Denegación pensión gracia IDIPRON – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
BogotÆ, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintisØis (2026)
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-03874-01
Demandante JOS(cid:201) `NGEL SANTAMAR˝A S`NCHEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCI(cid:211)N
SEGUNDA, SUBSECCI(cid:211)N A
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Pensi(cid:243)n gracia. Decreto 2277 del 14 de
septiembre de 1979. Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n de la Niæez
y la Juventud IDIPRON. Defecto sustantivo, por desconocimiento del
precedente, procedimental y por violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnaci(cid:243)n interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 3
de julio de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n
A, que dispuso:
«PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculaci(cid:243)n presentada por la Unidad de Gesti(cid:243)n
Pensional y Parafiscales – UGPP, de conformidad con la parte motiva.
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de mayo de 20261, el seæor JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez, actuando a
travØs de apoderado judicial, interpuso acci(cid:243)n de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n A, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso
a la administraci(cid:243)n de justicia y a la seguridad social.
La vulneraci(cid:243)n de sus garant(cid:237)as la atribuye a la sentencia del 2 de febrero de 2026
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25899-33-33-002-2023-00304-00/01.
En consecuencia, formul(cid:243) las siguientes pretensiones:
(Trascripci(cid:243)n literal)
«1. Amparar los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados con la sentencia de
segunda instancia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho con nœmero de
radicado 25899-3333-002-2023-00304-01.
1 Samai, (cid:237)ndice 2. Expediente 11001-03-15-000-2026-03874-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03874-01
Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
2. Dejar sin efectos la sentencia del 02 de febrero de 2026, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 25899-3333-002-2023-00304-01.
3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA emitir una sentencia
que se pronuncie nuevamente haciendo un anÆlisis del precedente jurisprudencial
establecido en la Sentencia proferida el 22 de noviembre de 2012 por el CONSEJO DE
ESTADO, dentro del proceso con radicado No. 25000232500020100030701, M.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, teniendo en cuenta la Sentencia de Unificaci(cid:243)n CE-SUJ-SII-11-
2018 del 21 de junio de 2018».
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Para el aæo 2023, el seæor JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez present(cid:243) demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti(cid:243)n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci(cid:243)n Social UGPP, con el fin de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 009063 del 24 de abril de 2023
y RDP 015449 del 13 de junio de 2023, por medio de las cuales la entidad neg(cid:243)
el reconocimiento y pago de la pensi(cid:243)n gracia de jubilaci(cid:243)n.
2.2. En primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo de ZipaquirÆ
(expediente 25899-33-33-002-2023-00304-00), por sentencia del 25 de marzo de
2025 accedi(cid:243) a las pretensiones de la demanda.
El a quo consider(cid:243) que el seæor JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez s(cid:237) cumpl(cid:237)a
con los requisitos para el reconocimiento de la pensi(cid:243)n gracia, ya que (i)
contaba con 50 aæos cuando solicit(cid:243) el reconocimiento de la pensi(cid:243)n (15 de
diciembre de 2022); (ii) prest(cid:243) sus servicios como docente nacionalizado en el
municipio de ZipaquirÆ; (iii) no existi(cid:243) prueba que desvirtuara su buena
conducta, honestidad e idoneidad; y (iv) complet(cid:243) mÆs de 20 aæos de servicio
(Ley 114 de 1913) prestados de la siguiente manera: (a) nombrado docente el
18 de marzo de 1980 mediante el Decreto 290 expedido por el Distrito de
BogotÆ en el Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n de la Niæez y la Juventud
IDIPRON, y (b) vinculado como docente en el municipio de ZipaquirÆ desde el
14 de abril de 1982 hasta el 1 de enero de 2022.
2.3. Contra esta decisi(cid:243)n la parte demandante y demandada presentaron recurso
de apelaci(cid:243)n.
El demandante lo sustent(cid:243) seæalando que se present(cid:243) un error en la fecha de
adquisici(cid:243)n del estatus pensional que se indic(cid:243) en la parte resolutiva de la
sentencia, por lo que pidi(cid:243) que se modificara en el entendido de que este se
consolid(cid:243) el 28 de diciembre de 2008, cuando cumpli(cid:243) los 50 aæos y los 20
aæos de servicio en la educaci(cid:243)n oficial.
Por su parte, la demandada plante(cid:243) que no se pod(cid:237)a reconocer la pensi(cid:243)n
gracia porque el v(cid:237)nculo del docente inici(cid:243) en 1982, y el art(cid:237)culo 15 de la Ley
91 de 1989 establece que el docente debe estar vinculado al servicio educativo
oficial antes del 31 de diciembre de 1980; ademÆs, afirm(cid:243) que existi(cid:243) un error
en la valoraci(cid:243)n probatoria del tiempo laborado en el IDIPRON, pues el cargo
desempeæado fue el de Coordinador II en una entidad de naturaleza social y
asistencial y no educativa; tambiØn cuestion(cid:243) la vinculaci(cid:243)n del demandante
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Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
en el municipio de ZipaquirÆ con un esquema de nacionalizaci(cid:243)n lo que har(cid:237)a
que su relaci(cid:243)n laboral tuviera naturaleza nacional, no obstante precis(cid:243) que si
se reconoc(cid:237)an estos tiempos resultar(cid:237)an ser posteriores a 1980.
2.4. El 2 de febrero de 2026 la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dict(cid:243) sentencia de segunda instancia en la
que revoc(cid:243) la sentencia del juzgado, para en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda.
Como fundamento de su decisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, si bien se acredit(cid:243) la vinculaci(cid:243)n
del seæor JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez al IDIPRON desde el 16 de enero
de 1978 hasta el 3 de febrero de 1982 «el material probatorio no permite establecer
las funciones espec(cid:237)ficas desarrolladas en ese periodo» las cuales permiten identificar
que las labores que se realizaron se ajustaron al concepto legal de «profesi(cid:243)n
docente». Por lo que, al no acreditarse la vinculaci(cid:243)n antes del 31 de diciembre
de 1980 no proced(cid:237)a el reconocimiento de la pensi(cid:243)n gracia y, en
consecuencia, revoc(cid:243) la decisi(cid:243)n de primera instancia.
3. Fundamentos de la acci(cid:243)n
La parte demandante manifest(cid:243) que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales al
indicar «que se da cumplimiento a todos los requisitos de procedencia, exigidos por jurisprudencia
de la Corte Constitucional».
En cuanto al fondo del asunto, aleg(cid:243) que la sentencia cuestionada incurri(cid:243) en
defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente, procedimental y por
violaci(cid:243)n directa a la Constituci(cid:243)n.
3.1. Defecto sustantivo. Se configur(cid:243) pues, como fundamento de la decisi(cid:243)n el
Tribunal cit(cid:243) la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2016 por el Consejo
de Estado (exp. 25000-23-42-000-2013-06310-01) y que esta decisi(cid:243)n no guarda
relaci(cid:243)n directa con el presente asunto y no es precedente.
