Tardanza en tutela contra providencia – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
BogotÆ, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintisØis (2026)
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-06394-00
Demandante F(cid:201)LIX ANTONIO RAM˝REZ MEZA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos: sustantivo, fÆctico,
violaci(cid:243)n directa a la Constituci(cid:243)n, por exceso ritual manifiesto y
decisi(cid:243)n sin motivaci(cid:243)n. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Indebida notificaci(cid:243)n de acto administrativo. Requisitos de
procedencia de tutela contra providencia judicial: la inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Secci(cid:243)n Cuarta decidir en primera instancia la acci(cid:243)n de tutela
instaurada por el seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza, de conformidad con lo
dispuesto por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de agosto de 20261, el seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza interpuso acci(cid:243)n de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administraci(cid:243)n de
justicia, a la defensa y contradicci(cid:243)n y al principio de prevalencia del derecho
sustancial.
La vulneraci(cid:243)n de sus garant(cid:237)as constitucionales la atribuye a la sentencia del 18
de septiembre de 2025 proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 68001-33-33-006-2023-00220-00/01.
En consecuencia, formul(cid:243) las siguientes pretensiones:
(Cita textual)
«PRIMERA. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de
defensa, al principio de contradicci(cid:243)n, al acceso efectivo a la administraci(cid:243)n de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial, vulnerados con ocasi(cid:243)n de la providencia judicial proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que promov(cid:237) contra los actos administrativos expedidos por el Consejo Nacional
Electoral.
SEGUNDA. Como consecuencia del amparo solicitado, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto dicha providencia desconoci(cid:243) los derechos
fundamentales invocados al incurrir en una violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n, un defecto
fÆctico, un exceso ritual manifiesto y una motivaci(cid:243)n constitucionalmente insuficiente,
conforme a las razones ampliamente expuestas en esta acci(cid:243)n de tutela.
TERCERA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander dentro del proceso referido, por configurarse los defectos espec(cid:237)ficos desarrollados
en esta acci(cid:243)n constitucional, consistentes en: (i) violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n; (ii)
1 Samai, (cid:237)ndice 2.
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06394-00
Demandante: FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza
defecto fÆctico; (iii) exceso ritual manifiesto; y (iv) motivaci(cid:243)n constitucionalmente
insuficiente.
CUARTA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro del tØrmino que
seæale este despacho, profiera una nueva sentencia, respetando su autonom(cid:237)a e
independencia judicial, pero aplicando de manera expresa los parÆmetros constitucionales
desarrollados por la Corte Constitucional respecto de: (i) la garant(cid:237)a material del debido
proceso; (ii) el derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo sancionatorio; (iii)
el deber de ejercer un control reforzado sobre las actuaciones mediante las cuales el Estado
ejerce su potestad sancionadora; (iv) la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales; y (v) el deber de motivaci(cid:243)n suficiente de las providencias judiciales.
QUINTA. ORDENAR que, al proferir la nueva decisi(cid:243)n, el Tribunal Administrativo de
Santander valore integralmente el material probatorio obrante en el expediente y determine,
con fundamento en un anÆlisis constitucional y no exclusivamente formal, si el procedimiento
administrativo adelantado por el Consejo Nacional Electoral me garantiz(cid:243) una oportunidad
real y efectiva para ejercer mi derecho de defensa antes de la imposici(cid:243)n de la sanci(cid:243)n
administrativa.
SEXTA. ORDENAR que la nueva providencia judicial responda expresamente los argumentos
constitucionales que he formulado respecto del alcance del art(cid:237)culo 29 de la Constituci(cid:243)n
Pol(cid:237)tica, evitando que el anÆlisis del debido proceso se reduzca exclusivamente a la
verificaci(cid:243)n formal del cumplimiento de las reglas legales sobre notificaci(cid:243)n electr(cid:243)nica.
S(cid:201)PTIMA. DISPONER las demÆs (cid:243)rdenes que el despacho estime necesarias para garantizar
la protecci(cid:243)n integral, efectiva y definitiva de los derechos fundamentales vulnerados».
