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Improcedencia tutela por irrelevancia – Fecha Publicación: 05/11/2026

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260611200

Interno: 9646

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Debe declararse improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, cuando el accionante pretende que el juez constitucional revalore un informe técnico allegado extemporáneamente y ordene la práctica de un cotejo de voz, pese a que tales asuntos fueron resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al decidir la apelación dentro del proceso disciplinario?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6

— Resumen —

Resumen

El Consejo de Estado (Sección Cuarta) resolvió la impugnación de una acción de tutela interpuesta por un abogado contra sentencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El proceso disciplinario original, regido por la Ley 1123 de 2007, sancionó al profesional con seis meses de suspensión por faltas a la ética profesional. El demandante alegaba la configuración de defectos fácticos, procedimentales y sustantivos, fundamentados principalmente en la omisión de una prueba técnica de cotejo de voz y la falta de valoración de un informe pericial aportado mediante un enlace digital que presentó errores de acceso. La Sala determinó que la acción es improcedente al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues advirtió que el actor pretendía utilizar la tutela como una “tercera instancia” para reabrir un debate probatorio que ya fue agotado y resuelto por el juez natural en la jurisdicción disciplinaria.

Preguntas Centrales

¿Supera la acción de tutela el requisito de relevancia constitucional cuando los argumentos coinciden con los recursos ordinarios ya resueltos?

No. El documento concluye que la tutela carece de relevancia constitucional si se limita a reiterar las mismas inconformidades expuestas en el recurso de apelación ante la autoridad disciplinaria. La protección constitucional no puede utilizarse para prolongar debates de mera legalidad o valoraciones probatorias que ya fueron decididas bajo la autonomía del juez natural.

¿Se vulneró el debido proceso por la no práctica de la prueba de cotejo de voz o la exclusión de un informe técnico defectuoso?

No. El documento indica que la imposibilidad de realizar el cotejo de voz fue debidamente justificada por las limitaciones técnicas del aparato estatal y que el silencio del investigado ante los traslados fue interpretado como un desistimiento tácito. Respecto al informe técnico, se determinó que fue presentado de forma extemporánea y con errores técnicos, operando el principio de preclusividad.

Fundamentación Clave

Requisitos de Procedibilidad contra Providencias Judiciales

  • La tutela contra sentencias es excepcional y exige el cumplimiento estricto de requisitos generales (inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional) y especiales (defectos fácticos, sustantivos, etc.).
  • El examen de relevancia constitucional busca evitar que el juez de tutela interfiera indebidamente en la autonomía e independencia judicial.

Valoración Probatoria y Debido Proceso

  • Bajo la Ley 1123 de 2007, las etapas procesales son preclusivas. Aportar pruebas después de los alegatos de conclusión resulta inoportuno.
  • La jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado (Sentencia SU-371 de 2021) establece que las grabaciones realizadas por uno de los interlocutores son pruebas válidas y no ilícitas para demostrar faltas disciplinarias.

Defecto Fáctico y Exceso Ritual Manifiesto

  • No existe defecto fáctico cuando la autoridad fundamenta su decisión en un análisis conjunto del acervo (quejas, correos y piezas procesales) y no solo en una prueba cuestionada.
  • No hay exceso ritual manifiesto al no valorar un enlace digital roto si el interesado no garantizó la accesibilidad del documento dentro de las oportunidades legales.

