Improcedencia amparo por inmediatez – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06387-01
Demandante: Jessika Viviana Camargo Ardila
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06387-01
Demandante: Jessika Viviana Camargo Ardila
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Tema: Tutela contra providencia judicial. Pérdida de investidura. Inmediatez.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por Jessika Viviana Camargo Ardila, por medio
de apoderado, contra la sentencia de tutela de 10 de septiembre de 2026, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:
«PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Jessika Viviana
Camargo Ardila en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de agosto de 2026, la señora Jessika Viviana Camargo Ardila, por medio de
apoderado, interpuso acción de tutela contra la providencia de 19 de septiembre de 2024,
en la que el Consejo de Estado, Sección Primera dentro del proceso con radicado 68001-
23-33-000-2024-00208-01 confirmó la decisión de 10 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander en la que decretó la pérdida de investidura de la aquí
accionante.
La actora estimó que con dicha decisión fue vulnerado su derecho al debido proceso, a
elegir y ser elegida, al desempeño de funciones y cargos públicos, al acceso a la
administración de justicia, así como los principios de buena fe y confianza legítima. En
consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos, con fundamento en las siguientes
pretensiones:
«(…)
Primera. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Jessika Viviana
Camargo Ardila, vulnerado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado.
Segunda. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del
proceso de pérdida de investidura Rad. 68001-23-33- 000-2024-00208-01.
Tercera. ORDENAR a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo, profiera una
nueva sentencia de segunda instancia en la que realice el juicio de culpabilidad en concreto,
valore las particularidades del caso —el concurso de méritos ganado, las actuaciones del Concejo
y de la Registraduría dentro del término de posesión, el silencio del CNE y la elección de la
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accionante como personera— y observe integralmente la ratio decidendi de la Sentencia SU292
de 2025.
Cuarta. ORDENAR que, mientras se profiere la nueva sentencia, se comunique la decisión de
amparo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Concejo Municipal de Simacota y a la
Procuraduría General de la Nación, para los efectos de los registros y certificaciones sobre
inhabilidades de la accionante.»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Proceso de pérdida de investidura con radicado 68001-23-33-000-2024-00208-00/01
El señor Nisson Alfredo Vahos Pérez presentó solicitud de pérdida de investidura contra
la señora Jessika Viviana Camargo Ardila, concejal del municipio de Simacota para el
periodo constitucional 2024-2027. Consideró que ella incurrió en la causal prevista en el
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es, no tomar posesión del cargo dentro
de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo.
Como fundamento, expuso que la señora Camargo Ardila obtuvo la segunda mayor votación
en las elecciones a la Alcaldía de Simacota y, por ello, aceptó el 31 de octubre de 2023 una
curul en el Concejo Municipal. No obstante, también participó en el concurso público para
la elección de personero de ese municipio, convocado mediante la Resolución 560 del 10
de noviembre de 2023, en el que obtuvo la calificación más alta en la prueba de
conocimientos y competencias laborales.
Señaló que el 21 de diciembre de 2023 la señora Camargo Ardila renunció a la curul y no
tomó posesión como concejal. Según el allí demandante, a sabiendas de que ya había
aceptado la curul, continuó en la convocatoria con altas posibilidades de ser elegida, y el 10
de enero de 2024 fue designada personera municipal de Simacota para el periodo 2024-
2027.
El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 10 de abril de 2024, decretó la
pérdida de investidura. Encontró configurado el elemento objetivo, toda vez que se acreditó
que la señora Camargo Ardila fue elegida concejal para el periodo 2024-2027, que no se
posesionó dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo y que no existió una
circunstancia de fuerza mayor que justificara su conducta. Igualmente, estimó acreditado el
elemento subjetivo, pues consideró que actuó de manera negligente al aceptar la curul y
luego decidir no posesionarse.
