Responsabilidad y costas judiciales – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-006208-00
Demandante: Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06208-00
Demandante: JESÚS RAFAEL MANJARREZ VELÁSQUEZ Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Indebida administración de justicia. Defecto sustantivo, fáctico, y
violación directa de la Constitución. Deniega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y
otra contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 6 de agosto de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado,
Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y Yulie Fernanda Lozano Clavijo, pidieron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la propiedad, al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad
humana.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 30
de enero de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda en el proceso de reparación directa 11001-33-
36038-2020-00031-01.
2. Pretensiones
Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Solicito TUTELAR y AMPARAR de manera definitiva los derechos fundamentales al
Debido Proceso (Art. 29 C.P.), al Acceso a la Administración de Justicia / Tutela Judicial Efectiva
(Art. 229 C.P.) y a la Propiedad Privada (Art. 58 C.P.), Derecho Fundamental al Derecho al Trabajo
y a mínimo vital, dignidad humana del señor Jesús Rafael Manjarrez Velásquez, su núcleo familiar,
su señora madre y su hijo reconocido los cuales fueron gravemente vulnerados por la Sala
mayoritaria de la Sección Tercera – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
proferir la sentencia de segunda instancia del 30 de enero de 2026 dentro del expediente No.
11001333603820200003101.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, DECLARANDO
LA NULIDAD y DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICO la Sentencia de segunda instancia proferida el
30 de enero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia del 5 de noviembre de 2024
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de reparación directa y condenar
injustamente en costas a mi poderdante.
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B, que en el término perentorio de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del
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Demandante: Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y otra
fallo de tutela, profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que acate los
lineamientos de la presente decisión constitucional. En consecuencia, el Tribunal deberá valorar de
forma integral, racional y conjunta el acervo probatorio en especial los documentos analizados, que
demuestran que el bien estuvo formalmente a disposición del juzgado desde el 28 de marzo de
2014, declarando la responsabilidad extracontractual de la Rama Judicial por el defectuoso
funcionamiento del servicio público de justicia y demás pruebas aportadas.
CUARTA: REVOCATORIA INMEDIATA DE LA CONDENA EN COSTAS, ORDENAR la
revocatoria y el levantamiento inmediato de cualquier medida de cobro o ejecución derivada de la
condena en costas y agencias en derecho de primera y segunda instancia (fijada en un salario
mínimo mensual vigente) que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso arbitrariamente a
mi poderdante.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. De la actuación judicial
Los hechos que dan origen a la presente actuación se remontan al trámite surtido en el
proceso ejecutivo prendario de mínima cuantía No. 1100140-03-049-2013-00937-00,
promovido por el Banco Davivienda S.A. contra el señor Jesús Rafael Manjarrez
Velásquez, inicialmente ante el Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá D.C.
El 9 de julio de 2013, el Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá libró mandamiento
ejecutivo de pago, por la vía ejecutiva prendaria de mínima cuantía, a favor del Banco
Davivienda S.A. y en contra del señor Jesús Rafael Manjarrez Velásquez, por la suma
de $21.955.726 por concepto de capital y $1.115.677 por intereses de plazo pactados,
y decretó el embargo del vehículo de placas KAV021, gravado con prenda sin tenencia.
El 8 de agosto de 2013 el juzgado informó del embargo a la Secretaría Distrital de
Movilidad, entidad que el 23 de agosto siguiente comunicó la inscripción de la medida
en el registro automotor.
El 22 de enero de 2014 el juzgado resolvió continuar la ejecución, decretó la venta en
subasta pública del vehículo, ordenó su avalúo y designó perito. El 28 de febrero de
2014 aprobó la liquidación del crédito y las costas.
El 12 de marzo de 2014 el Juzgado ordenó la inmovilización del vehículo de placas
KAV021 y comunicó dicha orden a la Policía Nacional, Sección Automotores (oficio No.
0973 del 25 de marzo de 2014), y dispuso «sírvase ordenar a quien corresponda retener
el citado vehículo y ponerlo a disposición de este juzgado, en uno de los parqueaderos
autorizados».
El 28 de marzo de 2014 la Policía Nacional inmovilizó el vehículo y lo trasladó al depósito
de vehículos por Embargo New Buenos Aires S.A.S., para lo cual suscribió el acta de
inventario 0787 en presencia del señor Manjarrez Velásquez; el mismo día informó al
juzgado sobre la retención y el lugar de depósito.
El 1° de abril de 2014 la parte ejecutante (Banco Davivienda) solicitó la expedición de
despacho comisorio para la diligencia de secuestro y dejó constancia de que el oficio
original de captura no había sido retirado del proceso, por lo que la captura se habría
generado «de manera ilegal».
El 10 de abril de 2014 el juzgado decretó el secuestro del vehículo y libró el despacho
comisorio No. 105, dirigido al Juez Municipal de Descongestión y al Inspector de Policía
de la zona correspondiente; orden reiterada el 9 de junio de 2014, sin que llegara a
materializarse la diligencia de secuestro.