2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza se inscribi(cid:243) como candidato al Concejo
de Bucaramanga para el aæo 2019, obteniendo el aval con el partido Colombia
Humana – Uni(cid:243)n Patri(cid:243)tica (UP). Con ocasi(cid:243)n del proceso de inscripci(cid:243)n,
diligenci(cid:243) el formulario E-6 y su anexo. La direcci(cid:243)n consignada en el anexo
del formulario E-6 fue: felix.ramirez.concejal@gmail.com.
2.2. El Consejo Nacional Electoral inici(cid:243) en contra del seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez
Meza actuaci(cid:243)n administrativa sancionatoria por no presentar oportunamente
el informe de ingresos y gastos de campaæa exigido por la Ley 1475 de 2011.
Mediante la Resoluci(cid:243)n 1007 del 8 de febrero de 2023, se impuso una multa
al seæor Ram(cid:237)rez Meza al considerar acreditado el incumplimiento de la
obligaci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 25 de la Ley 1475 de 20112 y en los art(cid:237)culos
2 y 11 de la Resoluci(cid:243)n No. 3097 de 20133.
2.3. El seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza interpuso recurso de reposici(cid:243)n en
contra de la Resoluci(cid:243)n 1007 del 8 de febrero de 2023 de forma extemporÆnea
en la cual asegur(cid:243) que no tuvo conocimiento oportuno de la actuaci(cid:243)n
administrativa sancionatoria pues los actos administrativos fueron notificados
a la direcci(cid:243)n felix.ramirez.concejal@gmail.com.
Explic(cid:243) que su œnica direcci(cid:243)n de notificaciones era concejalfeliz@gmail.com por
lo que las comunicaciones electr(cid:243)nicas utilizadas por la autoridad
administrativa no garantizaron que pudiera conocer el inicio de la
2 «(…) Los partidos, movimientos pol(cid:237)ticos y grupos significativos de ciudadanos presentarÆn ante el Consejo
Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campaæas electorales en las que
hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votaci(cid:243)n. Los gerentes de campaæa
y candidatos deberÆn presentar ante el respectivo partido, movimiento pol(cid:237)tico o grupo significativo de
ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de sus campaæas dentro del mes siguiente a la
fecha de la votaci(cid:243)n (…)»
3 «Por la cual se establece el uso obligatorio de la herramienta electr(cid:243)nica, software aplicativo denominado
“CUENTAS CLARAS” como mecanismo oficial para la rendici(cid:243)n de informes de ingresos y gastos de
campaæa electoral».
2
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06394-00
Demandante: FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza
investigaci(cid:243)n, ejercer su derecho de defensa, presentar descargos, solicitar
pruebas o controvertir los cargos formulados.
Mediante Resoluci(cid:243)n 5736 de 2023 del 2 de agosto de 2023 se rechaz(cid:243) por
extemporÆneo el recurso de reposici(cid:243)n.
2.4. El seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza present(cid:243) demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Consejo
Nacional Electoral pretendiendo que se declare la nulidad de la Resoluci(cid:243)n
1007 del 8 de febrero de 2023.
2.5. Conoci(cid:243) en primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo de
Bucaramanga (Expediente 68001-3333-006-2023-00220-00) que, mediante
sentencia del 18 de junio de 2024 neg(cid:243) las pretensiones de la demanda4.
El juzgado explic(cid:243) que la notificaci(cid:243)n del acto administrativo acusado se hizo
en debida forma, pues se efectu(cid:243) al correo electr(cid:243)nico suministrado por el
demandante en el formulario E-6, en el que ademÆs se autoriz(cid:243) de forma
expresa, las notificaciones por medios electr(cid:243)nicos que tuviere que hacer la
organizaci(cid:243)n electoral.
Expuso que, para tener por id(cid:243)nea la notificaci(cid:243)n realizada se observaron los
presupuestos establecidos por el Consejo de Estado. Que son que el
administrado acept(cid:243) de forma expresa las notificaciones electr(cid:243)nicas, que
durante el desarrollo de la actuaci(cid:243)n administrativa no solicit(cid:243) ser notificado
en forma diferente y que la administraci(cid:243)n certific(cid:243) el recibo del mensaje de
datos.