Explic(cid:243) que en esa oportunidad la demandante labor(cid:243) en el Departamento
Administrativo de Bienestar Social y pretendi(cid:243) que se le tuviera en cuenta esa
vinculaci(cid:243)n para efectos de la pensi(cid:243)n gracia; situaci(cid:243)n fÆctica que a juicio del
actor difiere de su caso pues su vinculaci(cid:243)n fue con el Instituto Distrital para la
Protecci(cid:243)n de la Niæez y la Juventud IDIPRON.
Mencion(cid:243) que en el acÆpite de «ALCANCE DEL CONCEPTO DE DOCENTE EN EL
CASO CONCRETO» que se desarroll(cid:243) en la sentencia del 16 de septiembre de
2015, se cit(cid:243) entre otras, la sentencia del Consejo de Estado del 22 de
noviembre de 2012 (exp. 25000-23-25-000-2010-00307-01) solo para definir el
tØrmino docente.
Cuestion(cid:243) que en las pÆginas 13, 14 y 15 de la sentencia del 2 de febrero de
2026 el Tribunal transcribi(cid:243) dos sentencias diferentes de forma continua como
si se tratara de una sola, las cuales identific(cid:243) como: (i) la sentencia del Consejo
de Estado del 22 de noviembre de 2012 (exp. 25000-23-25-000-2010-00307-01),
y (ii) la sentencia del Consejo de Estado del 15 de septiembre de 2016 (exp.
25000-23-42-000-2013-06310-01).
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Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. Mencion(cid:243) que se desconoci(cid:243)
la sentencia del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2012 (exp. 25000-
23-25-000-2010-00307-01), pues «esta sentencia tiene como fundamento fÆctico que el
actor labor(cid:243) como docente en el Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n de la Niæez y la Juventud
– IDIPRON, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1975 y el 30 de
diciembre del mismo aæo». Indic(cid:243) que esa sentencia hace un anÆlisis de la
naturaleza jur(cid:237)dica de IDIPRON y el desarrollo normativo de la entidad.
Transcribi(cid:243) los apartes que consider(cid:243) como la ratio decidendi de la sentencia
del 22 de noviembre de 2012, as(cid:237):
«Ahora bien, la ley 114 de 1913 y demÆs normas que la desarrollan, establecen como
beneficiarios de la pensi(cid:243)n gracia a aquellos docentes que estuvieron vinculados como
maestros o docentes en escuelas primarias oficiales, en enseæanza secundaria, normalista o
como inspectores de instrucci(cid:243)n pœblica, en colegios de carÆcter departamental o municipal o
que se hayan visto afectados en el proceso de nacionalizaci(cid:243)n.
Con base en el anterior presupuesto, se puede observar que cuando se cre(cid:243) el IDIPRON
mediante el acuerdo 80 de 1967, la finalidad de dicho instituto era la de fomentar el desarrollo
integral del niæo y la juventud.
Dada esa naturaleza y la finalidad que se persigui(cid:243) con dicha instituci(cid:243)n Distrital, no podr(cid:237)a
entenderse que aquellos educadores que hayan prestado sus servicios sean beneficiarios de
la ley 114 de 1913, pues segœn el acuerdo antes referido dicha instituci(cid:243)n no era un
establecimiento educativo de carÆcter oficial, en tanto el Concejo Distrital no lo concibi(cid:243) de
esa manera, ni impart(cid:237)a programas en la formaci(cid:243)n bÆsica primaria o secundaria.
No obstante, con la expedici(cid:243)n del decreto 2277 de 1979, el cual regul(cid:243) y defini(cid:243) la profesi(cid:243)n
docente, puede afirmarse que aquellas personas que ejercen la labor de la enseæanza en
planteles oficiales y no oficiales lo hacen en condici(cid:243)n de profesional docente. Es decir que a
partir de que fue expedido el decreto 2277 se podr(cid:237)a catalogar a los educadores que impart(cid:237)an
enseæanza en el IDIPRON como docentes, pues esa fue la finalidad del Legislador
extraordinario de entrar a regular la profesi(cid:243)n docente en planteles oficiales y no oficiales en
el Sistema Educativo Nacional.
Es as(cid:237), que al IDIPRON mediante las resoluciones nœmeros 105721 del 28 de julio de 1978 y
21191 del 19 de noviembre de 1980, expedidas por el Ministerio de Educaci(cid:243)n, se le aprobaron
los grados de educaci(cid:243)n bÆsica y educaci(cid:243)n media vocacional acadØmica, calificando el
servicio de bachillerato de dicho instituto como un plantel del orden oficial de nivel Distrital.
De lo expuesto se puede entender que las labores que desempeæaban aquellos educadores
en el IDIPRON, no ten(cid:237)an la virtualidad de ser calificadas como docencia del nivel oficial, pues
dicha instituci(cid:243)n no ten(cid:237)a la calidad de establecimiento oficial y no impart(cid:237)a programas a nivel
de primaria y secundaria; ya a partir de que entr(cid:243) a regir el decreto 2277 de 1979 y se
aprobaron sus programas de bachillerato acadØmico, cambi(cid:243) la condici(cid:243)n de su profesorado,
quienes a partir de ese momento ostentan la calidad de docentes del nivel Distrital, y por tanto,
podr(cid:237)a entenderse que sean beneficiarios de la pensi(cid:243)n gracia».
Finaliz(cid:243) indicando que con base en los fundamentos jur(cid:237)dicos y fÆcticos
aplicados en la citada sentencia se debi(cid:243) estudiar el caso del seæor JosØ `ngel
Santamar(cid:237)a SÆnchez, pero que en su lugar el Tribunal hizo el anÆlisis de la
sentencia del Consejo de Estado del 15 de septiembre de 2016 que no ten(cid:237)a
relaci(cid:243)n con el asunto en estudio.
3.3. Defecto procedimental. Se materializ(cid:243) cuando el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca seæal(cid:243) que el tiempo laborado por el demandante en IDIPRON
exig(cid:237)a «prueba del ejercicio efectivo de las funciones de enseæanza, direcci(cid:243)n y coordinaci(cid:243)n
de los planteles educativos, de supervisi(cid:243)n e inspecci(cid:243)n escolar, de programaci(cid:243)n y
capacitaci(cid:243)n educativa, de consejer(cid:237)a y orientaci(cid:243)n del educando, de educaci(cid:243)n especial o de
alfabetizaci(cid:243)n de adultos […]», a pesar de que se aport(cid:243): (i) el Decreto 361 de 13
de marzo de 1979 en donde se nombr(cid:243) al seæor JosØ `ngel en el cargo de
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03874-01
Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
educador asistente III del Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n de la Niæez y de
la Juventud IDIPRON, y (ii) el comunicado del 14 de marzo de 1979 en el que
se le inform(cid:243) a la Alcald(cid:237)a Mayor de BogotÆ el nombramiento.
En ese orden de ideas, seæal(cid:243) que el Tribunal desconoci(cid:243) el parÆmetro
establecido en la quinta regla de la sentencia de unificaci(cid:243)n SUJ-11S2 del 21
de junio de 2018, en lo referente a la prueba de calidad de docente territorial.
