📅 05/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260714600
Interno: 11261
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 05/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al revocar la sentencia favorable de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 211
— Resumen —
Resumen
El presente documento contiene una sentencia de acción de tutela en primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El proceso se origina en la inconformidad de la parte actora frente a una sentencia de segunda instancia que revocó la nulidad de su sanción disciplinaria. El conflicto jurídico surge a raíz de una sanción de destitución e inhabilidad general impuesta a un miembro de la Policía Nacional por consumir bebidas embriagantes durante el servicio, hecho acreditado mediante una prueba de alcoholemia. El demandante alegó la existencia de un defecto fáctico y falta de motivación, argumentando que la prueba técnica carecía de confiabilidad, que el operador no era idóneo y que se vulneró su derecho a la igualdad frente a otros procesados. Tras analizar el acervo probatorio, el alto tribunal determinó que la valoración realizada por la autoridad judicial accionada fue razonable, ajustada a la normativa vigente al momento de los hechos (año 2011) y que no se configuraron los defectos alegados, procediendo a negar el amparo solicitado.
Ratio Decidendi: En procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de sanción disciplinaria por embriaguez, la validez de la prueba de alcohosensor se sujeta a la normativa técnica vigente al momento de su práctica (tempus regit actum). La Sala establece que un resultado técnico con un margen de error mínimo entre mediciones (1 mg%) constituye prueba suficiente y autónoma para desvirtuar la presunción de inocencia, siempre que el operador cuente con la capacitación exigida por la ley de la época, sin que sea aplicable retroactivamente una mayor intensidad horaria de formación exigida por normas posteriores.
Preguntas Centrales
¿Incurrió el Tribunal accionado en un defecto fáctico al otorgar valor probatorio autónomo a la prueba de alcoholemia?
No. El documento indica que, aunque una de las declaraciones testimoniales de cargo no era suficiente por sí sola, la prueba técnica de alcoholemia conservó plena validez e idoneidad. El tribunal verificó que los resultados (0,94 g/L y 0,93 g/L) fueron obtenidos mediante un procedimiento legalmente autorizado y por personal competente según las normas de 2011.
¿Era exigible una capacitación mínima de 24 horas para el operador del alcohosensor en el año 2011?
No. La providencia aclara que la exigencia de una capacitación de 24 horas fue introducida por la Resolución 1844 de 2015. Al momento de los hechos, regía la Resolución 414 de 2002, la cual exigía demostrar idoneidad pero no fijaba una intensidad horaria específica, por lo que el curso de 16 horas acreditado por el operador se consideró suficiente.
¿Se vulneró el derecho a la igualdad respecto a otros uniformados que obtuvieron fallos favorables?
No. El documento resuelve que la situación de los otros investigados era distinta, pues en sus casos la prueba de alcoholemia había sido declarada jurídicamente inexistente debido a que la diferencia entre sus mediciones superaba los límites permitidos por el Reglamento Técnico Forense. En el caso de la parte actora, la diferencia fue de solo 1 mg%, lo que mantuvo la validez de su prueba.
Fundamentación Clave
Normativa sobre Tránsito y Control de Embriaguez
- Ley 769 de 2002 y Ley 938 de 2004: Marco legal para la práctica de pruebas de embriaguez por autoridades de tránsito.
- Resolución 414 de 2002: Norma vigente al momento de los hechos que regulaba los parámetros de la prueba de alcoholemia.
- Resolución 001183 de 2005: Reglamento Técnico Forense que define los márgenes de error aceptables entre la primera y segunda medición.
Jurisprudencia sobre Control Judicial Integral
- Sentencia de Unificación del Consejo de Estado (9 de agosto de 2016): Establece que el control judicial de los actos disciplinarios es integral y permite revisar la valoración probatoria realizada en sede administrativa sin que ello implique una “tercera instancia” arbitraria.
Principios del Debido Proceso
- Presunción de Inocencia: El documento resalta que esta se desvirtúa ante la existencia de una prueba técnica idónea y concluyente que no fue tachada exitosamente de falsa o irregular.
- Defecto Fáctico: Se reitera que este solo ocurre cuando hay una valoración arbitraria, irracional o caprichosa, lo cual no se demostró en este caso.
Conclusión
La Sala decide negar el amparo solicitado, concluyendo que la sentencia que mantuvo la sanción disciplinaria no vulneró derechos fundamentales. Se ratificó que la prueba de alcoholemia cumplió con los estándares de confiabilidad científica y jurídica, que el operador estaba debidamente facultado bajo las normas vigentes en 2011 y que la diferencia de resultados con otros compañeros de servicio obedeció a circunstancias técnicas objetivas y no a una discriminación injustificada.
Extracto del documento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07146-00
Demandante: Fabio Luis Beltrán Barona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07146-00
Demandante: Fabio Luis Beltrán Barona
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del
derecho. Defecto fáctico y falta de motivación. Valoración
probatoria
Sentencia primera instancia
Decide la Sala la acción de tutela presentada por el señor Fabio Luis Beltrán Barona
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de septiembre de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
presunción de inocencia y el derecho a una decisión motivada en conexidad con el
principio de igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«[…] 2. Como consecuencia de lo anterior, solicito dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia de fecha veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026) dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del radicado 08-001-33-33-012-2017-00219-
01, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA DE DECISIÓN ORAL “C” que revoco la sentencia proferida por Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Barranquilla del 24 de octubre de 2025, que había accedido
parcialmente a las pretensiones del accionante
ORDENAR al Tribunal accionado que, dentro del término de 48 horas siguiente a la
notificación de esta providencia o al termino que señale el juez constitucional, profiera una
nueva decisión en la que:
a) Delimite expresamente el alcance de los cargos de las apelaciones presentadas contra
la sentencia de primera instancia.
b) Identifique todos los fundamentos autónomos de la sentencia de primera instancia.
c) Valore conjunta y razonadamente las anomalías de la prueba de alcoholemia.
d) Explique la credibilidad atribuida a cada testimonio.
e) Determine si se acreditaron la identidad y competencia del operador.
