📅 05/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260733100
Interno: 11543
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 05/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Cumple con el requisito de relevancia constitucional la acción de tutela promovida por la señora [C.J.M.M.], cuando su inconformidad se circunscribe a cuestionar la valoración probatoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la subordinación necesaria para declarar una relación laboral encubierta, sin demostrar una afectación autónoma de derechos fundamentales?
Respuesta al problema jurídico: No
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1, LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 54
— Resumen —
Resumen
Se analiza una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial de segunda instancia que revocó el reconocimiento de un contrato realidad. La parte actora pretendía que se declarara la existencia de una relación laboral con una universidad pública por la prestación de servicios de apoyo técnico entre 2011 y 2014, buscando el pago de prestaciones sociales y aportes a seguridad social. El Consejo de Estado evaluó si la sentencia del tribunal incurrió en un defecto fáctico (error en la valoración de pruebas) y desconocimiento del precedente. El fallo determina que la solicitud es improcedente, pues la parte demandante no justificó la relevancia constitucional del asunto y pretendió usar la tutela como una “tercera instancia” para reabrir un debate probatorio que ya fue resuelto por el juez natural basándose en la falta de prueba de la subordinación.
Preguntas Centrales
¿Cumple la acción de tutela con los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales?
No. El documento resuelve que la solicitud no satisface el requisito de relevancia constitucional. La parte actora no cumplió con la carga mínima de argumentar por qué el asunto trasciende una simple inconformidad con la valoración probatoria del juez ordinario para convertirse en una vulneración de derechos fundamentales.
¿Se demostró la configuración de un defecto fáctico en la valoración de la subordinación?
No. El documento indica que la demandante se limitó a transcribir argumentos de la sentencia de primera instancia y del salvamento de voto, sin demostrar que la valoración de la mayoría del tribunal (quienes consideraron que existía coordinación técnica y no subordinación laboral) fuera arbitraria, irracional o caprichosa.
Fundamentación Clave
Criterios de Relevancia Constitucional
La Sección Cuarta aplica cinco criterios específicos para determinar la procedencia de la tutela, destacando:
- La carga argumentativa suficiente y razonable sobre la afectación de derechos.
- Que la tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario.
- La necesidad de que los argumentos de amparo confronten directamente las razones de la decisión judicial atacada.
Elementos del Contrato Realidad
El fallo menciona la jurisprudencia de unificación sobre la materia, subrayando que para desvirtuar un contrato estatal de prestación de servicios se requiere probar simultáneamente:
- Prestación personal del servicio.
- Remuneración.
- Subordinación o dependencia, diferenciándola de la simple coordinación técnica y operativa propia de la contratación estatal.
Autonomía Judicial y Defecto Fáctico
- La valoración probatoria es una facultad del juez natural protegida por el principio de autonomía judicial.
- El defecto fáctico solo ocurre cuando el error en la apreciación de la prueba es ostensible, flagrante y manifiesto, con una incidencia directa en la decisión.
Conclusión
La Sala de lo Contencioso Administrativo declara la improcedencia de la acción de tutela. La tesis principal establece que la discrepancia razonable en la interpretación de las pruebas (como la existencia o no de un horario y órdenes directas) no constituye un defecto constitucional, y que la simple transcripción de un salvamento de voto no suple la obligación de la parte actora de demostrar la ilegalidad de la sentencia mayoritaria.
Extracto del documento
Expediente: 11001-03-15-000-2026-07331-00
Demandante: Claudia Jhovanna Martínez Mancera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07331-00
Demandante: CLAUDIA JHOVANNA MARTÍNEZ MANCERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Contrato realidad. Prueba de la
subordinación. Defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
Declara improcedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Claudia Jhovanna Martínez Mancera
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de septiembre de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado,
la señora Claudia Jhovanna Martínez Mancera pidió la protección de sus derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso, al trabajo y de acceso a la administración
de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presentó con ocasión de la sentencia de
segunda instancia del 2 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-027-2016-00238-01, que revocó
la decisión de primera instancia, para en su lugar denegar las pretensiones de la
demanda.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones.
