📅 05/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260528601
Interno: 12557
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 05/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Magdalena los derechos fundamentales de los accionantes al negar las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por el homicidio de [E.J.M.C.] y la desaparición forzada de [J.N.M.C.], decisión que presuntamente incurrió en defectos fáctico y sustantivo, desconoció el precedente judicial aplicable y vulneró directamente la Constitución?
Respuesta al problema jurídico: No
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 90, DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1
— Resumen —
Resumen
El presente documento contiene la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se resuelve la impugnación a una acción de tutela en el marco de un proceso de reparación directa. El conflicto jurídico se origina por la negativa de las pretensiones indemnizatorias de la parte actora, relacionadas con el homicidio y la desaparición forzada de sus familiares a manos de grupos paramilitares en el año 2000. Los demandantes alegaron que el tribunal de instancia incurrió en defectos fácticos y sustantivos al exigir pruebas “diabólicas” sobre la falla del servicio y desconocer la posición de garante del Estado en zonas de conflicto. En esta providencia, la Sala revoca la decisión de primera instancia que había declarado la tutela improcedente y, en su lugar, decide de fondo negar el amparo, al considerar que la valoración probatoria del juez natural fue razonable y que la sola presencia de grupos armados no genera una responsabilidad patrimonial objetiva del Estado.
Preguntas Centrales
¿Cumple la acción de tutela con el requisito de relevancia constitucional para cuestionar una sentencia de reparación directa?
Sí. La Sala determinó que el asunto trasciende el interés particular, pues involucra la posible vulneración de derechos fundamentales de víctimas del conflicto armado y la aplicación de estándares probatorios con enfoque de género e interseccionalidad.
¿Incurrió la autoridad judicial accionada en un defecto fáctico o sustantivo al negar la responsabilidad del Estado?
No. El documento resuelve que el tribunal valoró integralmente el acervo probatorio (certificaciones, confesiones de Justicia y Paz y declaraciones). Se concluyó que, aunque el daño antijurídico existió, no se demostró que la Fuerza Pública tuviera conocimiento previo de un riesgo concreto o que hubiera omitido una acción eficaz para evitar los crímenes, por lo que el daño es atribuible exclusivamente a un tercero.
¿Se desconoció el precedente judicial sobre la carga dinámica de la prueba y graves violaciones de derechos humanos?
No. La providencia aclara que el precedente invocado por la parte actora no era aplicable estrictamente al caso o fue interpretado de forma distinta. La autonomía judicial permite al juez natural valorar si las circunstancias de modo, tiempo y lugar hacían previsible el daño, sin que la flexibilización probatoria implique una condena automática al Estado.
Fundamentación Clave
Normativa y Conceptos Procesales
- Artículo 167 del Código General del Proceso: Regula la carga dinámica de la prueba, permitiendo al juez exigir la prueba a quien esté en mejor capacidad técnica o material de aportarla.
- Posición de Garante: Obligación del Estado de proteger a los ciudadanos, la cual, según la jurisprudencia de la Sección Tercera, no es absoluta y requiere demostrar la previsibilidad y cognoscibilidad del riesgo.
- Falla del Servicio por Omisión: Para que se configure, debe probarse el incumplimiento de un deber legal de diligencia que hubiera podido mitigar o evitar el resultado dañoso.
Argumentos de la Sección Cuarta
- Autonomía e Independencia Judicial: El juez de tutela no puede sustituir la valoración del juez ordinario si esta no es arbitraria o caprichosa. La discrepancia en la interpretación de pruebas no constituye un defecto fáctico.
- Previsibilidad del Daño: La notoriedad de la presencia de grupos ilegales en una región no equivale automáticamente al conocimiento de un riesgo individualizado para las víctimas, salvo que existan denuncias previas o perfiles de riesgo específicos.
- Hecho de un Tercero: Se ratifica como eximente de responsabilidad cuando el actuar del grupo al margen de la ley es la causa determinante y no hay prueba de una omisión negligente de las autoridades.
Conclusión
La Sección Cuarta establece que no existe vulneración al debido proceso cuando el juez natural niega la responsabilidad estatal tras un análisis razonable de la imputación jurídica. La tesis principal subraya que la reparación integral de las víctimas no exime de la carga de demostrar el nexo causal o la falla del servicio, y que la tutela no es una “tercera instancia” para reabrir debates probatorios resueltos bajo el amparo de la legalidad. Por lo tanto, se niega el amparo solicitado.
Extracto del documento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05286-01
Accionante: Nereida Esther Mercado Cárdenas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05286-01
Accionante: NEREIDA ESTHER MERCADO CÁRDENAS Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa.
Defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial
y violación directa de la Constitución
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por los señores Nereida Esther Mercado Cárdenas, Julio César
Mercado Quintero, Margarita Patricia Mercado Cárdenas, Marta Cecilia Mercado
Cárdenas, Lola Isabel Mercado Cárdenas, Luz Darys Mercado Cárdenas y Jhoseth
José Mercado contra la sentencia de 27 de agosto de 2026 dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de julio de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, reparación integral y
de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Se TUTELE el derecho fundamental al Debido Proceso (Art. 29 C.P.),
al Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.P.), a la Igualdad (Art. 13 C.P.),
a la Reparación Integral (Art. 90 C.P.) y a la Protección Reforzada de los Menores
de Edad (Art. 44 C.P.) de los accionantes.
SEGUNDA: DECLARACIÓN DE NULIDAD POR DEFECTOS
CONSTITUCIONALES. Se DEJE SIN EFECTO la sentencia proferida por la Sala
(Tribunal) dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 047-
001-3333-002-2019-00042-01, por haber incurrido en:
1. Defecto fáctico por valoración arbitraria de las pruebas y exigencia de pruebas
imposibles (“carga diabólica”).
2. Defecto sustantivo por inobservancia de la posición de garante del Estado.
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3. Desconocimiento del precedente de unificación del Consejo de Estado
(Sentencia Rad. 32988 de 2020, M.P. Ramiro Pazos Guerrero).
4. Defecto por falta de enfoque de género e interseccionalidad al analizar la
vulnerabilidad diferenciada de las víctimas.
TERCERA: ORDEN DE EMISIÓN DE NUEVO FALLO. Se ORDENE a la Sala
accionado que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la decisión de tutela, proceda a dictar una NUEVA SENTENCIA en
la que, atendiendo a los parámetros constitucionales, se disponga lo siguiente:
1. Aplicación de la carga dinámica de la prueba: Absteniéndose de exigir a los
accionantes (quienes eran menores de edad en el año 2000) pruebas que acrediten
la falla del servicio de forma individualizada, y valorando el contexto de violencia
notoria en la zona como prueba suficiente de la omisión estatal.