d) Examine la integridad, calibración y trazabilidad del instrumento.
f) Establezca si el conjunto probatorio alcanzaba el grado de certeza necesario para imponer
la sanción disciplinaria.
g) la nueva decisión deberá analizar de manera expresa el auto del 26 de noviembre de
2014; la razón objetiva de la exclusión; autoría, capacitación, calibración y trazabilidad;
caída del equipo; tiempos entre ensayos; exhibición de resultados; testimonios de cargo y
descargo; estándar de certeza; y precedentes comparados. y completa la totalidad de las
condiciones de aseguramiento de la calidad de la prueba de alcoholemia practicada al
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accionante, incluyendo, según la prueba disponible en el expediente, calibración del equipo,
idoneidad del operador, método utilizado, trazabilidad del procedimiento y demás elementos
relevantes.»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
La situación que da origen al medio de control
El 28 de septiembre de 2011, el patrullero Fabio Luis Beltrán Barona, integrante de
la Fuerza de Control Urbano (FUCUR) Nacional, que se encontraba en comisión en
el Departamento de Policía de Sucre al mando del entonces subteniente Arturo
Salamanca Moyano, sufrió un accidente de tránsito cuando, junto con otros
integrantes de su unidad, se dirigía en un vehículo oficial tipo camión de estacas, de
placas SKN-446, al Comando de Policía de Sincelejo por la vía Chochó–Sincelejo,
luego de participar en una tarde recreodeportiva programada a partir de las 14:00
horas en el plan de trabajo núm. 014 de la unidad, suscrito por el teniente coronel
John Milton Arévalo Rodríguez, comandante del Distrito de Policía núm. 1 de
Sincelejo, y autorizada por el Comando de Departamento como actividad del
servicio.
Según el informe del comandante del Distrito (oficio núm. 386 del 29 de septiembre
de 2011), hacia las 19:30 horas, a la altura del corregimiento de Castañeda, el
conductor, patrullero Andrés Ramírez Gómez, perdió el control del vehículo en una
curva, se salió de la vía y colisionó contra una vivienda.
En el accidente resultaron lesionados los patrulleros Sergio Luis Rangel Riquett,
Edgar Cubides Hernández y Mario Jesús Antequera Cardanoza, así como Yanis
Yaneth Trejos Amador, particular que viajaba en el camión con Alexander Castillo
Chitiva. Al lugar acudieron el comandante de Tránsito del Departamento de Policía
de Sucre y una patrulla de tránsito urbano, que dispusieron el traslado de los heridos
a la Clínica Santa María.
Los policías fueron trasladados a la Clínica Santa María, donde personal de la
Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Sucre, por orden
del comandante del Distrito, les practicó pruebas de embriaguez por el método
indirecto de alcohosensor (aire espirado). Al tutelante se le practicaron dos ensayos,
el núm. 0466 a las 23:27 horas y el núm. 0467 a las 23:32 horas, los últimos de una
jornada de pruebas que se inició a las 20:25 horas, que registraron 0,94 g/L y 0,93
g/L, correspondientes a primer grado de embriaguez. Las tirillas fueron suscritas por
el subintendente de tránsito Álvaro Alfonso Pérez Álvarez, y el patrullero Juan Carlos
Atencia Caraballo firmó como testigo.
A partir de estos hechos, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento
de Policía de Sucre abrió el 2 de octubre de 2011 la indagación preliminar contra
seis de los uniformados, entre ellos el tutelante, y, el 4 de octubre siguiente, recibió
de oficio la declaración de Yanis Yaneth Trejos Amador, quien afirmó que había sido
invitada a la tarde recreativa en Segovia por un policía amigo suyo y que, desde el
mediodía, «todos» los presentes habían consumido cerveza y aguardiente.
Por la presunta participación de un oficial, el 6 de octubre de 2011 la actuación se
remitió por competencia a la Inspección Delegada de la Región Ocho de la
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Inspección General de la Policía Nacional, que la avocó el 12 de octubre de 2011,
vinculó al subteniente Arturo Salamanca Moyano el 20 de febrero de 2012 y, el 27
de marzo de 2012, abrió investigación disciplinaria en contra del tutelante y otros
seis uniformados bajo el número REG18-2012-31.
Cerrada la investigación el 29 de julio de 2013, el 12 de noviembre de 2013 se
formuló pliego de cargos en el que se le imputó al accionante la falta gravísima
prevista en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, consistente en
consumir o estar bajo los efectos de bebidas embriagantes durante el servicio,
atribuida a título de dolo.
En los descargos, el apoderado de los siete investigados admitió que las pruebas de
alcoholemia arrojaron resultados positivos, pero sostuvo que se trató de una
embriaguez accidental e involuntaria, producida por el etanol que se derramó sobre
los policías, y cuestionó la legalidad de esas pruebas por falta de consentimiento
informado. Asimismo, solicitó varias pruebas, entre ellas la copia de la investigación
penal adelantada por la Fiscalía 22 Seccional de Sincelejo contra Trejos Amador por
falso testimonio, los testimonios de los testigos de la defensa, de Pérez Álvarez y de
Atencia Caraballo, un dictamen de Medicina Legal sobre la embriaguez accidental,
la calibración del equipo y el procedimiento seguido, y el interrogatorio de los
investigados.
Mediante providencia del 5 de mayo de 2014, la Inspección decretó las pruebas
solicitadas por la defensa, salvo la historia clínica de los investigados y el testimonio
del médico Víctor Hugo de León, y, de oficio, ordenó allegar las certificaciones de
idoneidad de Pérez Álvarez y Atencia Caraballo y los certificados de calibración del
alcohosensor; sin embargo, no se pronunció sobre la declaración de Yanis Yaneth
Trejos Amador. Asimismo, indicó que contra la negativa de pruebas procedían los
recursos de ley; no obstante, no se interpuso recurso alguno por parte del tutelante,
como se puede ver en la constancia secretarial del 14 de mayo de 2014.
