<
Cr Consultores

Legalidad reajuste asignación retiro – Fecha Publicación: 05/11/2026

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260308401

Interno: 11116

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Incurre el Tribunal Administrativo de Antioquia en defecto fáctico al declarar probada la excepción de pago total y terminado el proceso ejecutivo, por presuntamente omitir la valoración de la sentencia del 13 de diciembre de 2017 que conforma el título ejecutivo?

Respuesta al problema jurídico: No

Problema jurídico:¿Incurre el Tribunal Administrativo de Antioquia en defecto sustantivo al declarar terminado el proceso ejecutivo, por interpretar de manera irrazonable el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y desconocer el alcance vinculante de la sentencia que constituye el título ejecutivo?

Problema jurídico:¿Incurre el Tribunal Administrativo de Antioquia en violación directa de la Constitución al declarar probado el pago total de la obligación y terminado el proceso ejecutivo promovido para obtener el reajuste de una asignación de retiro?

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:DECRETO 1794 DE 2000 – ARTÍCULO 1, DECRETO 4433 DE 2004 – ARTÍCULO 16

FUENTE FORMAL:DECRETO 1794 DE 2000 – ARTÍCULO 1, DECRETO 4433 DE 2004 – ARTÍCULO 16

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 4, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86

— Resumen —

Resumen

El presente documento contiene la sentencia de segunda instancia de una acción de tutela tramitada ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El proceso se origina en una controversia dentro de un proceso ejecutivo derivado de una condena previa de nulidad y restablecimiento del derecho. El demandante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social, argumentando que la entidad ejecutada (Cremil) realizó una liquidación errónea de su asignación de retiro, específicamente en lo referente a la prima de antigüedad establecida en el título ejecutivo. El Tribunal de instancia había declarado probada la excepción de pago total, decisión que el demandante atacó mediante tutela por considerar que existían defectos fáctico y sustantivo. La Sección Cuarta determinó que, aunque la tutela era procedente para estudio de fondo, el Tribunal accionado no vulneró derechos, pues su interpretación de la fórmula de liquidación se ajustó estrictamente a lo ordenado en la sentencia original, respetando la cosa juzgada.

Preguntas Centrales

¿Cumple la acción de tutela con el requisito de relevancia constitucional para cuestionar una decisión dentro de un proceso ejecutivo de asignación de retiro?

Sí. El Consejo de Estado determinó que el asunto trasciende lo meramente económico, pues se discute la eficacia de una sentencia judicial y la posible vulneración del debido proceso y el acceso a la administración de justicia al evaluar si el título ejecutivo fue correctamente interpretado.

¿Incurrió la autoridad judicial accionada en un defecto fáctico o sustantivo al declarar la terminación del proceso ejecutivo por pago total?

No. La Sala concluyó que el Tribunal valoró adecuadamente el título ejecutivo. Se determinó que la entidad liquidó la prestación conforme a la fórmula judicialmente establecida: el 70% del salario básico, adicionando el 38.5% de la prima de antigüedad. El hecho de que el demandante pretendiera una base de cálculo distinta en la ejecución constituía una modificación improcedente de la sentencia ejecutoriada.

Fundamentación Clave

Normativa aplicable a la prestación social

  • Decreto 4433 de 2004 (Artículo 16): Norma que regula la liquidación de la asignación de retiro para soldados profesionales.
  • Decreto 1794 de 2000: Define la asignación salarial mensual que sirve como base para el cálculo de las prestaciones.

Requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial

  • Sentencia C-590 de 2005: La Sala aplicó los requisitos generales (relevancia constitucional, inmediatez, subsidiariedad) y específicos (defectos fáctico y sustantivo) para analizar la actuación del Tribunal accionado.

Carácter vinculante del título ejecutivo

  • El Consejo de Estado reiteró que en el proceso ejecutivo no es posible reabrir debates de fondo o modificar las órdenes de la sentencia declarativa. El título ejecutivo es inmutable debido a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. La interpretación del Tribunal fue razonable al contrastar los pagos realizados con las órdenes expresas de la providencia original.