Contra la anterior decisión, la señora Camargo Ardila interpuso recurso de apelación. Frente
al elemento objetivo, adujo que existieron circunstancias que le impidieron tomar posesión
del cargo, entre ellas el trámite de la renuncia y la actuación del Concejo Municipal, que el
2 de enero de 2024 requirió a la autoridad electoral para llamar a quien seguía en la lista.
Alegó que el tribunal no analizó ese procedimiento ni la confianza legítima que generaron
las actuaciones del Concejo.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de septiembre de 2024,
confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que se configuró el elemento subjetivo,
dado que la señora Camargo aceptó la curul, pero el 21 de diciembre de 2023 presentó
renuncia y manifestó que no tomaría posesión del cargo, sin que se acreditara que su
comportamiento obedeció a la buena fe calificada producto de un error invencible.
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3. Argumentos de la acción de tutela
La actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
La parte actora afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró su derecho al
debido proceso, en sus garantías de presunción de inocencia y responsabilidad subjetiva,
al decretar su pérdida de investidura con base en un juicio de responsabilidad objetiva,
proscrito por el artículo 29 de la Constitución y por la sentencia SU-292 de 2025. Agregó
que también se afectaron sus derechos políticos, el acceso a cargos públicos por mérito, la
buena fe, la confianza legítima y el acceso a la justicia, y que la vulneración es permanente,
pues la sanción implica una inhabilidad de por vida.
Sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional, porque involucra la prohibición de
responsabilidad objetiva, la curul de oposición y el acceso a cargos por concurso, como lo
reconoció la SU-292 de 2025. Indicó que agotó la apelación y que no le era exigible el
recurso de revisión, pues, según esa sentencia, no procede para debatir la valoración
probatoria, la responsabilidad subjetiva ni la violación directa de la Constitución.
Explicó que la inhabilidad derivada de la pérdida de investidura es perpetua y se renueva
cada día, por lo que el remedio solicitado busca hacerla cesar hacia el futuro. Precisó que,
antes de la sentencia SU-292 del 2 de julio de 2025, la postura de la Sección Primera era
uniforme y no existía un parámetro que hiciera viable el reclamo. Aclaró, además, que el
amparo no afecta derechos de terceros, toda vez que no pretende recuperar la curul.
Expuso que la SU-292 de 2025 dejó sin efectos una sentencia idéntica de la Sección Primera
contra el señor Jefferson Leonardo Caro Casas, quien, como segundo en la votación a la
Alcaldía de Chiquinquirá, aceptó la curul de oposición y renunció antes de posesionarse,
con renuncia aceptada por el concejo.
Destacó que su caso es análogo y más sólido, pues renunció el 21 de diciembre de 2023
ante la Registraduría, el CNE y el concejo para asumir la Personería, tras ocupar el primer
puesto en el concurso de méritos, y las actuaciones oficiales que generaron su confianza
ocurrieron dentro del término de posesión.
En cuanto a los defectos específicos, alegó una violación directa de la Constitución, porque
la sentencia dedujo la culpa grave de los mismos hechos del elemento objetivo, sin examinar
qué conocía la accionante sobre las consecuencias de su renuncia, pese a que invocó la
SU-424 de 2016.
Planteó también un defecto fáctico, pues el fallo no valoró el motivo de la renuncia ni las
actuaciones que crearon su confianza, como el trámite de la renuncia en el acta de plenaria
del 1.º de enero de 2024, el llamado a quien seguía en la lista, el requerimiento a la autoridad
electoral del 2 de enero, el oficio de la Registraduría del 3 de enero y su elección como
personera el 11 de enero mediante la Resolución 08.
Señaló que ninguna autoridad la requirió para posesionarse y que dos magistradas salvaron
el voto en primera instancia. Invocó, además, un defecto sustantivo, porque la sentencia
solo admitió como exoneración la jurisprudencia favorable o la asesoría profesional,
esquema cerrado que la SU-292 de 2025 descartó, con lo cual interpretó el artículo 48.3 de
la Ley 617 de 2000 y los artículos 1.º y 22 de la Ley 1881 de 2018 en contra de la
Constitución.
