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Confirmación de sanción por desacato – Fecha Publicación: 05/11/2026

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260078602

Interno: 13235

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Procede confirmar la sanción por desacato impuesta a la máxima autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4 cuando no se acreditó el cumplimiento de la orden de tutela consistente en remitir un recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de Antioquia ni se justificó su incumplimiento?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991, LEY 1755 DE 2015 – ARTÍCULO 25

— Resumen —

Resumen

El presente documento constituye el grado jurisdiccional de consulta de un incidente de desacato dentro de una acción de tutela. El Consejo de Estado analiza la legalidad de una sanción impuesta a la máxima autoridad de una unidad militar por el incumplimiento de una orden judicial previa. Dicha orden obligaba a la entidad a remitir un recurso de insistencia ante la autoridad judicial competente, luego de que se negara información a la parte actora bajo el argumento de reserva legal. A pesar de que la entidad alegó haber cumplido la orden mediante el uso de plataformas electrónicas, el alto tribunal confirmó la sanción al constatar que no existía prueba del envío efectivo ni del radicado correspondiente en el sistema SAMAI, configurándose así un incumplimiento objetivo y una conducta negligente (subjetiva). El ratio decidendi se centra en la obligatoriedad de la remisión del recurso de insistencia previsto en el CPACA y la ineficacia de las alegaciones de cumplimiento sin soporte probatorio idóneo. Aunque el texto no versa sobre un tributo específico, la controversia técnica gira en torno al cumplimiento de deberes procesales administrativos y el acceso a la información bajo reserva.

Preguntas Centrales

¿Se configuró el elemento objetivo del desacato por parte de la entidad demandada?

Sí. El documento determina que, transcurridos más de 145 días desde la orden original, el recurso de insistencia no fue recibido por el tribunal administrativo correspondiente. La simple afirmación de envío sin el soporte de confirmación de la plataforma SAMAI es insuficiente para desvirtuar el incumplimiento de la orden de tutela.

¿Existe responsabilidad subjetiva atribuible al funcionario sancionado?

Sí. La corporación judicial estableció que el funcionario no demostró diligencia ni acciones positivas orientadas al cumplimiento antes de la imposición de la sanción. El silencio ante los requerimientos previos y la falta de pruebas técnicas sobre el envío del documento demuestran una conducta negligente frente al mandato judicial.

Fundamentación Clave

Decreto Ley 2591 de 1991 (Artículos 27 y 52)

  • Regula el trámite del cumplimiento y el incidente de desacato, facultando al juez para imponer sanciones de multa y arresto ante la desobediencia de órdenes de tutela.
  • Establece que la sanción debe ser consultada ante el superior funcional para garantizar el debido proceso.

Ley 1437 de 2011 – CPACA (Artículos 25 y 26)

  • Define el procedimiento en caso de reserva legal de la información solicitada.
  • Obliga a la autoridad administrativa a remitir el recurso de insistencia al tribunal o juez administrativo dentro de los términos legales para que sea la justicia quien decida sobre el levantamiento de la reserva.

Sentencia SU-034 de 2018

  • Jurisprudencia utilizada para evaluar los factores objetivos (imposibilidad fáctica, complejidad de la orden) y subjetivos (dolo o culpa, acciones positivas de cumplimiento) en el marco de un desacato.

Carga de la prueba en entornos digitales

  • El tribunal resalta que el uso de medios electrónicos para el cumplimiento de órdenes judiciales exige la aportación de la constancia de radicación o el mensaje de confirmación de entrega para que se tenga por satisfecha la obligación.

Conclusión

El Consejo de Estado confirma la sanción de multa impuesta a la máxima autoridad de la entidad demandada, toda vez que se acreditó el incumplimiento de una orden judicial clara y expresa. La tesis principal radica en que el cumplimiento de una orden de tutela no se agota con la simple manifestación de voluntad de la entidad, sino que requiere la prueba efectiva de la gestión realizada. La negligencia administrativa en la remisión de un recurso de insistencia vulnera el acceso a la administración de justicia y justifica la potestad sancionatoria del juez constitucional.