2.6. Esta decisi(cid:243)n fue apelada por el seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza.
2.7. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 18 de
septiembre de 2025 confirm(cid:243) la decisi(cid:243)n del Juzgado Sexto Administrativo de
Bucaramanga5.
Como sustento, seæal(cid:243) que la Ley 1437 de 2011, art(cid:237)culo 56, faculta a las
autoridades administrativas a notificar los actos por ellas expedidas,
empleando medios electr(cid:243)nicos, previo cumplimiento de un requisito, cual es,
que el administrado haya aceptado ese medio de notificaciones.
Aæadi(cid:243) que, la notificaci(cid:243)n de un acto administrativo por medios electr(cid:243)nicos
se surte cuando el mensaje de datos ha sido recibido por el destinatario y tiene
acceso al mismo. Asegur(cid:243) que en el anexo del formulario E 6 se indic(cid:243) que la
direcci(cid:243)n de correo electr(cid:243)nico del seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza era
felix.ramirez.concejal@gmail.com.
Adicionalmente explic(cid:243) que el formulario cuenta con la firma manuscrita del
demandante y que en el formulario se indica expresamente «con la suscripci(cid:243)n
del presente formulario se autoriza expresamente a la Organizaci(cid:243)n Electoral para que
notifique los procedimientos y trÆmites administrativos correspondientes mediante correo
electr(cid:243)nico (Art. 56 de la Ley 1437 de 2011».
Seæal(cid:243) que en el expediente se encuentra la constancia de entrega de la
notificaci(cid:243)n de la Resoluci(cid:243)n 1007 del d(cid:237)a 11 de febrero del 2023 a las 12:15
p.m. a la direcci(cid:243)n consignada en el anexo del formulario E-6-CO:
felix.ramirez.concejal@gmail.com.
4 Samai, (cid:237)ndice 15, Expediente 68001-33-33-006-2023-00220-00.
5 Samai, (cid:237)ndice 10, Expediente 68001-33-33-006-2023-00220-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06394-00
Demandante: FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza
El tribunal tambiØn indic(cid:243) que, no exist(cid:237)an razones para pensar que las
notificaciones remitidas a la direcci(cid:243)n felix.ramirez.concejal@gmail.com no fueron
debidas, pues aunque los argumentos de la demanda implican la inexistencia
de la cuenta de correo, se demostr(cid:243) su existencia con los acuses de env(cid:237)o de
los mensajes de datos. Aæadi(cid:243) que en la demanda tambiØn se afirma que no
fue el demandante quien diligenci(cid:243) el formulario E-06-CO y su anexo, pero
que dicho argumento no fue probado, y tampoco se tach(cid:243) de falsa la firma que
obra en la pÆgina 2 de 4 del referido formulario.
3. Fundamentos de la acci(cid:243)n
De manera preliminar, la parte demandante manifest(cid:243) que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acci(cid:243)n de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, aleg(cid:243) que la sentencia
cuestionada incurri(cid:243) en los siguientes vicios:
3.1. Violaci(cid:243)n directa a la Constituci(cid:243)n: Se configura en este caso porque el
tribunal redujo el anÆlisis del debido proceso a la verificaci(cid:243)n formal del
cumplimiento de las reglas legales sobre notificaci(cid:243)n electr(cid:243)nica, dejando de
aplicar el contenido material del art(cid:237)culo 29 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica.
Argument(cid:243) que toda persona sometida al ejercicio del poder sancionador del
Estado debe tener una oportunidad cierta, real y efectiva de conocer la
actuaci(cid:243)n adelantada en su contra y de ejercer plenamente su derecho de
defensa antes de que se adopte una decisi(cid:243)n que afecte su esfera jur(cid:237)dica.