2. Valoración con enfoque de género e interseccionalidad: Reconociendo el
impacto desproporcionado del desplazamiento y la pérdida familiar sobre las
accionantes, sin exigir ‘perfiles especiales’ o ‘actividades de riesgo’ como condición
para acceder a la reparación.
3. Aplicación de la Posición de Garante: Valorando que, dada la notoriedad del
control territorial del bloque paramilitar en la zona, el Estado tenía el deber de
prevención y protección inmanente, el cual fue incumplido.
CUARTA: PROTECCIÓN CONTRA LA REVICTIMIZACIÓN. Se ordene a la entidad
accionada y a la jurisdicción contencioso-administrativa, que en el marco del nuevo
fallo se garantice un trato digno y libre de estereotipos, asegurando que el proceso
judicial no se convierta en un Instrumento de revictimización o negación de la verdad
histórica”.
2. Hechos1
La parte actora relató que los señores Esteban de Jesús Mercado Cárdenas y José
Nicomedes Mercado Cárdenas trabajaron como recolectores de café en la vereda
Perico Aguao, jurisdicción del corregimiento de Guachaca en la Sierra Nevada de
Santa Marta, y que de sus ingresos dependía el sustento de su núcleo familiar,
integrado por sus padres y sus hermanos, quienes contaron con escasos recursos
económicos.
Manifestaron que el 15 de julio de 2000, los hermanos salieron de su vivienda hacia
el lugar de trabajo. Esa noche, sus familiares recibieron información de que
integrantes del “Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de
Colombia” los habían obligado a subir a un vehículo. Ante esa noticia, sus hermanas
acudieron a la zona para averiguar su paradero. Durante la búsqueda, la familia
recibió información sobre una masacre en el sector denominado cerro Los
Muchachitos. Precisaron que en ese lugar se encontró el cuerpo sin vida del señor
Esteban de Jesús Mercado Cárdenas, que presentó impactos de bala y un
avanzado estado de descomposición.
Agregaron que respecto del señor José Nicomedes Mercado Cárdenas, sus
familiares no lograron establecer su paradero y únicamente encontraron un zapato
y su reloj. Afirmaron que durante las labores de búsqueda, hombres armados les
advirtieron que su hermano había muerto y les ordenaron abandonar el lugar bajo
la amenaza de correr la misma suerte. En ese orden de ideas, manifestaron que
informaron lo ocurrido a miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional,
1 Los hechos se desprenden del escrito de tutela y del proceso ordinario.
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pero no recibieron auxilio ni una respuesta efectiva. Asimismo, sostuvieron que las
amenazas y la persecución posteriores obligaron a la familia a abandonar su lugar
de residencia y a desplazarse hacia Santa Marta, donde cambió de vivienda en
varias oportunidades por temor a nuevas agresiones. Añadieron que otro de sus
hermanos fue reclutado contra su voluntad por el grupo armado y sufrió una herida
de bala cuando intentó escapar.
Agregaron que el 26 de mayo de 2014, la señora Lola Isabel Mercado Cárdenas
denunció las amenazas y la persecución contra su familia. Posteriormente, en las
actuaciones de Justicia y Paz, los señores Norberto Quiroga Poveda y Daniel
Giraldo reconocieron los hechos relacionados con la desaparición forzada del señor
José Nicomedes Mercado Cárdenas y el homicidio del señor Esteban de Jesús
Mercado Cárdenas respecto de los cuales el señor Hernán Giraldo Serna aceptó su
responsabilidad por razón del mando. Asimismo, el señor Julio César Mercado
Quintero relató ante la Unidad Especializada de Justicia Transicional las amenazas
y el desplazamiento familiar. Mediante oficio del 11 de mayo de 2018, la Fiscalía 65
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Barranquilla
informó a la señora Nereida Ester Mercado Cárdenas sobre esos reconocimientos.
Con fundamento en esos acontecimientos, los señores Nereida Ester Mercado
Cárdenas, Julio César Mercado Quintero, Margarita Patricia Mercado Cárdenas,
Marta Cecilia Mercado Cárdenas, Lola Isabel Mercado Cárdenas, Luz Darys
Mercado Cárdenas y Jhoseth José Mercado Cárdenas promovieron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, en la que solicitaron que
se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios
derivados del homicidio y la desaparición forzada de sus hermanos, que atribuyeron
a la omisión de los deberes de protección de la Fuerza Pública.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Santa Marta con el radicado no. 47001-33-33-002-2019-00042-00, que
mediante sentencia de 30 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda. En primer lugar, se descartó la configuración de la caducidad, pues
consideró que las amenazas y las intimidaciones contra los demandantes
constituyeron obstáculos materiales para acudir a la administración de justicia y que
la información sobre la aceptación de los hechos por los postulados les fue
comunicada en 2018.
En cuanto al fondo, el juzgado tuvo por acreditado el daño antijurídico derivado del
homicidio del señor Esteban de Jesús Mercado Cárdenas y de la desaparición
forzada del señor José Nicomedes Mercado Cárdenas. Sin embargo, concluyó que
no se demostró una omisión atribuible a la Policía Nacional o al Ejército Nacional,
pues no encontró pruebas de amenazas previas contra las víctimas, solicitudes de
protección anteriores a los hechos o conocimiento oportuno de las autoridades
sobre el riesgo. En consecuencia, consideró que los sucesos fueron imprevisibles y
que se configuró el hecho determinante de un tercero.
Precisaron que contra la anterior determinación presentaron recurso de apelación,
al considerar que el juzgado no examinó de manera diferenciada el homicidio y la
desaparición forzada, ni atendió al carácter continuado de esta última. También
reprochó la falta de análisis del contexto de violencia, las amenazas, el
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desplazamiento y los reconocimientos de responsabilidad de los postulados de
Justicia y Paz. Afirmó que la presencia y el dominio del “Bloque Resistencia
Tayrona” en la zona hicieron previsible el riesgo y exigieron una actuación
preventiva de las autoridades, aun sin una solicitud individual de protección.
