Reserva documental y citas IA – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-004458-00
Demandante: Diego Fernando Niño Mejía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04458-00
Demandante: DIEGO FERNANDO NIÑO MEJÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra providencia judicial dictada en recurso de insistencia. Defecto
sustantivo. Uso indebido de la inteligencia artificial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Diego Fernando Niño Mejía contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de junio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Diego Fernando Niño Mejía, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y «el principio de publicidad de la función
administrativa».
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de
única instancia dictada el 4 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que resolvió el recurso de insistencia
radicado con el número 25000234100020260090100 y declaró bien denegada la petición
de 12 de mayo de 2026 elevada por el accionante ante la Fiscalía General de la Nación.
2. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso Administrativo, a la
Contradicción, al Acceso a la Información Pública y al Acceso a Cargos Públicos.
2. DEJAR SIN EFECTOS la providencia del cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026) , proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, dentro del trámite
de insistencia con Radicado No. 25000234100020260090100.
3. ORDENAR a la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024 (o a la entidad que haga sus veces
como operadora del concurso público de méritos) que, en un término perentorio de cuarenta y ocho
(48) horas, proceda a expedir y remitir a mi favor el desglose técnico, numérico y detallado de
los puntajes asignados en la prueba de Valoración de Antecedentes a los aspirantes JENNY
SURILLY ROMERO CORTES (C.C. 52.027.973) y EULER REMIGIO BASANTE MORA (C.C.
87.453.609), especificando el puntaje exacto otorgado por cada factor de experiencia y estudio
valorado, con estricta supresión de los datos puramente sensibles o de intimidad familiar ajenos al
concurso.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-004458-00
Demandante: Diego Fernando Niño Mejía
3.1. De la solicitud de información
El 3 de marzo de 2025, la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la
Nación expidió el Acuerdo 001 de 2025, por el cual convocó y estableció las reglas del
concurso de méritos para proveer algunas vacantes definitivas de la planta de personal
de esa entidad pertenecientes al sistema especial de carrera, en las modalidades de
ascenso e ingreso (Concurso de Méritos FGN 2024).
La ejecución del concurso estuvo a cargo de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024
(en adelante, la UT Convocatoria FGN 2024 o la UT), integrada por la Universidad Libre
y la sociedad Talento Humano y Gestión S.A.S., en virtud del contrato de prestación de
servicios FGN-NC-0279-2024 celebrado con la Fiscalía General de la Nación.
El señor Diego Fernando Niño Mejía se inscribió en el empleo denominado Asistente II,
identificado con el código OPECE I-304-AP-07-(1), ubicado en el proceso de gestión
documental, en la modalidad de ingreso, ofertado para la provisión de una vacante
definitiva. Según la información reportada por la UT, el aspirante aprobó las pruebas
escritas generales y funcionales y continuó a la prueba de valoración de antecedentes.
El 18 de noviembre de 2025, el señor Niño Mejía presentó petición ante la UT (radicado
PQR-202511000011568), en el que solicitó información sobre los resultados de las
pruebas escritas obtenidos por los participantes del empleo que alcanzaron en la prueba
de valoración de antecedentes puntajes de 100, 85, 83 y 80. En respuesta del 28 de
noviembre de 2025, la UT le informó que la participación en el concurso es individual, que
los puntajes se entregan de manera individual y reservada en atención a la Ley 1581 de
2012 y que en la etapa correspondiente se publicaría un listado anonimizado.
En esa misma respuesta incluyó una tabla, sin nombres, con los puntajes de los quince
aspirantes del empleo, en la cual el número de inscripción del actor registró 77,55 puntos
en el componente general y funcional, 80 en el componente comportamental y 68 en el
resultado preliminar de valoración de antecedentes.
Los resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes se publicaron el 16
de diciembre de 2025 mediante el Boletín Informativo 19.
Mediante la Resolución 0084 del 28 de abril de 2026, la Comisión de la Carrera Especial
conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer la vacante del empleo Asistente II,
OPECE I-304-AP-07-(1), con una vigencia de dos años. En esa lista, la señora Jenny
Surilly Romero Cortés ocupó la primera posición, con 78.41 puntos; el señor Euler
Remigio Basante Mora, la segunda, con 75.05 puntos; y el señor Diego Fernando Niño
Mejía, la tercera, con 74.93 puntos.
El artículo segundo de la resolución, con fundamento en el artículo 44 del Acuerdo 001
de 2025 y en el artículo 38 del Decreto Ley 020 de 2014, previó que dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de la lista en firme, la Fiscalía General de la Nación o los
aspirantes podían solicitar a la UT la exclusión de cualquiera de sus integrantes por las
causales allí enunciadas. El artículo sexto dispuso que contra la resolución no procedía
recurso alguno, sin perjuicio de esa solicitud de exclusión. La lista se publicó el 4 de mayo
de 2026 por medio del Boletín Informativo 25.
El 12 de mayo de 2026, a través de la aplicación SIDCA3, el actor presentó petición ante
la UT (radicado PQR-202605000013596), en la que solicitó (i) copia integral de los
soportes documentales de experiencia y estudio cargados por los aspirantes Jenny Surilly
Romero Cortés y Euler Remigio Basante Mora; (ii) el desglose detallado de la puntuación
asignada a ellos en la prueba de valoración de antecedentes, con la especificación de los
puntos otorgados por cada certificado; (iii) en caso de no ser posible la entrega de copias
por confidencialidad, las evidencias que respaldaran los puntajes de 100 y 85 puntos
obtenidos en esa prueba; y (iv) el inicio del trámite de exclusión o ajuste de puntaje de
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Demandante: Diego Fernando Niño Mejía
ambos aspirantes, previa auditoría de sus certificados frente a la información registrada
en el SIGEP II. Como sustento, afirmó que el registro del SIGEP II de la aspirante ubicada
en la primera posición generaba dudas razonables sobre la experiencia valorada.
El 21 de mayo de 2026 la UT respondió la petición y calificó de extemporánea la solicitud
de exclusión, porque la lista de elegibles se publicó el 4 de mayo de 2026, el término de
cinco días hábiles transcurrió los días 5, 6, 7, 8 y 11 de mayo y la petición se registró el
12 de mayo. Agregó que, verificados los documentos aportados por los aspirantes
mencionados, se evidenció que fueron evaluados conforme a los criterios del concurso.
En lo relativo al acceso a la información, sostuvo que no era posible suministrar
información de carácter sensible o personal de otros participantes, con fundamento en el
artículo 15 de la Constitución Política, el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, el artículo
34 del Decreto Ley 020 de 2014 y el artículo 28 del Acuerdo 001 de 2025, y concluyó que
el material y los resultados de las pruebas escritas y de valoración de antecedentes «son
de carácter personal y están amparados por reserva legal».
El 22 de mayo de 2026, el actor presentó ante la UT recurso de insistencia contra la
respuesta del 21 de mayo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.
Adujo que el operador confundió la reserva de los cuadernillos, metodologías y hojas de
respuesta de las pruebas escritas, prevista en el artículo 34 del Decreto Ley 020 de 2014
y en el artículo 28 del Acuerdo 001 de 2025, con los documentos de la etapa de valoración
de antecedentes, y que, de acuerdo con las sentencias SU-133 de 2018 y T-456 de 2015
de la Corte Constitucional, los documentos presentados para competir por un cargo
público tienen carácter e interés público.