Consider(cid:243) que el tribunal no debi(cid:243) centrar su examen en verificar si la
actuaci(cid:243)n administrativa sancionatoria fue remitida al correo electr(cid:243)nico
registrado en un formulario, pues su deber consist(cid:237)a en establecer si hab(cid:237)a
tenido conocimiento efectivo de la investigaci(cid:243)n administrativa y hab(cid:237)a contado
con una verdadera posibilidad de ejercer las facultades propias del derecho
de defensa.
Indic(cid:243) que el tribunal omiti(cid:243) analizar si la finalidad constitucional de la
notificaci(cid:243)n hab(cid:237)a sido realmente alcanzada. A su parecer la autoridad
demandada no solo deb(cid:237)a cumplir formalmente las reglas procedimentales,
sino asegurar que el destinatario de la actuaci(cid:243)n tuviera una posibilidad real
de intervenir, aportar pruebas, formular descargos y controvertir los cargos
antes de la imposici(cid:243)n de la sanci(cid:243)n.
3.2. Defecto fÆctico: Asegur(cid:243) que el tribunal bas(cid:243) su decisi(cid:243)n en una premisa que
no fue probada: que el correo electr(cid:243)nico utilizado por el Consejo Nacional
Electoral constitu(cid:237)a un medio vÆlido y eficaz para garantizar el conocimiento
de la investigaci(cid:243)n administrativa por del demandante. Dijo que la sentencia
acusada dio por acreditada la eficacia constitucional de la notificaci(cid:243)n a partir
de la sola existencia de la direcci(cid:243)n de correo electr(cid:243)nico. Sin embargo, omiti(cid:243)
valorar las circunstancias que expuso en el proceso judicial, en el que sostuvo
que no tuvo conocimiento de la investigaci(cid:243)n administrativa.
3.3. Motivaci(cid:243)n insuficiente: Consider(cid:243) que el tribunal estructur(cid:243) su decisi(cid:243)n con
el siguiente razonamiento «i) exist(cid:237)a un correo electr(cid:243)nico registrado en la
documentaci(cid:243)n presentada durante la inscripci(cid:243)n de la candidatura; (ii) el Consejo Nacional
Electoral remiti(cid:243) las actuaciones administrativas a esa direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica; (iii) en
consecuencia, la notificaci(cid:243)n fue vÆlida; y (iv) como la notificaci(cid:243)n fue vÆlida, el derecho de
defensa se encontraba garantizado».
A su parecer, el vac(cid:237)o argumentativo se encuentra en que el tribunal asumi(cid:243)
que el env(cid:237)o de una comunicaci(cid:243)n electr(cid:243)nica equivale, por s(cid:237) mismo, al
conocimiento efectivo de la actuaci(cid:243)n administrativa. Pero el objeto de la
controversia nunca fue determinar si el Consejo Nacional Electoral hab(cid:237)a
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06394-00
Demandante: FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza
enviado un mensaje de datos. Asegur(cid:243) que lo que deb(cid:237)a establecer el tribunal
era si ese env(cid:237)o permiti(cid:243) realmente que el demandante conociera la
investigaci(cid:243)n administrativa y ejerciera oportunamente su derecho de defensa.
3.4. Exceso ritual manifiesto: Manifest(cid:243) que el tribunal realiz(cid:243) un razonamiento
que, aunque es formalmente correcto desde la perspectiva del procedimiento
administrativo, resulta insuficiente desde el plano constitucional. Sostuvo que
el anÆlisis judicial termin(cid:243) reduciendo la protecci(cid:243)n del debido proceso a la
simple constataci(cid:243)n del cumplimiento de una formalidad administrativa,
dejando de lado el prop(cid:243)sito constitucional que dicha formalidad estaba
llamada a garantizar.
Indic(cid:243) que el juez contencioso administrativo debe ejercer un control reforzado
sobre el debido proceso en las actuaciones administrativas sancionatorias.