El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia de 25 de febrero de
2026 confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que la acreditación del
daño antijurídico no resultó suficiente para declarar la responsabilidad estatal pues
también debió demostrarse que las autoridades conocieron el riesgo de las víctimas
o que este resultaba evidente a partir de las circunstancias particulares del caso. En
concreto, señaló que no se probó que las víctimas o sus familiares hubieran
informado amenazas antes de los hechos, ni que aquellas desarrollaran actividades
o presentaran condiciones particulares de las cuales pudiera inferirse un riesgo
específico para su vida o integridad. Asimismo, sostuvo que la presencia y el poder
territorial de grupos armados ilegales no generaron por sí solos responsabilidad
patrimonial del Estado.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que se cumplieron los requisitos generales de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales. Afirmó que el asunto tenía relevancia
constitucional, pues trascendió el interés particular de los demandantes e involucró
la protección de los derechos de víctimas de desaparición forzada y homicidio en el
marco del conflicto armado. Señaló que agotó los recursos ordinarios ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y que no contó con otro mecanismo de
defensa judicial para obtener la protección solicitada.
Respecto de la inmediatez, manifestó que presentó la acción dentro de un plazo
razonable y adujo que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral
ante graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
gozaron de una protección reforzada que, a su juicio, impidió sujetar su reclamación
a términos de caducidad. Agregó que identificó los hechos y los derechos
vulnerados, que los defectos alegados incidieron directamente en la decisión y que
el cuestionamiento recaía sobre una sentencia de reparación directa y no sobre un
fallo de tutela.
En cuanto a las causales específicas, alegó la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución.
Respecto del defecto fáctico, sostuvo que el tribunal no valoró integralmente las
certificaciones de la Personería Municipal de Dibulla, las declaraciones
juramentadas, los registros de la Fiscalía General de la Nación y las versiones de
los postulados de Justicia y Paz. Sostuvo que esos elementos debieron examinarse
junto con el contexto de violencia y control territorial del “Bloque Resistencia
Tayrona”, así como con las condiciones de indefensión y desplazamiento de la
familia.
Añadió que la autoridad judicial le impuso una carga probatoria imposible de
satisfacer, pues exigió que acreditara la omisión específica de las fuerzas estatales,
pese a que los demandantes fueron menores de edad para la época de los hechos
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y afrontaron las consecuencias del conflicto armado. En su criterio, esa exigencia
desconoció la carga dinámica de la prueba, las dificultades para obtener elementos
sobre delitos de ejecución y el deber del Estado de demostrar que actuó con la
diligencia debida.
Asimismo, invocó un defecto sustantivo porque a su juicio, el tribunal interpretó
restrictivamente la responsabilidad estatal y condicionó su declaratoria a la
existencia de una advertencia previa sobre el riesgo o al desarrollo de actividades
especiales por las víctimas. Afirmó que la notoriedad de la presencia paramilitar en
Guachaca activó los deberes de prevención y protección derivados de la posición
de garante del Estado, sin que resultara necesaria una solicitud individual de
protección.
En relación con el desconocimiento del precedente judicial, invocó la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, que identificó con el
radicado 32988. Según su interpretación, esa providencia impidió exigir a las
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos la demostración de
amenazas individualizadas y exigió atender a la posición de garante del Estado y a
las reglas sobre distribución de la carga probatoria.
Por otra parte, reprochó la ausencia de un enfoque de género, al considerar que el
tribunal omitió examinar el impacto diferenciado que la pérdida de sus hermanos y
el desplazamiento produjeron sobre las mujeres de la familia, quienes asumieron
cargas de subsistencia en condiciones de especial vulnerabilidad. Sostuvo que la
concurrencia de las condiciones de mujer, menor de edad y víctima del conflicto
exigió una valoración particular de las pruebas y de las barreras de acceso a la
justicia.
Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución, por el
desconocimiento de los mandatos de igualdad, protección especial de los menores
de edad y reparación integral. Consideró que la referencia a la ausencia de labores
o actividades especiales de las víctimas introdujo un criterio discriminatorio y que
las exigencias probatorias impuestas produjeron una revictimización judicial que
obstaculizó el acceso efectivo a la justicia y a la reparación.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena
La magistrada ponente rindió informe en el que sostuvo que no se vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora y que la acción de tutela pretendía
reabrir el debate probatorio resuelto por los jueces naturales.
Respecto del defecto fáctico, señaló que la Sala valoró integralmente las pruebas,
entre ellas, el oficio de la Fiscalía, las certificaciones del personero de Dibulla y de
la Junta de Acción Comunal, las declaraciones juramentadas y el relato ante Justicia
Transicional. Explicó que esos elementos acreditaron el daño pero no demostraron
que la fuerza pública hubiera conocido previamente un riesgo concreto para las
víctimas o hubiera desatendido una solicitud de protección. Por ello, sostuvo que no
se exigió una prueba imposible, sino la acreditación de los presupuestos de la
responsabilidad estatal por daños causados por terceros.
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Accionante: Nereida Esther Mercado Cárdenas y otros
En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la posición de garante del Estado no
generó responsabilidad automática por los daños ocurridos en zonas de conflicto,
pues resultaba necesario demostrar el incumplimiento de los deberes de diligencia
y la existencia de un riesgo inminente. Aclaró que las referencias a líderes
comunales y activistas políticos constituyeron ejemplos de supuestos en los que
pudo inferirse el riesgo sin denuncia previa y no requisitos de un perfil especial para
acceder a la reparación.
Frente al desconocimiento del precedente judicial, advirtió que los accionantes
confundieron dos providencias. Precisó que la sentencia de unificación con radicado
32988 correspondió al 28 de agosto de 2014 y abordó la reparación de perjuicios
inmateriales en un caso de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a agentes
estatales sin establecer una inversión automática de la carga probatoria. Por su
parte, explicó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, con radicado
61033, versó sobre la caducidad de la reparación directa y que sus reglas se
aplicaron en favor de los demandantes, pues se consideró oportuna la demanda y
se resolvió de fondo.
Por último, manifestó que la protección reforzada de la niñez y los enfoques de
género e interseccionalidad orientaron la valoración del daño y el acceso a la
justicia, pero no sustituyeron la prueba de la imputación al Estado. Concluyó que los
reparos expresaron una inconformidad con las decisiones de instancia, sin acreditar
un defecto que justificara la intervención del juez constitucional.
4.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
La jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional rindió
informe en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar
que no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes. Señaló que
los mismos accedieron a las instancias judiciales, intervinieron en condiciones de
igualdad y obtuvieron decisiones de fondo, sin que tales garantías implicaran una
resolución favorable a sus pretensiones.