Conclusión

La Sección Cuarta decidió revocar la improcedencia dictada en primera instancia y, en su lugar, negar el amparo solicitado. La tesis principal establece que no existe vulneración de derechos fundamentales cuando el juez de ejecución se ciñe a la literalidad del título ejecutivo, aunque la fórmula de liquidación resulte económicamente inferior a las expectativas del demandante, siempre que dicha fórmula sea la que quedó amparada por la fuerza de cosa juzgada.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: WILFREDO ELIÉCER DÍAZ CIRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEXTA
DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo en el que se
pretendía el cobro de los valores restantes determinados en una
sentencia judicial. Defectos fáctico, sustantivo y violación directa de
la Constitución
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 17 de julio de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de abril de 2026, el demandante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, seguridad social, mínimo vital, igualdad y dignidad humana, los cuales han sido
vulnerados por la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de febrero
de 2026, dentro del expediente No. 05002333300820240007701.
SEGUNDO. Como consecuencia del amparo solicitado, dejar sin efectos la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de febrero de 2026, mediante la cual se revocó la
decisión de primera instancia y se declaró probada la excepción de pago total de la obligación.
TERCERO. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una nueva decisión,
dentro del proceso ejecutivo, en la cual:
a. Se valore de manera integral el título ejecutivo, incluyendo su parte motiva,
b. Se tenga en cuenta el alcance material de la sentencia del 13 de diciembre de 2017.
c. Y se determine el cumplimiento real y no meramente formal de la obligación, conforme a los
parámetros constitucionales y legales expuestos.
CUARTO. De manera subsidiaria, y en atención al carácter prevalente del derecho sustancial,
ordenar directamente la continuidad del proceso ejecutivo en los términos definidos por la
sentencia de primera instancia No. 351 del 30 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Medellín, en la cual se declaró probada la excepción de pago parcial,
disponiendo seguir adelante con la ejecución respecto de las sumas efectivamente adeudadas.
QUINTO. Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que, en el evento de verificarse el
incumplimiento de la obligación, proceda a reliquidar mi asignación de retiro conforme a lo
ordenado en la sentencia del 13 de diciembre de 2017, esto es, adicionando el 38.5% de la partida
prima de antigüedad calculada esta sobre el salario mensual base, y no sobre el porcentaje de
liquidación de la prestación”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
2. Hechos
2.1. De las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho
El demandante relató que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (en adelante Cremil), con la pretensión de que se anulara el oficio
núm. 2015-5413 de 2 de febrero de 2015, mediante el cual se negó el reajuste de
esa prestación y que, en consecuencia, se ordenara su reajuste en aplicación de lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 y el artículo 16 del Decreto
4433 de 31 de diciembre de 20041.
Indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín en fallo de 30
de junio de 2017, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y condenó
a la entidad demandada a reliquidar la asignación de retiro del accionante “teniendo
en cuenta que la asignación salarial mensual percibida por el actor, es la definida
en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, que de este valor se toma el
70%, y al valor obtenido se le suma el 38.5% del valor liquidado por concepto de
prima de antigüedad, tal y como se consignó en la parte considerativa de la presente
providencia”.
Señaló que Cremil interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. El
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, mediante sentencia de 13
de diciembre de 2017, la confirmó íntegramente, bajo el argumento de que “el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 pretende que la Asignación de Retiro para los
Soldados Profesionales, se liquide en un 70% del salario mensual a que alude el
numeral 13.2.1 del mismo Decreto adicionado con un 38.5% de la prima de
Antigüedad, dicho término está haciendo referencia al salario mensual y no al
porcentaje de liquidación de la prestación”. Igualmente, condenó en costas “a la
parte demandada”.
Finalmente, mencionó que la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de
Antioquia en auto de 12 de abril de 2018, accedió a una solicitud de corrección
elevada por la parte demandante, en lo relacionado con la condena en costas, pues
dicha condena era frente a la parte demandada.
2.2. De las actuaciones del proceso ejecutivo
Afirmó que Cremil mediante Resolución núm. 21095 de 3 de diciembre de 2018, dio
cumplimiento a la decisión de la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de
Antioquia y dispuso el pago de $9.029.596 (capital indexado, intereses, costas y
reajuste) y ordenó incluir el reajuste de la asignación de retiro por un valor de