Manifestó que, según el SIGEP II, la aspirante de la primera posición registraba un
máximo de 15 años de experiencia, mientras que, en su criterio, el puntaje de 100 exigía
acreditar 27 años. Pidió reevaluar la respuesta, entregar el desglose y los soportes de la
valoración de antecedentes de los dos aspirantes, revisar de oficio esa valoración y, si se
mantenía la negativa, remitir la actuación al juez competente.
3.2. Del trámite del recurso de insistencia
Mediante oficio del 28 de mayo de 2026, el apoderado especial de la UT remitió el recurso
de insistencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese escrito reiteró la
extemporaneidad de la solicitud de exclusión y la reserva de la información de los demás
aspirantes, con base en las mismas normas citadas en la respuesta, e informó que el
actor había promovido una acción de tutela por los mismos hechos ante el Juzgado 13
Laboral del Circuito de Cali. Ese mismo día la Relatoría del Tribunal remitió la actuación
a la Secretaría de la Sección Primera.
El 29 de mayo de 2026, el asunto fue repartido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con el radicado 25000-23-41-000-2026-
00901-00. En sentencia de única instancia del 4 de junio de 20261, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declaró bien denegada
la petición del 12 de mayo de 2026, ordenó el archivo del expediente una vez ejecutoriada
la providencia y dispuso desactivar el proceso en el aplicativo SAMAI.
El Tribunal precisó que el acceso a la información se gobernaba por el principio de
máxima divulgación y solo se limitaba en los casos establecidos en la ley. Con apoyo en
la sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional, señaló que la reserva del numeral
3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 no recae sobre la totalidad de las hojas de vida,
la historia laboral o los expedientes pensionales, sino sobre los apartes que aluden a
datos de la esfera de intimidad y privacidad de las personas, como la condición de salud,
el credo, la filiación política, la orientación sexual, los datos biométricos, el estado civil, la
1 Notificada por correo electrónico el 9 de junio de 2026.
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edad, la dirección de residencia o el número de contacto. También citó el artículo 18 de
la Ley 1712 de 2014 y el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012.
Consideró que la petición buscaba obtener datos profesionales y académicos de unos
aspirantes, así como datos relacionados con la valoración de antecedentes y su
puntuación, es decir, información de contenido personal y privado que los participantes
allegaron al momento de aplicar a la convocatoria e información de su desempeño en
esa etapa.
Estimó que el hecho de que los documentos formaran parte de una convocatoria pública
no desdibujaba su naturaleza personal y privada, porque se trataba de documentación
para la valoración interna de la entidad y no para el conocimiento del público, y advirtió
que los participantes aparentemente no tenían la condición de empleados públicos.
Agregó que, si la finalidad era verificar si las personas cumplían los requisitos del empleo,
la información debía requerirse en el medio de control judicial pertinente ante el juez de
lo contencioso administrativo, y que, como no se acreditó que los documentos de
formación académica y experiencia fueran públicos, por formar parte de la hoja de vida,
eran reservados. Finalmente, en cuanto a los resultados de la etapa de valoración de
antecedentes, concluyó que, por ser parte de una etapa de la prueba, gozaban de reserva
legal en virtud del artículo 34 del Decreto Ley 020 de 2014.
El 22 de mayo de 2026, el actor promovió acción de tutela contra la Fiscalía General de
la Nación (Comisión de la Carrera Especial) y la UT, con fundamento en los mismos
hechos relativos a los puntajes de valoración de antecedentes, en la que pidió, entre otras
cosas, ordenar una auditoría de los soportes de los aspirantes de los dos primeros
lugares, el ajuste de su puntaje o su exclusión de la lista de elegibles y la remisión del
desglose de sus calificaciones.
El conocimiento correspondió al Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali con radicado
76001-31-05-013-2026-10120-00, trámite que culminó con sentencia de 3 de junio de
2026, en la que el juzgado declaró improcedente la acción por falta de subsidiariedad,
porque el actor disponía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con la posibilidad de solicitar medidas cautelares; el debate versaba sobre la aplicación
de términos preclusivos de reclamación y la reserva legal de documentos, asuntos de
legalidad ordinaria que no desbordaban la competencia del juez administrativo; y no se
acreditó un perjuicio irremediable.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora señaló que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En torno a la relevancia constitucional, afirmó que el asunto planteaba la transgresión
directa del núcleo esencial del derecho al debido proceso administrativo y del principio
de contradicción en los concursos públicos, que calificó como eje transversal del Estado
social de Derecho.
Respecto de la subsidiariedad, sostuvo que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
1755 de 2015, la decisión del recurso de insistencia se profiere en única instancia y no
existía recurso ordinario para controvertirla.
Sobre la inmediatez, indicó que la tutela se presentó pocos días después de la firma y
notificación electrónica de la decisión del 4 de junio de 2026, en un término razonable.
En relación con la irregularidad procesal con efecto determinante, adujo que el error
del tribunal varió el rumbo del litigio y lo dejó en estado de indefensión para conocer las
bases de calificación del concurso.
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En cuanto a la identificación de los hechos y de los derechos vulnerados, el escrito
relacionó los hechos y los derechos que estimó afectados. Finalmente, expuso que la
demanda se dirige contra una sentencia proferida en un recurso de insistencia y no contra
una sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que el fallo controvertido adolece de los siguientes
defectos:
Defecto sustantivo, porque el Tribunal confundió la reserva de los soportes de la hoja
de vida con la publicidad del puntaje como acto administrativo. Explicó que la autoridad
judicial dedicó su razón de la decisión a proteger los anexos de las hojas de vida
(diplomas, actas de grado y certificaciones laborales) con base en el numeral 3 del
artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, cuando el núcleo de su petición era el desglose de la
puntuación de la etapa de valoración de antecedentes.
Precisó que no pretendía acceder a datos íntimos de terceros, como sus cédulas,
direcciones o estados civiles, y que un puntaje obtenido en una fase concursal es un dato
público de naturaleza institucional. A su juicio, el Tribunal «falló sobre una pretensión
inexistente».
Planteó una contradicción en la aplicación del artículo 34 del Decreto Ley 020 de 2014.
Señaló que la norma transcrita por el tribunal prevé que las pruebas son de conocimiento
de las personas que indiquen las comisiones de carrera especial «para efectos de atender
las reclamaciones», de modo que contiene una excepción a la reserva que el Tribunal
desconoció al extraer una conclusión prohibitiva absoluta. Afirmó que requiere el
desglose para verificar la aplicación del baremo del Acuerdo 001 de 2025 y activar, si es
del caso, las vías de reclamación frente a la lista de elegibles, por lo que la negativa vacía
de contenido su derecho a la contradicción.
Sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido las fronteras entre
el derecho a la intimidad y la publicidad en el empleo público. Indicó que en la sentencia
SU-133 de 2018, esa Corporación unificó las reglas sobre el acceso a documentos de los
procesos de selección y precisó que «Los documentos aportados por los ciudadanos para
competir en el marco de un concurso público de méritos, en tanto constituyen el soporte
material para el acceso a la función pública, ostentan un interés y carácter público. Si
bien las entidades deben velar por la exclusión de datos estrictamente privados y
sensibles (direcciones, teléfonos, condiciones de salud), los factores que determinan la
puntuación y la calificación técnica de los aspirantes son de libre acceso para los demás
competidores, como única vía para garantizar los principios de igualdad, moralidad,
publicidad y mérito (Art. 209 C.P.)».
Sostuvo que, asimismo, la sentencia T-456 de 2015 puntualizó que el acceso a la
información en los concursos es un derecho autónomo e instrumental, por lo que si el
competidor no conoce la forma cómo evaluó el operador a otro concursante, el principio
de competencia limpia desaparece y se abre la puerta a la arbitrariedad administrativa.
Precisó que en la práctica la Comisión Nacional del Servicio Civil publica constantemente
de manera desagregada las matrices de valoración de antecedentes de todos los
concursantes. Por consiguiente, consideró que no existe motivo constitucionalmente
válido para que el operador de la Fiscalía General de la Nación sustraiga sus
puntuaciones del estándar constitucional de máxima divulgación establecido en la Ley
1712 de 2014.
Informó que anteriormente presentó otra acción de tutela contra la Fiscalía General de la
Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024, que fue resuelta por el Juzgado 13
Laboral del Circuito de Cali de radicado 2026-10120. Aseguró que no existe temeridad
porque el objeto de las dos tutelas es diferente, pues la tutela anterior se dirigió contra
actos administrativos de trámite, mientras que la presente controvierte la providencia de
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insistencia que no existía para el momento en que se presentó la primera tutela. Enfatizó
que en esta oportunidad el debate radica en el error en que incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al desviar el objeto de la petición y aplicar erróneamente
la reserva legal en su decisión del 4 de junio de 2026.
5. Trámite procesal
El 17 de junio de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y en calidad de terceros
con interés a la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024, al Ministerio Público y a los
señores Jenny Surilly Romero Cortés y Euler Remigio Basante Mora.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos y aviso a la comunidad
enviados y publicados el 19 de junio de 2026.
El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Despacho de la magistrada
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, quien registró el proyecto de sentencia el 20 de agosto
de 2026. No obstante, la ponencia presentada no obtuvo la mayoría necesaria para su
aprobación. En consecuencia, se expidió auto de 27 de agosto de 2026, que ordenó la
remisión del expediente al magistrado de la posición mayoritaria que sigue en su turno,
Wilson Ramos Girón.
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
manifestó que lo pretendido por el actor es contar con una instancia adicional para debatir
lo ya resuelto en única instancia.
Consideró que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, teniendo en cuenta que no existe ninguna irregularidad procesal que tenga un
efecto decisivo en la sentencia, ni se observa que los hechos hayan generado algún tipo
de vulneración a derechos fundamentales.
Por lo tanto, consideró que la controversia se circunscribe a un debate enteramente legal,
situación que ya fue estudiada y resuelta. Añadió que no se configura ninguno de los
defectos establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Por último, consideró que no desconoció los derechos alegados en el escrito de tutela;
por el contrario, dio plena aplicación al procedimiento preceptuado en la Ley 1437 de
2011 y la Ley 1755 de 2015. Así las cosas, la decisión adoptada se fundamentó en la
normatividad vigente. Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela.
El apoderado especial de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024 manifestó que lo
pretendido por el actor es contar con una instancia adicional para debatir lo ya resuelto
en única instancia, por lo que solicitó declarar improcedente la tutela.
Consideró que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, teniendo en cuenta que no existe ninguna irregularidad procesal que tenga un
efecto decisivo en la sentencia, ni se observa que los hechos hayan generado algún tipo
de vulneración a derechos fundamentales.
Por lo tanto, advirtió que la controversia se circunscribe a un debate enteramente legal,
situación que ya fue estudiada y resuelta. Añadió que no se configura ninguno de los
defectos establecidos en la jurisprudencia constitucional.
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Por último, expuso que no desconoció los derechos alegados en el escrito de tutela; por
el contrario, dio plena aplicación al procedimiento preceptuado en la Ley 1437 de 2011 y
la Ley 1755 de 2015. Así las cosas, la decisión adoptada se fundamentó en la
normatividad vigente. Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela.
Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la
pretensión de dejar sin efectos la providencia, porque carece de competencia para
modificar decisiones judiciales, y la declaratoria de improcedencia de las demás
pretensiones, porque el recurso de insistencia es el mecanismo específico para
controvertir la negativa fundada en reserva legal y el tribunal ya resolvió de fondo, con
efectos definitivos, la solicitud del actor, decisión que la UT afirmó estar obligada a acatar.
Informó que notificó a los señores Romero Cortés y Basante Mora por correo electrónico.
La señora Jenny Surilly Romero Cortés aceptó que ocupó el primer lugar en la lista de
elegibles del empleo Asistente II, OPECE I-304-AP-07-(1), y negó que careciera de la
experiencia requerida o que su calificación en la prueba de valoración de antecedentes
fuera errónea.
Explicó que la afirmación del actor se funda exclusivamente en una consulta del SIGEP
II, que no es el mecanismo previsto en el Acuerdo 001 de 2025 para verificar la
experiencia, y que ese registro contiene información parcial. Indicó que en la inscripción
aportó la certificación laboral 110-033/2025, expedida el 22 de abril de 2025 por el
secretario general del Concejo Municipal de Villavicencio, la cual, según su cálculo, refleja
un total de 32 años, 3 meses y 5 días de experiencia, y que ese documento fue cargado
y valorado por la UT.
Adjuntó un cuadro con la relación de sus nombramientos en el Concejo Municipal de
Villavicencio, la certificación de inscripción y la certificación laboral mencionada, y copia
de las Resoluciones 117 de 1992, 408 de 1993, 170 de 1995, 015 de 1996, 231 de 1997,
019 de 1998, 029 de 1998, 182 de 1998 y 042 de 2006.
El señor Euler Remigio Basante Mora guardó silencio pese a haber sido notificado de
la presente acción.
Mediante auto de 31 de julio de 2026, el despacho sustanciador puso de presente que
en el escrito de tutela el tutelante hizo referencia a jurisprudencia constitucional que no
obraba en la página web de la Corte Constitucional.
Ante la dificultad para verificar el contenido y procedencia de las citas jurisprudenciales
que el señor Diego Fernando Niño Mejía incluyó en la demanda de tutela, se ofició a la
Corte Constitucional para que certificara si profirió las sentencias SU-133 de 2018 y T-
456 de 2015, invocadas por la parte actora; y de ser el caso, se remitiera copia de estas.
Además, le solicitó a la Oficina del CETIC del Consejo de Estado y a la Unidad de
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura rendir informe, en el que se precisara si en la elaboración del escrito de
tutela se utilizó inteligencia artificial generativa, y de ser el caso, si era posible identificar
los apartes del documento en que se empleó dicha tecnología. También se requirió al
accionante para que rindiera informe bajo la gravedad del juramento, en el que indicara
si empleó inteligencia artificial generativa en la elaboración del escrito de tutela; si las
citas textuales de las sentencias SU-133 de 2018 y T-456 de 2015 incluidas en la
demanda son creación de dicha tecnología; y si cumplió con el deber de control y
verificación de su existencia y contenido.