El 20 de junio de 2014 el representante legal del depósito informó al juzgado que el
vehículo había sido trasladado a una nueva instalación en la calle 14 No. 123-69,
Fontibón.
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El 13 de agosto de 2015 la ejecutante solicitó oficiar al depósito para que explicara por
qué el vehículo tenía SOAT vigente pese a encontrarse en litigio; el juzgado libró el oficio
el 2 de septiembre de 2015.
Con posterioridad, el depósito New Buenos Aires S.A.S. informó al juzgado la cesión
de derechos sobre el vehículo a favor de la sociedad Gio Bottinos S.A.S.
El 15 de marzo de 2016 el Juzgado 15 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá D.C. asumió el conocimiento del proceso ejecutivo.
El 12 de abril de 2016 el señor Manjarrez Velásquez presentó petición informando que
había recibido reportes de infracciones de tránsito sobre el vehículo, no obstante
encontrarse embargado y secuestrado; el juzgado requirió información al depósito el 26
de abril y libró oficio el 21 de junio de 2016.
El 16 de junio de 2017 se suscribió el acta de inventario No. 0522 de Legal Autos
Bosconia S.A.S., que registró la retención y custodia del vehículo en Valledupar, en
presencia del señor Jimy Wilman Redondo Osorio; el 11 de agosto de 2017 la Policía
Nacional suscribió acta de incautación del mismo vehículo, y el 18 de agosto siguiente
informó que quedó bajo custodia del parqueadero Legal Autos II del municipio de
Bosconia, Cesar.
El 18 de septiembre, el 19 de octubre y el 10 de noviembre de 2017 el juzgado adelantó
requerimientos al depósito y a la parte ejecutante sobre el trámite del despacho
comisorio y, ante la falta de respuesta, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General
de la Nación y a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que
se investigaran las irregularidades relacionadas con la custodia del vehículo.
El 14 de diciembre de 2017, ante la falta de acreditación del trámite del despacho
comisorio, el Juzgado 15 de Pequeñas Causas ordenó el levantamiento de la medida
de aprehensión sobre el vehículo y ofició a la SIJIN y al parqueadero de Bosconia para
su entrega.
Entre enero y julio de 2018 el señor Manjarrez Velásquez presentó varios requerimientos
adicionales (12 de enero, 21 de marzo y 17 de mayo de 2018) en los que informó que
el vehículo continuaba circulando y generando infracciones de tránsito, por lo que solicitó
medidas correctivas. El 7 de marzo de 2018 el juzgado ordenó nuevamente su
aprehensión, y el 4 de julio de 2018 finalmente ordenó el levantamiento definitivo de la
medida.
El 24 de julio de 2018 el proceso fue remitido al Juzgado 18 Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias de Bogotá D.C. En el curso de estos hechos, el señor Manjarrez
Velásquez interpuso al menos dos acciones de tutela relacionadas con la custodia del
vehículo, la primera, resuelta el 24 de septiembre de 2018 por el Juzgado 34 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que concedió parcialmente el amparo
y ordenó al Juzgado 18 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias adelantar las
investigaciones y reiterar la orden de aprehensión material del automotor. La segunda,
resuelta el 24 de octubre de 2018 por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, que
negó el amparo por temeridad en cuanto a la pretensión de asumir el pago de las
infracciones de tránsito.
El 23 de enero de 2019 el Banco Davivienda desistió de los efectos de la sentencia
dictada en el proceso ejecutivo, por la imposibilidad de recuperar la obligación, por lo
que el 29 de enero de 2019 el Juzgado 18 aceptó el desistimiento, dio por terminado el
proceso, levantó las medidas cautelares y condenó en costas a la parte ejecutante.
El 27 de marzo de 2019 el señor Manjarrez Velásquez solicitó al juzgado oficiar al
parqueadero de Bosconia para conocer el lugar de entrega del vehículo; al presentarse,
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Demandante: Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y otra
constató que el automotor no se encontraba en Legal Autos II sino en el Almacenamiento
de Vehículos por Embargo La Principal S.A., en deplorables condiciones, y que dicho
establecimiento exigía el pago de $7.168.200 y una tarifa mensual de $512.000 para su
entrega, suma que no pudo asumir.
El 8 de agosto de 2019, la representante legal del Almacenamiento de Vehículos por
Embargo La Principal S.A. informó al juzgado que el vehículo no figuraba en su
inventario, que existía una denuncia por la pérdida de este ante la Policía Urbana de
Bosconia y que el automotor había sido hallado abandonado e ingresado a resguardo
en 2017.
3.2. Del proceso de reparación directa
El 10 de febrero de 2020, el señor Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y la señora Yulie
Fernanda Lozano Clavijo, esta última en su nombre y en representación de sus hijas
menores Sara Julieth y María Fernanda Manjarrez Lozano, presentaron demanda de
reparación directa dirigida contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura y los juzgados 15 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, 49 Civil
Municipal, 23 Civil Municipal de Descongestión y 18 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad extracontractual por
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la indebida
custodia y administración del vehículo de placas KAV021.
