📅 05/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260725700
Interno: 11441
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 05/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Cumple con el requisito de inmediatez la acción de tutela promovida por el señor [L.E.R.P.] contra la sentencia del 26 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó la caducidad en un proceso de reparación directa, pese a que acudió al juez constitucional más de ocho meses después de su notificación sin justificar razonablemente la tardanza?
Respuesta al problema jurídico: No
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 205, LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 52
— Resumen —
Resumen
El documento analiza una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial que declaró probada la excepción de caducidad en un proceso de reparación directa. El ratio decidendi se centra en el incumplimiento del requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud de amparo se presentó fuera del término razonable de seis meses tras la notificación de la sentencia cuestionada. Aunque la controversia de fondo versaba sobre la responsabilidad del Estado por daños derivados de presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos durante la prestación del servicio militar, el análisis jurídico se limitó a la procedibilidad procedimental de la tutela. Se determinó que, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad y salud del accionante, no se justificó de manera concreta la tardanza en acudir al juez constitucional.
Preguntas Centrales
¿Es procedente la acción de tutela contra una providencia judicial cuando se supera el término de seis meses para su interposición?
No es procedente, salvo que se acredite una justificación válida y desproporcionada que impidiera el ejercicio del amparo. La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que, para salvaguardar la seguridad jurídica y la cosa juzgada, la tutela contra sentencias debe promoverse en un plazo máximo de seis meses.
¿Las afectaciones de salud física y mental justifican automáticamente la flexibilización del requisito de inmediatez?
No de forma automática. El documento resuelve que el interesado debe demostrar cómo dichas condiciones médicas le impidieron específicamente presentar la acción de tutela en el tiempo previsto, y no simplemente limitarse a explicar por qué no pudo presentar la demanda ordinaria de reparación de manera oportuna.
Fundamentación Clave
El Principio de Inmediatez
- El Artículo 86 de la Constitución Política exige la protección “inmediata” de los derechos fundamentales.
- La Sentencia de Unificación del 5 de agosto de 2014 fija como regla general un plazo de seis meses para interponer la tutela contra providencias judiciales.
- La razonabilidad del término debe ser evaluada con mayor rigor cuando se pretende dejar sin efectos una decisión judicial en firme.
Régimen de Caducidad en Reparación Directa
- El Medio de Control de Reparación Directa está sujeto a un término legal de caducidad, incluso en casos que involucren graves violaciones de derechos humanos, según la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
- La imprescriptibilidad penal de los delitos de lesa humanidad no conlleva la imprescriptibilidad de la acción reparatoria ante la jurisdicción contencioso-administrativa de forma absoluta.
Notificación Electrónica y Conteo de Términos
- Conforme al Artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021, la notificación electrónica se entiende realizada dos días hábiles después del envío del mensaje.
- El conteo de la inmediatez inicia a partir del día siguiente a la notificación de la providencia de cierre del proceso ordinario.
Conclusión
La Sala declara la improcedencia de la acción de tutela, debido a que transcurrieron ocho meses y un día desde la notificación de la sentencia de segunda instancia, superando el límite de inmediatez sin que la parte actora lograra desvirtuar la negligencia procesal con una justificación fáctica ligada directamente a la imposibilidad de accionar en sede constitucional.
Extracto del documento
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07257-00
Accionante: LUIS EDUARDO ROJAS PEÑA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa en la
que se declaró probada la caducidad. Incumplimiento del requisito de
inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Luis Eduardo Rojas Peña, quien actúa en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de septiembre de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y reparación integral de las víctimas.
2. DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha [Fecha del fallo que declaró la
caducidad] proferida por la autoridad accionada.
3. ORDENAR a la autoridad judicial de origen proferir una nueva decisión de
reemplazo, donde aplique el estándar de flexibilización y no operancia
automática de la caducidad para crímenes de lesa humanidad, ordenando
tramitar de fondo la demanda de reparación”.
2. Hechos1
El accionante relató que prestó el servicio militar obligatorio en el departamento de
Policía del Cesar entre el 20 de febrero de 2005 y el 20 de febrero de 2006 y que
durante ese período recibió amenazas de integrantes de las Autodefensas Unidas
1 Los hechos se desprenden del escrito de tutela y del proceso ordinario.
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de Colombia (AUC) quienes en noviembre de 2005 le exigieron que suministrara
información interna de la institución bajo la amenaza de asesinar a su familia.
