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Defecto fáctico perjuicio moral – Fecha Publicación: 05/11/2026

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260667700

Interno: 10557

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Incurrió el Tribunal Administrativo de Risaralda en defecto fáctico al negar el reconocimiento del perjuicio moral mortis causa reclamado a favor de la víctima directa [M.M.A.] por considerar que dicho perjuicio no estaba acreditado, pese a las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa?

Respuesta al problema jurídico: No

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991

— Resumen —

Resumen

El presente documento contiene la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se resuelve una acción de tutela interpuesta contra una providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda. La controversia técnica se originó en un proceso de reparación directa por falla en el servicio médico (falla médica), donde se declaró la responsabilidad de dos entidades públicas bajo la teoría de la pérdida de oportunidad. El conflicto jurídico central radica en la negativa del Tribunal a reconocer el perjuicio moral mortis causa a favor de la víctima directa (trasmisible a sus herederos), argumentando falta de prueba del sufrimiento específico derivado de la pérdida de la oportunidad, distinto al de la enfermedad misma. La Sala deniega el amparo al considerar que la autoridad demandada actuó dentro de su autonomía judicial, realizó una valoración probatoria razonable y no desconoció el precedente jurisprudencial sobre la presunción del daño moral.

Preguntas Centrales

¿Incurrió el tribunal demandado en un defecto fáctico al no presumir el perjuicio moral de la víctima directa?

No. El documento establece que la presunción de perjuicio moral definida en la jurisprudencia de unificación aplica principalmente a las víctimas indirectas (familiares) en casos de muerte o lesiones. En eventos de pérdida de oportunidad, donde no se indemniza el fallecimiento sino la pérdida de una probabilidad de curación, el sufrimiento de la víctima directa debe ser acreditado, al menos indiciariamente, y no puede suponerse automáticamente.

¿Es la “pérdida de oportunidad” un concepto excluyente del perjuicio moral?

No son excluyentes, pero el documento aclara que la indemnización por perjuicio moral en estos casos debe ser proporcional al “chance” o probabilidad perdida (tasada usualmente en un 50% de los topes) y no al resultado final de muerte, ya que el daño imputado es la incertidumbre del resultado y no el fallecimiento en sí mismo.

¿Se vulneró el derecho a la reparación integral de los herederos al negar el perjuicio mortis causa?

No. La Sala determinó que el derecho a reclamar el perjuicio moral de la víctima directa es transmisible, pero para su reconocimiento se requiere probar la “consistencia y realidad” del dolor padecido por el causante antes de morir. Al haber desistido la parte actora de los testimonios durante el proceso ordinario, no se cumplió con la carga de la prueba necesaria.

Fundamentación Clave

Pérdida de Oportunidad como Daño Autónomo

  • El documento utiliza la doctrina de la pérdida de oportunidad para establecer que el daño antijurídico no es la muerte, sino la privación de un diagnóstico y tratamiento oportuno.
  • La reparación bajo este concepto es parcial y proporcional, basada en la equidad ante la imposibilidad de determinar si la atención adecuada habría evitado el deceso.

Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 (Sección Tercera)

  • Se analiza el alcance de las presunciones de dolor moral. Mientras que para hijos y nietos (víctimas indirectas) el parentesco es prueba suficiente, para la víctima directa en casos de pérdida de oportunidad, la jurisprudencia exige elementos de convicción que permitan inferir el sufrimiento.

Defecto Fáctico y Autonomía Judicial

  • La Sala fundamenta que no existe vulneración al debido proceso cuando la valoración probatoria es conjunta y racional.
  • El hecho de que el Tribunal exija una prueba mínima del dolor “angustia o congoja” previo al fallecimiento, relacionado directamente con la falla médica, se considera una interpretación válida de la lex artis judicial.

Carga de la Prueba y Presunción Hominis

  • Se resalta que la parte actora tiene la carga de acreditar el perjuicio. El documento subraya que el desistimiento de las pruebas testimoniales por parte del demandante fue determinante para la negativa del reconocimiento económico solicitado.

Conclusión

El Consejo de Estado concluye que no hubo vulneración de derechos fundamentales, pues el Tribunal Administrativo aplicó correctamente la tesis de que el perjuicio moral mortis causa no se presume en casos de pérdida de oportunidad. La tesis principal establece que, si el daño imputado no es la muerte sino la pérdida de una probabilidad de salud, el demandante debe demostrar que dicha pérdida causó un sufrimiento específico en la víctima directa para que el derecho al cobro sea transmisible a sus herederos. Por tanto, se mantiene la sentencia que tasó los perjuicios de los familiares proporcionalmente y negó el pago a la sucesión.