En la demanda se solicitó condenar a las demandadas a pagar, a favor de los
demandantes, los perjuicios por concepto de lucro cesante, daño emergente, por gastos
administrativos y judiciales, gastos de parqueadero del vehículo y por el pago del crédito
con el Banco Davivienda y sus intereses, así como los perjuicios morales. Solicitó
además el pago total de los comparendos impuestos al vehículo con sus intereses, la
actualización de la condena conforme al artículo 140 del CPACA y la condena en costas
y agencias en derecho.
El asunto se adelantó bajo el radicado No. 110013336038202000031-00 y correspondió
al Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante sentencia del 5 de
noviembre de 2024, declaró no probadas las excepciones propuestas; declaró a la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, administrativa
extracontractualmente responsable de los daños causados al señor Jesús Rafael
Manjarrez Velásquez; la condenó a pagar los perjuicios materiales y morales; y denegó
las demás pretensiones de la demanda.
Señaló que la inmovilización del vehículo el 28 de marzo de 2014 se realizó de manera
irregular porque el depósito New Buenos Aires S.A.S. no contaba, para esa fecha, con
autorización del Consejo Superior de la Judicatura para custodiar vehículos
aprehendidos por orden judicial; que el juzgado del proceso ejecutivo omitió verificar
dicha autorización y no adoptó medidas correctivas pese a las alertas recibidas
(advertencia sobre el SOAT vigente el 13 de agosto de 2015; peticiones del demandante
desde el 12 de abril de 2016); y en que esa cadena de OMISIONES, consistente en no
verificar la vigencia del convenio del depósito en los términos del Acuerdo 2586 de 2004
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, permitió la circulación
irregular del vehículo y la imposición de múltiples infracciones de tránsito.
Contra dicha sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación. La Rama
Judicial cuestionó puntualmente «la trascendencia de la captura irregular del rodante, la
consideración respecto al alcance obligacional de vigilancia y custodia por parte del
operador jurídico, y la cuantificación del perjuicio»; sostuvo que la responsabilidad
correspondía a la Policía Nacional por la disposición irregular del vehículo y no al
operador judicial, e insistió en las excepciones propuestas en la contestación; en
subsidio, solicitó que la responsabilidad se atenuara a un porcentaje no superior al 35%
por con causalidad, y que se excluyera la condena por comparendos y el reconocimiento
adicional del 25% por prestaciones sociales asociado al lucro cesante.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-006208-00
Demandante: Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y otra
La parte demandante solicitó que se confirmara la declaratoria de responsabilidad, pero
que se modificara la tasación de perjuicios, por considerar que el a quo no valoró en
conjunto las pruebas aportadas para justificarlos.
Mediante sentencia del 30 de enero de 20261, la Sección Tercera, Subsección B, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó íntegramente la sentencia de primera
instancia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera y
segunda instancia a la parte demandante, para lo cual fijó como agencias en derecho la
suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
La Sala consideró que la guarda, custodia, administración y vigilancia de los bienes
aprehendidos no recaía sobre los operadores judiciales, sino sobre la Dirección
Ejecutiva de la Rama Judicial y la red de parqueaderos registrados ante ella; que la
irregularidad en la inmovilización (oficio original no retirado del expediente, traslado del
vehículo a un parqueadero sin convenio vigente) fue atribuible a la actuación material
de la Policía Nacional, mientras que la orden judicial expresamente disponía depositar
el vehículo «en uno de los parqueaderos autorizados»; que el secuestro del vehículo
nunca llegó a materializarse pese a haberse librado el despacho comisorio; y que, por
tanto, no se acreditó el nexo causal entre la actuación de la Rama Judicial y el daño
alegado. Citó como precedente análogo una sentencia de la Subsección A del mismo
Tribunal del 28 de julio de 2022 (expediente 110013343064-2016-00166-01).
La sentencia contó con salvamento de voto de la magistrada Clara Cecilia Suárez
Vargas, quien sostuvo que se encontraba probado en el expediente que la orden de
aprehensión del vehículo del 12 de marzo de 2014 fue una providencia judicial válida
que debía cumplirse, y que la circunstancia de que la Policía Nacional la hubiera
ejecutado con copia simple del oficio y no con el original «es un formalismo que no puede
desconocer la existencia de la providencia»; que la retención del vehículo se materializó
el 28 de marzo de 2014 y fue informada al juzgado ese mismo día, así como el lugar del
depósito; que si el juzgado consideraba ilegal la aprehensión, o si el parqueadero había
perdido su habilitación, tenía el deber de pronunciarse en su oportunidad, lo que nunca
ocurrió; y que la orden de aprehensión solo fue levantada el 14 de diciembre de 2017,
esto es, más de tres años después.