Afirm(cid:243) que la finalidad constitucional de la notificaci(cid:243)n es el conocimiento
efectivo de las actuaciones y que esto œltimo es presupuesto del derecho a la
defensa conforme a la jurisprudencia constitucional6. Afirm(cid:243) que el tribunal no
verific(cid:243) si Øl hab(cid:237)a podido ejercer materialmente su derecho a la defensa por
lo que vulner(cid:243) su derecho al debido proceso. Adicionalmente, hizo alusi(cid:243)n al
principio de prevalencia del derecho sustancial como criterio rector de la
administraci(cid:243)n de justicia.
Finalmente, como medida provisional solicit(cid:243):
«De conformidad con el art(cid:237)culo 7 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente solicito que,
como medida provisional y mientras se decide de fondo la presente acci(cid:243)n de tutela, se
suspendan los efectos jur(cid:237)dicos de la providencia judicial cuestionada y de las consecuencias
que de ella se derivan, en la medida estrictamente necesaria para evitar la consolidaci(cid:243)n de
un perjuicio derivado de la ejecuci(cid:243)n de una decisi(cid:243)n cuya conformidad con la Constituci(cid:243)n
ha sido seriamente cuestionada en esta actuaci(cid:243)n.
La medida solicitada resulta necesaria, adecuada y proporcional, toda vez que la ejecuci(cid:243)n
de la providencia judicial continœa produciendo efectos sobre mi esfera jur(cid:237)dica, mientras que
la suspensi(cid:243)n provisional no implica un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del asunto
ni afecta de manera definitiva la autonom(cid:237)a funcional de la jurisdicci(cid:243)n contencioso
administrativa».
4. TrÆmite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 18 de agosto de 2026 se admiti(cid:243)7 la acci(cid:243)n de tutela presentada
por el seæor FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza contra el Tribunal Administrativo de
Santander y se neg(cid:243) la medida provisional solicitada. Asimismo, se vincul(cid:243) en
calidad de terceros con interØs al Consejo Nacional Electoral, a la Agencia
Nacional de Defensa Jur(cid:237)dica del Estado, al Ministerio Pœblico, y se ofici(cid:243) para
que se autorizara el acceso al expediente 68001-3333-006-2023-00220-00/01.
4.2. En auto del 7 de octubre de 2026, el despacho sustanciador vincul(cid:243), en calidad
de tercero con interØs al Juzgado Sexto Administrativo de Bucaramanga,
porque fue la autoridad que decidi(cid:243) el proceso en primera instancia, y lo ofici(cid:243)
para que allegara el expediente digitalizado del proceso 68001-3333-006-2023-
00220-00. TambiØn se requiri(cid:243) al Tribunal Administrativo de Santander para
que remitiera las constancias de notificaci(cid:243)n de la sentencia de segunda
instancia, proferida el 18 de septiembre de 2025 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del Derecho.
4.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Bucaramanga8 manifest(cid:243) que no ha
vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Hizo un recuento del
6 El accionante cit(cid:243) las sentencias T-051 de 2016, T-092 de 2024 y C-029 de 2021 de la Corte Constitucional.
7 Samai, (cid:237)ndice 4.
8 Samai, (cid:237)ndice 31.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06394-00
Demandante: FØlix Antonio Ram(cid:237)rez Meza
trÆmite dado a la demanda en el medio de control 68001-3333-006-2023-00220-
00/01 y concluy(cid:243) que el seæor Ram(cid:237)rez Meza cont(cid:243) con todas las garant(cid:237)as
procesales y ejerci(cid:243) plenamente los mecanismos de defensa previstos en el
ordenamiento jur(cid:237)dico.
Indic(cid:243) que el recurso de apelaci(cid:243)n interpuesto en contra de la sentencia de
primera instancia fue integralmente resuelto por el Tribunal Administrativo de
Santander, que resolvi(cid:243) confirmar la decisi(cid:243)n de primera instancia. Consider(cid:243)
que el hecho de que el actor no comparta la decisi(cid:243)n del juez natural no implica
por s(cid:237) mismo la vulneraci(cid:243)n de derechos fundamentales ni habilita la utilizaci(cid:243)n
de la acci(cid:243)n de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate
jur(cid:237)dico ya agotado dentro del proceso ordinario.
