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Inexistencia de relación laboral – Fecha Publicación: 05/11/2026

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260726900

Interno: 11460

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Vulneró el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, los derechos fundamentales del señor [L.A.I.H.] al concluir que no se acreditó el elemento de subordinación necesario para declarar la existencia de una relación laboral encubierta en los contratos de prestación de servicios suscritos con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, decisión que presuntamente incurrió en defectos fáctico y sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución?

Respuesta al problema jurídico: No

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 NUMERAL 3

— Resumen —

Resumen

El documento analiza una acción de tutela interpuesta por el demandante contra una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. El conflicto jurídico surge de la pretensión de reconocer la existencia de una relación laboral encubierta (contrato realidad) tras la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios como conductor para una entidad distrital entre 2008 y 2013. El ratio decidendi se centra en que, para desvirtuar la naturaleza civil de un contrato estatal y reconocer prestaciones laborales, es imperativo probar la subordinación continuada, elemento que no se acreditó fehacientemente en el proceso ordinario. La Sección Cuarta confirma que la autoridad demandada realizó una valoración probatoria razonable, determinando que no hubo vulneración al debido proceso ni defectos fácticos, por lo que se denegó el amparo solicitado.

Preguntas Centrales

¿Se configuraron los elementos necesarios para declarar un “contrato realidad” en la labor de conductor?

No. El documento resuelve que, aunque se probó la prestación personal del servicio y el pago de honorarios, no se logró demostrar el elemento de subordinación. El hecho de cumplir con una disponibilidad o coordinar horarios para la prestación del servicio de transporte no equivale, por sí solo, al poder de dirección y disciplina propio de una relación laboral.

¿Incurrió la providencia judicial en un defecto fáctico por indebida valoración de pruebas?

No. La Sala determinó que el juez natural evaluó correctamente los testimonios. Se estableció que los testigos, al ser vecinos y no compañeros de trabajo del demandante, no tenían conocimiento directo sobre las órdenes o el control disciplinario ejercido por la entidad, basando sus declaraciones en comentarios del propio interesado.

Fundamentación Clave

Primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 Constitución Política)

  • Este principio permite que, por encima de los documentos firmados, prevalezcan las condiciones reales de ejecución del contrato. Sin embargo, su aplicación exige la prueba plena de la subordinación.

Carga de la Prueba (Art. 167 Código General del Proceso)

  • Corresponde a la parte actora demostrar los supuestos de hecho de la norma que invoca. En este caso, el demandante no aportó registros de asistencia, planillas de recorridos, órdenes escritas o llamados de atención que confirmaran el ejercicio de un poder jerárquico.

Diferencia entre Coordinación y Subordinación

  • Bajo la Ley 80 de 1993, la autonomía del contratista permite una coordinación de actividades para el cumplimiento del objeto contractual (como la disponibilidad). La jurisprudencia (Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021) aclara que recibir instrucciones para la ejecución eficiente del servicio no implica necesariamente un vínculo laboral.

Requisitos de Procedibilidad de la Tutela contra Providencias Judiciales

  • Se analizó el cumplimiento de requisitos como la relevancia constitucional, la inmediatez y el agotamiento de recursos ordinarios. Aunque la tutela superó el examen de procedencia formal, falló en el fondo al no demostrarse un defecto sustantivo o fáctico que invalidara la sentencia previa.

Conclusión

La tesis principal establece que la acción de tutela no es una instancia adicional para reabrir debates probatorios del proceso ordinario. En materia de contratos de prestación de servicios, el reconocimiento de una relación laboral exige una prueba rigurosa de la subordinación continuada, la cual no puede suponerse por la simple naturaleza de las funciones (conductor) ni por testimonios de oídas. En consecuencia, se mantiene la validez de la sentencia que denegó las pretensiones laborales del demandante.