Concluyó que lo ocurrido con el vehículo entre la orden de aprehensión, su ejecución y
su levantamiento era responsabilidad de la Rama Judicial, configurándose un daño
antijurídico que no correspondía asumir al demandante.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante señaló que la acción cumple con los presupuestos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en los siguientes términos:
Relevancia constitucional, pues la controversia no se limita a una discrepancia con la
decisión adoptada, sino que compromete la vigencia de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el acceso a la administración de justicia, el
trabajo, el mínimo vital y la propiedad privada, este último por conexidad con los
anteriores.
Desarrolló los cuatro elementos que la jurisprudencia exige para la relevancia
constitucional: (i) el elemento orgánico, en cuanto la presunta arbitrariedad proviene de
una autoridad judicial (la Sala mayoritaria del Tribunal); (ii) el elemento material, en
cuanto el reproche recae sobre una sentencia; (iii) el elemento sustantivo, relativo a la
vulneración de los derechos fundamentales enunciados; y (iv) el elemento
consecuencial, relativo al nexo entre la actuación reprochada y la vulneración alegada.
Subsidiariedad, dado que no existe otro medio de defensa judicial, pues la sentencia
de segunda instancia puso fin a la actuación y, en razón de la cuantía y de la causal, no
1 Notificada por correo electrónico el 5 de febrero de 2026
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Demandante: Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y otra
procedía el recurso extraordinario de revisión ni de unificación de jurisprudencia; señaló
que se configuró, adicionalmente, un perjuicio irremediable y continuado derivado de la
eventual ejecución de la condena en costas.
Sostuvo que agotó los recursos ordinarios disponibles al haber intervenido en ambas
instancias del proceso ordinario, incluida la sustentación de su propio recurso de
apelación y haber actuado con diligencia y buena fe procesal, mediante la formulación
reiterada de derechos de petición, tutelas y solicitudes de vigilancia judicial durante el
trámite del proceso ejecutivo.
Inmediatez, como quiera que la demanda se interpuso en el término prudencial de seis
meses fijado por la jurisprudencia constitucional (SU-961 de 1999). Añadió que existe
una necesidad de protección urgente ante el riesgo de que la entidad demandada inicie
el cobro ejecutivo de la condena en costas.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que la sentencia cuestionada adolece de los
siguientes defectos:
Defecto fáctico en su dimensión negativa, particularmente la no valoración del material
probatorio o su examen parcial, y la valoración defectuosa del acervo probatorio, por
cuanto el Tribunal omitió valorar que el bien quedó formalmente a disposición del
juzgado desde el 28 de marzo de 2014, cuando la Policía Nacional informó la
inmovilización y el lugar de depósito; que la Sala mayoritaria dio por establecida la
exoneración de la Rama Judicial sin que se hubiera probado que esta comunicó a la
Policía Nacional la pérdida de habilitación del parqueadero New Buenos Aires S.A.S.; y
que la calificación de la actuación de la Rama Judicial como «diligente» resultaba
contraevidente frente al hecho no controvertido, de que la orden de aprehensión
permaneció vigente sin control efectivo durante más de tres años, hasta su
levantamiento el 14 de diciembre de 2017.
Defecto sustantivo, habida cuenta de que el Tribunal omitió aplicar el artículo 167 de
la Ley 769 de 2002 y el Acuerdo 2586 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, que atribuyen a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial la
responsabilidad por la custodia de los vehículos inmovilizados por orden judicial, y que
interpretó de forma contraevidente el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo
69 de la Ley 270 de 1996 al concluir que la guarda y custodia del bien no recaía sobre
la administración de justicia, pese a que fue esta la que ordenó su inmovilización y la
que omitió el control sobre el depósito durante más de tres años.
Alegó que la condena en costas de ambas instancias constituyó una aplicación
desproporcionada de las normas sobre costas procesales en un caso en que el actor
acudió de buena fe a reclamar por la pérdida de su patrimonio.
Violación directa de la Constitución, pues la sentencia cuestionada dejó de aplicar e
interpretar los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de conformidad
con el precedente constitucional (sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005), y aplicó
de manera irrestricta las normas sobre la carga procesal de las partes, en las
circunstancias específicas del caso, lo que produjo una consecuencia inconstitucional al
trasladar íntegramente al demandante las consecuencias de la falta de control
administrativo del bien inmovilizado por orden judicial.
Hizo énfasis en el salvamento de voto a la sentencia cuestionada proferido por la
magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas, del cual predica un valor «probatorio y
hermenéutico determinante» para demostrar la arbitrariedad de la decisión mayoritaria,
sin perjuicio de reconocer que la existencia de un salvamento de voto no constituye,
como regla general, una causal autónoma de procedibilidad de la tutela.
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5. Trámite procesal
El 11 de agosto de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en calidad de
terceros con interés, al juez 38 Administrativo de Bogotá, quien profirió el fallo de primera
instancia, y al director ejecutivo de Administración Judicial, quien fue demandado en el
proceso de reparación directa 11001-33-36-038-2020-00031-00/01.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el 13 de
agosto de 2026.