Extracto del documento

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06677-00
Demandante: Eduardo Antonio Cano Alzate y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06677-00
Demandante: EDUARDO ANTONIO CANO ALZATE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Falla médica. Pérdida de oportunidad. Defecto fáctico.
Reconocimiento y transmisibilidad de perjuicios morales de la víctima
directa. Deber de probar el perjuicio moral. Deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Eduardo Antonio Cano Alzate y otros
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 21 de agosto de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderada,
Eduardo Antonio Cano Alzate, Yina Vanesa Cano Hurtado, Julián David Cano Hurtado,
Kevin Eduardo Cano Hurtado y Andrés Felipe Alzate pidieron la protección de sus
derechos fundamentales de acceso al debido proceso, a la igualdad y a la «reparación
integral y equidad».
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de
segunda instancia dictada el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, acceder
parcialmente1 a las pretensiones de la demanda de reparación directa 66001-33-33-006-
2016-00058-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Respetuosamente solicitamos a los Honorables Magistrados del Consejo de Estado
tutelar los derechos fundamentales de mis representados, a la reparación integral y
equidad, debido proceso e igualdad y que, en consecuencia:
1. Se declare la existencia de la violación de derechos fundamentales por parte del accionado.
2. Se revoque la sentencia de segunda instancia mediante la cual se negó el reconocimiento del
daño moral a la víctima directa y a sus herederos remplazándolo por el perjuicio autónomo de pérdida
de oportunidad, por lo cual se solicita el reconocimiento del daño moral según los topes
jurisprudenciales a favor la víctima directa y sus herederos, esto es:
i. A favor de la fallecida María Magola Alzate, la suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (100), por los intensos dolores y sufrimientos que padeció
durante su enfermedad, por la inadecuada prestación de los servicios de salud los cuales causaron
1 Pues denegó el perjuicio moral mortis causa reclamado a favor de la víctima directa.
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su muerte el 26 de diciembre de 2013; los cuales se reconocerán y pagarán a sus hijos en calidad
de herederos o a quien o quienes sus derechos representen al momento del fallo.
ii. A favor de Eduardo Antonio Cano Alzate la suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (100), por la muerte de su madre.
iii. A favor de la sucesión de Amparo Alzate, (fallecida), la suma equivalente a CIEN SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100), por la muerte de su madre.
iv. A favor de Andrés Felipe Alzate, la suma equivalente a CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (50), por la muerte de su abuela.
v. A favor de Yina Vanesa Cano Hurtado, la suma equivalente a CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (50), por la muerte de su abuela.
vi. A favor de Julián David Cano Hurtado, la suma equivalente a CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (50), por la muerte de su abuela.
vii. A favor de Kevin Eduardo Cano Hurtado, la suma equivalente a CINCUENTA SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50), por la muerte de su abuela.
3. Se ordene hacer las respectivas modificaciones en un término prudencial de un (1) mes.
4. De forma subsidiaria, de no proceder a consideración del despacho la reparación por daño moral
de los accionantes, se solicita reconocer la indemnización por concepto de perjuicio moral mortis
causa, en relación con la víctima directa, la señora María Magola Alzate (Q.E.P.D).
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 De la atención médica
El 22 de noviembre de 2013, la señora María Magola Alzate, de 72 años de edad y afiliada
a la Nueva EPS S.A., consultó en el servicio de urgencias de la ESE Hospital San Rafael
de Pueblo Rico por mareo y desvanecimiento. Permaneció en observación y egresó con
orden de exámenes de laboratorio para su práctica ambulatoria y seguimiento por
consulta externa.
El 15 de diciembre de 2013 la paciente ingresó otra vez a esa institución por pérdida del
conocimiento, cianosis, extensión de los miembros superiores y pérdida del habla, con
un puntaje inicial de 11/15 en la escala de Glasgow. La médica tratante dispuso iniciar el
trámite para estudios imagenológicos e intentó comunicarse con otra institución que
contara con ese servicio, sin respuesta. Ese mismo día se le dio de alta con orden de
interconsulta por medicina interna y de exámenes de laboratorio, sin que se practicara el
estudio imagenológico.
Los días 16 y 17 de diciembre de 2013, la señora Alzate fue atendida en el servicio de
urgencias de la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, donde se le
practicaron exámenes de laboratorio, se le diagnosticó anemia y se le dio salida con
tratamiento farmacológico.
El 25 de diciembre de 2013 la paciente consultó por tercera vez en la ESE Hospital San
Rafael de Pueblo Rico por pérdida del conocimiento y cianosis generalizada. Durante la
observación presentó deterioro clínico, por lo que fue remitida como urgencia vital a la
Clínica Los Rosales S.A., a la que ingresó a las 20:06 horas. Allí presentó paro
respiratorio, broncoaspiración y asistolia, y fue trasladada a la unidad de cuidados
intensivos, donde falleció el 26 de diciembre de 2013.
Amparo Alzate, hija de la señora María Magola Alzate, falleció el 13 de noviembre de
2015, según el registro civil de defunción relacionado en la sentencia de segunda
instancia.
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Demandante: Eduardo Antonio Cano Alzate y otros
3.2. Del proceso de reparación directa
El 25 de febrero de 2016, los señores Eduardo Antonio Cano Alzate y Naftaly Hurtado
Álvarez, en nombre propio y en representación de la entonces menor Yina Vanesa Cano
