📅 05/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260618100
Interno: 9771
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 05/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Incurrió la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en defecto fáctico y vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora [L.H.H.P.], al confirmar la negativa de nulidad en el proceso de repetición pese a las pruebas que acreditaban que, al surtirse la notificación por aviso del auto admisorio, ella ya no tenía vínculo alguno con el inmueble al que se remitió dicha comunicación?
Respuesta al problema jurídico: Si
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 198, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 200, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 133 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 291, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 292, LEY 2213 DE 2022 – ARTÍCULO 8
— Resumen —
Resumen
El presente fallo de tutela, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, resuelve la controversia originada en un proceso de Acción de Repetición iniciado por el INPEC contra una exfuncionaria. El núcleo del debate jurídico se centra en la validez de la notificación del auto admisorio de la demanda. La entidad demandante remitió las comunicaciones a una dirección física registrada en la historia laboral de la parte actora; sin embargo, para la fecha de la notificación por aviso, la demandada ya había vendido el inmueble y trasladado su domicilio, situación que fue debidamente acreditada mediante escrituras públicas y facturas de servicios públicos. Pese a estas pruebas, el tribunal de segunda instancia confirmó la negativa de nulidad procesal, argumentando que la entrega en la dirección informada y la falta de devolución postal hacían presumir la validez del trámite. La Sala de Casación, actuando como juez constitucional, determina que existió un defecto fáctico al omitir la valoración integral de las pruebas que demostraban la ruptura de cualquier vínculo de la demandada con el inmueble antes de que se surtiera el aviso, vulnerando así el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa.
Preguntas Centrales
¿Se configura un defecto fáctico cuando el juez valida una notificación por aviso ignorando pruebas que demuestran que el demandado ya no reside ni tiene vínculo con el inmueble?
Sí. El documento señala que la presunción de conocimiento derivada de la entrega postal no es absoluta. Si la parte afectada aporta pruebas documentales (como escrituras de venta y actas de entrega de un nuevo domicilio) que demuestran que para la fecha del aviso de notificación no tenía relación alguna con la dirección de envío, el juez no puede limitarse a verificar la constancia de entrega, sino que debe garantizar que la notificación cumpla su finalidad de permitir el conocimiento real del proceso.
¿La notificación por conducta concluyente sanea automáticamente las irregularidades en la notificación del auto admisorio?
No necesariamente. El documento indica que, aunque la parte actora comparezca al proceso con posterioridad, esto no valida automáticamente las actuaciones previas si se le ha privado de la oportunidad procesal para contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas dentro de los términos legales, los cuales se contabilizan a partir de una notificación válida.
Fundamentación Clave
Normativa Procesal Aplicable
- Código General del Proceso (CGP): Artículos 291 y 292, que regulan la notificación personal y por aviso, y el artículo 133 numeral 8 sobre causales de nulidad por indebida notificación.
- CPACA: Artículo 200, que remite al CGP para el trámite de notificaciones en procesos contencioso-administrativos.
- Ley 2213 de 2022: Relativa a la vigencia permanente de las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales.
Jurisprudencia y Doctrina Constitucional
- Defecto Fáctico: Se presenta cuando el juez omite valorar pruebas determinantes que habrían cambiado el sentido de la decisión. En este caso, la omisión de las pruebas sobre el cambio de domicilio previo al aviso.
- Finalidad de la Notificación: El objetivo sustancial de la notificación es garantizar el derecho de defensa y el principio de publicidad. La entrega física en una dirección antigua donde el demandado ya no puede ser ubicado no cumple con esta finalidad constitucional.
- Criterio de la Corte Suprema de Justicia: Se diferencia el domicilio civil del lugar de ubicación para notificaciones, pero se exige que subsista un vínculo (propiedad, trabajo, acceso) para que la notificación se considere eficaz.
Conclusión
La Sección Cuarta concluye que la notificación de una demanda es un presupuesto esencial del debido proceso que no puede reducirse a un simple formalismo postal. Se establece como tesis que la validez de una notificación por aviso decae si se demuestra que el destinatario perdió todo vínculo con el inmueble antes de que el acto se surtiera. En consecuencia, se ampara el derecho fundamental de la parte actora y se ordena al tribunal proferir una nueva decisión valorando las pruebas de cambio de domicilio, garantizando así la oportunidad real de contradicción dentro de la Acción de Repetición.
Extracto del documento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06181-00
Demandante: Luz Helena Hernández Palacios
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06181-00
Demandante: Luz Helena Hernández Palacios
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial – Repetición. Defecto fáctico.
Debido proceso.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Luz Helena Hernández
Palacios contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de agosto de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra la citada
autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
«[…] SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN
EFECTOS el Auto del 27 de julio de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, así como el Auto del 31 de
julio de 2025 del Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá, en cuanto
negaron la nulidad de lo actuado dentro del proceso de repetición No.
11001333603420200028301.
TERCERA. Que se ORDENE al Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Bogotá declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la
demanda, y disponer la notificación personal de la demanda y sus anexos a
través de mi apoderado judicial constituido, de conformidad con el artículo 8 de
la Ley 2213 de 2022, garantizando así mi derecho a contestarla, proponer
excepciones y solicitar las pruebas que a bien tenga.
CUARTA. Que se ordene a las autoridades accionadas y vinculadas rendir los
informes que el despacho constitucional considere pertinentes dentro del
término de ley.»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06181-00
Demandante: Luz Helena Hernández Palacios
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) presentó demanda de
repetición contra la señora Luz Helena Hernández Palacios, con el fin de obtener el
reintegro de $6.750.097, suma que la entidad pagó en cumplimiento de una condena
judicial determinada en la sentencia de 13 de junio de 2017 del Juzgado 19
Administrativo de Bogotá, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Jhon Jairo Montañez Giraldo (rad. 11001-3335-019-
2015-00351-00).
El INPEC señaló que en ese proceso se declaró la existencia de una relación laboral
encubierta y como restablecimiento del derecho se le ordenó, entre otras
disposiciones, efectuar los aportes a la seguridad social en pensiones en el porcentaje
que le correspondía al empleador, y los valores reconocidos con su respectiva
actualización. Además, resaltó que para la época de los hechos que dieron origen a
la controversia de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Hernández
Palacios, como jefe de la División de Salud del INPEC, impartía órdenes al señor
Montañez Giraldo.
