Inmediatez tutela recurso revisión – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05365-01
Accionante: DIANA MARGARITA BARROS AMARÍS Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A Y SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y recurso extraordinario de revisión.
Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y de
inmediatez,
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Edelmira Amaris Aussant, quien actúa en nombre propio
y en representación de la señora Diana Margarita Barros Amarís, contra la sentencia
de 24 de agosto de 2026 dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de julio de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y de
acceso a la administración de justicia, así como el principio de favorabilidad,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1. “AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la
Administración de Justicia con Prevalencia del Derecho Sustancial, Seguridad
Social y Favorabilidad Pensional de Diana Margarita Barros Amaris.
2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por la Sala
Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, así como la sentencia de
instancia del 30 de marzo de 2023, únicamente en lo que respecta a la negativa de
reconocer el derecho pensional por el período en que se acreditó la condición de
estudiante.
3. ORDENAR la nulidad de las resoluciones acusadas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y, como consecuencia del restablecimiento del
derecho fundamental conculcado, ordenar a la entidad correspondiente (UGPP o
quien haga sus veces) reconocer, liquidar y pagar a favor de la accionante las
mesadas pensionales causadas correspondientes al año 2013, debidamente
actualizadas e indexadas conforme al artículo 187 del CPACA, de acuerdo con el
tiempo en que se probó la calidad de estudiante en el proceso ordinario.”
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Accionante: Diana Margarita Barros Amaris
2. Hechos1
La parte actora relató que nació el 7 de enero de 1988 y fue hija del señor Marco
Tulio Barros Donado, extrabajador de Telecom, quien falleció el 9 de agosto de 1989
cuando aquella tenía diecinueve meses de edad. Manifestó que mediante la
Resolución 1662 del 20 de noviembre de 1990 la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones -Caprecom- reconoció una pensión de invalidez post mortem a
favor del causante a partir del 1º de agosto de 1989 y dispuso su sustitución entre
la cónyuge supérstite, la señora Maritza Torres de Barros y sus hijos desde la fecha
del fallecimiento. Sin embargo, afirmó que dejó en suspenso la cuota del 12,5% que
le correspondía hasta que la jurisdicción ordinaria definiera su filiación.
Agregó que, posteriormente, el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla la
declaró como hija del pensionado fallecido. Con fundamento en esa decisión,
Caprecom expidió la Resolución 757 del 20 de abril de 1994 mediante la cual
reconoció a su favor la cuota pensional que permaneció en suspenso y ordenó el
pago de las mesadas causadas desde el 9 de agosto de 1989 con sus respectivos
reajustes. Refirió que permaneció en la nómina de pensionados hasta el 31 de
diciembre de 2012. Agregó que el 7 de enero de 2013 cumplió veinticinco años y
solicitó la continuidad del pago de la prestación porque adelantó las gestiones para
cursar estudios de especialización en Buenos Aires -Argentina-, cuyo inicio se
previó para el 12 de marzo de ese año y para ese momento, ya había culminado su
formación profesional.
El 16 de enero de 2013, la señora Maritza Torres de Barros solicitó a Caprecom el
acrecimiento de la mesada pensional a su favor, con fundamento en que la
accionante había cumplido veinticinco años. A través de la Resolución 00316 del 19
de febrero de 2013 Caprecom reajustó la mesada de la señora Diana Margarita
Barros Amarís desde el 1º de enero de ese año, declaró extinguido su derecho a la
sustitución pensional a partir del 7 de enero siguiente y dispuso el acrecimiento de
la prestación a favor de la señora Maritza Torres de Barros, quien pasó a percibir el
100 % de la pensión. La decisión se sustentó en el cumplimiento de la edad máxima
prevista para los hijos estudiantes en el régimen pensional que la entidad consideró
aplicable. Contra ese acto administrativo se interpuso recurso de reposición, el cual
se resolvió desfavorablemente mediante la Resolución 00984 del 19 de junio de
2013.