Extracto del documento

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00786-02
Demandante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de noviem bre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00786-02
Demandante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón Grupo de
Infantería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral»
Auto – consulta incidente de desacato
La Sala decide la consulta del auto de 1 de octubre de 2026, proferido por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que decidió:
«PRIMERO: DECLARAR que el teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz en
calidad de máxima autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4
«Juan del Corral» incurrió en desacato de la orden impartida en el ordinal primero
de la parte resolutiva del fallo de 19 de marzo de 2026 por esta sección.
SEGUNDO: SANCIONAR al teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz en
calidad de máxima autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4
«Juan del Corral» con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente.
TERCERO: ORDENAR al teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, quien
representa en este asunto a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón
Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral» que dé cumplimiento al
ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de marzo de 2026
proferida por esta sección en la que se ordenó a la entidad demandada remitir, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, el
recurso de insistencia presentado por Luz Dary Ramírez Zuluaga al Tribunal
Administrativo de Antioquia – reparto, para lo de su competencia.
CUARTO: ADVERTIR al funcionario sancionado que la suma correspondiente a
la multa deberá ser consignada dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura,
en la cuenta prevista para tal fin, valor que deberá salir de su propio patrimonio.
QUINTO: NOTIFICAR en forma personal al teniente coronel Jorge Alberto Acosta
Ortiz y REMITIR el expediente a reparto del Consejo de Estado, con el fin de surtir
el grado jurisdiccional de consulta.»
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La señora Luz Dary Ramírez Zuluaga, por intermedio de apoderado, interpuso acción
de tutela contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón Grupo de
Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», el Consejo Superior de la Judicatura
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales de petición y de acceso a la información.
Narró que el 26 de noviembre de 2025 solicitó al Grupo de Caballería «Juan del
Corral» información sobre las operaciones militares desarrolladas durante el año 2004
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Demandante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
en los municipios de Marinilla y El Santuario, con el fin de conocer los hechos en los
que falleció su compañero permanente, Luis Franco Aristizabal, el 21 de marzo de
2004.
Mediante oficio PQRSD 126-5191 del 3 de diciembre de 2025, la entidad negó lo
pedido en el punto segundo por estar sujeto a reserva legal.
El 9 de diciembre de 2025 la actora interpuso recurso de insistencia, en el que sostuvo
que la reserva había expirado porque el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014 la limita a
15 años, y alegó que la entidad no lo remitió a la autoridad judicial competente.
El 19 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Quinta, profirió fallo de primera
instancia en el que amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de la señora Ramírez Zuluaga y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de
Defensa Nacional – Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del
Corral», que remitiera el recurso de insistencia presentado por Luz Dary Ramírez
Zuluaga al Tribunal Administrativo de Antioquia, para lo de su competencia, en los
siguientes términos:
«PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de Luz Dary Ramírez Zuluaga.
En consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional – Batallón Grupo
de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión remita el recurso de
insistencia presentado por Luz Dary Ramírez Zuluaga al Tribunal Administrativo
de Antioquia – reparto, para lo de su competencia.»
La decisión no fue impugnada.
2. Solicitud de cumplimiento del fallo
Mediante escrito del 24 de agosto de 2026, la señora Luz Dary Ramírez Zuluaga, por
intermedio de apoderado, promovió incidente de desacato, porque la entidad
accionada incumplió la orden de tutela de 19 de marzo de 2026, pues a la fecha de
radicación del incidente, transcurrieron 145 días sin que el accionado radicara el
recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Sostuvo que dicho incumplimiento prolonga la vulneración del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, pues impide que el Tribunal Administrativo
de Antioquia asuma la competencia del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 y defina si