Al proceso de repetición se le asignó el radicado 11001-33-36-034-2020-00283-00 y
se repartió al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá que, en auto de 11
de marzo de 2022, admitió la demanda y ordenó notificarlo personalmente a la
demandada. Con ese fin se remitió el auto admisorio al correo electrónico registrado
en la historia laboral, que fue devuelto por encontrarse inactivo, y el juzgado dispuso
que la notificación se adelantara en la forma prevista en el artículo 291 del CGP.
Para lograr la notificación personal de la providencia, se remitió la respectiva
comunicación a la demandada a la dirección física que el INPEC encontró registrada
en la historia laboral (calle 3A sur # 70-84, interior 8, apto. 501- Bogotá).
El 9 de junio de 2022, la empresa de mensajería entregó la comunicación de citación
para notificación personal en la dirección calle 3A sur # 70-84, interior 8, apto. 501,
Bogotá, recibida por una persona distinta de la destinataria, sin anotación de
devolución ni constancia de que esta no residiera allí.
Como la demandada no compareció, por auto de 30 de enero de 2023, el juzgado tuvo
por cumplido el trámite del artículo 291 y ordenó continuar con la notificación por aviso,
que se remitió a la misma dirección y fue entregada en la portería del conjunto el 25
de febrero de 2023, sin que tampoco fuera devuelta. El término de traslado venció el
24 de abril de 2023 sin contestación.
El 4 de mayo de 2023, vencido el traslado, la señora Hernández Palacios, aportó
memorial en el que aportó poder y solicitó acceso al expediente y que se le notificara
la demanda. (Ese escrito había sido enviado el 18 de abril de 2023, antes del
vencimiento del traslado, a una cuenta institucional del juzgado distinta del canal fijado
para memoriales, sin que fuera registrado.)
Sin embargo, en providencia del 11 de marzo de 2024, el juzgado observó que la
notificación por aviso ya se había cumplido según las formalidades y le informó que el
expediente podía consultarse en el aplicativo SAMAI. En la misma providencia
reconoció personería al apoderado y ordenó que, en firme la providencia, el
expediente ingresara al despacho para fijar fecha de audiencia inicial.
El 18 de marzo de 2024, la demandada promovió incidente de nulidad de todo lo
actuado desde el auto admisorio, con fundamento en la causal del numeral 8 del
artículo 133 del CGP, e invocó como desconocidos los derechos al debido proceso y
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Demandante: Luz Helena Hernández Palacios
defensa. Advirtió que no recibió la comunicación para notificarse de esa providencia
porque la dirección a la que se remitió (informada por el INPEC) no correspondía a la
de su anterior residencia ubicada en la calle 3 sur # 70-84, torre 8, apto 501.
Informó que desde abril de 2022 fijó su domicilio y residencia en la calle 25 B # 70B-
504, torre 3, conjunto residencial Gran Reserva de Mallorca, en Bogotá; y que el
apartamento ubicado en la calle 3 sur # 70-84, torre 8, apartamento 501 se vendió el
26 de julio de 2022. Señaló que desconocía la identidad y nombre de la persona que
recibió la correspondencia y, por lo tanto, no fue informada de la existencia del
proceso.
Aseveró que la notificación por aviso del auto admisorio no cumplió su objetivo; y que
tampoco se la notificó en la forma prevista en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. En
consecuencia, pidió que se decretara la nulidad y se ordenara la notificación personal
de la demanda para que pudiera ejercer la defensa respectiva.
La demandada aportó como soportes, entre otros documentos, la escritura pública
913 de 6 de abril de 2022 de la Notaría 50 de Bogotá, mediante la cual adquirió por
leasing habitacional con Davivienda el apartamento 504 de la torre 3 del conjunto Gran
Reserva de Mallorca; el acta de entrega de ese inmueble, de 29 de abril de 2022;
facturas del servicio de gas (Vanti) de la nueva residencia, la primera expedida el 26
de mayo de 2022 y pagada el 5 de julio de 2022; y la promesa de compraventa del
apartamento anterior, suscrita con Inversiones MCN S.A.S. el 23 de mayo de 2022,
en la que se fijó el 26 de julio de 2022 como fecha de otorgamiento de la escritura de
venta.
En providencia de 31 de julio de 2025, el juzgado negó el incidente de nulidad al no
advertir irregularidad alguna en la notificación del auto admisorio de la demanda.
Consideró que la comunicación se entregó en la dirección informada al despacho, sin
devolución ni constancia de que la destinataria fuera desconocida, por lo que el trámite
de los artículos 291 y 292 del CGP se cumplió en debida forma; que el apoderado no
explicó cómo tuvo conocimiento del proceso al apersonarse el 4 de mayo de 2023; y
que, desde esa fecha, la demandada tenía acceso al expediente mediante el aplicativo
SAMAI, de modo que no se evidenciaba afectación del derecho de defensa.
Contra la anterior decisión, la demandada interpuso los recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación. Indicó que el juzgado no efectuó una adecuada valoración de
las pruebas documentales allegadas con el incidente de nulidad con las que se
demostró que no residía en la dirección a la que se remitieron las comunicaciones de
notificación y que cambió su domicilio. Insistió en que la notificación personal del auto
admisorio de la demanda no se surtió en debida forma y que el aviso remitido a la
misma dirección reprodujo la irregularidad, que la disponibilidad del expediente en
SAMAI no equivale a notificación; y que, constituido apoderado, el juzgado debió
notificarla por su conducto (art. 8, Ley 2213 de 2022).
Por auto del 23 de abril de 2026, el juzgado no repuso la decisión. Concluyó que no
se acreditó una irregularidad sustancial que configurara causal de nulidad, ni un
perjuicio efectivo derivado del trámite de notificación; en consecuencia, confirmó la
decisión recurrida, tuvo por notificada por conducta concluyente a la señora
Hernández Palacios y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.