Extracto del documento

Expediente: 11001-03-15-000-2026-07269-00
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2026-07269-00
Demandante: LUIS ALBERTO IRIARTE HERNÁNDEZ
Demandada: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de relación laboral
encubierta en contratos de prestación de servicios. Conductor.
Defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y
por violación directa de la Constitución. Procedencia de la acción de
tutela. Deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alberto Iriarte Hernández
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 8 de septiembre de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado,
el señor Luis Alberto Iriarte Hernández pidió la protección de sus derechos fundamentales
al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 12
de agosto de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-
2017-00049-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
1. Amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la Igualdad, al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del señor Luis Alberto Iriarte Hernández, vulnerados por la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 12 de agosto de 2026, dentro del proceso
radicado con el No. 13001-23-33-000-2017-00049-01.
2. Dejar sin efectos la providencia cuestionada, en cuanto desconoce la existencia de una verdadera
relación laboral y aplica de manera rígida la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
3. Ordenar al Consejo de Estado o al juez competente emitir una nueva decisión ajustada a los principios
constitucionales de primacía de la realidad sobre las formas (art. 53 C.P.), protección al trabajo digno
(art. 25 C.P.) y respeto al precedente constitucional y jurisprudencial aplicable.
4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales
constitucionales del Accionante, incluyendo el reconocimiento de la relación laboral y las prestaciones
derivadas de ella, conforme a lo probado en el proceso.
(sic) para toda la cita
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07269-00
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la parte actora que suscribió contratos de prestación de servicios entre 3 de
enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013 con el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, para cumplir funciones de conductor.
Que, el 12 de septiembre de 2014, pidió a la entidad que le reconociera la existencia de
una relación laboral y le pagara todos los emolumentos y prestaciones sociales dejadas
de percibir.
A través del oficio AMC-PQR-0001795-2015 del 12 de marzo de 2015, la directora de la
oficina de talento humano de la alcaldía de Cartagena de Indias denegó la petición
relacionada en el párrafo anterior.
3.2. Actuación judicial
El señor Luis Alberto Iriarte Hernández promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para que se
ordenara la nulidad del oficio AMC-PQR-0001795-2015 del 12 de marzo de 2015. A título
de restablecimiento del derecho pidió que se reconociera la existencia de una relación
laboral y se le pagaran todos los emolumentos y prestaciones sociales dejadas de
percibir. Adicionalmente, que las sumas reconocidas fueran indexadas, que se le
reconociera indemnización por despido sin justa causa, que se le pagara la sanción
moratoria por el no pago oportuno de sus prestaciones sociales y que se condenara a la
entidad demandada en costas y agencias en derecho.
La demanda se adelantó bajo el radicado 13001-23-33-000-2017-00049-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar que, por sentencia del 31 de marzo de
2023, declaró la nulidad parcial del acto demandado y reconoció la existencia de una
relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios, en consecuencia,
condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al actor una indemnización
equivalente a las prestaciones sociales correspondientes a los conductores que hacían
parte de su planta de personal, respecto del periodo comprendido entre el 27 de febrero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, pero liquidadas de acuerdo con el monto de los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
Señaló que se encontraba acreditada la suscripción de múltiples contratos de prestación
de servicios entre las partes desde el 27 de febrero de 2008 hasta el 31 de diciembre de
2013. Que se había demostrado la prestación personal y directa del servicio por parte del
demandante como conductor de transporte de funcionario y contratistas de la entidad
demandada.
Que se encontraba probada la subordinación porque no se aportaron los estudios previos
que justificaran la necesidad de las contrataciones; que las declaraciones de los testigos
coincidían en afirmar que el demandante laboraba un día sí y un no; que, según las
obligaciones contractuales, el actor debía cumplir sus funciones cuando fuera requerido.
Inconforme, la entidad demandada apeló y manifestó que se había incurrido en indebida
