Procedencia de aclaración de voto – Fecha Publicación: 02/07/2026

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Extracto del documento

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00624-01 (29612)
Demandante: Gerardo Gómez Díez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00624-01 (29612)
Demandante: Gerardo Gómez Díez
Demandada: DIAN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA CLAUDIA RODRÍGUEZ
VELÁSQUEZ A LA SENTENCIA DEL 14 DE MAYO DE 2026 C.P. LUIS ANTONIO
RODRÍGUEZ MONTAÑO
Con el debido respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, este
Despacho se permite aclarar el voto frente a la providencia de la referencia, mediante
la cual se confirmó la improcedencia de las sanciones por no enviar información y por
no actualizar el Registro Único Tributario (RUT), por las razones que se exponen a
continuación:
(i) Sobre la sanción por no enviar información
La Sala consideró que la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario1 —
vigente en la época de los hechos— no podía imponerse dentro de la liquidación oficial
de revisión correspondiente al año gravable 2015, por cuanto la información solicitada
mediante el requerimiento ordinario recaía sobre el patrimonio bruto del contribuyente
correspondiente al año 2014. Bajo esa premisa, concluyó que dicha información no
guardaba correspondencia con el período fiscalizado y no incidía en la base de
cuantificación ni en el monto del tributo determinado en la liquidación oficial, razón por
la cual estimó que la Administración debía ejercer su potestad sancionatoria mediante
resolución independiente.
Al respecto, si bien este Despacho comparte que las sanciones impuestas dentro del
procedimiento de determinación deben observar los criterios fijados por la sentencia
de unificación del 3 de septiembre de 20202, considera que el análisis efectuado en
esta oportunidad restringe indebidamente el alcance de la regla según la cual «Las
sanciones establecidas en procesos de determinación deben coincidir con el tributo, periodo,
bases de cuantificación y monto del gravamen, cuando afecten la base de imposición», pues
la circunstancia de que la información solicitada correspondiera al patrimonio bruto a
31 de diciembre de 2014 no implica, por sí sola, que careciera de relación con la
fiscalización del año gravable 2015. Por el contrario, dicho patrimonio constituye el
saldo inicial del período objeto de investigación, de manera que su conocimiento
resultaba relevante para verificar la evolución patrimonial del contribuyente y para el
adecuado ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración.
Desde esta perspectiva, para establecer la correspondencia entre la información
requerida y el procedimiento de determinación, basta con que aquella sea pertinente
para el ejercicio de las facultades de fiscalización respecto del período investigado. No
obstante, en el caso concreto no se efectuaron liquidaciones con fundamento en
comparaciones patrimoniales injustificadas entre el periodo 2014 y 2015 por parte de
la DIAN, con lo cual se concluye que la información que el obligado no remitió no fue
tomada en cuenta para el cálculo del impuesto en el proceso de liquidación y en el
cálculo de las sanciones correspondientes. Siendo así, se comparte la decisión
relacionada con la no imposición de la sanción, pero se aclara que bien podría haberse
1 ”Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado
informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no
corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción (…)”
2 Sentencia del 3 de septiembre de 2020, Exp. 24264 CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00624-01 (29612)
Demandante: Gerardo Gómez Díez
utilizado para efectos de efectuar cálculos fiscales en el periodo 2015 y su negativa a
ser remitida podía implicar una afectación, a la DIAN, en su labor de fiscalización.
En suma, lo que no se comparte de la decisión mayoritaria es la conclusión según la
cual los saldos patrimoniales a 31 de diciembre el año inmediatamente anterior no es
pertinente ni tiene relación directa con el análisis de la declaración tributaria de una
determinada vigencia. Se insiste en que, del estudio de esa información, se obtienen
datos relevantes que orientan la situación tributaria del periodo fiscal analizado;
incluso, es a partir de ella que se puede hacer un análisis detallado de una renta por
comparación patrimonial, la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes.
(ii) Sobre la sanción por no actualización del Registro Único Tributario
La Sala concluyó que la conducta atribuida al contribuyente no se subsumía en el
supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario3, por cuanto
la Administración fundamentó la sanción en una verificación realizada durante el
proceso de fiscalización adelantado con posterioridad (en 2019), consistente en
demostrar que el contribuyente no desarrollaba realmente la actividad económica
registrada en el RUT. En su criterio, esa constatación posterior no podía proyectarse
retroactivamente para justificar la imposición de una sanción correspondiente al año
gravable 2015.
Este Despacho comparte la conclusión según la cual la sanción no resultaba
procedente. Sin embargo, considera que la improcedencia deriva de una razón distinta.
En efecto, el deber de actualizar el RUT no surge de la comprobación que
posteriormente realice la Administración en el marco de un procedimiento de
fiscalización, sino desde el momento en que ocurre el hecho que modifica la
información registrada. Por ello, el análisis no debía centrarse en la aplicación
retroactiva de la verificación efectuada por la Administración, sino en determinar si esta
acreditó el supuesto que configuraba la obligación de actualizar el RUT y el momento
a partir del cual surgió dicho deber, en observancia del cumplimiento del término legal.
En los anteriores términos, se dejan planteadas las razones de la aclaración.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
3 Artículo 658-3. Sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y obtención del NIT. “(…)
3. Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, por parte de las
personas o entidades inscritas en el Registro Único Tributario, RUT.
Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la actualización de la información. Cuando la
desactualización del RUT se refiera a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por
cada día de retraso en la actualización de la información.”
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020190062401/C13130C7D43DE8A6CF1A9E2F81C951AD9D9D825A722A26E6AD39D8BD72795C62/2

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