PRIMERA: Se CONCEDA el amparo y protección de los derechos fundamentales del
accionante, CLAUDIA JHOVANNA MARTÍNEZ MANCERA; al debido proceso, derecho a la
defensa, al trabajo y acceso efectivo a la administración de Justicia, vulnerados en la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A”.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE, la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A” de fecha 02 de marzo de 2026, dentro del proceso de radicado Nº 1100133 35 027 2016
00238 01, en la cual figura como demandante la señora, CLAUDIA JHOVANNA MARTÍNEZ
MANCERA.
TERCERA: Se ORDENE al accionado dictar una nueva sentencia dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, fallo que se debe ajustar a los lineamientos que
sobre el particular han dispuesto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; accediendo
a todas las pretensiones solicitadas en la demanda.
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Demandante: Claudia Jhovanna Martínez Mancera
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes.
3.1. La actuación administrativa
Entre el 4 de febrero de 2011 y el 23 de diciembre de 2014, la señora Claudia Jhovanna
Martínez Mancera suscribió con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuatro
órdenes de prestación de servicios, cada una por el término de once meses y bajo la
supervisión del jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, para prestar servicios
de apoyo técnico en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (en adelante PIGA), de
acuerdo con el avance en la implementación de la política ambiental de la universidad y
en el marco de los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.
Según la certificación expedida por la universidad y la relación efectuada en la sentencia
cuestionada, la ejecución de las órdenes fue la siguiente.
Orden Fecha de inicio Fecha de Valor pactado Interrupción
terminación posterior
388 de 2011 4 de febrero de 4 de enero de 2012 $17.674.800 12 días hábiles
2011
078 de 2012 24 de enero de 24 de diciembre de $18.701.100 24 días hábiles
2012 2012
205 de 2013 31 de enero de 31 de diciembre de $19.453.500 15 días hábiles
2013 2013
653 de 2014 24 de enero de 23 de diciembre de $20.328.000 No aplica
2014 2014
En cada una de las órdenes se pactó que la contratista se obligaba «por sus propios
medios y con plena autonomía» y que los honorarios se pagarían con cortes mensuales,
previa certificación expedida por el supervisor sobre la prestación del servicio a entera
satisfacción y la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social a
cargo de la contratista. Así mismo, se estipuló que la orden no generaba vínculo laboral
ni prestacional con la universidad y que «no está sujeta a subordinación ni cumplimiento
de horario».
Previo a cada contratación, el jefe de la División de Recursos Humanos de la universidad
respondió de forma negativa la consulta del jefe de la Oficina Asesora de Planeación y
Control sobre la existencia, en la planta de personal administrativo, de servidores que
pudieran prestar el apoyo técnico al PIGA, mediante los oficios DRH-92 IE-674 del 17 de
enero de 2011, DRH del 19 de enero de 2012, DRH-0074 del 22 de enero de 2013 y
2014IE224 O1 del 9 de enero de 2014.
El 3 de marzo de 2016, por intermedio de apoderado, la señora Martínez Mancera solicitó
a la universidad el reconocimiento de una relación laboral entre el 4 de febrero de 2011
y el 23 de diciembre de 2014, así como el pago de las prestaciones sociales y los aportes
correspondientes.
Mediante el Oficio 000685 del 1 de abril de 2016, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de la universidad negó la solicitud, con el argumento de que el vínculo fue estrictamente
contractual, celebrado bajo el régimen de contratación estatal y aceptado libremente por
la contratista, sin que concurrieran los elementos de una relación laboral.
3.2. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El 16 de septiembre de 2016, la señora Martínez Mancera promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
con el fin de obtener la nulidad del Oficio 000685 del 1 de abril de 2016 y, a título de
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restablecimiento del derecho, la declaratoria de una relación laboral sin solución de
continuidad entre el 4 de febrero de 2011 y el 23 de diciembre de 2014, el pago de las
prestaciones sociales legales, convencionales y extralegales dejadas de percibir, la
consignación de los aportes a la seguridad social con la devolución de lo cotizado en
exceso y el cómputo de ese tiempo para efectos pensionales.
