Ausencia de relevancia constitucional (Rad. 05001233300020260126801) – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-01268-01
Accionante: ADRIANA MARÍA MÚNERA Y OTROS
Accionado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Auto que declara falta de
competencia de la jurisdicción disciplinaria. Defectos sustantivo
desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación.
Requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Adriana María Múnera y otros, contra la sentencia de 1 de
septiembre de 2026 dictada por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó el amparo solicitado
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de agosto de 2026, la señora Adriana María Múnera Múnera junto con David
Estiven Navarro Penagos, Ledienid Patiño Maya, Yadira Gómez Uribe, Gabriel
Jaime Arango Rodríguez, Manuela Muñoz López, Ana María Pérez Restrepo,
Sergio Andrés Rodríguez Patiño, Carlos Federico Múnera Peña, Luz Mary Betancur
Areiza, Moisés Felipe Zapata Zapata, Dorancy Muñoz López y Diana Milena
Ramírez Gómez, quienes actúan en nombre propio, presentaron acción de tutela
contra la Sala Dos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con
el fin de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
efectivo a la administración de justicia, que consideraron vulnerados con el auto de
30 de abril de 2026, mediante el cual se declaró sin competencia, y con el auto de
22 de junio de 2026 que rechazó los recursos interpuestos contra esa
determinación.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. AMPARAR nuestros derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y
al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (…) vulnerados por
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia al clausurar la actuación
disciplinaria ético-profesional mediante una providencia que (…) incurrió en
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL contenido en la
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Sentencia C-899 de 2011, DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO por inaplicación
del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 y DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN
constitucionalmente suficiente (…).
SEGUNDA. Como consecuencia del amparo, DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 30
de abril de 2026 (…).
TERCERA. ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
reactivar la actuación (…) y proferir (…) una nueva decisión de fondo sobre el
alcance de su competencia disciplinaria respecto de cada uno de los abogados
denunciados y de las conductas concretamente atribuidas, aplicando el artículo 19
de la Ley 1123 de 2007, el artículo 257A de la Constitución Política y la ratio
decidendi de la Sentencia C-899 de 2011.”
2. Hechos
Los accionantes relataron que el 23 de enero de 2026 formularon queja disciplinaria
ante la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá con el fin de que
se examinara la responsabilidad funcional de los servidores del municipio de San
Pedro de los Milagros – Antioquia, que intervinieron en la expedición de los Decretos
274 y 275 de 2024, por medio de los cuales se modificó la planta de personal y se
suprimieron varios empleos, entre ellos, los que ocupaban la mayoría de los
accionantes.
Indicaron que, posteriormente, presentaron queja ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia contra los abogados José Danilo Álvarez Rodríguez,
alcalde municipal; Juan David García Patiño, jefe de la oficina jurídica, y Jesús
Alonso Arroyave Pérez, asesor jurídico contractual del mismo municipio, por
conductas que, en su criterio, podían comprometer sus deberes ético profesionales
en la preparación, revisión, defensa y justificación de los referidos decretos y de los
actos de desvinculación que de ellos se derivaron. En particular, cuestionaron que
el estudio técnico que sirvió de soporte a la supresión de cargos habría sido
elaborado o consolidado con posterioridad a su expedición, según los metadatos
del archivo, hipótesis que, a su juicio, fue corroborada por un informe del Grupo de
Informática Forense del CTI rendido en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Señalaron que en la queja invocaron el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 y la
sentencia C-899 de 2011, distinguieron la situación de cada uno de los denunciados,
aportaron el manual de funciones del jefe de la oficina jurídica y el contrato de
prestación de servicios del asesor externo y que subsidiariamente le solicitaron a la
Comisión de Disciplina Judicial que, si llegare a considerar que no tenía
competencia respecto del alcalde, separara su situación y continuara el trámite
frente a los otros dos abogados.