Remitido el asunto al superior, correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que, por auto de 27 de julio de 2026,
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confirmó la decisión que negó la nulidad al concluir que las pruebas aportadas no
demostraban una irregularidad concreta en el procedimiento de notificación del auto
admisorio de la demanda, puesto que la ocupación de un nuevo inmueble no
determina, por sí sola, que la comunicación enviada a otra dirección fuera inválida. En
este caso, se acreditó que (i) la comunicación se envió a la dirección informada al
juzgado; (ii) se certificó la entrega; y (iii) ante la falta de comparecencia de la
destinataria se adelantó la notificación por aviso.
El 13 de agosto de 2026, regresó el expediente al juzgado de origen.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora con fundamento en los hechos reseñados sostuvo que la providencia
de 27 de julio de 2026 incurrió en los siguientes defectos específicos:
Defecto fáctico. Sostuvo que no se surtió en debida forma la notificación del auto
admisorio de 11 de marzo de 2022, pues la comunicación prevista en el artículo 291
del CGP se remitió el 9 de junio de 2022 a la dirección registrada en su historia laboral
(calle 3A sur # 70-84, interior 8, apartamento 501, conjunto residencial Torres de San
Agustín), en la que ya no residía, dado que desde el 6 de abril de 2022 su domicilio
estaba en el Conjunto Residencial Gran Reserva de Mallorca (calle 25B # 70B-50,
apartamento 504).
Agregó que el aviso de 8 de febrero de 2023 se envió a esa misma dirección y se
entregó el 25 siguiente, casi un año después del cambio de domicilio, pese a lo cual
el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá lo tuvo por surtido y continuó el
trámite.
Indicó que esos hechos quedaron acreditados con las pruebas que aportó al incidente
de nulidad, esto es, la escritura pública 913 del 6 de abril de 2022 de adquisición del
nuevo inmueble, los documentos del leasing habitacional, el acta de entrega, las
facturas de servicios públicos del nuevo domicilio, la promesa de compraventa del
inmueble anterior del 23 de mayo de 2022 y la escritura pública 2520 del 26 de julio
de 2022 que formalizó la venta.
Anotó que el Tribunal no controvirtió ni desvirtuó esas pruebas ni las valoró en forma
integral y conjunta; simplemente dejó de examinar su efecto sobre la validez de la
notificación y confirmó la decisión con fundamento en presunciones de índole
procedimental, como que la comunicación no fue devuelta por la empresa postal y que
quien la recibió no manifestó desconocerla, aunque reconoció que el acceso al
expediente en SAMAI no constituye notificación ni sustituye el procedimiento legal.
Con ello, en su criterio, desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formalidades y el derecho de defensa.
Cuestionó, además, que la comunicación se entregó a Sergio Ríos, persona cuya
calidad, vínculo o autorización para recibir correspondencia a su nombre no se
determinó en el proceso y a quien no conocía; explicó que en conjunto residencial
Torres de San Agustín la correspondencia la reciben los vigilantes, que no
necesariamente conocen la identidad de los ocupantes ni los cambios de titularidad
de los inmuebles. Por ello, sostuvo que la sola firma de un tercero desconocido, sin
verificación de su identidad o de su relación con la parte, no puede sustituir la
notificación personal exigida por el numeral 1 del artículo 198 del CPACA, máxime si
quedó demostrado que ya no residía allí.
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Advirtió que la providencia le trasladó una carga probatoria excesiva y de imposible
cumplimiento al exigirle demostrar que la comunicación se entregó en un inmueble
físicamente distinto, hecho que depende de la actuación de la empresa de mensajería
y de un tercero no identificado. Conforme a los principios de colaboración con la
administración de justicia y de prevalencia del derecho, advirtió que quien tenía mayor
facilidad probatoria y mayor deber de diligencia para verificar la vigencia de la
dirección era la parte demandante, que ya contaba con indicios de que el correo
electrónico registrado estaba inactivo.
Concluyó que, pese a estar acreditado que el cambio de domicilio fue anterior al
intento de notificación, la decisión mantiene los efectos de una notificación que no le
permitió conocer oportunamente la demanda, con lo que se le privó de contestarla,
formular excepciones y solicitar y controvertir pruebas en la oportunidad procesal
prevista para ello.
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 291 y del numeral
8 del artículo 133 del CGP y violación directa de la Constitución. Indicó que el
Tribunal privilegió el resultado meramente procedimental al valorar indebidamente la
certificación de entrega y la ausencia de devolución postal frente al fin sustancial de
la notificación, que es garantizar el conocimiento real del proceso, cuando debía dar
prevalencia al derecho sustancial y al debido proceso. Sostuvo que esa lectura vació
de contenido la causal de nulidad por indebida notificación, pues la hace de imposible
configuración cuando el afectado ya no reside en la dirección utilizada pero la
comunicación no fue formalmente devuelta.
Agregó que tampoco es aceptable que se le otorgara valor a su conocimiento posterior
e informal del proceso.
Recordó que el 4 de mayo de 2023 su apoderado se hizo parte, solicitó acceso al
expediente y pidió expresamente que se le notificara la demanda en debida forma, lo
que el juzgado negó en auto de 11 de marzo de 2024 por considerar que la notificación
ya se había surtido; ese conocimiento tardío, dijo, no subsana las formas de
notificación previstas en la ley.
En conclusión, afirmó que la providencia validó una notificación cuya función
sustancial no se cumplió, pues no se acreditó la notificación efectiva del auto
admisorio, lo que vulnera de manera directa sus derechos fundamentales y debe ser
corregido por el juez constitucional.
Por último, advirtió que dejar en firme la providencia cuestionada la expone a un
perjuicio irremediable, traducido en una eventual sentencia condenatoria de contenido
económico.
Resaltó que se reúnen las características exigidas por la jurisprudencia constitucional,
puesto que el perjuicio es: (i) grave porque compromete su patrimonio a partir de una
condena que no controvirtió; (ii) cierto porque se deriva directamente y sin necesidad
de elucubraciones de la validación de una notificación cuestionada con prueba
documental seria; (iii) urgente porque el proceso de origen continúa su curso y cada
actuación posterior se edifica sobre la misma base viciada; e (iv) impostergable porque
de consumarse una sentencia adversa y su posterior ejecución, la reversión de sus
efectos implica cargas, costos y demoras que el ejercicio oportuno del derecho de
defensa evita.