La demanda correspondió al Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo el
radicado 11001-33-35-027-2016-00238-00. Por sentencia del 22 de febrero de 2023, el
juzgado declaró infundadas las excepciones, anuló el acto demandado y declaró la
existencia de una relación laboral entre el 4 de febrero de 2011 y el 23 de diciembre de
2014. En consecuencia, condenó a la universidad al pago de las prestaciones sociales
legales devengadas por un empleado de planta con funciones equivalentes, liquidadas
con base en los honorarios pactados, ordenó liquidar y pagar los aportes a pensión y
salud que le correspondían como empleadora, con exclusión de los periodos de
interrupción, y negó las prestaciones extralegales y convencionales.
Para el juzgado, la vinculación no fue temporal, porque las cuatro órdenes solo se
interrumpieron en los periodos de vacaciones colectivas y la actora laboró algunos días
sin que se hubiera firmado la orden siguiente.
Consideró que las actividades, aunque no estaban contempladas de forma directa entre
las funciones misionales, hacían parte del objeto de la universidad por su relación con la
política ambiental institucional, que la actora no tenía autonomía porque debía ceñirse al
plan de trabajo previamente diseñado y a las instrucciones de sus superiores, quienes
controlaban las metas, y que la labor diaria, el horario y la remuneración se acreditaron
con los relatos de los testigos. Precisó que las interrupciones no superaron treinta días
hábiles, por lo que no hubo solución de continuidad ni operó la prescripción.
La universidad demandada apeló por considerar que el debate no debía centrarse en el
carácter misional o permanente de las actividades del PIGA sino en la subordinación, que
no se demostró, y que la contratación obedeció a la inexistencia de funcionarios de planta
para esas labores. Afirmó que no se probó la imposición de horario, el control disciplinario
ni órdenes propias de una relación laboral, que la actora asistía a la universidad cuando
lo consideraba necesario, que la presentación de informes y la supervisión respondían a
la coordinación propia del contrato y que la ejecución de actividades en las instalaciones
o con herramientas de la entidad no desvirtuaba la autonomía de la contratista.
Mediante sentencia del 2 de marzo de 20261, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, denegó las pretensiones. Tuvo por acreditadas la prestación personal del
servicio y la remuneración, pero no la subordinación, pues consideró que de los contratos,
los certificados de cumplimiento y los testimonios no se desprendía la imposición de un
horario, una jornada continua, órdenes directas de superiores jerárquicos ni el ejercicio
de poder disciplinario, y que lo acreditado fue una coordinación operativa y técnica en la
que el cumplimiento se medía por los productos entregados.
Agregó que el PIGA respondía a una obligación impuesta por la autoridad ambiental que
no integraba el núcleo misional de la universidad, y que la contratación se justificó en la
inexistencia de personal de planta para esas labores.
El magistrado Néstor Javier Calvo Chaves salvó el voto y expuso que existían indicios
suficientes de subordinación, porque la universidad proveyó a la demandante de oficina,
escritorio, computador e internet de manera permanente, lo que denotaba su inserción
en la estructura administrativa, y la exigencia de un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
constituía un control de jornada y no una necesidad de articulación. Agregó que la
coordinadora del PIGA confirmó que la demandante debía pedir permiso para
1
Notificada por correo electrónico del 11 de marzo de 2026.
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ausentarse, que la mayoría minimizó los testimonios que aludieron a órdenes de
cumplimiento inmediato y que la continuidad del servicio por casi cuatro años, mediante
contratos sucesivos con interrupciones cortas, demostraba una necesidad permanente
que debió atenderse con personal de planta.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora no expuso de manera concreta las razones por las cuales la solicitud
satisface los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Se limitó a señalar que la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado admiten la procedencia del amparo contra providencias judiciales bajo los
requisitos fijados en la sentencia C-590 de 2005, desarrollados en la sentencia SU-198
de 2013, y a indicar que la providencia cuestionada se notificó el 11 de marzo de 2026.
En cuanto al fondo, anunció que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico,
por cuanto omitió la valoración de todos los elementos de juicio y dio a algunas pruebas
un alcance inadecuado, pues las interpretó de forma aislada y descontextualizada. Adujo,
sin precisar a cuáles se refería, que las pruebas documentales y testimoniales
demostraban la subordinación, toda vez que los contratos fueron sucesivos y no
temporales, que la actora cumplía un horario, el cargo era de naturaleza misional y el
lugar de trabajo y los elementos fueron suministrados por la entidad, circunstancias que
constituyen indicios de la existencia de una relación laboral.