Manifestaron que mediante auto de 30 de abril de 2026, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia: i) se declaró sin competencia, con fundamento en
que – los denunciados se desempeñan como servidores públicos del municipio de
San Pedro de los Milagros, es a la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle
de Aburrá a quien se corresponde adelantar la respectiva investigación disciplinaria-
y en consecuencia, ii) remitió las diligencias a esa entidad, propuso conflicto
negativo de competencia en caso de que la Procuraduría no se considerara
competente y iii) ordenó cancelar la radicación.
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Por último, adujeron que interpusieron recurso de reposición contra el citado auto y,
en subsidio, de apelación, los cuales fueron rechazados por auto de 22 de junio de
2026, en el que se le indicó que los quejosos no estaban habilitados para recurrir y
que la remisión por competencia no era susceptible de recursos.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes manifestaron que se cumplieron los requisitos generales para
poder presentar el amparo constitucional contra sentencias judiciales. Respecto de
las causales especiales de procedibilidad explicó, en primer término, que se
configuró un defecto sustantivo por cuanto se resolvió el problema de competencia
sin aplicar el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 y bajo la premisa de que la sola
vinculación de los denunciados con el municipio bastaba para desplazar el control
deontológico, sin examinar si las conductas atribuidas a cada uno se desplegaron
en ejercicio efectivo de la abogacía.
En segundo lugar, manifestaron que el Tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia C-899 de 2011, porque según los
accionantes, la Comisión asumió que la competencia de la Procuraduría General de
la Nación excluía necesariamente la de la jurisdicción disciplinaria de los abogados,
cuando la Corte Constitucional precisó que ambos controles pueden concurrir
respecto de los abogados que, en razón de su vínculo con el Estado, ejercen la
profesión. Agregaron que el anuncio de un eventual conflicto negativo de
competencia evidenciaba esa comprensión excluyente.
Finalmente, sostuvieron que se configuró una Decisión sin motivación, dado que
la providencia: i) no explicó por qué el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 no
resultaba aplicable, ii) no confrontó la sentencia C-899 de 2011, no analizó
individualmente las funciones de los denunciados, iii) no resolvió la solicitud
subsidiaria de ruptura procesal e incluyó una frase ajena al asunto, según la cual el
quejoso “se duele de la gestión de la profesional del derecho, como quiera que no
puede efectuar ningún acuerdo, así como tampoco puede reinstalar el servicio”.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
La titular del despacho explicó que las conductas reprochadas, esto es, la
participación de los denunciados en la expedición de los Decretos 274 y 275 de
2024 y de los actos particulares de desvinculación, les fueron atribuidas en su
condición de alcalde, jefe de la oficina jurídica y asesor contractual del municipio, es
decir, como agentes del ente territorial en ejercicio de funciones públicas, y no en
desarrollo de actividades de asesoría, patrocinio o asistencia en los términos del
artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, de manera que su control corresponde a la
Procuraduría General de la Nación, conforme a los artículos 2 y 92 de la Ley 1952
de 2019.
De manera particular sostuvo que sí bien los denunciados ostentaban la calidad de
abogados, las actuaciones objeto de reproche, que se concretaron en -presuntas
irregularidades derivadas de la expedición de los decretos municipales 274 y 275
de 2024 y de los actos administrativos particulares de desvinculación-, les fueron
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atribuidas a aquellos como resultado de las funciones que desempeñaban al
servicio del municipio de San Pedro de los Milagros, esto es, como agentes del ente
territorial y que ninguno de ellos, ni siquiera el asesor jurídico, actuó
concomitantemente en la asesoría, patrocinio o asistencia del ente territorial, sino
como agentes del mismo en el desarrollo de sus funciones constitucionales y
legales.
Precisó que la remisión no implicó el archivo de la queja ni una denegación de
justicia y que se trató de un auto de trámite contra el cual no procedían recursos.
Finalmente, solicitó negar el amparo y remitió el enlace del expediente de la
actuación disciplinaria 0500125020002026-01038-00.