Precisó que como consecuencia de lo anterior, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Trabajo – Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el propósito de
obtener la nulidad de las resoluciones 00316 y 00984 de 2013, y a título de
restablecimiento solicitó su reincorporación a la nómina, el pago de las mesadas
causadas desde el 1º de enero de 2013 hasta la restitución del derecho y la
indemnización de los perjuicios materiales y morales que atribuyeron a la extinción
de la prestación.
Manifestó que el proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Atlántico bajo el radicado no. 08001-23-31-000-2014-00036-00. Mediante auto de 8
de abril de 2014 se admitió la demanda y por providencia del 28 de octubre siguiente
se resolvió favorablemente el recurso de reposición que se presentó para que
también se reconociera a la señora Edelmira Amarís Aussant como demandante.
1 Los hechos se extraen del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, recurso extraordinario de
revisión y del escrito de tutela.
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El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 23 de febrero de 2018
declaró probada la excepción de inexistencia del derecho invocada por la parte
demandada y negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, acudió a la Ley
100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003 y a la Ley 1574 de 2012 y concluyó
que la condición de hijo estudiante beneficiario de la pensión se extendió hasta los
veinticinco años. Asimismo, consideró que ese límite resultó razonable, pues a dicha
edad los hijos normalmente cuentan con una profesión u oficio que les permite
procurar su sustento, por lo que descartó la vulneración del debido proceso y la
procedencia del restablecimiento solicitado.
Agregó que contra la anterior determinación presentaron recurso de apelación en el
que reiteraron que el régimen aplicable era el vigente al momento del fallecimiento
del causante y que las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 permitían conservar
la sustitución hasta la terminación de los estudios sin el límite de edad que aplicó el
Tribunal. También cuestionó que se confundiera la causación del derecho con su
reconocimiento administrativo en 1994 y afirmaron que durante 2013 se acreditó la
condición de estudiante de la beneficiaria.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por sentencia de
30 de marzo de 2023 confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que la
sustitución pensional se rigió por las disposiciones vigentes al momento de la
muerte del causante, en particular por la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989,
y no por la Ley 100 de 1993. No obstante, concluyó que la beneficiaria no acreditó
los presupuestos para conservar la prestación después de los veinticinco años.
Explicó que la sustitución pensional no tuvo como finalidad financiar indefinidamente
estudios y especializaciones y destacó que la señora Diana Margarita Barros Amarís
ya contaba con formación profesional cuando solicitó la continuidad del pago para
cursar un posgrado. Asimismo, señaló que no demostró una situación de
indefensión o invalidez que justificara un análisis distinto.
Sostuvo que el 29 de agosto de 2024 interpusieron recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia de 30 de marzo de 2023 con fundamento en la causal
de nulidad originada en la sentencia prevista en el numeral 5º del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). El asunto se tramitó bajo el radicado no.11001-03-15-000-2024-04616-
00.
Las recurrentes sostuvieron que la providencia desconoció un derecho adquirido,
aplicó retroactivamente las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y atribuyó efectos
retrospectivos a la sentencia C-451 de 2005. También alegaron el desconocimiento
de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado relativa a la aplicación del régimen vigente al momento del
fallecimiento del causante y cuestionaron la interpretación normativa y la valoración
de las condiciones que, a su juicio, permitían conservar la prestación.
Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2025, la Sala Veintidós Especial de
Decisión del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión, al considerar que los reparos cuestionaron la interpretación normativa y la
valoración probatoria del juez de segunda instancia sin acreditar una nulidad
originada en la providencia. Precisó que la revisión no constituyó una instancia
adicional para reabrir el debate sobre la continuidad de la sustitución pensional y
que los alegados defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente
judicial debían plantearse a través de la acción de tutela.
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Para terminar, precisó que la sentencia recurrida reconoció la aplicación del régimen
anterior a la Ley 100 de 1993 y que acudió al límite de veinticinco años como criterio
de razonabilidad para interpretar la permanencia de la condición de hija estudiante
sin adoptar aquella ley como régimen de causación de la prestación. La providencia
se comunicó por correo electrónico el 16 de diciembre de 2025.