Transcribió los apartes de la sentencia de primera instancia en los que el juzgado
concluyó que la vinculación no fue temporal, que las actividades se relacionaban con el
objeto de la universidad, que la actora carecía de autonomía frente al plan de trabajo y
las instrucciones de sus jefes y que el horario se acreditó con los relatos de los tres
primeros testigos. Transcribió también el salvamento de voto en lo relativo al lugar de
trabajo, el horario, los permisos, las órdenes de cumplimiento inmediato y la continuidad
del servicio. Concluyó que el tribunal dio una interpretación irrazonable a las pruebas,
yerro que condujo a revocar la sentencia de primera instancia.
En los hechos de la demanda, aludió a un desconocimiento del precedente, sin identificar
la providencia o la regla jurisprudencial que el tribunal habría ignorado.
5. Trámite procesal
Por auto del 14 de septiembre de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y como
terceros con interés al Juez 27 Administrativo de Bogotá y al representante legal de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 17 de septiembre
de 2026.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, actual titular del despacho que profirió la ponencia objeto de tutela rindió
informe en el que pidió declarar improcedente la acción y, en subsidio, denegar el
amparo. Precisó que tomó posesión del cargo el 14 de julio de 2026, por lo que no integró
la sala que adoptó la decisión cuestionada.
Señaló que la discrepancia razonable de un magistrado frente a la decisión mayoritaria
no basta para afirmar que esta es contraria a derecho, pues el salvamento de voto
expresa un punto de vista jurídico distinto sin deslegitimar la decisión de la mayoría. Adujo
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que la sentencia analizó las pruebas practicadas y concluyó que no se acreditó la
subordinación, mientras que la actora no indicó cuáles pruebas dejaron de valorarse ni
por qué la apreciación de las demás resultaba irrazonable, ni identificó el precedente
supuestamente desconocido. Concluyó que la tutela planteó una controversia legal y
probatoria ya resuelta por el juez natural, con la que se pretendía una tercera instancia.
El apoderado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pidió declarar
improcedente el amparo. Sostuvo que la demanda no expuso las razones por las que se
cumplen los requisitos generales, que el asunto carece de relevancia constitucional
porque se busca reabrir el debate como una tercera instancia y que la actora no agotó
los medios de defensa, pues procedía el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia de los artículos 256 y siguientes del CPACA, en atención a la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda de
esta Corporación. Admitió que se cumplía el requisito de inmediatez.
En cuanto al defecto fáctico, adujo que la actora no señaló qué pruebas se valoraron de
forma inadecuada, por qué la valoración fue irracional ni cuál fue la incidencia del
supuesto yerro en la decisión, y que la discrepancia entre el juez de primera instancia, la
sala mayoritaria y el magistrado disidente constituye una diferencia de criterio que no
configura el defecto. Respecto del desconocimiento del precedente, afirmó que la
demanda carece de una carga argumentativa mínima que permita su estudio.
El Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá guardó silencio pese a haber sido
debidamente notificado de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Claudia
Jhovanna Martínez Mancera para dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del
2 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-027-2016-00238-01, que revocó la decisión de primera instancia
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo porque no cumple el
requisito de relevancia constitucional. La parte actora no cumplió con la carga mínima de
argumentación respecto de las razones por las que la discusión que plantea reviste una
clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional, ni cuestionó de manera concreta
los fundamentos de la decisión que pretende dejar sin efectos.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el análisis del
caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo, y por otro, los requisitos específicos3 o
2Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta incida directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3Se clasifican en defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado
los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-00,4 la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En lo que interesa para resolver el asunto, el segundo criterio (carga argumentativa) está
previsto para restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten derechos fundamentales.
El Decreto 2591 de 1991 no exige que, cuando la solicitud de amparo se dirija contra
providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de Estado cuando actúa como
juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, estableció que el
interesado tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal
exigencia «es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso
y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos».
Posteriormente, en la sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que
motivó la solicitud de protección».
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que
dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué
el asunto reviste relevancia constitucional».
Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Por el contrario, se trata
de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar al juez de
tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar decisiones
de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
4M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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4. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, al
trabajo y al acceso efectivo a la administración de justicia al proferir la sentencia del 2 de
marzo de 2026, que revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, porque, a su juicio, incurrió en
defecto fáctico.
A partir de los argumentos presentados por la parte actora y conforme con lo expuesto
en el capítulo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no cumple
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la demandante no cumplió con la
carga mínima de argumentación respecto de por qué la discusión que plantea reviste una
clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional.
En primer lugar, la demanda se limitó a recordar que la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado admiten la tutela contra providencias judiciales según las sentencias C-590 de
2005 y SU-198 de 2013, y a enunciar los derechos que estima vulnerados, sin explicar
por qué la controversia trasciende la inconformidad con el resultado del proceso ordinario
y compromete de manera grave sus derechos fundamentales.
Ahora bien, en el presente caso se advierte que en la sentencia del 2 de marzo de 2026
el tribunal relacionó como pruebas la petición y el acto demandado, las órdenes de
prestación de servicios, el expediente administrativo, la solicitud de necesidad de
personal, los certificados de no existencia de personal disponible con el perfil requerido,
los certificados de cumplimiento, la hoja de vida de la demandante y los testimonios de
Irma Yolanda Ramírez Guarín, Yesenia Torres Bautista, Manuel Invenso Lara Cuesta y
Juan Pablo Rodríguez Miranda, cuyas declaraciones resumió de manera detallada, y con
base en ellas tuvo por acreditadas la prestación personal del servicio y la remuneración,
pero no la subordinación.
De igual manera, el tribunal relacionó las cuatro órdenes de prestación de servicios, con
sus fechas de inicio y terminación y las interrupciones entre ellas, y analizó el elemento
de la temporalidad para concluir que la contratación se justificó en la inexistencia de
personal de planta para las labores de apoyo técnico del PIGA, circunstancia corroborada
por los testimonios de Irma Yolanda Ramírez Guarín y Juan Pablo Rodríguez Miranda, y
que no se acreditó la existencia de funcionarios de planta que desempeñaran idénticas
labores.
Explicó que la misión de la universidad se orientaba a la formación académica, la
investigación, la producción y difusión del conocimiento, la innovación y la creación
artística, y que el PIGA, aunque constituía una obligación normativa derivada de los
requerimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente, no se integraba al núcleo esencial
de esas funciones, conclusión que coincide con lo declarado por el gestor ambiental.
Agregó que, aun así, la ejecución de compromisos ambientales no permitía concluir que
las actividades fueran misionales «ni, menos aún, que su ejecución se hubiese dado bajo
un esquema de subordinación propio de una relación laboral».
Valoró que la coordinadora del PIGA declaró que los contratistas debían ajustarse al
horario administrativo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para articular el trabajo con los
funcionarios de planta, pero que no existía control mediante bitácoras ni un sistema formal
de vigilancia, que para ausencias parciales bastaba con informar y que los permisos de
un día nunca fueron negados. Valoró también que el gestor ambiental afirmó que la
demandante no estaba sujeta a horario, que el uso de la oficina no era obligatorio y que
las actividades podían ejecutarse desde el domicilio.
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Demandante: Claudia Jhovanna Martínez Mancera
Respecto de los testigos Lara Cuesta y Torres Bautista, explicó que no tenían relación
jerárquica ni cercanía directa con el área de la demandante y que sus versiones sobre la
jornada eran inconsistentes, pues el primero varió las franjas horarias y fue enfático en
que no le constaba la imposición de un horario, y la segunda ubicó la jornada en los años
2014 y 2015. Con base en ello, concluyó que la prueba no demostraba un control horario
impuesto.
Señaló que ninguno de los testimonios aludió a la imposición de órdenes en sentido
estricto, que el gestor ambiental explicó que se limitaba a formular sugerencias,
recomendaciones y pautas técnicas, incluso a solicitud de la propia demandante, y que
no obraban llamados de atención, memorandos disciplinarios ni procesos sancionatorios,
por lo que lo acreditado fue una coordinación técnica propia del contrato estatal.