la información solicitada debe mantenerse bajo reserva o entregarse total o
parcialmente.
3. Trámite previo
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto de 26 de agosto de 2026
requirió a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón Grupo de Infantería
Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral» para que se pronunciara sobre el cumplimiento
del fallo del 19 de marzo de 2026 e informara el nombre, apellido, cargo y correo de
notificación de la persona encargada de dar cumplimiento a la orden de tutela; sin
embargo, la institución demandada guardó silencio.
En auto de 10 de septiembre de 2026 el Consejo de Estado, Sección Quinta, abrió
incidente de desacato contra «el teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz en calidad de
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máxima autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral»»,
para que presentara los elementos probatorios y argumentativos que considerara
pertinentes para acreditar el cumplimiento del fallo del 19 de marzo de 2026, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y, asimismo, indicara el correo personal e
institucional del teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz.
Las providencias fueron notificadas a los correos electrónicos: gmcor@ejercito.mil.co;
dra.sampedro12@gmail.com; div07@ejercito.mil.co;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
;gmcor@ejercito.mil.co; dra.sampedro12@gmail.com; div07@ejercito.mil.co;
sac@ejercito.mil.co; ceoju@ejercito.mil.co y registrocoper@ejercito.mil.co.
4. Intervenciones
El teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz reiteró los argumentos presentados
en la contestación de la acción de tutela de la referencia sin pronunciamiento alguno
frente a la orden impartida en el fallo de tutela del 19 de marzo de 2026.
5. Auto consultado
El 1 de octubre de 2026, el Consejo de Estado, Sección Quinta, impuso sanción por
desacato al señor teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, en calidad de máxima
autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», en
monto de un salario mínimo legal mensual vigente.
Al efecto, precisó que la apertura del trámite fue debidamente notificada al teniente
coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz y, en cuanto al cumplimiento del fallo de tutela,
puso de presente que la orden relativa a la radicación del recurso de insistencia ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia no ha sido cumplida, porque no acreditó en
ninguna etapa del proceso dicha remisión.
Anotó que el 26 de noviembre de 2025 la accionante elevó derecho de petición ante
el Batallón Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», con el fin de
obtener información sobre los hechos en los que falleció Luis Franco Aristizabal el 21
de marzo de 2004, su entonces compañero permanente.
Por lo anterior, indicó que mediante el oficio PQRSD 126-5191 del 3 de diciembre de
2025, la autoridad negó la información solicitada al argumentar que gozaba de reserva
legal. Frente a esto, el 9 de diciembre de 2025 la señora Ramírez Zuluaga interpuso
recurso de insistencia, sosteniendo que dicha reserva ya expiró, dado que
transcurrieron más de 15 años entre los hechos investigados y su petición del 26 de
noviembre de 2025.
Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 26 del CPACA, el accionado tenía la
obligación de remitir el recurso al tribunal correspondiente para que lo resolviera
dentro de los diez días siguientes a su radicación y que, sin embargo, de lo consultado
en el expediente de tutela, no evidenció prueba alguna del cumplimiento de la orden
impartida en el fallo de 19 de marzo de 2026.
Concluyó que se configuró el elemento objetivo de responsabilidad atribuible al
incidentado, porque, pese a la orden impartida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, el recurso de insistencia presentado por la accionante frente a la información
cuya entrega le fue negada por razones de reserva legal no ha sido remitido a la
autoridad judicial competente.
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En cuanto al elemento subjetivo, consideró que el obligado no demostró haber
realizado ninguna gestión dirigida a acatar el fallo judicial. En su lugar, se restringió a
reproducir los argumentos de su respuesta inicial a la petición, los cuales resultan
impertinentes frente a la obligación específica impuesta en la sentencia de tutela.
6. Intervenciones
El mayor José Edwin Becerra Cardozo, Ejecutivo y Segundo Comandante del
Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», se pronunció el 7 de
octubre de 2026 y reiteró que la accionante recibió respuesta al derecho de petición
el 3 de diciembre de 2025 en la cual informó de la reserva legal relacionada con las
operaciones militares desplegadas en el año 2024.
Aseveró que el 6 de octubre de 2026 remitió por medio de la plataforma SAMAI el
recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de Antioquia para lo de su cargo. Por
lo anterior, indicó que no incurrió en conductas negligentes que materialicen el
desconocimiento de la instrucción conferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
Alegó que la sanción personal contra el teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz no
debió fundamentarse de manera objetiva en su calidad de comandante de la unidad,
ni en el simple transcurso del tiempo entre la notificación del fallo y su acatamiento.
Por el contrario, sostuvo que la responsabilidad exige demostrar una conducta
concreta atribuible al funcionario; para ello, resulta indispensable identificar
previamente al servidor, determinar su competencia funcional específica, verificar si
recibió la orden judicial y constatar si disponía de la capacidad material y jurídica para
ejecutarla.
Señaló que, tras remitir el recurso de insistencia al tribunal, se dio pleno cumplimiento
a lo ordenado en la sentencia del 19 de marzo de 2026. En consecuencia, la sanción
impuesta contra el oficial el 1 de octubre de 2026 carecería de objeto y resultaría
improcedente.
Finalmente, aseguró que con la manifestación de 7 de octubre de 2026 se dio
respuesta al requerimiento efectuado en auto de 26 de agosto de 2026.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Incidente de desacato – Generalidades
El artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que una vez se profiera el fallo
que concede la tutela, la autoridad responsable de la amenaza o vulneración de los
derechos constitucionales fundamentales debe cumplirlo sin demora y que si no lo
hace dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, el juez se dirigirá al superior
de aquel y lo requerirá para que lo haga cumplir y le abra el correspondiente
procedimiento disciplinario, so pena de que si no procede en esa forma también se
atenga a las consecuencias disciplinarias.
La citada disposición establece igualmente que el juez podrá sancionar por desacato
al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia y que, en todo caso,
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá
competencia hasta que quede restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza.
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Por su parte, el artículo 52 ibídem señala que quien incumpla una orden de tutela
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta
de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanciones que impondrá
el juez que dictó la decisión mediante trámite incidental y que deben ser consultadas
ante el superior funcional de aquel, quien decidirá si las revoca o no.
La Sala recuerda que el incumplimiento del fallo y el desacato hacen relación a la
responsabilidad jurídica. Sin embargo, el primero se refiere a la constatación de un
hecho objetivo, el simple incumplimiento, mientras que el segundo implica comprobar
una responsabilidad subjetiva, lo que diferencia la facultad de hacer cumplir el fallo de
tutela, del poder sancionatorio que recae sobre el allanado a cumplirlo.
Entonces, en el incidente de desacato se deben analizar los siguientes aspectos:
El incumplimiento del fallo de tutela, en el que basta con verificar que la orden
impartida no se materializó y que el derecho o derechos amparados se siguen
vulnerando. En este punto es relevante tomar las medidas necesarias para
salvaguardar los derechos del actor.
La responsabilidad subjetiva de quien debió cumplir la orden, donde se acude al
régimen sancionatorio para determinar el grado de culpabilidad del funcionario y las
circunstancias de justificación, agravación o atenuación de su conducta.
El desacato implica el ejercicio de la potestad sancionatoria en cabeza del juez de
tutela, razón por la cual se hace imperioso el respeto al debido proceso y al derecho
de defensa de la autoridad o del particular, en los casos establecidos en la ley, por
cuya culpa se haya omitido el cumplimiento de una sentencia.
De la sanción a consultar
La señora Luz Dary Ramírez Zuluaga, por intermedio de apoderado, promovió
incidente de desacato contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón
Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral» por el incumplimiento de la
orden del fallo de tutela proferido el 19 de marzo de 2026, por el Consejo de Estado,
Sección Quinta.
El 1 de octubre de 2026, el Consejo de Estado, Sección Quinta, impuso sanción por
desacato al señor teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, en calidad de máxima
autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», en
monto de un salario mínimo legal mensual vigente, pues no dio cumplimiento al fallo
de tutela con la remisión del recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de
Antioquia.
Con posterioridad a la sanción por desacato impuesta por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, en memorial de 7 de octubre de 2026, el mayor José Edwin Becerra
