📅 29/10/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260738000
Interno: 11612
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 29/10/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿La sentencia del 30 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico alegados por el accionante, al excluir de la base gravable de la cuota de fiscalización de EDEQ para 2021 los $41.824.368.589 registrados como «otros pasivos – cuentas por pagar», por considerar que integraban la disponibilidad inicial?
Respuesta al problema jurídico: No
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 230, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 115 DE 1996 – ARTÍCULO 12, DECRETO 115 DE 1996 – ARTÍCULO 13, DECRETO 4836 DE 2011 – ARTÍCULO 10, DECRETO LEY 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1
— Resumen —
Resumen
El Ratio Decidendi de esta providencia establece que, para efectos de la cuota de fiscalización, la base gravable debe excluir los recursos que materialmente integran la disponibilidad inicial, incluyendo aquellos fondos destinados a respaldar cuentas por pagar del ejercicio anterior. El Consejo de Estado determinó que no se configura un defecto sustantivo ni fáctico cuando el juez de conocimiento interpreta que las obligaciones pendientes de pago, al cierre de una vigencia, son respaldadas por recursos que al iniciar el nuevo año fiscal se consolidan como disponibilidad inicial, concepto que goza de exclusión taxativa en la normativa local. Los hechos se originan en una disputa entre el Distrito Especial de Medellín y una empresa de servicios públicos, donde la administración pretendía gravar más de 41 mil millones de pesos registrados como “otros pasivos”, mientras que la parte actora defendía su exclusión técnica por ser recursos del año anterior incorporados al presupuesto vigente.
Preguntas Centrales
¿Incurrió la providencia judicial cuestionada en un defecto sustantivo al extender una exclusión tributaria a las “cuentas por pagar”?
No. El documento resuelve que no hubo tal defecto, pues la autoridad judicial no creó una exclusión nueva, sino que realizó una interpretación sistemática del Acuerdo 066 de 2017. Se determinó que los recursos asociados a las cuentas por pagar de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) forman parte material de la disponibilidad inicial, la cual está expresamente excluida de la base gravable de la cuota de fiscalización.
¿Se configuró un defecto fáctico por falta de prueba técnica al calificar la naturaleza de los recursos en disputa?
No. La Sala consideró que el tribunal accionado valoró correctamente el material probatorio disponible, incluyendo reportes del CHIP, ejecuciones presupuestales y la normativa interna de la empresa. El hecho de que la parte accionante discrepe de la inferencia del juez o solicite pruebas adicionales no demuestra un error manifiesto ni una valoración arbitraria.
Fundamentación Clave
Normativa Local y Base Gravable
- Acuerdo 066 de 2017 (Art. 216): Define los elementos de la cuota de fiscalización en Medellín, excluyendo expresamente de la base gravable los recursos de crédito, venta de activos fijos y, fundamentalmente, la disponibilidad inicial.
Régimen Presupuestal de las EICE
- Decreto 115 de 1996 (Art. 12 y 13): Regula el sistema presupuestal de las empresas estatales, estableciendo que los gastos causados y no pagados en una vigencia deben incorporarse al presupuesto siguiente como cuentas por pagar, respaldadas por los ingresos que integran la disponibilidad inicial.
- Asesoría 032707 de 2015 (Ministerio de Hacienda): Refuerza que los ingresos que respaldan pasivos de vigencias anteriores se incorporan al nuevo presupuesto bajo el rubro de disponibilidad inicial.
Principio de Autonomía Judicial y Criterio Contable vs. Presupuestal
- El documento aclara que la cuota de fiscalización no se rige estrictamente por el principio de devengo contable para su base de cálculo, sino por una lógica de ejecución presupuestal. Por tanto, la denominación contable de un rubro no puede primar sobre su naturaleza presupuestal para desconocer una exclusión legal.
Conclusión
El Consejo de Estado niega el amparo solicitado y confirma la legalidad de la sentencia del tribunal, concluyendo que los recursos destinados a cubrir cuentas por pagar del año anterior deben restarse de la base de la cuota de fiscalización. La tesis principal sostiene que estos fondos no constituyen un “nuevo ingreso” ni un incremento patrimonial de la vigencia actual, sino que son parte de la disponibilidad inicial, por lo que su inclusión en la base gravable violaría el principio de legalidad y la exclusión taxativa del beneficio tributario otorgado por el Concejo Municipal.
Extracto del documento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Cuota de fiscalización – año
2021. Defectos sustantivo y fáctico. Niega
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por medio de apoderada, por el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del
Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de septiembre de 2026, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Con el fin de garantizar y restablecer el derecho fundamental al debido
proceso del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN, y garantizar el principio de Legalidad Tributaria, respetuosamente solicito al
Consejo de Estado tutelar los derechos fundamentales invocados, declarando que la
Corporación Judicial accionada incurrió en defecto sustancial y defecto fáctico en la
providencia objeto de reproche.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, solicito ordenar al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, dejar sin efectos la Sentencia No.
