Subsidiariedad y legitimación pasiva – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07688-00
Accionante: MARISOL CHAVES ARGOTE
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Inscripción convocatoria 28.
Inadmisión al concurso. Debido proceso administrativo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Marisol Chaves Argote, quien actúa en nombre propio
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración Judicial de
Carrera Judicial
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de septiembre de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos y trabajo, así como los principios de
mérito, buena fe y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas que
considera vulnerados por la autoridad accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
trabajo, mérito y acceso a cargos públicos, junto con el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS, en lo que respecta a la suscrita MARISOL CHAVES
ARGOTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.086.550.524, la decisión
adoptada mediante la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, por la cual fui
excluida de la Convocatoria 28 con fundamento en la causal 5.
TERCERA. ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que
disponga nuevamente mi inclusión en la Convocatoria 28 y garantice mi continuidad en
las etapas sucesivas del concurso para proveer el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
CUARTA. ORDENAR a la entidad accionada realizar una nueva verificación de mi
inscripción, atendiendo los criterios de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas y de buena fe.
QUINTA. De manera subsidiaria, si el despacho considera necesaria una validación
adicional, ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial otorgar un
término razonable para aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades
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e incompatibilidades y, posteriormente, adoptar una decisión conforme a los principios
de buena fe, mérito y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
SEXTA. ORDENAR cualquier otra medida que el despacho estime pertinente para
garantizar la protección efectiva de mis derechos fundamentales”.
2. Hechos
La parte actora manifestó que es abogada egresada de la Universidad de Nariño e
indicó que se inscribió oportunamente en la Convocatoria 28 de la Rama Judicial,
modalidad de ingreso público y abierto, para aspirar al cargo de juez promiscuo
municipal, para lo cual aportó los documentos exigidos en el Acuerdo PCSJA25-
12348 de 2025.
Aseveró que, con el propósito de cumplir con el requisito mínimo exigido, acreditó
cuatro (4) años, nueve (9) mes y nueve (9) días de experiencia profesional.
Expuso que mediante la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, fue
incluido en la lista de aspirantes rechazados del proceso de selección por la causal
5, por la falta de presentación de la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades, debidamente suscrita, escaneada y cargada en
formato PDF.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 164 de la
Ley Estatutaria 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024,
la presentación de la hoja de vida y sus anexos mediante el aplicativo, se entiende
radicada bajo la gravedad del juramento, circunstancia que además se encuentra
indicada en la propia constancia de inscripción, por lo que la exigencia de aportar
adicionalmente un archivo en formato PDF corresponde a una carga de carácter
formal que no incorpora información sustancial respecto del mérito, la experiencia o
la idoneidad.
Aseguró que aplicar de manera automática la exclusión por el incumplimiento de
dicha formalidad documental, resulta desproporcionado frente a la finalidad
perseguida por la administración.
En ese sentido, manifestó que la exclusión repercute directamente en su derecho
de acceso a cargos públicos previsto en el artículo 40-7 de la Constitución Política,
y en el principio constitucional del mérito consagrado en el artículo 125, por cuanto
no pude participar en las demás etapas destinadas a valorar los conocimientos,
competencias y aptitudes requeridos para el cargo al cual aspiró.
Por último, sostuvo que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 164 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024, contra
la Resolución CJR26-0497 no procede recurso alguno en sede administrativa. En
consecuencia, se hace necesaria la intervención del juez constitucional con el
propósito de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
4. Trámite procesal
Por auto de 22 de septiembre de 2026, el magistrado sustanciador admitió la
demanda y ordenó la notificación a los accionantes y al Consejo Superior de la
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Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial. De igual modo, se vinculó a
la Rama Judicial, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a los
participantes del concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial convocado mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de
noviembre de 2025, que aspiran al cargo de Juez Promiscuo Municipal, como
terceros con interés en las resultas del proceso. Igualmente, se notificó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios correspondientes el 25
de septiembre de 2026.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Por intermedio del profesional universitario solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se ordenara su
desvinculación del trámite constitucional. Sostuvo que conforme a los artículos 85,
98 y 99 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y sus modificaciones introducidas por la
Ley 2430 de 2024, sus funciones se circunscriben a la ejecución de actividades
técnicas y administrativas de la Rama Judicial, sin que comprenda la administración
de la carrera judicial, la definición de las reglas de los concursos de méritos, la
verificación de requisitos o la adopción de decisiones sobre la admisión y el rechazo
de aspirantes.