El 30 de mayo de 2014, el apoderado de los investigados objetó la práctica de la
declaración de Yanis Yaneth Trejos Amador, programada para el 5 de junio de 2014,
mediante escrito titulado «recurso de reposición, objeción a práctica de pruebas», y le
solicitó al inspector de conocimiento que se abstuviera de practicarla, toda vez que
no había sido decretada en el auto del 5 de mayo de 2014, al que calificó de
«debidamente ejecutoriado», y porque practicarla violaba el derecho de defensa y el
debido proceso de los investigados. Por lo anterior, la citada inspección, a través del
oficio núm. S-2014-177241 INSGE-INSDE8 del 3 de junio de 2014, se abstuvo de
practicar la declaración bajo el argumento de que le asistía razón al apoderado, ya
que dicha prueba no había sido decretada. Precisó que podría decretarla de oficio si
lo consideraba necesario. Entre el 3 y el 6 de junio de 2014 se recibieron los
testimonios de la defensa y, luego, los de Pérez Álvarez, quien declaró haber
practicado las pruebas y que «algunos» de los policías presentaban aliento
alcohólico, y de Atencia Caraballo, quien afirmó que firmó las tirillas como testigo y
que cada prueba se hizo con boquilla nueva.
Durante la etapa probatoria se incorporaron el dictamen de Medicina Legal, según
el cual es improbable que el etanol vertido sobre el cuerpo se absorba en cantidad
suficiente para producir embriaguez; los certificados de calibración del alcohosensor
expedidos en 2011, y la certificación de la Escuela de Medicina Legal según la cual
Pérez Álvarez participó en el curso de capacitación para el manejo de
alcohosensores de los días 4 y 5 de noviembre de 2008, con una intensidad de 16
horas. Además, mediante auto del 31 de octubre de 2014, la Inspección dejó
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constancia de que en la actuación no existía cadena de custodia de las pruebas de
embriaguez.
Mediante auto del 26 de noviembre de 2014, la Inspección Delegada Región de
Policía Ocho resolvió la solicitud de nulidad que el apoderado de los siete
investigados había formulado contra la totalidad de las pruebas de embriaguez.
Dicha solicitud se fundó en la ausencia de cadena de custodia, de constancias de
error e incertidumbre y de consentimiento informado. También en que, en algunos
casos, las dos lecturas del alcohosensor presentaban entre sí una diferencia mayor
a la permitida por el numeral 4.4.3.7 del Reglamento Técnico Forense adoptado
mediante la Resolución 001183 de 2005 del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Según esa norma, cuando la segunda lectura se encuentra entre
40 y 100 mg %, la diferencia entre ambas no puede superar 5 mg %; y cuando es
igual o superior a 100 mg %, el cociente entre la primera y la segunda debe estar
entre 0,95 y 1,05. De no cumplirse esa condición, la prueba debe repetirse,
preferiblemente con otro operador.
La mencionada Inspección negó la nulidad. No obstante, declaró la inexistencia de
las pruebas practicadas a Óscar Javier Lagos Castillo, Andrés Ramírez Gómez y
Sergio Luis Rangel Riquett, porque sus dos lecturas no cumplían esa condición y la
prueba no se había repetido. Mantuvo las pruebas de los demás investigados, entre
ellas la del tutelante, cuyas lecturas fueron de 0,94 g/L y 0,93 g/L, con una diferencia
de 1 mg %. La reposición contra la negativa de nulidad fue resuelta
desfavorablemente el 1.º de diciembre de 2014.
El 16 de febrero de 2015, el MDN-PN, Inspección Delegada Región de Policía núm.
8, declaró disciplinariamente responsable a Fabio Luis Beltrán Barona, donde se
concluyó que se encontraba acreditada la falta disciplinaria prevista en el numeral
26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, catalogada como gravísima y atribuida a
título de dolo, consistente en consumir o encontrarse bajo los efectos de bebidas
embriagantes o sustancias generadoras de dependencia física o psíquica durante el
servicio, por lo que se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para
el ejercicio de cargos públicos, por el término de diez (10) años, el mínimo legal, en
atención a su buena conducta anterior. En la misma decisión absolvió a Diego
Hernán Ortiz Mejía, por haberse acreditado que ese día tenía permiso, y sancionó a
los otros cinco investigados. Respecto del tutelante, el fallo se fundó en el resultado
de la prueba de alcoholemia, practicada por un funcionario certificado y con un
equipo calibrado; en la declaración de Trejos Amador, que consideró concordante
con ese resultado; en el testimonio de Pérez Álvarez, y en el plan de trabajo que
acreditaba que la jornada era una actividad del servicio. Además, descartó la tesis
de la embriaguez accidental con base en el dictamen pericial y en que las pruebas
se practicaron horas después del accidente.
El 23 de febrero de 2015, la defensa interpuso recurso de apelación al considerar
que la decisión estuvo afectada por falta de objetividad y parcialidad del fallador, no
se valoró debidamente el acervo probatorio y se le vulneró el debido proceso, el
derecho de defensa y la presunción de inocencia. Sostuvo que se otorgó credibilidad
injustificada al testimonio de Yanis Yaneth Trejos Amador, mientras se descartaron
como sospechosos e inverosímiles los testimonios de la defensa; que no se efectuó
un adecuado análisis de la culpabilidad y se incurrió en responsabilidad objetiva; y
que las pruebas de embriaguez presentaban irregularidades relacionadas con las
firmas de quien las practicó, la ausencia de consentimiento informado y de cadena
de custodia, además de que algunas habían sido declaradas inexistentes y, por
tanto, no podían emplearse para sustentar la responsabilidad.
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Asimismo, alegó que el subteniente Arturo Salamanca Moyano, también investigado,
no pudo controvertir oportunamente el testimonio de la señora Trejos Amador porque
aún no había sido vinculado cuando este se recibió; cuestionó la compulsa de copias
respecto de testigos de la defensa; afirmó la existencia de una circunstancia
eximente de responsabilidad por caso fortuito; y, finalmente, pidió practicar en
segunda instancia el testimonio de Orlando Castrillón y compulsar copias del
testimonio de Trejos Amador para que fuera investigada por falso testimonio.
