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Hecho superado por respuesta – Fecha Publicación: 05/11/2026

Hecho superado por respuesta

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260836100

Interno: 13165

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado cuando la autoridad accionada responde, durante el trámite de la tutela y antes del fallo de primera instancia, la solicitud presentada por el accionante?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 23, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 26

— Resumen —

Resumen

La providencia analiza una acción de tutela interpuesta contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, debido a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición en su modalidad de consulta. La parte actora, quien ostenta derechos de carrera judicial, solicitó concepto técnico sobre la viabilidad de obtener una licencia no remunerada para ejercer un cargo en período de prueba en la Fiscalía General de la Nación sin perder su estabilidad laboral. El Consejo de Estado determinó que, si bien existió una dilación, la entidad accionada emitió respuesta de fondo durante el trámite procesal. En consecuencia, al no existir un perjuicio actual que subsanar, la Sala aplicó la figura de carencia actual de objeto por hecho superado, absteniéndose de emitir una orden de protección por sustracción de materia.

Preguntas Centrales

¿Vulneró la autoridad accionada el derecho fundamental de petición por falta de respuesta oportuna a la consulta elevada?

El documento concluye que, aunque inicialmente hubo una omisión en los términos legales, la vulneración cesó durante el trámite de la tutela. La autoridad administrativa acreditó el envío de una respuesta clara y de fondo a los correos electrónicos del peticionario, resolviendo la incertidumbre jurídica planteada.

¿Es procedente la protección constitucional cuando la pretensión ha sido satisfecha antes del fallo de primera instancia?

No es procedente. Según la jurisprudencia, cuando desaparece el supuesto de hecho que motivó la acción porque la entidad accionada realizó la conducta debida, cualquier orden judicial resultaría inocua. Se configura entonces la carencia actual de objeto.

Fundamentación Clave

Hecho Superado y Carencia Actual de Objeto

  • Según el Artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la tutela busca la protección inmediata de derechos. Si la situación de vulneración desaparece, la acción pierde su razón de ser.
  • Se cita la Sentencia SU-274 de 2019, la cual establece que el juez constitucional no puede decidir sobre situaciones que ya han sido superadas o satisfechas por el obrar de la entidad.

Régimen de Carrera Judicial y Licencias

  • La respuesta de la autoridad se fundamentó en la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), modificada por la Ley 2430 de 2024.
  • Se aclaró que, según el parágrafo del artículo 142 de dicha ley, las licencias no remuneradas para empleados de carrera están previstas exclusivamente para ocupar otros cargos dentro de la Rama Judicial.

Competencia Administrativa

  • La entidad argumentó su falta de competencia para decidir sobre casos particulares de licencias, citando conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, señalando que dicha facultad recae exclusivamente en la autoridad nominadora y no en la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