151 del 30 de junio de 2026 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001333303620220017700, y emitir un nuevo pronunciamiento
que consulte el marco normativo aplicable».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 26 de abril de 2021, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín solicitó a
la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. (en adelante, EDEQ S.A. E.S.P.) el
reporte de los ingresos ejecutados al 31 de diciembre de 2020, con el fin de determinar
la cuota de fiscalización correspondiente a la vigencia 2021. Ese mismo día, EDEQ
S.A. E.S.P. remitió la información solicitada. En el formato para calcular la cuota
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informó un monto de $326.386.595.437 y, después de descontar los recursos de
crédito y la disponibilidad inicial, estableció una base de $250.958.764.775.
En las comunicaciones intercambiadas los días 26 y 27 de abril de 2021, la Secretaría
de Hacienda señaló que el rubro «otros pasivos – cuentas por pagar» no podía
descontarse de los ingresos ejecutados. EDEQ S.A. E.S.P. manifestó su desacuerdo
y sostuvo que ese concepto correspondía a cuentas por pagar que no constituían
ingresos y, por tanto, no debían integrar la base gravable de la cuota.
La administración contrastó la información suministrada por EDEQ S.A. E.S.P. con la
reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (en adelante, CHIP)
y encontró una diferencia de $41.824.368.589. Mientras que en este último se
registraban $368.210.964.026, que la administración tomó como ingresos ejecutados,
la empresa había informado $326.386.595.437 para calcular la cuota, luego de retirar
el rubro «otros pasivos – cuentas por pagar».
Mediante Resolución 202130258097 del 24 de junio de 2021, el subsecretario de
ingresos del municipio de Medellín liquidó la cuota definitiva de fiscalización a cargo
de EDEQ para la vigencia 2021 en $541.648.797. Para ello, tomó una base de
$292.783.133.364 y aplicó una tarifa del 0,185 %. Admitió los descuentos de
$35.427.830.662 por disponibilidad inicial y $40.000.000.000 por recursos de crédito,
pero rechazó la exclusión de los $41.824.368.589, identificados en el acto como
cuentas por pagar.
El 14 de julio de 2021, EDEQ S.A. E.S.P. interpuso recurso de reconsideración.
Sostuvo que el rubro discutido debía excluirse por corresponder a disponibilidad inicial
o, alternativamente, a recursos de crédito de proveedores. Mediante Resolución
202250004861 del 15 de febrero de 2022, la administración mantuvo la liquidación.
De la nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-036-
2022-00177-00/01
En consecuencia, EDEQ S.A. E.S.P. promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Medellín – Secretaría de
Hacienda. Solicitó la nulidad parcial de los actos que liquidaron y confirmaron la cuota,
al sostener que las cuentas por pagar integraban la disponibilidad inicial excluida por
el numeral 5 del artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017. También argumentó que
correspondían a endeudamiento con proveedores y debían tratarse como recursos de
crédito.
A título de restablecimiento del derecho, pidió excluir de la base gravable los
$41.824.368.589 discutidos, fijar la cuota de fiscalización en $464.273.715 y ordenar
la devolución de $77.375.082 por el mayor valor pagado, con actualización e intereses
legales.
El 22 de septiembre de 2023, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que EDEQ S.A. E.S.P. no
desvirtuó la legalidad de los actos que determinaron la cuota de fiscalización de la
vigencia 2021. Para resolver la controversia, acudió a las definiciones contables de
las cuentas por cobrar y por pagar, así como al principio del devengo. Explicó que los
ingresos se reconocen en el período en que se generan, sin que sea determinante si
su cobro o pago se realiza en esa misma vigencia.
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Con ese fundamento, concluyó que las cuentas por cobrar y por pagar formaban parte
de los ingresos ejecutados y, por tanto, integraban la base gravable de la cuota de
fiscalización del año en que se causaron o registraron, aunque su cobro o pago
ocurriera posteriormente.
En consecuencia, mantuvo la liquidación efectuada por la administración sobre una
base de $292.783.133.364, a la tarifa del 0,185 %, que arrojó una cuota de
$541.648.797, y declaró probada la excepción de legalidad de los actos demandados.
EDEQ S.A. E.S.P. apeló la sentencia del 22 de septiembre de 2023, al considerar que
el juzgado se equivocó al incluir las cuentas por pagar, registradas como «otros
pasivos – cuentas por pagar», dentro de los ingresos ejecutados que conformaban la
base gravable de la cuota de fiscalización.