El 27 de marzo de 2015, la Inspección General – Área de Procesos Disciplinarios –
Grupo de Procesos Disciplinarios de Segunda Instancia confirmó íntegramente la
sanción. Esa decisión quedó ejecutoriada el 14 de abril de 2015, y la sanción fue
ejecutada mediante la Resolución núm. 02886 del 1.º de julio de 2015, expedida por
el director general de la Policía Nacional, por medio de la cual se retiró del servicio
al tutelante.
Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (08001-33-33-
012-2017-00219-00/01)
El 19 de octubre de 2017, el señor Fabio Luis Beltrán Barona promovió demanda a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en busca de la nulidad
de los fallos disciplinarios de primera instancia, del 16 de febrero de 2015, y de
segunda instancia, del 27 de marzo de 2015, que confirmó el anterior, así como de
la Resolución núm. 02886 del 1.º de julio de 2015, que ejecutó la sanción. A título de
restablecimiento del derecho, pidió el reintegro al cargo o a uno de igual o superior
categoría, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir sin solución de
continuidad y perjuicios morales.
Formuló dos cargos de nulidad, a saber: por expedición irregular, porque la entidad
no acreditó de qué manera la conducta afectó las funciones a cargo del demandante,
como lo exigía el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, y por falsa motivación, porque
la declaratoria de responsabilidad se fundó principalmente en la declaración de la
señora Yanis Yaneth Trejos Amador y en el testimonio del subintendente de tránsito
Álvaro Alfonso Pérez Álvarez, medios de prueba que, a su juicio, no acreditaban de
manera válida el consumo de bebidas alcohólicas durante el servicio.
Adujo, además, que la autoridad disciplinaria omitió valorar los testimonios de otros
declarantes que cuestionaban la credibilidad y motivaciones de la señora Trejos
Amador, quienes afirmaban que esta actuó con animadversión hacia los
investigados. Igualmente, señaló que se vulneró su derecho de defensa y
contradicción porque, pese a haber solicitado oportunamente que dicha testigo fuera
nuevamente escuchada para controvertir su versión, la prueba no fue decretada ni
practicada. Sostuvo también que se tergiversó el testimonio de Pérez Álvarez, al
atribuirle haber percibido aliento alcohólico en el demandante, cuando solo se refirió
a «algunos» de los uniformados; que la prueba de embriaguez no la practicó este,
sino el patrullero Juan Carlos Atencia Caraballo, quien no contaba con capacitación
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que las firmas de las
tirillas habrían sido suplantadas. Agregó que la prueba de embriaguez del
demandante había sido declarada jurídicamente inexistente, por lo que no podía
servir de fundamento a la sanción.
En consecuencia, afirmó que existía una evidente insuficiencia probatoria y que las
decisiones sancionatorias se edificaron sobre una valoración errónea e incompleta
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del acervo probatorio, lo que condujo a un falso juicio de convicción y a la vulneración
del debido proceso.
El proceso en primera instancia le correspondió al Juzgado Doce Administrativo
de Barranquilla, que, en sentencia del 24 de octubre de 2025, declaró la nulidad
parcial de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia que habían
impuesto al señor Fabio Luis Beltrán Barona la sanción de destitución e inhabilidad
general para ejercer cargos públicos.
Como medida de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro al cargo de
patrullero de la Policía Nacional, o a otro de igual o superior categoría, así como el
reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la materialización del
reintegro, manteniendo la continuidad del vínculo laboral y descontando las sumas
que eventualmente hubiera recibido del Estado durante el período de separación del
servicio. Además, dispuso que dichos valores fueran actualizados y que se
realizaran los aportes correspondientes a salud, pensión y demás obligaciones
inherentes al restablecimiento de la relación laboral. Asimismo, condenó a la entidad
al pago de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios
morales, se declaró inhibido para pronunciarse sobre la Resolución núm. 02886 de
2015, por tratarse de un acto de ejecución, y negó las demás pretensiones.
El Juzgado consideró que los fallos disciplinarios se encontraban falsamente
motivados por una deficiente valoración probatoria, debido a que la responsabilidad
disciplinaria se sustentó esencialmente en el testimonio de Yanis Yaneth Trejos
Amador, el cual se recibió en la indagación preliminar y no fue ratificado, no
individualizaba de manera precisa al demandante y fue contradicho por cinco
testigos, Liceth Vanesa Corro Figueroa, Rosa María de las Salas Álvarez, Alexander
Castillo Chitiva, Daniel Alfonso Beltrán Rico y Consuelo de Jesús Ceballos Ramírez,
cuyas declaraciones no fueron valoradas en los fallos sancionatorios, lo que
desconoció el principio de unidad de la prueba. Agregó que la segunda instancia
disciplinaria descartó la tesis de la animadversión con el argumento de que no era
posible premeditar un accidente, cuando lo alegado era que la testigo aprovechó el
accidente para perjudicar a los policías.
Por otra parte, el Juzgado concluyó que la prueba de alcoholemia no ofrecía
suficiente confiabilidad, pues existían dudas sobre las condiciones de su práctica.
Además de la declaración de Diego Hernán Ortiz Mejía, rendida en el proceso
judicial, según la cual el alcohosensor cayó al piso antes de examinar al demandante
y entre las dos muestras transcurrieron entre 20 y 30 minutos, otorgó especial
relevancia a la falta de acreditación de la idoneidad del operador. Señaló que, aun
aceptando que hubiera intervenido el subintendente Álvaro Alfonso Pérez Álvarez,
este solo había realizado en 2008 una capacitación de 16 horas, inferior a las 24
horas que contempla la Resolución 1844 de 2015, y advirtió que la certificación que
lo acreditaba se expidió el 20 de septiembre de 2017, con posterioridad a la prueba
practicada en 2011. A ello agregó que, según el mismo testigo, quien realmente
practicó la prueba fue el patrullero Juan Carlos Atencia Caraballo, respecto de quien
tampoco se acreditó capacitación o entrenamiento certificado. Precisó, además, que
la prueba pericial grafológica solicitada para establecer quién suscribió las tirillas no
pudo practicarse.