Sostuvo que no se acreditó una actuación deficiente de la institución ni el
conocimiento previo del riesgo que afrontaron las víctimas. Agregó que el homicidio
y la desaparición fueron atribuidos a integrantes del Bloque Resistencia Tayrona,
por lo que alegó el hecho exclusivo y determinante de un tercero como eximente de
responsabilidad. Para terminar, indicó que no se demostró un perjuicio irremediable
que justificara el amparo transitorio y que la controversia se debatió ante los jueces
competentes.
4.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó negar las pretensiones
del amparo o, en subsidio, declarar la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo
que la parte actora no sustentó los defectos específicos atribuidos a las providencias
cuestionadas ni acreditó la vulneración de sus derechos fundamentales, pues se
limitó a enunciarla sin justificarla.
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Asimismo, afirmó que los accionantes incumplieron su carga probatoria, en
particular, respecto de la acreditación del parentesco. Reiteró que la tutela contra
providencias judiciales tuvo carácter excepcional y no constituía una tercera
instancia para controvertir una decisión adversa.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 27 de agosto de
2026 declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. Consideró que los planteamientos de los accionantes no
evidenciaron una controversia desde una óptica constitucional, sino su
inconformidad con la valoración jurídica y probatoria que sustentó la negativa de las
pretensiones de reparación directa.
Explicó que aunque la parte actora invocó los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la Constitución, no
demostró que la providencia cuestionada hubiera incurrido en una arbitrariedad
judicial ni sustentó suficientemente una afectación desproporcionada de sus
derechos fundamentales. Por el contrario, advirtió que pretendió utilizar el amparo
como una tercera instancia para reabrir una discusión resuelta por el juez natural.
Al examinar las consideraciones de la sentencia cuestionada, señaló que el Tribunal
Administrativo del Magdalena realizó un estudio razonable del caso. Destacó que
esa autoridad explicó que la responsabilidad estatal no surgió exclusivamente de la
acreditación del daño, pues también resultaba necesario demostrar que las
autoridades conocieron el riesgo que afrontaron las víctimas o que este pudo
inferirse de las particularidades del asunto. En ese sentido, observó que no se
acreditó que las víctimas o sus familiares hubieran informado amenazas previas ni
que existieran circunstancias que permitieran establecer un riesgo evidente para su
vida o integridad.
Asimismo, resaltó que el tribunal examinó los documentos sobre las confesiones de
los integrantes del Bloque Resistencia Tayrona, las certificaciones y las
declaraciones aportadas. Sin embargo, concluyó que esos elementos demostraron
los daños padecidos por la familia pero no una falla del servicio atribuible a la Policía
Nacional o al Ejército Nacional. Añadió que la autoridad accionada reconoció las
graves afectaciones derivadas del control territorial de los grupos armados ilegales,
aunque precisó que su sola presencia y la causación de daños no generaron de
manera objetiva, responsabilidad estatal.
Respecto del desconocimiento del precedente judicial advirtió que la radicación, la
fecha y el magistrado ponente de la providencia invocada no coincidía, lo que
impidió identificar con certeza la decisión presuntamente desatendida. Además,
recordó que la sustentación de ese cargo exigió identificar las reglas y subreglas
jurisprudenciales aplicables, así como demostrar la similitud de las situaciones
fácticas y de los problemas jurídicos de los casos confrontados.
Concluyó que los reproches expresaron una discrepancia con el criterio del tribunal
y no evidenciaron una actuación arbitraria o caprichosa que justificara la
intervención constitucional. Por ello, sostuvo que sustituir la valoración del juez
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competente desbordaría la finalidad de la tutela y desconocería los principios de
autonomía e independencia judicial.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los
accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia y solicitaron su
revocatoria, para que se ampararan sus derechos fundamentales, se dejara sin
efectos la providencia de 25 de febrero de 2026 y se ordenara al Tribunal
Administrativo del Magdalena dictar una nueva decisión.
Sostuvieron que el asunto tiene relevancia constitucional, pues no se pretendía
reabrir un debate de mera legalidad ni discutir la cuantificación de una
indemnización, sino cuestionar las barreras probatorias impuestas a víctimas de
graves violaciones de derechos humanos. Afirmaron que exigirles demostrar un
aviso previo sobre el riesgo o el ejercicio de actividades especiales constituía una
carga imposible dadas su minoría de edad, su condición campesina y el contexto
de desplazamiento y control paramilitar. Además, invocó la informalidad de la tutela
y las facultades ultra y extra petita del juez constitucional para solicitar un examen
integral del caso.
Como argumento adicional, invocó la sentencia de 26 de junio de 2026 proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente
no. 11001-03-15-000-2026-02577-00, correspondiente al caso de la señora Josefa
Castro de la Hoz y otros. Aseguró que esa decisión concedió el amparo frente al
mismo despacho del Tribunal Administrativo del Magdalena en un asunto
sustancialmente semejante. Por ello, consideró que la diferencia de trato entre
ambos casos desconoció el derecho a la igualdad y solicitó adoptar un criterio
uniforme.
Respecto del defecto fáctico, reiteró que correspondía al Estado demostrar su
diligencia mediante la aplicación de la carga dinámica de la prueba. Cuestionó que
se restara alcance probatorio a las confesiones de los postulados de Justicia y Paz,
pues a su juicio, estas no solo acreditaban los crímenes sino también el control
territorial del Bloque Resistencia Tayrona y la inoperancia estatal. Señaló que exigir
pruebas adicionales sobre la disposición táctica, los patrullajes o la inteligencia
militar imponía una carga ajena a las posibilidades de las víctimas.
En cuanto al defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente judicial, afirmó
que la notoriedad del riesgo derivado del dominio paramilitar activó la posición de
garante del Estado sin necesidad de una denuncia individual. Alegó que la
imprecisión en los datos de identificación de una de las providencias citadas
constituyó un error de digitación que no justificó desestimar el cargo en virtud de la
prevalencia del derecho sustancial. Asimismo, expuso la regla que consideró
desconocida y las semejanzas fácticas y jurídicas que, en su criterio, existieron con
el antecedente invocado.
Por último, sostuvo que el tribunal omitió la protección reforzada de quienes eran
menores de edad y dependían económicamente de sus hermanos para la época de
los hechos. Añadió que tampoco aplicó los enfoques de género e interseccionalidad,
pese a las cargas desproporcionadas que asumieron las mujeres del núcleo familiar
tras la pérdida de sus proveedores y el desplazamiento forzado.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 27 de agosto de 2026 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, y de encontrarse
cumplidos los restantes requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la
protección constitucional solicitada porque la autoridad judicial accionada incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
En la sentencia C-590 de 20052, acogida por esta Corporación en sentencia del 5
de agosto de 20143, se precisaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: (i) Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
También se precisaron los requisitos específicos de procedencia, así: (i) defecto
orgánico4; (ii) defecto procedimental absoluto5; (iii) defecto fáctico6; (iv) defecto
2 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
3 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
5 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
6 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
9
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material o sustantivo7; (v) error inducido8; (vi) decisión sin motivación9; (vii)
desconocimiento del precedente judicial10 y (viii) Violación directa de la
Constitución11.