Sostuvo que esas partidas correspondían a obligaciones pendientes de pago que se
incorporaban al presupuesto del año siguiente como parte de la disponibilidad inicial,
concepto expresamente excluido por el artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017. Añadió
que no constituían ingresos de la vigencia gravada y que su inclusión suponía gravar
nuevamente recursos de períodos anteriores, en perjuicio de los principios de justicia
y equidad tributaria.
También afirmó que las cuentas por pagar provenían de créditos otorgados por
proveedores, quienes concedían un plazo de treinta días para cancelar las facturas.
Por ello, argumentó que debían excluirse como recursos de crédito, conforme al
artículo 11 de la Ley 617 de 2000 y al artículo 3 del Decreto 2681 de 1993.
El 30 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión
de primera instancia. Consideró que el numeral 5 del artículo 216 del Acuerdo 066 de
2017 excluía expresamente la disponibilidad inicial de la base gravable de la cuota de
fiscalización, por lo que debía establecerse si los recursos asociados a las cuentas
por pagar estaban comprendidos en ese concepto.
Al examinar los reportes presupuestales, advirtió que la diferencia entre los ingresos
informados por EDEQ S.A. E.S.P. y los registrados en el CHIP correspondía a los
$41.824.368.589 del rubro «otros pasivos – cuentas por pagar». También valoró el
procedimiento interno de la empresa, que establecía un plazo de treinta días para
pagar a sus proveedores, y concluyó que se trataba de obligaciones derivadas de
bienes o servicios recibidos que quedaban pendientes de pago al cierre de la vigencia.
Con apoyo en el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, la asesoría 032707 de 2015 del
Ministerio de Hacienda y el concepto de la Contaduría General de la Nación, señaló
que las obligaciones pendientes debían incorporarse al presupuesto del año siguiente
como cuentas por pagar y que los ingresos destinados a respaldarlas integraban la
disponibilidad inicial. Bajo ese entendimiento, encontró acreditado que los recursos
discutidos estaban comprendidos en la exclusión, aunque figuraran con una
denominación contable distinta.
Por ello, estimó que la administración había excluido $35.427.830.662 por
disponibilidad inicial, pero mantenido indebidamente los $41.824.368.589 asociados
a las cuentas por pagar. Se apartó del razonamiento del juzgado basado en el principio
del devengo, pues consideró que la controversia exigía un análisis presupuestal sobre
la naturaleza de los recursos y las exclusiones aplicables, y no únicamente su
clasificación contable.
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En cambio, rechazó que las cuentas por pagar pudieran excluirse como recursos de
crédito. Explicó que EDEQ S.A. E.S.P. había reportado separadamente ambos rubros
y que la administración ya había descontado $40.000.000.000 por créditos. Añadió
que la existencia de obligaciones comerciales con proveedores y plazos ordinarios de
pago no demostraba, por sí sola, una operación de crédito público, ni se acreditó que
las sumas discutidas provinieran de esa modalidad de financiación.
Por lo tanto, declaró la nulidad parcial de los actos demandados, fijó la base de
liquidación en $250.958.764.775 y determinó una cuota de $464.273.715, al aplicar la
tarifa del 0,185 %. Ordenó devolver $77.375.082, previa verificación de su pago,
actualizados desde cada desembolso hasta la ejecutoria de la sentencia.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante interpuso acción de tutela al considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso y desconocido el principio de legalidad tributaria, con
ocasión de la sentencia del 30 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Sostuvo que el tribunal incurrió en defecto sustantivo al ordenar excluir de la base
gravable de la cuota de fiscalización de 2021 el rubro «otros pasivos – cuentas por
pagar», por $41.824.368.589. Afirmó que ese concepto no está expresamente
excluido por las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010 ni por el Acuerdo 066 de 2017, de
modo que la decisión extendió una exclusión a un supuesto no previsto y modificó un
elemento esencial del tributo sin respaldo normativo.
Señaló que la administración liquidó la cuota con fundamento en los ingresos
ejecutados que la propia empresa reportó en el CHIP y en su ejecución presupuestal
de 2020. Explicó que la base gravable debía establecerse a partir de la información
presupuestal, por lo que podía comprender partidas que contablemente no
representaran un incremento patrimonial, siempre que no estuvieran expresamente
excluidas.
También cuestionó que el tribunal equiparara las cuentas por pagar con la
disponibilidad inicial. Indicó que las primeras corresponden a obligaciones registradas
en el presupuesto de gastos del año siguiente, mientras que la segunda representa
los recursos disponibles al inicio de la vigencia. Añadió que las cuentas por pagar
pueden financiarse con disponibilidad inicial o con nuevos ingresos, sin que ello
permita confundir ambos conceptos.