Conclusión

La tesis principal de la sentencia es la improcedencia del amparo por ausencia de relevancia constitucional. En el marco de un proceso disciplinario sobre el ejercicio de la abogacía, la ratio decidendi señala que la tutela no es un mecanismo adicional para revaluar pruebas ni para subsanar la negligencia procesal de las partes, siempre que el juez natural haya motivado razonablemente la negativa de pruebas y la valoración de la responsabilidad basada en el principio de preclusividad y la sana crítica.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
BogotÆ, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintisØis (2026)
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-06112-00
Demandante JOS(cid:201) LUIS TORRES MART˝NEZ
Demandado COMISI(cid:211)N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas Acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales. Proceso disciplinario de
abogado. Ley 1123 de 2007. Prueba pericial. Defecto fÆctico,
procedimental, sustantivo y por violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n.
Requisitos generales de procedibilidad: relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Secci(cid:243)n Cuarta decidir en primera instancia la acci(cid:243)n de tutela
instaurada por el seæor JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez, de conformidad con lo dispuesto
en los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de agosto de 2026, el seæor JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez, actuando en nombre
propio, instaur(cid:243) acci(cid:243)n de tutela contra la Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina Judicial
de BogotÆ y la Comisi(cid:243)n Nacional de Disciplina Judicial por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, al m(cid:237)nimo vital, a la
seguridad social, al trabajo y al acceso a la administraci(cid:243)n de justicia con ocasi(cid:243)n
de las sentencias dictadas el 27 de mayo y del 22 de julio de 2026 en el trÆmite del
proceso disciplinario 11001-25-02-000-2021-02939-00/01.
En el escrito de tutela formul(cid:243) las siguientes pretensiones:1
(Transcripci(cid:243)n literal)
«PRIMERA. Amparar de manera transitoria e inmediata mis derechos fundamentales al
debido proceso (art(cid:237)culo 29 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica), al derecho de defensa y contradicci(cid:243)n,
al trabajo (art(cid:237)culo 25 ibidem), al m(cid:237)nimo vital, a la seguridad social, al acceso efectivo a la
administraci(cid:243)n de justicia y a la tutela judicial efectiva, al haberse configurado una vulneraci(cid:243)n
directa y actual como consecuencia de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del
proceso disciplinario objeto de esta acci(cid:243)n constitucional.
SEGUNDA. Como consecuencia del amparo constitucional, dejar provisionalmente sin
efectos el numeral tercero de la sentencia de segunda instancia proferida por la Comisi(cid:243)n
Nacional de Disciplina Judicial, mediante el cual se confirm(cid:243) la sanci(cid:243)n disciplinaria
consistente en la suspensi(cid:243)n por seis (6) meses del ejercicio profesional, impuesta
inicialmente mediante sentencia de 27 de mayo de 2026 por la Comisi(cid:243)n Seccional de
Disciplina Judicial de BogotÆ, hasta tanto se adopte la decisi(cid:243)n definitiva dentro del presente
trÆmite constitucional o, en su defecto, se profiera una nueva providencia respetuosa de las
garant(cid:237)as constitucionales del debido proceso.
TERCERA. Ordenar a la autoridad disciplinaria competente adoptar todas las medidas
necesarias para restablecer integralmente mis derechos fundamentales, dejando sin eficacia
cualquier actuaci(cid:243)n administrativa o registral que impida el ejercicio de mi profesi(cid:243)n mientras
permanezca vigente la medida de protecci(cid:243)n constitucional».
1 Samai, (cid:237)ndice 2. «3ED_DEMANDA_3_8_202614_1(.pdf) NroActua 2», pp. 2-3.
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Demandante: JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez
2. Hechos
Del escrito de tutela y sus anexos y del memorial con el que le dio alcance a su
amparo se reseæan los siguientes antecedentes2:
2.1. El 6 de agosto de 2021, el seæor JosØ Nelson Yate Rodr(cid:237)guez present(cid:243) queja
contra el abogado JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez, quien actuaba como apoderado
de v(cid:237)ctimas en el proceso penal 11001-60-00-028-2021-01134-00, en el cual el
quejoso era procesado y cumpl(cid:237)a una medida de aseguramiento preventiva en
su residencia.
En la queja afirm(cid:243) que, el 22 de julio de 2021, el abogado investigado lo visit(cid:243)
junto con su entonces defensor, Jaime Garc(cid:237)a SicachÆ, para explicarle una
propuesta de preacuerdo que inclu(cid:237)a un pago de $100.000.000 para reparar a
las v(cid:237)ctimas. Relat(cid:243) tambiØn que, en comunicaciones posteriores, el abogado
Torres Mart(cid:237)nez le solicit(cid:243) el pago de $5.000.000 para aplazar o retirar una
solicitud de audiencia dirigida a revocar la detenci(cid:243)n domiciliaria y que en su
lugar se le impusiera medida de aseguramiento intramural, y ofreci(cid:243) ayudar en
su defensa, pidiØndole no comunicar ese ofrecimiento a su nuevo abogado.
2.2. El conocimiento del mencionado proceso le correspondi(cid:243) en primera instancia
a la Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina Judicial de BogotÆ bajo el radicado
11001-25-02-000-2021-02939-00.
2.3. Mediante auto del 5 de octubre de 2021 se dispuso la apertura del proceso
disciplinario contra el abogado JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez y se convoc(cid:243) a la
audiencia de pruebas y calificaci(cid:243)n provisional para el 14 de junio de 2022.
Esta audiencia fue reprogramada, por lo que se adelant(cid:243) el 11 de octubre de
2022, el 22 de marzo y el 30 de mayo de 2023.
2.4. En la sesi(cid:243)n del 30 de mayo de 2023 se escuch(cid:243) al quejoso, a los testigos y
al investigado en versi(cid:243)n libre, y se formularon cargos por la posible