Destac(cid:243) que las pruebas requeridas por esa autoridad judicial no estÆn
contempladas en ninguna parte del ordenamiento jur(cid:237)dico desconociendo el
art(cid:237)culo 2 del Decreto 2277 de 1979 que establece la definici(cid:243)n de «profesi(cid:243)n
docente».
3.4. Defecto por violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n. Consider(cid:243) su
configuraci(cid:243)n pues el asunto discutido tiene que ver con el reconocimiento de
una pensi(cid:243)n de jubilaci(cid:243)n gracia, que se relaciona con el derecho a la
seguridad social y al debido proceso, en donde se aportaron las pruebas que
demostraban su configuraci(cid:243)n.
4. TrÆmite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 25 de mayo de 2026 el despacho del magistrado Juan Camilo
Morales Trujillo admiti(cid:243)2 la acci(cid:243)n de tutela presentada por el seæor JosØ
`ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez contra la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Asimismo, vincul(cid:243) en calidad de terceros con interØs a la Unidad Administrativa
Especial de Gesti(cid:243)n Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP. Se
requiri(cid:243) al Juzgado Segundo Administrativo de ZipaquirÆ para que remitiera
copia digitalizada del proceso 25899-33-33-002-2023-00304-00/01; y se orden(cid:243)
surtir las notificaciones correspondientes.
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de ZipaquirÆ3 aport(cid:243) copia de las
piezas procesales del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
25899-33-33-002-2023-00304-00/01, y alleg(cid:243) el enlace de consulta de este en el
Sistema de Gesti(cid:243)n Samai y en SharePoint.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci(cid:243)n Segunda,
Subsecci(cid:243)n A4 manifest(cid:243) que se remit(cid:237)a a las consideraciones que se
expusieron en el fallo del 2 de febrero de 2026.
Seæal(cid:243) que el fundamento para adoptar esa decisi(cid:243)n fue que el demandante
en «enero de 1978 y febrero de 1982, desempeæ(cid:243) el empleo educador asistencial y de
coordinador del IDIPRON, tiempo en el cual no demostr(cid:243) el cumplimiento de funciones
docentes», aæadi(cid:243) que la naturaleza del Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n de
la Niæez y la Juventud IDIPRON es la de prestar servicios de asistencia social,
orientaci(cid:243)n vocacional, educaci(cid:243)n informal para el primer empleo, entre otras.
Mencion(cid:243) que la sentencia cuestionada acogi(cid:243) los argumentos de la
demandada que era descartar los tiempos servidos antes de 31 de diciembre
de 1980, pues la pensi(cid:243)n gracia surgi(cid:243) para favorecer a los docentes
2 Samai, (cid:237)ndice 4. Expediente 11001-03-15-000-2026-03874-00.
3 Samai, (cid:237)ndice 11. Expediente 11001-03-15-000-2026-03874-00.
4 Samai, (cid:237)ndice 13. Expediente 11001-03-15-000-2026-03874-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03874-01
Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
territoriales o nacionalizados «mÆs no a quienes, como el actor, antes de 1980 fueron
servidores pœblicos con funciones administrativas en una entidad cuya naturaleza no es la de
prestar servicios educativos».
En consecuencia, dijo que este asunto no supera el requisito de la relevancia
constitucional en la medida que no se puede usar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia para reabrir debates ya culminados.
4.4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti(cid:243)n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci(cid:243)n Social UGPP5 manifest(cid:243) que
carece de legitimaci(cid:243)n en la causa por pasiva, pues las pretensiones de la
acci(cid:243)n estÆn dirigidas contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
ademÆs de que no ha causado daæo alguno ni puesto en peligro los derechos
fundamentales del actor. En consecuencia, solicit(cid:243) ser desvinculada del
asunto.
Respecto de los argumentos del actor dijo que se estaba empleando esta
acci(cid:243)n de tutela para desconocer la sentencia del juez natural que resolvi(cid:243) el
asunto con argumentos legales y jurisprudenciales vÆlidos en pro de obtener
un beneficio econ(cid:243)mico y destac(cid:243) que tampoco se demuestra la existencia de
un perjuicio irremediable.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n A, mediante sentencia del 3
de julio de 20266 neg(cid:243) la solicitud de desvinculaci(cid:243)n de la UGPP y neg(cid:243) las
pretensiones de la acci(cid:243)n de tutela.
Como cuesti(cid:243)n previa la Subsecci(cid:243)n A indic(cid:243) que no se realizar(cid:237)a de forma
independiente el estudio del defecto por violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n pues el
actor «no formul(cid:243) un cargo aut(cid:243)nomo encaminado a demostrar su configuraci(cid:243)n», sin embargo,
los principios y derechos constitucionales invocados ser(cid:237)an considerados en el
estudio de los demÆs argumentos. A su vez, en lo que respecta al defecto
procedimental indic(cid:243) que los planteamientos expuestos por el accionante no
corresponden a ese defecto, por lo que ser(cid:237)an estudiados como un defecto
sustantivo en raz(cid:243)n a que se cuestion(cid:243) que el Tribunal le exigi(cid:243) un estÆndar
probatorio no previsto en el ordenamiento jur(cid:237)dico para probar su condici(cid:243)n de
docente al exigir «certificados de funciones, planes acadØmicos, asignaciones de cursos,
constancias de orientaci(cid:243)n pedag(cid:243)gica y el manual espec(cid:237)fico de funciones del IDIPRON».
Frente al estudio del defecto sustantivo, la Subsecci(cid:243)n A seæal(cid:243) que el accionante
mencion(cid:243) la indebida invocaci(cid:243)n de las sentencias: (i) 15 de septiembre de 2016,
con radicado 25000-23-42-000-2013-06310-01 y (ii) del 22 de noviembre de 2012, con
radicado 25000-23-25-000-2010-00307-01, proferidas por el Consejo de Estado.
Explic(cid:243) que el Tribunal cit(cid:243) esas providencias para precisar el concepto de «docente»
a efectos de realizar el estudio del reconocimiento de la pensi(cid:243)n gracia conforme al
Decreto 2277 de 1979, para determinar quØ «docente es quien ejerce funciones de
enseæanza o labores educativas previstas en la normativa, dentro de establecimientos educativos
oficiales o no oficiales autorizados por el Ministerio de Educaci(cid:243)n Nacional. Precis(cid:243) que dicho
5 Samai, (cid:237)ndice 14 y 15. Expediente 11001-03-15-000-2026-03874-00.
6 Samai, (cid:237)ndice 18. Expediente 11001-03-15-000-2026-03874-00.
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concepto comprende tambiØn las funciones de direcci(cid:243)n, coordinaci(cid:243)n, supervisi(cid:243)n, inspecci(cid:243)n y
orientaci(cid:243)n educativa».