$1.156.521.
Sostuvo que presentó demanda ejecutiva con el fin de que se diera cumplimiento al
fallo de 13 de diciembre de 2017 de la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo
de Antioquia,, al considerar que no se dio la aplicación correcta del artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004 “que pretende que la asignación de Retiro para los soldados
Profesionales, se liquide en un 70% del salario mensual a que alude el numeral
12.2.1 del mismo Decreto ‘adicionado’ con un 38.5% de la prima de Antigüedad,
dicho termino está haciendo referencia al salario mensual y no al porcentaje de
liquidación de la prestación”.
1 El accionante fue soldado profesional desde el 1 de noviembre de 2003 y que mediante Resolución núm. 151
de 31 de enero de 2012, se le reconoció asignación de retiro.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
Resaltó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín en auto de
25 de junio de 2024, libró mandamiento de pago. Posteriormente, en decisión
proferida en el curso de la audiencia inicial celebrada el 30 de octubre de 2025,
declaró probada la excepción de pago parcial, pues la liquidación del salario básico
mensual se calculó bien, pero la prima de antigüedad se liquidó de manera errónea.
Por consiguiente, ordenó seguir adelante con la ejecución.
Por último, manifestó que Cremil interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en
sentencia de 27 de febrero de 2026 la revocó y, en su lugar, declaró probada la
excepción de pago total de la obligación propuesta por la entidad ejecutada. En
consecuencia, declaró terminado el proceso ejecutivo bajo el argumento de que la
entidad ejecutada realizó el pago conforme a lo establecido en la decisión que
integra el título ejecutivo, en la cual se dispuso que el cálculo de la asignación de
retiro no parte del salario, sino del 70% del mismo, valor al que se adiciona el 38,5%
de la prima de antigüedad, razón por la cual, al realizar la liquidación
correspondiente arroja un valor de capital indexado de $7.444.542, mientras que lo
liquidado por la demanda fue de $7.539.173 (valor de capital indexado). Es decir,
que la suma total cancelada por Cremil de $9.029.596, se ajustó a lo ordenado por
el Tribunal, por lo que, si el demandante pretendió la modificación de la liquidación
debió presentar reproche en el proceso declarativo y no en el ejecutivo.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, pues i) el asunto ostenta relevancia constitucional, en tanto la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales alegados, ii) no
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, iii) la solicitud de amparo se
presentó en un término razonable y iv) se identificaron los hechos constitutivos de
vulneración.
El demandante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, por omisión en la valoración de la sentencia de 13 de diciembre de 2017
que constituye el título ejecutivo, en lo relacionado con la expresión “adicionado con
un 38.5% de la prima de antigüedad hace referencia al salario mensual y no al
porcentaje de liquidación de la prestación”.
Sostuvo que el Tribunal prescindió de lo antes transcrito, para limitarse a una lectura
formal de la parte resolutiva, lo que condujo a concluir erróneamente que la
obligación había sido cumplida en su totalidad.
Indicó que la Resolución núm. 21095 de 3 de diciembre de 2018, evidenciaba que
la entidad liquidó la prima de antigüedad con base en el porcentaje devengado en
actividad (58.5%) y no adicionando el 38.5% sobre el salario mensual, como lo
precisó el Tribunal en la sentencia que sirve de título ejecutivo.
Aseguró que “al prescindir del análisis contenido en la parte motiva de la sentencia
del 13 de diciembre de 2017, en la cual se precisó de manera expresa la forma de
liquidación de la prima de antigüedad, el Tribunal no solo incurrió en una indebida
valoración probatoria, sino que desconoció el carácter integral, obligatorio y
vinculante de la motivación judicial, desatendiendo el verdadero alcance de la
obligación contenida en el título ejecutivo”.
Por otra parte, resaltó que en la sentencia objetada se configuró un defecto
sustantivo, porque desarrolló una interpretación jurídicamente inadmisible del
ordenamiento aplicable, particularmente en relación con el artículo 16 del Decreto
4433 de 2004 y las reglas que regulan la ejecución de las sentencias judiciales,
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
desconociendo además el alcance vinculante de la decisión que sirve de título
ejecutivo.
Afirmó que “en la providencia ahora cuestionada, el mismo Tribunal desconoce su
propia interpretación, sin ofrecer una justificación razonable para ello, incurriendo
en una evidente contradicción que vulnera el principio de coherencia judicial y el
derecho al debido proceso”.
En tercer término, sostuvo que el Tribunal incurrió en violación directa de la
Constitución, por vulnerar sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
igualdad y a la dignidad humana, en abierta contradicción con el artículo 48 de la
Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con
los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de
protección de los derechos sociales.
Para terminar, manifestó que “el Tribunal impuso una carga procesal inexistente al
