Vigencia objeto: medidas cautelares – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
BogotÆ, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintisØis (2026)
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-06545-00
Demandante MAR˝A IRABELLY GIL ORTIZ
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acci(cid:243)n de tutela. Carencia actual de objeto. Mora judicial. Remisi(cid:243)n
expediente. Medida cautelar de urgencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Secci(cid:243)n Cuarta decidir en primera instancia la acci(cid:243)n de tutela
instaurada por la seæora Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de agosto de 2026, la seæora Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz interpuso acci(cid:243)n de
tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administraci(cid:243)n de justicia y al m(cid:237)nimo vital, con ocasi(cid:243)n de la presunta mora
judicial existente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-23-33-000-2026-00385-00.
En consecuencia, formul(cid:243) las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso sin dilaciones
injustificadas, al Acceso Efectivo a la Administraci(cid:243)n de Justicia y al M(cid:237)nimo Vital,
SEGUNDA. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – o a la Secretar(cid:237)a de
la Corporaci(cid:243)n, que en el tØrmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificaci(cid:243)n del fallo, cumpla materialmente la orden dictada en el Auto No. 156 del 9 de
julio de 2026, efectuando la remisi(cid:243)n digital y material inmediata del expediente radicado
76001-23-33-000-2026-00385-00 a los Juzgados Administrativos de Cali y dejando la
respectiva constancia en el sistema SAMAI.
TERCERA. ORDENAR a la entidad VINCULADA, la Oficina de Coordinaci(cid:243)n Administrativa
y Servicios Judiciales (Centro de Servicios / Reparto) de los Juzgados Administrativos de Cali
que, una vez recepcionado mi expediente remitido por el Tribunal, proceda de forma
inmediata a someterlo a reparto y asigne el Juzgado Administrativo de conocimiento, sin
incurrir en nuevas dilaciones».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. La seæora Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, pretendiendo la nulidad del acto
administrativo mediante el cual la entidad revoc(cid:243) la resoluci(cid:243)n por la que, aæos
atrÆs le hab(cid:237)a reconocido una pensi(cid:243)n de sobreviviente a la accionante.
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Demandante: Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz
2.2. El asunto fue repartido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, bajo el
radicado 76001-23-33-000-2026-00385-00.
2.3. Mediante auto de ponente de 9 de julio de 2026, se explic(cid:243) que el asunto le
correspond(cid:237)a a los juzgados administrativos de Cali en primera instancia,
teniendo en cuenta que la controversia se origin(cid:243) en un acto administrativo de
carÆcter laboral que no proviene de un contrato de trabajo. Por consiguiente,
la autoridad judicial orden(cid:243) remitir la demanda a los juzgados administrativos
de Cali para reparto.
3. Fundamentos de la acci(cid:243)n
La tutelante consider(cid:243) que la autoridad judicial accionada incurri(cid:243) en una dilaci(cid:243)n,
en tanto que a la fecha de interposici(cid:243)n de la acci(cid:243)n de tutela el expediente aœn no
se hab(cid:237)a remitido a los juzgados administrativos de Cali, tal como se orden(cid:243) en el
auto de 9 de julio de 2026. TambiØn reproch(cid:243) que, ante la falta de remisi(cid:243)n del
expediente, el asunto aœn no hab(cid:237)a sido repartido a un nuevo juez.
Asimismo, censur(cid:243) que la medida cautelar de urgencia presentada en el medio de
control todav(cid:237)a no ha sido resuelta y que la autoridad judicial accionada se limit(cid:243) a
ordenar la remisi(cid:243)n del expediente sin resolver dicha solicitud. En su criterio, tal
circunstancia constituye una denegaci(cid:243)n de justicia que agrava su estado de
indefensi(cid:243)n. Asegur(cid:243) que la jurisprudencia constitucional y el C(cid:243)digo General del
Proceso imponen al juez el deber ineludible de pronunciarse sobre las medidas
cautelares de urgencia, incluso cuando se advierte su falta de competencia. Aæadi(cid:243)
que es una persona de la tercera edad de 74 aæos privada de su œnico medio de
subsistencia.