Finalmente, precisó que formuló estos reproches desde el proceso de origen y que la
Sección Primera los desestimó.
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Sostuvo que la mención de su caso en el cuadro comparativo de la SU-292 de 2025 no
convalidó la sentencia, pues la Corte la citó como ejemplo de la línea que juzgó deficiente y
no revisó ese expediente. También afirmó que la ausencia de una resolución formal de
aceptación de la renuncia le favorece, pues su convencimiento derivó de una cadena de
actuaciones oficiales. Aclaró que no pretende una tercera instancia, sino cuestionar la
validez constitucional del método de juzgamiento.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en auto de 19 de agosto de 2026,
admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada, ordenó notificar a las
partes y como terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Santander, al señor Nisson
Alfredo Vahos Pérez, a la Procuraduría 158 Judicial II para Asuntos Administrativos y al
Concejo Municipal de Simacota, a quienes remitió copia de la demanda.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Primera solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito de inmediatez y, de manera subsidiaria, negarla por no
configurarse los defectos invocados.
Adujo que la tutela debe presentarse en un plazo razonable desde el hecho que originó la
vulneración y que, según la sentencia SU-354 de 2017, solo se admite un plazo mayor
cuando la vulneración es permanente y actual o cuando la situación especial del afectado
hace desproporcionado exigirle acudir antes al juez. Recordó que la Sala Plena del Consejo
de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, fijó como regla general un
plazo de seis meses desde la notificación o ejecutoria de la providencia, y que en este caso
la sentencia del 19 de septiembre de 2024 fue notificada por correo electrónico el 4 de
octubre y por estado el 8 de octubre de 2024, mientras que la tutela se radicó el 12 de agosto
de 2026.
Sostuvo que la presunta vulneración se concretó en un solo acto, la expedición del fallo, por
lo que no era continua ni actual, y que la parte actora no acreditó una situación especial que
justificara flexibilizar el requisito. Agregó que en la SU-292 de 2025 la Corte Constitucional
computó la inmediatez desde la expedición de la sentencia atacada y no desde la
permanencia de la sanción, y que aceptar la tesis contraria permitiría cuestionar en cualquier
tiempo toda pérdida de investidura, en desmedro de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y
la autonomía judicial. Tampoco aceptó que esa sentencia fuera un hecho nuevo y precisó
que, aun en ese caso, entre su expedición, el 2 de julio de 2025, y la radicación de la tutela
transcurrió más de un año.
En cuanto al fondo, se remitió a los argumentos expuestos en la sentencia cuestionada y
sostuvo que la SU-292 de 2025, posterior a aquella, no constituye precedente del caso ni
guarda identidad fáctica con este, pues allí existió un acto administrativo previo que aceptó
la renuncia, circunstancia que no se acreditó en este asunto.
6. Intervenciones de terceros vinculados
El Concejo Municipal de Simacota precisó que su intervención se limitaba a confirmar los
hechos que le conciernen según sus propios archivos y actos, y a fijar su posición
institucional, sin pronunciarse sobre la legalidad de la sentencia cuestionada, asunto ajeno
a su competencia y a su conocimiento directo.
Confirmó que mediante resolución del 10 de noviembre de 2023 convocó el concurso de
méritos para elegir personero municipal para el periodo 2024-2028, en el que la señora
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Camargo Ardila se inscribió y obtuvo el puntaje más alto, según la resolución del 21 de
diciembre de 2023. Indicó que ese mismo día, a las 10:50 a. m., ella radicó ante la mesa
directiva saliente su renuncia a la curul, que quedó a disposición de la mesa directiva
instalada el 1.º de enero de 2024.