exigir la interposición de solicitudes de aclaración o adición como condición para
interpretar el alcance de la sentencia, lo cual constituye una exigencia
desproporcionada que afecta el núcleo esencial del debido proceso”.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia
El escribiente del despacho allegó el link de acceso al expediente digital del proceso
ordinario y manifestó que el despacho sustanciador de la sentencia objetada se
atiene a lo resuelto por el juez de tutela.
4.2. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín
El juez titular del despacho manifestó que no se advierte vulneración alguna por
parte del juzgado, más aún cuando la decisión proferida en el proceso ejecutivo fue
revocada por el Tribunal.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 17 de
julio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de la relevancia constitucional.
Sostuvo que la controversia planteada por el actor no trasciende el ámbito de la
legalidad ni compromete, de manera autónoma, el contenido, alcance o goce de los
derechos fundamentales invocados. Agregó que lo pretendido por el accionante es
que el juez constitucional reevalúe la interpretación que efectuó el Tribunal sobre el
título ejecutivo, la forma correcta de liquidar la asignación de retiro y la existencia
de un pago total de la obligación, con el propósito de obtener una conclusión distinta
sobre el monto económico que, en su criterio, aún le adeuda Cremil.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Afirmó que la sentencia impugnada realizó una interpretación excesivamente
restrictiva del requisito de relevancia constitucional, en cuanto reduce el problema
planteado a su dimensión patrimonial y deja de considerar la naturaleza del derecho
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
comprometido, así como las garantías constitucionales que, según se alegó en la
acción de tutela, fueron desconocidas por la providencia judicial cuestionada.
Indicó que la acción de tutela no fue promovida con el propósito de convertir al juez
constitucional en una instancia adicional del proceso ejecutivo, ni con la finalidad de
obtener, por vía excepcional, el reconocimiento de una acreencia económica que
no hubiera sido previamente definida por la jurisdicción ordinaria.
Resaltó que el objeto de la tutela era cuestionar la sentencia de 27 de febrero de
2026, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por considerar que en ella se habría desconocido el verdadero alcance
de una decisión judicial anterior y que, como consecuencia de ello, se habría
declarado satisfecha una obligación que no había sido cumplida integralmente.
Aseguró que la relevancia constitucional del asunto no deriva de la cuantía del saldo
discutido ni de la naturaleza dineraria de la obligación, sino de la relación existente
entre una decisión judicial previa que reconoció un derecho, el proceso instaurado
para obtener su cumplimiento y una providencia posterior que habría impedido su
satisfacción integral mediante una interpretación cuestionada constitucionalmente.
Finalmente, reiteró que la acción de tutela cumple con cada uno de los requisitos
generales de procedencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 17 de julio de 2026 de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso
afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la
autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana de la parte
actora.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
En la sentencia C-590 de 20052, acogida por esta Corporación en sentencia del 5
de agosto de 20143, se precisaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: (i) Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
2 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
3 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
También se precisaron los requisitos específicos de procedencia, así: (i) defecto
orgánico4; (ii) defecto procedimental absoluto5; (iii) defecto fáctico6; (iv) defecto
material o sustantivo7; (v) error inducido8; (vi) decisión sin motivación9; (vii)
desconocimiento del precedente judicial10 y (viii) Violación directa de la
Constitución11.
Con todo, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, contrario a lo resuelto en la sentencia impugnada, los
requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por
cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si en la
decisión de segunda instancia proferida en el marco del proceso ejecutivo, mediante
la cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que
declaró probada la excepción de pago total de la obligación y declaró terminado el
proceso ejecutivo al evidenciar que Cremil había cancelado las sumas de acuerdo
con lo ordenado en la providencia que integra el título ejecutivo, limitó el contenido,
alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la
dignidad humana, a lo que se agrega que la solicitud de amparo no se propone
como una instancia adicional, ni se plantea con la intención de reabrir el debate o
se desarrollan unos argumentos de naturaleza legal o económica, pues lo que se
reprocha es el hecho de que es la indebida valoración que se realizó de la decisión
que constituye el título ejecutivo y que se culminara el proceso de cobro.