inobservancia del deber previsto en el numeral 6 del art(cid:237)culo 28, y de la falta
descrita en el numeral 9 del art(cid:237)culo 33 de la Ley 1123 de 2007, a t(cid:237)tulo de
dolo. En esa audiencia el disciplinado solicit(cid:243) una prueba especializada de
identificaci(cid:243)n de voz, la cual fue decretada por la magistrada.
2.5. La audiencia de juzgamiento se llev(cid:243) a cabo el 26 de julio y el 1 de agosto de
2023.
En 26 de julio de 2023, la magistrada indic(cid:243) que en respuesta a los
requerimientos relacionados con la prueba de cotejo de voz, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses inform(cid:243) que no contaba con
personal contratado ni con los equipos especializados para realizarlo, por lo
que esa autoridad indic(cid:243) que dio traslado del requerimiento a la Direcci(cid:243)n de
Investigaci(cid:243)n Criminal e Interpol de la Polic(cid:237)a Nacional y a la Direcci(cid:243)n
Nacional del Cuerpo TØcnico de Investigaci(cid:243)n CTI de la Fiscal(cid:237)a General de la
Naci(cid:243)n al considerar que son entidades que posiblemente pod(cid:237)an realizar la
prueba requerida. Esta œltima autoridad remiti(cid:243) oficio informando al despacho
que no era posible atender el requerimiento en raz(cid:243)n a que no contaba con
personal disponible para asignar las actividades dispuestas ya que los
servidores adelantaban gestiones propias de polic(cid:237)a judicial dentro de los
procesos penales que ten(cid:237)an a cargo.
2.6. En la audiencia del 1 de agosto de 2023, dada la imposibilidad de practicar
esta prueba, el investigado al iniciar la audiencia anunci(cid:243) que aportar(cid:237)a por sus
propios medios un informe tØcnico sobre el manejo de las evidencias digitales
2 Samai, (cid:237)ndice 2 y 4.
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Demandante: JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez
con la anuencia de la magistrada, y con posterioridad se adelantaron los
alegatos de conclusi(cid:243)n en donde el seæor Torres Mart(cid:237)nez mencion(cid:243) apartes
del informe tØcnico.
2.7. El 27 de mayo de 2026, la Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina Judicial de BogotÆ
dict(cid:243) fallo en el que declar(cid:243) disciplinariamente responsable al abogado por
incurrir, a t(cid:237)tulo de dolo, en la falta prevista en el numeral 9 del art(cid:237)culo 33 de
la Ley 1123 de 2007 y desconocer el deber del numeral 6 del art(cid:237)culo 28 de la
misma ley. Le impuso la suspensi(cid:243)n del ejercicio profesional por seis meses.
Como fundamento seæal(cid:243) que, en lo relacionado con la tipicidad, las
grabaciones no cambiaron de estatus durante el juzgamiento, a pesar de que
el «profesional del derecho en sus alegatos de conclusi(cid:243)n indic(cid:243) que aportar(cid:237)a un dictamen
pericial, los archivos que envi(cid:243) luego de concluida la audiencia de juzgamiento presentan un
error que impide su visualizaci(cid:243)n», pues la fuerza probatoria de las demÆs pruebas
permit(cid:237)a concluir que el disciplinable actu(cid:243) con la intenci(cid:243)n de aconsejar al
seæor Yate Rodr(cid:237)guez, supuestamente en su beneficio, pero a condici(cid:243)n de
que realizara un pago de dinero ileg(cid:237)timo.
Frente a la antijuridicidad explic(cid:243) el rol del abogado en la sociedad y luego
indic(cid:243) que en el caso concreto «los medios de prueba obrantes en el expediente,
espec(cid:237)ficamente las documentales presentadas con la queja, las grabaciones de las
conversaciones del 26 de julio de 2021 y el 5 de agosto de 2021 y la declaraci(cid:243)n del quejoso»
ratificaban que el abogado Torres Mart(cid:237)nez falt(cid:243) al deber consagrado en el
numeral 6 del art(cid:237)culo 28 del C(cid:243)digo Disciplinario del Abogado al incurrir en
falta consagrada en el numeral 9 del art(cid:237)culo 33 de la Ley 1123 de 2007, al
aconsejar e intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos
y buscando un beneficio propio.
Respecto a la culpabilidad indic(cid:243) que la modalidad imputada en la falta fue
dolosa pues: pese a que en principio pretend(cid:237)a promover un preacuerdo,
posteriormente de manera intimidatoria quiso provocar un provecho personal;
la solicitud de dinero la hizo en provecho propio; el abogado present(cid:243) una
solicitud de revocatoria de medida para que al quejoso se le modificara su
detenci(cid:243)n domiciliaria por intramural reforzando su plan intimidatorio; las
llamadas que le hizo al seæor Yate fueron realizadas desde un nœmero oculto
lo que demostraba premeditaci(cid:243)n; no obraba justificaci(cid:243)n para que el abogado
aconsejara e interviniera en actos fraudulentos en detrimento de intereses
ajenos; utiliz(cid:243) un mecanismo legal para que pareciera que actuaba
diligentemente «para generar un supuesto beneficio al procesado» defraudando los
intereses de su prohijada.
Contra esta decisi(cid:243)n el disciplinado interpuso recurso de apelaci(cid:243)n.
2.8. El 22 de julio de 2026, la Comisi(cid:243)n Nacional de Disciplina Judicial dict(cid:243)
sentencia de segunda instancia en la que neg(cid:243) la solicitud de nulidad, no
accedi(cid:243) a las pruebas solicitadas por el disciplinable y confirm(cid:243) la sanci(cid:243)n de
suspensi(cid:243)n por seis meses.
Esto al considerar que la nulidad no proced(cid:237)a pues el informe tØcnico fue
aportado por el disciplinado el 1 de agosto de 2023 a las 17:48, despuØs de la
audiencia de juzgamiento «cuando ya no era el momento legal oportuno para aportar
pruebas, ademÆs, tampoco fueron decretadas de oficio». En cuanto a la solicitud
probatoria, analiz(cid:243) las respuestas de Medicina Legal y del CTI en donde
informaron sobre sus limitaciones de personal y medios tØcnicos, y concluy(cid:243)
que la Seccional traslad(cid:243) esas respuestas al disciplinado y a sus defensores
e interpret(cid:243) su silencio como desistimiento tÆcito. Mencion(cid:243) que, al
encontrarse en segunda instancia en donde solo proceden las pruebas de