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4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 10 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en calidad de demandado; y al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo de Bogotá en condición de terceros con interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
pidió declarar improcedente la solicitud de tutela. Para el efecto, se remitió a las
consideraciones expuestas en la providencia de 27 de julio de 2026, atinentes a la
valoración de las pruebas aportadas con el incidente de nulidad (escritura pública 913
de 2022, leasing habitacional, acta de entrega, facturas de servicios públicos y venta
del inmueble anterior), que no desvirtuaron las certificaciones postales ni acreditaron
una irregularidad concreta en la notificación; a la aplicación de los artículos 198 y 200
del CPACA y 291 y 292 del CGP, conforme a los cuales la comunicación se envió a
la dirección informada al juzgado, se entregó en una unidad inmobiliaria cerrada sin
reporte de inexistencia o de destinataria desconocida y, ante la falta de
comparecencia, se surtió el aviso; y a la precisión de que la disponibilidad del
expediente en SAMAI no sustituye la notificación personal.
Agregó que la actora no demostró que esa decisión fuera arbitraria o carente de
sustento, sino que pretende una nueva valoración de los mismos documentos y una
interpretación distinta de las normas sobre notificación, lo que desborda la naturaleza
excepcional de la tutela contra providencias judiciales; que el cargo por violación
directa de la Constitución reproduce, con otra denominación, los cuestionamientos de
los defectos fáctico y sustantivo; y que la aplicación razonada de las normas
procesales que regulan la notificación, cuya finalidad es garantizar la publicidad y la
defensa, no constituye exceso ritual manifiesto ni desconoce la prevalencia del
derecho sustancial.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, Sección Tercera pidió
negar la solicitud de tutela porque no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados. Sostuvo que la actora pretende reabrir un debate procesal ya resuelto por
el juez natural y confirmado en segunda instancia, sin que se configure alguno de los
defectos que excepcionalmente habilitan la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
En concreto, sostuvo que en este caso se valoraron las pruebas aportadas; se
aplicaron las normas pertinentes y se desarrolló una interpretación razonada y
jurídicamente admisible; no existió desconocimiento constitucional, pues la
demandada tuvo oportunidades reales de defensa, una vez surtida la notificación por
aviso, sin que pueda advertirse el privilegio de formalismos. En consecuencia, no se
evidencia acción u omisión atribuible a ese despacho que haya impedido el acceso a
la administración de justicia o desconocido el debido proceso, la defensa o la
contradicción.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) pidió la desvinculación del
trámite de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva
al advertir que la inconformidad de la actora deriva de las actuaciones adelantadas
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por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera en el proceso con
radicado 11001-33-36-034-2020-00283-00/01, por lo que esa entidad no es
competente para atender los requerimientos de la demanda constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Luz Helena
Hernández Palacios con la expedición del auto de 27 de julio de 2026, por el cual
confirmó la providencia de 31 de julio de 2025 del Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo de Bogotá, que negó la solicitud de nulidad de lo actuado a partir del
auto admisorio de la demanda de repetición promovida por el INPEC contra la ahora
tutelante (rad. 11001-33-36-034-2020-00283-00/01).
De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser
así, si se configura alguno de los defectos alegados.
La Sala anticipa que amparará los derechos invocados ante la configuración del
defectos sustantivo y fáctico. Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los
siguientes aspectos: (i) acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el
presente caso; (iii) los defectos fáctico y sustantivo en el caso concreto.
Previo a realizar el correspondiente estudio es necesario resolver una solicitud de
desvinculación.
De la desvinculación solicitada por el INPEC
En el sub examine, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solicitó su
desvinculación. Empero, la Sala no accederá a esa solicitud porque fue vinculado al
presente trámite en calidad de tercero con interés, precisamente porque actúa como
parte demandante en el proceso de repetición que actualmente se adelanta contra la
señora Luz Helena Hernández Palacios, aquí tutelante (rad. 11001-33-36-034-2020-
00283-00/01).
(i) Acción de tutela contra providencias judiciales
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Demandante: Luz Helena Hernández Palacios
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La Sala encuentra que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora solicita la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que
estima vulnerados por la negativa a declarar la nulidad por indebida notificación
establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso. Por lo
anterior, se advierte que se sustentan con suficiencia las razones por las que la
decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos y no se trata de un asunto de
mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio
decidendi.
Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad, toda vez que la Sala advierte
que la accionante formuló la solicitud de nulidad e interpuso los recursos de reposición
y, en subsidio, de apelación contra el auto de 31 de julio de 2025, que la negó; en esa
medida, agotó los medios de los cuales disponía para controvertir la decisión con la
cual se encontraba inconforme. Además, si bien el proceso de repetición continúa en
curso, la providencia cuestionada es definitiva, en tanto resolvió en segunda instancia
el incidente de nulidad y, con ello, le puso fin a la discusión sobre la indebida
notificación del auto admisorio de la demanda, sin que la actora cuente con otro medio
ordinario para controvertirla. Adicionalmente, lo decidido en el incidente de nulidad
tiene un efecto directo en el curso del proceso de repetición, pues mantuvo la validez
de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda y, con ello, la vinculación de la
señora Luz Helena Hernández Palacios al proceso, pese a que, según afirma, no fue
notificada en debida forma de su iniciación.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad – sentencia de 31 de julio
de 2012 – se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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También se satisface el (iii) Requisito general de inmediatez. El ejercicio de la
presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia atacada se
profirió el 27 de julio de 2026 y el ejercicio de acción de tutela se dio el 5 de agosto
siguiente.
La Sala igualmente encuentra satisfechos los demás requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados;
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, no se
cuestionan sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
(ii) Defectos fáctico4 y sustantivo5 en el caso concreto.