En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que el tribunal interpretó equivocadamente la
asesoría 032707 de 2015 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda,
al equiparar las cuentas por pagar con los ingresos que las respaldan y se incorporan
al presupuesto siguiente como disponibilidad inicial. Añadió que las normas y los
conceptos invocados en la sentencia no demostraban que los $41.824.368.589
discutidos integraran efectivamente esa disponibilidad, pues, a su juicio, no obraba
prueba técnica, contable o presupuestal que acreditara esa circunstancia.
Precisó que la administración ya había excluido de la base gravable $35.427.830.662
por disponibilidad inicial y $40.000.000.000 por recursos de crédito. Por ello, sostuvo
que descontar adicionalmente las cuentas por pagar suponía una doble exclusión que
reducía indebidamente la base de liquidación. Agregó que la decisión afectaba la
financiación de la Contraloría Distrital de Medellín y se apartaba de lo resuelto por el
mismo tribunal en asuntos que calificó como idénticos.
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Finalmente, manifestó que la sentencia fue dictada en segunda instancia, que no
procedían recursos ordinarios y que los reproches no encuadraban en las causales
del recurso extraordinario de revisión. Con fundamento en lo anterior, solicitó amparar
su derecho al debido proceso, dejar sin efectos la sentencia del 30 de junio de 2026 y
ordenar al tribunal emitir una nueva decisión conforme al marco normativo aplicable.
4. Trámite previo
El 11 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad accionada, y vinculó como
terceros con interés a la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., a la Contraloría
Distrital de Medellín y al Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la tutela por
falta de relevancia constitucional. Sostuvo que el actor pretendía reabrir la discusión
sobre la interpretación de las normas que regulan la base gravable de la cuota de
fiscalización y la valoración de las pruebas, sin demostrar una afectación del debido
proceso que trascendiera el debate resuelto en el proceso ordinario.
Añadió que la invocación del principio de legalidad tributaria, las consecuencias
económicas de la devolución y la posible incidencia en la financiación de la Contraloría
Distrital de Medellín no acreditaban, por sí solas, esa relevancia. A su juicio, el distrito
buscaba que el juez constitucional acogiera una interpretación distinta de las normas
y del material probatorio, convirtiendo la tutela en una instancia adicional.
Frente al defecto sustantivo, explicó que no creó una exclusión autónoma para las
cuentas por pagar. Lo que hizo fue determinar si los recursos asociados a ese rubro
integraban la disponibilidad inicial, expresamente excluida por el artículo 216 del
Acuerdo 066 de 2017. Para ello, se apoyó en el artículo 13 del Decreto 115 de 1996
y en la asesoría 032707 de 2015 del Ministerio de Hacienda. Precisó que, en cambio,
rechazó su exclusión como recursos de crédito, porque esa naturaleza no fue
acreditada.
En cuanto al defecto fáctico, señaló que examinó conjuntamente la información
reportada por EDEQ S.A. E.S.P., la ejecución presupuestal de ingresos de 2020 y los
documentos sobre el tratamiento de las cuentas por pagar. Afirmó que también tuvo
en cuenta el registro separado de la disponibilidad inicial, los recursos de crédito y los
otros pasivos, por lo que el reparo sobre una doble exclusión cuestionaba la
conclusión alcanzada, sin demostrar una omisión probatoria.
Concluyó que la decisión tenía sustento jurídico y probatorio y que los argumentos del
distrito expresaban su desacuerdo con lo resuelto. Por ello, solicitó que, si se
encontraba superado el requisito de relevancia constitucional, se negara el amparo
por no configurarse los defectos alegados.
El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín remitió el enlace de acceso
al expediente 05001-33-33-036-2022-00177-00/01, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin hacer referencia a los hechos que dieron
origen a la acción de tutela.
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6. Terceros con interés
EDEQ S.A. E.S.P. se opuso a la tutela al considerar que carecía de relevancia
constitucional, pues el actor pretendía reabrir una controversia legal y económica
sobre la base gravable de la cuota de fiscalización, ya resuelta por el juez competente.
Sostuvo que la tutela no podía utilizarse como una tercera instancia para controvertir
una decisión desfavorable.
También cuestionó el cumplimiento del requisito de inmediatez. Señaló que la
sentencia fue notificada el 1.º de julio de 2026 y que el distrito, como persona jurídica
con capacidad para actuar oportunamente, no justificó la demora en acudir al amparo.
En cambio, reconoció que se cumplía la subsidiariedad, porque el proceso había
concluido en segunda instancia y los reproches no encuadraban en las causales del
recurso extraordinario de revisión.
Frente al defecto fáctico, afirmó que el tribunal examinó cuidadosamente las pruebas
documentales, incluida la información del CHIP que identificaba los $41.824.368.589
como «otros pasivos – cuentas por pagar». Añadió que la parte actora tuvo
oportunidad de controvertir esas pruebas durante el proceso y no las objetó, por lo
que no procedía reabrir su valoración mediante tutela.