Con todo, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, el asunto bajo examen cumple el
requisito de relevancia constitucional
La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 27 de agosto de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, al
considerar que los reparos de los accionantes expresaban su inconformidad con la
valoración jurídica y probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena y pretendían reabrir una controversia ya resuelta por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo. También estimó que no se demostró que la
providencia cuestionada hubiera incurrido en una actuación arbitraria o
abiertamente violatoria de derechos fundamentales.
Contrario a lo sostenido por el juzgador de primera instancia, para la Sala la acción
de tutela cumple con el citado presupuesto general, toda vez que la controversia
trasciende una simple inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural y
se dirige a establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, al proferir la sentencia de 25 de febrero de 2026, mediante la cual
confirmó la decisión que negó las pretensiones del proceso de reparación directa
promovido por los accionantes.
En efecto, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada valoró de
manera fragmentada las pruebas sobre el homicidio del señor Esteban de Jesús
Mercado Cárdenas, la desaparición forzada del señor José Nicomedes Mercado
Cárdenas, el control territorial del Bloque Resistencia Tayrona, las amenazas y el
desplazamiento de la familia. Afirmó que el Tribunal les impuso una carga probatoria
imposible al exigir la demostración de una advertencia previa o de circunstancias
particulares de riesgo, pese a que varios de ellos eran menores de edad para la
época de los hechos y afrontaron las consecuencias del conflicto armado.
7 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
8 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
9 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
10 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
11 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Asimismo, alegó que la providencia cuestionada desconoció la posición de garante
del Estado, el precedente judicial que consideró aplicable y los enfoques de género
e interseccionalidad. Por ello, cuestionó si la autoridad judicial accionada examinó
adecuadamente los deberes estatales de prevención y protección y si valoró las
pruebas con atención al contexto de violencia, a la situación de vulnerabilidad de la
familia y a las dificultades que enfrentaron sus integrantes para acceder a la justicia.
En el presente asunto se advierte que los cuestionamientos formulados por los
accionantes no se limitan a expresar una discrepancia frente a la interpretación de
las normas aplicables o a la valoración probatoria efectuada por el juez de
conocimiento, ni buscan convertir la acción de tutela en una instancia adicional para
reabrir el debate propio del proceso ordinario. Por el contrario, están dirigidos a
demostrar que la providencia cuestionada habría vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la reparación integral y de acceso
a la administración de justicia, al presuntamente omitir el contexto de violencia,
desconocer las reglas sobre distribución de la carga probatoria, su indebida
valoración e inaplicar los deberes de protección estatal, razones por las cuales la
Sala considera satisfecho el requisito de relevancia constitucional.
Los demás requisitos generales también se encuentran acreditados, toda vez que
(ii) la parte accionante no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para
controvertir la providencia cuestionada, pues agotó las instancias ordinarias y contra
la sentencia de segunda instancia no procede recurso ordinario alguno; (iii) se
cumple el requisito de la inmediatez, por cuanto la acción de tutela fue promovida
dentro del término razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación
y de la Corte Constitucional; (iv) los accionantes identificaron de manera clara los
hechos que originaron la presunta vulneración de sus derechos fundamentales y los
defectos que atribuyó a la providencia cuestionada; y (v) la acción no se dirige contra
una sentencia de tutela.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados
Los señores Nereida Esther Mercado Cárdenas, Julio César Mercado Quintero,
Margarita Patricia Mercado Cárdenas, Marta Cecilia Mercado Cárdenas, Lola Isabel
Mercado Cárdenas, Luz Darys Mercado Cárdenas y Jhoseth José Mercado
Cárdenas presentaron acción de tutela con la pretensión que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
reparación integral y de acceso a la administración de justicia, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena con la sentencia de 25 de
febrero de 2026, que confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones del proceso de reparación directa no. 47001-33-33-002-2019-00042-
01, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución, tal como se expuso en precedencia.
La Sala advierte que revocará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones. Para tal
efecto, abordará de manera conjunta los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, por
cuanto todos se fundamentan en un mismo reproche relacionado con que el Tribunal
Administrativo del Magdalena no valoró de manera conjunta las certificaciones de
la Personería Municipal de Dibulla, las declaraciones juramentadas, los registros de
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la Fiscalía General de la Nación y las versiones de los postulados de Justicia y Paz,
así como el contexto de violencia y control territorial del “Bloque Resistencia
Tayrona”.
12
En relación con el defecto sustantivo , resulta del caso precisar que se materializa
cuando la decisión que adopta el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconoce y además, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis:“(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y
alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de
manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando
le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable”13.
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto fáctico se configura cuando
“(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en
la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Asimismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
12 En sentencia SU 574 de 2019, la Corte precisó que este defecto puede darse ““(i) Cuando existe carencia
absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma inexistente, derogada, o
que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le
reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación
desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría
la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La disposición
aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder
concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El
servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos
fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de
la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al
caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando
la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura
cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”
13 Ibíd.
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la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución14, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
15
probatorio que respalde su decisión .
Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, es
necesario precisar que la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica
que16 “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los)
caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las reglas fijadas por la
jurisprudencia17:
“i. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció.; ii. el juez de tutela debe
confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es,
debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido; iii. identificado el
precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar; iv. si, en
efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del
precedente si el juez expone las razones para apartarse; v. el precedente judicial
vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio
decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de
las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto y; vi.si no
se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima”.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que los accionantes
formularon varios reproches contra la sentencia de 25 de febrero de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena. El primero se relaciona con el defecto
14 Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15 Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
13
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fáctico, pues sostuvieron que la autoridad judicial no valoró integralmente las
pruebas sobre el homicidio de Esteban de Jesús Mercado Cárdenas, la
desaparición forzada de José Nicomedes Mercado Cárdenas, la presencia y el
control territorial del Bloque Resistencia Tayrona, las amenazas posteriores y el
desplazamiento de la familia. También alegaron que el tribunal les impuso una carga
probatoria imposible al exigir una prueba individualizada de la omisión estatal y del
conocimiento previo del riesgo.