En respuesta al anterior requerimiento, el señor Diego Fernando Niño Mejía informó que
sí utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa. Aseguró que «el sistema
cometió lo que en informática jurídica se conoce como una alucinación o error de
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Demandante: Diego Fernando Niño Mejía
indexación. La herramienta tomó un argumento jurídico que es 100% real y vigente (el
derecho autónomo e instrumental de acceder a la información de los competidores para
evitar la arbitrariedad), pero erróneamente le asignó el número de radicado de la
Sentencia T-456 de 2015 (que trata sobre adultos mayores) y el de la SU-133 de 2018
(que no existe para este tema)».
Indicó que, si bien se presentó ese error, el fondo jurídico es completamente real en el
ordenamiento constitucional colombiano. Sostuvo que el derecho a acceder a carpetas,
calificaciones y factores técnicos de los competidores en un concurso de méritos, salvo
los datos estrictamente privados o sensibles, no es una invención, sino una regla
consolidada existente.
Por último, manifestó que el caso implica la vulneración de sus derechos fundamentales,
puesto que la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024 y la Fiscalía General de la Nación
le están negando arbitrariamente la posibilidad de conocer la verdad y auditar la
transparencia del concurso al oponer una reserva legal inexistente sobre las
certificaciones laborales y de estudio de los dos integrantes que lo anteceden en la lista
de elegibles. Alegó que esta omisión vulnera de forma directa su derecho a la información
y rompe las garantías de una competencia limpia y transparente.
La Secretaría General de la Corte Constitucional informó que en sus registros no se
encontró que las sentencias SU-133 de 2018 y T-456 de 2015 hayan sido emitidas por
esa corporación.
La Oficina del CETIC del Consejo de Estado y la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no atendieron
el requerimiento efectuado en el auto de 31 de julio de 2026.
II. CONSIDERACIONES
1. Análisis preliminar sobre la legitimación en la causa
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, el demandante discute la providencia de 4 de junio de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
que denegó el recurso de insistencia con radicado Nº 25000-23-41-000-2026-00901-00.
En la contestación de la tutela, la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024 adujo que
carecía de legitimación en la causa por pasiva, ya que no tuvo injerencia en la expedición
de providencia cuestionada.
Sobre el particular, se advierte que la referida entidad solo se vinculó al trámite como
tercero con interés y no como demandada, de suerte que no se considera procedente
su solicitud, la cual será negada.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Diego Fernando Niño Mejía para dejar sin efectos la sentencia de única instancia dictada
el 4 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
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Demandante: Diego Fernando Niño Mejía
Subsección A, que resolvió el recurso de insistencia radicado con el número
25000234100020260090100 y declaró bien denegada la petición de 12 de mayo de 2026
elevada por el accionante ante la Fiscalía General de la Nación.
La Sala anticipa que concederá el amparo solicitado, por cuanto el tribunal demandado
incurrió en defecto sustantivo, al considerar que la totalidad de la información solicitada
sobre hojas de vida constituía información reservada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, de manera
previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos3 o vicios
de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los
requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que se
discute la presunta afectación de derechos fundamentales como el debido proceso y
acceso a la administración de justicia, en un caso en el que se discute el ejercicio de un
derecho expresamente previsto en la norma para discutir el carácter de reservado de los
documentos.
Asimismo, en el presente caso, el fallo cuestionado fue proferido en única instancia, lo
que evidencia que la demandante no tuvo la oportunidad de discutir los argumentos que
expuso la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para negar el
recurso de insistencia interpuesto por el actor.
La demanda también cumple el requisito de inmediatez, por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 25000234100020260090100, el correo electrónico con el que
se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 9 de junio de 2026, por lo que se
entiende notificada de conformidad con el numeral 2 del artículo 2054 del CPACA, y la
tutela fue presentada el 9 de junio de 2026, es decir, cuando no habían transcurrido los
6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en única instancia.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
sustantivo.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia que resolvió un recurso de insistencia.
5. Análisis del caso concreto.
El señor Diego Fernando Niño Mejía sostiene que la providencia dictada el 4 de junio de
2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
adolece de defecto sustantivo, al negar el recurso de insistencia interpuesto para que la
Fiscalía General de la Nación realice el desglose técnico, numérico y detallado de los
puntajes asignados en la prueba de Valoración de Antecedentes a los aspirantes Jenny
Surilly Romero Cortés y Euler Remigio Basante Mora.
En primer término, se advierte que, en la sentencia cuestionada, el Tribunal tuvo en
cuenta los siguientes hechos probados:
– Resolución 0084 del 28 de abril de 2026 de la Comisión de la Carrera Especial de la
Fiscalía que conformó la lista de elegibles del empleo Asistente II, OPECE I-304-AP-07-
(1): Jenny Surilly Romero Cortés con 78.41, Euler Remigio Basante Mora con 75.05 y el
actor con 74.93. Su artículo 2 regula la solicitud de exclusión dentro de los 5 días.
– Acuerdo 001 del 3 de marzo de 2025, reglas del concurso, con su Anexo 1 (OPECE).
– Captura de pantalla del SIGEP II de la señora Jenny Surilly Romero Cortés, sobre su
experiencia registrada.
– Petición del 12 de mayo de 2026 (PQR-202605000013596), donde el actor pide copia
de los soportes, el desglose del puntaje, evidencias de los puntajes de 100 y 85, y la
exclusión o ajuste de puntaje de los dos primeros lugares.
– Respuesta de la UT del 21 de mayo de 2026 (PQR-202605000013596), en la que señaló
que la exclusión es extemporánea y que la información estaba reservada según el artículo
15 de la Constitución, el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, el artículo 34 del Decreto
Ley 020 de 2014 y el artículo 28 del Acuerdo 001 de 2025.
– Recurso de insistencia del 22 de mayo de 2026 (PQR-202605000013634), con la
respuesta anexa.
– Primera tutela del actor, del 22 de mayo de 2026, presentada ante el juez de Cali contra
la Fiscalía y la UT, con medida provisional. Contestación de la UT a esa tutela, del 25 de
mayo de 2026, ante el Juzgado 13 Laboral de Cali.
– Oficio de remisión del 28 de mayo de 2026, firmado por el apoderado de la UT. Reitera
la extemporaneidad y la reserva, e informa sobre la tutela ante el Juzgado 13.
Para el tribunal, el derecho de acceso a la información pública solo puede limitarse en los
casos establecidos en la Ley se gobierna por el principio de la máxima divulgación que
permite a los ciudadanos, por regla general, el acceso a los documentos e información y
solo en casos excepcionales les será limitado cuando exista reserva legal.
Indicó que conforme al artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 solo tienen carácter de
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a ella por la
Constitución o la ley e hizo alusión a diferentes clases de informaciones y documentos
que tienen dicha naturaleza.
En la categoría de documentos sujetos a reserva legal, el numeral 3 de dicha norma
establece que será limitado el acceso a información y documentos que involucren
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derechos a la privacidad e intimidad de las personas incluidas en las hojas de vida, la
historia laboral y la historia clínica.