Cardozo, Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado nro.
4 «Juan del Corral», explicó que el 6 de octubre de 2026 fue remitido el recurso de
insistencia por medio de la plataforma SAMAI al Tribunal Administrativo de Antioquia
por lo que no había lugar a la imposición de la sanción.
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En atención a lo anterior, la Sala debe efectuar la verificación de los factores objetivo
y subjetivo que, de acuerdo con la sentencia SU-034 de 201821, resultan
determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de sus
destinatarios.
A fin de verificar si el presunto incumplimiento se encuentra justificado, la Sala
encuentra necesario referirse a las motivaciones de la sentencia de tutela de 19 de
marzo de 2026, en extenso, para ubicar el contexto en que fue proferida la orden de
amparo. Así:
«40. Ahora bien, en relación con el segundo punto de la petición, se advierte que la
vulneración adjudicada por la parte actora radica en que la autoridad le negó la información
con fundamento en que estaba sujeta a reserva legal, pero no atendió lo que dispone el
artículo 25 de la Ley 1755 de 2015 cuando se invoca dicha excepción, aunado a que no
remitió su recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
41. Frente al primer reproche, se advierte que el artículo 25 de la Ley 1755 de 2015 indica
que «[t]oda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será
motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de
información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario.».
42. De la revisión de la respuesta dada por la autoridad peticionada se encuentra que
indicó las normas en las que sustenta la reserva legal de la información solicitada.
43. Por otra parte, la peticionaria radicó mediante correo electrónico del 9 de diciembre de
2025, en el mismo mensaje de datos a través del que le fue notificada la respuesta a su
petición.
44. Cabe destacar que el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 regula la figura de «insistencia
del solicitante en caso de reserva», sobre la que tiene competencia en este caso el
Tribunal Administrativo de Antioquia, al ser la autoridad peticionada del orden nacional.
Además, de conformidad con la norma en mención, el recurso se tramita por parte del
funcionario respectivo con el envío de la documentación a la autoridad judicial
competente para que lo resuelva dentro de los diez días siguientes.
(…)
46. Así las cosas, el único mecanismo judicial para obtener la información que le fue
negada a la actora por presunta reserva legal, con el que cuenta, en caso de tener derecho
de acceder a esta y del que hizo uso, es el recurso de insistencia, frente al cual no se
manifestó de forma alguna el Grupo de Caballería Mediano Nro. 4 «Juan del Corral».
47. Al respecto, a partir del material obrante en el expediente se extrae que se vulneró el
derecho de acceso a la información de Luz Dary Ramírez Zuluaga, al no haber prueba
que constate el envío efectivo de su recurso de insistencia ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Batallón
Grupo de Caballería Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», pese a que la accionante
lo radicó dentro del término que dispone el artículo 26 del CPACA.
48. Por ende, se amparará el derecho de acceso a la administración de justicia de la actora,
el cual para el caso solamente se satisface con el envío del recurso de insistencia que
presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional – Batallón Grupo de Caballería
Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral», en procura de que se determine si lo que pidió en el
punto 2 de su petición goza de reserva legal como lo indicó la autoridad peticionada».
1 M.P. Alberto Rojas Ríos. Entre los factores objetivos, “pueden tomarse en cuenta variables como (i) la imposibilidad fáctica o
jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado
para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo, y
(vii) el plazo otorgado para su cumplimiento”. En cuanto a los factores subjetivos se debe valorar “(i) la responsabilidad subjetiva
(dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas
al cumplimiento”. En cualquier caso, se pueden apreciar otras circunstancias que le permitan al juez constitucional evaluar la
conducta del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00786-02
Demandante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
De acuerdo con lo anterior, se advierte, de un lado, que el fallo de tutela de 19 de
marzo de 2026 orientó la orden con el único propósito de que la accionada cumpliera
con el mandato legal de remitir el recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de
Antioquia.
La Sala advierte que, como lo concluyó el auto de 1 de octubre de 2026, desde el
punto de vista objetivo se encuentra acreditado que el recurso de insistencia
presentado por la señora Luz Dary Ramírez Zuluaga frente a la información que le fue