Señaló que, según el acta de la sesión plenaria 01 del 1.º de enero de 2024, la corporación
ya instalada tramitó la renuncia y dispuso llamar a quien seguía en el orden de elegibilidad,
para lo cual requirió a la autoridad electoral el 2 de enero. Añadió que mediante la
Resolución 001 de 2024 protocolizó la elección de la mesa directiva, que con la Resolución
006 del 9 de enero conformó la lista de elegibles del concurso encabezada por la señora
Camargo Ardila y que, en sesión del 10 de enero, protocolizada en la Resolución 008 del
11 de enero de 2024, la eligió personera municipal.
Explicó que la mesa directiva saliente no tramitó la renuncia porque, conforme a su
reglamento y al artículo 23 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 17 de la Ley
1551 de 2012, el concejo sesiona ordinariamente en febrero, mayo, agosto y noviembre.
Agregó que en sus archivos de diciembre de 2023 no existe decreto de convocatoria a
sesiones extraordinarias ni acta de sesión alguna, de modo que para el 21 de diciembre la
corporación saliente carecía de habilitación para decidir sobre la renuncia. Sostuvo que esos
actos fueron expedidos dentro de sus competencias y gozan de presunción de legalidad
conforme al artículo 88 del CPACA, la cual no ha sido desvirtuada.
Manifestó que no tiene conocimiento directo de las actuaciones ante la Registraduría, el
Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Primera
del Consejo de Estado, por lo que se atiene a lo acreditado en el proceso.
Aunque advirtió que no tiene interés jurídico directo en el resultado, pues no profirió la
providencia cuestionada ni existe pretensión en su contra, puso de presente que en sus
archivos no existe resolución alguna que aceptara formalmente la renuncia de la señora
Camargo Ardila antes del 4 de enero de 2024, fecha en que vencía el término de posesión,
dado que la corporación no estaba habilitada para sesionar cuando aquella la radicó.
En consecuencia, pidió tener por contestada su vinculación, tener por ciertos los hechos
expuestos, en especial los relativos a sus periodos de sesiones y a la ausencia de
convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre de 2023, y resolver el amparo
conforme a derecho sin imponerle carga distinta de la comunicación informativa prevista en
la cuarta pretensión de la demanda, en caso de que prospere.
El Tribunal Administrativo de Santander, por medio del magistrado encargado del
despacho, quien precisó que no participó en la sentencia del 10 de abril de 2024, rindió
informe sobre el contenido de esa decisión, el trámite surtido, los salvamentos de voto y la
sentencia de segunda instancia, y se remitió a los argumentos expuestos en dichas
providencias. Anotó que en ellas realizó el juicio de responsabilidad subjetiva y se valoraron
las actuaciones administrativas relacionadas con la renuncia.
En cuanto a la SU-292 de 2025, indicó que fue expedida con posterioridad a ambas
sentencias y que su ratio se fundó en la existencia de un acto administrativo previo que
aceptó la renuncia, circunstancia ausente en este caso, en el que la propia Corte ubicó el
asunto de la señora Camargo Ardila entre los que carecían de ese acto. Por ello, solicitó
negar el amparo respecto del tribunal y, de manera subsidiaria, decidir sin extender esa
sentencia a casos sin acto expreso de aceptación de la renuncia.
El señor Nisson Alfredo Vahos Pérez y la Procuraduría 158 Judicial II para Asuntos
Administrativos guardaron silencio.
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7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 10 de
septiembre de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez.
Explicó que, aunque la tutela no tiene término de caducidad, debe presentarse en un plazo
razonable, con el fin de proteger los derechos de terceros, evitar la inseguridad jurídica e
impedir que sirva para suplir la negligencia del interesado. Señaló que la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia del 5 de agosto de 2014, adoptó como regla general un
plazo de seis meses desde la notificación o ejecutoria de la providencia, dada la relevancia
de la cosa juzgada y la seguridad jurídica en las tutelas contra decisiones judiciales.
Indicó que el término para presentar la acción vencía el 21 de abril de 2025, pero la solicitud
se radicó el 11 de agosto de 2026, según el sistema SAMAI, por lo que superó ese plazo.