Se observa que la señora Luz Helena Hernández Palacios dirige la acción de tutela
contra la providencia de 27 de julio de 2026, por la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó el auto de 31 de julio de
2025 del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, que
negó la solicitud de declarar la nulidad de lo actuado, a partir del auto admisorio de la
demanda, en el proceso de repetición promovido por el INPEC en contra de la ahora
tutelante (rad. 11001-33-36-034-2020-00283-00/01).
La actora alega que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia porque incurrió en defecto
fáctico al no valorar los documentos relacionados con la adquisición y ocupación de
otro inmueble y la posterior venta del apartamento al que se remitieron las
comunicaciones para notificarla.
Advirtió que también se configuró el defecto sustantivo por una interpretación
irrazonable de los artículos 291 y 133, numeral 8, del CGP; así como el defecto de
violación directa de la Constitución al privilegiar las formalidades postales sobre la
garantía material del derecho de defensa.
Para resolver la controversia, la Sala acude al expediente del proceso de repetición
(rad. 11001-33-36-034-2020-00283-00/01), de cuya revisión, se resaltan las
siguientes actuaciones:
4 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
5 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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• El INPEC promovió demanda de repetición contra la señora Hernández
Palacios para que le reintegre la suma de $6.750.097 que debió pagar al señor
Jhon Jairo Montañez Giraldo, como consecuencia de una orden judicial
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 11001-
3335-019-2015-00351-00) adelantado contra la entidad. En la demanda, en el
capítulo de «NOTIFICACIONES», se incluyó como dirección física de la
demandada la Avenida 1N de mayo 72-34 de Bogotá, que fue «la última
dirección registrada en el INPEC», también un teléfono fijo e informó que
desconocía un correo electrónico personal.
• El proceso de repetición con radicado 11001-33-36-034-2020-00283-00
correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá,
que, en auto de 22 de octubre de 2021, inadmitió la demanda para que, entre
otros requerimientos, se indicara cualquier canal digital en el que pudiera
ubicarse a la demandada y de ser posible obtener su correo electrónico
personal; y que se aportara certificación que diera certeza del tipo de
vinculación de la demandada con el INPEC.
• El INPEC, teniendo en cuenta una certificación laboral de 4 de noviembre de
2021, expedida por la Subdirección de Talento Humano, informó como datos
para la notificación de la demandada: como dirección física la calle 3A sur # 70-
84, interior 8, apartamento 501, en Bogotá6, varios números telefónicos y el
correo electrónico luzhhernandez@yahoo.com.
Informó que el 8 de noviembre de 2021 envió la demanda subsanada y sus
anexos a esa dirección electrónica, pero el servidor le remitió mensaje de que
no fue entregado; por lo que el 9 siguiente, envió correo certificado a la
dirección física suministrada por la referida subdirección, a través de la
empresa Inter Rapidísimo.
• El INPEC, posteriormente, aportó guía de envío y la certificación de entrega en
el domicilio con fecha 12 de noviembre de 2021, en la portería.
• Mediante auto del 11 de marzo de 2022, se admitió la demanda y, entre otras,
se ordenó notificar personalmente esa providencia a la demandada, en forma
física, en atención a lo acreditado por el INPEC con la subsanación, conforme
con los artículos 162, 171 [1 y 3] y 200 del CPACA y 291 del CGP.
• La secretaría del juzgado emitió oficio de 31 de mayo de 2022, dirigido a la
señora Luz Helena Hernández Palacios en el que se incluyeron los datos que
identifican el proceso y se buscaba comunicarle la existencia del proceso y que
compareciera al despacho judicial a recibir notificación personal del auto
admisorio de la demanda. En ese oficio se concedió el término de cinco (5) días
y se advirtió que en caso de no presentarse se practicaría la notificación por
aviso.
El INPEC envió el anterior oficio por correo certificado y aportó certificación de
entrega de Inter Rapidísimo en la que se observa que lo recibió Sergio Ríos el
9 de junio de 2022.
• En providencia de 30 de enero de 2023, el juzgado verificó la trazabilidad del
envío, la fecha y que quien lo recibió fue una persona diferente a la demandada,
6 En la certificación se lee como dirección la «Calle 3ª. Sur N° 70-84- Int 8*- Apto. 501- Bogotá»
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pero que no manifestó que la desconociera, por lo que entendió que se tramitó
en debida forma, según el artículo 291 [3] del CGP. En consecuencia, ordenó
continuar con el trámite del proceso y requirió al INPEC para que retirara,
radicara y aportara constancia del envío del aviso de notificación que regula el
artículo 292 del CGP.
• El secretario del juzgado con fecha de 8 de febrero de 2023 elaboró el oficio de
notificación por aviso dirigido a la señora Luz Helena Hernánez Palacios y lo
remitió por correo electrónico al INPEC para su respectivo trámite.
• El 6 de marzo de 2023, el INPEC aportó certificación de entrega del oficio de
aviso enviado a la dirección de la demandada junto con el auto admisorio y la
demanda, en la que se constata que se entregó por Inter Rapidísimo el 25 de
febrero de 2023 en la portería.
• El 4 de mayo de 2023, el apoderado de la señora Hernández Palacios presentó
poder, solicitó acceso al expediente y que se le notificara de la demanda.
• En auto del 11 de marzo de 2024, el juzgado negó la anterior solicitud porque
la demandada estaba debidamente notificada. Consideró que la notificación
personal había sido tramitada en debida forma a la dirección física informada
(calle 3 A sur No. 70-84 Int. 8 apto 501), la cual fue recibida por el señor Sergio
Ríos quien no manifestó que desconociera a la persona demandada.
Adicionalmente, indicó que el expediente podía consultarse a través del
aplicativo SAMAI. En esa providencia, además reconoció personería al
apoderado y dispuso que una vez en firme ingresaría el expediente para fijar
fecha para la audiencia inicial.
• Constancia secretarial de 14 de marzo de 2024, pero registrada en SAMAI el 7
de julio de 2025, en la que se lee que «se autorizó el acceso al sistema SAMAI
para el usuari[o] @:Carlos Alberto Gómez Páez, según la solicitud No.435579,
permitiendo la consulta del expediente».