oficio y al haberse superado la etapa para efectuar esa solicitud probatoria en
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Demandante: JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez
primera instancia se negar(cid:237)a esa solicitud conforme al art(cid:237)culo 107 de la Ley
1123 de 2007. Y afirm(cid:243) que no se vulner(cid:243) la presunci(cid:243)n de inocencia pues la
prueba cuestionada fue un aspecto estudiado en primera instancia en la
audiencia de pruebas.
3. Fundamentos de la acci(cid:243)n
El accionante sostuvo que las decisiones disciplinarias incurrieron en defectos
fÆctico, procedimental, sustantivo y por violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n, por la
falta de prÆctica del cotejo de voz y por el tratamiento dado al informe tØcnico que
aport(cid:243) para controvertir las grabaciones utilizadas en su contra.
3.1. Defecto fÆctico: Manifest(cid:243) que se present(cid:243) en este caso por omisi(cid:243)n en la
valoraci(cid:243)n probatoria, pues el cotejo de voz no era una prueba marginal, por
el contrario, era una prueba necesaria para verificar la autenticidad,
identificaci(cid:243)n y atribuci(cid:243)n de las voces registradas en los audios que sirvieron
de soporte a la imputaci(cid:243)n disciplinaria.
Destac(cid:243) que la autoridad de primera instancia advirti(cid:243) la relevancia de esa
prueba ya que no solo la decret(cid:243), sino que dispuso su «prÆctica mediante los
organismos de Polic(cid:237)a Judicial competentes», sin embargo, su falta de prÆctica
obedeci(cid:243) a limitaciones de los organismos estatales, lo que no es un
argumento vÆlido para privarlo de esa prueba que resultaba esencial.
Aæadi(cid:243) que la exclusi(cid:243)n de esa prueba priv(cid:243) su defensa de una herramienta
que permit(cid:237)a cuestionar la hip(cid:243)tesis construida por la autoridad disciplinaria,
restringiendo su derecho de «contradicci(cid:243)n» pues se contaba con un acervo
probatorio incompleto lo que vulner(cid:243) su presunci(cid:243)n de inocencia y no permiti(cid:243)
llegar a una verdad material.
3.2. Defecto procedimental: Afirm(cid:243) que se presenta en este caso desde sus dos
categor(cid:237)as: (i) como un defecto procedimental absoluto ya que se
desconocieron las formas propias del procedimiento disciplinario al atribuir a
su silencio, frente al traslado de las respuestas de los organismos tØcnicos, el
efecto de un desistimiento tÆcito y (ii) como un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en cuanto al informe tØcnico, manifest(cid:243) que lo
present(cid:243) oportunamente mediante un enlace digital y que conten(cid:237)a
observaciones sobre la obtenci(cid:243)n, autenticidad, integridad, cadena de
custodia, incorporaci(cid:243)n y valoraci(cid:243)n de los registros sonoros.
Seæal(cid:243) que solo en el fallo se le inform(cid:243) que el enlace no pod(cid:237)a consultarse y
que nunca se le requiri(cid:243) para facilitar el acceso o allegar el archivo por otro
medio. Teniendo como resultado la exclusi(cid:243)n de elementos probatorios que
resultaban decisivos.
3.3. Defecto sustantivo: Se present(cid:243) por indebida aplicaci(cid:243)n e interpretaci(cid:243)n
normativa que permiti(cid:243) considerar extinguida la prÆctica del cotejo de voz.
Segœn el accionante, las autoridades trasladaron al Æmbito disciplinario efectos
de figuras procesales previstas para otros procedimientos, sin respaldo legal
expreso y mediante una analog(cid:237)a restrictiva de sus derechos.
3.4. Violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n: Sostuvo que de manera concurrente
las decisiones desconocieron directamente el art(cid:237)culo 29 de la Constituci(cid:243)n,
los art(cid:237)culos 8 y 25 de la Convenci(cid:243)n Americana sobre Derechos Humanos y
las garant(cid:237)as de defensa, contradicci(cid:243)n y presunci(cid:243)n de inocencia. Seæal(cid:243) que
se le sancion(cid:243) sobre un acervo incompleto y que se le trasladaron las
consecuencias de limitaciones del aparato estatal, lo que, en su criterio, afect(cid:243)
la igualdad de armas y la posibilidad real de controvertir. AdemÆs de que se
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Demandante: JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez
vulner(cid:243) su derecho al trabajo lo que genera un perjuicio al m(cid:237)nimo vital y a la
seguridad social.
Asimismo, afirm(cid:243) ser mayor de sesenta aæos y depender exclusivamente de
los honorarios derivados del ejercicio independiente de la abogac(cid:237)a, sin recibir
salario, pensi(cid:243)n o ingresos de otra actividad. Expuso que la ejecuci(cid:243)n de la
suspensi(cid:243)n comprometer(cid:237)a su sostenimiento y el de su familia, as(cid:237) como la
continuidad de sus aportes a salud y pensi(cid:243)n ya que al superar la edad laboral
ordinaria enfrenta mayores barreras para acceder a un empleo lo que tiene
incidencia en su subsistencia econ(cid:243)mica.
4. TrÆmite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 10 de agosto de 20263, el despacho ponente admiti(cid:243) la
demanda presentada por el seæor JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez contra la
Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina Judicial de BogotÆ y la Comisi(cid:243)n Nacional
de Disciplina Judicial.
Como terceros con interØs se vincul(cid:243) al seæor JosØ Nelson Yate Rodr(cid:237)guez, al
Ministerio Pœblico, a la Agencia Nacional de Defensa Jur(cid:237)dica del Estado y a
los demÆs intervinientes del proceso disciplinario 11001-25-02-000-2021-02939-
00/01; se ofici(cid:243) a la Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina Judicial de BogotÆ para
que notificara a los vinculados; se solicit(cid:243) a las autoridades accionadas para
que remitieran en formato PDF o en carpeta de OneDrive copia del expediente
disciplinario; se dispuso fijar un aviso en la Secretar(cid:237)a General por tres d(cid:237)as
para informar sobre la existencia de esta acci(cid:243)n; se neg(cid:243) la medida provisional