Aæadi(cid:243) que si bien el Tribunal acudi(cid:243) a la sentencia dictada en el proceso 25000-23-
25-000-2010-00307-01 para establecer una definici(cid:243)n de docente, este actuar no es
una extralimitaci(cid:243)n en el ejercicio de la funci(cid:243)n jurisdiccional, pues la jurisprudencia
opera como un criterio auxiliar de la actividad judicial.
Conforme a la definici(cid:243)n de docente del Decreto 2277 de 1979 y a la desarrollada
por el Consejo de Estado, se consider(cid:243) que era necesario acreditar el ejercicio
efectivo de funciones, en raz(cid:243)n a que el IDIPRON «antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2277 de 1979 y de la aprobaci(cid:243)n oficial de sus programas educativos, cumpl(cid:237)a una finalidad
de protecci(cid:243)n social y no ostentaba la condici(cid:243)n de establecimiento educativo oficial, encontrÆndose
adscrita al sector asistencia o social y no al educativo».
Por ello, frente al cuestionamiento del actor segœn el cual el Tribunal le exigi(cid:243) un
estÆndar probatorio que no estaba contemplado en el ordenamiento jur(cid:237)dico ni en el
precedente, la Subsecci(cid:243)n A seæal(cid:243) que la regla que fij(cid:243) la sentencia de unificaci(cid:243)n
del Consejo de Estado que invoc(cid:243) el accionante (CE-SUJ2-011-18 SUJ-11-S2, de 21
de junio de 2018) no resuelve el problema, pues en esa sentencia de unificaci(cid:243)n lo
que se estableci(cid:243) fueron los medios id(cid:243)neos para acreditar la naturaleza territorial
de la vinculaci(cid:243)n del docente «al precisar que esta puede demostrarse mediante los actos
administrativos de nombramiento o, en su defecto, con certificaci(cid:243)n expedida por la autoridad
nominadora que permita establecer inequ(cid:237)vocamente el tipo de vinculaci(cid:243)n», luego ese
precedente no fij(cid:243) una regla sobre los medios de prueba necesarios para acreditar
que un servidor ejerci(cid:243) funciones comprendidas dentro del concepto legal de
profesi(cid:243)n docente.
Explic(cid:243) que el Tribunal no cuestion(cid:243) la existencia de una vinculaci(cid:243)n laboral del
seæor Santamar(cid:237)a SÆnchez con el IDIPRON, ni desconoci(cid:243) lo actos administrativos
de nombramiento, sino que concluy(cid:243) que de la valoraci(cid:243)n probatoria no era posible
establecer que las labores desarrolladas fueran funciones docentes definidas en el
Decreto 2277 de 1979, lo que no permit(cid:237)a acreditar los presupuestos necesarios
para computar ese tiempo para el reconocimiento de la pensi(cid:243)n gracia.
Estim(cid:243) que el actor equipar(cid:243) indebidamente un estÆndar de suficiencia probatoria
con una tarifa legal, cuando es el juez quien valora (cid:237)ntegramente el acervo
probatorio. Indic(cid:243) que el Tribunal no afirm(cid:243) que exigiera «exclusivamente certificados de
funciones, planes acadØmicos, asignaciones de cursos, constancias de orientaci(cid:243)n pedag(cid:243)gica o el
manual espec(cid:237)fico de funciones para demostrar la condici(cid:243)n docente, ni estableci(cid:243) una regla segœn
la cual esos documentos constituyeran los œnicos medios de prueba admisibles», sino que de las
pruebas obrantes en el expediente no se pudo verificar que el demandante hubiera
desempeæado funciones comprendidas en el concepto legal de profesi(cid:243)n docente.
Por lo que, esa Subsecci(cid:243)n no encontr(cid:243) configurado el defecto sustantivo.
En lo que respecta al defecto por desconocimiento del precedente el actor consider(cid:243)
desconocida la sentencia del 22 de noviembre de 2012, con radicado 25000-23-25-
000-2010-00307-01, proferida por el Consejo de Estado, al decir que existe similitud.
Sin embargo, la Subsecci(cid:243)n A seæal(cid:243) que el actor no identific(cid:243) de manera clara y
precisa la regla, el principio o criterio que fue desconocido por el Tribunal, tampoco
acredit(cid:243) la identidad del problema jur(cid:237)dico ni la similitud fÆctica entre la providencia
censurada y la decisi(cid:243)n que se invoca como precedente.
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No obstante, de la revisi(cid:243)n de la providencia mencionada se identific(cid:243) que trataba
de un servidor «que prest(cid:243) sus servicios como profesor de mœsica entre septiembre y diciembre
de 1975, esto es, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2277 de 1979 y antes de que los
programas acadØmicos del IDIPRON fueran oficialmente reconocidos por el Ministerio de
Educaci(cid:243)n», por lo que, si bien se menciona la transformaci(cid:243)n del IDIPRON con
ocasi(cid:243)n del Decreto 2277 de 1979 y afirma que desde entonces se «podr(cid:237)a catalogar»
como docentes a quienes impart(cid:237)an enseæanza en esa instituci(cid:243)n, esa informaci(cid:243)n
«no constituy(cid:243) la regla necesaria para resolver el litigio» pues el demandante en ese proceso
no labor(cid:243) en el IDIPRON despuØs de 1979, de ah(cid:237) que concluy(cid:243) que se trata de una
evoluci(cid:243)n normativa del instituto pero que no fue aplicada para resolver el caso
concreto, lo que significa que «lo expuesto constituyo (sic) parte de la obiter dictum y no de la
ratio decidendi del fallo». Esto demuestra que tampoco se configur(cid:243) el defecto por
desconocimiento del precedente.
6. Impugnaci(cid:243)n
Dentro del tØrmino previsto en el art(cid:237)culo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugn(cid:243) el fallo de primera instancia para que fuera revocado.
Consider(cid:243) que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci(cid:243)n Segunda,
Subsecci(cid:243)n A vulner(cid:243) los derechos fundamentales del actor pues al hacer una
lectura integral de las fuentes del derecho se evidenci(cid:243) «que Øl fue educador en IDIPRON
despuØs del 14 de septiembre de 1979, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2277 de 1979».
Mencion(cid:243) que el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n A err(cid:243) al
analizar el defecto por desconocimiento del precedente y al concluir que este no se
configuraba, pues en la sentencia del 22 de noviembre de 2012 (radicado 25000-23-
25-000-2010-00307-01) el Consejo de Estado neg(cid:243) las pretensiones de la demanda
instaurada por el seæor JosØ Vicente Rubio Delgado, ya que este no labor(cid:243) como
docente despuØs de la entrada en vigencia del Decreto 2277 de 1979, aspecto que
es fundamental para resolver este caso y respecto del cual el Tribunal no expuso
las razones para apartarse.
Destac(cid:243) que si el Tribunal hubiera utilizado el mencionado precedente esa decisi(cid:243)n
hubiera estado motivada de forma correcta.
Aæadi(cid:243) que la jurisprudencia constitucional ha sido enfÆtica en seæalar que en
materia de seguridad social la carga de la prueba no puede trasladarse al trabajador
«respecto de documentos que estÆn en cabeza del empleador o que, por la naturaleza de la relaci(cid:243)n,
no existieron formalmente», por lo que se considera que se desconoci(cid:243) el principio de
favorabilidad e in dubio pro operario.