• El 18 de marzo de 2024, la demandada promovió incidente de nulidad de todo
lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, con fundamento en el
numeral 8 del artículo 133 del CGP y en el desconocimiento de los derechos al
debido proceso y defensa. En consecuencia, pidió que se ordenara la
notificación personal de la demanda y de sus anexos para que pudiera ejercer
la defensa respectiva. La nulidad la sustentó en el hecho de que no recibió la
notificación a la que hizo referencia el juzgado. En concreto, sostuvo lo
siguiente:
– La dirección [indicada por el juzgado] a la que se intentó la notificación (calle
3A sur # 70-84, torre 8, apto 501) no correspondía a la de su anterior residencia
ubicada en la calle 3 sur # 70-84, torre 8, apto 501.
– Su domicilio desde abril de 2022 estaba en la calle 25 B # 70B-504, torre 3,
conjunto residencial Gran Reserva de Mallorca, en Bogotá.
– El 26 de julio de 2022 vendió el apartamento en el que residía, «fecha desde la
cual no reside en dicho inmueble.»
– Desconocía la identidad y nombre de la persona que el juzgado reportó como
receptor de la correspondencia el 9 de junio de 2022, por lo no recibió la
comunicación para notificarse del inicio del proceso.
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– La notificación por aviso del auto admisorio no se surtió en debida forma, por
lo que no podía tenerse como válida al no cumplir su objetivo, que era
notificarse de la demanda y ejercer el derecho a la defensa.
– A la fecha de ese escrito no había tenido acceso al enlace del expediente.
Con el memorial de nulidad aportó, entre otros documentos, la escritura pública
de la compraventa del nuevo inmueble, el leasing habitacional, el acta de
entrega, las facturas de servicios públicos, la promesa de compraventa y los
documentos relativos a la posterior venta del apartamento en el que
anteriormente residía.
• Por auto de 19 de julio de 2024, el juzgado ordenó correr traslado a la
demandante de la nulidad propuesta, quien sostuvo que la demandada ya
había sido notificada, por lo que no procedía decretar una nulidad.
• En auto de 31 de julio de 2025, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de
Bogotá, Sección Tercera, negó la nulidad porque, a su juicio, no se incurrió en
irregularidad en la notificación del auto admisorio de la demanda. Observó que
la persona que recibió la notificación en la dirección física (calle 3A sur # 70-
84, int. 8, apto. 501) no indicó desconocer a la demandada. Subrayó que el
apoderado de la demandada no precisó cómo tuvo conocimiento del proceso y
que, desde el 4 de mayo de 2023, con la radicación del poder y la solicitud de
acceso al expediente, ya tenía conocimiento de su existencia. Además, que el
expediente podía ser consultado en SAMAI sin restricciones.
• El 6 de agosto de 2025, La demandada interpuso los recursos de reposición y,
en subsidio, de apelación con los siguientes argumentos:
– El juzgado no realizó una adecuada valoración de las pruebas documentales
allegadas con el incidente de nulidad, las cuales probaron que: (i) no vivía en la
dirección a la que se remitieron las comunicaciones de notificación y (ii) cambió
su domicilio.
– La notificación personal del auto admisorio de la demanda no se surtió en debida
forma, por lo que debió practicarse la notificación por aviso. Esa irregularidad no
le permitió vincularse al proceso desde el inicio.
– Desconocía a la persona que recibió el aviso.
– Acudió al proceso con apoderado al tener conocimiento informal de su
existencia, pero no por una notificación válida; así que desde ese momento le
correspondía al despacho ordenar la notificación del auto admisorio de la
demanda.
– El acceso posterior al expediente, a través del aplicativo SAMAI, y la
presentación del poder no subsanaron las irregularidades en la notificación
personal.
• Mediante providencia del 23 de abril de 2026, el juzgado resolvió el recurso
de reposición en el sentido de confirmar la decisión. Manifestó que, valoradas
las pruebas del expediente, constató que la notificación por aviso se practicó
en debida forma, dado que la persona que la recibió no manifestó que
desconocía a la demandada. Anotó que la demandada no acreditó que la forma
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de notificación le impidiera ejercer su derecho de defensa, por lo que no existió
una situación de indefensión.
De forma expresa, indicó que «aun en el evento hipotético de que existiera alguna
irregularidad en la notificación inicial, debe tenerse en cuenta que en el presente
asunto se configuró la notificación por conducta concluyente, en la medida en que
la demandada: – otorgó poder al abogado, intervino activamente en el proceso,
presentó solicitudes y recursos, lo cual evidencia su conocimiento efectivo del
trámite judicial y la aceptación tácita de la actuación procesal.» En consecuencia,
el juzgado consideró que la actuación de la demandada saneó cualquier
eventual irregularidad en la notificación, por lo que no se vulneró el debido
proceso.
Por último, precisó que «en ningún momento se sostuvo que el acceso al sistema SAMAI
equivaliera (sic) a una notificación en debida forma. La referencia realizada tuvo como único
propósito desvirtuar la afirmación del apoderado relativa al desconocimiento del contenido
del expediente, el cual ha estado disponible sin restricción alguna.»
La parte resolutiva de esa providencia se lee así:
«Primero: CONFIRMAR el auto de 31 de julio de 2025, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente auto.
Segundo: TENER notificada por conducta concluyente a la señora Luz Helena
Hernández.
Tercero: CONCEDER el recurso de apelación interpuesto contra dicha
providencia, en el efecto devolutivo, oportunamente interpuesto por la parte
demandada.
Cuarto: Una vez ejecutoriado el presente auto, dentro del término de un día la
parte apelante deberá descargar la totalidad del expediente y anexarlo junto con
memorial para el trámite del recurso, dentro del término de 5 días so pena de
declarar desierto el recurso.»
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
en auto de 27 de julio de 2026, confirmó la decisión.
Después de hacer un recuento de todas las actuaciones adelantadas en el
proceso de repetición y de valorar las pruebas, indicó que estaba acreditado
que la demandada intervino como locataria en la adquisición mediante leasing
habitacional de otro inmueble, así como que vendió el apartamento anterior.
Empero, advirtió que esos documentos, «por sí solos, no demuestran que la
comunicación del 9 de junio de 2022 hubiera sido entregada en un inmueble distinto
de aquel al cual fue dirigida.»
