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Defecto sustantivo: reserva de actas – Fecha Publicación: 05/11/2026

Defecto sustantivo: reserva de actas

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260526501

Interno: 11684

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Incurre en defecto sustantivo la providencia que declara bien denegado el acceso a las actas de las sesiones del comité de expertos y de la comisión de una autoridad reguladora, al aplicar las causales de reserva relacionadas con la estabilidad macroeconómica y financiera del país y con el proceso deliberativo, previstas en el literal h) y en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, sin verificar el cumplimiento de la carga de la prueba establecida en el artículo 28 de la misma ley ni determinar concretamente qué información se encuentra protegida y si es posible garantizar el acceso a los demás datos no sometidos a reserva?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:DECRETO 1081 DE 2015 – ARTÍCULO 2.1.1.4.2.2., DECRETO LEY 19 DE 2012 – ARTÍCULO 33, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 24, LEY 1712 DE 2014 – ARTÍCULO 18, LEY 1712 DE 2014 – ARTÍCULO 19 LITERAL H, LEY 1712 DE 2014 – ARTÍCULO 21, LEY 1755 DE 2015 – ARTÍCULO 1

— Resumen —

Resumen

El presente documento resuelve una acción de tutela en segunda instancia interpuesta por las empresas Transmetano S.A. ESP, Promigas S.A. ESP, Promioriente S.A. ESP y Transoccidente S.A. ESP contra una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La controversia surge a raíz de la negativa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de entregar actas detalladas y soportes sobre las sesiones donde se discutió la aplicación de la tasa de descuento (WACC – Costo Promedio Ponderado de Capital) para el transporte de gas natural, alegando reserva legal por estabilidad macroeconómica y protección del proceso deliberativo. El Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y amparó los derechos al debido proceso y acceso a la información, al considerar que el tribunal demandado no realizó el test de daño exigido por la ley para validar la reserva de documentos públicos.

Preguntas Centrales

¿Incurrió la autoridad judicial en un defecto sustantivo al validar la reserva de la información sin verificar los requisitos legales?

Sí. El documento determina que el tribunal demandado aplicó indebidamente las causales de reserva de la Ley 1712 de 2014. Se omitió verificar si la CREG cumplió con la carga de probar que la revelación de las actas causaría un daño presente, probable y específico a la estabilidad económica.

¿Es procedente la reserva total de las actas de un organismo regulador cuando la decisión administrativa ya ha finalizado?

No de forma automática. El documento aclara que la reserva del proceso deliberativo protege la libertad de discusión antes de la toma de la decisión. Una vez expedidos los actos administrativos, la reserva pierde su justificación principal, a menos que se demuestre un riesgo subsistente y específico.

¿Se vulneró el principio de divisibilidad de la información pública?

Sí. Las autoridades omitieron considerar que, incluso si ciertos apartes técnicos son reservados, la información objetiva (asistentes, quórum, orden del día) debe ser entregada mediante versiones públicas, tal como lo ordena el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.

Fundamentación Clave

Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información)

  • Principio de máxima publicidad: Toda información en posesión de un sujeto obligado se presume pública.
  • Artículo 19 (Información reservada): Las excepciones por estabilidad macroeconómica o proceso deliberativo deben ser interpretadas de forma restrictiva.
  • Artículo 28 (Carga de la prueba): La entidad que niega la información debe demostrar que el daño de revelar el dato supera el interés público de conocerlo.

Test de Daño y Jurisprudencia Constitucional

  • Para restringir el acceso a la información, el daño debe ser: Presente (no remoto), Probable (con circunstancias reales de materialización) y Específico (individualizable).
  • Se citan las sentencias SU-328 de 2025 y SU-018 de 2026 sobre la obligatoriedad de ponderar los derechos en tensión y no usar fórmulas genéricas de reserva.

Naturaleza de la Tasa WACC en Conflictos Contractuales

  • La Ratio Decidendi señala que, si la discusión sobre el WACC se dio en el marco de un conflicto contractual específico entre particulares (transportadores de gas), no se puede alegar de forma genérica una afectación a la “estabilidad macroeconómica del país” para ocultar las actas sin un análisis detallado.

Conclusión

La Sala concluye que el juez del recurso de insistencia no puede limitarse a aceptar las razones de reserva invocadas por la entidad reguladora; debe realizar un control judicial efectivo verificando el contenido de los documentos. Por lo tanto, se ordena al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva sentencia donde evalúe, mediante un test de daño, qué información de las actas de la CREG es efectivamente reservada y cuál debe entregarse en versión pública, garantizando el derecho de los administrados a conocer los fundamentos técnicos que afectan su situación contable y tarifaria.