3. Fundamentos de la acción
En cuanto a los requisitos generales de procedencia, la parte actora afirmó que el
asunto tenía relevancia constitucional porque involucró la protección de un derecho
pensional adquirido y la aplicación del régimen vigente al momento del fallecimiento
del causante. Afirmó que el derecho a percibir la sustitución pensional mientras
conservara la condición de estudiante se consolidó bajo las Leyes 33 de 1973 y 71
de 1988, por lo que no resultaba admisible restringirlo con disposiciones o criterios
jurisprudenciales posteriores. En particular, cuestionó que se acudiera a la
sentencia C-451 de 2005 para introducir un límite de edad que según indicó, no
contemplaba el régimen aplicable.
Respecto de la subsidiariedad, manifestó que agotaron los mecanismos ordinarios
de defensa y el recurso extraordinario de revisión que se resolvió
desfavorablemente el 9 de diciembre de 2025. Añadió que no contaron con otro
mecanismo judicial para controvertir las decisiones y que la Sala Veintidós Especial
de Decisión del Consejo de Estado señaló que los reparos relativos a los defectos
sustantivo y fáctico debían plantearse mediante la acción de tutela.
Sobre la inmediatez, adujo que transcurrió un plazo razonable entre la ejecutoria de
la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión que situaron el 14 de
enero de 2026 y la presentación de la solicitud de amparo. Explicó que ese lapso
resultó necesario para recuperar las copias del expediente ante el daño de
dispositivos de archivo y las dificultades de acceso a algunas actuaciones en Samai,
así como para examinar los fundamentos de la decisión y estructurar los cargos
constitucionales.
Asimismo, señaló que las irregularidades alegadas tuvieron incidencia decisiva en
el sentido de las providencias, pues la aplicación del límite de veinticinco años
determinó la negativa del derecho pensional. Indicó que se identificaron los hechos
y los derechos presuntamente vulnerados y que las decisiones cuestionadas
correspondieron a una sentencia del proceso ordinario y a otra que resolvió un
recurso extraordinario de revisión.
En relación con las causales específicas de procedencia, precisaron que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos procedimental por
exceso ritual manifiesto, fáctico y desconocimiento del precedente.
Respecto de los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico,
sostuvo que el juez de instancia convirtió el límite de veinticinco años que presentó
como un criterio de razonabilidad en una barrera absoluta para conservar la
sustitución pensional, pese a que las normas aplicables condicionaron su
continuidad a la subsistencia de los estudios y de la dependencia económica. Afirmó
que esa interpretación desplazó las pruebas que acreditaron el cumplimiento de
ambas condiciones durante 2013 y sacrificó el derecho sustancial a la seguridad
social.
Precisó que su reclamación se limitó al reconocimiento y pago de las mesadas
causadas durante 2013 debidamente indexadas, período respecto del cual
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aseguraron que se demostró la calidad de estudiante y la dependencia económica.
Por ello, reprochó que las autoridades justificaran la restricción en la necesidad de
evitar la prolongación indefinida de la prestación, pues no solicitaron su
restablecimiento permanente ni su pago para continuar estudios en la actualidad.
Por último, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, afirmó
que la sentencia de 30 de marzo de 2023 se apartó de la regla fijada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de abril de
2013 y de la jurisprudencia constitucional, conforme a la cual la sustitución pensional
debía regirse íntegramente por las disposiciones vigentes al momento del
fallecimiento del causante. A su juicio, la incorporación de un límite de edad previsto
en normas posteriores bajo la denominación de criterio de razonabilidad desconoció
esa regla y afectó la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado
El presidente de la Sala rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela o, en subsidio, que se negara el amparo respecto
de la sentencia de 9 de diciembre de 2025. Sostuvo que la accionante reprodujo los
cuestionamientos sobre la interpretación del régimen pensional y el límite de
veinticinco años que formularon en el recurso extraordinario de revisión sin
demostrar una irregularidad constitucional autónoma atribuible a la Sala Especial.