Por el contrario, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de
un genuino debate constitucional, en el que se deberá determinar si la autoridad
judicial accionada, desconoce los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, aunado al hecho de que la decisión de primera instancia desarrolló
argumentos favorables al demandante y que difieren de las razones de la decisión
4 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
5 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
6 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
7 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
8 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
9 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
10 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
11 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
objetada.
Igualmente, (ii) la decisión objetada se dictó al resolver los recursos de apelación,
por lo que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el
asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni en los
supuestos normativos de procedencia del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia consagrados en el artículo 257 de la misma normatividad; (iii12 13;
(iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la
acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo ni por violación directa de la Constitución
El señor Wilfredo Eliecer Díaz Ciro, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, al
considerar que incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por violación directa de
la Constitución, lo que, a su juicio, ha vulnerado sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, al
mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana, en tanto no se valoró
adecuadamente la sentencia que integra el título ejecutivo.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 17
de julio de 2026, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el
argumento de que el accionante no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional.
La Sala realizará un breve recuento de las actuaciones del proceso ejecutivo, con
el fin de resolver de fondo el asunto bajo examen, así:
El señor Wilfredo Eliecer Díaz Ciro presentó demanda ejecutiva contra Cremil, con
el fin de que se diera cumplimiento al fallo de 13 de diciembre de 2017 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, en el que se ordenó el reajuste de
su asignación de retiro. En efecto, reprochó que el pago ordenado en la Resolución
núm. 21095 de 3 de diciembre de 2018, no dio la aplicación correcta del artículo 16
del Decreto 4433 de 2004 “que pretende que la asignación de Retiro para los
soldados Profesionales, se liquide en un 70% del salario mensual a que alude el
numeral 12.2.1 del mismo Decreto “adicionado” con un 38.5% de la prima de
Antigüedad, dicho termino está haciendo referencia al salario mensual y no al
porcentaje de liquidación de la prestación”.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín en decisión proferida en
el curso de la audiencia inicial celebrada el 30 de octubre de 2025, declaró probada
la excepción de pago parcial, bajo el argumento de que la liquidación del salario
básico mensual se calculó bien, pero la prima de antigüedad se liquidó de manera
errónea. Por consiguiente, ordenó seguir adelante con la ejecución.
Explicó que la liquidación efectuada por la entidad ejecutada aplicó de forma errada
la fórmula, al tomar el 38.5% del 58.5%, lo que resultaba contrario a lo desarrollado
en la sentencia que conforma el título ejecutivo, cuando expresó que “de la
jurisprudencia referenciada, se desprende que el artículo 16 del Decreto 4433 de
2004 pretende que la Asignación de Retiro para los Soldados Profesionales, se
12 La providencia objetada se profirió el 27 de febrero de 2026, cuya notificación se surtió el 3 de abril de 2026,
mientras que la acción de tutela se instauró el 21 de abril de 2026, es decir, dentro del plazo razonable de los
seis (6) meses.
13 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
liquide en un 70% del salario mensual a que alude el numeral 13.2.1 del mismo
Decreto ‘adicionado’ con un 38.5% de la prima de Antigüedad, dicho término está
haciendo referencia al salario mensual y no al porcentaje de liquidación de la
prestación”.
Cremil interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, en el que
expuso que para la liquidación tuvo como base un salario mínimo legal mensual
vigente incrementando en un 60%, y luego, tomó el 70% del salario básico,
adicionando un 38,5% de la prima de antigüedad (que corresponde al 58,5% del
salario básico), razón por la cual no existen valores pendientes de pago a favor del
ejecutante.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en sentencia de 27
de febrero de 2026, la revocó y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago
total de la obligación propuesta por la entidad ejecutada y, en consecuencia, declaró
terminado el proceso ejecutivo.
Lo anterior con sustento en que en las órdenes concretas impartidas en la sentencia
de 30 de junio de 2017 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Medellín, confirmada integralmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia el