Hurtado, el primero además en ejercicio de la acción hereditaria como hijo de la fallecida,
Andrés Felipe Alzate, en nombre propio y en ejercicio de la acción hereditaria como hijo
de Amparo Alzate, y Julián David Cano Hurtado y Kevin Eduardo Cano Hurtado, en
nombre propio, presentaron demanda de reparación directa contra la ESE Hospital San
Rafael de Pueblo Rico, la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, la Clínica
Los Rosales S.A. y la Nueva EPS S.A. Además, el señor Eduardo Antonio Cano Alzate
actuó en ejercicio de la acción hereditaria como hijo de la señora María Magola Alzate, y
el señor Andrés Felipe Alzate como hijo y heredero de la señora Amparo Alzate, hija de
la víctima directa.
Pidieron que se declarara a las demandadas solidariamente responsables por la muerte
de la señora María Magola Alzate y por los padecimientos que esta sufrió durante su
enfermedad. En consecuencia, solicitaron perjuicios morales por 300 SMLMV a favor de
la fallecida, «por los intensos dolores y sufrimientos que padeció durante su
enfermedad», para ser pagados a sus hijos en calidad de herederos, esto es, a Eduardo
Antonio Cano Alzate y a Amparo Alzate, por quien actuó su hijo Andrés Felipe Alzate.
Para las víctimas indirectas pidieron 100 SMLMV para Eduardo Antonio Cano Alzate, 100
SMLMV para la sucesión de Amparo Alzate, 80 SMLMV para cada uno de los nietos
Andrés Felipe Alzate, Yina Vanesa Cano Hurtado, Julián David Cano Hurtado y Kevin
Eduardo Cano Hurtado, y 50 SMLMV para la nuera Naftaly Hurtado Álvarez.
Pidieron, además, por afectación relevante a bienes constitucional y convencionalmente
amparados, 100 SMLMV a favor de la fallecida, para ser pagados a sus herederos, 50
SMLMV para Eduardo Antonio Cano Alzate y 50 SMLMV para la sucesión de Amparo
Alzate. Por pérdida de oportunidad como perjuicio autónomo, pidieron 400 SMLMV a
favor de la fallecida, también para ser pagados a sus herederos, 50 SMLMV para Eduardo
Antonio Cano Alzate, 50 SMLMV para Amparo Alzate, 50 SMLMV para cada uno de los
nietos y 30 SMLMV para la nuera.
El proceso se adelantó bajo el radicado 66001-33-33-006-2016-00058-00 y correspondió
en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo de Pereira que, mediante sentencia
del 26 de abril de 2021, denegó las pretensiones.
Con base en las historias clínicas, el dictamen pericial y su contradicción, consideró que
la muerte de la paciente no obedeció al cuadro por el que consultó, sino a una bradicardia
progresiva con hipotensión asociada a una enfermedad de base que no fue posible
diagnosticar.
Estimó que la atención brindada se ajustó a la lex artis y a las guías médicas, que la
paciente y su familia no gestionaron la valoración especializada ordenada desde la
primera consulta y que no se acreditó el nexo causal.
La parte demandante apeló la sentencia por considerar que el juzgado interpretó de forma
errada la historia clínica, pues la orden de valoración por medicina interna solo se impartió
el 15 de diciembre de 2013 y no el 22 de noviembre, por lo que no podía reprocharse a
la familia la falta de gestión. Afirmó que la ESE Hospital San Rafael contaba con
laboratorio y no practicó los exámenes que sus médicos ordenaron, que la paciente sufrió
un trauma craneoencefálico el 15 de diciembre de 2013 que no fue estudiado con
tomografía y que fue dada de alta sin la remisión ordenada. Cuestionó también que en la
Clínica Los Rosales la paciente fuera sometida a triage y no ingresara de inmediato a la
unidad de cuidados intensivos pese a su remisión como urgencia vital.
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Mediante sentencia del 12 de febrero de 2026,2 el Tribunal Administrativo de Risaralda
revocó la sentencia apelada. En primer término, limitó su estudio a las instituciones
prestadoras de salud, para lo cual advirtió que la responsabilidad de la Nueva EPS S.A.
no fue objeto de apelación.
Concluyó que la ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico y la ESE Hospital San Pedro y
San Pablo de La Virginia incurrieron en falla del servicio, porque ante signos neurológicos
sugestivos de un evento cerebrovascular no materializaron la ayuda imagenológica
considerada necesaria ni agotaron los mecanismos para el diagnóstico y tratamiento
oportunos.
Descartó la responsabilidad de la Clínica Los Rosales S.A., al encontrar que la paciente
llegó hemodinámicamente estable y que el triage y la atención fueron adecuados, y no
halló culpa de la víctima ni de su familia.
Calificó el daño como pérdida de oportunidad de recuperación de la salud y, ante la
imposibilidad de cuantificar la probabilidad perdida, acudió a la equidad y fijó la
indemnización en el 50% de los topes jurisprudenciales.
En cuanto a los perjuicios morales de las víctimas indirectas, presumió la afectación de
los hijos y nietos con la prueba del parentesco, de acuerdo con la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2014, y reconoció 50 SMLMV para Eduardo Antonio Cano Alzate, 50
SMLMV para la sucesión de Amparo Alzate y 25 SMLMV para cada uno de los nietos
Andrés Felipe Alzate, Yina Vanesa Cano Hurtado, Julián David Cano Hurtado y Kevin
Eduardo Cano Hurtado. Denegó el perjuicio pedido para la nuera por falta de prueba de
la relación afectiva.
Además, denegó el perjuicio moral mortis causa de la víctima directa, por considerar que
si bien este derecho era transmisible a los herederos, no se aportaron ni practicaron
pruebas que acreditaran que la señora María Magola Alzate experimentó angustia, dolor
o congoja derivados de la pérdida de oportunidad y distintos de los que causa cualquier
enfermedad u hospitalización.
Agregó que la presunción jurisprudencial del daño moral opera para las víctimas
indirectas en los supuestos de muerte, lesiones, privación injusta de la libertad y
desplazamiento forzado, y no para la víctima directa en un caso de pérdida de
oportunidad, en el que no se indemniza la muerte. Explicó que no era aplicable su
sentencia del 19 de septiembre de 2024 (radicado 66001-33-33-004-2017-00194-01) ni