Conclusión

La Sala declara la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la entidad accionada satisfizo el derecho de petición del accionante durante el proceso. Se establece como tesis que la respuesta técnica sobre el régimen de carrera judicial y las situaciones administrativas (como licencias) extingue la necesidad de amparo constitucional, independientemente de que la respuesta sea contraria a las pretensiones del consultante.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-08361-00
Accionante: JOHN DEINER CORRALES USAQUÉN
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición en modalidad de consulta. Carencia actual de objeto por
hecho superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor John Deiner Corrales Usaquén, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
Judicial de Carrera Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de octubre de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de su derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerados por la autoridad
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: TUTELAR mi derecho fundamental de petición, en la modalidad de
consulta, vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.
SEGUNDA: ORDENAR a al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por conducto de su
Directora o de quien haga sus veces, que dentro del término que considere
prudente la judicatura, emita una respuesta de manera directa, de fondo, clara,
precisa, congruente y consecuente, a las dos consultas formuladas en el derecho
de petición radicado con el código EXTCSJ26-7458 del 6 de julio de 2026, y que
la notifique en debida forma a las direcciones electrónicas
jcorralu@cendoj.ramajudicial.gov.co y johnsepy@hotmail.com.
TERCERA: SUBSIDIARIAMENTE, si la accionada considera que carece de
competencia para resolver alguna de las consultas, ORDENARLE que, dentro
del mismo término, remita la petición a la autoridad competente conforme al
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, y me
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Accionante: John Deiner Corrales Usaquén
informe de dicha remisión, sin perjuicio de responder de fondo los aspectos que
sí son de su competencia.
CUARTA: PREVENIR a la accionada para que, en lo sucesivo, se abstenga de
incurrir en las omisiones que dieron mérito a esta acción, en los términos del
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.
2. Hechos
El accionante relató que actualmente ocupa en propiedad el cargo de escribiente
nominado en el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes,
Caquetá, con derechos de carrera judicial.
Refirió que participó en el concurso de méritos convocado por la Fiscalía General
de la Nación mediante Acuerdo no. 001 de 2025 y fue incluido en la lista de elegibles
para el cargo de asistente de fiscal II, conformada mediante la Resolución no.
30700-00195 del 28 de mayo de 2026.
Aseveró que con el propósito de adoptar una decisión respecto de su situación
administrativa en la Rama Judicial, ante un eventual nombramiento en período de
prueba en la Fiscalía General de la Nación, el 5 de julio de 2026 radicó, a través del
correo institucional de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, una solicitud en ejercicio del derecho de petición
en la modalidad de consulta, mediante el cual solicitó concepto sobre la procedencia
de conceder una licencia no remunerada a quien ocupa un empleo de carrera para
desempeñar un cargo en período de prueba.
Indicó que el 6 de julio de 2026, a las 8:52 a.m., recibió la confirmación de lectura
del correo y las 12:12 p.m. del mismo día, se le notificó la confirmación de registro
de la solicitud. No obstante, a la fecha de radicación de la presente acción de tutela,
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial no le había otorgado respuesta.
Por último, manifestó que el 6 de octubre de 2026, la subdirectora de Talento
Humano de la Fiscalía General de la Nación lo convocó a la audiencia pública virtual
para la escogencia de vacantes del empleo de Asistente Fiscal II, programada para
los días 15 y 16 de octubre de 2026, a lo que agregó que la vacante que resulte
seleccionada y, posteriormente confirmada, tendrá carácter definitivo.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que su nombramiento en el periodo de prueba en la Fiscalía
General de la Nación es inminente, por lo que la falta de respuesta a la consulta
que realizó ante la autoridad accionada, lo mantiene en un estado de incertidumbre
sobre la situación administrativa que podría invocar para mantener sus derechos
de carrera judicial, a lo que agregó que dicha información es indispensable para
decidir la escogencia de la vacante, la aceptación del nombramiento y la solicitud
de la licencia que proceda ante el nominador.
4. Trámite procesal
Por auto de 15 de septiembre de 2026, el magistrado sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad accionada -Consejo
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Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial-. Asimismo,
se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios el 19 de octubre de 2026,
con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de la Carrera Judicial (CARJUD)
A través de su directora solicitó que se negara la solicitud de amparo, teniendo en
cuenta que mediante oficio CJO26-5634 del 20 de octubre de 2026, dio respuesta
a la consulta elevada el 6 de julio de 2026 por el actor, en el que le informó lo
relacionado con la competencia para decidir sobre el tema de la licencia no
remunerada para un empleado de carrera judicial y le indicó que la licencia solo
procede para ocupar cargos en la Rama Judicial de conformidad con la
normatividad vigente y conforme a las competencias de la Unidad.
Agregó que la respuesta fue dirigida al actor a los correos electrónicos
jcorralu@cendoj.ramajudicial.gov.co y johnsepy@hotmail.com, señalados por el
peticionario para efectos de notificación.
En ese orden de ideas, sostuvo que en el presente asunto se configuró una carencia
actual de objeto por hecho superado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho fundamental de
petición, por la supuesta falta de respuesta de la consulta que radicó el accionante
el 5 de julio de 2026.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
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defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor John Deiner Corrales Usaquén, quien actúa en nombre propio, considera
que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial-, vulneró su derecho fundamental de petición por falta de respuesta a la
consulta que radicó el 5 de julio de 2026, mediante el cual solicitó concepto sobre