Advirtió, sin embargo, que el solo paso del tiempo no basta para declarar incumplido el
requisito, sino que el juez debe examinar si existieron razones válidas para la demora, si la
vulneración persistía o si la parte se encontraba en un estado de debilidad manifiesta.
Frente a ello, constató que la señora Camargo Ardila no demostró una circunstancia
especial o de vulnerabilidad que le hubiese impedido acudir oportunamente al juez.
Respecto del carácter permanente de la inhabilidad, explicó que la presunta vulneración se
concretó con la expedición de la providencia, en un solo momento, y que la prolongación de
sus efectos no la convertía en un hecho continuo que permitiera reabrir indefinidamente el
plazo.
Añadió que en la SU-292 de 2025 la Corte Constitucional tampoco contabilizó la inmediatez
a partir de la permanencia de la inhabilidad, sino desde la expedición de la providencia
cuestionada, sin establecer que el plazo pudiera computarse mientras subsistiera la sanción.
En cuanto al argumento de que esa sentencia constituía un hecho nuevo, recordó que,
según la sentencia T-461 de 2019, solo las sentencias de unificación que modifican
drásticamente la jurisprudencia y cambian las circunstancias del caso concreto permiten
computar el plazo desde su expedición. Concluyó que la SU-292 de 2025 no tenía ese
alcance, porque en el caso allí resuelto existía una resolución expresa, previa y con
presunción de legalidad que aceptó la renuncia, mientras que en este solo hubo la
presentación y traslado de la renuncia, su lectura en sesión y los trámites para proveer la
curul, sin un acto formal de aceptación anterior a la fecha de posesión.
Por consiguiente, sostuvo que el plazo debía contarse desde el día siguiente a la ejecutoria
de la providencia de 10 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, pues admitir lo contrario desconocería la cosa juzgada, afectaría la seguridad
jurídica y pondría en riesgo la independencia y autonomía judicial al someter las decisiones
a fallos con efectos inter partes proferidos para otros casos.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito
inicial e indicó que la decisión impugnada desconoció el carácter flexible y excepcional del
requisito de inmediatez en la acción de tutela, dado que aplicó una interpretación
estrictamente cronológica (plazo de seis meses) sin atender las circunstancias particulares
del caso.
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Alegó que la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, del 5 de
agosto de 2014 fijó los seis meses como regla general y no como plazo único. Precisó que
esa sentencia ordenó ponderar el motivo de la demora, la afectación de terceros, el nexo
entre la tardanza y la vulneración y el surgimiento posterior del fundamento de la tutela, y
que exceptuó las vulneraciones permanentes.
Señaló que el fallo solo verificó el vencimiento del término y su situación de vulnerabilidad,
en contra de las sentencias T-328 de 2010, T-1063 de 2012, T-936 de 2013 y T-619 de
2017, que rechazan una aplicación formal del plazo y admiten tutelas tardías ante hechos
nuevos o vulneraciones permanentes.
Sostuvo que la pérdida de investidura genera una inhabilidad sin límite temporal, según el
artículo 43.1 de la Ley 136 de 1994, el artículo 179.4 de la Constitución y la SU-292 de 2025,
por lo que la restricción de los derechos políticos es continua y actual, como lo exige la T-
158 de 2006. Advirtió que negar el examen de fondo dejaría la sanción sin control
constitucional y que en la SU-292 de 2025 la Corte no estudió vulneraciones permanentes,
porque la tutela se presentó menos de dos meses después del fallo.
Afirmó que esa sentencia sí era un hecho nuevo conforme a la T-461 de 2019, pues cambió
drásticamente el parámetro de control, al descartar el esquema cerrado de buena fe
calificada que aplicaba la Sección Primera, y tiene vocación de universalidad, dado que fue
el primer pronunciamiento de la Corte sobre el elemento subjetivo en estos casos y exhortó
al Congreso.