4.2. Respuesta de autoridades municipales de San Pedro de los Milagros –
Antioquia
El alcalde y el jefe de asesoría jurídica pidieron negar la tutela. Sostuvieron que los
accionantes confundieron la calidad profesional de abogado con el ejercicio de una
función pública por quien ostenta ese título, y también que las conductas
denunciadas corresponden a atribuciones propias de la administración municipal en
materia de planta de personal, cuyo examen disciplinario se mantiene en la
Procuraduría.
Agregaron entre otros argumentos que los vinculados no son quienes expidieron las
providencias objeto de tutela, que no puede edificarse responsabilidad disciplinaria
objetiva fundada exclusivamente en la profesión o en la denominación de un cargo
dentro de la administración pública y que no todo servidor público que sea abogado
queda sometido al régimen disciplinario del abogado.
4.3. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá, a través de apoderado
designado dentro de su misma planta de personal, informó que el expediente
disciplinario recibido se registró bajo el núm. E-2026-270641 se encuentra en etapa
de valoración o estudio preliminar y está asignado a la Procuraduría Provincial del
Valle de Aburrá.
Sin perjuicio que el asunto disciplinario ya esté en la procuraduría, manifestó que
conforme a la sentencia C-899 de 2011, el control funcional y el ético-profesional
pueden coexistir y que la remisión no debería implicar automáticamente la clausura
del examen deontológico.
Finalmente, solicitó desestimar las pretensiones formuladas en lo que a ella
respecta, en la medida que no se han vulnerado los derechos alegados y que las
circunstancias objeto de controversia corresponden a actuaciones y situaciones
ajenas al ámbito de intervención de esta entidad, sin que exista elemento alguno
que permita predicar una incidencia material o jurídica de la Procuraduría General
de la Nación en los hechos alegados.
4.4. Los demás vinculados, guardaron silencio.
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5. Sentencia de tutela impugnada
La Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 1
de septiembre de 2026 negó la solicitud de amparo, bajo el argumento de que no
se demostró la configuración de los defectos invocados referentes a
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia C-899 de 2011;
defecto material o sustantivo por inaplicación del artículo 19 de la ley 1123 de 2007
y carencia de motivación suficiente por omisión de pronunciamiento sobre aspectos
relevantes para determinar la competencia.
Sobre el particular, indicó que no se demostró la configuración del desconocimiento
del precedente, explicó que la sentencia C-899 de 2011 no estableció que toda
conducta de un servidor público abogado deba someterse simultáneamente a
ambos controles, sino que estos concurren solo cuando, además de la función
pública, existe ejercicio efectivo de la profesión, y que la Comisión no negó la
concurrencia en abstracto, sino que estimó que los hechos no correspondían a ese
supuesto.
Frente al defecto sustantivo señaló que la autoridad accionada no dejó de aplicar el
artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, sino que interpretó que las conductas,
relacionadas con la modificación de la planta de personal, no encajaban en él.
Por último, en relación con la falta de motivación consideró que el auto contiene una
motivación identificable y susceptible de control, y que la inconformidad de los
accionantes recae sobre la corrección jurídica del razonamiento y no sobre la
ausencia de razones.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los
accionantes impugnaron el fallo de primera instancia y solicitaron revocarlo para, en
su lugar, acceder al amparo.
Sostuvo que contrario a lo manifestado en el fallo de primera instancia, el tribunal
accionado atribuyó al auto de 30 de abril de 2026 razones que no aparecen en él y
que solo fueron expuestas por la magistrada accionada en el informe de tutela,
como el análisis de los verbos rectores del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 y el
denominado -test de verificación- de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Agregó que la sentencia recurrida partió de una premisa documentalmente
incorrecta, porque la única fundamentación del auto que declaró la incompetencia
fue la condición de servidores públicos denunciados e indicó que la motivación del
acto fue insuficiente, pues lo omitido era determinante para la configurar la
competencia.
Manifestó que no se aplicó de manera completa la ratio decidendi de la sentencia
C-899 de 2011, que mencionó a los directores jurídicos de las entidades públicas
como ejemplo de servidores que ejercen la profesión, y se confundió la naturaleza
administrativa del acto asesorado con la naturaleza jurídica de la actividad del
asesor. Asimismo, señaló que no se tuvo en cuenta la decisión de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 11 de junio de 2025, que declaró
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competente a una comisión seccional de disciplina judicial para investigar a una
abogada externa de una alcaldía por la revisión jurídica de actos administrativos,
caso que considera análogo al del asesor Jesús Alonso Arroyave Pérez.