la procedencia de conceder una licencia no remunerada a quien ocupa un empleo
de carrera para desempeñar un cargo en período de prueba en la Fiscalía General
de la Nación.
De conformidad con las pruebas allegadas por la autoridad accionada se evidencia
que el 5 de julio de 2026, el señor John Deiner Corrales Usaquén radicó una solicitud
“en la modalidad de consulta”, ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
en los siguientes términos:
“¿Resulta procedente, en virtud del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de
1996 (modificado por el artículo 73 de la Ley 2430 de 2024), conceder licencia
no remunerada a un empleado de carrera judicial que, hallándose en propiedad
de su cargo, sea nombrado en período de prueba en un empleo de la Fiscalía
General de la Nación obtenido por concurso de méritos, por el término de seis
(6) meses previsto en el artículo 41 del Decreto Ley 020 de 2014 y hasta que se
surta la evaluación de desempeño correspondiente, en el entendido de que dicho
período de prueba constituye una situación transitoria —vacante transitoria—
asimilable a las que dan lugar a la licencia del citado parágrafo, en tanto el
servidor no adquiere la titularidad definitiva del cargo en la Fiscalía sino hasta la
inscripción en el Registro Público de Carrera Especial de que tratan los artículos
52 y 53 del Decreto Ley 020 de 2014, y teniendo en cuenta que el artículo 98 del
Decreto Ley 21 de 2014 remite, en lo no previsto por este último, a las
disposiciones de la Ley 270 de 1996, en un contexto en el que la Fiscalía General
de la Nación integra la Rama Judicial conforme al artículo 11 de la Ley 270 de
1996 (modificado por el artículo 6 de la Ley 2430 de 2024)?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, se solicita respetuosamente indicar
el trámite y los documentos que el interesado debe aportar para obtener dicha
licencia, así como el efecto que tendría sobre el cargo de Escribiente del cual es
titular una calificación insatisfactoria del período de prueba en la Fiscalía, de cara
al reintegro a dicho cargo.
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SEGUNDA CONSULTA. En caso de que la respuesta a la consulta anterior fuere
negativa, o de que esa Unidad considere que el supuesto no está previsto de
forma directa en la Ley 270 de 1996, ¿sería jurídicamente viable, en aplicación
armónica y supletoria de la Ley 909 de 2004 —cuyo artículo 3, numeral 2, prevé
la aplicación de dicha ley a los servidores de carreras especiales en caso de
vacíos normativos y en armonía con el inciso tercero del numeral 5 del artículo
31 de la misma ley— y de las figuras de protección de derechos de carrera
previstas para situaciones administrativas de período de prueba en otras
entidades, conceder a un empleado de carrera judicial una licencia especial no
remunerada o una figura equivalente que le permita culminar el período de
prueba en el cargo de Asistente de Fiscal II de la Fiscalía General de la Nación,
conservando su cargo en propiedad en el Juzgado Promiscuo de Familia de
Belén de los Andaquíes, Caquetá, hasta tanto se expida el acto administrativo
de inscripción en el Registro Público de Carrera Especial de la Fiscalía General
de la Nación o, en su defecto, hasta que se le comunique la calificación
insatisfactoria del período de prueba?”.
Encontrándose en curso de primera instancia la acción de tutela, el 20 de octubre
de 2026, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura remitió respuesta a las direcciones electrónicas del demandante
(jcorralu@cendoj.ramajudicial.gov.co, johnsepy@hotmail.com) en la que indicó:
“Conforme al marco funcional establecido en el Acuerdo PCSJA23-12131 de
2023, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial cumple un rol
eminentemente técnico en materia de carrera judicial. En tal virtud, su
competencia se circunscribe a la emisión de conceptos dentro del ámbito propio
del régimen de carrera, esto es, respecto de concursos de méritos, traslados,
escalafón, calificación de servicios y demás procesos relacionados con la
administración de la carrera judicial. Por tanto, la Unidad no tiene la facultad de
conceptuar sobre temas que son propios de las autoridades nominadoras. En
concordancia, es pertinente recordar que el Consejo de Estado, a través de la
Sala de Consulta y Servicio Civil, en los conceptos 11001-03-06-000-2021-
00183-00 y 11001-03 06-000-2021-00157-00 de 2022, resolvió conflictos
negativos de competencia respecto a las peticiones presentadas por servidores
judiciales sobre asuntos de naturaleza administrativa y laboral, incluidas las
licencias. En dichos pronunciamientos, se concluyó que la competencia para
atender estas solicitudes recae en la respectiva autoridad nominadora, sin que
esta Unidad tenga injerencia alguna.
(…)
Sin embargo y a título informativo, es importante hacer mención a que, la
concesión de la licencia no remunerada, su término y regulación se encuentran
previstas en el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, modificado por
la Ley 2430 de 2024, y que las mismas, son exclusivamente para ocupar cargos
en la Rama Judicial”.
Así las cosas, la Sala observa que la pretensión formulada por la parte actora
encaminada a que se diera respuesta a la solicitud de 5 de julio de 2026 se
encuentra satisfecha, debido a que la autoridad accionada otorgó respuesta al
accionante en el trámite de la presente acción de tutela. De este modo, la orden del
juez constitucional relativa a lo solicitado en la demanda de tutela caería en el vacío,
pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
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Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20191, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar
un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad
de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”2.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al
respecto”3.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se enmarcan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”4.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
el acaecimiento de un hecho superado respecto de lo pretendido por el accionante.
1
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
2
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
3
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
4
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08361-00
Accionante: John Deiner Corrales Usaquén
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
7
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260836100/832DC9362FC8381F9F90E19454488F7B488EA4462F97864E1848E9DCC9B08D83/2

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