6. Intervenciones
El abogado José Javier Buitrago Melo, de la División de Procesos de la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que el
amparo no procede, por cuanto no se advierte que la decisión revocatoria del Tribunal
hubiera desconocido o vulnerado derecho fundamental alguno.
Recordó que desde la contestación de la demanda de reparación directa se había
planteado la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar
que el proceder anómalo en la disposición del vehículo correspondió a la Policía
Nacional. Señaló que el secuestro del vehículo nunca se materializó, y que la
declaratoria de responsabilidad estatal exige la concurrencia de daño, falla del servicio
y nexo causal, elementos que el Tribunal encontró no acreditados respecto de la Rama
Judicial.
Afirmó que, si bien existe un salvamento de voto «razonable», este no impide que la
posición mayoritaria, también razonable y fundada, hubiera concluido que el proceder
determinante en la producción del daño fue ajeno a la Rama Judicial; y concluyó que la
acción de tutela pretende reabrir el debate probatorio y definir una responsabilidad
extracontractual por fuera de la fijación del litigio, razón por la cual solicitó no acceder al
amparo.
El apoderado de los accionantes presentó escrito de «observaciones y refutación
técnico-constitucional frente a la intervención del tercero interesado (Rama Judicial –
DEAJ) y el fallo de segunda instancia», en el que reiteró las pretensiones y fundamentos
de la acción de tutela.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y el juez Séptimo Administrativo de Bogotá, guardaron silencio pese
a haber sido debidamente notificados de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Jesús
Rafael Manjarrez Velásquez y Yulie Fernanda Lozano Clavijo para dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia del 30 de enero de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que revocó la
decisión de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones del proceso de
reparación directa 1100133360-38-2020-00031-01.
La Sala anticipa que declarará improcedente el amparo frente a la solicitud relacionada
con las costas y denegará las demás pretensiones de la parte actora, por cuanto el
tribunal demandado no incurrió en defecto sustantivo, fáctico ni violación directa de la
Constitución, pues el análisis efectuado para resolver la alzada fue razonable, acorde
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con los pronunciamientos de la jurisprudencia, fundado en las pruebas recaudadas y en
el legítimo ejercicio de la autonomía judicial.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
demostrarse el defecto invocado por los accionantes, se afectarían las garantías
superiores señaladas en el escrito de tutela; el desconocimiento del precedente de
unificación o una indebida valoración probatoria comporta afectación de prerrogativas
constitucionales que amerita la intervención del juez constitucional.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la presunta afectación de
garantías superiores de las que son titulares los ciudadanos que se enfrentan a
presuntas irregularidades en el trámite judicial que pueden ser violatorias de derechos y
principios constitucionales.
Distinto es el reparo dirigido contra la condena en costas de ambas instancias, el cual
no satisface la relevancia constitucional exigida para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por tratarse de una discusión de naturaleza legal y económica
sobre el ejercicio de la facultad reglada del juez para fijar agencias en derecho.
Sobre este punto, la Corte Constitucional7 ha señalado que «las discusiones de orden legales
o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por
las jurisdicciones correspondientes”»8.
Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional9 cuando: «(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo,
la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan
claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés general”».
La tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del expediente 1100133360-38-2020-00031-01, el correo electrónico con el
que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 5 de febrero de 2026, por lo
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación
razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Jesús Rafael Manjarrez Velásquez y otra
que se entiende notificada de conformidad con el numeral 2 del artículo 2054 del CPACA,
y la tutela fue presentada el 6 de agosto de 2026, es decir, cuando no habían
transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable
para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado
que contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda
instancia. Además, los cargos no comportan alguna de las causales de procedibilidad
del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA o del de
unificación de jurisprudencia.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de sus garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
En la solicitud de amparo, la demandante afirma que la sentencia cuestionada incurre
en defecto sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, pues no se tuvo en
cuenta que las pruebas aportadas al proceso de reparación directa permitían establecer
la responsabilidad por omisión de las autoridades judiciales accionadas y la consecuente
defectuosa administración de justicia derivada de las irregularidades que se presentaron
con el embargo del vehículo de placas KAV021 en el trámite del proceso ejecutivo
prendario No. 1100140-03-049-2013-00937-00.
Como quiera que los cargos se dirigen a cuestionar las razones que tuvo el tribunal para
concluir que no se demostró la defectuosa administración de justicia alegada por los
accionantes, es posible analizar de manera integral los reparos formulados.
Al analizar las pruebas allegadas a este trámite constitucional, se advierte que el tribunal
accionado tuvo en cuenta las siguientes pruebas relevantes:
El mandamiento ejecutivo de pago del 9 de julio de 2013, por el cual el Juzgado 49 Civil
Municipal de Bogotá libró orden de pago a favor del Banco Davivienda S.A. y decretó el
embargo del vehículo de placas KAV021.
El oficio No. 3088 del 8 de agosto de 2013, mediante el cual el Juzgado informó del
embargo a la Secretaría Distrital de Movilidad.
El oficio No. 6617063 del 23 de agosto de 2013, mediante el cual la Secretaría Distrital
de Movilidad comunicó la inscripción de la medida en el registro automotor.