Aludió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual no todos los datos que
reposan en las hojas de vida, la historia laboral, los expedientes pensionales y demás
registros de personal están cobijados por la reserva, sino solamente aquellos que tocan
con el ámbito privado e íntimo de las personas, que se ha considerado como datos
sensibles. De acuerdo con la Corte no estarán sujetos a reserva aquellos datos que
tengan relevancia pública y no encajen en la categoría de datos personales sensibles.
Con base en lo anterior, el Tribunal adujo que la reserva de la información que reposa en
los expedientes de las entidades se predica de los datos que afectan la intimidad y
privacidad de las personas que en el escenario de ser compartidos podrían generar algún
tipo de discriminación o vulneración. Entre estos últimos se encuentran los relacionados
con la condición de salud, credo, filiación política, orientación sexual, datos biométricos,
estado civil, edad, dirección de residencia, número de contacto, entre otros.
Sostuvo que lo pretendido por el señor Diego Fernando Niño Mejía era obtener
información relacionada con los documentos académicos y laborales que fueron
presentados y cargados por los señores Jenny Surilly Romero Cortés y Euler Remigio
Basante Mora en el proceso de selección del Concurso FGN 2024.
Asimismo, solicitó el desglose detallado de la puntuación otorgada a los aspirantes ya
referenciados y la documentación que constate el puntaje obtenido por los participantes.
Esto denota que el peticionario buscaba obtener la información allegada por los
participantes al momento de aplicar a la convocatoria de contenido personal y privada.
Precisó que, si bien los documentos hacen parte de una convocatoria pública, esa
condición por sí misma no desdibuja la naturaleza personal y privada de la información
pedida. Resaltó que los participantes de los cuales se está solicitando la información
aparentemente no tienen la connotación de ser empleados públicos.
Concluyó que como no se acreditó que «los documentos correspondientes a la formación
académica y experiencia son documentos públicos en poder de la autoridad, por el solo
hecho de formar parte de la Hoja de Vida, son documentos reservados. Se debe recordar
que algunos datos de la hoja de vida no son sensibles, pero los anexos de esta son
documentos reservados. De esta forma se aclara la postura de la Sala frente al acceso a
los expedientes administrativos (que no son Hoja de Vida) de los participantes en
concursos públicos, a cuya información solo se puede acceder a petición del interesado».
Citó el artículo 34 del Decreto Ley 020 de 2014 que versa sobre la reserva de las pruebas
en los procesos de selección. La autoridad judicial indicó que los resultados de la etapa
de valoración de antecedentes de los aspirantes, al ser parte de una etapa de la prueba,
también están protegidos por la reserva legal.
Finalmente, manifestó que si el propósito del peticionario es el verificar si las personas
nombradas en un concurso de méritos cumplen o no los requisitos para cada OPEC,
dicha información debería ser requerida en el medio de control judicial pertinente que
debe ser ejercido ante el juez de lo contencioso administrativo como autoridad
competente para determinar la validez de los documentos aportados a la entidad para el
nombramiento correspondiente.
Ahora bien, el tutelante alegó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo al haber
efectuado una interpretación desproporcionada de la figura de la reserva legal, pues la
puntuación obtenida dentro de una fase de un concurso de méritos no es un dato sensible
ni privado; por el contrario, es un dato público de naturaleza institucional. Además,
enfatizó que no pretendía invadir la intimidad de terceros, ni obtener copias de las
cédulas, ni conocer sus direcciones de residencia o estados civiles.
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Reprochó que, con base en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, el tribunal
accionado haya arribado a una conclusión errada consistente en que los anexos de la
hoja de vida, como diplomas, actas de grado, certificaciones laborales específicas, son
reservados.
Alegó que el núcleo esencial de su petición era «el DESGLOSE DE LA PUNTUACIÓN
DE LA ETAPA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES» e indicó que ocultar los
desgloses numéricos de las calificaciones, alegando la existencia de reserva de la hoja
de vida, va en contravía a la transparencia del concurso.
La Sala advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución
Política que consagra el derecho al acceso a la información pública, «todas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la
ley».
La Corte Constitucional ha indicado que el derecho fundamental a acceder a información
pública tiene las funciones de (i) garantizar la participación democrática y el ejercicio de
los derechos políticos, ya que permite que los ciudadanos puedan ejercer un debido
control de la actividad del Estado; (ii) materializar otros derechos como el derecho a la
verdad de las víctimas y el de información, así como materializar fines
constitucionalmente legítimos, como lo son asegurar que las autoridades estatales
expliquen públicamente sus decisiones y el uso de los recursos públicos; y (iii) garantizar
la transparencia de la gestión pública y prevenir la corrupción. De ahí que es una garantía
necesaria para el control a la actividad estatal.
En consecuencia, al tratarse de un derecho que garantiza los principios de publicidad y
transparencia de la función pública y salvaguarda a las personas de la arbitrariedad
estatal, las limitaciones sobre el derecho a acceder a información pública se restringen a
los eventos específicos de consagración constitucional o legal.
La Ley 1712 de 2014 regula el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para su ejercicio y las excepciones a la publicidad de información. El
artículo 2 de esa ley establece qué se entiende por información pública, esto es «Toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública». Tal
norma consagra el principio de máxima publicidad tratándose de información en manos
de un sujeto obligado por la Ley 1712 de 2014.
En consecuencia, este artículo preceptúa que la información pública «no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la
presente ley», de manera que el criterio para esclarecer si una determinada información
es pública no es su contenido, sino la calidad del sujeto que la posee. Si la información
está en poder de una entidad catalogada como sujeto obligado de la Ley 1712 de 2014,
se entiende que es información pública y, en principio, debe estar disponible para la
ciudadanía, salvo las excepciones de ley.
Por su parte, el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 establece quiénes son los sujetos
obligados por esa Ley, entre los cuales se encuentran todas las entidades públicas en
todos los niveles de la estructura estatal, las personas naturales y jurídicas, públicas o
privadas que presten función pública o servicios públicos o que ejerzan autoridad pública,
partidos políticos, entre otros.
A su vez, el artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 hace una distinción entre tres tipos de
información, a saber (i) la información pública, que es toda aquella que un sujeto obligado
por la referida Ley genere, obtenga, adquiera, o controle, (ii) la información pública
clasificada, que es aquella que, pese a estar en poder de un sujeto obligado, pertenece
al ámbito propio, particular, privado o semiprivado de una persona natural o jurídica y (iii)
la información pública reservada, que es aquella que, a pesar de estar en poder o
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custodia de un sujeto obligado, se exceptúa del acceso ciudadano por representar un
riesgo para intereses públicos.
Los artículos 18 y 19 de Ley 1712 de 2014 establecen que el acceso de la información
pública clasificada y de la información pública reservada puede ser negado o rechazado,
siempre que se motive tal decisión por escrito. El primero de estos artículos dispone que
tratándose de información pública clasificada tal negativa solo es admisible cuando se
cause daño al derecho de toda persona a la intimidad, al derecho a la vida, la salud o la
seguridad, a los secretos comerciales, industriales y profesionales.
Por su parte, el artículo 19 de Ley 1712 de 2014 establece que en el caso de la
información pública reservada su negativa es posible siempre y cuando su acceso esté
expresamente prohibido por una norma legal o constitucional y esté relacionado con la
defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, los
derechos de la infancia y la adolescencia, la estabilidad macroeconómica y financiera del
país, entre otros.