Extracto del documento

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05265-01
Demandante: Transmetano S.A. ESP y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05265-01
Demandante: TRANSMETANO S.A. ESP Y OTROS
Demandada: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C.
Temas: Contra providencia judicial que resolvió recurso de insistencia.
Defectos sustantivo, por decisión sin motivación, por violación directa
de la Constitución y por desconocimiento del precedente.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional y
subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 31
de julio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
resolvió:
Primero. NEGAR la tutela en relación con los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
Segundo. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción frente a los errores de decisión sin motivación,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, este último, en lo que se refiere
a la temporalidad de la reserva legal.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 8 de julio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, las
sociedades Promigas S.A. ESP, Transmetano S.A. ESP., Promioriente S.A. ESP y
Transoccidente S.A. ESP pidieron la protección de sus derechos fundamentales de
petición, de acceso a la información pública, al debido proceso, de defensa y de acceso
a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
29 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, que resolvió desfavorablemente el recurso de insistencia con
radicado 25000-23-41-000-2026-00539-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Se amparen los derechos fundamentales de petición (artículo 23 de la Constitución Política),
de acceso a la información pública (artículo 74 ibidem), al debido proceso y a la defensa (artículo 29
ibidem) y de acceso a la administración de justicia (artículo 229 ibidem) de PROMIGAS S.A. E.S.P.,
TRANSMETANO S.A. E.S.P., PROMIORIENTE S.A. E.S.P. y TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P.,
vulnerados por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante la Sentencia No. 083 del 29 de abril de 2026, proferida dentro del expediente 25000-23-41-
000-2026-00539-00.
SEGUNDA. Se deje sin efectos la Sentencia No. 083 del 29 de abril de 2026, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró bien negado
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05265-01
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el acceso a las actas solicitadas y resolvió desfavorablemente el recurso de insistencia presentado por
las Accionantes.
TERCERA. Se ordene a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera
sentencia de reemplazo en la que resuelva el recurso de insistencia con observancia de los estándares
constitucionales sobre máxima publicidad, interpretación restrictiva de las reservas, carga de la prueba,
test de daño, juicio de proporcionalidad, temporalidad de la reserva del proceso deliberativo y principio
de divisibilidad, y en la que se pronuncie expresamente sobre: i) si existe una norma constitucional o
legal precisa que prohíba entregar las actas solicitadas; ii) si la CREG demostró un daño presente,
probable y específico que exceda el interés público del acceso; iii) si la reserva del proceso deliberativo
puede subsistir una vez adoptadas y notificadas las decisiones, incluidas las que resolvieron los
recursos de reposición; y iv) si resulta procedente la entrega de una versión pública de las actas.
CUARTA (SUBSIDIARIA). En subsidio de la pretensión tercera, se ordene al Tribunal pronunciarse
expresamente sobre la procedencia de entregar una versión pública de las actas solicitadas, en
particular respecto de la información objetiva y no deliberativa relativa al quórum, los asistentes, los
órdenes del día y las constancias de sesión, conforme al artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 y al artículo
25 del CPACA.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestaron las sociedades tutelantes que eran parte en la actuación administrativa de
resolución de conflictos que se adelantaba en la Comisión de Regulación de Energía y
Gas – CREG, en la que se dictaron las Resoluciones CREG 502 118E, 502 118H, 502
118I, 502 118J y 502 118M de 2024, y 502 149 de 2025, relacionadas con la aplicación
de las tasas de descuento (WACC) en el transporte de gas natural, conforme al
procedimiento previsto en el artículo 6 de la Resolución CREG 175 de 2021.
Que la CREG delimitó el conflicto como una controversia contractual entre las partes, a
través del auto 0000307 de 2024, de la siguiente forma: «(…) el conflicto que se somete a
consideración de la Comisión se presenta en relación con el contenido de los contratos de
transporte número No. P-CNE-CF-001-2016 y P-CNE-CF-003-2017, donde dicho conflicto implica
establecer la tasa de descuento aplicable para los cargos de transporte de estos contratos».
El 2 de febrero de 2026, la parte actora pidió a la CREG lo siguiente:
1. Sírvase remitir una lista de todas las sesiones del Comité de Expertos realizadas desde el 1 de enero
de 2024 hasta la fecha, referidas al trámite por medio del cual se trató el tema de aplicación del WACC
por el transportador de gas natural, conforme el procedimiento del artículo 6 de la Resolución CREG
175 de 2021, incluyendo las sesiones efectuadas dentro de los expedientes en los que se dictaron las
Resoluciones CREG No. 502 118E, 502 118H, 502 118l, 502 118J y 502 118M de 2024, y 502 149 de
2025. Sírvase anexar igualmente el orden del día de cada una de las sesiones, una relación de los
temas tratados, de los asistentes a la reunión, sus intervenciones, el acta de la sesión y los demás
documentos, archivos y soportes relacionados con los expedientes citados.
2. Sírvase remitir una lista de todas las sesiones de la Comisión CREG realizadas desde el 1 de enero
de 2024 hasta la fecha, referidas al trámite por medio del cual se definen o definió el tema de aplicación
del WACC por el transportador de gas natural, conforme el procedimiento del artículo 6 de la Resolución
CREG 175 de 2021, incluyendo las sesiones efectuadas dentro de los expedientes en los que se
dictaron las Resoluciones CREG No. 502 118E, 502 118H, 502 118l, 502 118J y 502 118M de 2024, y
502 149 de 2025. Sírvase anexar el orden del día de cada una de las sesiones, una relación de los
temas tratados, de los asistentes a la reunión, sus intervenciones, el acta de la sesión y los demás
documentos, archivos y soportes relacionados con los expedientes citados.
3. Sírvase remitir copias de las actas antes mencionadas, en las que se indique que se verificó el quórum
para deliberar y decidir al inicio de la respectiva sesión y que se mantuvo vigente hasta la finalización
de la misma.
4. Sírvase remitir copia de todos los correos electrónicos que se hayan remitido desde el dominio
@creg.gov.co con destino al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Presidencia de la República, SSPD y DNP respecto de las decisiones tomadas y análisis fundantes en
las actuaciones administrativas de los expedientes antes señalados y/o su contenido, así como los
archivos adjuntados a cada correo.
5. Sírvase remitir copia de todos los correos electrónicos que se hayan remitido desde Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presidencia de la República, SSPD y DNP
respecto de las decisiones tomadas y análisis fundantes en las actuaciones administrativas de los
expedientes antes señalados y/o su contenido, así como los archivos adjuntados a cada correo, con
destino al dominio @creg.gov.co.
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El 16 de marzo de 2026, la CREG suministró la lista de sesiones del comité de expertos
y de la comisión CREG, en las que se abordó lo relacionado con la aplicación del WACC
para el transporte de gas natural; respecto de las actas señaló que se encontraban
amparadas por reserva legal, conforme con el literal h del artículo 19 de la Ley 1712 de
2014 y el artículo 2.1.1.4.2.2. del Decreto 1081 de 2015, que exceptuaba la información