Negó la configuración del defecto sustantivo, al sostener que las cuentas por pagar
integraban la disponibilidad inicial expresamente excluida por el artículo 216 del
Acuerdo 066 de 2017. Además, reiteró que correspondían a créditos de proveedores
y, por ello, debían excluirse como recursos de crédito.
Finalmente, aseguró que se respetaron las garantías procesales y que el accionante
no solicitó oportunamente la nulidad de la sentencia. Por estas razones, pidió negar
el amparo, al estimar que no se acreditó la vulneración del debido proceso ni los
requisitos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si la sentencia del 30 de junio de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico
alegados por el accionante, al excluir de la base gravable de la cuota de fiscalización
de EDEQ para 2021 los $41.824.368.589 registrados como «otros pasivos – cuentas
por pagar», por considerar que integraban la disponibilidad inicial.
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Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
La Sala anticipa que negará el amparo solicitado, al no encontrar configurados los
defectos sustantivo y fáctico atribuidos a la sentencia del 30 de junio de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pues la exclusión de los recursos
asociados a las cuentas por pagar se sustentó en su tratamiento como disponibilidad
inicial y el accionante no justificó qué prueba adicional resultaba indispensable ni
demostró un error manifiesto en la valoración probatoria.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela en el presente caso y (iii) el defecto sustantivo
y el defecto fáctico en el caso concreto.
(i) La acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) El cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque se
invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso, se sustentan con
suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dicho
derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.
Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la protección del derecho que invoca
vulnerado. En igual sentido, el (iii) requisito general de inmediatez se satisface. El
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia
que puso fin a la actuación se profirió el 30 de junio de 2026, se notificó el 1.º de julio
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad – sentencia de 31 de julio
de 2012 – se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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de 2026, y el ejercicio de la acción de tutela se dio el 10 de septiembre de 2026, es
decir, dentro del término de seis meses.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta el derecho fundamental invocado; (v) identificó
de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y (vi) no se cuestionan
sentencias de tutela.
Por lo tanto, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
(iii) El defecto sustantivo4 y el defecto fáctico5 en el caso concreto
En el asunto objeto de estudio, EDEQ S.A. E.S.P. promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Medellín, con el fin de obtener la
nulidad parcial de los actos administrativos que determinaron la cuota de fiscalización
de la vigencia 2021 y resolvieron el recurso de reconsideración. Solicitó excluir de la
base gravable los $41.824.368.589 registrados como «otros pasivos – cuentas por
pagar» y devolver el mayor valor pagado, equivalente a $77.375.082.
El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín negó las pretensiones.
Consideró que la empresa no desvirtuó la legalidad de los actos demandados y, con
fundamento en el principio contable del devengo, sostuvo que las cuentas por pagar
debían integrar los ingresos ejecutados para determinar la base gravable de la cuota
de fiscalización.
Al resolver la apelación interpuesta por EDEQ S.A. E.S.P., el Tribunal Administrativo
de Antioquia revocó esa decisión. Concluyó que los recursos asociados al rubro
discutido integraban la disponibilidad inicial, expresamente excluida por el numeral 5
del artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017. En consecuencia, declaró la nulidad parcial
de los actos demandados, determinó que la cuota ascendía a $464.273.715 y ordenó
devolver el mayor valor pagado, previa verificación de su pago y con la actualización
correspondiente.
La parte accionante atribuye a esa providencia un defecto sustantivo, al considerar
que el tribunal extendió una exclusión tributaria a un concepto no previsto en las
disposiciones aplicables. Sostiene que las cuentas por pagar no están expresamente
4 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
5 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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exceptuadas de la base gravable y que, por tanto, no procedía descontar el monto
discutido.
Frente al defecto fáctico, afirma que el tribunal interpretó equivocadamente la asesoría
032707 de 2015 del Ministerio de Hacienda y concluyó, sin prueba técnica, contable
o presupuestal que lo acreditara, que los $41.824.368.589 correspondían a
disponibilidad inicial. A su juicio, la existencia de obligaciones pendientes de pago no
justificaba excluir ese valor de los ingresos ejecutados.
Pues bien, la Sala advierte que el tribunal comenzó por precisar que el numeral 5 del
artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017 excluye expresamente la disponibilidad inicial.
Por ello, estimó que la controversia debía resolverse atendiendo a la naturaleza
presupuestal de los recursos asociados a las cuentas por pagar, en lugar de limitarse
a su clasificación contable.