Precisó que dichas competencias corresponden al Consejo Superior de la
Judicatura, a través de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, autoridad
encargada del desarrollo de la Convocatoria 28. Por tanto, afirmó que no existe
actuación u omisión atribuible a esa Dirección que guardara relación con la
presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ni un vínculo
material entre sus funciones y los hechos que motivaron la solicitud de amparo.
5.2. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial (CARJUD)
A través de su directora solicitó que se negara el amparo, al considerar que no
vulneró los derechos fundamentales del accionante. Para tal efecto, sostuvo que su
actuación se ajustó a las reglas obligatorias de la Convocatoria 28 establecidas en
el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, y que el rechazo obedeció a la falta de
presentación de la declaración de no hallarse incursa en causal de inhabilidad o de
incompatibilidad.
Indicó que de conformidad con el numeral 4.1 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-
12348 de 2025, la interesada contaba con un término de 3 días hábiles siguientes
a la notificación de dicho acto administrativo, para solicitar la verificación de la
documentación aportada al momento de la inscripción, mediante escrito tramitado
exclusivamente a través del software CARJUDAPP, sin embargo, la accionante no
acudió a dicho mecanismo.
Sostuvo que la obligación de anexar la declaración de no hallarse incursa en causal
de inhabilidad o de incompatibilidad no constituye una exigencia creada
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discrecionalmente por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por
cuanto el numeral 3 del artículo 164 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, modificado
por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024, además de disponer el rechazo de las
solicitudes de quienes no acrediten la totalidad de los requisitos exigidos, establece
expresamente que “el aspirante deberá anexar la declaración de no hallarse incurso
en causal de inhabilidad o de incompatibilidad”.
En ese orden de ideas, manifestó que admitir a una aspirante que omitió aportar el
documento requerido dentro del término de inscripción, omisión que, además,
reconoció expresamente, desconocería las reglas que rigen la Convocatoria 28, lo
que también afectaría el principio de igualdad que debe garantizarse entre todos
los participantes.
Sin perjuicio de lo anterior, indicó que la tutela resultaba improcedente porque el
accionante dispone de mecanismos judiciales ordinarios para controvertir la
legalidad de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, acto
administrativo de contenido particular amparado por la presunción de legalidad.
Para terminar, precisó que puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y solicitar medidas cautelares, conforme a los artículos 229 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, para obtener la protección provisional de sus
derechos. Añadió que la existencia de etapas preclusivas y la celeridad propia del
concurso no configuran, por sí solas un perjuicio irremediable, y que el actor
tampoco acreditó un daño inminente, grave, urgente e impostergable que justificara
la intervención excepcional del juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó su desvinculación por considerar que no ostenta legitimación en la causa
por pasiva.
Los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, al estudiar la falta de legitimación en la
causa por pasiva ha explicado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal
de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión
del derecho alegado resulte demostrada”.
En el caso concreto, se accederá a la solicitud de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en tanto no tuvo injerencia en los hechos que originaron la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante. Al respecto, informó que la decisión cuestionada fue adoptada por la
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Unidad de Administración de la Carrera Judicial que hace parte del Consejo
Superior de la Judicatura.