cuya divulgación pudiera poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y financiera del
país, además, citó el parágrafo del mencionado artículo 19, que, según dijo, protegía
documentos con opiniones o consejos del proceso deliberativo, debido a que, a su juicio,
revelar las discusiones técnicas de los expertos sobre WACC afectaría la estabilidad del
sector.
Con relación a los anexos y soportes indicó que la información se encontraba en los
correspondientes expedientes administrativos que se encontraban en curso y que su
revelación afectaría el debido proceso y la autonomía de la autoridad reguladora en la
toma de decisiones técnicas complejas.
Inconforme, la parte accionante presentó recurso de insistencia, en el que señaló que no
se había motivado la reserva, ya que no se demostró un daño presente, probable y
específico. Que la reserva deliberativa invocada no resultaba aplicable porque los
procesos administrativos ya habían culminado.
Que la CREG no aplicó el principio de divisibilidad previsto en el artículo 21 de la Ley
1712 de 2014. Que, en todo caso, se le debió suministrar una versión pública con el
contenido de la información no reservada, con lo que se garantizaría el suministro de los
datos relativos al quórum, identificación de asistentes y órdenes del día. Que las actas
de sesiones del comité experto y de la comisión CREG sobre el trámite de aplicación del
WACC por los transportadores de gas natural no estaban amparadas en las causales de
reserva invocadas, por lo que procedía su entrega íntegra. Que, de manera subsidiaria
se debía suministrar versiones públicas que garantizaran la transparencia sobre el
quórum y la participación de los asistentes.
El 6 de abril de 2026, la CREG remitió el recurso de insistencia, al que se le otorgó el
radicado 25000-23-41-000-2026-00539-00 y correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que, por providencia del 29 de abril de
2026, declaró bien denegado el acceso a las actas de las sesiones del comité de expertos
y de la comisión CREG, relacionadas con la aplicación del WACC.
Explicó que las causales de reserva fueron bien aplicadas conforme a la ley, porque la
información solicitada correspondía al procedimiento técnico administrativo mediante el
cual se definió la tasa de rentabilidad reconocida a los prestadores por sus inversiones
en infraestructura, que contenían el análisis de variables críticas y datos que podrían
afectar la seguridad energética y financiera del sector de gas natural.
Que las actas pretendidas contenían discusiones internas, criterios técnicos y juicios
valorativos de los expertos y comisionados de la CREG, que su divulgación podría
comprometer la independencia y operatividad del organismo regulador, al exponer el
proceso deliberativo que, por mandato legal, debía ser protegido.
Que permitir el acceso a la documentación solicitada representaría una afectación
desproporcionada de la reserva de las deliberaciones estratégicas y de la estabilidad
económica del sector energético.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, puesto que, el asunto tenía relevancia constitucional porque la decisión
cuestionada definió el alcance de dos causales de reserva que restringían su derecho a
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la información pública y porque las actas pretendidas eran necesarias para acudir a los
medios de control.
Que contra la providencia acusada no procedía recurso alguno y no existía ningún medio
de defensa judicial idóneo ni eficaz para pedir la protección de sus derechos
fundamentales; que la solicitud de amparo fue promovida en un término inferior a dos
meses, es decir, en un plazo razonable; que identificó los yerros que atribuye a la decisión
controvertida y que sus pretensiones no se dirigían contra una sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo por interpretación irracional y desproporcionada de las causales de
reserva del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, debido a que el tribunal demandado aplicó
la causal de estabilidad macroeconómica y financiera a un supuesto que carecía de
conexidad material y extendió la reserva del proceso deliberativo más allá de su ámbito
temporal.
Dijo que las actas solicitadas documentaban la deliberación de procesos en los que se
resolvieron conflictos contractuales entre particulares, como lo había definido la CREG
en el auto 0000307 de 2024, que, en ese orden, la deliberación no produjo una norma de
carácter general, una metodología tarifaria ni una señal de precio para el mercado.
Que las consideraciones de la autoridad judicial demandada sobre la causal prevista en
el literal h del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 fueron genéricas, en contravía de la
sentencia SU-018 de 2026, dictada por la Corte Constitucional, en la que, según dijo, las
reservas no se sostenían con invocaciones genéricas.
Que el parágrafo del mencionado artículo 19 no consagraba una reserva autónoma ni de
aplicación automática, debido a que compartía el condicionamiento del encabezado de
ese artículo, que ordenaba que solo se podía rechazar o denegar el acceso a la
información de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso estuviere
expresamente prohibido por la ley o la Constitución.
Que la reserva del proceso deliberativo solo operaba cuando ocurrían las siguientes dos
condiciones: i) que el documento contenga opiniones o puntos de vista propios de un
proceso deliberativo en curso y, ii) que la ley o la Constitución prohíban de manera
expresa su entrega. Que, sin embargo, en la providencia acusada no se verificó el
cumplimiento de esas dos condiciones.
Que la reserva del proceso deliberativo solo se protegía mientras la decisión se
encontrara en construcción, por lo que adoptada y publicada la correspondiente decisión
desaparecía la justificación de la reserva. Que si se quería mantener la reserva se debía
justificar el daño presente, probable y específico, lo que, según dijo, no ocurrió en el caso
concreto.
Que la CREG no identificó el acto que calificaba las actas como reservadas y el tribunal
demandado no verificó su existencia, lo que indicaría que la reserva fue improvisada al
momento de responder la petición.
Decisión sin motivación porque: i) no se verificó si la CREG probó el daño presente,
probable y específico y se reprodujeron afirmaciones generales de la entidad sobre la
importancia del sector energético, ii) no hubo pronunciamiento sobre la vigencia temporal
de la reserva del proceso deliberativo, pese a que fue el argumento central del recurso
de insistencia y, iii) no se resolvió la pretensión subsidiaria de entrega de una versión
pública.
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Adujo que la CREG había invocado la reserva cuando ya se había configurado el silencio
administrativo positivo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que ese fue un
argumento del recurso de insistencia que el tribunal demandado no resolvió.
Violación directa de la Constitución por inaplicación del artículo 74 superior y del
principio de divisibilidad, debido a que no se ordenó la entrega de una versión de los
apartes de las actas no reservados, tales como la verificación del quórum, identidad de
asistentes y los órdenes del día.
Reiteró que no se resolvió la pretensión subsidiaria del recurso de insistencia, relacionada
con la entrega de una versión pública de las actas.
Desconocimiento del precedente fijado en: i) las sentencias C-274 de 2013 y C-491 de
2007 dictadas por la Corte Constitucional, que, según las tutelantes, estaban
relacionadas con el régimen de reserva y en las que se ordenaba que debía imponerse
la interpretación restrictiva, la taxatividad y la temporalidad de la reserva, que, además,
la carga de la prueba recaía en la entidad.
En este punto la Sala debe aclarar que con relación a sentencias de constitucionalidad
no es dable predicar un defecto por desconocimiento del precedente, sino un defecto