y se dispuso surtir las notificaciones.
4.2. La Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina Judicial de BogotÆ4 solicit(cid:243) declarar
improcedente la acci(cid:243)n y, en subsidio, negarla. Expuso que la tutela no pod(cid:237)a
operar como una tercera instancia y que el actor hab(cid:237)a contado con la
oportunidad de formular sus reparos en la apelaci(cid:243)n.
Frente a los cuestionamientos sobre el cotejo de voz y el informe tØcnico, se
remiti(cid:243) a las actuaciones del proceso y a la motivaci(cid:243)n de su sentencia. Precis(cid:243)
que, al rendir el informe, no obraba en el expediente la sentencia de segunda
instancia y envi(cid:243) las piezas de primera instancia.
4.3. La Comisi(cid:243)n Nacional de Disciplina Judicial5, por conducto del magistrado
Juan Carlos Granados Becerra, rindi(cid:243) informe en el que pidi(cid:243) que se declarara
improcedente la tutela y, subsidiariamente, negara el amparo, porque
consider(cid:243) que se pretend(cid:237)a reabrir el debate probatorio y sustituir el criterio del
juez disciplinario.
Seæal(cid:243) que la sentencia de segunda instancia hab(cid:237)a examinado los
argumentos defensivos, los documentos aportados al proceso y en ella se
expusieron las razones que sustentaron la declaratoria de responsabilidad.
Explic(cid:243) que se trataron temas como la entrega extemporÆnea del informe
tØcnico, el principio de preclusividad, la solicitud de pruebas y la presunci(cid:243)n de
inocencia. Mencion(cid:243) que no se configur(cid:243) el defecto fÆctico pues en la
sentencia se desarrollaron los planteamientos del investigado y se justificaron
las razones por las cuales no prosper(cid:243) el recurso de alzada. Sostuvo que el
actor intervino activamente en el trÆmite, ejerci(cid:243) su derecho de defensa,
present(cid:243) alegatos e interpuso recurso, y obtuvo decisiones de fondo lo que
descarta una actuaci(cid:243)n arbitraria.
3 Samai, (cid:237)ndice 8.
4 Samai, (cid:237)ndice 16.
5 Samai, (cid:237)ndice 17.
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Aæadi(cid:243) que las restricciones temporales al ejercicio profesional derivadas de
una sanci(cid:243)n disciplinaria no configuraban, por s(cid:237) mismas, la vulneraci(cid:243)n del
derecho al trabajo, del m(cid:237)nimo vital o de la seguridad social, pues el ejercicio
de la profesi(cid:243)n implicaba el cumplimiento estricto de deberes Øticos
consagrados en la ley. Anex(cid:243) la sentencia de segunda instancia.
4.4. El 18 de agosto de 20266, el accionante remiti(cid:243) memorial que conten(cid:237)a los
mismos documentos que se hab(cid:237)an presentado con anterioridad dando
alcance al escrito de tutela ((cid:237)ndice 4).
4.5. El 18 de agosto de 20267 el accionante alleg(cid:243) escrito incorporado en los
(cid:237)ndices 20 y 21 referenciado como: «Alcance Memorial de sustentaci(cid:243)n y ampliaci(cid:243)n
de los fundamentos constitucionales, probatorios y jurisprudenciales de la acci(cid:243)n de tutela».
Destac(cid:243) el Oficio 980-SSF-2023 del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses y reiter(cid:243) que la imposibilidad de practicar el cotejo obedeci(cid:243)
a la falta de personal y equipos, sin que pudiera atribuirse a negligencia o
abandono de su parte. Insisti(cid:243) en sus reproches sobre el acceso al informe
tØcnico y solicit(cid:243) que se dejara sin efectos la decisi(cid:243)n cuestionada y se
ordenara una nueva determinaci(cid:243)n que valorara integralmente las pruebas.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acci(cid:243)n de tutela
La acci(cid:243)n de tutela, consagrada en el art(cid:237)culo 86 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protecci(cid:243)n inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneraci(cid:243)n, por la acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
la acci(cid:243)n de tutela es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales
La acci(cid:243)n de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y as(cid:237) lo han reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales9
y especiales10 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acci(cid:243)n.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonom(cid:237)a e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
6 Samai, (cid:237)ndices 19.
7 Samai, (cid:237)ndice 20.
8 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: “Toda persona tendrÆ acci(cid:243)n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s(cid:237) misma o por quien actœe a su nombre, la protecci(cid:243)n
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acci(cid:243)n o la omisi(cid:243)n de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto”.
9 Los requisitos generales para la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acci(cid:243)n; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protecci(cid:243)n de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acci(cid:243)n se haya interpuesto en un tØrmino prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisi(cid:243)n proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
10 Los requisitos especiales para la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgÆnico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fÆctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivaci(cid:243)n, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violaci(cid:243)n directa
de la Constituci(cid:243)n.
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proceso. Es por tal raz(cid:243)n que la procedencia de la acci(cid:243)n contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentaci(cid:243)n del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jur(cid:237)dico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acci(cid:243)n de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer anÆlisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional.
De superar dicho examen, se estudiarÆ si la Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina
Judicial de BogotÆ y la Comisi(cid:243)n Nacional de Disciplina Judicial, incurrieron en un
defecto fÆctico, procedimental, sustantivo y por violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n
al proferir las sentencias del 27 de mayo y del 22 de julio de 2026 en el trÆmite del
proceso disciplinario 11001-25-02-000-2021-02939-00/01.
4. Alcance del requisito de relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonom(cid:237)a funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, estÆ
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir (cid:243)rdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales estÆ condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisi(cid:243)n, a partir de lo seæalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificaci(cid:243)n de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores11.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genØrico de procedencia de la acci(cid:243)n de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboraci(cid:243)n exige que el juez constitucional evidencie de manera
diÆfana, que la cuesti(cid:243)n que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
11 A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneraci(cid:243)n de derechos
fundamentales. En principio, la acci(cid:243)n de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente econ(cid:243)micos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acci(cid:243)n
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneraci(cid:243)n de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneraci(cid:243)n de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisi(cid:243)n objeto de tutela. La
discusi(cid:243)n propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisi(cid:243)n cuestionada,
deben tener relaci(cid:243)n con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisi(cid:243)n cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acci(cid:243)n de tutela
contra providencias judiciales no estÆ concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acci(cid:243)n de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por mÆs informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado estÆ en la obligaci(cid:243)n de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una s(cid:243)lida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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Para la verificaci(cid:243)n de este requisito, le corresponde al juez constitucional revisar
que la tutela no se estØ utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso
en el cual se profiri(cid:243) la providencia atacada. Para tal prop(cid:243)sito, debe estudiar si los
cargos expuestos en el proceso en que se profiri(cid:243) la providencia cuestionada y los
desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos
integralmente por el juez natural.
5. AnÆlisis del caso concreto
5.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acci(cid:243)n se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusi(cid:243)n que ya fue conocida y resuelta por la autoridad
disciplinaria pues los argumentos que present(cid:243) JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez en
el escrito de tutela al momento de sustentar la presunta configuraci(cid:243)n de los
defectos fÆctico, procedimental, sustantivo y por violaci(cid:243)n directa de la
Constituci(cid:243)n guardan gran similitud con el recurso de apelaci(cid:243)n presentado
contra la sentencia de primera instancia. Como se analizarÆ a continuaci(cid:243)n.
5.2. Se observa que los planteamientos propuestos por el accionante en el recurso
de apelaci(cid:243)n12 presentado contra la sentencia del 27 de mayo de 2026 dictada
por la Comisi(cid:243)n Seccional de Disciplina Judicial de BogotÆ coinciden con los
fundamentos del escrito de tutela.
Explic(cid:243) que se configur(cid:243) la causal de nulidad consagrada en el numeral 2 del
art(cid:237)culo 98 de la Ley 1123 de 2007, pues se vulner(cid:243) su derecho de defensa y
contradicci(cid:243)n ya que la autoridad disciplinaria guard(cid:243) silencio a pesar de haber
advertido la existencia de un daæo tØcnico en el informe que aport(cid:243), lo que
gener(cid:243) que se le privara de la posibilidad de subsanar la irregularidad, «mÆs
aœn cuando se trataba de una prueba pericial destinada a controvertir el principal elemento
incriminatorio de la actuaci(cid:243)n disciplinaria». Destac(cid:243) que esto conllev(cid:243) que la decisi(cid:243)n
se edificara sobre unas grabaciones aportadas por el quejoso, las cuales
pudieron ser controvertidas con el anÆlisis especializado.
Mencion(cid:243) que el fallo de primera instancia prescindi(cid:243) en su totalidad del
anÆlisis de fondo del dictamen pericial, limitando su pronunciamiento al indicar
que no fue posible visualizarlo, pues el contenido de ese informe explicaba
c(cid:243)mo deb(cid:237)a adelantarse la cadena de custodia de la evidencia digital y c(cid:243)mo
era el procedimiento para comprobar su autenticidad. Subsidiariamente solicit(cid:243)
que de no prosperar la nulidad se incorporara al expediente el dictamen
pericial, para ello lo adjunt(cid:243).
De otro lado, consider(cid:243) que se desconoci(cid:243) la presunci(cid:243)n de inocencia, ya que
en materia disciplinaria deb(cid:237)a aplicarse el in dubio pro disciplinado ante la
existencia de duda de quiØn fue la persona que se escuchaba en los audios,
esto en raz(cid:243)n a que advirti(cid:243) la ausencia «de una prueba tØcnica, cient(cid:237)fica y objetiva
que permita identificar de manera inequ(cid:237)voca mi voz en las grabaciones». Por ello resalt(cid:243)
que al no haberse desvirtuado la presunci(cid:243)n no era procedente la sanci(cid:243)n que
se impuso.
Indic(cid:243) que sus derechos se vieron vulnerados con la ausencia de prÆctica del
«cotejo e identificaci(cid:243)n de voz» pues «pese a su trascendencia para la determinaci(cid:243)n de la
verdad material, dicha prueba nunca fue practicada […] permitiendo que la decisi(cid:243)n