Adujo que la decisi(cid:243)n adoptada por el Tribunal no constituye un ejercicio
interpretativo razonado, pues sustent(cid:243) su decisi(cid:243)n en un fragmento de la sentencia
del Consejo de Estado del 15 de septiembre de 2016 que no tiene relaci(cid:243)n con el
caso del seæor Santamar(cid:237)a SÆnchez, y no tuvo en cuenta los actos administrativos
de nombramiento y los conceptos jur(cid:237)dicos que defin(cid:237)an la naturaleza del IDIPRON.
Se refiri(cid:243) al art(cid:237)culo 230 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica para destacar que los jueces solo
estÆn sometidos al imperio de la ley y los demÆs criterios son auxiliares de la
actividad judicial, por ello cit(cid:243) la sentencia del Consejo de Estado del 30 de mayo
de 2019 para indicar que segœn su interpretaci(cid:243)n de la sentencia se «reconoci(cid:243) que la
jurisprudencia es una fuente importante del derecho, pero se debe respetar la jerarqu(cid:237)a de las fuentes
del derecho colombiano».
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Posteriormente cit(cid:243) el art(cid:237)culo 2 del Decreto 2277 de 1979, en donde se define la
«Profesi(cid:243)n docente» destacando que los docentes tambiØn ejercen funciones de
direcci(cid:243)n y coordinaci(cid:243)n de los planteles educativos. Y afirm(cid:243) que la vulneraci(cid:243)n de
sus derechos emana del numeral 54 de la sentencia del 2 de febrero de 2026.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acci(cid:243)n de tutela
La acci(cid:243)n de tutela, consagrada en el art(cid:237)culo 86 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protecci(cid:243)n inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneraci(cid:243)n, por la acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales
La acci(cid:243)n de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y as(cid:237) lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acci(cid:243)n.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que cuando se
interpone la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonom(cid:237)a e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acci(cid:243)n contra providencias judiciales
exige una mejor fundamentaci(cid:243)n del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jur(cid:237)dico
Teniendo en cuenta el escrito de impugnaci(cid:243)n y por tratarse de una acci(cid:243)n de tutela
contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si le asisti(cid:243) raz(cid:243)n al
7 Decreto 2591 de 1991. Art(cid:237)culo 1: «Toda persona tendrÆ acci(cid:243)n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s(cid:237) misma o por quien actœe en su nombre, la protecci(cid:243)n
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acci(cid:243)n o la omisi(cid:243)n de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este Decreto».
8 Los requisitos generales para la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acci(cid:243)n; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protecci(cid:243)n de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acci(cid:243)n se haya interpuesto en un tØrmino prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisi(cid:243)n proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgÆnico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fÆctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivaci(cid:243)n, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violaci(cid:243)n directa de la
Constituci(cid:243)n.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ram(cid:237)rez R.
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Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
juez de tutela de primera instancia al negar la solicitud de amparo presentada por el
seæor JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez. Para ello se procederÆ a estudiar los
argumentos planteados por el accionante en su impugnaci(cid:243)n.
4. Sobre la acreditaci(cid:243)n de los requisitos generales de procedencia de la
acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales
Frente a los requisitos generales de procedibilidad se estima pertinente indicar que
este caso cumple a cabalidad con cada uno de ellos as(cid:237):
4.1. El caso bajo estudio reviste relevancia constitucional, en la medida en que se invoca
la protecci(cid:243)n de los derechos fundamentales del accionante, quien alega que debido
al desconocimiento del precedente (sentencia del Consejo de Estado del 22 de
noviembre de 2012 radicado 25000-23-25-000-2010-00307-01), a la indebida
aplicaci(cid:243)n de otras decisiones judiciales, e incluso a la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 2
del Decreto 2277 de 1979, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci(cid:243)n
Segunda, Subsecci(cid:243)n A, resolvi(cid:243) en segunda instancia revocar la decisi(cid:243)n del
Juzgado Segundo Administrativo de ZipaquirÆ, quien hab(cid:237)a accedido a las
pretensiones en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 25899-
33-33-002-2023-00304-00/01. Lo que implica la vulneraci(cid:243)n de su derecho a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administraci(cid:243)n de justicia y a la seguridad
social.
4.2. Contra la sentencia acusada no procede recurso ordinario o extraordinario que
permita la protecci(cid:243)n de los derechos que se estiman desconocidos.
4.3. Se cumple con el requisito de la inmediatez toda vez que la sentencia cuestionada
fue notificada electr(cid:243)nicamente el 6 de febrero de 202611, por lo que conforme al
art(cid:237)culo 205 CPACA la notificaci(cid:243)n se entiende realizada una vez transcurridos dos
d(cid:237)as hÆbiles siguientes al env(cid:237)o del mensaje (9 y 10 de febrero de 2026). Y se tiene
que la solicitud de amparo se radic(cid:243) el 20 de mayo de 2026, esto es, dentro del plazo
razonable de seis meses a partir de la providencia judicial que se controvierte,
establecido por la jurisprudencia constitucional.
4.4. En la solicitud de amparo se hace una narraci(cid:243)n clara de los hechos y de los defectos
de los que la parte actora considera que adolece la providencia.
4.5. No se advierte una irregularidad procesal que sea determinante.
4.6. Finalmente, se observa que la providencia cuestionada no corresponde a una
decisi(cid:243)n dictada en trÆmite de este mecanismo constitucional.
5. Desconocimiento del precedente judicial alcance y anÆlisis en el caso
particular
5.1. El defecto por desconocimiento del precedente judicial alude a que un caso
similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que se
decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe
ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
Para la Sala es posible plantear la transgresi(cid:243)n del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fÆctica y jur(cid:237)dica con el caso en que se solicita su aplicaci(cid:243)n
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes
11 Samai, (cid:237)ndice 14. Expediente 25899-33-33-002-2023-00304-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03874-01
Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente,
como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la
decisi(cid:243)n judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente
vinculante (contradicci(cid:243)n con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia
no presente una justificaci(cid:243)n razonable para apartarse del precedente
vinculante.
La Corte Constitucional ha distinguido dos tipos de precedente: el horizontal y
el vertical. Los jueces incurren en desconocimiento del precedente horizontal
cuando se alejan de las tesis desarrolladas en sus propias decisiones12. De
otra parte, el precedente vertical refiera a los lineamientos establecidos por
instancias superiores, es decir, por los (cid:243)rganos de cierre de cada jurisdicci(cid:243)n
o por la Corte Constitucional13.
Entonces, por regla general, corresponde a las autoridades judiciales, en
garant(cid:237)a del derecho a la igualdad, seguir el principio o reglas de decisi(cid:243)n
establecidas previamente en casos similares; no obstante, es posible que los
jueces se aparten del precedente vigente siempre que cumplan con las cargas
de transparencia y suficiencia para tal fin.