negada por razones de reserva legal no ha sido remitido al Tribunal Administrativo de
Antioquia, pese a la orden expresa contenida en el fallo de tutela del 19 de marzo de
2026.
Si bien en el memorial del 7 de octubre de 2026 el mayor José Edwin Becerra Cardozo
informó que el recurso fue remitido el 6 de octubre de 2026 a través de la plataforma
SAMAI, no allegó prueba que acredite su recibo por parte del tribunal. En efecto, no
aportó la confirmación de entrega del mensaje de datos ni la constancia de radicación
del escrito en SAMAI, por lo que no es posible tener por demostrado que la autoridad
judicial competente efectivamente recibió el recurso.
Además, consultado el aplicativo SAMAI, la Sala constató que durante el mes de
octubre de 2026 solo se han repartido cuatro recursos de insistencia en el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dos el 13, uno el 14 y otro el 27 de octubre de 2026, como
se observa a continuación:
Revisados los recursos de insistencia repartidos en ese periodo, la Sala advierte que
ninguno corresponde al presentado por la señora Luz Dary Ramírez Zuluaga, ni fue
remitido por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón Grupo de Infantería
Mecanizado nro. 4 «Juan del Corral». Por tanto, no existe registro de que el recurso
haya sido efectivamente recibido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que
confirma que la orden de tutela permanece incumplida.
En cuanto al componente subjetivo, se observa que el funcionario encargado del
cumplimiento no acreditó, antes de la imposición de la sanción, actuación alguna
encaminada a satisfacer el mandato judicial, y se limitó a reiterar los argumentos
expuestos en la respuesta inicial a la petición, los cuales resultan ajenos al deber
específico ordenado en la sentencia de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00786-02
Demandante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
Cabe resaltar que todas las providencias proferidas en este trámite fueron
debidamente notificadas a los correos electrónicos de las partes, de modo que la
entidad accionada siempre tuvo conocimiento de las órdenes impartidas. En particular,
mediante auto del 26 de agosto de 2026 se le requirió para que, en el término de dos
días, se pronunciara sobre lo argumentado por la accionante, acreditara con las
constancias respectivas las actuaciones surtidas para remitir al Tribunal Administrativo
de Antioquia el recurso de insistencia presentado el 9 de diciembre de 2025, e indicara
el funcionario encargado del cumplimiento y sus correos de notificación.
Pese a ello, la accionada guardó silencio dentro del término concedido y solo el 7 de
octubre de 2026, con posterioridad a la imposición de la sanción, informó el presunto
envío del recurso, sin que aportara pruebas que acrediten el cumplimiento.
Para la Sala, esta conducta es negligente frente al cumplimiento de la orden de
amparo, que desconoce el carácter vinculante e inmediato de las decisiones judiciales
y el deber de las autoridades de acatarlas oportunamente, conforme a los artículos 86
de la Constitución Política y 27 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Por otra parte, la sanción se impuso al teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, en
calidad de máxima autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado nro. 4
«Juan del Corral», por ser el responsable de la unidad a la que se dirigió la orden de
tutela. Según la verificación efectuada por el despacho sustanciador en la página web
del Ejército Nacional, dicho oficial ejerce actualmente esa función, a pesar de que la
entidad no informó las direcciones de correo electrónico institucional y personal
habilitadas para su notificación, como le fue requerido.
En consecuencia, comoquiera que no se acreditó el cumplimiento de la orden de tutela
como tampoco se justificó su incumplimiento, se encuentra adecuada la sanción
impuesta por desacato, por lo que se impone confirmar la providencia de 1 de octubre
de 2026, mediante la cual se impuso la sanción por desacato.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Confirmar el auto de 1 de octubre de 2026, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Quinta.
2. Por Secretaría General, prevenir al teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz,
en calidad de máxima autoridad del Batallón Grupo de Infantería Mecanizado
nro. 4 «Juan del Corral», para que dé cumplimiento inmediato al fallo de tutela
de 19 de marzo de 2026, de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia y, una vez ocurra, informen de la gestión al
Consejo de Estado, Sección Quinta.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al despacho de origen.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00786-02
Demandante: Luz Dary Ramírez Zuluaga
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260078602/5760822202AF61922D729F42FE9269D9E9EAC4E368A3ABF80F2C1D54B655E726/2

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