la del Consejo de Estado del 19 de octubre de 2023 (radicado 05001-23-31-000-2007-
03206-01), porque en ellas el sufrimiento de la víctima sí fue acreditado.
Negó también la indemnización pecuniaria por afectación a bienes constitucional y
convencionalmente amparados, porque esta categoría privilegia medidas no
indemnizatorias que no fueron solicitadas. Condenó a Liberty Seguros S.A. y a La
Previsora S.A. a reembolsar a sus aseguradas lo que estas pagaran, dentro de los límites
de las pólizas. Dispuso compulsar copias contra la apoderada de la parte demandante
ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda por las expresiones
empleadas en el recurso y no condenó en costas.
La magistrada ponente, Dufay Carvajal Castañeda, salvó parcialmente el voto respecto
de la negativa del perjuicio moral mortis causa. Consideró que ese perjuicio era
racionalmente inferible, conforme a la sana crítica y a las reglas de la experiencia, a partir
de las omisiones acreditadas, la incertidumbre diagnóstica y el deterioro de una paciente
adulta mayor, sujeto de especial protección constitucional. Estimó contradictorio presumir
el dolor de las víctimas indirectas y exigir prueba directa del sufrimiento de la víctima
2 Notificado por correo electrónico el 18 de febrero de 2026.
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directa, y advirtió que la decisión se apartó de la postura reiterada de esa Sala. En su
criterio, debieron reconocerse 50 SMLMV a favor de la sucesión.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora señaló que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues el asunto tiene
relevancia constitucional por la afectación de los derechos invocados, el desconocimiento
del precedente sobre el perjuicio moral de la víctima directa y de sus herederos y la
vulneración del principio de reparación integral.
Explicaron que ese perjuicio, además de encontrarse amparado por una presunción
jurisprudencial, fue reclamado en el proceso, y que su sustitución por el perjuicio
autónomo de pérdida de oportunidad impidió el resarcimiento pleno de los daños
causados, en desmedro de los principios de reparación integral, acceso a la
administración de justicia y respeto por el precedente judicial.
Afirmaron que agotaron los medios de defensa, porque contra la sentencia de segunda
instancia no procedía recurso alguno, y que se cumplía con la inmediatez, porque la
sentencia se notificó el 18 de febrero de 2026 y no transcurrieron seis meses hasta la
presentación de la tutela. Indicaron que la irregularidad alegada tenía un efecto
determinante, pues impidió el reconocimiento del daño moral de la víctima y sus
herederos, que identificaron razonablemente los hechos y derechos y que la providencia
no es una sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, y a pesar de que en el acápite de cumplimiento de
requisitos generales se hizo alusión al desconocimiento del precedente, los accionantes
desarrollaron únicamente el defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de la
sana crítica. Argumentaron que, conforme a la lógica y a la experiencia, era razonable
inferir que la víctima directa padeció dolor, sufrimiento y afectación durante los hechos
que culminaron con su muerte, en el contexto de las fallas médicas acreditadas, y que la
muerte constituyó la máxima expresión de ese padecimiento.
Transcribieron apartes del salvamento parcial de voto, según los cuales la víctima directa
fue una paciente adulta mayor de 72 años que consultó por síncopes con sintomatología
neurológica que no fue atendida, sin que se ordenaran ni practicaran de manera oportuna
las ayudas diagnósticas, el seguimiento y el tratamiento que exigía la ciencia médica.
Afirmaron que esas fallas, probadas en el proceso y enunciadas en la sentencia
cuestionada, llevaron a la muerte de la señora María Magola Alzate.
Cuestionaron que el tribunal negara la indemnización del perjuicio moral mortis causa de
la víctima directa. Sostuvieron que esa decisión fue contradictoria, porque reconoció el
daño de los hijos y nietos y no el de la propia víctima, y que desconoció el precedente
jurisprudencial y los postulados de la sana crítica.
Calificaron de «inverosímil» que se considerara que la víctima directa no sufrió porque la
noción de pérdida de oportunidad no contempla en forma literal ese perjuicio, cuando el
dolor de la víctima directa ha sido «ampliamente reconocido y presumido por la
jurisprudencia, así como la posibilidad de que este se transmita a sus familiares en los
primeros grados de consanguinidad».
Adujeron que el tribunal desconoció las sentencias que han reconocido la pérdida de
oportunidad como un perjuicio autónomo distinto del daño moral. Afirmaron que el daño
moral de la señora María Magola Alzate fue acreditado en el proceso por los
padecimientos que sufrió como consecuencia de las fallas médicas, pero que el tribunal
lo trató como un supuesto de pérdida de oportunidad incompatible con aquel, pese a que
la jurisprudencia no ha establecido que ambas categorías sean excluyentes. A su juicio,
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ello condujo a reconocer «una indemnización mínima frente al daño efectivamente
causado», esto es, la muerte de la paciente, y a negar el perjuicio moral reclamado.
Citaron la sentencia del Consejo de Estado del 12 de marzo de 2015 (radicado 88001-
23-31-000-2003-00073-01), según la cual la pérdida de oportunidad resulta ser «un
perjuicio autónomo que, no obstante, es indemnizable, diferente al daño final padecido
por el paciente».
Señalaron que negar el perjuicio moral porque la noción de pérdida de oportunidad no lo
contemplaba en forma expresa desatendió el principio de la sana crítica y la obligación
de analizar integralmente las pruebas. En su criterio, esa circunstancia no podía
desconocerse con el argumento de que el daño autónomo de pérdida de oportunidad no
contemplaba literalmente el padecimiento de la víctima, pues ello implicaba apartarse de
las reglas de la lógica y de la experiencia que deben orientar la valoración probatoria