Explicó que la competencia de esa Sala se limitó a establecer si se configuró la
causal de nulidad originada en la sentencia prevista en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, por lo que no le correspondió resolver nuevamente el litigio
pensional ni efectuar otra valoración probatoria. Afirmó que la providencia examinó
los cargos y explicó que los desacuerdos con la interpretación normativa, la
valoración de las pruebas y la aplicación del precedente judicial no configuraron por
sí solos, la causal invocada.
Frente al exceso ritual manifiesto indicó que el reproche sobre el límite de edad
cuestionó la interpretación sustancial del régimen pensional y no una exigencia
procesal que hubiera impedido estudiar la controversia. Sobre el defecto fáctico,
señaló que las accionantes no individualizaron una prueba decisiva que la Sala
Especial hubiera omitido, tergiversado o apreciado de forma manifiestamente
irrazonable. Añadió que la negativa del derecho no se sustentó en la inexistencia de
estudios, sino en la interpretación del alcance temporal de la protección pensional.
Respecto del desconocimiento del precedente judicial manifestó que el juez
ordinario reconoció como aplicables las Leyes 33 de 1973 y 71 de 1988 y el Decreto
1160 de 1989 conforme al régimen vigente al fallecimiento del causante. Precisó
que la referencia a la sentencia C-451 de 2005 constituyó un apoyo interpretativo
para delimitar la expresión “mientras subsistan las condiciones de estudios”, sin que
implicara la aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993 o de la Ley 797 de 2003.
Asimismo, afirmó que las accionantes no acreditaron la existencia de un precedente
con supuestos equivalentes que impusiera una solución distinta.
Por último, advirtió que la limitación de la reclamación a las mesadas de 2013
modificó el alcance de las pretensiones del proceso ordinario, en el que se solicitó
el reintegro a nómina y el pago de las mesadas hasta el restablecimiento del
derecho. Consideró que esa delimitación posterior no evidenció un defecto judicial
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ni permitió reformular la controversia mediante la tutela. Concluyó que la sentencia
de revisión fue motivada, congruente y respetuosa del debido proceso.
4.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
La subdirectora de Defensa Judicial Pensional rindió informe en el que solicitó la
desvinculación de la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
los reproches se dirigieron contra las autoridades judiciales que profirieron las
sentencias cuestionadas y la UGPP no vulneró los derechos invocados.
Asimismo, pidió declarar improcedente el amparo porque la accionante pretendía
reabrir una controversia resuelta por el juez natural y obtener un beneficio
económico sin acreditar relevancia constitucional ni un perjuicio irremediable.
Sostuvo que las providencias se sustentaron en una interpretación razonable del
régimen pensional, amparada por la autonomía judicial, y no en la aplicación
retroactiva de disposiciones posteriores.
4.3. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.
El apoderado de Fiduprevisora S. A., como vocera y administradora del PAR
Caprecom liquidado, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva. Sostuvo que no existió un nexo causal entre su actuación y la presunta
vulneración pues los reproches se dirigieron contra las providencias del Consejo de
Estado y correspondió a las autoridades judiciales accionadas pronunciarse sobre
los hechos y las pretensiones.
Explicó que Caprecom se extinguió jurídicamente el 27 de enero de 2017 y que el
patrimonio autónomo se constituyó mediante un contrato de fiducia mercantil para
administrar sus remanentes. Precisó que ni ese patrimonio ni Fiduprevisora S.A.
fueron continuadores del proceso liquidatorio o sucesores procesales de la entidad
extinta.
Finalmente, afirmó que las decisiones judiciales cuestionadas estuvieron
debidamente sustentadas y ajustadas a derecho.
