa que «Se
presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci(cid:243)n, recurso, oposici(cid:243)n o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (…)».
Sea que se asuma la acepci(cid:243)n de mala fe o se acuda al concepto de manifiesta
carencia de fundamento legal, las dos Subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda del
Consejo de Estado apuntan a la valoraci(cid:243)n de la conducta de las partes y su
actuar o no bajo el principio de buena fe como criterios determinantes para la
1 La Subsecci(cid:243)n B de la Secci(cid:243)n Segunda por aæos ha defendido el criterio, segœn el cual en materia laboral las costas
no operan automÆticamente, pues el juez tiene la facultad (i) de disponer sobre su procedencia, a diferencia de otras
jurisdicciones y especialidades en las cuales estas s(cid:237) operan de forma objetiva en contra de la parte vencida; y (ii) de
valorar no solo que estas realmente se hayan causado, sino tambiØn elementos como la buena fe, temeridad y la
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci(cid:243)n o recurso.
En contraposici(cid:243)n a la postura de valorar elementos como la buena fe o temeridad de las partes defendida por la
Subsecci(cid:243)n B, en sentencia de 7 de abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014), CP. William
HernÆndez G(cid:243)mez, la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda modific(cid:243) la tesis que hasta ese momento aplicaba. A partir
de esta sentencia, la Subsecci(cid:243)n A dispuso que, si bien en materia laboral las costas no operaban de forma automÆtica
pues el juez tiene la facultad de disponer sobre estas, para la imposici(cid:243)n de costas solamente deb(cid:237)a tenerse en cuenta la
causaci(cid:243)n y comprobaci(cid:243)n en el expediente de estas, sin considerar la conducta de las partes ni la existencia de mala fe
o temeridad.
Es decir, aunque la postura de la Subsecci(cid:243)n A tambiØn part(cid:237)a de que las costas no proced(cid:237)an por el solo hecho de
resultar vencido en el proceso, para esa Subsecci(cid:243)n la facultad valorativa del juez tan solo abarcaba la comprobaci(cid:243)n en
el expediente de que las costas efectivamente se causaron, sin incluir los otros elementos que s(cid:237) ten(cid:237)a en cuenta la
Subsecci(cid:243)n B.
Sin embargo, recientemente la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda del Consejo de Estado cambi(cid:243) el criterio que en
el pasado aplicaba en materia de costas, en virtud de la modificaci(cid:243)n introducida por el art(cid:237)culo 47 de la Ley 2080 de
2021, segœn el que «la sentencia dispondrÆ sobre la condena en costas cuando se establezca que se present(cid:243) la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
Actualmente, las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de esta Corporaci(cid:243)n coinciden en que habrÆ lugar a imponer
costas solo si se presenta mala fe de las partes o manifiesta carencia de fundamento legal.
2
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Demandante: Gustavo Adolfo Ruiz Castaæeda
imposici(cid:243)n de costas en los asuntos de que conoce esa Secci(cid:243)n especializada
(laborales y de la seguridad social de los servidores pœblicos).
3. En el caso bajo estudio, para disponer si proced(cid:237)a una condena en costas al
tutelante, el tribunal accionado debi(cid:243) acudir a una interpretaci(cid:243)n arm(cid:243)nica de las
reglas y pautas previstas en el art(cid:237)culo 365 CGP, las cuales no son excluyentes.
Se destaca que por aæos, las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda de la
Corporaci(cid:243)n se han apartado del criterio puramente objetivo de condena en costas
en materia laboral. Ambas part(cid:237)an del criterio objetivo valorativo bajo el cual el
juez tiene la facultad de disponer sobre la procedencia o no de las costas, pues
estas no operan de forma automÆtica para la parte vencida.