4. TrÆmite e intervenciones
4.1. En auto de 24 de agosto de 2026, se requiri(cid:243) a la parte actora a fin de que
aclarara de quØ forma han vulnerado sus derechos fundamentales las
autoridades demandadas «pues, al parecer, el 20 de agosto de 2026 se remiti(cid:243) a la
Oficina de apoyo Juzgados Administrativos de Cali el expediente 76001-23 33-000-2026-
00385-00». Asimismo, se le solicit(cid:243) «PRECISE cuÆl es la medida provisional que
pretende, conforme a lo indicado en el formulario de radicaci(cid:243)n del escrito de tutela».
4.2. La tutelante manifest(cid:243) que la vulneraci(cid:243)n a sus derechos persiste, teniendo
en cuenta que no se ha resuelto la medida cautelar de urgencia. Reproch(cid:243)
que el Tribunal se haya limitado exclusivamente a remitir el asunto dada su
falta de competencia funcional, pero no se haya pronunciado sobre la medida
cautelar de urgencia.
Precis(cid:243) que la remisi(cid:243)n del expediente a la Oficina de Apoyo se efectu(cid:243) el 20
de agosto de 2026, esto es despuØs de radicada la acci(cid:243)n de tutela, y que el
asunto fue asignado al Juzgado 18 Administrativo de Cali. Censur(cid:243) el hecho
de que aœn no se haya resuelto la medida de protecci(cid:243)n. En consecuencia,
sostuvo que «han transcurrido mÆs de tres meses desde que elevØ una sœplica de urgencia
por los efectos de la suspensi(cid:243)n arbitraria de mi pensi(cid:243)n. La mora judicial ha impedido mi
acceso material a la administraci(cid:243)n de justicia. El hecho de que mi proceso hoy apenas llegue
a las puertas de un nuevo juzgado (Juzgado 18 Administrativo) demuestra que la medida de
urgencia sigue sin resolverse, perpetuando el perjuicio irremediable en mi contra».
Teniendo en cuenta lo expuesto, modific(cid:243) las pretensiones en el siguiente
sentido:
«1. Frente al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, Se
DECLARE que vulner(cid:243) mis derechos al debido proceso, acceso a la justicia y m(cid:237)nimo vital por
la mora injustificada y la omisi(cid:243)n de pronunciarse sobre la Medida Cautelar de Urgencia previo
a su declaraci(cid:243)n de incompetencia. Al haberse ya remitido el expediente, solicito se declare
la carencia actual de objeto œnicamente respecto a la orden de traslado material.
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2. Frente al JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DE CALI: Se le ORDENE que, en su calidad de
nuevo juez de conocimiento y en atenci(cid:243)n a la prelaci(cid:243)n constitucional que ostento por ser
una adulta mayor de 74 aæos, proceda en un tØrmino no mayor a 48 horas siguientes de
notificado el fallo de tutela, resolver sobre la admisi(cid:243)n del medio de control y la Solicitud de
Medida Cautelar de Urgencia radicada desde el 13 de mayo de 2026».
Por œltimo, indic(cid:243) que la medida provisional consist(cid:237)a en lo siguiente:
«Se ordene al Juzgado 18 Administrativo de Cali abocar (sic) conocimiento de mi demanda
de manera preferente, priorizando el estudio de la admisibilidad del medio de control y la
resoluci(cid:243)n de la medida cautelar de urgencia por encima de cualquier otro asunto sin prelaci(cid:243)n
constitucional».
4.3. Mediante auto de 8 de septiembre de 2026, se admiti(cid:243) la acci(cid:243)n de tutela
interpuesta por la seæora Mar(cid:237)a Irabelly Gil de Ortiz contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 18 Administrativo de Cali; se
neg(cid:243) la medida provisional solicitada por la parte actora; y dispuso efectuar
las notificaciones correspondientes.
4.4. La Secretar(cid:237)a del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifest(cid:243)
que no le fue posible efectuar la remisi(cid:243)n desde la fecha en que fue proferido
el auto y que tampoco pod(cid:237)a computarse como per(cid:237)odo de mora el
comprendido entre el 9 y el 23 de julio de 2026, pues en ese lapso la
providencia se encontraba en trÆmite de notificaci(cid:243)n. Una vez surtida la
notificaci(cid:243)n deb(cid:237)a aguardarse la firmeza de la providencia, por lo que la
remisi(cid:243)n solo pod(cid:237)a materializarse a partir del 29 de julio de 2026.