Para ese efecto, examinó el formato de información para calcular la cuota de
fiscalización, la ejecución presupuestal de ingresos de 2020 y la normatividad interna
de EDEQ S.A. E.S.P. sobre gestión de cuentas por pagar. Con esos documentos
identificó el monto y el origen de la discrepancia entre la información presentada por
la empresa y la utilizada por la administración. Asimismo, consideró la regla general
de pago a proveedores dentro de los treinta días siguientes a la radicación de la
factura y la relacionó con el tratamiento presupuestal de las obligaciones pendientes
al cierre del ejercicio.
También acudió al artículo 13 del Decreto 115 de 1996, a la asesoría 032707 de 2015
y al concepto de la Contaduría General de la Nación transcrito en la demanda. A partir
de esos elementos, concluyó que los recursos asociados al rubro controvertido
constituían el respaldo financiero de obligaciones previamente causadas y pendientes
de pago. En los siguientes términos explicó el fundamento de la exclusión:
«La parte apelante sostiene que el rubro “otros pasivos – cuentas por pagar” por valor de
$41.824.368.589 fue indebidamente incluido en la base gravable, pese a que dichos
recursos corresponden materialmente a la disponibilidad inicial de la vigencia, la cual se
encuentra expresamente excluida por el numeral 5º del artículo 216 del Acuerdo 066 de
2017.
A su juicio, la disponibilidad inicial no representa un ingreso real del periodo gravable de
la cuota de fiscalización, ya que esa cuenta es el saldo con el que se inicia una vigencia
fiscal (1° de enero a 31 de diciembre de cada año) y corresponde a la “disponibilidad final”
de la vigencia fiscal anterior.
Al respecto, la Sala observa que, si bien la Ley 1416 de 2010 no menciona explícitamente
la “disponibilidad inicial” dentro de sus exclusiones taxativas, el Concejo de Medellín, en
uso de su autonomía, expidió el Acuerdo 066 de 2017, el cual en el numeral 5º del artículo
216 estableció lo siguiente: Artículo 216: Elementos esenciales de la cuota de fiscalización:
(…)
5. BASE GRAVABLE. La base gravable será el monto de los ingresos ejecutados por el
sujeto pasivo en la vigencia anterior. Se excluyen del monto establecido en el presente
artículo los recursos de créditos, los ingresos por la venta de activos fijos, los activos,
inversiones y rentas titularizados, la disponibilidad inicial, así como el producto de los
procesos de titularización y el monto de los recursos del Sistema General de
Participaciones.
De la disposición transcrita se desprende que, para la vigencia objeto de análisis, el propio
Concejo de Medellín estableció de manera expresa la exclusión de la disponibilidad inicial
de la base gravable de la cuota de fiscalización.
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Técnicamente, para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), los
compromisos que se causan en una vigencia, pero cuyo pago se efectúa en la siguiente,
deben incluirse en el nuevo presupuesto como cuentas por pagar, respaldadas por
ingresos que se incorporan como parte de la disponibilidad inicial.
En el expediente se encuentra demostrado que la empresa demandante reportó
inicialmente ingresos ejecutados por $326.386.595.437, mientras que el municipio, tras
consultar el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), encontró un valor de
368.210.964.026.
La propia administración en la contestación a la demanda y en los actos acusados
reconoció que la cifra de $ 41.824.368.589, corresponde al rubro que la empresa descontó
bajo el concepto de “otros pasivos – cuentas por pagar”. Por tanto, no hay duda fáctica
sobre el monto ni sobre el origen de la discrepancia.
Adicional, la empresa apelante aportó copia de su normatividad interna de gestión
financiera (versión 10 del 15 de diciembre de 2020), que señala específicamente el
proceso de “Gestión cuentas por pagar”, donde se establece que el pago de obligaciones
contraídas con proveedores se realiza a 30 días calendario a partir de la radicación de la
factura.
Esta prueba documental demuestra que las sumas en discusión no son ingresos
percibidos que incrementen el flujo de caja neto de la vigencia, sino obligaciones derivadas
de bienes o servicios ya recibidos que, por los plazos comerciales, quedan pendientes de
pago al cierre del ejercicio. Al ser deudas que pasan de un año a otro, su tratamiento
presupuestal está reglado.
Adicional, tal como lo sostuvo la parte demandante, el artículo 13 del Decreto 115 de 1996
prevé que los gastos causados durante una vigencia, pero cuyo pago se efectúe en la
siguiente, deben incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.
Lo anterior va en consonancia con el concepto 2020200000000011 de la Contaduría
General de la Nación transcrito en la demanda, que reitera que los compromisos
pendientes de pago de vigencias terminadas forman parte del saldo de recursos
disponibles con los que se inicia el nuevo año fiscal.