sancionatoria se edificara sobre meras inferencias y no sobre certezas demostradas», todo
esto gener(cid:243) una duda objetiva y razonable que jamÆs fue despejada.
12 Samai, (cid:237)ndice 15. Expediente 11001-03-15-000-2026-06112-00.
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5.3. El 22 de julio de 2026 la Comisi(cid:243)n Nacional de Disciplina Judicial dict(cid:243)
sentencia en la que neg(cid:243) la solicitud de nulidad, no accedi(cid:243) a las pruebas
solicitadas por el disciplinable y confirm(cid:243) la sanci(cid:243)n de suspensi(cid:243)n por seis
meses.
Para resolver la solicitud de nulidad por la causal de «violaci(cid:243)n del derecho de
defensa del disciplinable», indic(cid:243) que el informe tØcnico fue aportado por el
disciplinado el 1 de agosto de 2023 a las 17:48, despuØs de la audiencia de
juzgamiento «cuando ya no era el momento legal oportuno para aportar pruebas, ademÆs,
tampoco fueron decretadas de oficio», adicionalmente indic(cid:243) que el juez de primera
instancia advirti(cid:243) la imposibilidad de acceder al contenido de este, tan es as(cid:237)
que en el fallo se plasm(cid:243) que «el estatus de las grabaciones no cambi(cid:243), pues si bien es
cierto, el profesional del derecho en sus alegatos de conclusi(cid:243)n indic(cid:243) que aportar(cid:237)a un
dictamen pericial, los archivos que envi(cid:243) luego de concluida la audiencia de juzgamiento
presentan un error que impiden su visualizaci(cid:243)n».
La autoridad consider(cid:243) que el disciplinado hab(cid:237)a contado con oportunidades
suficientes para aportar y solicitar pruebas, y pese a ello no aport(cid:243) la prueba
en cuesti(cid:243)n dentro de la oportunidad procesal. Por lo que, neg(cid:243) la nulidad al
haber precluido la etapa probatoria.
En cuanto a la solicitud probatoria del cotejo de voz formulada el 30 de mayo
de 2023, analiz(cid:243) las respuestas de Medicina Legal y del CTI en donde
informaron sobre sus limitaciones de personal y medios tØcnicos, y concluy(cid:243)
que la Seccional traslad(cid:243) esas respuestas al disciplinado y a sus defensores
e interpret(cid:243) su silencio como desistimiento tÆcito. Aæadi(cid:243) que, al encontrarse
en segunda instancia en donde solo proceden las pruebas de oficio y al
haberse superado la etapa para efectuar esa solicitud probatoria en primera
instancia se negar(cid:237)a esa solicitud conforme al art(cid:237)culo 107 de la Ley 1123 de
2007.
Frente al planteamiento del disciplinado en donde consideraba que se vulner(cid:243)
su presunci(cid:243)n de inocencia por existir duda razonable de la autenticidad de los
registros sonoros, la Comisi(cid:243)n Nacional de Disciplina Judicial procedi(cid:243) a
enlistar las pruebas que obraban en el expediente, ademÆs frente a las
conversaciones grabadas por el quejoso seæal(cid:243) que fue un aspecto estudiado
en primera instancia en la audiencia de pruebas y calificaci(cid:243)n cuando el
disciplinable solicit(cid:243) que fueran excluidas del proceso por ser il(cid:237)citas.
Tal solicitud fue desestimada bajo el argumento de que «la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, conforme a la cual las grabaciones
efectuadas por uno de los interlocutores de la conversaci(cid:243)n no constituyen prueba il(cid:237)cita, aun
cuando el otro participante ignore que estÆ siendo grabado, especialmente cuando tienen
como prop(cid:243)sito demostrar hechos que podr(cid:237)an configurar una falta disciplinaria».
Planteamiento que fue compartido por la segunda instancia con sustento en la
sentencia SU-371 de 2021.
Valor(cid:243) conjuntamente las ampliaciones y ratificaciones de la queja, las
grabaciones de las llamadas del 26 de julio y del 5 de agosto de 2021, el correo
del 6 de agosto de 2021 sobre el retiro de la audiencia por falta de honorarios
y las piezas del proceso penal. La autoridad concluy(cid:243) que el abogado pidi(cid:243)
dinero al quejoso para aplazar o propiciar el desistimiento de la audiencia en
beneficio propio.
5.4. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora present(cid:243) los mismos
argumentos que plante(cid:243) en el recurso de apelaci(cid:243)n, pero enunciados desde la
presunta configuraci(cid:243)n de un defecto fÆctico, procedimental, sustantivo y por
violaci(cid:243)n directa de la Constituci(cid:243)n.
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Manifest(cid:243) la omisi(cid:243)n en la valoraci(cid:243)n probatoria, pues el cotejo de voz era una
prueba necesaria para verificar la autenticidad, identificaci(cid:243)n y atribuci(cid:243)n de
las voces registradas en los audios que sirvieron de soporte a la imputaci(cid:243)n
disciplinaria.
Destac(cid:243) que la autoridad de primera instancia advirti(cid:243) la relevancia de esa
prueba pues dispuso su «prÆctica mediante los organismos de Polic(cid:237)a Judicial
competentes», sin embargo, su falta de prÆctica obedeci(cid:243) a limitaciones de los
organismos estatales, lo que no es un argumento vÆlido para privarlo de esa
prueba que resultaba esencial.
Aæadi(cid:243) que la exclusi(cid:243)n de esa prueba priv(cid:243) a su defensa de una herramienta
que permit(cid:237)a cuestionar la hip(cid:243)tesis construida por la autoridad disciplinaria,
restringiendo su derecho de «contradicci(cid:243)n» pues se contaba con un acervo
probatorio incompleto lo que vulner(cid:243) su presunci(cid:243)n de inocencia y no permiti(cid:243)
llegar a una verdad material.
Afirm(cid:243) que se desconocieron las formas propias del procedimiento disciplinario
al atribuir a su silencio, frente al traslado de las respuestas de los organismos
tØcnicos, el efecto de un desistimiento tÆcito, ademÆs en cuanto al informe
tØcnico reiter(cid:243) que lo present(cid:243) oportunamente mediante un enlace digital y que
conten(cid:237)a observaciones sobre la obtenci(cid:243)n, autenticidad, integridad, cadena
de custodia, incorporaci(cid:243)n y valoraci(cid:243)n de los registros sonoros, por lo que