Para fundamentar esa consideración, acudió al artículo 291 del CGP que no
exige que la comunicación se remita exclusivamente al domicilio civil o a la
residencia principal del destinatario. Explicó que la citada norma permite enviar
la comunicación a cualquiera de las direcciones informadas al juez que
correspondan al destinatario. Citó y transcribió un aparte de la sentencia
SC1367-2022 del 6 de junio de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, en la
cual se diferenció el domicilio de una persona del lugar concreto, ubicado dentro
o fuera de aquel, en el que puede ser hallada para efectos de notificación.
En consecuencia, sobre el particular concluyó: «la adquisición y eventual
ocupación de un nuevo inmueble no determinan, por sí solas, que la comunicación
enviada a otra dirección informada al juzgado fuera inválida. En este caso, la parte
demandada no acreditó que la diferencia entre las direcciones hubiera ocasionado que
el envío fuera entregado en un inmueble distinto del señalado por la parte demandante
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o que la empresa postal hubiera reportado la inexistencia de la dirección o la
imposibilidad de ubicar allí a la destinataria.»
En relación con el hecho de que la comunicación la recibió una persona
diferente a la señora Hernández Palacios, sostuvo que ello no demostraba la
irregularidad alegada. Y especificó que «el artículo 291 del CGP no exige en todos
los casos que la comunicación sea recibida directamente por su destinatario y permite
su entrega a quien atienda la recepción cuando se trate de una unidad inmobiliaria
cerrada. En el presente asunto, la empresa postal certificó la entrega en la dirección
de destino y no dejó constancia de que la destinataria fuera desconocida. No obstante,
el expediente no permite establecer la calidad en la que Sergio Ríos recibió la
correspondencia.»
La providencia también se refirió a las diferencias existentes entre las
expresiones «Calle 3 Sur», «Calle 3ª Sur» y «Calle 3 A Sur» y advirtió que: «el
expediente evidencia que esas formas de identificar la vía aparecen indistintamente
en los documentos aportados y en las providencias. Sin embargo, no obra certificado
de nomenclatura, información catastral ni otro elemento que permita establecer
que correspondan a inmuebles diferentes, ni que la comunicación hubiera sido
entregada en un lugar distinto del que aparecía registrado en la historia laboral de la
parte demandada. Por ello, la variación en la escritura de la dirección, sin prueba
adicional sobre sus efectos, no permite tener por demostrada la causal de nulidad.»
Finalmente, el Tribunal compartió el reproche de la recurrente en lo referente a
la consulta del expediente en SAMAI y precisó que el acceso a esa plataforma
no constituía una forma de notificación personal del auto admisorio ni
reemplazaba el procedimiento regulado en los artículos 198 y 200 del CPACA
y 291 y 292 del CGP. Sostuvo que «la publicidad del expediente permite su
consulta, pero no exime al juez ni a las partes de cumplir las formas de notificación
previstas legalmente.»
• El 13 de agosto de 2026 regresó el expediente al juzgado de origen.
Con base en el anterior recuento, la Sala abordará dos aspectos para resolver la
controversia. En primer lugar, examinará si la notificación por aviso del auto admisorio
de 11 de marzo de 2022 podía tenerse por válida y, en segundo lugar, si la actuación
posterior de la demandada permitía tenerla por notificada por conducta concluyente.
De la notificación del auto admisorio y la finalidad que persigue. Entre las garantías
que el juez debe asegurar en todo proceso se encuentra la debida notificación de las
providencias, de modo que las partes puedan conocerlas y ejercer plena y
oportunamente sus derechos de defensa y contradicción. Esa garantía adquiere su
máxima relevancia frente al auto admisorio de la demanda, pues es la providencia que
da inicio formal al proceso y cuyo conocimiento permite al demandado contestar,
proponer excepciones y solicitar pruebas.
En los procesos contencioso-administrativos, la notificación personal del auto
admisorio a personas de derecho privado que no cuentan con un canal digital conocido
se rige por el artículo 200 del CPACA, que remite al artículo 291 del CGP. Ese trámite
se compone de dos actos sucesivos: la comunicación con la que se cita al demandado
para que comparezca a notificarse y, si no lo hace, el aviso previsto en el artículo 292
del CGP, que debe remitirse a la misma dirección y que es el acto con el cual la
notificación se entiende surtida. Por ello, la validez del trámite no se agota en la
entrega de la citación, pues es el aviso el que cierra la actuación y el que, en últimas,
determina desde cuándo el demandado se tiene por vinculado al proceso.
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Sobre este punto, es necesario advertir que la Corte Constitucional ha explicado que
la notificación de las decisiones judiciales es primordial para materialización del
principio de publicidad y un elemento esencial del derecho al debido proceso, porque
por su efecto los destinatarios tienen la posibilidad de ejercer su derecho de defensa7.
La Corte Constitucional, al examinar las normas del Código de Procedimiento Civil
que antecedieron a los artículos 291 y 292 del CGP, precisó que el sistema de citación
y aviso por correo certificado se ajusta al ordenamiento jurídico porque parte de la
premisa de que la comunicación llega «al lugar de residencia o de trabajo del
demandado», caso en el cual «lo lógico y lo normal es que éste tenga conocimiento de su
contenido en forma inmediata o en un tiempo breve»8.
Pero el mismo alto tribunal constitucional advirtió que, cuando la citación o el aviso
«sean entregados en una dirección que no corresponde al lugar de residencia o de trabajo
del demandado, y en consecuencia no sean devueltos», la ley contempla mecanismos
para sanear la situación y proteger al demandado, entre ellos la facultad de alegar la
nulidad por indebida notificación al comparecer al proceso.
De lo anterior se concluye que la presunción de conocimiento que acompaña a la
entrega por correo certificado no es absoluta, pues parte del supuesto de que la
dirección corresponda efectivamente a un lugar en el que el demandado reside,
trabaja o puede ser ubicado. De ahí que, la constancia de entrega y la ausencia de
devolución acreditan que el envío llegó al destino, pero no que esa dirección fuera
apta para cumplir la finalidad de la notificación.