Igual ocurre con la Asesoría 032707 de 2015 del Ministerio de Hacienda aportada en la
demanda, por medio de la cual la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
certifica lo siguiente:
Por otra parte, el Decreto 111 de 1996 y el Decreto 115 de 1996 no hacen referencia a la
constitución de reservas por parte de las EICE. No obstante, sobre cuentas por pagar el
artículo 13 del segundo: establece:
“El Presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento,
gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen
durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación
presupuestal correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El
pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.” Es
decir que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado ante la existencia de
obligaciones que no se pagan en la vigencia de la apropiación deberán cumplir con el pago
en la siguiente vigencia incluyéndolo en el presupuesto de la misma como una cuenta por
pagar cuya ejecución se hará teniendo en cuenta que todos los actos administrativos que
afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con los certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender
estos gastos. Así mismo los ingresos que respaldan las cuentas por pagar también se
incluyen en el nuevo presupuesto como parte de la disponibilidad inicial.
La sociedad demandante al ser una EICE y estar sujeta a lo previsto por el Decreto 115
de 1996, sus pasivos a fin de año por valor de $41.824.368.589 no corresponden a
recursos nuevos, sino a recursos que desde la perspectiva presupuestal, integran la
disponibilidad inicial destinada a respaldar obligaciones previamente causadas y
pendientes de pago.
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En ese orden de ideas, para la vigencia 2021, el Acuerdo 066 de 2017 del municipio de
Medellín estableció expresamente en el artículo 216 numeral 5º que “Se excluyen del
monto establecido en el presente artículo (…) la disponibilidad inicial”.
Por esta razón, la Sala encuentra que la administración incurrió en un error al aceptar
excluir de la base gravable de la cuota de fiscalización la “disponibilidad inicial” por valor
de $35.427.830.662, pero simultáneamente reincorpora el valor de $41.824.368.589
correspondiente a “otros pasivos – cuentas por pagar”, pese a que la demandante acreditó
que los recursos asociados a dicho rubro hacían parte de la disponibilidad inicial de la
vigencia siguiente, al corresponder al respaldo financiero de obligaciones causadas en la
vigencia anterior y pendientes de pago al cierre del ejercicio fiscal.
En esas condiciones, la inclusión de este último valor desconoce la exclusión prevista en
el numeral 5 del artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017, pues termina incorporando a la
base gravable recursos que materialmente integran la disponibilidad inicial, aunque hayan
sido identificados bajo una denominación contable diferente.
Finalmente, la Sala se aparta del razonamiento acogido en la sentencia de primera
instancia, según el cual la controversia debía resolverse a partir del principio contable del
devengo. Lo anterior por cuanto la determinación de la base gravable de la cuota de
fiscalización exige un análisis de naturaleza presupuestal, orientado a establecer cuáles
recursos integran los ingresos ejecutados de la vigencia y cuáles se encuentran
expresamente excluidos por la normativa aplicable.
En consecuencia, la controversia no podía resolverse exclusivamente a partir de la
clasificación contable del rubro discutido ni mediante la aplicación del principio del
devengo. Lo procedente era establecer si los recursos asociados a las cuentas por pagar
integraban la disponibilidad inicial y, por ende, si se encontraban comprendidos dentro de
la exclusión expresamente prevista en el numeral 5 del artículo 216 del Acuerdo 066 de
2017.
Por ello, si la administración ya aceptó excluir una parte de la disponibilidad inicial, pero
reintegró las cuentas por pagar, está gravando el mismo concepto bajo otro nombre,
violando la exclusión taxativa que el propio concejo municipal consagró».
Frente al defecto sustantivo, la Sala considera que la interpretación de una exclusión
expresamente prevista debe comprender el contenido del concepto presupuestal al
que se refiere. El carácter taxativo de las exclusiones impide crear beneficios para
categorías distintas de las contempladas en la norma, pero, como lo señaló la
autoridad judicial accionada, no obliga a desconocer los recursos que materialmente
pertenecen a una categoría exceptuada por el solo hecho de haber sido registrados
bajo otra denominación.
En este caso, el numeral 5 del artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017 excluye la
disponibilidad inicial sin distinguir si los recursos que la integran están destinados al
pago de obligaciones anteriores. Por tanto, la aplicación de esa disposición exige
establecer su naturaleza presupuestal, pues su destinación no elimina, por sí misma,
la condición que justifica la exclusión.
El esquema presupuestal del Decreto 115 de 1996, empleado en la sentencia
cuestionada, permite comprender esa relación. Su artículo 12 diferencia la
disponibilidad inicial de los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la
vigencia y de los recursos de capital. A su vez, el artículo 13, modificado por el artículo
10 del Decreto 4836 de 2011, dispone que los compromisos y obligaciones pendientes
de pago al 31 de diciembre deben incorporarse al presupuesto del año siguiente como
cuentas por pagar.