El auto del 22 de enero de 2014, que ordenó continuar la ejecución, decretó la venta en
subasta pública del vehículo, ordenó su avalúo, designó perito y condenó en costas a la
parte ejecutada.
El auto del 28 de febrero de 2014, que aprobó la liquidación del crédito y las costas.
El auto del 12 de marzo de 2014, que ordenó la inmovilización del vehículo de placas
KAV021.
El oficio No. 0973 del 25 de marzo de 2014, mediante el cual el Juzgado comunicó la
orden de aprehensión e inmovilización al Grupo Automotores – SIJIN de la Policía
Nacional.
4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje
y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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El acta de inventario No. 0787 del 28 de marzo de 2014, del Depósito de Vehículos por
Embargo New Buenos Aires S.A.S., que registró la retención y custodia del vehículo en
presencia del señor Manjarrez Velásquez.
El oficio del 28 de marzo de 2014, mediante el cual la Policía Nacional informó al
Juzgado la inmovilización y el traslado del vehículo al depósito.
El memorial del 1.° de abril de 2014, mediante el cual la apoderada de la parte ejecutante
allegó los dos documentos anteriores, solicitó despacho comisorio para el secuestro y
dejó constancia de que el oficio original de captura no había sido retirado del proceso.
El auto del 10 de abril de 2014, que decretó el secuestro del vehículo y libró el despacho
comisorio No. 105.
El oficio del 20 de junio de 2014, mediante el cual el representante legal del depósito
informó el traslado del vehículo a una nueva instalación en Fontibón.
El memorial del 13 de agosto de 2015, mediante el cual la apoderada de Davivienda
solicitó oficiar al depósito para que explicara la vigencia del SOAT del vehículo.
El auto del 2 de septiembre de 2015, que ordenó oficiar al depósito sobre el estado del
vehículo y el trámite del despacho comisorio.
El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual el Juzgado 15 de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple asumió el conocimiento del proceso.
La petición del 12 de abril de 2016, presentada por el señor Manjarrez Velásquez,
solicitando información sobre el secuestro del vehículo ante los reportes de infracciones
de tránsito.
El auto del 26 de abril de 2016, que requirió al depósito acreditar la radicación del oficio
No. 0060 del 29 de marzo de 2016.
El auto del 21 de junio de 2016, que ordenó oficiar al depósito sobre las infracciones de
tránsito impuestas al vehículo.
El acta de inventario No. 0522 del 16 de junio de 2017, de Legal Autos Bosconia S.A.S.,
que registró la retención y custodia del vehículo en Valledupar.
El acta de incautación del 11 de agosto de 2017, suscrita por la Policía Nacional, que
registró la inmovilización del vehículo a cargo del señor José Nicolás Pedraza.
El auto del 18 de septiembre de 2017, que instó a la parte actora a informar sobre el
despacho comisorio y ofició al depósito sobre la nueva aprehensión del vehículo en
Bosconia.
El auto del 19 de octubre de 2017, que ordenó actualizar el despacho comisorio No. 105.
El memorial del 30 de octubre de 2017, mediante el cual el señor Manjarrez Velásquez
reiteró al juzgado la situación del vehículo ante nuevas infracciones de tránsito.
El auto del 10 de noviembre de 2017, que hizo un recuento de las actuaciones, concedió
diez días a la parte ejecutante para acreditar el despacho comisorio, y ordenó compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación y a la sala administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.
El auto del 14 de diciembre de 2017, que ordenó el levantamiento de la medida de
aprehensión y ofició a la SIJIN y al parqueadero de Bosconia para la entrega del
vehículo.
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La petición del 12 de enero de 2018, presentada por el señor Manjarrez Velásquez,
solicitando acciones efectivas frente a las infracciones registradas.
El auto del 18 de enero de 2018, que ordenó oficiar a la Policía Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de
la Nación.
La comunicación del 1.° de febrero de 2018, mediante la cual el señor Manjarrez
Velásquez informó una nueva infracción y expresó su desinterés en tramitar los oficios
de levantamiento de la medida.
El auto del 7 de marzo de 2018, que ordenó nuevamente la aprehensión del vehículo.
La comunicación del 21 de marzo de 2018, mediante la cual el señor Manjarrez
Velásquez reiteró la circulación irregular del vehículo.
El auto del 30 de abril de 2018, que solicitó informar sobre el trámite del oficio No. 00237.
La comunicación del 17 de mayo de 2018, mediante la cual el señor Manjarrez
Velásquez solicitó la revocatoria de la orden de captura y la entrega del vehículo.
El auto del 4 de julio de 2018, que ordenó el levantamiento de la medida de aprehensión.
El auto del 24 de julio de 2018, que remitió el proceso al Juzgado 18 Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias.
La respuesta de la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e Interpol del
16 de octubre de 2018, que informó la ubicación del vehículo en el parqueadero Legal
Autos II de Bosconia.