13 de diciembre de 2017, se dispuso la reliquidación de la asignación de retiro del
actor “teniendo en cuenta que la asignación salarial mensual percibida por el actor,
es la definida en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, que de este
valor se toma el 70%, y al valor obtenido se le suma el 38.5% del valor liquidado por
concepto de prima de antigüedad, tal y como se consignó en la parte considerativa
de la presente providencia”.
Luego, resaltó que “para calcular la asignación de retiro, el Despacho partió del
salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015 ($644.350), incrementándolo
en un 60%, lo que arrojó un salario básico de $1.030.960. Sobre este valor se aplicó,
en primer lugar, el 70%, obteniéndose la suma de $721.672. Posteriormente, se
calculó el 58,5% del salario básico —porcentaje devengado en actividad según su
hoja de servicios y que corresponde al máximo previsto legalmente para la prima de
antigüedad—, equivalente a $603.111,6, y sobre este monto se aplicó el 38,5%,
resultando $232.197,96”.
El Tribunal explicó que la operación descrita es matemáticamente equivalente a la
fórmula aplicada por la entidad ejecutada, esto es: (salario básico incrementado en
un 60% x 70%) + (salario básico x 58,5%) x 38,5% = asignación de retiro. En esos
términos, consideró que ambas expresiones parten del mismo salario básico
incrementado conforme al artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 y aplican
sucesivamente los porcentajes del 70% y del 38,5% sobre la prima de antigüedad
calculada al 58,5% del salario básico, de modo que no existe diferencia en el método
de liquidación.
Posteriormente, indicó que, con fundamento en los criterios antes explicados,
efectuó la liquidación, la cual coincidió sustancialmente con la elaborada por el
contador en primera instancia y resultó, además, muy cercana a la presentada por
la entidad ejecutada para acreditar el pago.
Asimismo, señaló que “la liquidación efectuada por la entidad demandada se
estableció un valor total adeudado de $6.574.961, suma que, una vez indexada,
ascendió a $7.539.173; mientras que en la liquidación realizada por esta Sala se
obtuvo un total de $6.553.558,48, que indexado corresponde a $7.444.542,39”.
Por último, el Tribunal resaltó que su competencia se circunscribía a verificar si la
entidad demandada dio cumplimiento a las órdenes contenidas en el título ejecutivo
en sus estrictos y precisos términos. En consecuencia, agregó que no le
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
correspondía emitir nuevos pronunciamientos de fondo ni alterar el alcance de la
decisión adoptada, pues ello desconocería los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que amparan a las sentencias ejecutoriadas, razón por la cual, al
no solicitarse la aclaración o adición de la sentencia, la fórmula adoptada en dicha
providencia quedó amparada por la ejecutoria y adquirió carácter inmutable.
Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela y que interesan al proceso de tutela, la Sala procede a abordar los
defectos de acuerdo con el planteamiento del problema jurídico, así:
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura
cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso,
o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba
sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no
procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al
ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución14, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión15.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
En relación con el defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual,
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
14 Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
15 Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o
justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”16.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta
no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir
de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable”17.
Por otra parte, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se
aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) al
resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos
fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución.
En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe incompatibilidad
con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales 18.
Descendiendo al asunto bajo examen, el accionante afirma que se incurrió en
defecto fáctico, por omisión en la valoración de la sentencia de 13 de diciembre de
2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia, en tanto título base de la ejecución.
En efecto, el demandante insiste en que la sentencia que sirve de título ejecutivo se
manifestó en un párrafo que “de la jurisprudencia referenciada, se desprende que
el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 pretende que la asignación de retiro para
los soldados profesionales, se liquide en un 70% del salario mensual a que alude el
numeral 13.2.1 del mismo decreto adicionado con un 38.5% de la prima de
Antigüedad, dicho término está haciendo referencia al salario mensual y no al
porcentaje de liquidación de la prestación”.