El segundo reproche se refiere a los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, pues los accionantes afirmaron que el Tribunal interpretó
restrictivamente los deberes estatales de prevención y protección al supeditar la
responsabilidad a la existencia de una denuncia previa o a que las víctimas tuvieran
un perfil o desarrollaran actividades particulares que permitieran advertir el riesgo.
Asimismo, invocaron la posición de garante del Estado y una sentencia de
unificación del Consejo de Estado que identificaron con el radicado 32988.
El tercer reproche se relaciona con la violación directa de la Constitución y la falta
de aplicación de enfoques de género e interseccionalidad. Los accionantes
señalaron que varios integrantes de la familia eran menores de edad para la época
de los hechos y que las mujeres asumieron cargas de subsistencia y afrontaron una
situación de especial vulnerabilidad a raíz de la pérdida de sus hermanos y del
desplazamiento forzado. En su criterio, la autoridad judicial omitió considerar esas
circunstancias y produjo una revictimización al exigirles pruebas que no estaban en
condiciones de aportar.
Así las cosas, respecto del primer cuestionamiento, la Sala observa que la sentencia
de 25 de febrero de 2026 examinó los elementos probatorios allegados al proceso
y explicó por qué, a su juicio, los mismos acreditaban los daños ocasionados a la
familia pero no demostraban que la Policía Nacional o el Ejército Nacional hubieran
conocido antes de los hechos un riesgo concreto para los hermanos Mercado
Cárdenas ni que hubieran omitido una actuación que razonablemente pudiera evitar
el resultado.
Para adoptar esa conclusión, el Tribunal accionado se refirió al oficio DJT-596 de
11 de mayo de 2018 expedido por la Fiscalía 65 Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito Especializado, en el cual se transcribieron apartes de las versiones
rendidas por integrantes del Bloque Resistencia Tayrona sobre la desaparición del
señor José Nicomedes Mercado Cárdenas y el homicidio del señor Esteban de
Jesús Mercado Cárdenas. También examinó la certificación del personero municipal
de Dibulla de 2 de noviembre de 2000, sobre la muerte del último, el relato
presentado por el señor Julio César Mercado Quintero ante la Unidad Especializada
de Justicia Transicional el 6 de octubre de 2015, la certificación de la Junta de
Acción Comunal de 15 de agosto de 2014, sobre la residencia y el desplazamiento
de la familia y las declaraciones juramentadas allegadas al proceso.
En ese contexto, la autoridad judicial accionada no desconoció que se acreditó el
homicidio Cárdenas de las víctimas directas, ni que sus familiares se desplazaron y
padecieron afectaciones derivadas de esos hechos. El análisis del Tribunal se
centró en determinar si además de esos daños, se probó una omisión estatal que
permitiera imputársele el daño antijurídico alegado a la Nación. Al respecto,
concluyó que los documentos daban cuenta de los delitos, de la autoría atribuida a
14
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los miembros del grupo armado y de las consecuencias para la familia, pero no
acreditaban que las autoridades conocieran previamente una amenaza concreta
contra las víctimas directas o que el riesgo específico fuera evidente a partir de las
circunstancias probadas.
Adicionalmente, la autoridad judicial también se refirió a la certificación de la Policía
Nacional sobre la novedad registrada el 4 de septiembre de 2000 en la que se
informó sobre la presencia de integrantes del Bloque Resistencia Tayrona en las
montañas aledañas. El Tribunal tuvo en cuenta que ese registro era posterior a los
hechos del 15 de julio de 2000 y que por sí solo no demostraba que las autoridades
hubieran conocido con anterioridad la situación de riesgo que afrontaban los
señores Esteban y José Nicomedes Mercado Cárdenas.
Por otra parte, la sentencia consideró que no se probó que las víctimas o sus
familiares hubieran solicitado protección antes de los hechos o que hubieran
denunciado amenazas previas, pues la afirmación de los accionantes según la cual
informaron a la Policía y al Ejército sobre lo ocurrido se relacionaba con actuaciones
posteriores a la retención de los hermanos y no demostraba por sí misma que las
autoridades hubieran podido anticipar el ataque. Tampoco se acreditó de qué
manera una actuación estatal posterior a los hechos habría evitado el homicidio del
señor Esteban de Jesús o la desaparición del señor José Nicomedes, ni se
individualizó una omisión posterior con incidencia en los daños cuya reparación se
reclamó.
En estas condiciones, para la Sala no se advierte que el Tribunal Administrativo del
Magdalena hubiera omitido valorar pruebas determinantes, desconocido su alcance
o que hubiera incurrido en una indebida o contraevidente valoración probatoria. Por
el contrario, examinó los elementos relacionados con los crímenes, el contexto
familiar, las amenazas y el desplazamiento forzado y explicó por qué no los estimó
suficientes para establecer que las entidades demandadas conocieron o debieron
conocer un riesgo concreto antes de la ocurrencia de los hechos. Por lo tanto, que
los accionantes atribuyan a esas pruebas un alcance distinto no demuestra que la
valoración judicial hubiera sido arbitraria, caprichosa o carente de sustento.
Ahora bien, respecto de la supuesta imposición de una carga probatoria imposible,
el artículo 167 del Código General del Proceso establece que corresponde a las
partes acreditar los supuestos de hecho de las normas cuyo efecto jurídico
persiguen. No obstante, permite al juez distribuir la carga de probar determinados
hechos a quien se encuentre en mejores condiciones para aportar las evidencias o
esclarecer lo ocurrido. Por ello, aunque correspondía a los demandantes acreditar
los hechos constitutivos de la falla del servicio alegada, debía considerarse la mayor
facilidad que pudieran tener las entidades demandadas para suministrar
información sobre su actuación.
De conformidad con lo anterior, la Sala precisa que el Tribunal si bien no condicionó
la demostración de la omisión estatal al aporte de información sobre patrullajes,
inteligencia militar o disposición de la fuerza pública, examinó las versiones de los
postulados de Justicia y Paz, las certificaciones, las declaraciones y el registro
policial, pero explicó que esos elementos acreditaban los crímenes y las
afectaciones familiares, sin permitir inferir que las autoridades conocieron o
debieron conocer un riesgo que hiciera exigible una actuación preventiva. Por tanto,
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la negativa no se sustentó en exigir a las víctimas documentos que las entidades
estuvieran en mejores condiciones de aportar, sino en la insuficiencia de los hechos
acreditados para establecer la omisión alegada, conclusión que no se desvirtúa por
la sola invocación de la carga dinámica de la prueba.