La carga de transparencia exige exponer de manera clara, precisa y detallada
cual es y en quØ consiste el precedente del que se aparta. De otra parte, la
carga de suficiencia argumentativa supone que el operador judicial presente
razones «especialmente poderosas», que no simples desacuerdos que
justifiquen el apartamiento y la afectaci(cid:243)n de los principios de seguridad
jur(cid:237)dica, igualdad, buena fe y coherencia. Asimismo, la jurisprudencia
constitucional exige que el juez justifique por quØ la tesis disidente desarrolla
de mejor manera el contenido de los derechos fundamentales en litigio.
5.2. Esta Sala procede a resolver los planteamientos que realiz(cid:243) el seæor JosØ
`ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez en su escrito de impugnaci(cid:243)n.
En primer lugar, se estudiarÆ el argumento segœn el cual el Tribunal no realiz(cid:243)
un ejercicio interpretativo razonado, pues sustent(cid:243) su decisi(cid:243)n en un
fragmento de la sentencia del Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda,
Subsecci(cid:243)n B del 15 de septiembre de 2016, con radicado 25000-23-42-000-
2013-06310-01 que no tiene relaci(cid:243)n con el caso del seæor Santamar(cid:237)a
SÆnchez, y no tuvo en cuenta los actos administrativos de nombramiento y los
conceptos jur(cid:237)dicos que defin(cid:237)an la naturaleza del IDIPRON.
De la revisi(cid:243)n de la sentencia de segunda instancia del 2 de febrero de 2026
dictada por la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que revoc(cid:243) el fallo del juzgado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 25899-33-33-002-2023-00304-00/01, se
advierte que los argumentos que se plantearon en los recursos de apelaci(cid:243)n
fueron los siguientes:
(i) De una parte, el demandante manifest(cid:243) que se present(cid:243) un error en la fecha de
adquisici(cid:243)n del estatus pensional que se indic(cid:243) en la parte resolutiva de la
sentencia, por lo que pidi(cid:243) que se modificara en el entendido de que este se
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-029 de 2024.M.P. Jorge Enrique IbÆæez.
13 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
consolid(cid:243) el 28 de diciembre de 2008, cuando cumpli(cid:243) los 50 aæos y los 20 aæos
de servicio en la educaci(cid:243)n oficial.
(ii) Del otro lado, la demandada present(cid:243) recurso de apelaci(cid:243)n contra la sentencia
de primera instancia argumentando que no se pod(cid:237)a reconocer la pensi(cid:243)n
gracia porque el v(cid:237)nculo del docente inici(cid:243) en 1982, y el art(cid:237)culo 15 de la Ley 91
de 1989 establece que el docente debe estar vinculado al servicio educativo
oficial antes del 31 de diciembre de 1980; ademÆs, afirm(cid:243) que existi(cid:243) un error
en la valoraci(cid:243)n probatoria del tiempo laborado en el IDIPRON, pues el cargo
desempeæado fue el de Coordinador II en una entidad de naturaleza social y
asistencial y no educativa; tambiØn debati(cid:243) la vinculaci(cid:243)n del demandante en
ZipaquirÆ con un esquema de nacionalizaci(cid:243)n lo que har(cid:237)a que su relaci(cid:243)n
laboral tuviera naturaleza nacional, no obstante indic(cid:243) que si se reconociera
estos tiempos resultar(cid:237)an ser posteriores a 1980.
Al momento de resolver los cargos propuestos en los recursos de apelaci(cid:243)n el
Tribunal en la parte considerativa identific(cid:243): (i) el problema jur(cid:237)dico, (ii) los
actos acusados, (iii) los fundamentos de la decisi(cid:243)n, en donde mencion(cid:243) el
«MARCO NORMATIVO DE LA PENSI(cid:211)N GRACIA – GENERALIDADES Y REQUISITOS», y
(iv) el estudio de fondo.
En el marco jur(cid:237)dico de la sentencia cuestionada se hizo un recuento de la
normatividad que ha desarrollado la pensi(cid:243)n gracia, realiz(cid:243) unas citas
jurisprudenciales dentro de las cuales transcribi(cid:243) unos fragmentos de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n
A del 22 de noviembre de 2012 (radicado 25000-23-25-000-2010-00307-01) para
hacer referencia a que con la expedici(cid:243)n del Decreto 2277 de 1979 «aquellas
personas que ejercen la labor de la enseæanza en planteles oficiales y no oficiales lo hacen
en condici(cid:243)n de profesional docente. Es decir que a partir de que fue expedido el Decreto 2277
se podr(cid:237)a catalogar a los educadores que impart(cid:237)an enseæanza en el Idipron como docentes,
pues esa fue la finalidad del legislador extraordinario […]».
Luego transcribi(cid:243) otros apartes de la sentencia del Consejo de Estado,
Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n B del 15 de septiembre de 2016, (exp. 25000-
23-42-000-2013-06310-01) para seæalar que «el sistema normativo que rodea el
concepto de educador no obsta para que se procure desnaturalizar el sentido formal de la
docencia como labor formativa contenida en la ley, y permitir que abruptamente se procure
incluir dentro de este status a otro tipo de funcionarios […]».
Lo anterior para indicar que «aceptar de manera indiscriminada que la sola vinculaci(cid:243)n
laboral a una entidad territorial, cualquiera sea su nivel, junto con el ejercicio de actividades
docentes, resulte suficiente para acceder a la pensi(cid:243)n gracia, desnaturalizar(cid:237)a el fundamento
y raz(cid:243)n de ser de esta prerrogativa», pues el sustento para la concesi(cid:243)n de la
pensi(cid:243)n era compensar los bajos salarios que recib(cid:237)an los profesores de
primaria de las entidades territoriales, comparadas con las asignaciones de los
docentes vinculados directamente con la naci(cid:243)n, lo que posteriormente, se
ampli(cid:243) a los maestros de secundaria.
En el desarrollo del caso concreto la autoridad judicial accionada dijo que el
Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n de la Niæez y la Juventud IDIPRON fue
creado mediante Acuerdo 80 de 1967 del Concejo de BogotÆ, para desarrollar
actividades relacionadas con «lactancia, nutrici(cid:243)n, guarder(cid:237)a, rehabilitaci(cid:243)n f(cid:237)sica,
readaptaci(cid:243)n social, cl(cid:237)nica, biblioteca, campo de escultismo, alfabetizaci(cid:243)n, educaci(cid:243)n media,
educaci(cid:243)n artesanal, educaci(cid:243)n agr(cid:237)cola y la orientaci(cid:243)n vocacional […]», que con la
expedici(cid:243)n del Acuerdo 257 de 2006 se reform(cid:243) la estructura del Distrito
Capital y el IDIPRON qued(cid:243) adscrito a la Secretar(cid:237)a Distrital de Integraci(cid:243)n
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03874-01
Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
Social encargada de liderar y ejecutar pol(cid:237)ticas relacionadas con las garant(cid:237)as
de derechos de grupos poblacionales en situaci(cid:243)n de pobreza, vulnerabilidad
o exclusi(cid:243)n social.