Señaló que las pruebas que reposan en el expediente desvirtúan la diferencia fáctica
alegada. Explicó que el 1.º de enero de 2024 la plenaria leyó la renuncia y deliberó sobre la
provisión de la curul; que el 3 de enero, tras la respuesta de la Registraduría, los
vicepresidentes llamaron al señor Luis Ernesto Delgado Archila; que el 4 de enero, último
día del término de posesión, la plenaria le dio posesión y la entrevistó como aspirante a
personera; y que el 10 de enero la eligió en ese cargo. Precisó que esos documentos obran
en el proceso de pérdida de investidura.
Con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sostuvo
que el acto administrativo depende de su contenido decisorio y no de su forma, que las
actas registran las decisiones de las corporaciones y que, según el artículo 134 de la
Constitución y los artículos 51 y 63 de la Ley 136 de 1994, el llamamiento del reemplazo
presupone la aceptación de la renuncia. Citó la SU-950 de 2014, que validó la renuncia de
un diputado aceptada en plenaria, y concluyó que esa decisión goza de presunción de
legalidad que no ha sido desvirtuada.
Consideró que el caso cumple la ratio de la SU-292 de 2025 con un elemento adicional,
pues el Concejo de Simacota entregó la curul a otra persona dentro del término de posesión.
Añadió que la mención de su caso en el cuadro de esa sentencia reprodujo la descripción
del fallo cuestionado y no una valoración de la Corte sobre un expediente que no revisó.
Alegó, además, que el plazo debía contarse desde la notificación de la SU-292 al Consejo
de Estado el 17 de octubre de 2025 o desde la sentencia de reemplazo del 27 de noviembre
de 2025, y no desde su expedición, por lo que la tutela se presentó en un término razonable.
Indicó que no podía exigírsele un conocimiento inmediato de la jurisprudencia y que el
amparo no afecta a terceros, pues no reclama la curul y el periodo 2024-2027 permanece
intacto.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia del 10 de septiembre de 2026 de la
Subsección A de la Sección Segunda, amparar su derecho al debido proceso, dejar sin
efectos la sentencia del 19 de septiembre de 2024 y ordenar a la Sección Primera proferir
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en treinta días un nuevo fallo que valore las actuaciones del concejo, el concurso de méritos,
la actuación de la Registraduría y el silencio del CNE, conforme a la SU-292 de 2025.
I. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales,
es preciso señalar que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se
evidencia la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31
de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra providencia judicial
y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual aplicó la metodología
desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en
un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales
generales2 y específicas3 de procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
La Sala determinará si, en los términos de la impugnación presentada por la parte actora,
resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que el asunto
no cumple el requisito general de inmediatez.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) requisito general
de inmediatez y (ii) caso concreto.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad – sentencia de 31 de julio de 2012 – se admita,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta
debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y
que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias
de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
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Demandante: Jessika Viviana Camargo Ardila
(i) Requisito general de inmediatez
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción de
tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha de
notificación de la providencia acusada. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones
jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o
puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la
demanda4 , en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
solo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros
afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela.
La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la
violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, porque la acción de tutela
es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, es que se
requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la acción de
tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben tenerse en
cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un motivo válido para
la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la lesión de
derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela,
y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de
los derechos de los interesados.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla jurisprudencial
unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente para no inducir a error
a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad jurídica y confianza legítima de
las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la acción de tutela contra providencias
judiciales es la excepción a la regla y, en esa medida, los requisitos de procedibilidad deben
ser atendidos en estricto orden.
(ii) Caso concreto
La señora Jessika Viviana Camargo Ardila promovió acción de tutela contra la sentencia del
19 de septiembre de 2024, mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que decretó su pérdida de
investidura como concejal del municipio de Simacota, por la causal prevista en el numeral 3
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
La Sala encuentra que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito general de
inmediatez, porque, consultado el expediente en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI,
se advierte que la providencia cuestionada fue notificada mediante correo electrónico el 4
de octubre de 2024, actuación que se entiende surtida el 8 de octubre de 2024, de acuerdo
con el numeral 2 del artículo 205 del CPACA.