Es claro entonces que la postura asumida por el tribunal accionado se distancia
del precedente de la Secci(cid:243)n Segunda, pues aquel emple(cid:243) el criterio puramente
objetivo. AdemÆs, la autoridad judicial accionada no consider(cid:243) ninguno de los
elementos dispuestos por las dos subsecciones de la Secci(cid:243)n Segunda, vigentes
para el momento en que se profiri(cid:243) la sentencia de segunda instancia
controvertida de la acci(cid:243)n de tutela, tales como la mala fe, la temeridad o la
carencia de fundamentaci(cid:243)n jur(cid:237)dica. Lo cual demuestra que esta pas(cid:243) por alto
completamente la interpretaci(cid:243)n hecha por las Subsecciones de la mÆxima
autoridad en materia contencioso administrativo laboral sobre condena en costas.
4. En raz(cid:243)n de esa pluralidad de interpretaciones de la norma, existen algunos
asuntos en los cuales, para la condena en costas, es posible acudir a criterios de
interpretaci(cid:243)n a la luz de los principios constitucionales. Entre estos se encuentran
los casos que comprometan asuntos laborales. Evento en el cual son œtiles los
principios de igualdad y el de favorabilidad previstos en los art(cid:237)culos 13 y 53 de la
Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica, que (i) imponen el deber al Estado de proteger
especialmente a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta y (ii) el de aplicar e interpretar de la manera mÆs favorable
las fuentes del derecho, en caso de duda.
Conforme con lo anterior, para imponer costas en asuntos laborales en los que la
parte vencida sea un extrabajador o pensionado, la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 188
de la Ley 1437 de 2011 que mejor se acompasa con el derecho fundamental al
debido proceso y con los principios de igualdad y favorabilidad es aquella que
permite al juez valorar la calidad y la conducta de las partes, la naturaleza del
litigio, la efectiva causaci(cid:243)n y comprobaci(cid:243)n de las costas en el expediente, y la
mala fe, la temeridad o la carencia de fundamentaci(cid:243)n jur(cid:237)dica, acogidos con la
modificaci(cid:243)n que introdujo la Ley 2080 de 2021 al art(cid:237)culo 188 CPACA
Es claro que resulta mÆs favorable asumir la pØrdida del proceso sin la obligaci(cid:243)n
de pago alguno por concepto de costas, que hacerlo con la carga de asumir las
costas sin ningœn anÆlisis distinto del Øxito o fracaso de las pretensiones. As(cid:237) las
cosas, la interpretaci(cid:243)n en materia de costas, cuando el caso involucra un servidor
pœblico o pensionado, debe incluir el principio de favorabilidad consagrado en el
art(cid:237)culo 53 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de favorabilidad tiene
una estrecha relaci(cid:243)n con la interpretaci(cid:243)n pro homine o pro persona, segœn la
cual «las normas han de ser interpretadas en favor de la protecci(cid:243)n y goce efectivo de los
derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en
instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garant(cid:237)as y prerrogativas
esenciales para la materializaci(cid:243)n de la mejor calidad de vida de las personas»2.
Dicho criterio de interpretaci(cid:243)n configura un parÆmetro de constitucionalidad, pues
impide «que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos
fundamentales»3.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2013.
3
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06241-00
Demandante: Gustavo Adolfo Ruiz Castaæeda
5. Es importante precisar que pueden existir determinadas circunstancias o
condiciones del caso concreto que permitan armonizar la interpretaci(cid:243)n de la
norma que regula la condena en costas con los principios constitucionales, ya que
imponer una condena en costas a un docente oficial, puede significar un sacrificio
grave del derecho al acceso a la administraci(cid:243)n de justicia, entendido Øste como
«la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad,
ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad
de incidir de una y otra manera, en la determinaci(cid:243)n de los derechos que el ordenamiento
jur(cid:237)dico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jur(cid:237)dico y por la debida
protecci(cid:243)n o restablecimiento de sus derechos e intereses leg(cid:237)timos, con estricta sujeci(cid:243)n a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant(cid:237)as
sustanciales y procedimentales previstas en la Constituci(cid:243)n y la ley»4.
En estos tØrminos queda expuesto mi salvamento de voto.
Atentamente,
(Firmado electr(cid:243)nicamente)
MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
4 Corte Constitucional, sentencia T-799 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
4
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260624100/00C6769F55A90A719784A43812A7AE9B3040D96746EBDC833A4E6A2E3450BD03/2

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