sustantivo por inaplicación de la interpretación constitucional que se realiza de la norma
demandada en esos procesos.
ii) las sentencias T-067 de 2025 y T-482 de 2024 proferidas por la Corte Constitucional,
en las que, según la parte actora, se desarrolló el estándar de decisión del juez del
recurso de insistencia.
iii) la sentencia SU-018 de 2026 dictada por la Corte Constitucional y en la que, de
acuerdo con la parte actora, se exigía la demostración concreta del daño y la ponderación
estricta que debía realizar el juez del recurso de insistencia.
iv) la sentencia del 15 de marzo de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en el expediente 11001-03-15-000-2016-01943-01, que, según las accionantes,
amparó el derecho de acceso a la información de una persona que cuestionó una decisión
que resolvió un recurso de insistencia, en el que se había validado una reserva sin norma
expresa que la sustentara.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, ponente de la providencia controvertida, solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, porque la jurisprudencia constitucional prohibía el
uso de la acción de tutela para cuestionar decisiones dictadas en el marco de otros
procesos constitucionales.
Manifestó que en esa decisión se encontraban las razones de hecho y de derecho que
sustentaron la declaración de bien denegada de la información solicitada por las hoy
tutelantes.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) pidió denegar las pretensiones
de la acción de tutela, por no acreditarse la vulneración de los derechos fundamentales
invocados; declarar que la providencia cuestionada se encontraba ajustada a la
Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable, sin que se configuraran los derechos
alegados y que se mantuvieran incólumes los efectos jurídicos de la decisión del 29 de
abril de 2026.
Explicó su naturaleza, régimen jurídico y funciones legales y se pronunció sobre los
hechos de la demanda de tutela, para señalar que la parte actora pretendía reabrir un
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debate que ya había sido definido en el trámite del recurso de insistencia. Que se
reproducían los mismos argumentos expuestos en ese trámite.
Que la acción de tutela no había sido concebida para corregir diferencias ni para convertir
al juez constitucional en una instancia adicional de revisión de la actividad interpretativa
del juez ordinario.
Que la decisión cuestionada fue debidamente motivada y constituía el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional atribuida al juez del recurso de insistencia, por lo que los
defectos alegados no se habían configurado.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, denegó las pretensiones
relacionadas con los defectos sustantivos y por desconocimiento del precedente y
declaró improcedentes los cargos por decisión sin motivación, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente sobre temporalidad de la reserva.
Señaló que no satisfacía el requisito de subsidiariedad los defectos por decisión sin
motivación, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, que
estaban relacionados con la temporalidad de la reserva legal y la solicitud de entrega de
una versión pública de las actas, porque fueron argumentos expuestos en el recurso de
insistencia que no fueron resueltos por el tribunal demandado, por lo que los accionantes
contaban con la posibilidad de solicitar la adición de la decisión cuestionada, de acuerdo
con el artículo 291 del CPACA.
Que los defectos sustantivos y por desconocimiento del resto del precedente identificado
por la parte actora sí cumplía los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, pero que, sin embargo, no se habían configurado porque la
interpretación realizada por la autoridad judicial demandada de las causales de reserva
no había sido arbitraria, contraevidente ni desproporcionada, debido a que explicaba que
la tasa de descuento que le pertenecía a cada empresa se calculaba con base en el costo
promedio ponderado de capital, que dependía de variables macroeconómicas del país,
por lo que no se configuraba el defecto sustantivo.
Que las sentencias C-491 de 2007 y C-274 de 2013 de la Corte Constitucional fijaban los
parámetros que se debían cumplir para que sea legítima la restricción del derecho de
acceso a la información pública. Que las sentencias de tutela del 15 de marzo de 2018,
T-482 de 2024 y T-067 de 2025 no eran precedente obligatorio y no guardaban similitud
fáctica ni jurídica con el asunto y que la sentencia SU-018 de 2026 hacía referencia al
test de daño del artículo 28 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentó que la solicitud de adición no era idónea para corregir los reproches sobre la
motivación, interpretación normativa y el desconocimiento del precedente alegado,
porque la providencia del 29 de abril de 2026 no expuso las razones de lo resuelto. Citó
la sentencia T-452 de 2025 y el auto 404 de 2020 dictado por la Corte Constitucional, en
los que se advirtió que la adición no contempla controversias sobre la actividad
interpretativa del juez, errores por falta de aplicación de las normas o por indebida
aplicación de las mismas.
Que los cargos por decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente que fueron declarados improcedentes no tenían por
objeto reprochar la ausencia de decisión por parte del tribunal demandado sobre uno de
los extremos del litigio, sino la falta de motivación sobre un punto que no fue resuelto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05265-01
Demandante: Transmetano S.A. ESP y otros
Que la adición hubiera sido inviable para ordenar la entrega de una versión pública,
porque el tribunal demandado hubiera tenido que afirmar que en las actas existían
apartes no reservados, lo que conducía a que se revocara la propia providencia objeto
de análisis, lo que estaría en contravía de la sentencia T-452 de 2025 y el auto 404 de
2020.
Dijo que no se acreditó la conexidad material entre la información solicitada y la causal
de reserva prevista en el literal h del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, porque las actas
denegadas no involucraban debates sobre variables macroeconómicas, debido a que la
actuación administrativa se limitó a establecer cuál era la tasa de descuento WACC
vigente que resultaba aplicable. Que, en consecuencia, la divulgación de los puntos de
las actas solicitados no contenía datos reservados, porque no se fijaron tasas, definió
metodología ni emitió señal de precio para el mercado, sino que solo se resolvió una
controversia contractual.
Que la CREG no indicó cuál información específica de la solicitada resultaba sensible;
cuál comportamiento o reacción produciría su divulgación; de qué manera esa reacción
afectaría variables macroeconómicas o financieras del país; por qué el daño sería
presente, probable, específico y de entidad suficiente y, por qué la información solicitada
no podía conjurarse mediante supresiones o una versión pública.
Que correspondía a la CREG demostrar de qué forma la divulgación de la controversia
contractual entre dos empresas y relativa a la tasa de descuento aplicable podía afectar
la economía, los mercados o la eficacia de la política macroeconómica y financiera. Que
esa conexión no fue explicada ni probada. Que, el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014
imponía que se explicaran las razones y pruebas que fundamentaban y evidenciaba que
la información solicitada debía permanecer reservada.
Que a la CREG le correspondía justificar y demostrar la reserva y al tribunal demandado
verificar si esa carga había sido satisfecha, con la motivación de su valoración. Que la
autoridad judicial demandada no distinguió esos planos y dio por satisfecha la carga
ordenada en el mencionado artículo 28 de la Ley 1712 de 2014. Que las pruebas
aportadas al proceso daban cuenta que la controversia contractual decidida por la CREG
no suponía una discusión sobre variables macroeconómicas.
Que la Corte Constitucional en la sentencia SU-328 de 2025 precisó el contenido de esa