3. Planteamiento del jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial-, vulneró los derechos
fundamentales de la señora Marisol Chaves Argote al excluirla del concurso de
méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, con
fundamento en la causal 5 prevista en el numeral 3 del artículo 6 del Acuerdo
PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025, relativa a la falta de presentación de
la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
4. Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones proferidas en
concursos de méritos
De conformidad con el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es
improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
En materia de concursos de méritos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
reconocido la procedencia excepcional de la tutela cuando las decisiones adoptadas
durante su desarrollo vulneran de manera flagrante derechos fundamentales y el
aspirante carece de otro mecanismo judicial eficaz para garantizar su continuidad
en el proceso de selección1. No obstante, cuando se trata de actos administrativos
definitivos, como aquellos que establecen las listas de elegibles, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho constituye, por regla general, el
mecanismo judicial idóneo para controvertirlos, salvo que se acredite un perjuicio
irremediable2.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-263 de 2015, reconoció
excepciones al requisito de subsidiariedad cuando los mecanismos ordinarios no
resultan idóneos o eficaces, cuando existe riesgo de un perjuicio irremediable o
cuando las circunstancias de un sujeto de especial protección constitucional exigen
una valoración particular.
En consecuencia, la procedencia de la tutela en estos asuntos depende de la
naturaleza de la decisión cuestionada y de la idoneidad y eficacia de los medios
judiciales disponibles, según las circunstancias del caso concreto.
5. Estudio y solución del caso concreto
La señora Marisol Chaves Argote sostuvo que fue excluida de la Convocatoria 28
para el cargo de jueza promiscuo municipal, por no aportar la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que, en su criterio,
con la presentación de la hoja de vida y sus anexos mediante el aplicativo, se
entendía radicada bajo la gravedad del juramento, circunstancia que además se
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2007,
expediente AC-00698; Sección Cuarta, sentencia del 28 de mayo de 2008, expediente AC-00068.
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 10 de junio de 2010, expedientes 2010-00475-01, 2010-
00496-01 y 2010-00583-01.
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encuentra indicada en la propia constancia de inscripción, por lo que, consideró que
la exigencia de aportar adicionalmente un archivo en formato PDF corresponde a
una carga de carácter formal que no incorpora información sustancial respecto del
mérito, la experiencia o la idoneidad.
Para empezar, es necesario resaltar que mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 del
13 de noviembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso
de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y convocó al concurso de
méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, con lo cual
dio apertura a la Convocatoria 28.
Dicho acuerdo constituye la norma reguladora del concurso. Al respecto, el artículo
6 de ese acto administrativo de contenido general establece que “La convocatoria
es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de
perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los participantes,
quienes, con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el
presente Acuerdo”.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022, reiteró
que las reglas de la convocatoria vinculan tanto a la administración como a los
aspirantes, de manera que el proceso de selección constituye una actuación
reglada.
Ahora bien, el numeral 1.1.3 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025,
determinó que los aspirantes no debían estar incursos en causal de inhabilidad o
incompatibilidad, lo cual debía acreditarse con una declaración juramentada suscrita
por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF.
En desarrollo de lo previsto en el numeral 4.1 del artículo 6 del Acuerdo de
Convocatoria, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial expidió la
Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, mediante la cual decidió sobre la
admisión y el rechazo de los aspirantes inscritos en la modalidad de ingreso público
y abierto, con fundamento en la verificación de los requisitos mínimos exigidos y la
documentación registrada en el aplicativo CARJUD APP.
El artículo 2 de dicha resolución dispuso el rechazo de los aspirantes relacionados
en el Anexo 2, por las causales allí indicadas. Para efectos de su identificación, las
causales previstas en el numeral 3 del artículo 6 del Acuerdo fueron numeradas en
el mismo orden de su consagración, de manera que la causal 5 correspondió a “No
presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF”.
En el referido anexo figura la señora Marisol Chaves Argote como aspirante
rechazado para el cargo de jueza promiscuo municipal, exclusivamente por la
causal 5.