Ahora bien, para la Sala aun cuando se entendiera que el alegato de la acción de
tutela se orienta a cuestionar que la autoridad judicial accionada no aplicó el criterio
de flexibilización probatoria para demostrar que, en el caso concreto, existían
circunstancias que permitían inferir un riesgo inminente para la vida e integridad de
las víctimas directas, se debe que ello no conduciría a una decisión distinta de la
adoptada por los jueces de instancia. Lo anterior, en razón a que conforme a la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tratándose de la
responsabilidad del Estado por daños ocasionados por grupos insurgentes, resulta
necesario acreditar el “incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes
normativos y/o ii) la omisión o inactividad de la administración pública. Como en los
daños causados por la acción de grupos insurgentes se está en presencia de un
hecho de un tercero, desde un plano causal, deberá demostrarse la cognoscibilidad
real del peligro que corre el bien jurídico que debe ser protegido, al igual que la
posibilidad material de actuar en defensa de este, o bien por el negligente o
inadecuado despliegue de las acciones de defensa ejecutadas por la fuerza
pública18”
En ese sentido, no se advierte que la autoridad judicial accionada hubiera impuesto
un estándar probatorio excesivamente riguroso o desconocido la posibilidad de
establecer la previsibilidad del daño a partir de las circunstancias particulares del
caso. Por el contrario, examinó esa posibilidad, pero concluyó que los elementos de
convicción allegados al proceso no permitían acreditar que las autoridades
conocieran o debieran conocer una situación concreta de riesgo para las víctimas
directas de manera previa al acaecimiento de los hechos. Así, la inconformidad de
la parte actora se dirige, en realidad, contra las conclusiones probatorias del juez
natural, sin que la aplicación de lo que se pudiera entender como criterio de
flexibilización probatoria implique necesariamente atribuir a las pruebas el alcance
pretendido por los demandantes.
En efecto, aunque la presencia de grupos armados ilegales en la región constituye
una circunstancia relevante para valorar la previsibilidad del daño, no permite, por
sí sola, tener por acreditada una falla del servicio. Sostener lo contrario supondría
convertir el deber general de protección del Estado en una obligación de resultado
frente a todos los actos violentos cometidos por terceros, sin verificar las
condiciones concretas que permitían exigir razonablemente una actuación de las
autoridades para prevenir el daño.
En ese contexto, la Sala precisa que estas consideraciones también descartan la
violación directa de la Constitución alegada, pues ese reproche se sustenta en las
mismas exigencias probatorias que los accionantes consideran incompatibles con
18 Ver sentencia de 17 de septiembre de 2025, EXP. 49492 CP Nicolás Yepes Corrales en la que además se indicó: “Al
respecto, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado que para determinar si la conducta del Estado fue
anómala o irregular, por acción o por omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si para la
Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de
los puntos más importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los hechos (estado
de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan margen para la duda, es decir, las que
sobrepasan la situación de violencia ordinaria vivida”.
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su condición de víctimas, la protección reforzada de los menores de edad y los
enfoques de género e interseccionalidad. Como se explicó, el Tribunal examinó las
pruebas sobre los crímenes, las amenazas y el desplazamiento familiar, pero no
encontró elementos suficientes para acreditar la omisión estatal. Por tanto, la
negativa no obedeció al desconocimiento de esas condiciones de vulnerabilidad ni
a una exigencia probatoria discriminatoria, sino a la falta de acreditación de la
imputación del daño, presupuesto que tales condiciones no permiten tener por
demostrado por sí solas.
En consecuencia, la Sala concluye que el reproche planteado corresponde a una
discrepancia con las conclusiones probatorias a las que arribó el juez natural y no a
una valoración arbitraria u omisiva de la prueba. La acción de tutela no puede
emplearse para sustituir el criterio del juez del proceso ordinario sobre el alcance de
los elementos que tuvo a su disposición. 191 reiteró que la intervención del juez de
tutela en esta materia es extremadamente reducida y exige un error manifiesto con
incidencia directa en la decisión. Por tanto, las diferencias de apreciación probatoria
no configuran por sí solas, un defecto fáctico ni habilitan al juez constitucional para
sustituir una valoración razonable del juez ordinario.
Ahora bien, respecto del defecto sustantivo, la Sala observa que la sentencia
cuestionada no desconoció que el Estado tiene el deber constitucional de proteger
la vida, la integridad y los demás derechos de las personas, ni descartó que pueda
surgir responsabilidad patrimonial por daños causados por grupos armados ilegales.
Por el contrario, el Tribunal Administrativo del Magdalena expuso que la
responsabilidad por omisión podía configurarse cuando las autoridades intervinieran
en los hechos, cuando la víctima hubiera solicitado protección y esta no se brindara,
o cuando las circunstancias hicieran previsible el daño y no se adoptaran medidas
para evitarlo.
La autoridad judicial también citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la falla
del servicio por omisión y la posición de garante institucional, y a partir de esas
reglas, señaló que el deber estatal de protección no imponía una obligación absoluta
de impedir todo hecho delictivo, sino que debía establecerse en cada caso si el
riesgo era previsible y cognoscible y si el Estado incumplió un deber de diligencia
que podía evitar o mitigar el daño.
Al aplicar ese marco al caso concreto, el Tribunal reconoció que la presencia y el
poder territorial de grupos armados ilegales en Magdalena, Cesar y La Guajira
ocasionaron graves afectaciones y que en determinados casos, podían
comprometer la responsabilidad estatal. Sin embargo, consideró que la sola
existencia de esos grupos y la ocurrencia de daños a manos de sus integrantes no
demostraban de manera automática una falla del servicio. Para establecerla, estimó
necesario acreditar que las autoridades conocieron una situación concreta de riesgo
o que este podía inferirse de las circunstancias particulares probadas.
De lo anterior, se evidencia que la providencia cuestionada si bien admitió que el
riesgo podía deducirse de las circunstancias del caso, concluyó que los elementos
probatorios no permitían hacerlo respecto de los señores Esteban de Jesús y José
19 M.P José Fernando Reyes Cuartas.
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Nicomedes Mercado Cárdenas. Por consiguiente, la autoridad judicial no excluyó la
responsabilidad estatal por la sola intervención de un tercero, sino que analizó si el
daño podía imputarse a una omisión de la Policía Nacional o del Ejército Nacional y
respondió negativamente con fundamento en las pruebas recaudadas.