El oficio del 23 de enero de 2019, mediante el cual la apoderada de Davivienda desistió
de los efectos de la sentencia.
El auto del 29 de enero de 2019, que aceptó el desistimiento, dio por terminado el
proceso, levantó las medidas cautelares y condenó en costas a la parte ejecutante.
La solicitud del 27 de marzo de 2019, mediante la cual el señor Manjarrez Velásquez
requirió información sobre la liberación del vehículo.
El oficio del 12 de abril de 2019, mediante el cual el Juzgado comunicó al parqueadero
Legal Autos II el levantamiento de la medida cautelar.
El informe del señor Manjarrez Velásquez sobre la ausencia del vehículo en Legal Autos
II y su hallazgo en el Almacenamiento de Vehículos por Embargo La Principal S.A., en
deplorables condiciones. El auto del 10 de junio de 2019, que ordenó oficiar a dicho
almacenamiento para que informara la fecha de ingreso del vehículo.
La respuesta del 8 de agosto de 2019, mediante la cual la representante legal del
almacenamiento informó que el vehículo no figuraba en su inventario, la existencia de
una denuncia por su pérdida, y su ingreso para resguardo el 14 de marzo de 2017.
El auto del 14 de agosto de 2019, que puso en conocimiento de las partes la información
anterior.
Las Resoluciones 657 del 16 de diciembre de 2013 y 1592 del 1° de abril de 2014, de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, sobre parqueaderos
autorizados, verificadas por el juzgado mediante consulta a la página web de la Rama
Judicial.
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El interrogatorio de parte rendido por el demandante en la audiencia de pruebas del 7
de marzo de 2023.
En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, valoró expresamente las Resoluciones 657 de 16 de diciembre
de 2013 y 1592 de 1° de abril de 2014 de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá para concluir que el depósito New Buenos Aires S.A.S. no contaba
con convenio vigente al momento de los hechos.
La Sala reiteró que el régimen de responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia era de naturaleza subjetiva y exigía que la parte demandante
acreditara la falla del servicio, el daño y el nexo causal.
Al analizar las pruebas antes reseñadas, el tribunal identificó dos actuaciones irregulares,
ninguna atribuible a la Rama Judicial, (i) que la Policía Nacional ejecutó la aprehensión
sin conservar el oficio original y trasladó el vehículo al depósito New Buenos Aires S.A.S.,
que no contaba con convenio vigente, pese a que la orden judicial exigía expresamente
un parqueadero autorizado; y (ii) que el secuestro decretado nunca se materializó porque
la parte ejecutante no solicitó el nombramiento de secuestre, carga procesal que no
corresponde al juez.
Resaltó, además, que el propio demandante se negó a tramitar los oficios derivados de
la nueva orden de aprehensión en 2018, y que el juzgado compulsó copias a la Fiscalía
General de la Nación y a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ante
las irregularidades advertidas, lo que evidenció una actuación diligente. Con fundamento
en la sentencia del 28 de julio de 2022, expediente 110013343064-2016-00166-01,
concluyó que no se acreditó el nexo causal entre la actuación de la Rama Judicial y el
daño alegado.
A efectos de resolver los cargos formulados, la Sala advierte en primera medida que en
el acápite de «hechos probados relevantes» el tribunal relacionó sin ambigüedad, que
«el mismo día [28 de marzo de 2014] la Policía Nacional informó al Juzgado de la
inmovilización del vehículo y el traslado al Depósito efectuado», de manera que no es
posible afirmar que la referida prueba no hubiera sido valorada, sino que se advierte una
divergencia sobre la consecuencia jurídica que el accionante consideraba que debía
extraerse de ese hecho.
El tribunal concluyó que la disposición formal del bien a favor del juzgado no equivalía a
que la irregularidad en su traslado material a un parqueadero sin convenio vigente fuera
imputable a la autoridad judicial, en la medida en que fue la Policía Nacional, y no el
juzgado, quien ejecutó materialmente la orden, y lo hizo en contravía del contenido
expreso de la orden, la cual exigía depositar el vehículo «en uno de los parqueaderos
autorizados».
Ahora bien, en torno a la falta de prueba de que la Rama Judicial comunicara a la Policía
la pérdida de habilitación del parqueadero, se advierte que el fallo justificó que la carga
de verificar, al momento de la aprehensión, la idoneidad del establecimiento al que se
traslada un vehículo inmovilizado por orden judicial no correspondía al juez que impartió
la orden, sino a la autoridad encargada de ejecutarla materialmente, lo cual justificó en
el contenido del Acuerdo 2586 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, que impuso ese deber a «las autoridades encargadas de inmovilizar
vehículos en virtud de orden impartida por Jueces de la República».
De conformidad con lo anterior, la sentencia cuestionada estimó que la orden judicial,
en su contenido, fue plenamente ajustada a derecho, pues instruyó expresamente
depositar el vehículo en un parqueadero autorizado, de manera que exigir,
adicionalmente, que el juzgado comunicara de manera proactiva a la Policía Nacional la
vigencia o pérdida de vigencia de cada convenio de cada depósito no encontraba
sustento en la normativa referida que incluso fue citada por el propio accionante, ni fue
una carga que este hubiera demostrado recaía en cabeza de la autoridad judicial.