Al respecto, la Sala observa que el Tribunal al dictar la sentencia objetada tuvo en
consideración la sentencia de 13 de diciembre de 2017 (título ejecutivo), la decisión
de primera instancia del proceso ejecutivo, así como el recurso de apelación que
interpuso Cremil. Asimismo, señaló que para la liquidación constató que el a quo lo
hizo a partir del salario básico incrementado conforme al artículo 1 del Decreto 1794
de 2000 y se aplicaron sucesivamente los porcentajes del 70% y del 38,5% sobre
la prima de antigüedad calculada al 58,5% del salario básico.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
17 Ibíd.
18 Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
Ahora bien, la autoridad judicial accionada verificó que, si bien el juez de primera
instancia del proceso ejecutivo indicó que la prima de antigüedad debía calcularse
sobre el 58,5% de la asignación salarial mensual básica, lo cierto es que la decisión
que integra el título ejecutivo se limitó a señalar que el cálculo de la asignación de
retiro no parte del salario, sino del 70% del mismo, valor al que se adiciona el 38,5%
de la prima de antigüedad.
Es decir, contrario a lo manifestado por el demandante, la autoridad judicial
accionada sí valoró adecuadamente la sentencia de 13 de diciembre de 2017, al
punto de precisar que en el proceso ejecutivo el juez de primera instancia afirmó
que la prima de antigüedad se debía calcular sobre el 58,5% de la asignación básica
mensual, cuando en la decisión que conforma el título base de la ejecución se
dispuso que era sobre el 38,5%. Cuestión diferente es que una vez el Tribunal
realizara la liquidación evidenciara que los valores cancelados por Cremil
correspondía a la obligación establecida en el fallo dictado en la segunda instancia
del proceso declarativo.
Así las cosas, la Sala no evidencia que la autoridad judicial accionada haya incurrido
en el defecto fáctico alegado por la parte demandante.
De otro lado, el actor alegó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, pues
realizó una interpretación jurídicamente inadmisible de la normatividad aplicable,
particularmente en relación con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y las reglas
que regulan la ejecución de las sentencias judiciales, desconociendo además el
alcance vinculante de la decisión que sirve de título ejecutivo.
Al respecto, del análisis de la providencia objetada se observa que la autoridad
judicial accionada se limitó a reiterar la interpretación que se realizó en el fallo de
13 de diciembre de 2017 del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, lo que permite
concluir que la mención que se hace de dicha norma es para hacer referencia a lo
que se resolvió en el proceso declarativo.
Adicionalmente, se constató que el ejercicio realizado en la sentencia de 27 de
febrero de 2026 consistió en contrastar la obligación establecida en el título ejecutivo
con la Resolución núm. 21095 de 3 de diciembre de 2018, mediante la cual Cremil
dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 13 de diciembre de 2017 y a la
liquidación que se realizó en el curso del proceso ejecutivo, razón por la cual la Sala
no encuentra que el Tribunal Administrativo de Antioquia desarrollara alguna
interpretación relacionada con el reajuste de la asignación de retiro del demandante.
Ahora bien, resulta importante reiterar que en la sentencia objetada se precisó que
en la decisión del a quo se consideró que el reajuste de la prima de antigüedad se
debía calcular sobre el 58,5% de la asignación salarial mensual básica, cuando la
sentencia de 13 de diciembre de 2017 dispuso que el cálculo de la asignación de
retiro no parte del salario, sino del 70% del mismo, valor al que se adiciona el 38,5%
de la prima de antigüedad.
Lo anterior, no constituye una interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de
2004, sino una precisión que se hizo sobre unos porcentajes para tener en cuenta
en la liquidación de acuerdo con el título ejecutivo, lo que tampoco desconoce el
marco normativo que regula los procesos ejecutivos.
En ese orden de ideas, la Sala considera que el accionante no demostró la
configuración del defecto sustantivo alegado.
Finalmente, en relación con el alegato por violación directa de la Constitución, la
Sala no encuentra que en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-01
Accionante: Wilfredo Eliécer Díaz Ciro
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, se haya desatendido algún contenido
constitucional aplicable para resolver el caso concreto, por el contrario la decisión
contó con una importante argumentación que evidencia el reconocimiento de la
obligación establecida en el título ejecutivo, para lo cual explicó por qué se había
realizado el pago de acuerdo con lo dispuesto por el juez del proceso declarativo.
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia impugnada en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de la
acción de tutela, en tanto no se demostró la configuración de los defectos alegados.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 17 de julio de 2026, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Wilfredo Eliécer Díaz Ciro, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260308401/5092F5E4846839CF347FA76AD6F8CFAE9075DF2305D35EA31FD58A557B72F6B2/2