La parte demandante interpuso recurso de apelación exclusivamente contra el
numeral relacionado con los perjuicios morales.
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Demandante: Fabio Luis Beltrán Barona
Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
también interpuso recurso de apelación, en el cual argumentó que el juez de primera
instancia desconoció que dentro del proceso disciplinario sí se valoró integralmente
el acervo probatorio, pues los testimonios de la defensa se tuvieron en cuenta
aunque no se reseñaran uno a uno, y que las pruebas recaudadas permitían concluir
con certeza que el señor Fabio Luis Beltrán Barona incurrió en la falta disciplinaria
relacionada con el consumo de bebidas embriagantes durante el servicio.
Señaló que el testimonio de Yanis Yaneth Trejos Amador era válido y coherente y
debía apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica, que el debido proceso y el
derecho de defensa fueron plenamente garantizados durante la actuación
disciplinaria y que el juez contencioso administrativo no podía convertir el control
judicial en una tercera instancia para revaluar la responsabilidad disciplinaria ya
definida por la administración.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 20 de abril de 2026,
revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
En síntesis, rechazó el argumento de la entidad sobre la tercera instancia, pues,
según la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de agosto de 2016, el
control judicial de los actos disciplinarios es integral, y precisó que los hechos
ocurrieron en servicio, ya que la tarde deportiva estaba incluida en el plan de trabajo
de la unidad. Asimismo, consideró que, aunque compartía que la declaración de
Yanis Yaneth Trejos Amador no era suficiente por sí sola para demostrar la falta
disciplinaria, porque no individualizó al demandante y fue controvertida por otros
testigos, sí existía una prueba técnica de alcoholemia válida, idónea y concluyente,
consistente en los resultados positivos obtenidos mediante alcoholímetro, los cuales
no fueron excluidos del proceso disciplinario del demandante, pues el auto del 26 de
noviembre de 2014 solo declaró inexistentes las pruebas practicadas a Óscar Javier
Lagos Castillo, Andrés Ramírez Gómez y Sergio Luis Rangel Riquett.
Además, concluyó que la prueba la practicó personal de tránsito autorizado por las
normas vigentes en 2011, esto es, la Ley 769 de 2002, la Ley 938 de 2004 y las
Resoluciones 414 de 2002 y 1183 de 2005; que el subintendente Pérez Álvarez
contaba con capacitación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses recibida en 2008, válida para la época de los hechos; que en 2011 no
existía una exigencia normativa de capacitación mínima de 24 horas, por lo que el
Juzgado no podía aplicar la Resolución 1844 de 2015; que no se demostró ninguna
irregularidad que afectara la legalidad de la prueba, por lo que no le era aplicable la
regla de exclusión, y que esta, por sí sola, tenía suficiente fuerza probatoria para
acreditar que el actor consumió bebidas embriagantes durante el servicio.
Para ello, tuvo en cuenta que el patrullero Atencia Caraballo declaró que firmó las
tirillas solo como testigo y que la prueba la practicó Pérez Álvarez, lo que coincide
con la declaración de este y resta sustento a la tacha de falsedad, y que la versión
de Diego Hernán Ortiz Mejía provenía de uno de los investigados y solo se planteó
en el proceso judicial, no en la actuación disciplinaria. Explicó, además, que la
nulidad obtenida por otros uniformados obedeció a que, en sus casos, la prueba de
embriaguez había sido declarada inexistente, y estimó proporcionada la sanción, por
ser la mínima prevista para una falta gravísima dolosa.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07146-00
Demandante: Fabio Luis Beltrán Barona
El accionante dijo que el Tribunal incurrió en defecto fáctico al considerar que los
resultados de alcoholemia (0,94 g/L y 0,93 g/L) constituían por sí solos una prueba
válida, concluyente y suficiente para demostrar que se encontraba bajo los efectos
del alcohol durante el servicio.
Afirmó que la autoridad judicial accionada confundió la existencia de un resultado
numérico con la demostración de la confiabilidad científica y jurídica del
procedimiento, sin verificar aspectos esenciales como la identidad y competencia del
operador, el estado físico del equipo, la calibración, la trazabilidad, las condiciones
de medición y la ausencia de factores de interferencia.
Concluyó que ese error tuvo incidencia directa en la decisión, porque el propio
Tribunal reconoció que la declaración de Yanis Yaneth Trejos Amador no ofrecía
certeza suficiente, de manera que toda la responsabilidad disciplinaria terminó
sustentándose en la prueba técnica. Por ello, afirmó que se vulneraron los derechos
al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el acceso a
la administración de justicia.
Alegó una motivación insuficiente de la decisión porque el Tribunal dio por acreditada
la competencia técnica del subintendente Álvaro Alfonso Pérez Álvarez únicamente
por haber realizado un curso de 16 horas en 2008. Al respecto, indicó que el Tribunal
infirió indebidamente que dicha capacitación demostraba competencia integral para
operar el sensor de alcoholimetría, sin verificar conocimientos sobre calibración,
mantenimiento, control de interferentes, trazabilidad, protocolos técnicos y
aseguramiento de la calidad.
Afirmó que la autoridad judicial accionada efectuó una valoración arbitraria de la
prueba testimonial, al otorgar mayor credibilidad a las declaraciones de Álvaro
Alfonso Pérez Álvarez y Juan Carlos Atencia Caraballo que al testimonio de Diego
Hernán Ortiz Mejía, quien manifestó que el sensor de los niveles de alcoholimetría
se cayó al piso antes de practicarse las mediciones. Además, señaló que no explicó
razonadamente por qué descartó dicho relato ni verificó si el golpe pudo afectar la
confiabilidad del equipo.
Igualmente, señaló que el Tribunal examinó las irregularidades de manera aislada y
omitió valorar en forma integral las dudas sobre la identidad del operador, la caída
del sensor de alcoholimetría, la ausencia de recalibración de este, los problemas de
trazabilidad, los tiempos entre mediciones, la exhibición tardía de resultados, la
posible contaminación ambiental y otras inconsistencias del procedimiento. Alegó
que la suma de todas esas anomalías generaba una duda razonable incompatible
con una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad.