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Por otra parte, en lo que alude al argumento de contra evidencia de calificar la actuación
judicial como diligente frente a más de tres años sin control efectivo, se tiene que el fallo
cuestionado sí examinó, en detalle y de manera cronológica, la totalidad de las
actuaciones surtidas entre 2015 y 2018 y con fundamento en esa misma secuencia de
hechos concluyó que hubo una respuesta judicial continuada, y no una omisión.
A ello se suma que el propio señor Manjarrez se negó, mediante comunicación del 1°
de febrero de 2018, a tramitar los oficios derivados de la nueva orden de aprehensión,
señalando expresamente que «no tiene sentido dar trámite a los mismos»; y que la parte
ejecutante, Banco Davivienda, nunca cumplió con la carga procesal de solicitar el
nombramiento de secuestre, sin lo cual el secuestro decretado desde el 10 de abril de
2014 no podía materializarse.
Así, la providencia explicó cómo la prolongación de la situación del vehículo no provino
de una pretermisión del juzgado, sino de la confluencia de la actuación de un tercero
ajeno a la Rama Judicial (la Policía Nacional, en la ejecución material de la orden), de
la inactividad procesal de la propia parte ejecutante y de la conducta del propio
accionante al obstaculizar la diligencia ordenada en 2018.
En consecuencia, el que el accionante proponga una lectura distinta y más favorable de
esos mismos hechos, constituye una discrepancia interpretativa legítima, mas no un
defecto fáctico, el cual exige una contradicción evidente e incontrovertible entre lo
probado y lo decidido, y no una simple diferencia en la ponderación de las
consecuencias jurídicas de hechos que, se insiste, sí fueron considerados por el fallador.
Ahora bien, en lo que se refiere al defecto sustantivo alegado, la Sala observa que el
tribunal accionado aplicó el contenido del artículo 167 de la Ley 769 de 2002 y el Acuerdo
2586 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
(disposiciones que la demanda de tutela señala como desconocidas) y con fundamento
en ellas, la Sala distinguió entre la responsabilidad por el registro y la disposición de los
parqueaderos autorizados, que en efecto corresponde a la Dirección Ejecutiva de la
Rama Judicial, y la responsabilidad por la correcta ejecución material de la orden de
aprehensión y traslado del vehículo, que la propia normativa atribuye a la autoridad que
practica la aprehensión, en este caso la Policía Nacional. En consecuencia, se advierte
nuevamente una discrepancia del actor sobre la manera como considera que debía
interpretarse la norma y no un verdadero desconocimiento o aplicación irrazonable de
dicha disposición.
En igual sentido, respecto del régimen general de responsabilidad patrimonial del Estado
por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el tribunal lo desarrolló e
identificó correctamente su naturaleza subjetiva y los tres elementos que la
estructuraban, esto es, el daño antijurídico, la imputación y el nexo causal, para concluir
con apoyo en un precedente de la Subsección A de esa misma Corporación (sentencia
del 28 de julio de 2022, expediente 110013343064-2016-00166-01), que no se acreditó
el nexo causal entre la actuación de la Rama Judicial y el daño alegado, por la confluencia
de causas ajenas a aquella. Por consiguiente, se trata de una aplicación razonada del
régimen de responsabilidad invocado, y no de una tergiversación de su contenido ni de
un desconocimiento del precedente aplicable.
Por último, debe precisarse que el salvamento de voto suscrito por la magistrada Clara
Cecilia Suárez Vargas, si bien documentó la existencia de una interpretación minoritaria
distinta al interior de la Sala, carece de efectos en la medida que la discrepancia interna
entre los magistrados que integran una sala de decisión colegiada es una manifestación
ordinaria de la deliberación judicial y de la independencia de criterio de cada uno de sus
integrantes, y no evidencia, por sí sola, arbitrariedad, error manifiesto ni ausencia de
razonabilidad en la posición que finalmente adoptó la mayoría, tal como lo reconoce la
propia parte accionante en su demanda al admitir que la existencia de un salvamento de
voto no constituye, como regla general, una causal autónoma de procedibilidad de la
tutela.
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En virtud de lo anterior, se concluye que la sentencia cuestionada no incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, ni violación directa de la Constitución, motivo por el cual se
denegarán las pretensiones de los tutelantes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente el reparo formulado en la presente acción de tutela relacionado
con la condena en costas de ambas instancias, por las razones expuestas en el acápite
de procedencia de esta providencia.
2. Denegar las demás pretensiones de la acción de tutela presentada por Jesús Rafael
Manjarrez Velásquez y Yulie Fernanda Lozano Clavijo, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador5
5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260620800/DE4971E06AB6957AC0346D811329DBD8B08FE11CB91BB6271DA90C30E67A29C5/2

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