judicial.
Como sustento citaron también el salvamento parcial de voto de la sentencia
cuestionada, así como el fallo del Consejo de Estado del 12 de marzo de 2015 (radicado
88001-23-31-000-2003-00073-01) para sustentar que la pérdida de oportunidad es un
daño autónomo distinto del daño final.
5. Trámite procesal
El 31 de agosto de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Risaralda y en calidad de terceros con interés, al Juez Sexto
Administrativo de Pereira, a los gerentes de la ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico,
de la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia y de la Clínica Los Rosales
S.A., al representante legal de la Nueva EPS S.A. y a los representantes legales de
Liberty Seguros S.A. y de La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 3 de septiembre
de 2026.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Risaralda, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente la tutela o, en subsidio, que se
denegara el amparo. Señaló que el asunto carece de relevancia constitucional, porque
versa sobre una controversia patrimonial y busca reabrir un debate concluido en la
jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las sentencias SU-128 de 2021
y SU-573 de 2019.
Sostuvo que la sentencia se fundó en un análisis integral de las pruebas y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la pérdida de oportunidad. Resaltó que la
parte actora desistió de los testimonios dirigidos a demostrar los perjuicios morales y que
la negativa del perjuicio mortis causa obedeció a la falta de prueba de un sufrimiento de
la víctima directa distinto del propio de la enfermedad.
Agregó que la decisión se suscribió dentro del margen de interpretación razonable y que
no se configuraron defectos fáctico ni desconocimiento del precedente.
El representante legal de la Previsora S.A. Compañía de Seguros afirmó que el asunto
carecía de relevancia constitucional, porque el asunto se redujo a una discrepancia con
la valoración probatoria y la dosificación de los perjuicios.
Alegó que no se configuró el defecto fáctico, porque no existe presunción de perjuicio
moral para la víctima directa en eventos de pérdida de oportunidad; luego, la carga de la
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prueba correspondía a la parte actora y esta desistió de los testimonios destinados a
acreditar el daño moral.
Añadió que el salvamento de voto no constituía prueba ni demostraba un defecto, y que
la reducción proporcional al 50% de los perjuicios de los familiares fue consecuencia de
que en la pérdida de oportunidad se indemniza el chance y no la muerte. En subsidio,
pidió que cualquier orden respetara los límites, sublímites y deducibles de la póliza
1004951.
El apoderado de la ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico pidió negar el amparo.
Alegó el incumplimiento del requisito de subsidiariedad porque la parte actora no
interpuso el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia (artículos 256 y
siguientes del CPACA), pese a que en su reproche discute que el Tribunal se apartó de
las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014.
En cuanto al fondo, sostuvo que el asunto no versa sobre pruebas, sino sobre el alcance
de una presunción jurisprudencial, pues el Tribunal no omitió valorar prueba alguna.
Añadió que la sentencia T-041 de 2018 se refería a un supuesto fáctico distinto y que el
salvamento de voto evidenció un debate jurídico razonable, mas no una decisión
arbitraria.
El apoderado de Liberty Seguros S.A., hoy HDI Seguros Colombia S.A., indicó que la
tutela no es una instancia adicional y que la presente acción carecía de relevancia
constitucional, porque la discrepancia se reducía al monto y al concepto de la
indemnización.
Precisó que no se negó el daño moral a los demandantes, pues la sentencia lo reconoció
en la proporción propia de la pérdida de oportunidad. Sostuvo que la negativa del perjuicio
mortis causa obedeció a la falta de prueba de su causación, atribuible a la parte actora
que desistió de los testimonios pertinentes, y que el Tribunal explicó por qué no eran
aplicables los precedentes invocados, al existir disimilitud fáctica.
El juez Sexto Administrativo de Pereira, las ESE Hospital San Pedro y San Pablo de
La Virginia, la Clínica Los Rosales S.A. y la Nueva EPS S.A., guardaron silencio pese
a haber sido debidamente notificados de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Eduardo Antonio Cano Alzate y otros para dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia del 12 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la demanda de reparación directa 66001-33-33-006-2016-00058-01, en cuanto
denegó el perjuicio moral mortis causa reclamado a favor de la víctima directa, señora
María Magola Alzate, por no encontrarlo acreditado, y tasó los perjuicios morales de los
demandantes en proporción a la pérdida de oportunidad.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la parte actora, porque el tribunal
demandado valoró en conjunto el material probatorio, explicó con razones suficientes por
qué no se acreditó el sufrimiento de la víctima directa derivado de la pérdida de
oportunidad y aplicó una interpretación razonable de la jurisprudencia de unificación
sobre la presunción del perjuicio moral, en ejercicio legítimo de su autonomía judicial.
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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que el asunto no trata
sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera y segunda instancia
variaron, pues la sentencia cuestionada revocó la decisión negativa de primera instancia
y concedió las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Cabe mencionar que, aunque las pretensiones tienen un contenido patrimonial, tal como
lo advirtieron el tribunal demandado y las aseguradoras vinculadas, el reparo no busca
que el juez constitucional tase por sí mismo los perjuicios, sino que examine si la
valoración probatoria que condujo a negar el perjuicio moral de la víctima directa fue