carga, al afirmar que se debía demostrar que la información era de naturaleza clasificada
o reservada y que su revelación causaba un daño presente, probable y específico que
excedía el interés público que representaba el acceso a la información. Que la sentencia
SU-018 de 2026 había explicado que el daño era presente cuando no era remoto ni
eventual; que era probable cuando se demostraba que existían las circunstancias que
harían posible su materialización y que era específico cuando podía individualizarse, que,
además, no bastaba con apelar a fórmulas genéricas.
Manifestó que no se acreditaron los presupuestos de la reserva del proceso deliberativo,
porque la negativa al suministro de la información se basó en el parágrafo del artículo 19
de la Ley 1712 de 2014, puesto que no se identificaron las partes de las actas que
contenían información deliberativa y no se diferenciaron de aquella información objetiva
que podía ser divulgada parcialmente.
Que la reserva deliberativa protegía la libertad de discusión mientras la decisión se
encontrara en trámite, pero que las actuaciones administrativas ya habían concluido, por
lo que el acceso a la información no era anticipado ni cercano a la toma de la decisión
definitiva, por lo que la divulgación no podía calificarse como prematura.
Que el tribunal demandado había justificado la reserva en que la divulgación de las
opiniones individuales podría comprometer la independencia y operatividad del
organismo regulador, pero no explicó el riesgo que generaría la divulgación de la
identificación de los asistentes, de la verificación del quórum, del orden del día y de las
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decisiones adoptadas con las votaciones, que, a su juicio, no reproducían opiniones. Que
tampoco explicó por qué no se adoptaron medidas menos restrictivas, tales como la
supresión de los apartes que recogían opiniones individualizables.
Adujo que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 ordenaba que en los eventos en los que
la totalidad de la información no es reservada debía crearse una versión pública que
mantuviera la reserva únicamente de las partes indispensables.
Que la Corte Constitucional en las sentencias T-273 de 2023 y T-067 de 2025 fijó una
regla sobre la coexistencia, dentro de un mismo documento, de opiniones deliberativas
reservada y de contenidos objetivamente divulgables y señaló que este último debía ser
entregado.
Reiteró el cargo por desconocimiento del precedente y manifestó que las actas que fueron
objeto de solicitud no obraban en el expediente del recurso de insistencia, que no fueron
solicitadas, incorporadas ni examinadas por la autoridad judicial demandada. Que, en
ese orden, el tribunal demandado no estaba en condiciones de verificar si la entidad
acreditó el daño ni de determinar qué aparte podían ser suministrados.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia.
En este punto, la Sala debe precisar que no se pronunciará sobre el argumento
relacionado con que no se aportaron las actas solicitadas al expediente del trámite del
recurso de insistencia, por cuanto se trata de un alegato que no fue presentado en el
escrito de demanda inicial, por lo que la autoridad judicial demandada y el tercero con
interés no tuvieron la oportunidad de pronunciar y porque de hacerlo se transgredirían
sus derechos de defensa y al debido proceso.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada, para, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la información pública de la
parte actora, por cuanto el tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo por la
indebida aplicación de las causales de reserva previstas en el literal h) y en el parágrafo
del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, sin verificar la carga que impone el artículo 28 de
esa ley.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, se
cuestionan los fundamentos de la providencia del 29 de abril de 2026, no se alude a una
discusión de orden legal o económico, no se expusieron argumentos nuevos que no
fueron propuestos en el trámite del recurso de insistencia y se cumple con la carga
argumentativa de señalar que, si existieran los errores que alega la parte actora, se
estarían vulnerando sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la información
pública, al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la providencia acusada fue comunicada por
correo electrónico el 30 de abril de 2026, de modo que fue efectivamente notificada el 4
de mayo siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 8 de julio de 2026, esto es, dos
meses y cuatro días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala
Plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el recurso de insistencia y contra la sentencia de única instancia
dictada en el proceso que resolvió el nombrado recurso no procede medio de
impugnación alguno.
Sin embargo, la Sala no comparte la conclusión del a quo según la cual los cargos por
decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente resultan improcedentes porque la parte actora no solicitó la adición de la
providencia cuestionada.
La adición procede cuando el fallo omite resolver alguno de los extremos de la litis o un
punto que debía ser objeto de pronunciamiento, pero no es el medio para suplir
deficiencias en la fundamentación de lo efectivamente decidido. Al declarar bien
denegado el acceso a las actas, el Tribunal resolvió la totalidad de la controversia,
incluida la pretensión subsidiaria de entrega de una versión pública, pues avalar la
negativa total comprende negar la entrega parcial. La temporalidad de la reserva, por su
parte, no constituía una pretensión autónoma, sino un argumento del recurso, cuya falta
de respuesta es precisamente el vicio que se alega. Además, una eventual adición que
ordenara entregar apartes de las actas habría contrariado lo resuelto en la propia
providencia, lo que excede el alcance de esa figura.
En consecuencia, el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho respecto de la
totalidad de los cargos formulados.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defectos sustantivo,
por decisión sin motivación, por violación directa de la Constitución y por desconocimiento
del precedente al proferir la decisión del 29 de abril de 2026.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora reprocha la
decisión de única instancia que resolvió un recurso de insistencia.
4. Análisis del caso concreto
Corresponde a la Sala determinar si la providencia del 29 de abril de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, incurrió en
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defectos sustantivo, por decisión sin motivación, por violación directa de la Constitución
y por desconocimiento del precedente, al encontrar que estuvo bien denegada la
información que solicitó la parte actora el 2 de febrero de 2026 y que no fue suministrada
por la CREG.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones surtidas
en el trámite del recurso de insistencia y al análisis realizado por la autoridad judicial
demandada en la providencia cuestionada.
El 2 de febrero de 2026, las sociedades Promigas S.A. E.S.P., Transmetano S.A. E.S.P.,
Promioriente S.A. E.S.P. y TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. pidieron a la CREG lo
siguiente:
1. Sírvase remitir una lista de todas las sesiones del Comité de Expertos realizadas desde el 1 de enero
de 2024 hasta la fecha, referidas al trámite por medio del cual se trató el tema de aplicación del WACC
por el transportador de gas natural, conforme el procedimiento del artículo 6 de la Resolución CREG
175 de 2021, incluyendo las sesiones efectuadas dentro de los expedientes en los que se dictaron las
Resoluciones CREG No. 502 118E, 502 118H, 502 118l, 502 118J y 502 118M de 2024, y 502 149 de
2025. Sírvase anexar igualmente el orden del día de cada una de las sesiones, una relación de los
temas tratados, de los asistentes a la reunión, sus intervenciones, el acta de la sesión y los demás