Por tanto, el conteo del término de inmediatez comienza desde el día hábil siguiente, esto
es, el 9 de octubre de 2024, hasta la radicación de la solicitud de amparo el 11 de agosto
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de 2026, lapso en el que transcurrieron 1 año, 10 meses y 2 días, situación que supera el
plazo razonable de seis meses previsto por la Sala Plena de esta Corporación, desvirtúa la
urgencia que caracteriza la acción de tutela y afecta el principio de seguridad jurídica que
reviste el acto jurisdiccional.
Ahora bien, la impugnante sostuvo que la regla de los seis meses fue aplicada como un
término de caducidad. La Sala no comparte esa apreciación, pues la primera instancia no
se limitó a constatar el vencimiento del plazo, sino que examinó si existía un motivo válido
para la inactividad, si persistía la vulneración y si la accionante se encontraba en una
situación de debilidad manifiesta, conforme a los criterios fijados por la jurisprudencia. El
hecho de que ese examen haya resultado desfavorable a la parte actora no lo convierte en
un análisis meramente formal.
En ese sentido, la Sala advierte que la parte actora no acreditó una circunstancia personal
que le hubiese impedido acudir oportunamente al juez constitucional. No alegó ni demostró
un estado de indefensión, enfermedad, incapacidad u otra condición de vulnerabilidad, y
estuvo asistida por apoderado judicial tanto en el proceso de pérdida de investidura como
en el trámite de tutela. Tampoco explicó qué le impidió presentar la solicitud de amparo
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, cuando ya contaba con
los argumentos que expuso en la intervención y en el recurso de apelación, los cuales,
según su propio escrito, coinciden con los que ahora plantea.
En cuanto al carácter permanente de la sanción, la Sala no desconoce que el simple
transcurso del tiempo no siempre permite concluir que la acción de tutela fue presentada de
manera extemporánea, toda vez que pueden concurrir circunstancias que evidencien que el
hecho que vulnera los derechos fundamentales es de carácter permanente y configura una
violación actual y continua. Sin embargo, en este caso, la presunta vulneración se concretó
con la expedición de la providencia judicial cuestionada, actuación que se agotó en un solo
momento.
En relación con el argumento según el cual la sentencia SU-292 de 2025 constituyó un
hecho nuevo que habilitó el ejercicio de la acción, sin que ello suponga reconocer esa
premisa, la Sala advierte que, en todo caso, la acción de tutela tampoco se habría
presentado en un término razonable, toda vez que entre la expedición de esa sentencia, el
2 de julio de 2025, y la radicación de la tutela, el 11 de agosto de 2026, transcurrieron 1 año,
1 mes y 9 días. Es más, si el término se contara desde su notificación al Consejo de Estado,
el 17 de octubre de 2025, como lo propone la impugnante, transcurrieron 9 meses y 25 días.
En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito general de inmediatez,
dado que se presentó por fuera de un plazo razonable, la parte actora no acreditó un motivo
válido que justificara su inactividad ni una situación de debilidad manifiesta, la vulneración
alegada no es continua ni actual y, aun si la sentencia SU-292 de 2025 se tuviera como un
hecho nuevo, el término contado desde cualquiera de los hitos propuestos por la impugnante
también se encuentra superado.
Por lo anterior, la acción de tutela de la referencia no procede por falta de cumplimiento del
requisito de inmediatez y, en esa medida, no hay lugar a hacer estudio en relación con el
fondo del asunto. En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala de
lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Demandante: Jessika Viviana Camargo Ardila
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 10 de septiembre de 2026, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidado
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260638701/6D887C8EE9301B12B377D8F3160C32B30EA10E704749CC1132A4E1CA18BD5287/2

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