arbitraria, lo que compromete el alcance del derecho a la reparación y el debido proceso
en su dimensión de valoración razonable de la prueba, por lo que no constituye una
instancia adicional.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente del proceso de reparación directa, la sentencia acusada
fue comunicada por correo electrónico el 18 de febrero de 2026, de conformidad con el
numeral 2 del artículo 2055 del CPACA, y la demanda de tutela fue radicada el 21 de
marzo de 2026, esto es, en un término que no supera los seis meses fijados por la sala
plena de esta corporación como plazo razonable.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de reparación directa y cuestiona la sentencia de segunda
instancia dictada en dicho proceso. Los cargos tampoco encuadran en alguna de las
causales del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.
La ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico alegó que la parte actora debió interponer el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; sin embargo, dicho recurso solo
procede cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de
unificación del Consejo de Estado, y en este caso el cargo formulado no se dirige a
demostrar tal oposición, sino a cuestionar la valoración probatoria del tribunal a la luz de
las reglas de la sana crítica, materia ajena a la causal del recurso.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto fáctico.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
En el presente asunto no es materia de discusión que la sentencia cuestionada favoreció
parcialmente a los accionantes, pues revocó la decisión desestimatoria de primera
instancia, declaró la responsabilidad de la ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico y de
la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia por la pérdida de oportunidad de
recuperación de la salud de la señora María Magola Alzate y reconoció perjuicios morales
a su hijo, a la sucesión de su hija y a sus cuatro nietos.
La inconformidad de los accionantes radica en la negativa del perjuicio moral mortis causa
de la víctima directa, que a juicio de la parte actora debía inferirse conforme a la lógica y
a la experiencia a partir de las fallas médicas acreditadas y de la muerte de la paciente.
En segundo lugar, los accionantes alegan la supuesta sustitución del perjuicio moral por
el daño autónomo de pérdida de oportunidad, que redujo la indemnización de los
familiares.
Lo primero que advierte la Sala es que en la sentencia cuestionada, al analizar la
responsabilidad de las accionadas, se concluyó que la ESE Hospital San Rafael de
Pueblo Rico y la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia incurrieron en falla
del servicio médico, pues en las consultas del 15 y 16 de diciembre de 2013 la paciente
presentó desmayos, pérdida transitoria del conocimiento, disminución de la fuerza y
dificultad para el habla, signos que indicaban un compromiso neurológico sugestivo de
una enfermedad cerebrovascular y que exigían su remisión a una institución de mayor
complejidad para la práctica de ayudas diagnósticas.
El tribunal advirtió que en la ESE de Pueblo Rico la médica tratante ordenó iniciar el
trámite para un estudio imagenológico, pero la institución no lo materializó y dio de alta a
la paciente sin dejar orden alguna al respecto. Adujo que ninguna de las dos instituciones
adelantó gestiones para esclarecer esos síntomas premonitorios.
Precisó que, conforme al artículo 120 del Decreto 19 de 2012, esa carga correspondía a
la entidad y no a la paciente o a su familia. Con apoyo en las historias clínicas y en los
testimonios técnicos del médico intensivista Carlos Alberto Llano Muñoz y del médico
Juan Alejandro González Cortés, restó eficacia probatoria al dictamen pericial de
Medicina Legal, que había calificado la atención como ajustada a la lex artis.
Por el contrario, el Tribunal descartó la responsabilidad de la Clínica Los Rosales S.A., al
encontrar que la paciente ingresó hemodinámicamente estable y que el triage y la
atención brindada fueron adecuados, y no halló acreditada culpa de la víctima ni de su
familia en el desenlace.
Al analizar el nexo causal, consideró que no era posible afirmar que la atención omitida
hubiera garantizado la recuperación de la paciente, pero sí que privó a la señora María
Magola Alzate de la oportunidad de obtener un diagnóstico temprano y un tratamiento
oportuno que le habría permitido mejorar o prolongar su vida y evitar el deterioro
acelerado de su enfermedad.
Por ello tuvo, por acreditados la certeza de la expectativa, la incertidumbre del resultado
esperado y el carácter definitivo de la oportunidad perdida. Con esos elementos declaró
a las dos ESE patrimonial y solidariamente responsables de un daño antijurídico, bajo la
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teoría de la pérdida de oportunidad como daño autónomo y no por la muerte de la
paciente.
Ahora bien, en lo que interesa al presente caso, se observa que, para analizar la
procedencia de los perjuicios reclamados, el tribunal accionado tuvo en cuenta los
registros civiles de defunción de la señora María Magola Alzate y de Amparo Alzate, así
como los registros civiles de nacimiento de Eduardo Antonio Cano Alzate, Amparo Alzate,
Andrés Felipe Alzate, Yina Vanesa Cano Hurtado, Kevin Eduardo Cano Hurtado y Julián
David Cano Hurtado, la declaración extra proceso sobre la unión marital de hecho entre
Eduardo Antonio Cano Alzate y Naftaly Hurtado Álvarez y las copias de las cédulas de
ciudadanía de los demandantes.
Antes de analizar esta pretensión, el tribunal dejó constancia de que la parte actora
desistió de los testimonios que había pedido y señaló que «fueron desistidos todos
aquellos que se harían comparecer por la parte actora en pro de demostrar perjuicios
morales».
El tribunal partió de reconocer que el perjuicio moral de la víctima directa era transmisible
a sus herederos; para el efecto, citó la sentencia del Consejo de Estado del 19 de octubre