Asever(cid:243) que conforme a la jurisprudencia constitucional el estudio de una
mora judicial requiere valorar las circunstancias concretas que explican el
tiempo transcurrido, pues no toda tardanza constituye por s(cid:237) misma una
vulneraci(cid:243)n de derechos fundamentales. Teniendo en cuenta tal aspecto,
indic(cid:243) que el estudio de la presunta mora no pod(cid:237)a efectuarse œnicamente
cotejando las fechas de notificaci(cid:243)n de la providencia y de la remisi(cid:243)n. Por el
contrario, sostuvo que deb(cid:237)an atenderse las circunstancias procesales y
administrativas que rodearon el trÆmite de la remisi(cid:243)n.
Entre estas situaciones se encuentra que mediante Acuerdo PCSJA26-12551
del 3 de julio de 2026 el Consejo Superior de la Judicatura adopt(cid:243) una medida
respecto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que consisti(cid:243) en la
redistribuci(cid:243)n de 200 procesos, a partir del 6 de julio de 2026, que se
encontraban en estado de fallo del Despacho 009. Justamente, el proceso
objeto de la controversia correspond(cid:237)a a ese despacho.
Afirm(cid:243) que esa medida supuso una modificaci(cid:243)n extraordinaria de las cargas
y de la dinÆmica de trabajo de la Corporaci(cid:243)n, con las consecuentes labores
administrativas y secretariales derivadas de la recepci(cid:243)n, organizaci(cid:243)n,
revisi(cid:243)n y gesti(cid:243)n de los procesos objeto de la redistribuci(cid:243)n.
Sostuvo que el 15 de julio de 2026 ocurri(cid:243) el cambio de titularidad del
despacho, dada la designaci(cid:243)n del nuevo magistrado ponente. Esa
modificaci(cid:243)n implic(cid:243) la realizaci(cid:243)n de las actividades administrativas de
entrega y recepci(cid:243)n del despacho, incluyendo la revisi(cid:243)n y organizaci(cid:243)n de los
procesos, expedientes y asuntos a cargo, as(cid:237) como la puesta en conocimiento
del nuevo titular de los trÆmites que se encontraban pendientes. Circunstancia
que incidi(cid:243) en el normal desarrollo de las labores administrativas y
secretariales de la Corporaci(cid:243)n durante dicho per(cid:237)odo.
Asimismo, seæal(cid:243) que con ocasi(cid:243)n del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026,
el Consejo Superior de la Judicatura expidi(cid:243) el Acuerdo PCSJA26-12564 del
10 de agosto de 2026, mediante el cual se dispuso la suspensi(cid:243)n de los
tØrminos judiciales y administrativos del 10 al 14 de agosto de 2026, en el
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Demandante: Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz
departamento del Valle del Cauca, entre otros territorios afectados. Esta
medida fue prorrogada mediante el Acuerdo PCSJA26-12567 del 12 de agosto
de 2026; de manera que la suspensi(cid:243)n de tØrminos judiciales y administrativos
se extendi(cid:243) hasta el 11 de septiembre de 2026.
As(cid:237) las cosas, adujo que en el per(cid:237)odo en el que se produjo la actuaci(cid:243)n
cuestionada ocurrieron circunstancias excepcionales que necesariamente
incidieron en la gesti(cid:243)n ordinaria de los procesos. No obstante, destac(cid:243) que
una vez se advirti(cid:243) que estaba pendiente la remisi(cid:243)n del expediente, la
Secretar(cid:237)a procedi(cid:243) a efectuar tal gesti(cid:243)n, aun encontrÆndose vigente la
suspensi(cid:243)n de tØrminos.
Inform(cid:243) que el 20 de agosto de 2026 envi(cid:243) el expediente a la Oficina de Apoyo
y, posteriormente, el 24 de agosto de 2026, se registr(cid:243) la actuaci(cid:243)n
correspondiente de reparto. En consecuencia, afirm(cid:243) que la Secretar(cid:237)a no
permaneci(cid:243) inactiva frente a la orden de remisi(cid:243)n ni existi(cid:243) una negativa
deliberada a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Despacho.