4.4. Respuesta de la señora Maritza Torres de Barros
Sostuvo que no se encontraba legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que
no era la llamada a responder por la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por la accionante, y afirmó que ha respetado todas las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 24 de agosto de 2026 declaró improcedente la acción de tutela, al considerar
que no se cumplía con el requisito de relevancia constitucional. Precisó que los
cuestionamientos contra la sentencia del 30 de marzo de 2023 expresaron una
inconformidad con la interpretación normativa del juez ordinario, mientras que los
reproches contra la providencia del 9 de diciembre de 2025 carecieron de la carga
argumentativa necesaria para controvertir sus fundamentos.
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Respecto de la relevancia constitucional advirtió que los argumentos sobre el límite
de veinticinco años también se expusieron en la apelación y recibieron respuesta
en el proceso ordinario. Señaló que la Sección Segunda del Consejo de Estado
identificó y aplicó el régimen vigente al fallecimiento del causante, conformado por
la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989 conforme a la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2013. Añadió que el juez acudió a la finalidad protectora de la
sustitución pensional y a la jurisprudencia constitucional para establecer que su
continuidad dependió de la subsistencia de las condiciones de vulnerabilidad y
dependencia económica, sin que la sola permanencia de los estudios justificara su
prolongación indefinida.
Destacó que la autoridad judicial valoró las pruebas y constató que la señora Diana
Margarita Barros Amaris culminó su formación profesional y proyectó adelantar
estudios de posgrado en Buenos Aires. A partir de esas circunstancias, concluyó
que contó con herramientas para procurar su sustento y que no acreditó una
condición de vulnerabilidad que justificara mantener la prestación. Por ello, el juez
de tutela consideró que no se evidenció una omisión probatoria y que la coincidencia
con el límite de veinticinco años previsto en normas posteriores no demostró su
aplicación retroactiva. Asimismo, descartó que los reparos revelaran un
desconocimiento del precedente judicial pues el régimen vigente al fallecimiento del
causante sí se observó.
En cuanto a la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión indicó
que las accionantes no controvirtieron su fundamento central relacionado con la
imposibilidad de encuadrar los reproches por desconocimiento del precedente
judicial y defectos sustantivo y fáctico en la causal de nulidad originada en la
sentencia. Señaló que tampoco explicaron por qué esa interpretación resultó
arbitraria o irrazonable, sino que trasladaron los cuestionamientos contra la decisión
ordinaria sin identificar un defecto propio de la providencia de revisión.
Por último, negó las solicitudes de desvinculación de la UGPP, Maritza Torres de
Barros y el PAR Caprecom liquidado, porque sus intereses podían resultar
afectados con la decisión de tutela. También aceptó el impedimento del consejero
Fernando Alexei Pardo Flórez, quien participó en la expedición de la sentencia del
9 de diciembre de 2025.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara la decisión.
Sostuvo que el asunto tenía relevancia constitucional, pues involucró la protección
de los derechos adquiridos, el debido proceso, el mínimo vital y el principio de
favorabilidad pensional. Cuestionó que el juez de tutela calificara como una
interpretación razonable la incorporación del límite de veinticinco años, pese a que
las Leyes 33 de 1973 y 71 de 1988 no establecieron esa restricción ni distinguieron
entre estudios de pregrado y posgrado.
Reiteró que el derecho se causó bajo el régimen vigente al fallecimiento del
causante ocurrido el 9 de agosto de 1989 y que su continuidad dependió de la
condición de estudiante y de la dependencia económica. Por ello, afirmó que acudir
a normas posteriores y a la sentencia C-451 de 2005 para restringir la prestación
configuró un defecto sustantivo por aplicación retroactiva. Añadió que la autonomía
judicial no facultó al juzgador para introducir requisitos ajenos al régimen aplicable
ni adoptar una interpretación contraria al principio de favorabilidad.