Solicit(cid:243) valorar la fecha de notificaci(cid:243)n de las providencias cuestionadas al
momento de establecer la razonabilidad del tØrmino transcurrido para
promover la presente solicitud de amparo y que se niegue el amparo solicitado.
TambiØn remiti(cid:243) enlace de consulta del expediente ordinario.
4.4. El Tribunal Administrativo de Santander9 remiti(cid:243) el enlace de consulta del
expediente ordinario en Samai. En memorial posterior10 alleg(cid:243) las constancias
de notificaci(cid:243)n de la sentencia de segunda instancia, proferida el 18 de
septiembre de 2025 en el proceso 68001-3333-006-2023-00220-00/01.
4.5. El Consejo Nacional Electoral11 solicit(cid:243) que se declarara improcedente la
acci(cid:243)n de tutela pues no satisface los requisitos generales de relevancia
constitucional y de subsidiariedad. Seæal(cid:243) que el accionante se limita a reiterar
la tesis que fue desestimada por los dos jueces naturales y a calificar el
resultado desfavorable como violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n, defecto
fÆctico, exceso ritual manifiesto y motivaci(cid:243)n insuficiente. Afirm(cid:243) que la tutela
contra providencias judiciales no constituye una instancia adicional ni habilita
al juez constitucional para escoger entre la interpretaci(cid:243)n del accionante y la
adoptada razonadamente por los jueces administrativos.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acci(cid:243)n de tutela
La acci(cid:243)n de tutela, consagrada en el art(cid:237)culo 86 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protecci(cid:243)n inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneraci(cid:243)n, por la acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales
La acci(cid:243)n de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y as(cid:237) lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
9 Samai, (cid:237)ndices 15 y 17.
10 Samai, (cid:237)ndice 28.
11 Samai, (cid:237)ndice 10.
12 Decreto 2591 de 1991. Art(cid:237)culo 1: «Toda persona tendrÆ acci(cid:243)n de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s(cid:237) misma o por quien actœe en
su nombre, la protecci(cid:243)n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acci(cid:243)n o la omisi(cid:243)n de cualquier autoridad pœblica o de los
particulares en los casos que seæala este decreto».
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generales13 y especiales14 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acci(cid:243)n.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional15 ha indicado que cuando se
interpone la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonom(cid:237)a e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acci(cid:243)n contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentaci(cid:243)n del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jur(cid:237)dico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acci(cid:243)n de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer anÆlisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de la inmediatez.
De superar dicho examen, se estudiarÆ si el Tribunal Administrativo de Santander
incurri(cid:243) en los defectos alegados al proferir la sentencia del 18 de septiembre de
2025, mediante la cual se confirm(cid:243) la decisi(cid:243)n de primera instancia que neg(cid:243) las
pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 68001-3333-006-2023-00220-00/01.
4. Alcance del requisito general de la inmediatez
La Corte Constitucional16 ha seæalado que si bien no es posible establecer un
tØrmino de caducidad que limite el ejercicio de la acci(cid:243)n de la tutela, debe existir un
tØrmino razonable entre la ocurrencia de la vulneraci(cid:243)n o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentaci(cid:243)n de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no s(cid:243)lo tiene que ver con la
urgencia en la protecci(cid:243)n de las garant(cid:237)as constitucionales de una persona, sino
tambiØn con el respeto de la seguridad jur(cid:237)dica y de los derechos de los terceros
afectados17.
En este orden de ideas, la inmediatez es mÆs bien una condici(cid:243)n que busca que la
acci(cid:243)n se presente en un tØrmino razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violaci(cid:243)n o amenaza de los derechos fundamentales y no
un tØrmino de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protecci(cid:243)n pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.
13 Los requisitos generales para la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales son: (i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acci(cid:243)n; (ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protecci(cid:243)n de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acci(cid:243)n se haya interpuesto en un tØrmino prudencial
(inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisi(cid:243)n
proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
14 Los requisitos especiales para la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales son: (i)
defecto orgÆnico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fÆctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto
por error inducido, (vi) defecto por falta de motivaci(cid:243)n, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y
(viii) defecto por violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n.