valoración probatoria, porque los testigos eran vecinos del demandante, por lo que sus
declaraciones eran meras suposiciones y no pruebas fehacientes de la prestación del
servicio.
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Que el actor no había desvirtuado la naturaleza contractual de la vinculación, de acuerdo
con los artículos 122 y 125 de la Constitución Política. Que no se había demostrado la
subordinación porque no se probó el cumplimiento de horarios, órdenes e instrucciones
impuestas. Que, por el contrario, lo que se advertía era una coordinación que no equivalía
a subordinación laboral.
Por sentencia del 12 de agosto de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, revocó la decisión apelada para, en su lugar, denegar las pretensiones de
la demanda y condenar en costas en ambas instancias al señor Iriarte Hernández.
Explicó que no se demostró la configuración del elemento subordinación, debido a que
no se probó la programación de turnos, registros de llamadas o de recorridos, controles
de asistencia, órdenes o instrucciones impartidas por funcionarios de la entidad sobre el
modo en que se debían cumplir las funciones, restricciones para desarrollar otras
actividades ni consecuencias disciplinarias o contractuales por desatender algún
requerimiento.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumplía los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, puesto que la relevancia constitucional se encontraba acreditada con la
vulneración de sus derechos fundamentales reclamados y porque la controversia
trascendía el ámbito legal ordinario; que había agotado todos los medios de defensa
judicial disponibles; que promovió la acción de tutela en un plazo razonable contabilizado
desde la notificación de la sentencia cuestionada, el 2 de septiembre de 2026, e identificó
de manera clara y precisa la providencia objeto de reproche.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en el
siguiente vicio de fondo:
Defecto fáctico porque se desconocieron pruebas relevantes que acreditaban la
subordinación laboral, tales como los testimonios de los señores Rafael Angulo Montes,
Héctor Manuel Causil Pastrana, Ana Oviedo Vásquez y Boris Palencia León, así como
los documentos de disponibilidad permanente y los turnos prolongados.
Dijo que la autoridad judicial demandada aplicó un estándar probatorio excesivo y
contrario al principio de primacía de la realidad.
Defecto sustantivo debido a que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, realizó una interpretación rígida del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como una
presunción absoluta que impidió reconocer la existencia de la relación laboral, con lo que
se desconoció la jurisprudencia que admitía desvirtuar esa presunción cuando se
acreditara el elemento subordinación.
Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias T-256 de 2019 dictada por la
Corte Constitucional y SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por el Consejo de Estado, que,
según la parte actora, reconocía la posibilidad de declarar la existencia de la relación
laboral.
La Sala advierte que la parte actora alegó el desconocimiento de la sentencia C-154 de
1997; sin embargo, se debe precisar que respecto de sentencias de constitucionalidad,
no establece alegar un cargo por desconocimiento del precedente, sino un defecto
sustantivo por inaplicación de la interpretación normativa realizada en ese tipo de
providencias.
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Violación directa de la Constitución por desconocimiento del principio de primacía de
la realidad sobre las formas y por la transgresión del derecho fundamental al trabajo, así
como la afectación grave a su dignidad humana.
5. Trámite procesal
Por auto del 14 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y en calidad de terceros con
interés, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar y al alcalde del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Adicionalmente, se denegó la medida provisional solicitada por la parte actora, que
estaba relacionada con que se suspendieran provisionalmente los efectos de la sentencia
del 12 de agosto de 2026.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 17 de septiembre
de 2026.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ponente de
la sentencia cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o
que, subsidiariamente, se denegara el amparo constitucional invocado.
Manifestó que el escrito de tutela no satisfacía los presupuestos exigidos para su
procedencia excepcional, porque se dirigía contra una providencia de un órgano de cierre
y se pretendía que el juez constitucional realizara una nueva valoración de las pruebas
allegadas al proceso ordinario para sustituir la apreciación del juez natural y favorecer los
intereses del tutelante. Que, además, no se había configurado los defectos alegados,