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También alegó exceso ritual manifiesto y defecto fáctico porque se desconocieron
las pruebas que acreditaron la condición de estudiante y la dependencia económica
durante 2013. Precisó que viajó a Buenos Aires el 17 de febrero de ese año y que
la resolución de extinción se le notificó por aviso el 14 de marzo siguiente cuando
ya se encontraba en el exterior. A su juicio, esa secuencia desvirtuó la afirmación
de que apenas se disponía a viajar y demostró que la supresión de la mesada la
privó intempestivamente de su sustento. Reprochó que la culminación del pregrado
y los estudios de posgrado en el extranjero se consideraran suficientes para
descartar su vulnerabilidad.
Frente a la sentencia que resolvió la revisión sostuvo que sí formuló un reproche
autónomo relacionado al rigorismo con el cual la Sala Veintidós Especial de
Decisión del Consejo de Estado delimitó la causal invocada. Afirmó que resultó
contrario al acceso a la justicia que esa autoridad señalara la tutela como vía para
examinar los defectos alegados y que, posteriormente, el juez constitucional
declarara improcedente el amparo por considerar que la discusión perteneció al
proceso ordinario. Asimismo, insistió en que agotó los mecanismos de defensa y no
contó con otra vía judicial para obtener la protección.
Para terminar, explicó que limitar la reclamación a las mesadas de 2013 no
constituyó una modificación de la demanda, sino una concreción de la afectación y
del período en el que según afirmó, se acreditaron los requisitos pensionales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Cuestión preliminar
La consejera Claudia Rodríguez Velásquez mediante auto de 27 de octubre de
2026, manifestó su impedimento para participar en el asunto con sustento en la
causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
toda vez que integró la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado
que profirió la providencia de 9 de diciembre de 2025 dentro del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2024-04616-00, mediante
la cual se declaró infundado el recurso y condenó en costas a la parte demandante
Por auto de 28 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador declaró fundado el
impedimento para conocer de la presente acción de tutela, comoquiera que está
acreditado que como integrante de la precitada sala suscribió la sentencia objeto de
reproche constitucional. Así las cosas, dispuso que se separara del conocimiento a la
consejera Rodríguez Velásquez.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 24 de agosto de 2025 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la solicitud de amparo, al
considerar que no se cumplió el requisito general de relevancia constitucional, y si
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debe acceder al amparo constitucional en los términos propuestos por la parte
actora.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora
bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y
lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en
cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos
vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en
cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3
La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia
de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se
produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de
tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o
amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en
cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la
vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que
se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
2 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
3 Ibídem.
9
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providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que,
aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la
tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de
terceros si se declarara procedente”4
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito
diferente al de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la
respuesta negativa a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de
justificación, pues lo que pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de
la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional6.
5. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones7.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20058, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional9.
4 Ibídem.
5 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
6 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
7 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
8 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
9 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala10, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
6. Estudio y solución del caso concreto
La señora Edelmira Amarís Aussant, quien actúa en nombre propio y en
representación de la señora Diana Margarita Barros Amarís, presentaron acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y Sala
Veintidós Especial de Decisión, por la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y de acceso a la administración
de justicia, así como el principio de favorabilidad, con ocasión de las sentencias de
30 de marzo de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
10 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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que negó las pretensiones de la demanda, así como la de 9 de diciembre de 2025,
por medio de la cual la Sala Especial de Decisión Veintidós de esta Corporación
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra esa
decisión.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 24 de agosto de 2026 declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional, al considerar que los cuestionamientos contra la sentencia
de 30 de marzo de 2023 reiteraron argumentos resueltos en el proceso ordinario y
expresaron una inconformidad con la interpretación normativa y la valoración
probatoria del juez. Precisó que la autoridad judicial aplicó el régimen vigente al
fallecimiento del causante y concluyó que la señora Diana Margarita Barros Amaris
culminó su formación profesional y no acreditó condiciones de vulnerabilidad y
dependencia económica que justificaran mantener la sustitución pensional, sin que
se evidenciara una omisión probatoria, la aplicación retroactiva de normas
posteriores o el desconocimiento del precedente judicial.