de 2023 (radicado 05001-23-31-000-2007-03206-01) y aludió a la línea jurisprudencial
allí contenida, para precisar que la transmisión exigía que el perjuicio se haya consolidado
en el patrimonio del causante antes de su muerte, y concluyó que era «clara la viabilidad
de reconocimiento del perjuicio moral solicitado mortis causa».
No obstante, negó su reconocimiento por cuanto no se allegaron ni practicaron «medios
de prueba idóneos que acrediten que en efecto se experimentaron por parte de la señora
María Magola Alzate sentimientos de angustia, dolor, congoja, desesperación u otro de
dicha índole, previos a su fallecimiento y derivados de la pérdida de oportunidad por
retraso diagnóstico o deficiencia en la práctica de ayudas diagnósticas».
Agregó que la presunción del perjuicio moral definida en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014 se refería a las víctimas indirectas y a los supuestos de muerte,
lesiones personales, privación injusta de la libertad y desplazamiento forzado, mientras
que en este caso «no se está indemnizando la muerte de la paciente», sino la pérdida de
oportunidad. Por ello, consideró necesaria la prueba de que esa pérdida causó a la
paciente sentimientos de dolor «diferentes a los que cualquier enfermedad, así como el
hecho de asistir a urgencias y encontrarse en hospitalización le causa normalmente a
una persona».
Sostuvo que el perjuicio moral mortis causa, como daño inmaterial subjetivo, requería
que en el expediente existieran «elementos de convicción que permitan inferir
razonablemente la existencia del sufrimiento, ora por medios directos ora por indicios que
bien pueda derivarse de la situación fáctica, pero no la mera suposición de aquel», ni la
extensión automática de las presunciones jurisprudenciales.
Explicó que tanto en la sentencia del Consejo de Estado del 19 de octubre de 2023 como
en la del mismo Tribunal del 19 de septiembre de 2024 (radicado 66001-33-33-004-2017-
00194-01), las cuales fueron invocadas por los demandantes, el sufrimiento de la víctima
directa sí fue acreditado, en el primer caso por la angustia y congoja padecidas en los
días previos al fallecimiento y en el segundo por la espera para obtener el tratamiento de
quimioterapia, al punto de haberse promovido una tutela, lo que no se advirtió en el caso
decidido.
De conformidad con las consideraciones expuestas en el fallo cuestionado, no se advierte
que el tribunal hubiera omitido valorar, apreciado de manera contraria a su contenido o
tenido en cuenta sin estar permitido, alguna de las pruebas obrantes en el expediente,
por el contrario, la parte accionante sostiene que el tribunal debió inferir el sufrimiento de
la paciente a partir de las fallas médicas y de su muerte, sin embargo, el tribunal no
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excluyó la prueba indiciaria, sino que la admitió expresamente como medio para acreditar
el perjuicio y, tras examinar el expediente, concluyó que no existían elementos que
permitieran inferir un sufrimiento atribuible a la pérdida de oportunidad, distinto del que
normalmente producía la enfermedad y la atención hospitalaria prestada a la señora
María Magola Alzate.
Cabe resaltar que la inferencia que propone la parte actora parte de una premisa que el
tribunal descartó de manera motivada al señalar que no se imputaba a las demandadas
el fallecimiento de la paciente, sino la pérdida de la oportunidad de recuperar su salud, y
precisó que en ese título no se indemnizaba la muerte; por tanto, no resultaba contrario
a la lógica ni a las reglas de la experiencia exigir que el sufrimiento invocado guardara
relación con el daño efectivamente imputado, y no con el desenlace final, que el propio
tribunal no atribuyó a las entidades condenadas.
De igual manera, se advierte que el tribunal exigió de manera razonable que la parte
demandante acreditara el perjuicio que reclamaba a favor de la víctima directa, decisión
que sustentó en la jurisprudencia del Consejo de Estado que, para reconocer el perjuicio
moral mortis causa, ha requerido la prueba del sufrimiento y la congoja padecidos por la
víctima antes de su fallecimiento.
En efecto, citó la sentencia del 19 de octubre de 2023, en la que el reconocimiento de
ese perjuicio se fundó en que «se comprobó otro daño consistente en la afectación a la
integridad psicofísica (…), dado que los días previos a su fallecimiento sufrió angustia y
congoja»6, y la regla según la cual «para que se trasmita el derecho de acción mortis
causa es necesario que el causante hubiera sobrevivido al daño»7. Además, resaltó que
precisamente la parte desistió de los testimonios que había solicitado para demostrar los
perjuicios morales. En esas condiciones, no podía reprocharse al juez natural que no
hubiera tenido por probado un hecho respecto del cual la parte interesada no desplegó
actividad probatoria.
Por otra parte, se considera que el tribunal no hizo una lectura inadecuada de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2014, pues, como se señaló en la providencia
cuestionada, la presunción definida en dicha unificación releva de la prueba del perjuicio
moral a las víctimas indirectas de acuerdo con su cercanía afectiva con la víctima directa,
regla que se aplicó a favor del hijo, de la sucesión de la hija y de los nietos, a quienes se
reconoció el perjuicio con la sola prueba del parentesco. Sin embargo, no se extendió tal
regla al sufrimiento de la víctima directa por ser un caso de pérdida de oportunidad, lo
que correspondió a una interpretación plausible de la jurisprudencia, la cual no consagró
una regla según la cual deba inferirse directamente el sufrimiento de la víctima por el solo
hecho de padecer una enfermedad.
Esa lectura coincide, además, con la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta
Corporación sobre el perjuicio moral que se reclama por vía hereditaria, toda vez que se
ha sostenido desde tiempo atrás8 que, cuando se persigue el reconocimiento del crédito
indemnizatorio originado en el daño moral experimentado por el causante, al demandante