La alcaldía de Cartagena de Indias pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela, porque no estaba legitimada en la causa por pasiva, debido a que el reproche
constitucional formulado por la parte actora era contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por lo que no existía nexo causal entre sus actuaciones u
omisiones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional1 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia del 12
de agosto de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
1 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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Por su parte, la alcaldía de Cartagena de Indias pidió su desvinculación, al estimar que
no tenía legitimación en la causa por pasiva. No obstante, la vinculación de esa entidad
no fue como parte demandada, sino en calidad de terceras con interés, debido a que
fungió como parte demandada en el proceso objeto de tutela.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Luis Alberto Iriarte Hernández para dejar sin efectos la sentencia del 12 de agosto de
2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que revocó la
decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-2017-00049-
01.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la parte actora, por cuanto la autoridad
judicial demandada no incurrió en los defectos alegados.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que, la decisión de
primera y segunda instancia fue dictada en sentidos opuestos, se cuestionan los
fundamentos de la sentencia acusada, no se alude a una discusión de orden legal o
económico, no se proponen argumentos nuevos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario y se cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los errores
que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo,
a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Adicionalmente, la Sala observa que la controversia está relacionada con los derechos
laborales del señor Luis Alberto Iriarte Hernández y su eventual impacto en las
cotizaciones al sistema pensional colombiano.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia del 12 de agosto de 2026 fue
comunicada por correo electrónico del 2 de septiembre de 2026, de modo que fue
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
notificada el 4 de septiembre siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 8 de
septiembre de 2026, esto es, 4 días después, término que no supera los seis meses
fijados por la Sala plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona una
decisión de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia
la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto
que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad
previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la
decisión cuestionada contrarié o se oponga a una sentencia de unificación.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico,
sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución
al proferir la sentencia 12 de agosto de 2026.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
5. Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico,
sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución
al denegar el reconocimiento de la relación laboral encubierta en contratos de prestación
de servicios que suscribió con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al
considerar que no acreditó el elemento subordinación.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas incorporadas
al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-
2017-00049-00/01 y al análisis realizado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la sentencia del 12 de agosto de 2026.
En la audiencia inicial celebrada el 27 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo
de Bolívar decretó como pruebas en favor de la parte actora las documentales aportadas
con la demanda, entre las que se encontraba la reclamación administrativa, su
contestación y copia de varios de los contratos suscritos entre las partes.
Adicionalmente, se decretaron los testimonios de Eladio Rafael Angulo Montes, Ana
Aurora Oviedo Banquez, Doris Palencia León, Héctor Causil Pastran y se ordenó oficiar
a la entidad demandada para que remitiera el expediente administrativo del señor Iriarte
Hernández, que debía contener los contratos, su hoja de vida y los certificados en los que
constara si en la planta de personal se encontraba el cargo de conductor u otro similar,
así como los pagos que se le hubieren efectuado durante el tiempo en que prestó sus
servicios, los informes de cumplimiento y demás documentos relacionados con el asunto.
En la audiencia de pruebas llevada a cabo el 31 de enero de 2019, se incorporaron las
documentales aportadas por la entidad demandada y se recepcionaron los testimonios
de las siguientes personas:
El señor Eladio Rafael Angulo Montes indicó que era amigo y vecino del demandante.
Que este último trabajaba para la alcaldía de Cartagena y que había sido vinculado a