cuestion(cid:243) que nunca se le requiri(cid:243) para facilitar el acceso o allegar el archivo
por otro medio cuando se advirti(cid:243) que no se pod(cid:237)a acceder. Teniendo como
resultado la exclusi(cid:243)n de ese elemento probatorio decisivo.
Consider(cid:243) que existi(cid:243) una indebida aplicaci(cid:243)n e interpretaci(cid:243)n normativa que
permiti(cid:243) considerar extinguida la prÆctica del cotejo de voz. Adicionalmente
sostuvo que de manera concurrente las decisiones desconocieron
directamente el art(cid:237)culo 29 de la Constituci(cid:243)n, los art(cid:237)culos 8 y 25 de la
Convenci(cid:243)n Americana sobre Derechos Humanos y las garant(cid:237)as de defensa,
contradicci(cid:243)n y presunci(cid:243)n de inocencia, pues se le sancion(cid:243) sobre un acervo
probatorio incompleto, lo que llev(cid:243) a que se le trasladaran las consecuencias
de limitaciones del aparato estatal afectando la igualdad de armas y la
posibilidad real de controvertir.
AdemÆs de que se vulner(cid:243) su derecho al trabajo lo que genera un perjuicio al
m(cid:237)nimo vital y a la seguridad social al ser una persona mayor de sesenta aæos
y depender exclusivamente de los honorarios derivados del ejercicio
independiente de la abogac(cid:237)a.
5.5. De acuerdo con lo anterior, la acci(cid:243)n de tutela analizada se estÆ empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional.
En raz(cid:243)n a que los argumentos de esta acci(cid:243)n buscan reabrir el debate judicial
al pretender una nueva valoraci(cid:243)n probatoria que tenga en cuenta el «informe
tØcnico» que fue aportado con posterioridad a los alegatos de conclusi(cid:243)n y a la
finalizaci(cid:243)n de la audiencia de juzgamiento, y del cual la Comisi(cid:243)n Seccional
de Disciplina Judicial de BogotÆ seæal(cid:243) que presentaba un error en su
visualizaci(cid:243)n, lo cual fue confirmado por el juez de segunda instancia, de ah(cid:237)
que la sola afirmaci(cid:243)n del actor de que esa prueba fue ignorada no es de
recibo, pues tal y como se mencion(cid:243) anteriormente la Comisi(cid:243)n Nacional de
Disciplina Judicial explic(cid:243) los motivos por los cuales se consideraba que fue
extemporÆnea y que hab(cid:237)a operado el principio de preclusividad.
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AdemÆs, el actor pretende insistir en la prÆctica del cotejo de voz, que fue
planteado en el recurso de apelaci(cid:243)n como una solicitud de pruebas en
segunda instancia, aspecto que fue resuelto y negado por la Comisi(cid:243)n
Nacional de Disciplina Judicial conforme se explic(cid:243) anteriormente. Todo esto
bajo el argumento de la vulneraci(cid:243)n a su debido proceso.
Planteamientos que fueron presentados en el recurso de apelaci(cid:243)n contra la
sentencia de primera instancia y que hoy son puestos en conocimiento del juez
de tutela como si se tratara de argumentos distintos y que a su vez ya fueron
resueltos por las autoridades accionadas. Aspectos que de antemano suponen
para esta colegiatura, que el asunto versa sobre una situaci(cid:243)n que result(cid:243)
desfavorable a la parte accionante y que se limita a poner de presente su
inconformidad con la decisi(cid:243)n.
En abundante jurisprudencia del mÆximo tribunal constitucional ha enfatizado
que la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales, «la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios», pues la competencia del juez
de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia constitucional y a la protecci(cid:243)n efectiva
de los derechos fundamentales y no a problemas de carÆcter legal».13
De estos argumentos tra(cid:237)dos al caso objeto de anÆlisis no se advierte por quØ
el juez constitucional deba irrumpir en la esfera de autonom(cid:237)a del juez natural
de la causa, para revaluar los fundamentos que lo llevaron a adoptar la
decisi(cid:243)n en concreto. Esto, en la medida en que no se advierte prima facie una
afectaci(cid:243)n de las garant(cid:237)as fundamentales de la parte actora de conformidad
con las providencias reprochadas.
De manera que, es posible concluir que la Comisi(cid:243)n Nacional de Disciplina
Judicial como juez natural ya resolvi(cid:243) los planteamientos de la parte actora
dentro del proceso disciplinario 11001-25-02-000-2021-02939-00/01, al decidir el
recurso de apelaci(cid:243)n contra la sentencia de primera instancia.
5.6. Adicionalmente, esta Sala precisa que el memorial remitido por el accionante
el 18 de agosto de 2026, como adici(cid:243)n del escrito de tutela, no serÆ tenido en
cuenta en raz(cid:243)n a que fue enviado con posterioridad a la notificaci(cid:243)n del auto
admisorio, lo que vulnera el derecho de defensa y contradicci(cid:243)n de la parte
accionada.
6. Conclusi(cid:243)n
En ese orden de ideas, la Sala declararÆ improcedente el asunto de la referencia
por no superar los requisitos generales de procedibilidad, espec(cid:237)ficamente el de
relevancia constitucional.
En mØrito de lo expuesto, la Secci(cid:243)n Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
Repœblica y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acci(cid:243)n de tutela promovida por el seæor JosØ
Luis Torres Mart(cid:237)nez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisi(cid:243)n a los interesados, por el medio mÆs expedito.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
11
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06112-00
Demandante: JosØ Luis Torres Mart(cid:237)nez
3. PUBLICAR la presente decisi(cid:243)n en la pÆgina web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisi(cid:243)n.
Notif(cid:237)quese y cœmplase,
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTA(cid:209)O MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Presidente
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
WILSON RAMOS GIR(cid:211)N CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260611200/5DB074B760BFBE72BFC1ED26C52F8FA6A9564C88FED6E167786E3D6004F198A4/2

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