DespuØs mencion(cid:243) que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado
antes de la entrada en vigencia del Decreto 2277 de 1979 el IDIPRON cumpl(cid:237)a
una finalidad de protecci(cid:243)n social y no ostentaba la condici(cid:243)n de
establecimiento educativo oficial. A rengl(cid:243)n seguido trajo a colaci(cid:243)n la
definici(cid:243)n de «PROFESI(cid:211)N DOCENTE» del Decreto 2277 de 1979 y de la
sentencia del 15 de septiembre de 2016, con radicado 25000-23-42-000-2013-
06310-01. Esto para determinar que si bien se acredit(cid:243) la vinculaci(cid:243)n al
IDIPRON del demandante desde el 16 de enero de 1978 hasta el 3 de febrero
de 1982 «el material probatorio no permite establecer las funciones espec(cid:237)ficas
desarrolladas en ese periodo» las cuales permitieran identificar que las labores que
se realizaron se ajustaron al concepto legal de profesi(cid:243)n docente. Por lo que,
al no acreditarse la vinculaci(cid:243)n antes del 31 de diciembre de 1980 no proced(cid:237)a
el reconocimiento de la pensi(cid:243)n gracia.
As(cid:237) pues, contrario al argumento del impugnante, esta Sala advierte que el
anÆlisis que realiz(cid:243) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue razonable,
en la medida que la conclusi(cid:243)n a la que lleg(cid:243) fue producto del anÆlisis y estudio
normativo, jurisprudencial, fÆctico y probatorio del expediente, como se
evidenci(cid:243) anteriormente. Tal como lo mencion(cid:243) la Subsecci(cid:243)n A de la Secci(cid:243)n
Segunda del Consejo de Estado la menci(cid:243)n que se hace de la sentencia del
15 de septiembre de 2016, con radicado 25000-23-42-000-2013-06310-01 sirvi(cid:243)
para establecer una definici(cid:243)n de docente y mencionar la inclusi(cid:243)n de otro tipo
de funcionarios en el estatus docente, lo que en efecto no es una
extralimitaci(cid:243)n en el ejercicio de la funci(cid:243)n jurisdiccional.
Ahora, en lo que tiene que ver con la afirmaci(cid:243)n de que el Tribunal no tuvo en
cuenta para fallar los actos administrativos de nombramiento del seæor JosØ
`ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez se debe indicar que en la sentencia cuestionada
esta autoridad identific(cid:243) las pruebas que consider(cid:243) relevantes como se
advierte a continuaci(cid:243)n:
«68. Decreto 401 de 4 de abril de 1978, a travØs del cual se nombr(cid:243), entre otros, al
demandante en el cargo de educador asistente Il del Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n
de la Niæez y de la Juventud IDIPRON. Documento firmado por el alcalde mayor y por
el director del Departamento Administrativo de Bienestar Social.
69. Comunicado de 14 de abril de 1978, dirigida al demandante por el Jefe de personal de
la Alcald(cid:237)a Mayor de BogotÆ a travØs de la cual se le informa que por Decreto 401 de 4
de abril de 1978, fue nombrado en el cargo de Educador Asistente II del IDIPRON.
70. Decreto 361 de 13 de marzo de 1979, a travØs del cual se nombra, entre otros, al
demandante en el cargo de educador asistente III del Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n
de la Niæez y de la Juventud IDIPRON. Documento firmado por el Alcalde Mayor, por el
Director del Departamento Administrativo de Bienestar Social y por el Director del
IDIPRON.
71. Comunicado de 14 de marzo de 1979, dirigida al demandante por el Jefe de personal
de la Alcald(cid:237)a Mayor de BogotÆ a travØs de la cual se le informa que por Decreto 361
de 13 de marzo de 1979, hab(cid:237)a sido nombrado en el cargo de Educador Asistente III
del IDIPRON.
72. Comunicado de 25 de marzo de 1980 dirigida al demandante por el Jefe de personal de
la Alcald(cid:237)a Mayor de BogotÆ a travØs de la cual se le informa que por Decreto 290 de 8
de marzo de 1980, hab(cid:237)a sido nombrado en el cargo de Coordinador Il del IDIPRON.
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Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
[…]
74. Decreto 290 de 18 de marzo de 1990 (sic), a travØs del cual se nombra, entre otros, al
demandante en el cargo de coordinador II del Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n de la
Niæez y de la Juventud IDIPRON. Documento firmado por el Alcalde Mayor, por el
Director del Departamento Administrativo de Bienestar Social. […]
75. Certificado electr(cid:243)nico de tiempos laborados CETIL emitido por el Instituto Distrital para
la Protecci(cid:243)n de la Niæez y de la Juventud el 18 de octubre de 2019, en el que se indica
que el demandante labor(cid:243) para esa entidad desde el 16 de enero de 1978 hasta el 3 de
febrero de 1982, como empleado pœblico en el cargo de coordinador.» (Sic a toda la
cita)
Por lo que, no es de recibo considerar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no tuvo en cuenta los actos administrativos de nombramiento,
cuando lo cierto fue que se identificaron como pruebas relevantes para decidir
el asunto objeto del litigio. AdemÆs esa misma autoridad afirm(cid:243) que se
encontraba probado «que el demandante labor(cid:243) en el Instituto Distrital para la Protecci(cid:243)n
de la Niæez y de la Juventud – IDIPRON desde el 16 de enero de 1978 hasta el 3 de febrero
de 1982, en calidad de empleado pœblico, vinculado mediante actos administrativos que lo
nombraron en los cargos de educador asistencial II, III y coordinador II conforme los Decretos
401 de 4 de abril de 1978, 361 de 13 de marzo de 1979 y 290 de 8 de marzo de 1980 y el
certificado CETIL […]» (Énfasis propio). Por lo que este planteamiento no prospera.
5.3. Se analizarÆ de forma conjunta el argumento segœn el cual el Consejo de
Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n A err(cid:243) al analizar el defecto por
desconocimiento del precedente.
El impugnante manifest(cid:243) que se desconoci(cid:243) la sentencia del 22 de noviembre
de 2012 dictada por el Consejo de Estado (radicado 25000-23-25-000-2010-
00307-01), explic(cid:243) que en ese precedente se negaron las pretensiones de la
demanda instaurada por el seæor JosØ Vicente Rubio Delgado pues este no
labor(cid:243) como docente despuØs de la entrada en vigencia del Decreto 2277 de
1979, aspecto que el actor considera fundamental para resolver su caso,
ademÆs mencion(cid:243) que el Tribunal no expuso las razones por las cuales se
apart(cid:243) de esa decisi(cid:243)n.
Junto con el anterior argumento se estudiarÆ lo afirmado por el actor cuando
indic(cid:243) que «fue educador en IDIPRON despuØs del 14 de septiembre de 1979, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 2277 de 1979», esto en concordancia con el art(cid:237)culo
2 del Decreto 2277 de 1979, en donde se define el tØrmino «Profesi(cid:243)n docente».