través de contratos, que tenía conocimiento de ello porque el accionante le comentaba.
Que le constaba que el señor Iriarte Hernández cumplía labores de conductor, incluso los
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Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
fines de semana y por más de 12 horas. Que el actor trabajaba un día sí y un día no. Que
el señor Luis Alberto recibía órdenes de la alcaldesa. Que el tutelante conducía una
camioneta y que desconocía la placa del vehículo. Que el demandante recibía un pago
mensual en el Banco Popular, por más de un millón de pesos.
El señor Héctor Manuel Causil Pastrana manifestó que era vecino del señor Iriarte
Hernández. Que le constaba que el actor trabajaba como conductor para la alcaldía de
Cartagena entre el año 2008 y el año 2013. Que el demandante cumplía sus funciones
en varias camionetas de la entidad, un día sí y un día no. Que el señor Luis Alberto
siempre debía estar a disposición para cumplir sus labores. Que la vinculación del
tutelante era a través de contratos y que no sabía cuánto ganaba. Que los vehículos que
conducía el demandante eran de propiedad de la alcaldía de Cartagena y que recibía
órdenes de los propios alcaldes. Que la conducción de los vehículos se la turnaba el actor
con otro señor y que entre ellos dos se ponían de acuerdo para prestar el servicio.
La señora Ana Aurora Oviedo Vanquez señaló que era vecina del señor Luis Alberto.
Que cuando ella salía a trabajar por lo general veía al otro conductor que llevaba el
vehículo hasta la puerta de la casa del demandante. Que el otro conductor era vecino del
barrio. Que sabía que el actor trabajaba para la alcaldía de Cartagena porque el vehículo
era de la entidad y a veces llegaba con policías. Que el demandante ingresó a trabajar
en el periodo de la alcaldesa Judith Pinedo hasta el periodo del alcalde Dionisio Vélez.
Que veía la camioneta un día de por medio. Que el señor Iriarte Hernández trabajaba dos
fines de semana al mes. Que no sabía si el tutelante recibía ordenes de algún funcionario
de la alcaldía de Cartagena ni el tipo de vinculación que tenía. Que desconocía cuanto
ganaba y que sus labores eran transportar funcionarios de la entidad. Que no le constaba
la forma en la que los conductores coordinaban la prestación del servicio.
El señor Boris Palencia León indicó que era vecino del accionante. Que tenía
conocimiento que el demandante trabajó para la alcaldesa Judith Pinedo, porque en un
diciembre le pidió ayuda para gestionar los actos decembrinos y el actor le dijo que
hablaría con la funcionaria. Que no sabía el tipo de vinculación ni cuanto ganaba el señor
Luis Alberto. Que tampoco sabía si el accionante recibía órdenes por parte de algún
funcionario de la entidad. Que los vehículos que conducía el tutelante eran de la alcaldía
de Cartagena, porque siempre tenían el logo de esa entidad. Que el demandante había
trabajado para la alcaldía de Cartagena durante aproximadamente 5 o 6 años. Que la
prestación del servicio la coordinaban entre los conductores.
Ahora bien, en la sentencia del 12 de agosto de 2026, la autoridad judicial demandada
explicó que, la parte actora no había acreditado la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, porque de las pruebas incorporadas al expediente no era posible
establecer que existió subordinación entre las partes.
Que quien pretendiera que se declarara la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios con fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre
las formas, para obtener el restablecimiento de su derecho, debía acreditar que la
ejecución de las tareas se desarrolló bajo una subordinación continua,
Que ese elemento de la relación laboral denotaba el «poder jurídico permanente de que es
titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de
órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este
debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca
dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la
actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre este
[…]»4.
4 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07269-00
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
Que el demandante había prestado sus servicios como conductor para el Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias, en virtud de varios contratos de prestación de servicios
que relacionó en un cuadro, en el que se identificaron los números de los contratos, la
entidad contratante, la duración, los horarios y el objeto.
Que en la primera instancia se habían practicado los testimonios de los señores Eladio
Rafael Angulo Montes, Héctor Manuel Causil Pastrana, Ana Aurora Oviedo Vanquez y
Boris Palencia León, quienes eran vecinos del demandante en la ciudad de Cartagena.
Que los testigos coincidieron en señalar que el actor fungió como conductor de la alcaldía
de Cartagena, en especial al servicio de la entonces alcaldesa Judith Pinedo Flórez, entre