Manifestó que se otorgó un alcance restringido al auto del 26 de noviembre de 2014,
mediante el cual se declararon inexistentes varias pruebas de alcoholemia
practicadas a otros uniformados dentro del mismo expediente disciplinario.
Reconoció que dicho auto no excluyó expresamente la prueba practicada a Fabio
Luis Beltrán Barona, pero afirmó que la autoridad judicial demandada estaba
obligada a examinar las irregularidades comunes de todas las mediciones realizadas
en la misma jornada, bajo similares condiciones y utilizando el mismo sistema de
medición.
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Demandante: Fabio Luis Beltrán Barona
Asimismo, adujo que se vulneró el derecho a la igualdad porque el Tribunal
Administrativo del Atlántico omitió analizar adecuadamente las decisiones favorables
proferidas en procesos de otros investigados del mismo expediente disciplinario,
como Andrés Ramírez Gómez, Sergio Luis Rangel Riquett y Óscar Javier Lagos
Castillo, quienes obtuvieron la nulidad de las sanciones.
Afirmó que la Sala no explicó de manera suficiente por qué las irregularidades
comunes sí resultaron relevantes en esos procesos y no en el suyo.
Asimismo, planteó que la providencia incurrió en un defecto fáctico por falta de
motivación e incongruencia, porque el Tribunal centró el análisis en determinar si en
el año 2011, época en que sucedieron los hechos, era exigible una capacitación
mínima de 24 horas para operar alcoholímetros, tal como lo planteó el juez de
primera instancia, pero dejó de responder múltiples fundamentos de la sentencia de
primera instancia, entre los que se encontraban la identidad del operador que efectuó
la práctica de la prueba, la caída del equipo antes de realizar la prueba, la
trazabilidad de las mediciones, la calibración del equipo, las contradicciones de los
testigos, la valoración de las pruebas de descargo y la debilidad del testimonio de
Yanis Yaneth Trejos Amador.
4. Trámite previo
En providencia del 4 de septiembre de 2026, se admitió la tutela y se ordenó notificar
a la parte demandante, al Tribunal Administrativo del Atlántico en calidad de
demandado, y, como terceros con interés en las resultas del proceso, al Juzgado
Doce Administrativo de Barranquilla y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo del Atlántico guardó silencio.
6. Intervención de los terceros
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional adujo que,
durante el trámite disciplinario y en el posterior proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, el interesado contó con todas las oportunidades para ejercer su
defensa, controvertir las pruebas y acceder a los mecanismos judiciales ordinarios.
Asimismo, afirmó que la sentencia cuestionada se fundó en una valoración
probatoria razonable y ajustada a la jurisprudencia constitucional, sin que se
configurara el defecto fáctico alegado por la parte actora.
De igual forma, defendió la legalidad de los actos administrativos sancionatorios al
señalar que la prueba técnica de alcoholemia practicada al disciplinado conservaba
plena validez jurídica, fue obtenida por personal autorizado y capacitado y podía ser
valorada como elemento determinante para acreditar la falta disciplinaria imputada.
Con base en ello, sostuvo que los actos sancionatorios mantienen su presunción de
legalidad y que la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó
correctamente dicha conclusión.
Finalmente, alegó que la tutela es improcedente por su carácter subsidiario y
excepcional, debido a que no existe un perjuicio irremediable y el asunto ya fue
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examinado por la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual solicitó
negar las pretensiones de la acción constitucional.
El Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla guardó silencio; sin embargo, a
través de mensaje de datos envió el link contentivo del expediente judicial.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08001-33-33-012-
2017-00219-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad – sentencia de 31 de julio de 2012 – se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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revocar la sentencia favorable de primera instancia y negar las pretensiones de la
demanda.
Para ello, establecerá si la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico
y en falta de motivación al: i) otorgar a los resultados de la prueba de alcoholemia
un valor probatorio autónomo y concluyente, sin verificar la confiabilidad integral del
procedimiento; ii) dar por acreditada la competencia técnica del subintendente Álvaro
Alfonso Pérez Álvarez con base en un curso de capacitación de 16 horas realizado
en 2008; iii) privilegiar las declaraciones de Álvaro Alfonso Pérez Álvarez y Juan
Carlos Atencia Caraballo sobre la versión de Diego Hernán Ortiz Mejía; iv) omitir la
valoración conjunta de las irregularidades del procedimiento; v) dar un alcance
limitado al auto del 26 de noviembre de 2014 y desconocer las decisiones favorables
obtenidas por otros investigados del mismo expediente disciplinario, y vi) revocar la
sentencia de primera instancia sin responder de manera integral los fundamentos
probatorios que la sustentaban.
La Sala anticipa que negará el amparo solicitado porque el Tribunal Administrativo
del Atlántico no incurrió en el defecto fáctico ni en la falta de motivación alegados.
Asimismo, se precisa que se estudiarán de manera conjunta el defecto fáctico y la
falta de motivación alegados, pues ambos cuestionan la valoración probatoria del
Tribunal y las razones por las que otorgó eficacia demostrativa a la prueba de
alcoholemia.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de
los requisitos generales de procedencia y (ii) de los defectos fáctico y de falta de
motivación en el caso concreto.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en el presente caso
La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la
parte actora invoca la protección de derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la presunción de inocencia y a la igualdad;
sustenta con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada
afecta esos derechos y no se trata de un asunto de mera legalidad o económico.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que la decisión de primera instancia del proceso ordinario accedió a las
pretensiones de la demanda y fue con ocasión de la providencia de segunda
instancia, acá cuestionada, que se revocó la decisión inicial y, en su lugar, como se
indicó, se negaron las pretensiones de la demanda.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra la providencia judicial cuestionada, impactaría directamente los derechos
invocados, en la medida en que quedaría sin efecto y abriría la posibilidad de retomar
el estudio de fondo, esto es, la legalidad de los actos que sancionaron
disciplinariamente al tutelante.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
que lo sustentan no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de
revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos
que invoca vulnerados.