Por lo expuesto, solicit(cid:243) declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, en raz(cid:243)n de que la pretensi(cid:243)n dirigida a obtener la remisi(cid:243)n material
del expediente ya fue satisfecha, al haberse efectuado dicha actuaci(cid:243)n el 20
de agosto de 2026.
4.5. El magistrado Carlos AndrØs Zambrano SanjuÆn del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca inform(cid:243) que, si bien no suscribi(cid:243) el auto objeto de
cuestionamiento al haberse posesionado en el cargo de magistrado el pasado
14 de julio, lo cierto es que si el juez advierte que carece de competencia,
como ocurri(cid:243) en el caso, debe abstenerse de adoptar decisiones sobre el
asunto y remitirlo al funcionario competente.
Agreg(cid:243) que el hecho de que la Ley 1437 de 2011 consagre un trÆmite
excepcional para las medidas cautelares de urgencia no significa que estas
impliquen una excepci(cid:243)n a las reglas de competencia establecidas por el
legislador. Por lo tanto, la circunstancia de haber solicitado una medida de este
tipo no relevaba al despacho de verificar previamente su competencia para
conocer del proceso.
Por lo expuesto, solicit(cid:243) negar las pretensiones.
4.6. El Juzgado 18 Administrativo de Cali inform(cid:243) que, tras la remisi(cid:243)n efectuada
por el Tribunal Administrativo, el asunto ingres(cid:243) por reparto al Juzgado el 24
de agosto de 2026, bajo radicado 76001-33-33-018-2026-00263.
Indic(cid:243) que el proceso ingres(cid:243) al despacho para decidir sobre su admisi(cid:243)n,
inadmisi(cid:243)n o rechazo en el momento en que los tØrminos procesales se
encontraban suspendidos, esto es entre el 10 de agosto de 2026 y el 11 de
septiembre de 2026.
Explic(cid:243) que esa suspensi(cid:243)n se efectu(cid:243) en virtud de los Acuerdos PCSJA26-
12564 del 10 de agosto de 2026 y PCSJA26-12567 del 12 de agosto de 2026
«Por el cual se adoptan unas medidas transitorias excepcionales con ocasi(cid:243)n del sismo
ocurrido el 10 de agosto de 2026» y «Por el cual se prorrogan unas medidas, se transforman
transitoriamente unos despachos judiciales en despachos de apoyo itinerante y se adoptan
medidas para garantizar la prestaci(cid:243)n de servicio de administraci(cid:243)n de justicia (…) en los
municipios afectados por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026».
Agreg(cid:243) que «en el pr(cid:243)ximo estado» procederÆ a adoptar la decisi(cid:243)n que en
derecho corresponda.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acci(cid:243)n de tutela
La acci(cid:243)n de tutela, consagrada en el art(cid:237)culo 86 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protecci(cid:243)n inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneraci(cid:243)n, por la acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jur(cid:237)dico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerÆ si se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta lo informado en
el curso del trÆmite de la acci(cid:243)n de tutela.
3. Carencia actual de objeto
La acci(cid:243)n de tutela fue concebida como un mecanismo para la protecci(cid:243)n inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneraci(cid:243)n, por la
acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las autoridades pœblicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneraci(cid:243)n ya se ha producido
hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acci(cid:243)n desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daæo ya producido, la tutela pierde su raz(cid:243)n
de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fen(cid:243)meno como carencia actual
de objeto y ha seæalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daæo consumado y (iii) situaci(cid:243)n sobreviniente.