2008 y el 2013. Que, concordaron en que el actor prestaba sus servicios día de por medio
y algunos fines de semana.
Que el señor Angulo Montes había precisado que era amigo del demandante y que este
le comentaba sobre su trabajo. Que sabía que conducía una camioneta y que le pagaban
mensualmente en el Banco Popular más de un millón de pesos. Que, además, los
contratos habían sido continuos durante el tiempo que ejerció como conductor.
Que la señora Oviedo Vaquez había indicado que coincidía frecuentemente con el
demandante en horas de la mañana cuando salía a trabajar y veía la camioneta de la
alcaldía de Cartagena en casa de este último. Que en algunas oportunidades fue a la
alcaldía y allá vio al demandante junto con la camioneta.
Que el señor Causil Pastrana había mencionado que el actor trabajaba como conductor
y que siempre estaba a disposición de la alcaldesa, que, no obstante, había sido
dubitativo al momento de responder por qué le constaba esa situación, pues solo indicó
que él sabía esa información debido a que eran vecinos.
Que el señor Palencia León se había referido a que tenía conocimiento de que el
demandante trabajó con la alcaldesa, toda vez que le pidió ayuda para que, por su
intermedio, le ayudara para los regalos decembrinos de los niños del barrio.
Que, con base en lo anterior, ninguna de las pruebas que obraban en el expediente daban
cuenta de órdenes que determinaran el modo específico de cumplimiento de las
funciones ni de la imposición de reglamentos internos durante los períodos en que el
demandante desarrolló sus actividades como conductor al servicio de la alcaldía de
Cartagena de Indias. Que tampoco existían documentos que evidenciaran instrucciones
individualizadas, llamados de atención o controles propios de la subordinación.
Que los testigos no describieron situaciones específicas en las que hubieran presenciado
órdenes o instrucciones sobre la forma de ejecutar las tareas, pues se trataba de vecinos
y no de compañeros de trabajo. Que debía señalarse que sus relatos se sustentaban en
manifestaciones que el propio actor les refería, por lo que no contaban con conocimiento
directo sobre la ejecución de los contratos.
Que no acogía el análisis realizado por el a quo, puesto que este había creado una
presunción de subordinación con base en que las funciones que desempeñó el actor
como conductor eran las mismas establecidas en los Decretos 85 de 20055 y 0304 de
20036, sin que dicho elemento estuviera debidamente probado en el caso, porque el
demandante no había satisfecho la carga de la prueba establecida en el artículo 167 del
CGP, que era necesaria para acreditar fehacientemente el elemento de la subordinación
continuada.
5 Cita del texto original: «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004».
6 Cita del texto original: «Por el cual se establece la estructura general de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
DTC, los objetivos y funciones de cada una de sus dependencias».
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07269-00
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
Que no desconocía que los contratos suscritos exigían al demandante cumplir sus
actividades cuando fuera requerido y mantener disponibilidad permanente, estipulación
que, según dijo, podía constituir un indicio de control sobre la disposición de su tiempo,
que, no obstante, tal circunstancia considerada por sí sola resultaba insuficiente para
tener por acreditada la subordinación continuada.
Que, si bien el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 disponía los contratos de
prestación de servicios, lo cierto era que en ningún caso generaban relación laboral. Que
la jurisprudencia de esa corporación7 había precisado que la coordinación entre
contratante y contratista que pudiera comprender la fijación de condiciones de
disponibilidad para la ejecución del objeto contractual no se confundía por sí sola con el
poder subordinante que distinguía la relación laboral.
Que, sin embargo, no bastaba con la sola estipulación contractual de disponibilidad para
tener por demostrado dicho elemento, sino que correspondía a la parte actora acreditar
que esa cláusula se aplicó materialmente, al punto de traducirse en una disposición
permanente de su tiempo y de un límite a su facultad de decidir libremente sobre la
manera de ejecutar el objeto contractual.
Que, de acuerdo con lo anterior, en ese caso no obraba prueba de la manera en que
dicha estipulación operó en la práctica, puesto que no se reposaba en el expediente
programación de turnos, registros de llamadas o de recorridos, controles de asistencia,
órdenes o instrucciones impartidas por funcionarios de la entidad sobre el modo de
ejecutar la labor, restricciones para desarrollar otras actividades durante los lapsos en
que el actor no era requerido ni consecuencias disciplinarias o contractuales alguna
derivada de desatender un requerimiento.
Que los únicos elementos de convicción era los testimonios de los vecinos del