Manifestó que el 3 de enero de 2006, mientras él y un compañero prestaban el
servicio de vigilancia del alumbrado navideño en el sector comprendido entre la
empresa DPA, antiguo Cicolac, y la glorieta “Mi Pedazo de Acordeón” en la ciudad
de Valledupar, miembros de ese grupo armado los secuestraron, torturaron,
accedieron carnalmente y sometieron a otros vejámenes por su negativa a entregar
la información solicitada. No obstante, afirmó que pese a lo ocurrido continuó con la
prestación del servicio militar hasta el 20 de febrero de 2006 y no denunció los
hechos por las amenazas que recibió. Agregó que las intimidaciones persistieron y
lo obligaron a desplazarse junto con su grupo familiar.
Expuso que después de esos acontecimientos se practicó periódicamente pruebas
de detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y que en enero de 2009
obtuvo un resultado positivo que atribuyó a la violencia sexual de la que fue víctima.
Indicó que desarrolló diversas enfermedades asociadas a esa infección y un
trastorno depresivo recurrente grave que afectaron su salud física y mental, así
como su vida de relación y la de sus familiares. Como consecuencia de sus
padecimientos, se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 69,35%, con
fecha de estructuración de 28 de enero de 2010 y el Fondo de Pensiones Protección
le reconoció una pensión de invalidez.
Precisó que el 30 de abril de 2014 presentó una primera demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
por esos hechos. El proceso fue remitido al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Valledupar bajo el radicado 20001-33-33-006-2014-00349-00 y culminó
con la declaratoria de caducidad.
Agregó que el 3 de mayo de 2019 presentó una solicitud de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría 76 Judicial I para Asuntos Administrativos que concluyó sin
acuerdo. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2019 junto con los señores María
del Socorro Peña Arango y Diego Armando Tijera Peña promovieron una nueva
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en la que solicitaron que se
declarara la responsabilidad administrativa de la entidad por los daños derivados de
los hechos que calificaron como delitos de lesa humanidad ocurridos durante la
prestación del servicio militar obligatorio del señor Rojas Peña y que se
reconocieran los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufrieron.
Expresó que la naturaleza de las conductas impidió que operara la caducidad y
señalaron que en el proceso anterior no plantearon debidamente ese argumento.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Valledupar bajo el radicado no. 20001-33-33-008-2019-00329-00, que mediante
sentencia anticipada de 27 de julio de 2022, declaró la caducidad del término para
interponer la demanda, al considerar que conforme a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, las pretensiones de reparación directa
por daños derivados de delitos de lesa humanidad están sujetas al término legal,
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salvo que se acreditara el conocimiento posterior de la participación estatal o
circunstancias que impidieran el acceso oportuno a la justicia.
En concreto, estimó que el accionante conoció la presunta omisión de la fuerza
pública desde el 3 de enero de 2006, por lo que el plazo para demandar venció el 4
de enero de 2008. No obstante, precisó que aun si el término se contabilizara desde
el diagnóstico de VIH de enero de 2009 habría finalizado en enero de 2011 antes
de la solicitud de conciliación del 3 de mayo de 2019. También advirtió que no se
expusieron circunstancias físicas, económicas o jurídicas que imposibilitaran a los
demandantes acudir oportunamente a la jurisdicción, especialmente después de
conocer ese diagnóstico.
Sostuvo que contra la anterior determinación presentó recurso de apelación, al
cuestionar la aplicación de los criterios jurisprudenciales adoptados en 2020 a una
demanda presentada en septiembre de 2019, pues consideró que ello implicó
conferirles efectos retroactivos en perjuicio de quienes acudieron a la jurisdicción
bajo una tesis distinta sobre la imprescriptibilidad de las reclamaciones por delitos
de lesa humanidad. Solicitó aplicar el principio de favorabilidad y efectuar un control
de convencionalidad con fundamento en los instrumentos internacionales y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia de 26 de junio de 2025
confirmó la declaratoria de caducidad, bajo el argumento de que la aplicación de la
jurisprudencia de unificación exigía examinar en cada caso el conocimiento de la
participación estatal y las circunstancias que pudieron impedir el acceso a la justicia.
