📅 05/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260718200
Interno: 11332
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 05/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Procede la acción de tutela presentada por la Fundación Transformando Nueva Región para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la tardanza del Tribunal Administrativo del Tolima en pronunciarse sobre la admisión de la demanda del medio de control de protección de intereses y derechos colectivos?
Respuesta al problema jurídico: No
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 26
— Resumen —
Resumen
El presente documento contiene la sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se resuelve la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la Fundación Transformando Nueva Región. La controversia se originó por la presunta mora judicial del Tribunal Administrativo del Tolima, al no resolver oportunamente sobre la admisión de una demanda de protección de derechos e intereses colectivos (Acción Popular) relacionada con el mejoramiento de vías.
El ratio decidendi establece que, en el marco de una discusión sobre la protección de derechos colectivos, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado cuando, durante el trámite de la acción de tutela, la autoridad judicial accionada realiza la actuación omitida (en este caso, proferir el auto admisorio), haciendo que cualquier orden judicial posterior resulte inocua. Los hechos relevantes incluyen la presentación de la demanda en abril de 2026, su posterior subsanación y una espera de más de cuatro meses sin pronunciamiento judicial, situación que se normalizó mediante auto dictado en septiembre del mismo año mientras se tramitaba el amparo constitucional.
Preguntas Centrales
¿Vulneró el Tribunal accionado los derechos fundamentales de la parte actora al incurrir en mora para admitir la demanda?
El documento busca determinar si el incumplimiento de los términos perentorios (3 días según la Ley 472 de 1998) constituye una falta de diligencia injustificada. Sin embargo, el problema se resuelve determinando que, al haberse proferido el auto admisorio el 16 de septiembre de 2026, la vulneración cesó.
¿Es procedente emitir una orden de amparo cuando la situación que generó la tutela ya ha sido resuelta por la autoridad demandada?
La Sala resuelve que no es procedente, pues se presenta un hecho superado, lo que genera que la decisión de fondo sea intrascendente al haberse satisfecho la pretensión de la parte actora durante el curso del proceso de tutela.
Fundamentación Clave
Carencia Actual de Objeto por Hecho Superado
- Se fundamenta en el Artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, el cual indica que si la autoridad revoca o suspende la actuación impugnada mientras la tutela está en curso, se debe declarar la carencia de objeto.
- La jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias T-988 de 2007 y T-585 de 2010) define el hecho superado como la extinción de la afectación o amenaza de los derechos fundamentales.
Normativa de Acciones Populares
- Ley 472 de 1998 (Artículo 20): Establece el carácter preferente de estas acciones y fija un término de tres (3) días para la admisión de la demanda una vez presentada o subsanada.
- Principio de prevalencia del derecho sustancial (Art. 228 C.P.): Mencionado por la parte actora para exigir la celeridad en el trámite judicial.
Jurisprudencia sobre Mora Judicial
- El documento cita las sentencias T-080 de 2015 y T-360 de 2018, que señalan que la mora injustificada vulnera el debido proceso cuando no existe una motivación razonable o fuerza mayor, y existe inactividad del operador judicial.
Conclusión
La Sala declara la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda de la Fundación Transformando Nueva Región antes de proferirse el fallo de tutela. En consecuencia, la protección constitucional solicitada perdió su razón de ser, pues la pretensión procesal fue satisfecha por la autoridad judicial accionada de manera voluntaria durante el trámite.
Extracto del documento
Expediente: 11001-03-15-000-2026-07182-00
Demandante: Fundación Transformando Nueva Región
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2026-07182-00
Demandante: FUNDACIÓN TRANSFORMANDO NUEVA REGIÓN
Demandada: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas: Mora judicial en admitir demanda de protección de intereses y
derechos colectivos. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Fundación Transformando Nueva
Región contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 5 de septiembre de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, la Fundación
Transformando Nueva Región, a través de su representante legal, pidió la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la tardanza del
Tribunal Administrativo del Tolima en pronunciarse sobre la admisión de la demanda del
medio de control de protección de intereses y derechos colectivos con radicado 73001-
23-33-000-2026-00130-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, al Plazo Razonable y al Acceso Efectivo
a la Administración de Justicia de la Fundación Transformando Nueva Región.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA – Despacho del Magistrado MARIO
FERNANDO RODRÍGUEZ REINA que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación del presente fallo, proceda a proferir la providencia que en derecho corresponda
sobre la admisión de la demanda de Acción Popular radicada bajo el No. 73001-23-33-000-2026-00130-
00.