El artículo 4 de la Resolución estableció que contra esa decisión no procedían
recursos en sede administrativa, de conformidad con el numeral 3 del artículo 164
de la Ley Estatutaria 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de
2024. No obstante, el artículo 3 habilitó a los aspirantes rechazados para solicitar,
dentro de los tres días siguientes a la notificación, la verificación de su
documentación mediante escrito presentado a través del aplicativo CARJUD APP.
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En el presente asunto, la accionante no hizo uso de ese mecanismo previsto en las
reglas del concurso para controvertir su rechazo por no presentar la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el
aspirante, escaneada y cargada en formato PDF.
Por lo anterior, dadas las circunstancias particulares expuestas por la tutelante, la
Sala pasa a examinar si la acción de tutela cumple los requisitos de procedencia
para obtener la protección definitiva o transitoria de los derechos fundamentales
invocados o si, por el contrario, resulta improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
La Sala anticipa que la presente acción de tutela es improcedente por
incumplimiento de dicho requisito, toda vez que la señora Marisol Chaves Argote
cuenta con un mecanismo judicial idóneo para controvertir la decisión que dispuso
su exclusión del concurso.
Sobre el particular, la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026 constituye,
respecto de la accionante, un acto administrativo de contenido particular y concreto
que decidió su rechazo de la Convocatoria 28, con fundamento en la causal 5,
correspondiente a la falta de presentación de la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. En consecuencia, aunque fue
expedida durante el desarrollo del concurso, tiene carácter definitivo frente al
demandante, pues le impide continuar en las etapas posteriores del proceso de
selección3.
De ahí que la controversia pueda ser sometida al conocimiento de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. A
través de este mecanismo, la accionante puede cuestionar la legalidad de la
decisión de rechazo, controvertir su rechazo y solicitar el restablecimiento de los
derechos que considere afectados.
En dicho medio de control también permite solicitar medidas cautelares desde la
presentación de la demanda, incluida la suspensión provisional de los efectos del
acto administrativo, conforme a los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011. Por tanto, el accionante dispone de un instrumento judicial que permite
discutir la legalidad de su exclusión.
En estas condiciones, no corresponde al juez constitucional desplazar los
mecanismos ordinarios de defensa ni convertir la acción de tutela en una vía
paralela para resolver la inconformidad planteada por la accionante, consistente en
que no puede ser rechazada del concurso por no presentar la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, en tanto considera,
se presume con la presentación de la hoja de vida y sus anexos mediante el
aplicativo dispuesto para ello.
Además, la sola circunstancia de que el concurso se desarrolle mediante etapas
sucesivas no demuestra la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención excepcional del juez de tutela. Para ello, es necesario acreditar
circunstancias concretas que permitan establecer que el medio judicial ordinario
resulta ineficaz o que la protección de los derechos fundamentales no puede
esperar a la decisión del juez competente.
3 Tal como fuere considerado en sentencia de 15 de octubre de 2026, radicado 11001-03-15-000-2026-06994-00, M.P.
Claudia Rodríguez Velázquez.
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En el presente asunto, no se acreditaron circunstancias particulares que permitan
concluir que la accionante se encuentre ante un perjuicio inminente, grave y que
requiera medidas urgentes e impostergables. Su inconformidad se concentra en que
no es obligatorio presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades
e incompatibilidades.
En consecuencia, la Sala considera que la accionante dispone de un mecanismo
judicial idóneo para cuestionar su exclusión de la Convocatoria 28 y que no acreditó
circunstancias excepcionales que justifiquen la intervención del juez constitucional
como mecanismo transitorio.
Por lo anterior, se declarará la improcedencia del amparo solicitado por la señora
Marisol Chaves Argote contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Desvincular de la acción de tutela a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Marisol Chaves Argote, en nombre propio, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260768800/9B516D0D07D1CD39AD1E8D9D6E8D49204347312479169FDF1D9494EB268DAD0A/2

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