Reconoció que la demandante disponía de una oficina dotada con escritorio y
computador, y consignó el suministro de chaleco, carné e implementos, pero precisó que
no se acreditó que la asistencia a esa oficina fuera obligatoria ni que estuviera sometida
a control de permanencia, y registró que, según el testigo Lara Cuesta, el carné de los
contratistas era distinto del de los funcionarios de planta.
No obstante, en la acción de tutela, la actora solo afirmó que el tribunal «omitió la
valoración de todos los elementos de juicio» y que dio a algunas pruebas un alcance
inadecuado, al interpretarlas de forma aislada y descontextualizada, sin identificar cuál
prueba dejó de valorarse, cuál fue apreciada con un alcance distinto a su contenido, en
qué consistió la descontextualización ni cuál habría sido la incidencia del supuesto yerro
en la decisión. Se limitó a enlistar de manera genérica circunstancias que, en su criterio,
constituyen indicios de subordinación, a saber, la sucesión de los contratos, el
cumplimiento de horario, la naturaleza misional del cargo y el suministro del lugar de
trabajo y de los elementos por parte de la entidad, sin contrastarlos con las razones dadas
por el tribunal accionado.
Asimismo, la demanda señala que los contratos «fueron sucesivos, no temporales», sin
explicar por qué esa conclusión del tribunal sería irrazonable ni por qué la continuidad de
la vinculación demostraría, por sí sola, la subordinación que el tribunal echó de menos.
Por el contrario, el único sustento que ofreció la actora consistió en transcribir los apartes
de la sentencia de primera instancia y del salvamento de voto del magistrado Néstor
Javier Calvo Chaves, para concluir que el tribunal dio «una interpretación irrazonable a
las pruebas documentales y testimoniales».
En consecuencia, se concluye que la demandante se limita a oponer una valoración
probatoria distinta a la adoptada por la sala mayoritaria, sin confrontarla con las razones
de esta, lo que evidencia que el cargo por defecto fáctico no se dirigió contra los
fundamentos de la decisión que se cuestiona ni la demanda explica por qué la valoración
del tribunal sobre cada uno de esos aspectos fue ostensiblemente irrazonable, que es lo
que habilita la intervención del juez de tutela en la apreciación probatoria del juez natural.
De igual manera, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección5, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios. Por ello, no basta con que la parte actora considere que existía una
mejor lectura de las pruebas, sino que le corresponde demostrar que la adoptada por el
tribunal es arbitraria o carece de fundamento, carga que en este caso no satisfizo.
Adicionalmente, la Sala precisa que la circunstancia de que la sentencia cuestionada se
adoptara con el salvamento de voto de uno de los magistrados que integraban la sala de
decisión no afecta su validez ni evidencia, por sí misma, la vulneración de derechos
5 Ver, entre otras, las sentencias T-344 de 2015, SU-425 de 2016 y T-022 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07331-00
Demandante: Claudia Jhovanna Martínez Mancera
fundamentales, pues las decisiones de las corporaciones judiciales se adoptan por la
mayoría de sus miembros, conforme al artículo 54 de la Ley 270 de 1996, y el salvamento
de voto solo expresa las razones por las que un magistrado se aparta de lo decidido, sin
que integre la parte motiva ni la resolutiva de la providencia ni tenga la virtualidad de
modificarla. Por ello, como lo señaló el tribunal accionado en su informe, la discrepancia
razonable de un magistrado no basta para afirmar que la decisión mayoritaria es contraria
a derecho, y la actora no podía suplir la carga de argumentar el defecto alegado con la
sola transcripción de las razones del magistrado disidente.
Finalmente, no fue posible advertir que se haya formulado y sustentado debidamente un
cargo de desconocimiento del precedente, pues la actora se limitó a enunciarlo, sin
identificar la providencia o la regla de decisión que el tribunal estaba obligado a aplicar ni
explicar su relación con el caso. Las sentencias C-590 de 2005 y SU-198 de 2013, únicas
que citó, se refieren a los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales y no contienen una regla sobre la configuración del contrato realidad que el
tribunal hubiera desconocido.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo, pues la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa de explicar por qué su solicitud trasciende las inconformidades que percibe
frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, ni presentó motivos suficientes dirigidos a evidenciar que la providencia
cuestionada afecta de manera grave sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Claudia Jhovanna
Martínez Mancera, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador6
6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
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mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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