Respecto de la sentencia de 9 de diciembre de 2025 que resolvió el recurso
extraordinario de revisión, señaló que las accionantes no controvirtieron su
fundamento central relativo a la imposibilidad de encuadrar los reproches
formulados en la causal de nulidad originada en la sentencia, ni identificaron un
defecto propio de esa providencia.
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que el régimen
vigente al fallecimiento del causante no establecía un límite de veinticinco años ni
distinguió entre estudios de pregrado y posgrado, por lo que su incorporación
configuró un defecto sustantivo por aplicación retroactiva de normas posteriores.
Alegó exceso ritual manifiesto y defecto fáctico por el desconocimiento de las
pruebas sobre la condición de estudiante y la dependencia económica durante 2013
y cuestionó que la culminación del pregrado y los estudios en el exterior bastaran
para descartar su vulnerabilidad. Frente a la providencia que resolvió la revisión,
afirmó que formuló un reproche autónomo contra el rigorismo con el que se delimitó
la causal invocada y consideró contrario al acceso a la justicia que esa decisión
remitiera la discusión a la tutela y que luego el juez constitucional declarara
improcedente el amparo.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, aunque por razones distintas. Respecto de la
sentencia de 30 de marzo de 2023 proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, declarará la improcedencia por incumplimiento del
requisito de inmediatez. En cuanto a la sentencia de 9 de diciembre de 2025 que
desató el recurso extraordinario de revisión confirmará la improcedencia por falta de
relevancia constitucional, debido a que la parte actora no satisfizo la carga
argumentativa mínima y explicativa para controvertir esa providencia.
De conformidad con el expediente que reposa en Samai, se observa que el Tribunal
Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 23 de febrero de 2018, declaró
probada la excepción de inexistencia del derecho y negó las pretensiones de la
demanda. Para ello, aplicó las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 1574 de 2012 y
concluyó que la condición de hija estudiante beneficiaria de la sustitución pensional
se extendía hasta los veinticinco años.
Contra esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación y sostuvo que
la prestación se regía por las normas vigentes al fallecimiento del causante -las
Leyes 33 de 1973 y 71 de 1988 y los Decretos 690 de 1974 y 1160 de 1989-, que
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no contemplaban ese límite de edad y que durante 2013 había acreditado su
condición de estudiante.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 30 de marzo de 2023 confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda. En esa providencia, reconoció que la sustitución pensional se regía por
la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, pero concluyó que la prestación no
podía prolongarse indefinidamente por la sola acreditación de estudios y que, en el
caso concreto, no se demostró una situación de indefensión o invalidez que
justificara mantenerla.
Así las cosas, la Sala observa que conforme da cuenta el aplicativo del Sistema
para la Gestión Judicial SAMAI, la sentencia objeto de reproche de 30 de marzo de
2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A se
notificó a las partes mediante correo electrónico el 9 de mayo de 202311, por lo que
se entiende notificada el 15 de mayo del mismo año, en atención al artículo 205 de
la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 202112.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que el plazo que se ha entendido
como razonable feneció el 15 de noviembre de 2023, como la solicitud de amparo
fue promovida el 14 de julio de 202613, transcurrieron dos (2) años, siete (7)
meses y veintinueve (29) días entre el momento de la notificación de la sentencia
de segunda instancia y el de la interposición de la acción constitucional, término que
excede el límite razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Contencioso
Administrativa de esta Corporación, como regla general, el cual ha sido acogido por
la Corte Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión”14,
respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho
término es perentorio”15.
En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo
11 Índice 38 del expediente ordinario.
12 “La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: […] 2. La notificación de la providencia
se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán
a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
13 Acta individual de reparto.
14 Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15 Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
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cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe
acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le
corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso
concreto”16.