Nuestros Servicios:

Consulta en nuestros servicios en Revisoría Fiscal outsourcing Colombia.

◆Revisoría Fiscal
◆Outsourcing Contable
◆Asesoría Tributaria
◆Consultoría Legal
◆Asesoría Financiera
Contáctenos →

Servicios Revisoría fiscal

1. Conceptos fundamentales sobre la revisoría fiscal ¿Qué es la revisoría fiscal en Colombia? La revisoría fiscal es una institución de fiscalización privada con función pública, ejercida por contadores públicos titulados, que vigila los procesos contables, financieros, administrativos y de control interno de las sociedades. Su finalidad es dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, el cumplimiento…

Servicios Precios de transferencia

Nombre:* Nombre Apellido Teléfono:* Correo electrónico:* Asunto: —- Autorización de trato de datos:* Si Autorizo recibir nuestro boletín informativo. Para Cr Consultores Su privacidad es importante para nosotros y no comercializaremos ni entregaremos sus datos personales a terceros. Verificación: EnviarLimpiar Contáctenos 1. Conceptos básicos de precios de transferencia en Colombia 1. ¿Qué son los precios de transferencia en Colombia? Los…

Servicios de Outsourcing Contable – Servicios Contables

1. Descripción del servicio: BPO contable y tributario Un BPO (Business Process Outsourcing) contable y tributario es una empresa especializada en la tercerización de procesos contables, fiscales, de nómina y de reportería financiera. Las firmas de outsourcing contable en Colombia operan bajo la regulación de la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio, la Ley 1314 de 2009 (NIIF)…

Servicios Outsourcing nómina

  Contactenos Objetivo de la propuesta servicios liquidación nómina – Bogotá Colombia • Nómina electrónica. • Liquidación de nómina. • Liquidación de planillas. • Emisión de desprendible de pago a empleados, los cuales serán enviados a los trabajadores a sus correos electrónicos. • Liquidación de prestaciones sociales. • Liquidación de contratos. • Liquidación de retenciones en la fuente. • Generación…