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Por su parte, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, porque el ejercicio
de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia
cuestionada fue proferida el 20 de abril de 2026, notificada el 29 de abril de 2026 por
medios electrónicos, y el ejercicio de la acción de tutela se dio el 3 de septiembre de
2026.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados;
(v) identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración, y (vi)
no se cuestionan sentencias de tutela.
Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
(ii) De los defectos fáctico4 y de falta de motivación en el caso concreto
El accionante alegó que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto
fáctico y en falta de motivación porque:
i) Otorgó a los resultados de alcoholemia un valor probatorio autónomo y
concluyente, sin verificar la confiabilidad integral del procedimiento, la
identidad y competencia del operador, la calibración, trazabilidad y
condiciones técnicas de la medición.
ii) Dio por acreditada la competencia técnica del subintendente Álvaro Alfonso
Pérez Álvarez únicamente con base en un curso de capacitación de 16 horas
realizado en 2008.
iii) Privilegió las declaraciones de Álvaro Alfonso Pérez Álvarez y Juan Carlos
Atencia Caraballo sobre la versión de Diego Hernán Ortiz Mejía, quien señaló
que el sensor de alcoholimetría cayó antes de practicarse las mediciones.
iv) Omitió valorar conjuntamente las irregularidades del procedimiento.
v) Dio un alcance limitado al auto del 26 de noviembre de 2014 y desconoció las
decisiones favorables obtenidas por otros investigados del mismo expediente
disciplinario.
vi) Revocó la sentencia de primera instancia sin responder de manera integral
los fundamentos probatorios que la sustentaban.
Como se reseñó en los antecedentes, el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla declaró la nulidad parcial de los actos disciplinarios y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, al resolver el recurso de apelación de la entidad
demandada, revocó esa decisión y negó las pretensiones de la demanda.
Por ello, la Sala centrará su análisis en la sentencia del Tribunal, que es la
providencia cuestionada, y en la forma en que valoró las pruebas del proceso.
Dentro del material probatorio analizado por el tribunal accionado se encontraban el
informe sobre el accidente de tránsito ocurrido el 28 de septiembre de 2011, los
resultados de la prueba de alcoholemia practicada al actor, el pliego de cargos, los
fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, el auto del 26 de noviembre de
2014 mediante el cual se declaró la inexistencia de algunas pruebas de alcoholemia
respecto de otros uniformados, así como la certificación expedida por el Instituto
4 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, en una dimensión negativa, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses según la cual el subintendente
Álvaro Alfonso Pérez Álvarez había recibido capacitación para el manejo de
alcoholímetros durante los días 4 y 5 de noviembre de 2008, con una intensidad de
dieciséis horas. También fueron valoradas las declaraciones de Yanis Yaneth Trejos
Amador, Liceth Vanesa Corro Figueroa, Rosa María de las Salas Álvarez, Alexander
Castillo Chitiva, Daniel Alfonso Beltrán Rico, Consuelo de Jesús Ceballos Ramírez,
Álvaro Alfonso Pérez Álvarez, Juan Carlos Atencia Caraballo y Diego Hernán Ortiz
Mejía.
El Tribunal empezó por reconocer expresamente las limitaciones de la declaración
de Yanis Yaneth Trejos Amador. Señaló que la testigo hizo referencias generales a
que todos los asistentes a la actividad deportiva ingirieron licor, sin individualizar al
actor, y que su relato fue controvertido por Liceth Vanesa Corro Figueroa, Rosa
María de las Salas Álvarez, Alexander Castillo Chitiva, Daniel Alfonso Beltrán Rico y
Consuelo de Jesús Ceballos Ramírez, quienes atribuyeron sus afirmaciones a una
posible retaliación contra los policías. Por ello, coincidió con el juez de primera
instancia en que ese testimonio no ofrecía la certeza necesaria para fundar la
responsabilidad disciplinaria.
Sin embargo, precisó que la insuficiencia de ese testimonio no conducía
necesariamente a la nulidad de los actos, porque, aun excluyéndolo, «dentro del
proceso disciplinario existe una prueba técnica determinante de que el demandante había
ingerido licor momento previo al accidente, como es el examen de alcoholemia por aire
espirado donde le fue dictaminada embriaguez en primer grado». A partir de allí, centró
su análisis en establecer si esa prueba conservaba validez e idoneidad. Para ello, el
Tribunal hizo lo siguiente:
Verificó el alcance del auto del 26 de noviembre de 2014 y constató que la
declaratoria de inexistencia allí dispuesta solo comprendió las pruebas practicadas
a Óscar Javier Lagos Castillo, Andrés Ramírez Gómez y Sergio Luis Rangel Riquett,
de modo que la del actor mantenía plena validez y podía ser valorada.
Explicó la diferencia con los otros uniformados. Para ello, se refirió a las sentencias
que anularon las sanciones de esos tres policías y señaló que en esos procesos no
se valoró la prueba de embriaguez porque había sido declarada inexistente.
Concluyó que el caso del actor exigía un análisis distinto, pues respecto de él la
prueba se mantuvo.
Examinó la legalidad de la práctica de la prueba y concluyó que la practicó personal
de la Policía de Tránsito legalmente autorizado conforme a las normas vigentes en
2011.
Valoró la capacitación del operador y, con base en la certificación del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concluyó que el subintendente
Pérez Álvarez había recibido capacitación para operar el alcohosensor los días 4 y
5 de noviembre de 2008, con una intensidad de 16 horas. Precisó que la exigencia
de 24 horas proviene de la Resolución 1844 de 2015, expedida cuatro años después
de los hechos, por lo que no podía aplicarse para descalificar una prueba practicada
en 2011.
