Procedencia de aclaración de voto – Fecha Publicación: 01/07/2026

Consulte nuestros servicios en Revisoría Fiscal – Precios de Transferencia – OutSourcing Contable y Nomina

Extracto del documento

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00573-01 (30448)
Demandante: Vatia S.A. ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00573-01 (30448)
Demandante: Vatia S.A. ESP
Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
ACLARACIÓN DE VOTO A LA SENTENCIA DEL 18 DE JUNIO DE 2026 C.P.
WILSON RAMOS GIRÓN.
Con el debido respeto por la decisión adoptada por la Sala, este Despacho se permite
aclarar su voto respecto de la providencia de la referencia, mediante la cual se declara
la legalidad de los actos administrativos que determinaron el tributo previsto en el
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de la demandante para el periodo
gravable 2021.
La presente aclaración se formula porque, si bien se comparte la conclusión a la que
arribó la Sala, se estima necesario precisar el fundamento jurídico que permite afirmar
la validez de los actos demandados.
En la providencia aprobada se sostiene, como contenido interpretativo, que «la
declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, efectuada
mediante las sentencias C-464 de 2020 y C-147 de 2021, no afectó las contribuciones
adicionales correspondientes a la vigencia 2021 que ya se encontraron causadas al momento
de adoptarse dicha decisión, razón por la cual la demandada conservaba la competencia para
liquidar y recaudar el tributo con fundamento en las disposiciones vigentes para ese período
gravable». En esa línea, la Sala precisó que la alusión a la situación jurídica
consolidada «debe interpretarse restrictivamente en ese contexto de que pudiera ser
recaudado el tributo por las anualidades 2020 y 2021 (…) y no bajo el entendimiento que ha
tenido la Sección Cuarta de la categoría jurídica de situación jurídica consolidada».
Bajo la anterior consideración, si bien la Sala advirtió la noción de situación jurídica
consolidada empleada por la Corte Constitucional en este contexto, se estima
necesario precisar que dicha restricción interpretativa debe extenderse también al
alcance mismo de la habilitación que de allí se deriva. En efecto, la presente decisión
no puede erigirse en un criterio interpretativo de carácter general aplicable a otros
asuntos en los que se debata la aplicación de normas declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional, ya sea como fundamento de actos administrativos o como
referente de decisiones sometidas a control jurisdiccional, en la medida en que su
validez se encuentra estrictamente delimitada por las particularidades del caso
analizado.
El carácter restrictivo de la interpretación que sirvió de base a la decisión obedece a
que, en el caso concreto, la Sala simplemente reconoció los efectos modulados que la
propia Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-464 de 2020, en relación con
los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. Por tanto, esta circunstancia impone
una lectura estrictamente contextual y restringida de la decisión adoptada, sin que de
ella pueda derivarse una regla general aplicable a supuestos fácticos o jurídicos
distintos.
En efecto, el Tribunal Constitucional señaló, en el aparte resolutivo del fallo
mencionado, lo siguiente: «Declarar INEXEQUIBLES los artículos 18 (salvo la expresión
indicada en el resolutivo primero) y 314 de la Ley 1955 de 2019 […]. La declaratoria de
inexequibilidad prevista en el resolutivo segundo surtirá efectos a partir del primero (1°) de
enero de dos mil veintitrés (2023)» (Se subraya). Fue precisamente ese diferimiento
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00573-01 (30448)
Demandante: Vatia S.A. ESP
temporal, explícito y debidamente motivado en la propia decisión de constitucionalidad,
el que habilitó la actuación de la Administración y la consecuente declaratoria de
legalidad de los actos demandados.
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional fue específica al señalar, en el numeral
76 de la Sentencia C-147 de 2021, que la declaratoria de inexequibilidad del artículo
314 de la Ley 1955 de 2019 operó con efectos ex nunc —hacia el futuro—, y que,
consiguientemente, «las contribuciones que ya se hayan causado conforme a la ley, con
anterioridad a la fecha de esta sentencia, podrán ser cobradas, independientemente del
procedimiento establecido en la ley para su liquidación y pago» (Se subraya y se resalta).
Fue en virtud de dicha salvaguarda constitucional que las obligaciones causadas el 1°
de enero de 2021 quedaron habilitadas para ser objeto de fiscalización, liquidación y
cobro, sujetas al contenido de una norma que se encontraba expulsada del
ordenamiento jurídico al momento de la determinación y cobro. El alcance de esta
autorización quedó estrictamente delimitado por los parámetros expresamente fijados
por el juez constitucional en sus propias providencias, los cuales condicionaron la
eficacia temporal de la declaratoria de inexequibilidad.
Por lo anterior, es una tarea pendiente de esta Sección abordar el debate consistente
en la interacción de (i) la presunción de constitucionalidad de una norma al momento
de su causación frente al hecho de que (ii) esa norma se encuentre expulsada del
ordenamiento jurídico al momento de la fiscalización, determinación y cobro del
impuesto. Esto, considerando que en materia tributaria pueden existir situaciones
jurídicas no consolidadas que tuvieron su origen durante la presunción de
constitucionalidad (causación); pero, solo vienen a consolidarse (fiscalización,
determinación y cobro) cuando la norma que les sirve de sustento ha sido declarada
inconstitucional. Este asunto, por regla general —salvo en supuestos como el del fallo
que se aclara— no suele ser objeto definido por parte de la Corte Constitucional en la
modulación de los efectos del fallo, por lo que resulta necesario evaluar, en cada caso
concreto, si su abordaje debe realizarse bajo la teoría general del acto jurídico.
En consecuencia, se reitera, a juicio de este Despacho, que la sentencia que se aclara
no puede ni debe tomarse como referente interpretativo definitivo, ni de aplicación
automática, frente a otras controversias que involucren la aplicación de normas legales
retiradas del ordenamiento jurídico por vicios de inconstitucionalidad.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233700020220057301/C9BD1B65D7228FE0A60F995D4C728C9CC2B7733A605FF763CBD0FF06F1042337/2

Nuestros Servicios:

Consulta en nuestros servicios en Revisoría Fiscal outsourcing Colombia.

◆Revisoría Fiscal
◆Outsourcing Contable
◆Asesoría Tributaria
◆Consultoría Legal
◆Asesoría Financiera
Contáctenos →