Sobre esta clasificaci(cid:243)n, la Corte Constitucional en sentencia T-280 de 2020
precis(cid:243):
«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, as(cid:237), denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jur(cid:237)dicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que Øste se constituye
en el gØnero que comprende el fen(cid:243)meno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el art(cid:237)culo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin(cid:243) la
vulneraci(cid:243)n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acci(cid:243)n o abstenci(cid:243)n) y, por tanto, (i) se super(cid:243) la afectaci(cid:243)n y (ii) resulta inocua
cualquier intervenci(cid:243)n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci(cid:243)n de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneraci(cid:243)n
iusfundamental que ven(cid:237)a ejecutÆndose, se ha consumado el daæo o afectaci(cid:243)n que con la
acci(cid:243)n de tutela se pretend(cid:237)a evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneraci(cid:243)n o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protecci(cid:243)n pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumi(cid:243) una carga que no le
correspond(cid:237)a, o porque, a ra(cid:237)z de dicha situaci(cid:243)n, perdi(cid:243) interØs en el resultado de la litis».
As(cid:237) pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicaci(cid:243)n de la acci(cid:243)n de tutela y la
expedici(cid:243)n de la sentencia, la autoridad accionada adelant(cid:243) las acciones tendientes
a superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la interposici(cid:243)n de la tutela.
Por sustracci(cid:243)n de materia tal gesti(cid:243)n hace inocuo cualquier pronunciamiento u
orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.
Como lo seæal(cid:243) la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteraci(cid:243)n o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneraci(cid:243)n de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, as(cid:237) como su
raz(cid:243)n de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protecci(cid:243)n judicial».
De all(cid:237) que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motiv(cid:243) la presentaci(cid:243)n
de la solicitud de amparo, ser(cid:237)a inocua cualquier determinaci(cid:243)n del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuraci(cid:243)n del daæo, la satisfacci(cid:243)n del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
4. AnÆlisis del caso
La parte actora aleg(cid:243) la vulneraci(cid:243)n de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administraci(cid:243)n de justicia y al m(cid:237)nimo vital dado que para
el 18 de agosto de 2026, fecha de interposici(cid:243)n de la tutela, aœn no se hab(cid:237)a
efectuado la remisi(cid:243)n del expediente y ni se hab(cid:237)a resuelto la medida cautelar de
urgencia presentada.
En virtud de un requerimiento efectuado por el despacho ponente, la tutelante
manifest(cid:243) que si bien luego de interpuesta la acci(cid:243)n se logr(cid:243) la remisi(cid:243)n del
expediente a la oficina de reparto, lo cierto es que la vulneraci(cid:243)n de sus derechos
continuaba porque aœn no se hab(cid:237)a resuelto la medida cautelar de urgencia
formulada.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que la acci(cid:243)n de tutela carece
de objeto porque en su curso no solo se efectu(cid:243) la remisi(cid:243)n del expediente a la
oficina de reparto de los juzgados administrativos de Cali, sino que el Juzgado 18
Administrativo de Cali (autoridad a la cual se le reparti(cid:243) el expediente) dict(cid:243) auto el 15
de septiembre de 2026 pronunciÆndose sobre la medida cautelar de urgencia.
En esa providencia, dicha autoridad resolvi(cid:243) inadmitir la demanda, a fin de que la
parte actora individualizara cada uno de los actos cuya nulidad pretende, teniendo
en cuenta que en la demanda mencion(cid:243) varios, pero en las pretensiones solo
controvirti(cid:243) uno de estos. TambiØn se indic(cid:243) que se deb(cid:237)a precisar si se interpuso
el recurso de apelaci(cid:243)n contra el acto administrativo controvertido y, en caso
positivo, deb(cid:237)a aportar la decisi(cid:243)n que resolvi(cid:243) el recurso.
Asimismo, se explic(cid:243) que la medida cautelar de urgencia es un mecanismo
excepcional para adoptar una medida sin previa notificaci(cid:243)n a la contraparte
cuando, ademÆs de cumplirse los requisitos exigidos para su decreto, se evidencie
una situaci(cid:243)n de urgencia que haga imposible agotar el trÆmite previsto en el
art(cid:237)culo 233 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, no basta invocar la existencia de
un perjuicio o la necesidad de obtener una pronta decisi(cid:243)n: debe acreditarse que
la situaci(cid:243)n es de tal inminencia que no permite surtir el traslado a la contraparte.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06545-00
Demandante: Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz
El Juzgado sostuvo que en el asunto la parte demandante no acredit(cid:243) ese
presupuesto excepcional. Si bien invoc(cid:243) su condici(cid:243)n de adulta mayor, la
suspensi(cid:243)n del pago de la prestaci(cid:243)n econ(cid:243)mica y la afectaci(cid:243)n de su m(cid:237)nimo vital,
no aport(cid:243) elementos probatorios concretos y actuales que permitieran establecer
que el agotamiento del trÆmite ordinario de la solicitud cautelar le pudiera ocasionar
un daæo inminente. En criterio de la autoridad judicial, la condici(cid:243)n de persona de
especial protecci(cid:243)n constitucional no relevaba a la solicitante de demostrar por quØ
resultaba imposible agotar el trÆmite del art(cid:237)culo 233 de la Ley 1437 de 2011.