En caso de considerar que el acceso a la información pública debe ser negado es
necesario cumplir con una carga de la prueba específica. En efecto, el artículo 285 de Ley
1712 de 2014, establece que el sujeto que tiene en su poder la información solicitada no
solo le corresponde exponer las razones que justifican la negativa, sino aportar pruebas
que acrediten por qué la información pedida debe mantenerse bajo reserva o
confidencialidad. El sujeto obligado también tiene la obligación de demostrar que esta no
puede ser divulgada por tratarse de alguna de las materias consagradas en los artículos
18 y 19 de Ley 1712 de 2014. Además, es imprescindible que en su escrito de negativa
o rechazo aquel analice si la entrega de la información solicitada causaría un daño mayor
al interés público que implica suministrarla.
Ahora bien, sobre la categoría de información a la que pertenece la hoja de vida y sus
anexos, para así determinar a qué restricciones está sujeta, el artículo 24, numeral 3 de
la Ley 1437 de 2011 dispone qué documentos e informaciones tienen el carácter de
reservados y dentro de estos hace alusión, justamente, a las hojas de vida y la historia
laboral. En esa medida, una lectura rápida de tal norma podría llevar a concluir que estas
últimas constituyen información reservada.
Sin embargo, de la literalidad de esa norma se desprende que la reserva no alude a la
totalidad de la hoja de vida ni de sus anexos, sino a ciertas informaciones que se
encuentren incluidas dentro de estos. Lo dispuesto en el artículo 246, numeral 3 de la Ley
1437 de 2011 es que únicamente tienen carácter de reservado las informaciones que
estén dentro de la hoja de vida e historia laboral que involucren los derechos a la
privacidad e intimidad de las personas.
En contravía de la literalidad de la norma, el tribunal concluyó que la información y
documentos que integran la hoja de vida y sus anexos son reservados por el solo hecho
de formar parte de esta última. Textualmente, la autoridad judicial sostuvo que «por el
solo hecho de formar parte de la Hoja de Vida, son documentos reservados». Por lo tanto,
se considera que el Tribunal incurrió en una conclusión contraria a la regulación sobre la
materia, puntualmente al artículo 24, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011.
5 Artículo 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten y
evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado
debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente.
Además, deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación
de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el
acceso a la información
6 Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (…) que involucren
derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes
pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como
la historia clínica.
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Para determinar si se trataba de información reservada era imprescindible que la
autoridad judicial accionada, al resolver el recurso de insistencia, analizara si la
información solicitada por el actor involucraba derechos a la privacidad e intimidad de las
personas, identificando concretamente qué datos se encontraban protegidos y las
razones que justificarían restringir su divulgación.
Según el artículo 5 de Ley 1581 de 2012 los datos sensibles son: «aquellos que afectan la
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos
que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de
partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos».
En consecuencia, los datos sensibles son los que afectan gravemente la intimidad del
titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.
Conforme al artículo 24, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal debía verificar,
respecto de cada documento o conjunto de datos solicitado, si su divulgación involucraba
los derechos a la privacidad e intimidad de los titulares. Ese análisis no podía limitarse a
identificar datos sensibles en los términos del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, pues la
información protegida por aquellos derechos no se agota en esa categoría.
Conforme al artículo 24, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, inevitablemente el tribunal
accionado tenía que analizar si dichos documentos contenían datos sensibles, es decir,
si la información allí consignada podría provocar la discriminación de las dos personas
titulares de la información, por razones políticas, raciales, religiosas, entre otras.
Por consiguiente, el Tribunal incurrió en una errada interpretación del artículo 24, numeral
3 de la Ley 1437 de 2011 al sostener que toda la información que forma parte de la hoja
de vida y sus soportes son reservados solo por hecho de estar contenidos allí, ya que
esta norma establece lo opuesto, esto es, que la reserva no recae sobre toda la hoja de
vida, sino sobre las informaciones «que involucren derechos a la privacidad e intimidad
de las personas».
En todo caso, aun si alguno de los documentos solicitados contiene información protegida
por los derechos a la privacidad e intimidad, ello no autoriza a extender de manera
automática la reserva a la totalidad de la hoja de vida o de sus anexos. Corresponde
examinar qué apartes están efectivamente amparados por una excepción legal y si
resulta posible garantizar el acceso a los demás mediante la supresión de los datos
protegidos.
Adicionalmente, si el ente obligado considera que no hay lugar a suministrar la
información solicitada por un ciudadano por ser clasificada o reservada, es su deber
cumplir con una carga probatoria específica que respalde su negativa. Por lo tanto, al
tribunal accionado no solo le correspondía verificar si efectivamente la información que
la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024 se negó a suministrar se encontraba
sometida a una restricción legal de acceso por involucrar derechos a la privacidad e
intimidad u otra excepción aplicable sino que la autoridad judicial también debía estudiar
si la mencionada Unión Temporal cumplió o no con el deber de justificación y carga de la
prueba de que trata el artículo 28 de Ley 1712 de 2014.
Como se explicó, conforme a esta última norma el sujeto que tiene en su poder la
información solicitada debe exponer las razones que justifican la negativa, aportar
pruebas que acrediten por qué la información pedida debe mantenerse bajo reserva o
confidencialidad, demostrar que esta no puede ser divulgada por tratarse de alguna de
las materias consagradas en los artículos 18 y 19 de Ley 1712 de 2014 y analizar si la
entrega de la información solicitada causaría un daño mayor al interés público que implica
suministrarla.
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Entonces, independientemente de si esa información era clasificada o reservada, el ente
obligado debió justificar su negativa conforme lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 1712
de 2014. Sin embargo, no se advierte que en la providencia controvertida el Tribunal
accionado haya efectuado tal estudio relacionado con la obligación establecida en esta
última disposición normativa.
De otra parte, se advierte que el Tribunal accionado incurrió en un error al asegurar que
«no se ha acreditado que los documentos correspondientes a la formación académica y
experiencia son documentos públicos en poder de la autoridad», toda vez que el criterio
para establecer si determinada información es pública no es su contenido, sino el hecho
de reposar en un sujeto obligado por la Ley 1712 de 2014. El artículo 2 de esa ley
establece que «Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto
obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional
o legal, de conformidad con la presente ley». Entonces, independientemente de su
naturaleza jurídica, todo ente que ejerza autoridad pública o desempeñe función pública
se considera un sujeto obligado por la Ley 1712 de 2014 y, por ende, la información que
maneja se entiende como pública.
Así las cosas, el Tribunal accionado erró al concluir que los anexos de la hoja de vida,
como las certificaciones laborales y de estudio, solicitados por el peticionario no eran
información pública, bajo el argumento de que no se acreditó que lo fueran. Para
determinar si dicha información tiene tal carácter, el análisis a efectuar parte por analizar
si el ente que cuenta con la información es o no un sujeto obligado de la Ley 1712 de
2014.
En efecto, la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024 es un sujeto obligado por esta
norma, porque se trata de un contratista privado que ejecuta una función pública;
justamente, este es uno de los supuestos contemplados en el artículo 5 de tal Ley, que
determina quiénes son los sujetos obligados por tal disposición.