Para terminar, indicó que su solicitud subsidiaria de separación de situaciones
nunca fue resuelta, y la cancelación de la radicación produjo un efecto
materialmente terminal e inhibitorio respecto del control ético-profesional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 1 de septiembre de 2026 dictada por la Sala Tercera
del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negó las pretensiones de la
acción de tutela y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda porque
se configuran los defectos en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y
decisión sin motivación, alegados por la parte actora.
De manera previa se verificará si la solicitud cumple con el requisito de relevancia
constitucional necesario para su estudio de fondo, el cual es susceptible de ser
verificado de oficio por el juez de tutela inclusive en el trámite de la segunda
instancia, como una salvaguarda de los principios de cosa juzgada, seguridad
jurídica y especialidad del juez natural. Para ese efecto, la Sala no se encuentra
vinculada por la conclusión a la que sobre este punto arribó el juez de primera
instancia.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
de que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Adriana María Múnera y otros, quienes actúan en nombre propio,
presentaron acción de tutela contra la Sala Dos de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, con el fin de que el juez constitucional ampare sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
que consideraron vulnerados con el auto de 30 de abril de 2026, mediante el cual
declaró sin competencia para conocer de la queja que formularon contra los
abogados José Danilo Álvarez Rodríguez, Juan David García Patiño y Jesús Alonso
Arroyave Pérez y la remitió a la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de
Aburrá, y con el auto de 22 de junio de 2026, que rechazó los recursos interpuestos
contra el primero.
En primera instancia, la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia por
medio de la sentencia de 1 de septiembre de 2026, negó las pretensiones de la
tutela, al considerar que la autoridad accionada no desconoció la sentencia C-899
de 2011 ni el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, sino que estimó, de manera
razonable, que las conductas denunciadas correspondían al ejercicio de funciones
administrativas y no al ejercicio de la abogacía, y que su decisión contenía una
motivación identificable. La parte accionante impugnó esa decisión con el
argumento de que el a quo valoró una motivación construida ex post en el informe
de tutela, aplicó de forma incompleta la regla fijada en la sentencia C-899 de 2011
y omitió el análisis individual de la situación del jefe de asesoría jurídica y del asesor
contractual del municipio.
De conformidad con lo anterior y de la revisión de los argumentos expuestos en la
solicitud de tutela y en la impugnación, la Sala advierte que el asunto no supera el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se revocará la decisión de primera
instancia que negó el amparo y, en su lugar, se declarará improcedente la acción
de tutela.
En primer lugar, la controversia planteada es, en esencia, de mera legalidad. Lo
que los accionantes debaten es si las conductas atribuidas a tres abogados
vinculados al municipio de San Pedro de los Milagros – Antioquia, con ocasión de
la supresión de cargos de su planta de personal se desplegaron en ejercicio de la
profesión, en los términos del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 -caso en el cual
también serían objeto del régimen disciplinario del abogado-, o si se enmarcan
exclusivamente en el ejercicio de la función pública, cuyo control corresponde a la
Procuraduría General de la Nación conforme a los artículos 2 y 92 de la Ley 1952
de 2019.
Se trata de un problema de distribución de competencias entre dos autoridades
disciplinarias, cuya solución depende de la interpretación de normas legales y de la
valoración de las funciones y obligaciones de cada denunciado, asunto que
corresponde definir a las autoridades disciplinarias en el marco de sus
competencias.