Adicional a lo expuesto, en el auto de 15 de septiembre de 2026 el Juzgado explic(cid:243)
que el expediente da cuenta de la existencia de otro proceso ordinario laboral en el
que otra persona tambiØn estÆ reclamando el reconocimiento de la pensi(cid:243)n de
sobrevivientes, al cual la aqu(cid:237) demandante fue vinculada como litisconsorte
necesaria. Esta circunstancia, a juicio de la autoridad judicial, refuerza la necesidad
de garantizar el derecho a la contradicci(cid:243)n antes de adoptar una decisi(cid:243)n que
podr(cid:237)a incidir provisionalmente en el reconocimiento y pago de la prestaci(cid:243)n.
Por lo expuesto, el Juzgado resolvi(cid:243) «ADECUAR la medida cautelar de urgencia, solicitada
por la parte actora, al procedimiento ordinario establecido en el art(cid:237)culo 233 de la Ley 1437 de 2011.
En consecuencia, si la demanda es subsanada oportunamente y resulta procedente su admisi(cid:243)n, la
solicitud cautelar sea tramitada conforme a esa normatividad».
As(cid:237) las cosas, se encuentra que la autoridad judicial a la cual se le reparti(cid:243) el asunto
tras la remisi(cid:243)n del expediente resolvi(cid:243) negativamente la medida cautelar de
urgencia solicitada, por considerar que no se reun(cid:237)an las condiciones para su
decreto. En su lugar, orden(cid:243) impartir a esa solicitud el trÆmite ordinario de las
medidas cautelares consagrado en la Ley 1437 de 2011, siempre y cuando se
subsane oportunamente la demanda.
Por ende, se considera que en el curso de la tutela se despleg(cid:243) la conducta
esperada por la parte accionante, en tanto que (i) el Tribunal accionado efectu(cid:243) la
remisi(cid:243)n del expediente que originalmente motiv(cid:243) la interposici(cid:243)n de la acci(cid:243)n de
tutela; y, ademÆs, (ii) el juez al cual se le reparti(cid:243) el caso, tras la mencionada
remisi(cid:243)n, resolvi(cid:243) la medida cautelar de urgencia en el sentido de que esta no
reun(cid:237)a los requisitos de ley y, consecuentemente, deb(cid:237)a tramitarse como una
medida cautelar ordinaria, siempre que se subsane oportunamente la demanda.
Por lo tanto, la situaci(cid:243)n objeto de estudio se enmarca en la figura de la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Por consiguiente, se declararÆ la carencia actual de objeto por considerar que la
tutela perdi(cid:243) su finalidad, dado que las situaciones que en criterio de la accionante
vulneraban sus derechos fundamentales desaparecieron.
En mØrito de lo expuesto, la Secci(cid:243)n Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
Repœblica y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR la carencia de objeto de la acci(cid:243)n de tutela promovida por la seæora
Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz, dadas las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisi(cid:243)n a los interesados, por el medio mÆs expedito.
3. PUBLICAR la presente decisi(cid:243)n en la pÆgina web del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06545-00
Demandante: Mar(cid:237)a Irabelly Gil Ortiz
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisi(cid:243)n.
NOTIF˝QUESE Y C(cid:218)MPLASE,
La anterior providencia se estudi(cid:243) y aprob(cid:243) en la sesi(cid:243)n de la fecha.
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTA(cid:209)O MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Presidente
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
WILSON RAMOS GIR(cid:211)N CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260654500/90D50E37AA5A0C5FC0032399ECDB419D8A9DA76D86499BC9B806B381069F4CF1/2

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