La Sala también observa que la petición del 12 de mayo de 2026 comprendía solicitudes
de acceso a información diferenciables: (i) copias de los soportes de experiencia y estudio
aportados por Jenny Surilly Romero Cortés y Euler Remigio Basante Mora; (ii) el desglose
de la puntuación asignada a cada aspirante en la valoración de antecedentes, con
indicación de los puntos otorgados por cada certificado; y (iii) subsidiariamente, las
evidencias que respaldaban los puntajes de 100 y 85. Por tanto, el examen de la reserva
no puede agotarse en el estudio de los soportes de las hojas de vida, sino que debe
comprender también la información sobre la asignación de los puntajes.
En particular, en la decisión de reemplazo, el Tribunal deberá pronunciarse de manera
expresa sobre si la reserva de las pruebas prevista en el artículo 34 del Decreto Ley 020
de 2014, que invocó en la providencia cuestionada, comprende el desglose técnico y
numérico de los resultados de la valoración de antecedentes. Asimismo, deberá examinar
la procedencia de acceder a las evidencias solicitadas subsidiariamente y, respecto de
cada componente de la solicitud, establecer si existe una restricción legal de acceso,
verificar la motivación y la carga de la prueba de la negativa conforme al artículo 28 de la
Ley 1712 de 2014 y analizar la posibilidad de divulgar parcialmente la información, con
supresión de los datos legalmente protegidos.
De otra parte, la solicitud encaminada a revisar los puntajes o excluir aspirantes de la
lista de elegibles es distinta de la controversia sobre el acceso a información fundada en
una reserva legal, que constituye el objeto del recurso de insistencia. En consecuencia,
la orden de reemplazo no comporta disponer una auditoría de las calificaciones,
modificarlas ni decidir sobre la exclusión de los participantes del concurso.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, la Sala considera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A incurrió en un defecto
sustantivo por la indebida aplicación de la figura de la reserva legal de la información y
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una errada interpretación del artículo 24, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, al considerar
que (i) las certificaciones laborales y de estudio solicitadas por el peticionario «por el solo
hecho de formar parte de la Hoja de Vida, son documentos reservados» y (ii) no se trataba
de información pública en tanto que no se comprobó que lo fuera. . En la decisión de
reemplazo también deberá analizarse la reserva alegada frente al desglose de los
puntajes y las evidencias solicitadas subsidiariamente, de conformidad con las pautas
expuestas.
Finalmente, es necesario precisar que el objetivo de la decisión de tutela no es ni puede
ser acceder a las pretensiones de la demanda de tutela en los términos en que fueron
sustentadas por el accionante, esto es, ordenar directamente la entrega de la información
o declarar «mal denegada» la petición, pues se trata de una competencia del juez natural,
sino, ordenar que el Tribunal profiera una decisión de reemplazo debidamente motivada
y congruente con las solicitudes de acceso a información objeto de la insistencia,
conforme a los parámetros señalados en esta providencia.
5.1. Uso indebido de inteligencia artificial generativa en el caso sub examine
Pese a que se configuró el defecto sustantivo, la Sala advierte que, para sustentar su
solicitud, el demandante citó las que dijo ser providencias de la Corte Constitucional y
apartes de ellas que no existen. En efecto, en el escrito de tutela afirmó que en las
sentencias SU-133 de 2018 y T-456 de 2015 esa Corporación fijó reglas sobre «el
carácter público de los factores de calificación» en los concursos de méritos, y transcribió
párrafos que atribuyó a esas providencias. Por esta razón, la Sala se pronunciará sobre
(i) el defecto por desconocimiento del precedente que se deriva de tales citas y (ii) las
consecuencias del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en la
elaboración de la tutela.
En primer término, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó que en sus
registros no se encontraron las sentencias SU-133 de 2018 y T-456 de 2015. A su vez,
las sentencias T-133 de 2016 y T-254 de 2024, que el actor invocó en el informe de 4 de
agosto de 2026, existen, pero no contienen las reglas sobre concursos de méritos que
les atribuyó, pues la primera se refiere a la prohibición de reelección de los miembros de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y la segunda al acceso al número de identificación
de un exdocente que reposaba en la hoja de vida en poder de un colegio privado. Como
el defecto por desconocimiento del precedente presupone la existencia de una regla
jurisprudencial vinculante que el juez haya omitido aplicar, y en este caso tal regla no
existe, se negará el amparo frente a este defecto.
En segundo lugar, el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el marco
de un proceso judicial debe sujetarse a los principios que la Corte Constitucional identificó
en la sentencia T-323 de 2024, al analizar el empleo de estas herramientas por una
autoridad judicial en la resolución de una acción de tutela, y que el Consejo Superior de
la Judicatura acogió en el Acuerdo PCSJA24-12243 de 16 de diciembre de 2024, con el
fin de orientar su uso por los servidores de la Rama Judicial. Aunque estos lineamientos
están dirigidos a los funcionarios y empleados judiciales, los principios de seriedad,
verificación y control humano, que imponen el escrutinio de las fuentes y de los resultados
que arroja la herramienta, también orientan la actuación de quienes intervienen en el
proceso, en especial la de los abogados que ejercen la representación judicial.
Con fundamento en esos principios, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural, en providencia de ponente AC739-2026 de 13 de febrero de 2026
(radicado 11001-02-03-000-2025-05324-00), analizó el caso de un abogado que, en el
trámite de un recurso extraordinario de revisión, invocó providencias judiciales y normas
inexistentes generadas por una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Consideró que quien cita un fundamento jurídico asevera su existencia y la fidelidad de
su contenido, que la verificación en los repositorios oficiales es sencilla y que la temeridad
puede configurarse aun cuando se desconozca la falsedad de la cita, por el riesgo
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previsible y evitable que implica omitir esa constatación. Con base en ello, calificó la
conducta del apoderado como temeraria y le impuso multa de quince salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
En similar sentido, esta Corporación, en providencia de ponente de 26 de mayo de 2026
dictada en el radicado 11001-03-26-000-2026-00056-00 (74200), en el trámite de un
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el que se invocaron sentencias
inexistentes, se pronunció sobre los deberes de diligencia, verificación y lealtad procesal
de las partes y sus apoderados cuando emplean herramientas de inteligencia artificial
generativa, y precisó que la tecnología no permite trasladar al algoritmo la carga
profesional de comprobar la existencia, vigencia y pertinencia de las normas y
precedentes que se invocan ante la administración de justicia.
Como se observa, ambos pronunciamientos se refieren a abogados que actuaron como
apoderados judiciales en recursos extraordinarios, escenarios en los cuales la técnica
jurídica es presupuesto de la actuación. La Sala los reseña porque en ellos la conducta
de quien introdujo citas inexistentes se valoró a la luz de los deberes de lealtad y buena
fe y de las presunciones de temeridad previstas en el Código General del Proceso,
normas que, como se explica a continuación, también constituyen el parámetro para
analizar la conducta del accionante en este caso.
El artículo 95 de la Constitución Política impone a todas las personas el deber de
«colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia». A su turno,
el artículo 78 del Código General del Proceso exige a las partes y a sus apoderados obrar
con lealtad y buena fe, y el numeral 6 del artículo 79 ibidem presume la temeridad o mala
fe «cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas».