documentos, archivos y soportes relacionados con los expedientes citados.
2. Sírvase remitir una lista de todas las sesiones de la Comisión CREG realizadas desde el 1 de enero
de 2024 hasta la fecha, referidas al trámite por medio del cual se definen o definió el tema de aplicación
del WACC por el transportador de gas natural, conforme el procedimiento del artículo 6 de la Resolución
CREG 175 de 2021, incluyendo las sesiones efectuadas dentro de los expedientes en los que se
dictaron las Resoluciones CREG No. 502 118E, 502 118H, 502 118l, 502 118J y 502 118M de 2024, y
502 149 de 2025. Sírvase anexar el orden del día de cada una de las sesiones, una relación de los
temas tratados, de los asistentes a la reunión, sus intervenciones, el acta de la sesión y los demás
documentos, archivos y soportes relacionados con los expedientes citados.
3. Sírvase remitir copias de las actas antes mencionadas, en las que se indique que se verificó el quórum
para deliberar y decidir al inicio de la respectiva sesión y que se mantuvo vigente hasta la finalización
de la misma.
4. Sírvase remitir copia de todos los correos electrónicos que se hayan remitido desde el dominio
@creg.gov.co con destino al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Presidencia de la República, SSPD y DNP respecto de las decisiones tomadas y análisis fundantes en
las actuaciones administrativas de los expedientes antes señalados y/o su contenido, así como los
archivos adjuntados a cada correo.
5. Sírvase remitir copia de todos los correos electrónicos que se hayan remitido desde Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presidencia de la República, SSPD y DNP
respecto de las decisiones tomadas y análisis fundantes en las actuaciones administrativas de los
expedientes antes señalados y/o su contenido, así como los archivos adjuntados a cada correo, con
destino al dominio @creg.gov.co.
El 16 de marzo de 2026, la CREG, en lo que interesa, denegó la entrega de las actas de
las sesiones del comité de expertos y de la comisión CREG en las que se abordó lo
relacionado con la aplicación del WACC para el transporte de gas natural, al considerar
que se encontraban amparadas por la reserva legal prevista en el literal h) y en el
parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, así como en el artículo 2.1.1.4.2.2. del
Decreto 1081 de 2015, que, según dijo, exceptuaban la divulgación de información que
pudiera poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y financiera del país y protegían
documentos con opiniones o consejos del proceso deliberativo. Señaló que las actas
contenían las discusiones técnicas de los expertos sobre la tasa de descuento (WACC)
y que su divulgación afectaría la estabilidad financiera del sector.
Inconforme, el 23 de marzo de 2026, la parte actora presentó recurso de insistencia, al
estimar que no se había motivado la reserva, debido a que no se había demostrado un
daño presente, probable y específico. Que la reserva sobre la deliberación no resultaba
aplicable porque esos procesos administrativos ya habían culminado con la expedición y
notificación de las resoluciones definitivas.
Que se había omitido aplicar el principio de divisibilidad establecido en el artículo 21 de
la Ley 1712 de 2014, porque se debió entregar una versión pública con el contenido que
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no estaba sujeto a reserva, con lo que se garantizaría al menos la información relacionada
con el quórum, la identificación de los asistentes y los órdenes del día.
El 29 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, declaró bien denegado el acceso a las actas de sesiones y de comisión
pretendidas por la parte actora.
La autoridad judicial demandada explicó que el trámite de aplicación de WACC (Weighted
Average Cost of Capital o Costo Promedio Ponderado de Capital) constituía un
procedimiento administrativo de carácter técnico-regulatorio por el cual la CREG
determinaba las tasas de rentabilidad financiera que se reconocían a los agentes del
sector por las inversiones en activos necesarios para la prestación del servicio.
Que ese cálculo, que era fundamental para la suficiencia financiera de los prestadores y
la eficacia tarifaria para los usuarios, se basaba en la ponderación del costo de la deuda,
que correspondía al financiamiento externo, y en el costo del capital propio, que se
relacionaba con el retorno esperado por los inversionistas.
Que, en el marco de servicios públicos como el transporte de gas natural, la fijación de
esa tasa de descuento era una función de intervención económica del Estado, que
requería de una compleja valoración de variables macroeconómicas y de riesgos
sectoriales. Que el procedimiento se regía por etapas de estudio técnico, participación de
los agentes interesados y una fase de deliberación interna en el comité de expertos,
donde se consolidaban los criterios técnicos que daban lugar al acto administrativo
definitivo.
Que, en ese orden, la información relativa a las actas de las sesiones del comité de
expertos y de la comisión CREG, que estaban relacionadas con el trámite de aplicación
del WACC para el transporte de gas natural, había sido bien denegada, por cuanto las
causales de reserva alegadas resultaban aplicables.
Que, en efecto, el literal h) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, desarrollado por el
artículo 2.1.1.4.2.2. del Decreto 1081 de 2015 establecía como información exceptuada
aquella cuya divulgación pudiera poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y
financiera del país. Que, por su parte, el parágrafo del mismo artículo 19 de la Ley 1712
y el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 exceptuaban expresamente los documentos que
contuvieran opiniones o puntos de vista que formaran parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos antes de la adopción de una decisión.
Que la información solicitada por la parte actora hacía referencia a las actas de sesiones
donde se discutía la aplicación del WACC, que correspondía al procedimiento técnico-
administrativo por el cual la autoridad reguladora definía la tasa de rentabilidad
reconocida a los prestadores por sus inversiones en infraestructura.
Que esos registros contenían análisis de variables críticas, datos que, de ser revelados,
podrían afectar la seguridad energética y financiera del sector de gas natural. Que,
además, las actas reflejaban las discusiones internas, criterios técnicos y juicios
valorativos de los expertos y comisionados de la CREG.
Que la divulgación de las opiniones individuales vertidas durante la construcción de la
metodología tarifaria podría comprometer la independencia y operatividad del organismo
regulador, al exponer el proceso deliberativo que, según dijo, por mandato legal debía
ser protegido para garantizar que los evaluadores emitieran sus juicios técnicos con total
libertad y sin presiones externas de los agentes reguladores.
Que, en consecuencia, permitir el acceso a esa documentación representaría una
afectación desproporcionada de la reserva de las deliberaciones estratégicas y de la
estabilidad económica del sector energético frente al derecho de información de la parte
actora. Que, por lo tanto, la restricción invocada por la CREG era admisible, adecuada y
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proporcional a la finalidad normativa que protegía la operatividad institucional y el orden
económico nacional.
Ahora bien, la Sala advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la
Constitución Política, que consagra el derecho al acceso a la información pública, «todas
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley».
La Corte Constitucional ha indicado que el derecho fundamental a acceder a información
pública tiene las funciones de (i) garantizar la participación democrática y el ejercicio de
los derechos políticos, ya que permite que los ciudadanos puedan ejercer un debido
control de la actividad del Estado; (ii) materializar otros derechos como el derecho a la