Estableció quién practicó la prueba, para ello valoró en conjunto las declaraciones
de Juan Carlos Atencia Caraballo, quien manifestó que acompañó el procedimiento
y suscribió los resultados como testigo, y de Álvaro Alfonso Pérez Álvarez, quien
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afirmó haber practicado directamente las pruebas. Con base en estas declaraciones,
tuvo por ratificada la autenticidad de los resultados y desestimó la tacha de falsedad.
Analizó el testimonio de Diego Hernán Ortiz Mejía. Ortiz Mejía sostuvo en sede
judicial que la prueba la practicó una persona distinta de quien la suscribió. El
Tribunal explicó que no le dio credibilidad porque el declarante había sido uno de los
investigados, lo que comprometía su imparcialidad en los términos del artículo 211
del Código General del Proceso, y porque la irregularidad que alegó solo se planteó
en el proceso judicial.
Ahora bien, en este contexto, la Sala encuentra que, sobre la identidad y la
competencia del operador, el Tribunal no otorgó un valor probatorio automático a los
resultados de alcoholemia, toda vez que examinó, con base en las pruebas del
expediente, los dos aspectos que el actor cuestionó en el proceso ordinario, esto es,
quién practicó la prueba y si estaba capacitado para hacerlo.
En cuanto a lo primero, contrastó las declaraciones de quienes intervinieron en el
procedimiento y concluyó, de forma razonada, que la practicó el subintendente Pérez
Álvarez y que el patrullero Atencia Caraballo actuó como testigo. En cuanto a lo
segundo, valoró la certificación de Medicina Legal y explicó por qué la capacitación
acreditada era suficiente conforme al marco normativo vigente en 2011.
Además, esa conclusión es razonable, pues, para la época de los hechos, la
Resolución 414 de 2002 exigía demostrar la idoneidad del personal que opera el
equipo, pero no fijaba una intensidad horaria mínima. Dicha exigencia la introdujo la
Resolución 1844 de 2015.
Sobre la valoración del testimonio de Diego Hernán Ortiz Mejía, el Tribunal no se
pronunció expresamente sobre dos afirmaciones de ese testigo, a saber, que el
alcohosensor cayó al suelo antes de practicarse la prueba al actor y que entre las
dos mediciones transcurrieron entre veinte y treinta minutos, y no los cinco que
registran las tirillas. Sin embargo, esa omisión no configura un defecto fáctico,
porque no es determinante, como se procede a explicar:
En primer lugar, esas afirmaciones provienen del mismo testimonio al que el Tribunal
restó credibilidad de manera motivada, por la condición de investigado del declarante
y por la oportunidad en que planteó sus reparos. En segundo lugar, los propios
resultados que el Tribunal valoró no respaldan la hipótesis de un mal funcionamiento
del equipo, porque las dos lecturas practicadas al señor Beltrán Barona (0,94 g/L y
0,93 g/L) diferían en apenas 1 mg %, esto es, dentro del margen previsto en el
numeral 4.4.3.7 del Reglamento Técnico Forense adoptado mediante la Resolución
001183 de 2005.
En lo atinente a la valoración conjunta de las irregularidades de la prueba de
alcoholemia, se tiene que fueron examinadas por el Tribunal y confrontadas entre sí,
esto es, la identidad del operador, su capacitación, la autenticidad de las firmas y la
supuesta inexistencia jurídica de la prueba. Valoró las declaraciones de quienes
intervinieron en el procedimiento, la certificación de capacitación, el auto del 26 de
noviembre de 2014 y los resultados de la medición, y explicó por qué ninguna de
esas circunstancias restaba eficacia a la prueba.
En cuanto al auto del 26 de noviembre de 2014 y la situación de los demás
investigados, se encuentra que el Tribunal no dio un alcance limitado a esa
providencia, sino el que ella misma tiene, pues su parte resolutiva declaró la
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inexistencia de las pruebas de embriaguez practicadas únicamente a Óscar Javier
Lagos Castillo, Andrés Ramírez Gómez y Sergio Luis Rangel Riquett, y negó la
nulidad respecto de las demás, incluida la del señor Beltrán Barona.
Por lo tanto, la diferencia de trato frente a los otros investigados no es injustificada y
corresponde a una situación distinta, que la autoridad judicial accionada identificó y
explicó al señalar que en los procesos de sus compañeros la prueba de embriaguez
no fue valorada porque había sido declarada inexistente.
Aunado a lo anterior, el Tribunal accionado respondió los fundamentos centrales de
la sentencia del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, pues
compartió la conclusión sobre la insuficiencia del testimonio de Yanis Yaneth Trejos
Amador; desvirtuó, con argumentos normativos, la exigencia de 24 horas de
capacitación que el a quo extrajo de la Resolución 1844 de 2015; explicó por qué no
acogía la afirmación de que la prueba la practicó el patrullero Atencia Caraballo, y
expuso por qué el testimonio de Diego Hernán Ortiz Mejía no tenía entidad para
desvirtuar la prueba técnica.
En ese orden, tampoco se configura la falta de motivación alegada, porque la
sentencia controvertida identificó el problema jurídico, explicó por qué consideró
insuficiente el testimonio de Yanis Yaneth Trejos Amador, desarrolló un análisis
específico sobre la validez de la prueba de alcoholemia, la capacitación del operador
y la autenticidad de los resultados, y justificó por qué la situación del actor era distinta
a la de otros uniformados.
En conclusión, el Tribunal Administrativo del Atlántico adoptó una decisión con
respaldo en el material probatorio, que no resulta arbitraria ni caprichosa. Por lo
tanto, no se configuran los defectos alegados.
Finalmente, la Sala advierte que la acción de tutela contra providencias judiciales no
es una instancia adicional para proponer argumentos que no se plantearon
oportunamente ante el juez natural.
Revisada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra que
no se formuló reproche sobre la calibración del equipo. De modo que, al tratarse de
un cuestionamiento que se plantea solamente vez en sede de tutela, no será
estudiado.
En consecuencia, se negará el amparo solicitado por Fabio Luis Beltrán Barona.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar el amparo solicitado por el señor Fabio Luis Beltrán Barona.
2. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
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Demandante: Fabio Luis Beltrán Barona
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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