En el presente caso está acreditado que en el escrito de tutela se invocaron las
sentencias SU-133 de 2018 y T-456 de 2015, a las cuales se atribuyó un texto favorable
a la tesis del accionante. La Secretaría General de la Corte Constitucional informó que
esas providencias no existen, y el actor reconoció que empleó una herramienta de
inteligencia artificial generativa en la redacción de la demanda y que esta incurrió en una
«alucinación o error de indexación».
No obstante, la Sala considera que no existe mérito para concluir que el accionante
incurrió en temeridad o mala fe, pues el artículo 79 del Código General del Proceso enlista
los supuestos en los que se presume que una de las partes actuó con temeridad o mala
fe, presunción que permite al juez atribuir las consecuencias que el ordenamiento prevé
para esas conductas. Por tratarse de una presunción que conduce a la imposición de
sanciones, su aplicación es restrictiva y exige que la conducta encuadre con precisión en
el supuesto descrito por la norma.
En particular, el numeral 6 de esa disposición presume la temeridad o mala fe cuando se
hagan transcripciones o citas «deliberadamente inexactas», expresión que alude a una
actuación voluntaria e intencionada, esto es, a que quien introduce la cita sepa que es
inexacta y, aun así, decida incorporarla al proceso para obtener un provecho. De esta
manera, la norma no sanciona la sola inexactitud objetiva de la cita, sino aquella que se
introduce con conocimiento e intención.
Este caso se diferencia de los analizados en las providencias reseñadas por cuanto (i)
en aquellos asuntos las citas inexistentes fueron introducidas por abogados que actuaban
como apoderados judiciales, de quienes, por su formación y por los deberes propios de
la profesión, es exigible el conocimiento y la verificación de las fuentes que invocan; aquí,
en cambio, las incorporó el propio demandante, sin asistencia de abogado, (ii) aquellos
casos se tramitaron en recursos extraordinarios, de naturaleza técnica y rogada, mientras
que este corresponde a una acción de tutela, mecanismo informal en el que ni siquiera
es indispensable citar la norma constitucional infringida (artículo 14 del Decreto 2591 de
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1991) y (iii) en este asunto el accionante reconoció de manera espontánea el uso de la
herramienta y el error en que esta incurrió.
Además, el señor Diego Fernando Niño Mejía es un sujeto no calificado en materia
jurídica, pues, se insiste, no tiene la condición de abogado, acudió a la acción de tutela
en nombre propio, como lo autoriza el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, y sus escritos
indican que su formación corresponde a la administración de empresas y a la gerencia
de proyectos.
Por lo expuesto, el accionante no tenía la capacidad de establecer si el contenido que la
herramienta atribuyó a las sentencias citadas era adecuado o no, pues la identificación
de una providencia, la comprensión de sus reglas y la valoración de su pertinencia exigen
un grado de comprensión, sumado a que, tampoco se advierte la intencionalidad del
accionante de inducir en error al juez de tutela pues él mismo reconoció haber acudido a
la inteligencia artificial generativa y encontrarse frente a una eventual “alucinación”, pero
reiteró que pese a ello, la tesis sostenida en la acción de tutela es acertada.
Así lo corrobora el informe de 4 de agosto de 2026, en el que el actor, con el fin de corregir
el error, invocó las sentencias T-133 de 2016 y T-254 de 2024, que existen, pero no
contienen las reglas sobre concursos de méritos que les atribuyó.
De igual manera, el estándar de verificación aplicado en las providencias reseñadas se
funda en los deberes profesionales del apoderado judicial y no puede trasladarse con el
mismo rigor a un ciudadano que actúa sin apoderado en la acción de tutela, mecanismo
informal en el que ni siquiera es indispensable citar la norma constitucional infringida
(artículo 14 del Decreto 2591 de 1991). En consecuencia, el extender a quien carece de
formación jurídica la tesis según la cual existe temeridad aun cuando se desconoce la
falsedad de la cita convertiría la presunción del numeral 6 del artículo 79 del Código
General del Proceso en una forma de responsabilidad objetiva, contraria al texto de la
norma, que exige que la inexactitud sea deliberada.
Por otra parte, se advierte que en el expediente no obra prueba de que el accionante
conociera la inexistencia de las providencias al presentar la demanda, y su buena fe se
presume en los términos del artículo 83 de la Constitución Política. Por consiguiente, una
eventual falta de diligencia no se equipará a la deliberación que exige la norma, esto
sumado a que su conducta no evidencia deslealtad, pues atendió el requerimiento de 31
de julio de 2026, rindió informe bajo la gravedad del juramento y reconoció abiertamente
el error.
También se advierte que las citas inexistentes no incidieron en la decisión, pues la Sala
advirtió oportunamente su inexistencia y por eso denegará el amparo frente al defecto
por desconocimiento del precedente. Tampoco se acreditó perjuicio alguno a la autoridad
accionada ni a los terceros vinculados, de modo que no hay lugar a aplicar la
responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 80 del Código General del Proceso.
En consecuencia, no hay lugar a declarar la temeridad ni a imponer sanción, sin embargo,
el uso de estas herramientas no exime a quien acude a la administración de justicia, aun
sin ser abogado, del deber de obrar con diligencia, por lo que se hará un llamado de
atención al accionante para que, en lo sucesivo, verifique la certeza e idoneidad de la
información que le reporte la inteligencia artificial antes de incorporarla a sus escritos
judiciales.
En suma, la Sala (i) amparará el derecho al debido proceso del tutelante frente al defecto
sustantivo, dejará sin efectos la providencia de 4 de junio de 2026 y ordenará al Tribunal
accionado proferir una decisión de reemplazo en el trámite del recurso de insistencia
25000-23-41-000-2026-00901-00, con el examen diferenciado de los soportes
documentales, los puntajes y las evidencias solicitadas, conforme a las consideraciones
aquí expuestas; (ii) negará el amparo frente al defecto por desconocimiento del
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precedente; y (iii) hará un llamado de atención al accionante para que verifique la certeza
e idoneidad de la información que le reporte la inteligencia artificial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Diego Fernando Niño
Mejía frente al defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva. En
consecuencia, se dispone:
2. Dejar sin efectos la decisión de 4 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el trámite del
recurso de insistencia 25000-23-41-000-2026-00901-00, por las razones expuestas.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
profiera una decisión de reemplazo en la que estudie nuevamente el asunto del señor
Diego Fernando Niño Mejía en el trámite del recurso de insistencia 25000-23-41-000-
2026-00901-00, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
4. Negar el amparo frente al defecto por desconocimiento del precedente invocado por
el accionante.
5. Llamar la atención del señor Diego Fernando Niño Mejía para que, en lo sucesivo,
verifique la certeza e idoneidad de la información que le reporten las herramientas de
inteligencia artificial generativa antes de incorporarla a sus escritos judiciales,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
6. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
8. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo parcialmente voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador7
7 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-004458-00
Demandante: Diego Fernando Niño Mejía
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260445800/1C7AB67799E34DC1DBFC74F8852A604EA2B519AB3EDFECDF599651A6854648E2/2

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