verdad de las víctimas y el de información, así como materializar fines
constitucionalmente legítimos, como lo son asegurar que las autoridades estatales
expliquen públicamente sus decisiones y el uso de los recursos públicos; y (iii) garantizar
la transparencia de la gestión pública y prevenir la corrupción. De ahí que sea una
garantía necesaria para el control de la actividad estatal.
En consecuencia, al tratarse de un derecho que garantiza los principios de publicidad y
transparencia de la función pública y salvaguarda a las personas de la arbitrariedad
estatal, las limitaciones sobre el derecho a acceder a información pública se restringen a
los eventos específicos de consagración constitucional o legal.
La Ley 1712 de 2014 regula el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para su ejercicio y las excepciones a la publicidad de información. El
artículo 2 de esa ley establece qué se entiende por información pública, esto es: «Toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública». Tal
norma consagra el principio de máxima publicidad tratándose de información en manos
de un sujeto obligado por la Ley 1712 de 2014.
Este artículo preceptúa que la información pública «no podrá ser reservada o limitada
sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley», de
manera que el criterio para esclarecer si una determinada información es pública no es
su contenido, sino la calidad del sujeto que la posee. Si la información está en poder de
una entidad catalogada como sujeto obligado de la Ley 1712 de 2014, se entiende que
es información pública y, en principio, debe estar disponible para la ciudadanía, salvo las
excepciones de ley.
Por su parte, el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 establece quiénes son los sujetos
obligados por esa ley, entre los cuales se encuentran todas las entidades públicas en
todos los niveles de la estructura estatal, las personas naturales y jurídicas, públicas o
privadas que presten función o servicios públicos o que ejerzan autoridad pública,
partidos políticos, entre otros.
A su vez, el artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 hace una distinción entre tres tipos de
información, a saber: (i) (i) la información pública, que es toda aquella que un sujeto
obligado por la referida ley genere, obtenga, adquiera o controle; (ii) la información pública
clasificada, que es aquella que, pese a estar en poder de un sujeto obligado, pertenece
al ámbito propio, particular, privado o semiprivado de una persona natural o jurídica; y (iii)
la información pública reservada, que es aquella que, a pesar de estar en poder o
custodia de un sujeto obligado, se exceptúa del acceso ciudadano por representar un
riesgo para intereses públicos.
Los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 establecen que el acceso de la información
pública clasificada y de la información pública reservada puede ser negado o rechazado,
siempre que se motive tal decisión por escrito. El primero de estos artículos dispone que,
tratándose de información pública clasificada, tal negativa solo es admisible cuando se
cause daño al derecho de toda persona a la intimidad, al derecho a la vida, la salud o la
seguridad, a los secretos comerciales, industriales y profesionales.
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Por su parte, el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 establece que, en el caso de la
información pública reservada, su negativa es posible siempre y cuando su acceso esté
expresamente prohibido por una norma legal o constitucional y esté relacionado con la
defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, los
derechos de la infancia y la adolescencia, la estabilidad macroeconómica y financiera del
país, entre otros.
En caso de considerar que el acceso a la información pública debe ser negado, es
necesario cumplir con una carga de la prueba específica. En efecto, el artículo 283 de la
Ley 1712 de 2014 establece que al sujeto que tiene en su poder la información solicitada
no solo le corresponde exponer las razones que justifican la negativa, sino aportar
pruebas que acrediten por qué la información pedida debe mantenerse bajo reserva o
confidencialidad. El sujeto obligado también tiene la obligación de demostrar que esta no
puede ser divulgada por tratarse de alguna de las materias consagradas en los artículos
18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. Además, es imprescindible que en su escrito de negativa
o rechazo aquel analice si la entrega de la información solicitada causaría un daño mayor
al interés público que implica suministrarla.
Sobre el alcance de esa carga, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-328 de 2025,
precisó que, para negar el acceso a la información, el sujeto obligado debe demostrar (i)
que la información es de naturaleza clasificada o reservada y (ii) que su revelación causa
un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el
acceso a la información. Esa regla fue reiterada en la sentencia SU-018 de 2026, en la
que, además, se señaló que si dicha ponderación no se efectúa o se hace de manera
inadecuada y ello deriva en una controversia judicial, es deber del juez asumir ese análisis
y valorar los derechos en tensión.
A su vez, el artículo 2.1.1.4.4.2 del Decreto 1081 de 2015 define que el daño es presente
siempre que no sea remoto ni eventual; probable, cuando existan las circunstancias que
harían posible su materialización; y específico, solo si puede individualizarse y no se trata
de una afectación genérica.
En aplicación de esas reglas, esta Sección, en sentencia del 27 de agosto de 2026 (exp.
11001-03-15-000-2026-01724-01), sostuvo que los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de
2014 no son normas de reserva autoaplicativas ni de contenido específico y cerrado, sino
cláusulas generales cuya aplicación a un caso concreto exige una valoración adicional,
caso por caso, y que la función del juez de la insistencia no se agota en constatar que la
entidad invocó alguna de esas causales, sino que comprende juzgar si la invocación
estuvo debidamente sustentada en los términos del artículo 28 de esa ley.
En relación con las sentencias C-274 de 2013 y C-491 de 2007, invocadas por la parte
actora, la Sala aclara que, respecto de sentencias de constitucionalidad, no es dable
predicar un defecto por desconocimiento del precedente, sino un defecto sustantivo por
inaplicación de la interpretación constitucional que se realiza de la norma demandada en
esos procesos. Por ello, el alcance que la Corte Constitucional fijó al artículo 19 de la Ley
1712 de 2014 en la sentencia C-274 de 2013, según el cual la prohibición de acceso debe
estar expresada de manera clara y precisa en la ley, y quien niega el acceso debe
demostrar que existe un riesgo presente, probable y específico de dañar el interés
protegido y que el daño que puede producirse es significativo, se tendrá en cuenta al
examinar el defecto sustantivo.
Ahora bien, sobre la categoría de información a la que pertenecen las actas de las
sesiones del comité de expertos y de la comisión CREG en las que se abordó lo
3 Artículo 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten
y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado
debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente.
Además, deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación
de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el
acceso a la información
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relacionado con la aplicación del WACC para el transporte de gas natural, para así
determinar a qué restricciones está sujeta, el artículo 19 de la Ley 1712 dispone que es
información pública reservada, entre otras, la relacionada con la estabilidad
macroeconómica y financiera del país.
Lo relevante para aplicar el literal h) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 no es si una
materia se relaciona en abstracto con la economía nacional, sino si la divulgación de los