3. ADVERTIR al despacho accionado que, en aplicación del principio de prevalencia del derecho
sustancial (Art. 228 C.P.) y de las facultades oficiosas del juez popular (Art. 5 de la Ley 472 de 1998),
debe destrabar formalmente el contradictorio frente al Instituto Nacional de Vías Regionales – INVIR,
vinculando provisionalmente al Ministerio de Transporte y/o al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), de
conformidad con el informe técnico oficial del 17 de julio de 2026.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó la parte actora que el 4 de abril de 2026 promovió demanda en ejercicio del
medio de control de protección de intereses y derechos colectivos contra el municipio de
Anzoátegui, el departamento del Tolima y el Instituto Nacional de Vías Regionales –
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Demandante: Fundación Transformando Nueva Región
INVIR, para que se ordenara la pavimentación y el mejoramiento de 4 vías terciarias del
mencionado municipio.
La demanda se adelanta bajo el radicado 73001-23-33-000-2026-00130-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que, por auto del 23 de abril de 2026,
la inadmitió para que se acreditara la representación legal de la fundación.
El 27 de abril de 2026, la parte demandante presentó memorial de subsanación de la
demanda. Luego, el 11 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima ofició al
Ministerio de Transporte para que, en el término de 10 días hábiles contados a partir de
la notificación de esa providencia, informara la dirección de notificaciones judiciales del
Instituto Nacional de Vías Regionales – INVIR e identificara quién ejercía su
representación legal y judicial.
A través del oficio con radicado MT 20261341019861 del 17 de julio de 2026, el Ministerio
de Transporte atendió el requerimiento e informó que el INVIR no había iniciado
operaciones, no contaba con sede física, correo electrónico, canales de notificaciones
judiciales ni servidores nombrados, porque no se habían asignado los recursos para su
funcionamiento.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora argumentó que habían transcurrido más de cuatro meses desde que la
demanda había sido subsanada y el Tribunal Administrativo del Tolima aún no había
dictado el auto admisorio.
Que el medio de control de protección de intereses y derechos colectivos era preferente.
Que el artículo 20 de la Ley 472 de 1998 establecía un término de 3 días para que el juez
admitiera la demanda una vez hubiere sido presentada o subsanada.
Que la Corte Constitucional en las sentencias T-080 de 2015, T-230 de 2013 y T-360 de
2018 había señalado que la mora judicial vulneraba el derecho al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia cuando se incumplieran los términos previstos en
la ley, no existiera motivación razonable o fuerza mayor que justificara la mora o existiera
una falta de diligencia o inactividad del operador judicial.
Que en su caso no existía justificación constitucional alguna en la tardanza del Tribunal
Administrativo del Tolima.
5. Trámite procesal
Por auto del 10 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Tolima1.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 14 de septiembre
de 2026.
6. Intervenciones
Uno de los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima solicitó que se denegara
la solicitud de amparo, porque no se encontraba demostrada la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte actora, debido a que en el proceso con radicado
73001-23-33-000-2026-00130-00 se habían surtido las etapas correspondientes.
1 No se vinculó a terceros, toda vez que el medio de control en el que se alegaba la mora judicial no se había trabado
el litigio.
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Adujo que el 16 de septiembre de 2026 se había dictado auto admisorio en el proceso
objeto de tutela, por lo que no se habían transgredido las garantías fundamentales de la
parte actora. Que, además, un eventual amparo resultaría inocuo y carecería de efecto
alguno.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
Fundación Transformando Nueva Región para proteger sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados
con ocasión de la tardanza del Tribunal Administrativo del Tolima en pronunciarse sobre
la admisión de la demanda del medio de control de protección de intereses y derechos
colectivos con radicado 73001-23-33-000-2026-00130-00.
La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, debido
a que el pasado 16 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió
la demanda del medio de control de protección de intereses y derechos colectivos con
radicado 73001-23-33-000-2026-00130-00.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia
de objeto en materia de tutela y (ii) analizará el caso concreto.
2. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: <<Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes>>.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente2. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
3. Análisis del caso concreto
En el sub lite, la Sala advierte que la parte actora alegó una mora judicial injustificada,
pues, según expuso en la demanda, no se había decidido sobre la admisión de la
demanda del medio de control de protección de intereses y derechos colectivos con
radicado 73001-23-33-000-2026-00130-00.
No obstante, la Sala verificó el expediente digital del proceso con radicado 73001-23-33-
000-2026-00130-00 y las actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión Judicial
SAMAI y encontró que el pasado 16 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo
del Tolima admitió la demanda del medio de control de protección de intereses y derechos
colectivos promovida por la parte actora.
2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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La anterior decisión fue notificada a la Fundación Transformando Nueva Región por
correo electrónico enviado el 24 de septiembre de 2026.
Así las cosas, la Sala observa que las pretensiones formuladas por la parte actora,
encaminadas a que se admitiera la demanda del medio de control de protección de
intereses y derechos colectivos con radicado 73001-23-33-000-2026-00130-00 fue
resuelta en el trámite de la presente acción constitucional.
De este modo, la orden del juez constitucional relativa a lo solicitado en la demanda de
tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la
decisión de primera instancia.
Las anteriores razones son suficientes para declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la presente acción de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador3
3 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
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reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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