Ahora bien, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha fijado criterios
que resultan ilustrativos en cuanto a la relación de la persona que se pretende notificar
y su relación con el inmueble al que se envían las notificaciones.
Al respecto, ha sostenido que los artículos 291 y 292 del CGP no exigen que la citación
o el aviso sean recibidos directamente por el demandado o por persona autorizada
por él, y que la entrega en la recepción de una unidad inmobiliaria cerrada está
expresamente autorizada por el numeral 3 del artículo 291 de esa norma (STL21463-
2025 y STL21667-2025).
Tampoco ha considerado inválida toda notificación practicada en un lugar distinto del
domicilio habitual, como ocurrió en la sentencia STC1407-2023, en la que avaló el
trámite porque el demandado conservaba un vínculo con el inmueble y lo visitaba
ocasionalmente, o en la STC7809-2022, en la que el inmueble era de propiedad del
ejecutado y la certificación de entrega indicaba que residía allí.
Entonces, lo relevante para determinar la eficacia de la notificación consiste en
analizar si el inmueble al que se dirigieron las comunicaciones fuera uno que el
demandado ocupara, le perteneciera o en el que razonablemente pudiera ser ubicado
al tener algún tipo de vínculo.
De lo anterior se concluye que, cuando el demandado acredita que para la fecha de
la comunicación ya no habitaba el inmueble, la validez de la notificación no puede
sostenerse únicamente en la constancia de entrega y en la ausencia de devolución,
porque el juez debe establecer si, a pesar del cambio de residencia, subsistía algún
vínculo entre el demandado y el inmueble (propiedad, posesión, ocupación, acceso o
7 Sentencia C-783 de 2004.
8 Ibidem.
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Demandante: Luz Helena Hernández Palacios
cualquier relación) que permitiera presumir razonablemente que la comunicación llegó
a su conocimiento.
Ahora bien, como se señaló, frente a la citación del 9 de junio de 2022 el Tribunal
accionado sostuvo, con apoyo en la sentencia SC1367-2022, que el artículo 291 del
CGP permite remitir la citación a cualquiera de las direcciones informadas al juez, que
la dirección utilizada provenía de la historia laboral de la demandada y que la
adquisición de otro inmueble no demostraba que el envío hubiera sido entregado en
un lugar distinto del indicado.
Esa conclusión, en lo que respecta a la citación, se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable del juez natural: para esa fecha la demandada aún era
propietaria del apartamento de la calle 3 sur # 70-84, torre 8, apartamento 501, y la
norma no exige que la comunicación se dirija al domicilio actual.
No obstante, el Tribunal accionado no realizó ese mismo estudio frente al aviso, que
es el acto con el que se cierra la notificación y con el que la demandada quedó
vinculada al proceso, máxime si se tiene en cuenta que para el momento de resolver
la apelación obraban en el expediente pruebas que, respecto del aviso, eran
determinantes, como lo eran: i) la escritura pública 2520 del 26 de julio de 2022, con
la que se protocolizó la venta del apartamento y en la que se estipuló su entrega ese
mismo día; ii) los documentos del leasing habitacional (escritura 913 del 6 de abril de
2022); iii) el acta de entrega del nuevo inmueble del 29 de abril de 2022 y; iv) las
facturas de servicios públicos de la nueva residencia.
Dichos documentos acreditan que, cuando el aviso se entregó el 25 de febrero de
2023, la demandada no era propietaria, ni poseedora, ni residente del inmueble al que
fue dirigido, y que había transcurrido siete meses desde que perdió toda relación con
él.
Esa omisión recae sobre pruebas que inciden frente al acto que cerraba el trámite de
notificación y sobre la eficacia de la notificación, pues demostraban que el aviso no
podía razonablemente llegar a la demandada y, con ello, que esta no tuvo oportunidad
real de contestar la demanda.
En consecuencia, la providencia del 27 de julio de 2026 incurrió en defecto fáctico, al
omitir la valoración de pruebas determinantes respecto de la validez del aviso, y con
ello desconoció la finalidad constitucional de la notificación y el derecho de defensa
de la señora Hernández Palacios.
Finalmente, se tiene que el juzgado sostuvo que el aviso entregado el 25 de febrero
de 2023 fue válido y, en el auto de 23 de abril de 2026, invocó subsidiariamente la
conducta concluyente para tener por saneada cualquier irregularidad anterior. Sin
embargo, la configuración de esa modalidad de notificación no implicaba, por sí sola,
el saneamiento de lo actuado, sino que exigía examinar sus efectos sobre la
oportunidad de defensa.
Al respecto, el juzgado mantuvo por agotada la oportunidad de contestación con
fundamento en el aviso cuestionado, pues en el auto de 11 de marzo de 2024,
mediante el cual reconoció personería al apoderado, negó la solicitud de notificación
del auto admisorio porque consideró que esta ya se había surtido y dispuso que, en
firme la providencia, el expediente ingresara al despacho para fijar fecha de audiencia
inicial. Por tanto, la referencia posterior a la conducta concluyente no basta para
establecer que se garantizó el término de defensa correspondiente al conocimiento
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del proceso, ni para concluir, sin un examen adicional de la actuación de la
demandada, que esta convalidó la irregularidad alegada.
En los anteriores términos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, incurrió en defecto fáctico; en consecuencia, la Sala amparará
el derecho fundamental al debido proceso y dejará sin efecto la providencia de 27 de
julio de 2026, con el fin de que el tribunal accionado profiera una nueva decisión en la
que valore las pruebas aportadas con la solicitud de nulidad respecto de la notificación
por aviso del auto admisorio de 11 de marzo de 2022, de conformidad con lo expuesto
en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2. Amparar el derecho al debido proceso de la señora Luz Helena Hernández
Palacios. En consecuencia,
3. Dejar sin efecto el auto de 27 de julio de 2026 dictado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en segunda instancia en el
proceso de repetición con radicado 11001-33-36-034-2020-00283-01.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente
providencia, profiera una nueva decisión en la que valore las pruebas aportadas con
la solicitud de nulidad respecto de la notificación por aviso del auto admisorio de 11
de marzo de 2022 a la señora Luz Helena Hernández Palacios, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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