demandante, quienes, según se había precisado, carecían de conocimiento directo sobre
la ejecución de los contratos.
Que, en ese orden, se concluía que la parte actora no demostró la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios por la existencia de subordinación continuada,
razón por la cual revocaría la sentencia de primera instancia y denegaría las pretensiones
de la demanda.
A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, por cuanto, la sentencia acusada no se enmarca
en una indebida valoración probatoria, puesto que no se separó de los hechos
debidamente probados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni se trata
de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria. Por el contrario, la
decisión se fundamentó en las pruebas solicitadas, decretadas e incorporadas por
solicitud del propio demandante.
La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que no se acreditó que las funciones que
cumplía el actor se daban bajo condiciones de subordinación, pues no se habían probado
la forma en la que se ejecutaron las labores de conductor desarrolladas por el actor.
Que, por el contrario, a los testigos no les constaba las circunstancias en las que el
demandante prestaba sus servicios a la alcaldía de Cartagena de Indias, pues se trataban
de vecinos del barrio en el que residía el accionante.
7 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de
unificación SUJ-025-CES2-2021, proferida dentro del proceso 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), con
ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas. Ver párrafo 90, en el que se indicó lo siguiente: «90. A este
respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de
actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados».
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Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
En este punto se debe señalar que la carga de la prueba es <>8.
Es decir, las partes en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho desde la
presentación de la demanda y la contestación ya son conscientes del ejercicio probatorio
que deben desplegar con el objeto de que se apliquen los supuestos normativos que
invocan y así obtener una decisión favorable a sus intereses. En la misma medida
asumen las consecuencias negativas de no probar los supuestos normativos que
consagran el efecto jurídico que persiguen, puesto que el debate probatorio que
proporciona las partes es el que finalmente permite al funcionario judicial tomar la
decisión que en derecho corresponda.
Por esa misma razón, era deber de la autoridad judicial exigir al demandante que
acreditara que cumplía sus funciones contractuales bajo subordinación. Máxime si se
tiene en cuenta que esa circunstancia definía si existió o no una relación laboral
encubierta, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas.
En realidad, la Sala encuentra que la decisión objeto de tutela obedece al análisis propio
del conjunto de pruebas practicadas en el proceso ordinario, que permitieron concluir que
la parte demandante no demostró el elemento subordinación para que fuera declarada la
relación laboral. Además, no se advierte que la decisión cuestionada contenga errores
sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la valoración
probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios
de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un
análisis integral del material probatorio, que no resulta contraevidente y que permitió
arribar a la conclusión razonable que la parte actora no acreditó los elementos necesarios
para la configuración de la relación laboral encubierta.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección9, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
Por otro lado, con relación a los cargos relacionados con las sentencias T-256 de 2019 y
C-154 de 1997 dictadas por la Corte Constitucional y SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por
el Consejo de Estado, la Sala advierte que están dirigidos a insistir en la tesis relacionada
con que se encontraba acreditado el elemento subordinación y que, en consecuencia, se
debió reconocer la relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios.
En ese orden, las anteriores razones son suficientes para denegar la solicitud de amparo,
por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados por la
parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de amparo presentada por la parte actora, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
8 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 249.
9 Ver, entre otras, las sentencias T-344 de 2015, SU-425 de 2016 y T-022 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07269-00
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador10
10 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260726900/93F9141761E2BCFB84E42374F0A27CA9715A8780E4EA8814644D8555007373A0/2

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