En virtud de lo anterior, la Sala no advierte que esa interpretación sea
contraevidente o incompatible con la normatividad aplicable, pues la posición de
garante del Estado no convierte a las entidades públicas en aseguradoras de todo
daño causado por particulares ni supone que la existencia de un grupo armado en
una zona genere responsabilidad patrimonial automática. Es necesario establecer,
a partir de los hechos y las pruebas del asunto, si la autoridad incumplió un deber
concreto de prevención o protección frente a un riesgo que podía conocer y atender.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, la Sala observa que los
accionantes identificaron una providencia con radicado 32988 y afirmaron que la
misma impedía exigir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos la
demostración de amenazas individualizadas. Sin embargo, no se advierte que la
regla que atribuyeron a esa decisión corresponda a su razón central ni que regule
directamente la imputación de responsabilidad estatal por omisión en un caso como
el presente.
En ese contexto, la Sala observa que la sentencia de unificación identificada con el
radicado “32988” resolvió un asunto distinto, relacionado con el reconocimiento de
perjuicios inmateriales derivados de homicidios en persona protegida atribuidos a
agentes estatales. Por esa razón, dicha providencia no estableció que la confesión
de un grupo armado o la existencia de un contexto general de violencia fueran
suficientes para demostrar una omisión estatal o trasladar automáticamente a las
entidades demandadas la carga de probar su diligencia.
Por su parte, la Sala precisa que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020
versó sobre el cómputo de la caducidad en el medio de control de reparación directa,
en la que las autoridades judiciales aplicaron sus reglas al examinar la oportunidad
de la demanda y concluyeron que no se configuró la caducidad a partir de las
amenazas y de las circunstancias que según las pruebas dificultaron el acceso de
la familia a la administración de justicia.
Además, la sentencia cuestionada citó jurisprudencia sobre la posición de garante,
la previsibilidad del riesgo y la falla del servicio por omisión, entre ellas, las
providencias de 12 de febrero de 2014, 28 de enero de 2015 y de 23 de noviembre
de 2016 proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Y a partir de ellas,
examinó si existían pruebas de que las autoridades conocieran el riesgo o de que
este pudiera inferirse de las circunstancias del caso. Por lo tanto, no se evidencia
que el Tribunal hubiera ignorado el precedente aplicable, sino que lo interpretó y lo
aplicó de manera distinta a la propuesta por los demandantes.
Ahora bien, en la impugnación, los accionantes invocaron la sentencia de 26 de
junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del proceso no. 11001-03-15-000-2026-02577-00, que amparó los
derechos fundamentales de la señora Josefa Castro de la Hoz frente al Tribunal
Administrativo del Magdalena. En ese asunto, la controversia se relacionó con la
declaratoria de caducidad de la demanda de reparación directa derivadas de hechos
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de violencia y del desplazamiento forzado de habitantes del corregimiento de
Paraíso, municipio de Pivijay. La autoridad judicial había considerado que los
demandantes conocían la posible participación estatal y que su desplazamiento
había cesado sin verificar suficientemente esos supuestos.
En dicha providencia se concluyó que el Tribunal omitió resolver uno de los reparos
de apelación, atribuyó valor de confesión a las manifestaciones de los demandantes
sin examinar los requisitos legales y dio por acreditado, sin prueba, el conocimiento
del inicio del término de caducidad. Asimismo, declaró su configuración sin
establecer si había cesado la condición de desplazados ni brindarles la oportunidad
de demostrar las barreras que dificultaron el ejercicio oportuno de la acción. Por
ello, se dejó sin efectos la sentencia y se ordenó adoptar una nueva decisión, previa
ampliación del debate probatorio.
De conformidad con lo anterior, la Sala precisa que aunque ambos asuntos
involucran víctimas del conflicto armado y decisiones del mismo Tribunal, presentan
diferencias relevantes. En el caso invocado, el amparo se concedió por
irregularidades relacionadas con la caducidad que impidieron el examen de fondo
de determinadas pretensiones. En cambio, en el presente asunto se descartó la
caducidad y se resolvió de fondo la controversia, por lo que el debate constitucional
recae sobre la valoración de las pruebas y la acreditación de una omisión imputable
a las entidades demandadas.
Adicionalmente, la Sala advierte que la providencia invocada fue proferida después
de la sentencia cuestionada -25 de febrero de 2026-, por lo tanto no podía constituir
un precedente judicial que el Tribunal Administrativo del Magdalena hubiera
desconocido al momento de resolver el recurso de apelación. No obstante, se
precisa que aun cuando pudiera ser considerada como un antecedente para el
análisis del caso concreto, la sola circunstancia de que otra decisión de tutela
hubiera concedido el amparo contra la misma autoridad judicial no conduce a que
deban adoptarse idénticas consecuencias. Para ello, es necesario establecer que
los hechos relevantes, las pruebas, los problemas jurídicos y la razón decisoria sean
sustancialmente equiparables. Por lo tanto, la invocación de ese fallo no demuestra
por sí sola que la providencia aquí cuestionada hubiera incurrido en defecto alguno,
en especial cuando el examen debe atender al material probatorio específico de
cada proceso.
En esas condiciones, la inconformidad de los accionantes no radica en que el
Tribunal Administrativo del Magdalena hubiera omitido aplicar una regla vinculante
que resolviera el asunto en el sentido pretendido, sino en la conclusión a la que llegó
al aplicar las reglas sobre responsabilidad por omisión a las pruebas recaudadas.
Por consiguiente, no se evidencia un apartamiento arbitrario o injustificado del
precedente judicial que permita configurar el defecto alegado.
En virtud de lo expuesto, al no advertirse que el Tribunal Administrativo del
Magdalena hubiera valorado arbitrariamente las pruebas, interpretado de manera
irrazonable las reglas sobre responsabilidad estatal por omisión y posición de
garante, desconocido un precedente judicial vinculante o incurrido en una violación
directa de la Constitución, la Sala concluye que la parte demandante no demostró
la configuración de los defectos alegados ni la vulneración de sus derechos
fundamentales.
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Accionante: Nereida Esther Mercado Cárdenas y otros
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 27 de agosto de 2026 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela y, en su lugar, se negarán las pretensiones.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 27 de agosto de 2026 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores
Nereida Esther Mercado Cárdenas, Julio César Mercado Quintero, Margarita
Patricia Mercado Cárdenas, Marta Cecilia Mercado Cárdenas, Lola Isabel Mercado
Cárdenas, Luz Darys Mercado Cárdenas y Jhoseth José Mercado contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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