15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ram(cid:237)rez R.
16 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. `lvaro Tafur Galvis.
17 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular
en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificaci(cid:243)n de su cumplimiento debe
ser aœn mÆs estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede
mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».
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Precisamente, en raz(cid:243)n a que el anÆlisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser mÆs riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado18 fij(cid:243) como plazo razonable para la interposici(cid:243)n de la acci(cid:243)n, un tØrmino de
seis meses contados a partir de la notificaci(cid:243)n de la providencia judicial enjuiciada,
por considerarlo un tØrmino prudencial para que el interesado interponga la acci(cid:243)n.
L(cid:237)mite temporal que tambiØn ha sido acogido por la Corte Constitucional19.
Dicho tØrmino razonable para ejercer la acci(cid:243)n de tutela se estableci(cid:243) en
consideraci(cid:243)n a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposici(cid:243)n de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jur(cid:237)dicas resueltas logren certeza y
estabilidad»20.
Sin embargo, dicha providencia tambiØn acudi(cid:243) a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «ademÆs de tener como pauta el tØrmino
de seis meses, se debe analizar tambiØn: (…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el nœcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisi(cid:243)n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard(cid:237)o de la acci(cid:243)n y la
vulneraci(cid:243)n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci(cid:243)n de
tutela surgi(cid:243) despuØs de acaecida la actuaci(cid:243)n violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici(cid:243)n».
Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional asegur(cid:243)
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinaci(cid:243)n de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un tØrmino razonable»21.
Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brind(cid:243) cinco criterios: (i) la situaci(cid:243)n personal del peticionario; (ii) si la vulneraci(cid:243)n
de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la
vulneraci(cid:243)n; (iv) la actuaci(cid:243)n contra la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la
tutela. As(cid:237) las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son vÆlidas para estudiar el presupuesto
de la inmediatez.
Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, ademÆs de considerar el lapso de
seis meses, debe consultar los demÆs criterios establecidos en la jurisprudencia
constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el cumplimiento de este
requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo paso del tiempo
constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.
5. AnÆlisis del caso concreto
5.1. La Sala advierte que en el caso examinado transcurrieron mÆs de seis meses
entre la notificaci(cid:243)n del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Santander en el medio de control y la interposici(cid:243)n de la acci(cid:243)n de tutela.
La prueba de esta afirmaci(cid:243)n consiste en que la sentencia cuestionada se
profiri(cid:243) el 18 de septiembre de 2025 y el mensaje de datos a efectos de realizar
la notificaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a los correos electr(cid:243)nicos el 29 de septiembre de
2025. De acuerdo con el art(cid:237)culo 205 de la Ley 1437 de 2011, la notificaci(cid:243)n
se entiende realizada una vez transcurridos 2 d(cid:237)as hÆbiles siguientes al env(cid:237)o
del mensaje, motivo por el cual se advierte que en el caso la notificaci(cid:243)n se
surti(cid:243)el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, la acci(cid:243)n de tutela se present(cid:243)
el 12 de agosto de 2026.
18 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ram(cid:237)rez Ram(cid:237)rez. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
19 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero PØrez.
20 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
21 Corte Constitucional. Sentencia de unificaci(cid:243)n SU-391 de 2016.
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Lo anterior implica que, entre la notificaci(cid:243)n de la sentencia controvertida y la
interposici(cid:243)n del amparo constitucional transcurri(cid:243) un lapso de diez (10)
meses y diez (10) d(cid:237)as. Situaci(cid:243)n que supera el plazo razonable de seis
meses a que alude la jurisprudencia de esta alta corte.
5.2. Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez,
ya que el solo paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo,
al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional22 no se encuentra acreditada una situaci(cid:243)n que
explique por quØ la acci(cid:243)n de tutela se interpuso luego de transcurrido ese
tiempo.