Afirmó que los demandantes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos
sobre la caducidad tanto en la demanda como en el traslado para alegar de
conclusión que se dispuso después de la sentencia de unificación de 2020.
Asimismo, señaló que no se aportaron pruebas distintas de las afirmaciones
efectuadas en la demanda sobre las circunstancias en que ocurrieron el secuestro,
la tortura y la violencia sexual, ni sobre su configuración como delitos de lesa
humanidad. Aunque reconoció que la historia clínica acreditaba el diagnóstico de
VIH, advirtió que no se allegaron documentos que respaldaran la ocurrencia de las
agresiones o su comunicación a la Policía Nacional.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
confirmar la declaratoria caducidad del término para presentar la demanda en el
marco del medio de control de reparación directa, sin examinar las circunstancias
que le impidieron acudir oportunamente a la jurisdicción.
En relación con los requisitos específicos de procedencia sostuvo que la providencia
incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Respecto del defecto fáctico, precisó que el Tribunal omitió valorar su situación
de vulnerabilidad, las amenazas que recibió, el contexto del conflicto armado y sus
condiciones de salud física y mental. Afirmó que el VIH, la meningitis y los
padecimientos psiquiátricos y psicológicos derivados de las agresiones le
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impidieron presentar oportunamente las demandas y denuncias correspondientes.
Agregó que las secuelas persistieron y requirieron tratamiento, por lo que estimó
que debieron examinarse como manifestaciones de un daño continuo.
Respecto del desconocimiento del precedente judicial, afirmó que la autoridad
judicial accionada “desconoció las subreglas vinculantes fijadas por la Corte
Constitucional en las Sentencias SU-429 de 2024 y SU-439 de 2024, y los
estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ignoró que no es
válido aplicar una regla aritmética de caducidad en delitos de lesa humanidad
cuando persisten barreras materiales de acceso a la justicia o el nexo causal del
Estado se descubrió de forma tardía”.
En el escrito de subsanación precisó que los hechos ocurrieron después de que el
comandante del Departamento de Policía del Cesar ordenara a los auxiliares
bachilleres vigilar el alumbrado navideño en jornadas nocturnas, sin el
acompañamiento permanente de un policía profesional. Sostuvo que esa
asignación desconoció las reglas y los protocolos de seguridad aplicables al
servicio, especialmente por las condiciones de orden público de la zona.
Explicó que después de las agresiones presentó problemas de salud mental,
meningitis, VIH y drogadicción, por lo que recibió atención psiquiátrica en el Hospital
Rosario Pumarejo de López por un intento de suicidio. Afirmó que solo en 2015
experimentó una mejoría que le permitió comprender lo ocurrido y promover las
actuaciones correspondientes, aunque sus afectaciones mentales y neurológicas
persistieron hasta 2026.
Para terminar, sostuvo que de conformidad con la sentencia SU-312 de 2020 y otros
pronunciamientos constitucionales, el término de caducidad debía examinarse a
partir de las condiciones particulares de la víctima. En su criterio, el plazo
permaneció suspendido mientras los traumas, los trastornos mentales o las
alteraciones neurológicas le impidieron comprender los hechos, buscar asistencia
jurídica o ejercer su defensa y solo pudo transcurrir desde que contó con autonomía
o con los apoyos necesarios para reclamar sus derechos. Por último, afirmó que la
decisión cuestionada impuso una barrera injustificada para obtener verdad, justicia
y reparación por graves violaciones de derechos humanos.
4. Trámite procesal
Por auto de 11 de septiembre de 2026, el magistrado ponente previo a admitir la
solicitud de tutela requirió a la parte actora para que indicara de manera clara y
precisa los hechos en que se fundamentaba el escrito de tutela y los defectos en
que habría incurrido la autoridad judicial accionada. La parte actora por medio de
memorial de 17 del mismo mes y año subsanó la demanda.
Por auto de 23 de septiembre de 2026, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo del Cesar-.
Igualmente, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, como
tercero interesado en el resultado del proceso. De igual modo, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.