documentos concretos solicitados causaría el daño cualificado que exige la ley
estatutaria.
Esa verificación resultaba especialmente necesaria en este caso, pues, según el auto
0000307 de 2024 de la CREG, el conflicto sometido a su consideración se presentó en
relación con el contenido de dos contratos de transporte de gas natural e implicaba
establecer la tasa de descuento aplicable a los cargos de esos contratos. Además, la
autoridad judicial demandada desplazó el objeto de protección de la norma, que es la
estabilidad macroeconómica y financiera del país, a la seguridad energética y financiera
del sector de gas natural, sin explicar por qué la eventual afectación de este último
comprometería la primera.
En ese orden, la Sala advierte que la información sobre la aplicación de WACC para el
transporte de gas natural puede contener información reservada; no obstante, para la
Sección, la autoridad judicial demandada no realizó un test de daño, en el que ponderara
la información que tuviera el carácter de reservada y que estuviera contenida en las
mencionadas actas de las sesiones del comité de expertos y de la comisión CREG, para
determinar cuáles datos podían ser suministrados a las sociedades tutelantes y cuáles
no, en razón de la protección legal de la información asociada a la estabilidad
macroeconómica del país.
Para determinar si se trataba de información reservada era imprescindible que la
autoridad judicial accionada, al resolver el recurso de insistencia, analizara si la
información contenida en las actas de las sesiones del comité de expertos y de la
comisión CREG contenían datos cuya divulgación causaría un daño presente, probable,
específico y significativo a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, para ello
debía identificar concretamente qué datos se encontraban protegidos y las razones
individuales que justificaban restringir su divulgación.
Ese análisis no podía limitarse a señalar de manera genérica que las actas correspondían
<< al procedimiento técnico-administrativo mediante el cual la autoridad reguladora define la tasa de rentabilidad reconocida a los prestadores por sus inversiones en infraestructura. Estos registros contienen análisis de variables críticas, datos que, de ser revelados, podrían afectar la seguridad energética y financiera del sector de gas natural>>. Máxime si se tiene en cuenta
que esas actas no fueron aportadas al trámite del recurso de insistencia.
Para la Sala, el tribunal demandado acogió las consideraciones de la CREG sin siquiera
revisar el contenido de las actas denegadas. En ese orden, el tribunal accionado deberá
analizar si dichos documentos contenían información sobre la estabilidad
macroeconómica del país que debía ser protegida por reserva legal.
En todo caso, aun si alguno de los documentos solicitados contenía información
protegida, ello no autoriza a extender de manera automática la reserva a la totalidad de
las actas. En ese orden, corresponde examinar qué apartes están efectivamente
amparados por una excepción legal y si resulta posible garantizar el acceso a los demás
mediante la supresión de los datos protegidos.
Las mismas exigencias se predican de la reserva prevista en el parágrafo del artículo 19
de la Ley 1712 de 2014, que el Tribunal invocó como fundamento autónomo de su
decisión. Esa disposición protege las opiniones o puntos de vista que forman parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, pero no se extiende automáticamente a
la totalidad del documento que las contiene. Las actas de los cuerpos colegiados registran
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también información objetiva, como la verificación del quórum, la identidad de los
asistentes, el orden del día y las decisiones adoptadas con sus votaciones, que no
expresan opinión alguna y que, conforme al artículo 33 del Decreto Ley 19 de 2012,
deben constar en ellas.
Por otra parte, el propio Tribunal entendió que esa reserva ampara las opiniones vertidas
antes de la adopción de una decisión, y el artículo 2.1.1.4.2.3 del Decreto 1081 de 2015
ordena divulgar la información cuando desaparecen las condiciones que justificaban su
reserva. Por ello, la autoridad judicial demandada debía establecer si esas condiciones
subsistían respecto de actuaciones administrativas que, según se alegó en el recurso de
insistencia, ya habían concluido, y debía pronunciarse sobre la procedencia de una
versión pública en los términos del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, lo que no hizo. A
lo anterior se suma que el Tribunal atribuyó esta reserva al artículo 24 de la Ley 1437 de
2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, pese a que esa disposición no
la contempla.
Adicionalmente, si el ente obligado considera que no hay lugar a suministrar la
información solicitada por la parte actora por ser clasificada o reservada, era su deber
cumplir con una carga probatoria específica que respalde su negativa. Por lo tanto, al
tribunal accionado no solo le correspondía verificar si efectivamente la información que
la CREG se negó a suministrar se encontraba sometida a una restricción legal de acceso
por involucrar información sobre la estabilidad macroeconómica del país, sino que
también debía estudiar si esa entidad cumplió o no con el deber de justificación y carga
de la prueba de que trata el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.
Como se explicó, conforme a esta última norma, quien tiene en su poder la información
solicitada debe exponer las razones que justifican la negativa, aportar pruebas que
acrediten por qué la información pedida debe mantenerse bajo reserva o
confidencialidad, demostrar que esta no puede ser divulgada por tratarse de alguna de
las materias consagradas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 y analizar si la
entrega de la información solicitada causaría un daño mayor al interés público que implica
suministrarla.
En consecuencia, la Sala considera que el tribunal demandado incurrió en un defecto
sustantivo por la indebida aplicación de las causales de reserva previstas en el literal h)
y en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y, por ello, se dejará sin efectos
la decisión cuestionada.
Dado que el defecto sustantivo advertido es suficiente para conceder el amparo, la Sala
se relevará del estudio de los demás cargos formulados en la demanda de tutela.
En este punto, la Sección debe advertir que el objetivo de la decisión de tutela no es ni
puede ser ordenar directamente la entrega de la información o declarar «mal denegada»
la petición, pues se trata de una competencia del juez natural, sino, como lo pidió la parte
actora en la pretensión tercera de la demanda, ordenar que el tribunal profiera una
decisión de reemplazo debidamente motivada y congruente con las solicitudes de acceso
a información objeto de la insistencia, conforme a los parámetros señalados en esta
providencia.
Además, la Sala precisa de considerarlo útil, pertinente y necesario; el tribunal accionado
podrá, en aplicación del artículo 26, numeral 1 de la Ley 1755 de 2015, solicitar “copia o
fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información
que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente”.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
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III. FALLA
1. Revocará la sentencia impugnada, para en su lugar:
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y de acceso a la información pública de las sociedades tutelantes.
3. Dejar sin valor ni efecto la providencia del 29 de abril de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en el expediente con
radicado 25000-23-41-000-2026-00539-00.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte
providencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclaro voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador4
4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260526501/12E80C624B8CDB8D01DF147D0EB90222CB12CE99BFA680DC60220813CB18C77F/2

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