De hecho, en cuanto al requisito de inmediatez la parte actora se limit(cid:243) a
asegurar que «La presente acci(cid:243)n se interpone dentro de un tØrmino razonable contado
desde la notificaci(cid:243)n de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el
31 de julio de 2026, satisfaciendo as(cid:237) el requisito de inmediatez desarrollado por la
jurisprudencia constitucional». Dicha afirmaci(cid:243)n no coincide con las constancias de
notificaci(cid:243)n disponibles en el expediente del proceso ordinario:
22 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencias SU-391 de 2016, T-246 de 2015, T-594 de 2008, T-158 de
2006, T-1110 de 2005, SU-961 de 1999.
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Se advierte que las direcciones de correo electr(cid:243)nico felixuniminuto@gmail.com y
alternativajuridicaintegral@gmail.com fueron aportadas como direcciones de
notificaci(cid:243)n en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.3. Conviene recordar la tesis pac(cid:237)fica de la Sala segœn la cual, cuando la acci(cid:243)n
de tutela se interpone contra providencias judiciales, el requisito de la
inmediatez se computa desde que el accionante tuvo conocimiento de la
decisi(cid:243)n que acusa, es decir, desde la notificaci(cid:243)n de la providencia judicial
que se cuestiona, pues es en ese momento en el que adquiere conocimiento
del presunto escenario de vulneraci(cid:243)n iusfundamental23.
En l(cid:237)nea con lo expuesto y de conformidad con la jurisprudencia, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, esta Sala no desconoce
que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente para declarar la
interposici(cid:243)n tard(cid:237)a de la acci(cid:243)n de amparo dado que pueden existir
situaciones que justifiquen la inacci(cid:243)n de la parte demandante, esto al
reconocer que no existen reglas inflexibles; no obstante, al analizar las
particularidades del asunto objeto de estudio, segœn lo esgrimido en la
demanda de tutela, no se evidencia argumento alguno dirigido a justificar la
inacci(cid:243)n del demandante por mÆs de seis meses, considerado este como
tØrmino razonable para ejercer la acci(cid:243)n constitucional.
Al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
por la Corte Constitucional24 no se encuentra acreditada en este caso una
situaci(cid:243)n que justifique la interposici(cid:243)n de la acci(cid:243)n de tutela por fuera de
tØrmino establecido como razonable para ello, por lo que resulta evidente que
la acci(cid:243)n interpuesta no cumpli(cid:243) con el requisito de procedibilidad de
inmediatez.
6. Conclusi(cid:243)n
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci(cid:243)n Cuarta del Consejo de Estado.
Sentencia de tutela del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio
Roberto Piza; sentencia de tutela del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-
00. M.P. Julio Roberto Piza Rodr(cid:237)guez (e).
24 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo,
sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria SÆchica MØndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime
C(cid:243)rdoba Triviæo, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Por anterior, la Sala considera que la acci(cid:243)n de tutela no supera el requisito de
inmediatez, ya que se interpuso por fuera del tØrmino de 6 meses considerado por
la jurisprudencia como razonable para acudir al juez constitucional en procura de la
protecci(cid:243)n de derechos fundamentales, con ocasi(cid:243)n de la expedici(cid:243)n de
providencias judiciales y, ademÆs, porque tampoco se acredit(cid:243) una circunstancia
particular que le impidiera a la parte actora acudir a este mecanismo constitucional,
raz(cid:243)n por la cual se declararÆ la improcedencia del amparo solicitado.
En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Secci(cid:243)n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Repœblica
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acci(cid:243)n de tutela presentada por el seæor FØlix
Antonio Ram(cid:237)rez Meza, por las razones expuestas en la parte motiva.
2. NOTIFICAR la presente decisi(cid:243)n a los interesados, por el medio mÆs expedito.
3. PUBLICAR la presente decisi(cid:243)n en la pÆgina web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisi(cid:243)n.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTA(cid:209)O MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Presidente
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
WILSON RAMOS GIR(cid:211)N CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260639400/8F62D8A97DCF33B46B8C7545F603FC99F21C7716DA50C32AAC35D8B8FFC1C9E0/2

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