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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 177560 a 177565
de 25 de septiembre de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar
El oficial mayor de la Secretaría sostuvo que la Corporación reiteraba y acogía los
fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en las
providencias cuestionadas, así como los criterios impartidos por el juez
constitucional. Y remitió el link del proceso de reparación directa no. 20001-33-33-
008-2019-00329-01.
4.2. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar
El titular del despacho rindió informe en el que precisó que conoció del proceso de
reparación directa promovido por el señor Luis Eduardo Rojas Peña contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Agregó que mediante
sentencia de 27 de julio de 2022 declaró probada la excepción de caducidad,
decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de junio
de 2025. Asimismo, señaló que existió un proceso previo por los mismos hechos
ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar, el cual fue
archivado.
Sostuvo que las actuaciones respetaron los derechos y garantías de las partes y
que las decisiones fueron debidamente motivadas. Alegó que la tutela resultaba
improcedente para reabrir un debate resuelto por los jueces naturales en ambas
instancias y advirtió que fue presentada más de un año después de la ejecutoria de
la sentencia de segunda instancia.
Finalmente, manifestó que las afecciones de salud del accionante no justifican la
presentación extemporánea de la demanda de reparación directa, pues debía
acreditarse que le generaron una imposibilidad material, real y objetiva para acudir
oportunamente a la jurisdicción.
4.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente
la acción de tutela y, subsidiariamente, negar las pretensiones.
Sostuvo que la controversia carecía de relevancia constitucional porque el
accionante pretende reabrir el debate jurídico y probatorio resuelto en ambas
instancias del proceso de reparación directa, sin acreditar una irregularidad que
justificara la intervención del juez constitucional.
Afirmó que no se configuraron los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, dado que las autoridades judiciales examinaron las pruebas y
las circunstancias de salud y vulnerabilidad alegadas por el actor. Asimismo, indicó
que aplicaron la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de
2020 y la SU-312 de 2020, conforme a las cuales la imprescriptibilidad penal de los
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delitos de lesa humanidad no excluye automáticamente la caducidad del término
para acudir al medio de control de reparación directa.
Por último, señaló que no se encontraron elementos probatorios suficientes para
acreditar que los hechos constituyeran delitos de lesa humanidad ni que las
condiciones personales del demandante le hubieran impedido acudir
oportunamente a la jurisdicción.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante con la sentencia de 26 de junio de 2025,
mediante la cual se confirmó la declaratoria de caducidad del término para
interponer la demanda de reparación directa, y si incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora
bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y
lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en
cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos
vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en
cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
2 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3
La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia
de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se
produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de
tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o
amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en
cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la
vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que
se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que,
aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la
tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de
terceros si se declarara procedente”4
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito
diferente al de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la
respuesta negativa a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de
justificación, pues lo que pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de
la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
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máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional6.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Luis Eduardo Rojas Peña, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Cesar, con ocasión de la sentencia de 26 de junio de 2025,
mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia de 27 de julio de 2022
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar que
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa no. 20001-33-33-008-2019-00329-00.
La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, al confirmar la caducidad sin
examinar las circunstancias que le impidieron acudir oportunamente a la
jurisdicción. Sostuvo que las amenazas, el desplazamiento y las afectaciones de
salud física y mental derivadas de las agresiones que afirmó haber sufrido durante
la prestación del servicio militar obligatorio constituyeron barreras materiales para
ejercer el derecho. Asimismo, señaló que se desconocieron las sentencias SU-429
y SU-439 de 2024 y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de
derechos humanos.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez, para lo cual se tendrá como referente la sentencia de
26 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por cuanto
fue la providencia que resolvió el recurso de apelación en el proceso de reparación
directa y puso fin a la controversia planteada.
De conformidad con las actuaciones que reposan en el proceso de reparación
directa con radicado no. 20001-33-33-008-2019-00329-01, el señor Luis Eduardo
Rojas Peña junto con su grupo familiar promovieron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, con la pretensión de obtener la reparación de los perjuicios
derivados del secuestro, la tortura y la violencia sexual que según afirmaron sufrió
el accionante el 3 de enero de 2006, mientras prestaba el servicio militar obligatorio
en el Departamento de Policía del Cesar. Sostuvieron que esos hechos constituían
delitos de lesa humanidad y que, por tanto, no operaba la caducidad.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar mediante sentencia
anticipada de 27 de julio de 2022, declaró probada la excepción de caducidad, al
considerar que el demandante conoció la presunta omisión de la fuerza pública
desde la ocurrencia de los hechos y que aun si el término se contabilizara desde el
diagnóstico de VIH de enero de 2009, habría vencido antes de la presentación de
la solicitud de conciliación extrajudicial del 3 de mayo de 2019. Contra esa decisión,
el accionante presentó recurso de apelación.