le corresponde «el acreditamiento, por los cauces probatorios idóneos, de dos hechos
fundamentales», esto es, «la consistencia y realidad del daño moral padecido por la
víctima directa, de una parte y, el título hereditario invocado».
El criterio fue reiterado por la Sección Tercera, Subsección A en la sentencia del 19 de
marzo de 20219, en la que recordó que «el perjuicio moral transmisible es aquel que,
6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de
octubre de 2023, C.P. Fredy Ibarra Martínez, radicado 05001-23-31-000-2007-03206-01 (60.182)
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de diciembre de 2016, C.P. Ramiro Pazos
Guerrero, radicado 05001-23-31-000-2007-03117-01 (37772)
8Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 1998, C.P. Daniel Suárez Hernández,
expediente 12009.
9 Sentencia del 19 de marzo de 2021, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 50001-23-31-000-2011-00216-01
(57860).
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habiendo experimentado en vida la persona fallecida, le confirió el derecho a obtener una
indemnización». Con base en ese criterio, negó la pretensión formulada a favor de la
sucesión porque, aunque los demandantes acreditaron su vocación hereditaria, no se
demostró «el padecimiento por parte de su familiar, que le causara un perjuicio moral
susceptible de ser indemnizable».
En consecuencia, la tesis aplicada por el tribunal, según la cual el perjuicio moral de la
víctima directa que se reclama a favor de su sucesión no se presume con la prueba del
parentesco o de la vocación hereditaria, sino que exige la demostración de su existencia
y realidad, no representa un desconocimiento de las pruebas ni de reglas
jurisprudenciales preexistentes.
Tampoco es posible afirmar que el tribunal se haya apartado de manera inmotivada de
su propio criterio, pues analizó expresamente los precedentes invocados por la parte
actora en el trámite del proceso y explicó que en esos casos el sufrimiento de la víctima
directa sí había sido acreditado, al menos de forma indiciaria, lo que no ocurría en el caso
examinado.
En lo que alude a los argumentos expuestos en el salvamento de voto parcial, los cuales
fueron invocados por los tutelantes, se observa que la Sala mayoritaria no rechazó la
prueba indiciaria, sino que la admitió de manera expresa y concluyó que los hechos
acreditados no permitían inferir un sufrimiento distinto del que la propia enfermedad y la
atención hospitalaria causaban a cualquier paciente.
Asimismo, el trato diferenciado entre las víctimas indirectas y la víctima directa no puede
considerarse como un contrasentido, sino la consecuencia de la distinta naturaleza de
los créditos reclamados. Esto por cuanto los hijos y nietos reclamaron un perjuicio propio,
respecto del cual la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 previó niveles de
cercanía afectiva «entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia [en] calidad
de perjudicados o víctimas indirectas» y dispuso que para los niveles 1 y 2 «se requerirá
la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros».10 En cambio, el
perjuicio moral de la víctima directa se reclamó a favor de su sucesión, como un crédito
transmitido por causa de muerte, cuyo reconocimiento exige, según la jurisprudencia de
la Sección Tercera ya citada, la prueba de «la consistencia y realidad del daño moral
padecido por la víctima directa», de manera que la presunción fue concebida solo para
el primer supuesto.
Finalmente, se tiene que, para la parte actora, el tribunal negó el perjuicio moral de los
demandantes y lo sustituyó por el perjuicio autónomo de pérdida de oportunidad, premisa
que no corresponde al contenido de la sentencia cuestionada, pues el tribunal sí
reconoció el perjuicio moral de los demandantes, con fundamento en la presunción
derivada del parentesco, y lo tasó en 50 SMLMV para Eduardo Antonio Cano Alzate, 50
SMLMV para la sucesión de Amparo Alzate y 25 SMLMV para cada uno de los nietos.
La reducción de esos montos frente a los topes previstos para los casos de muerte
obedeció a que el daño imputado fue la pérdida de oportunidad. El tribunal explicó que
en estos eventos «la medida del resarcimiento no estará dada por el valor de la situación
final presentada (fallecimiento) sino por la mayor o menor probabilidad que tenía la
víctima de que se evitara la misma (chance perdido)», y que, ante la imposibilidad de
establecer con datos exactos la probabilidad perdida, acudía a la equidad y al criterio del
50% acogido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
El razonamiento así expuesto, no trató la pérdida de oportunidad y el perjuicio moral como
categorías excluyentes, sino que dimensionó el perjuicio moral de los familiares en
función del daño efectivamente imputado. El reconocer los topes completos previstos
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251).
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para la muerte, como lo pretende la parte actora, supondría indemnizar un daño final que
el tribunal no atribuyó a las demandadas.
En suma, la sentencia cuestionada valoró en conjunto las pruebas, tuvo en cuenta la
jurisprudencia de unificación aplicable, explicó por qué no se acreditó el perjuicio moral
de la víctima directa y por qué el perjuicio moral de los familiares debía tasarse en
proporción a la oportunidad perdida.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para denegar la
solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto
alegado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Eduardo
Antonio Cano Alzate y otros, conforme a lo expuesto en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador11
11 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
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realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260667700/7CB1A9DC273EB83096BC2D80FF4BC8042385E719902DD2533C1A331F4A15AA16/2

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