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La invocación de la sentencia C-899 de 2011 no modifica esa conclusión. Esa
providencia fijó el alcance del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 en el sentido de
que los abogados que, en razón de su vínculo con el Estado, deben ejercer la
profesión quedan sujetos al Código Disciplinario del Abogado por las faltas
cometidas en ese ejercicio, sin que ello excluya la competencia de los órganos
encargados de vigilar la función pública. Ninguna de las partes desconoce esa
regla. La propia Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia en su
informe admitió que un abogado que desempeña funciones públicas puede quedar
sometido al régimen disciplinario profesional cuando su conducta se relaciona
materialmente con el ejercicio de la abogacía. La discrepancia se reduce, entonces,
a si las conductas concretas denunciadas encajan o no en ese supuesto, lo que
constituye un juicio de subsunción propio de la legalidad ordinaria y no un debate
sobre el contenido o alcance de un derecho fundamental.
En segundo lugar, los argumentos de la tutela coinciden con los planteados ante la
autoridad disciplinaria y buscan obtener una revisión que el legislador no previó.
Los propios accionantes reconocieron en la solicitud de amparo que en el recurso
formulado contra el auto de 30 de abril de 2026 pusieron en conocimiento de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia por la presunta falta de
motivación de la decisión, la omisión del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, el
alcance del artículo 257A de la Constitución, la falta de aplicación de la sentencia
C-899 de 2011, la necesidad de diferenciar las situaciones del alcalde, del jefe de
asesoría jurídica y del asesor contractual, la posible coexistencia del control
funcional y del ético-profesional, la falta de pronunciamiento sobre la ruptura
procesal y el efecto inhibitorio de la cancelación de la radicación.
La autoridad judicial accionada resolvió el asunto a partir de una razón expresa –
que los denunciados actuaron como servidores públicos del municipio y, por ende,
la investigación correspondía a la Procuraduría General de la Nación- y rechazó los
recursos porque el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007 limita las
facultades del quejoso y el parágrafo del artículo 79 ibidem excluye los recursos
contra las decisiones de simple trámite, como la remisión por competencia. En ese
contexto, la acción de tutela no plantea un debate distinto al que fue propuesto ante
el juez natural, sino que pretende que el juez constitucional actúe como la segunda
instancia que el legislador no previó para esta clase de decisiones, con el fin de que
reexamine la interpretación del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 y la valoración
de las funciones de cada uno de los denunciados.
En este orden de ideas, existen similitudes en los argumentos de la queja
disciplinaria y los argumentos que se plantean en el escrito de tutela. Sobre el
particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20195 estableció que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
5 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”6.
En la sentencia SU-215 de 20227, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”. De allí que “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
A su vez, en sentencia SU-451 de 20248, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de obtener que el juez constitucional defina, en lugar de las
autoridades disciplinarias, cuál de ellas es competente para examinar la conducta
de los abogados denunciados, controversia de naturaleza legal que no compromete
de manera directa derechos fundamentales y que fue puesta en conocimiento de la
autoridad accionada, de modo que pretende utilizar el amparo en detrimento de su
naturaleza, razón por la cual no supera el requisito de relevancia constitucional.
Adicionalmente, se trata de un trámite que se encuentra en curso, por lo que no
existe una decisión definitiva que pueda comprometer los derechos fundamentales
de la parte actora, de manera que la intervención del juez constitucional no resulta
procedente.
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia impugnada proferida por
la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 1 de septiembre de 2026 dictada por la Sala
Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó el amparo solicitado. En
su lugar,
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Adriana
María Múnera, David Estiven Navarro Penagos, Ledienid Patiño Maya, Yadira
6 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
7 M.P. Natalia Ángel Cabo.
8 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Radicación: 05001-23-33-000-2026-01268-01
Accionante: Adriana María Múnera y otros
Gómez Uribe, Gabriel Jaime Arango Rodríguez, Manuela Muñoz López, Ana María
Pérez Restrepo, Sergio Andrés Rodríguez Patiño, Carlos Federico Múnera Peña,
Luz Mary Betancur Areiza, Moisés Felipe Zapata Zapata, Dorancy Muñoz López y
Diana Milena Ramírez Gómez, quienes actúan en nombre propio, contra Sala Dos
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020260126801/DDEE2A7DBD18B6A178F82E0FC88F6D58C6B36116A274DAF32564BA09E76659C0/2

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