6 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Peña
El Tribunal Administrativo del Cesar por sentencia de 26 de junio de 2025 confirmó
la decisión de primera instancia. Para ello, examinó los argumentos sobre la
aplicación temporal de la jurisprudencia de unificación, la imprescriptibilidad de los
delitos de lesa humanidad y el control de convencionalidad. De igual modo, señaló
que los demandantes tuvieron oportunidades procesales para exponer las
circunstancias que justificaban la presentación de la demanda y concluyó que no
existían elementos probatorios suficientes para desvirtuar la declaratoria de
caducidad.
Así las cosas, la Sala observa que conforme da cuenta el aplicativo del Sistema
para la Gestión Judicial SAMAI, la sentencia objeto de reproche de 26 de junio de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar se notificó a las partes
mediante correo electrónico el 1° de julio de 20257, por lo que se entiende notificada
el 7 del mismo mes y año, en atención al artículo 205 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 20218.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que el plazo que se ha entendido
como razonable feneció el 7 de enero de 2026, como la solicitud de amparo fue
promovida el 8 de septiembre de 20269, transcurrieron ocho (8) meses y un (1)
día entre el momento de la notificación de la sentencia de segunda instancia y el de
la interposición de la acción constitucional, término que excede el límite razonable
establecido jurisprudencialmente por la Sala Contencioso Administrativa de esta
Corporación, como regla general, el cual ha sido acogido por la Corte Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión”10,
respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho
término es perentorio”11.
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
7 Índice 18 del expediente de la acción de repetición.
8 “La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: […] 2. La notificación de la providencia
se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán
a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
9 Acta individual de reparto.
10 Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
11 Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Peña
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión
que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y
hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata de
cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna aún
más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando se ha
superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso concreto se
deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima facie los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, el accionante afirmó que las agresiones de las que fue víctima
le ocasionaron VIH, meningitis y padecimientos psiquiátricos y psicológicos que le
impidieron adelantar oportunamente las actuaciones correspondientes. También
manifestó que experimentó una mejoría en 2015, aunque sus afectaciones
persistieron hasta 2026. No obstante, esas afirmaciones estuvieron dirigidas
principalmente a explicar la presentación de la demanda de reparación directa por
fuera del término legal. Para efectos de la inmediatez de la tutela, corresponde
examinar si tales condiciones, también, le impidieron solicitar la protección
constitucional después de la notificación de la sentencia de 26 de junio de 2025.
Así las cosas, la Sala observa que de los argumentos expuestos en la demanda de
tutela y en el escrito de subsanación no se identificó una explicación concreta sobre
la manera en que esas condiciones le impidieron acudir al juez constitucional
durante el lapso razonable comprendido entre la notificación de la providencia
cuestionada y la presentación de la solicitud de amparo. Por lo tanto, la persistencia
de los diagnósticos y la necesidad de tratamiento sin establecer su incidencia en la
posibilidad de ejercer este mecanismo durante ese período, no justifican por sí solas
la tardanza.
En relación con la presentación de acciones de tutela contra providencias judiciales,
la Corte ha considerado que el mencionado término debe ser entendido de manera
estricta. En tal sentido, en la sentencia T-1140 de 2005, consideró que “puede
inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela debe
estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de procesos judiciales
y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de
ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia
constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa
en el mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles
derechos de terceros que se han generado por el paso del tiempo”.
En ese escenario, está probado que el plazo considerado como razonable (seis
meses siguientes a la notificación), se encuentra ampliamente superado en este
caso concreto, sin justificación alguna.
Por lo tanto, se declarará improcedente la acción de tutela por no superar el requisito
de inmediatez.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Peña
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis
Eduardo Rojas Peña, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo del Cesar.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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