Conforme lo explicó el tribunal, esa incorporación comprende dos componentes: (i) la
obligación pendiente, que corresponde al presupuesto de gastos, y (ii) los recursos
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disponibles para atenderla, que se reflejan en el presupuesto de ingresos. Por ello,
que las cuentas por pagar pertenezcan al componente del gasto no impide que su
respaldo financiero integre la disponibilidad inicial. La exclusión recae sobre esos
recursos por su naturaleza presupuestal, sin que ello equivalga a descontar
indiscriminadamente un gasto de los ingresos ejecutados.
La asesoría 032707 del 25 de agosto de 2015 de la Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda, transcrita en la sentencia cuestionada, ilustra esa relación
cuando señala que «los ingresos que respaldan las cuentas por pagar también se
incluyen en el nuevo presupuesto como parte de la disponibilidad inicial». Su
referencia al respaldo financiero permite entender que la disponibilidad inicial puede
comprender recursos afectados al pago de obligaciones anteriores y no únicamente
saldos sin una destinación determinada.
En ese contexto, el tribunal concluyó que los recursos asociados a las cuentas por
pagar examinadas correspondían a disponibilidad inicial destinada a atender
obligaciones pendientes, y que su identificación como «otros pasivos – cuentas por
pagar» no modificaba ese tratamiento ni los convertía en un ingreso nuevo. Por
consiguiente, la exclusión reconocida en la sentencia se apoyó en el concepto
expresamente previsto en el acuerdo municipal y no en una categoría ajena a él.
Así, el tribunal no reconoció una exclusión autónoma para todas las cuentas por pagar
ni incorporó un beneficio ajeno al ordenamiento. Determinó que los recursos
vinculados al rubro controvertido estaban comprendidos dentro de la disponibilidad
inicial. Esa interpretación atiende al funcionamiento presupuestal de las obligaciones
pendientes y permite aplicar la exclusión según la naturaleza de los recursos, sin
hacerla depender exclusivamente del nombre utilizado para registrarlos.
Por estas razones, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo.
En cuanto al defecto fáctico, debe recordarse que la intervención del juez
constitucional exige demostrar un error manifiesto y determinante en la valoración
probatoria. Las diferencias razonables de apreciación están comprendidas en la
autonomía del juez natural y no permiten que la tutela se convierta en una instancia
adicional del proceso.
En este caso, el accionante afirma que hacía falta una prueba técnica, contable o
presupuestal, pero no individualiza el medio probatorio adicional que considera
necesario ni explica por qué la clasificación de los recursos únicamente podía
establecerse mediante una prueba de esa naturaleza. Tampoco desarrolla por qué su
práctica era indispensable frente a los documentos examinados conjuntamente por el
tribunal.
La providencia no se sustentó exclusivamente en las normas y los conceptos citados,
pues la autoridad judicial identificó el rubro y su cuantía a partir de la información
presupuestal aportada, examinó las reglas internas de gestión de cuentas por pagar
y relacionó esos elementos con el tratamiento de las obligaciones pendientes al cierre
del ejercicio. De modo que, el accionante discrepa de la inferencia obtenida, pero esa
discrepancia no demuestra, por sí sola, una omisión probatoria ni un error manifiesto
en la valoración realizada.
De modo que, la ausencia de identificación de una prueba adicional no constituye, por
sí misma, una razón suficiente para descartar cualquier defecto fáctico. Sin embargo,
en los términos en que fue formulado este cargo, correspondía al accionante precisar
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por qué los elementos valorados no podían sustentar la conclusión y por qué resultaba
indispensable el soporte técnico cuya ausencia invoca. La referencia general a una
prueba faltante no acredita que el tribunal estuviera impedido para formar su
convencimiento a partir de los documentos incorporados al proceso.
De igual manera, el hecho de que la administración hubiera descontado
$35.427.830.662 por disponibilidad inicial no demuestra automáticamente una doble
exclusión. Para sustentar ese reproche era necesario explicar que los recursos
comprendidos en esa suma coincidían con aquellos cuya exclusión ordenó el tribunal.
La existencia de valores registrados separadamente no acredita que se hubiera
descontado dos veces un mismo recurso.
En esas condiciones, los argumentos de la parte accionante no demuestran un error
probatorio ostensible con incidencia directa en la decisión. No corresponde al juez de
tutela construir la demostración del defecto ni definir, por cuenta del actor, cuál prueba
adicional habría resultado indispensable para resolver la controversia.
A partir de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la sentencia del 30 de
junio de 2026 no incurrió en los defectos sustantivo y fáctico alegados. La exclusión
discutida se sustentó en el tratamiento presupuestal de los recursos como
disponibilidad inicial, y el cuestionamiento probatorio no acreditó una valoración
arbitraria que justificara la intervención del juez constitucional. En consecuencia, se
negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de amparo, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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