5.4. Al respecto se debe indicar que si bien la parte actora considera que se
desconoci(cid:243) la sentencia del 22 de noviembre de 2012 dictada por el Consejo
de Estado (radicado 25000-23-25-000-2010-00307-01), lo cierto es que en la
fundamentaci(cid:243)n que present(cid:243) en el escrito de tutela del defecto por
desconocimiento del precedente se mencionaron los hechos relevantes que
considera semejantes a los del precedente, pero se limit(cid:243) a indicar que en la
sentencia se hac(cid:237)a un anÆlisis de la naturaleza del IDIPRON junto con su
desarrollo normativo, y luego transcribi(cid:243) apartes de la misma, para finalmente
indicar que esa sentencia se debi(cid:243) estudiar en el caso del seæor JosØ `ngel
Santamar(cid:237)a SÆnchez. Por lo que, el actor se limit(cid:243) a invocar la sentencia,
transcribir apartes, pero no desarroll(cid:243) la idea.
Sumado a lo anterior, no se puede pasar por alto que la providencia que se
refuta desconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el
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Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
medio de control corresponde a una decisi(cid:243)n dictada hace mÆs de 10 aæos de
manera que sobre el particular pudo haber un cambio de postura, y no se hace
referencia al mismo. Tan es as(cid:237) que, para la fecha en la que se dict(cid:243) el fallo de
primera y segunda instancia en el medio de control 25899-33-33-002-2023-
00304-00/01, la Secci(cid:243)n Segunda del Consejo de Estado se hab(cid:237)a pronunciado
en otros casos con puntos tangencialmente asimilables14, en donde hab(cid:237)a
indicado que:
«36. En atenci(cid:243)n a lo cual, es primordial resaltar que IDIPRON se encuentra adscrito a la
secretar(cid:237)a de integraci(cid:243)n social del distrito capital, y como es una entidad descentralizada
del orden distrital, por lo que las funciones desarrolladas no obedecen a la rama docente,
y por tanto, su planta de personal es ajena a la funci(cid:243)n educativa.
37. As(cid:237) las cosas, la Corporaci(cid:243)n en providencias anteriores ha definido la situaci(cid:243)n de
aquellos docentes que laboran al servicio de entes descentralizados para el
reconocimiento de la pensi(cid:243)n gracia, en sentencias con nœmero interno: 2933-2014 del
22 de marzo de 2018 (servicios prestados en el Conservatorio del Tolima), 0287- 2016
del 26 de abril de 2018 (servicios prestados en el instituto departamental de bellas artes
del Valle del Cauca), 1042-2015 del 11 de abril de 2019 (servicios prestados en la
Empresa de TelØfonos de BogotÆ-ETB-); encontrando que por pertenecer a las plantas
de personal de dichas entidades adscritas o vinculadas, el rØgimen salarial y prestacional
corresponde a Østa, y en tal virtud, se alejan de la posibilidad de ubicarse en el plano de
desigualdad de sueldos que inspir(cid:243) la pensi(cid:243)n graciosa.
38. La Sala no desconoce que en algunos pronunciamientos que han sido proferidos por esta
subsecci(cid:243)n, se han concedido pretensiones formuladas en condiciones similares a las
planteadas en el sub examine, pero solo en consideraci(cid:243)n al desempeæo de la funci(cid:243)n
docente.
39. No obstante lo anterior, se precisa que se ha venido replanteando dicha tesis, en el
sentido de que para efectos de determinar si debe ser reconocido el derecho a la pensi(cid:243)n
gracia de aquellos docentes que hayan laborado en entidades descentralizadas, ademÆs
de lo concerniente a la actividad docente y la naturaleza jur(cid:237)dica del empleador, debe
verificarse la clase de vinculaci(cid:243)n del reclamante y la remuneraci(cid:243)n obtenida por sus
servicios, cuando han sido prestados en instituciones dependientes de otras que por
definici(cid:243)n no desarrollan actividades de educaci(cid:243)n.
40. Lo cual comporta que en tales casos, sea necesario que el docente dependiente de una
instituci(cid:243)n descentralizada en principio ajena al servicio pœblico de la educaci(cid:243)n, acredite
que no pertenece a la estructura orgÆnica de dicha entidad, porque de no ser as(cid:237), asume
el rØgimen salarial y prestacional del sector a donde formalmente se vincul(cid:243); que en casos
como el del demandante impiden el otorgamiento de la pensi(cid:243)n graciosa en su favor, por
cuanto se evidenci(cid:243) su vinculaci(cid:243)n en IDIPRON, instituto que cuenta con tal naturaleza.
41. Resultando lo anterior, contrario a la finalidad de la pensi(cid:243)n graciosa, que como es sabido,
fue concebida por el legislador para compensar los bajos niveles salariales que percib(cid:237)an
los profesores de primaria en las entidades territoriales, respecto de las asignaciones
que, a su vez recib(cid:237)an los docentes vinculados directamente con la Naci(cid:243)n».15 ((cid:201)nfasis
propio)
Con tales precisiones, se tiene que, le asiste raz(cid:243)n al a quo, al seæalar que no
se encuentra configurado el defecto por desconocimiento del precedente.
5.5. Finalmente, frente al argumento de la impugnaci(cid:243)n en donde el accionante
manifiesta que, la jurisprudencia constitucional ha sido enfÆtica en seæalar que
en materia de seguridad social la carga de la prueba no puede trasladarse al
trabajador por lo que se considera que se desconoci(cid:243) el principio de
favorabilidad e in dubio pro operario. Lo cierto es que este planteamiento
14 Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n B. Magistrada ponente Sandra Lisset Ibarra VØlez. Sentencia del 20
de octubre de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2013-06566-01.
15 Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n B. Magistrada ponente Sandra Lisset Ibarra VØlez. Sentencia del 20
de octubre de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2013-06566-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03874-01
Demandante: JosØ `ngel Santamar(cid:237)a SÆnchez
resulta ser un argumento nuevo que no fue expuesto en el escrito de tutela,
por lo que, mal har(cid:237)a esta Sala al pronunciarse frente a este cuando la parte
accionada no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicci(cid:243)n.
6. Conclusi(cid:243)n
En ese orden de ideas, la Sala confirmarÆ el fallo del 3 de julio de 2026, proferido
por el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n A, en donde se negaron
las pretensiones de la acci(cid:243)n de tutela interpuesta por el seæor JosØ `ngel
Santamar(cid:237)a SÆnchez.
En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Secci(cid:243)n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Repœblica
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 3 de julio de 2026, proferido por
el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n A.
2. NOTIFICAR la presente decisi(cid:243)n a los interesados, por el medio mÆs expedito.
3. PUBLICAR la presente decisi(cid:243)n en la pÆgina web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisi(cid:243)n.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTA(cid:209)O MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Presidente
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
WILSON RAMOS GIR(cid:211)N CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260387401/2FB437DB0548830026729BAF5AF4786A252871AAE1AF7641E89FC1B5FCC1ECB2/2

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