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión
que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y
hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata de
cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna aún
más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando se ha
superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso concreto se
deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima facie los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En ese contexto, si bien la parte actora aduce que interpuso recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia de 30 de marzo de 2023, lo cierto es que esa
actuación no modificó el momento desde el cual debía valorarse el requisito de
inmediatez respecto de dicha providencia ni habilitó un nuevo término para
cuestionarla mediante tutela. El recurso se presentó el 29 de agosto de 2024, más
de un año después de proferida la sentencia y fue resuelto el 9 de diciembre de
2025. Su trámite posterior no justifica la tardanza en acudir al juez constitucional
frente a la decisión ordinaria, pues admitirlo permitiría que la oportunidad para
controvertirla dependiera de la duración de actuaciones posteriores, en detrimento
de la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
En relación con la presentación de acciones de tutela contra providencias judiciales,
la Corte ha considerado que el mencionado término debe ser entendido de manera
estricta. En tal sentido, en la sentencia T-1140 de 2005, consideró que “puede
inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela debe
estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de procesos judiciales
y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de
ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia
constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa
en el mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles
derechos de terceros que se han generado por el paso del tiempo”.
En ese escenario, está probado que el plazo considerado como razonable (seis
meses siguientes a la notificación), se encuentra ampliamente superado en este
caso concreto, sin justificación alguna. Por lo tanto, se declarará improcedente la
acción de tutela por no superar el requisito de inmediatez respecto de la providencia
del 30 de marzo de 2023 proferida en el marco del nulidad y restablecimiento del
derecho.
Por otro lado, la Sala observa que la inconformidad dirigida contra la sentencia de
9 de diciembre de 2025, mediante la cual la Sala Veintidós Especial de Decisión
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, tampoco satisface la carga
argumentativa mínima exigida para acreditar la relevancia constitucional, como
pasa a explicarse:
16 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
14
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En la tutela, las accionantes cuestionaron que la Sala Veintidós Especial de
Decisión considerara que los defectos sustantivo y fáctico, así como el
desconocimiento del precedente judicial que atribuyeron a la sentencia ordinaria no
configuraban la causal de nulidad originada en la sentencia. En la impugnación,
precisaron que ese cuestionamiento constituía un reproche autónomo contra el
rigorismo con que la Sala delimitó la causal y señalaron que resultaba contrario al
acceso a la justicia que dicha autoridad remitiera el examen de la posible
vulneración de sus derechos al juez de tutela, quien luego declaró improcedente el
amparo por falta de relevancia constitucional.
Aunque también afirmaron que habían agotado los mecanismos de defensa y que
no contaban con otra vía judicial, no explicaron de manera concreta por qué la
interpretación de la causal prevista en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 fue arbitraria o les impidió acceder a la administración de justicia, ni por
qué los defectos que atribuyeron a la sentencia ordinaria podían configurar una
nulidad originada en esa providencia.
Así las cosas, la Sala observa que las accionantes no cumplieron la carga
argumentativa de explicar por qué su solicitud de amparo trascendía su
inconformidad con la sentencia de 9 de diciembre de 2025, mediante la cual la Sala
Veintidós Especial de Decisión declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión. En particular, no expusieron razones concretas que permitieran advertir
que esa providencia vulneró sus derechos fundamentales, ya fuera al concluir que
sus reproches no configuraban la causal de nulidad invocada o al señalar que la
eventual afectación de esos derechos debía plantearse mediante una acción de
tutela.
En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces17”
Por lo tanto, el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no
es suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional,
puesto que es necesario, se reitera, que se ponga en evidencia la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales alegados, pues “la acreditación
de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”18.
Las anteriores razones son suficientes para concluir que no hay lugar a
pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que conlleva declarar improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional al no evidenciarse la carga
mínima argumentativa y explicativa suficiente para controvertir la providencia de 9
de diciembre de 2025 en el marco del recurso extraordinario de revisión.
17 Corte Constitucional, sentencia Su-379 de 2019
18 Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 24 de agosto de 2026 dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260536501/177A1C872458EFB44AFD11367ABBC908AC8ACE7399D148E5DE7ED7B35388941C/2

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