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Debido proceso y formalismo excesivo – Fecha Publicación: 14/11/2026

Debido proceso y formalismo excesivo

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260224201

Interno: 9678

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 14/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Boyacá los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte demandante al rechazar el recurso de apelación por un formalismo excesivo, pese a que este fue presentado oportunamente?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 NUMERAL 3

— Resumen —

Resumen

El presente documento constituye un salvamento de voto respecto a una acción de tutela interpuesta por la parte actora contra una providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá. La controversia se origina en un proceso de reparación directa donde el recurso de apelación fue rechazado por haber sido remitido a un buzón de correo electrónico institucional diferente al indicado en la notificación de la sentencia, a pesar de haber sido enviado dentro del término legal. La magistrada disidente sostiene que la tutela era procedente y debió amparar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, considerando que el rechazo del recurso constituyó un exceso ritual manifiesto.

Preguntas Centrales

¿Cumplía la acción de tutela con los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales?

Sí. El asunto posee relevancia constitucional al afectar la garantía de la doble instancia en el marco de la justicia digital. Asimismo, cumple con el requisito de subsidiariedad, pues aunque no se interpuso el recurso de súplica, las circunstancias particulares y la aparente firmeza de las decisiones previas hacían razonable considerar agotados los medios ordinarios.

¿Configuró el Tribunal un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al rechazar el recurso de apelación?

Sí. Según el salvamento de voto, el Tribunal aplicó de manera rígida y desproporcionada las normas procesales. Al estar acreditado que el recurso ingresó oportunamente a un correo institucional administrado por el mismo juzgado, la autoridad debió privilegiar el derecho sustancial y la tutela judicial efectiva en lugar de imponer la consecuencia más gravosa (el rechazo), especialmente cuando la primera instancia ya había concedido el recurso bajo principios de justicia material.

Fundamentación Clave

Prevalencia del Derecho Sustancial y Justicia Material

  • Constitución Política, Artículo 228: Establece que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial.
  • Defecto Procedimental por Exceso Ritual Manifiesto: Se presenta cuando el juez se convierte en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial mediante la exigencia rigurosa de formalidades, lo que deriva en una denegación de justicia.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional en Justicia Digital

  • Sentencia T-071 de 2026: Establece que es desproporcionado tener por no presentado un recurso enviado a un correo institucional diferente al señalado, pues el despacho tiene la carga de diligencia de remitirlo internamente o advertir al usuario, dado que el escrito efectivamente llegó a conocimiento de la autoridad.
  • Sentencia T-310 de 2023 y T-272 de 2025: Refuerzan que el apego excesivo a las formas no puede sacrificar el derecho de acceso a la justicia ni la garantía de la doble instancia.

Principio de Proporcionalidad

  • La magistrada argumenta que la irregularidad (enviar el correo al buzón de notificaciones y no al de radicación) no justifica la pérdida del derecho a impugnar la sentencia, pues el escrito permitió identificar sin ambigüedad el proceso y la voluntad del recurrente dentro del tiempo de ley.

Conclusión

La tesis principal del salvamento de voto radica en que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró derechos fundamentales al revocar la admisión de una apelación por una falla técnica formal. Se concluye que, bajo los principios de justicia material y confianza legítima, la autoridad judicial debe implementar medidas de flexibilidad en la recepción de memoriales por canales institucionales, evitando que las formalidades de la justicia digital se conviertan en barreras infranqueables para el ejercicio de los derechos procesales.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
SALVAMENTO DE VOTO
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02242-01
Accionante ANA MARÍA CORTÉS HERNÁNDEZ Y OTROS
Accionada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, DESPACHO 005
Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, salvo el voto en el asunto de la referencia,
pues considero que (i) el asunto superaba el análisis de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) se debió
conceder el amparo de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de la parte actora.
Debo indicar que la ponencia presentada por la suscrita en el expediente de la referencia,
que planteaba la tesis de revocar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
y en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora
Ana María Cortés Hernández y otros, fue derrotada por la Sala mayoritaria y por tal
motivo, la ponencia de la providencia pasó al despacho del magistrado que me seguía en
turno.
Las razones fundamentales de mi postura se sintetizan a continuación:
1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales
En primer lugar, considero que en el caso se encontraban satisfechos los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que
resultaba viable el estudio de fondo de los cargos alegados por la parte actora en contra de
la providencia del 13 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
En particular, considero que el caso reviste (i) relevancia constitucional, pues se alegó la
vulneración de los derechos al debido proceso (en su dimensión de garantía de segunda
instancia) y de acceso a la administración de justicia. En efecto, correspondía determinar
si resultó excesivamente gravosa la consecuencia procesal derivada de haber remitido el
recurso de apelación a buzón electrónico diferente al informado en el oficio mediante el cual
se notificó la sentencia de primera instancia. Así, la controversia trasciende una discusión
apenas legal o formal, en cuanto plantea la posibilidad de establecer el alcance de los
derechos invocados en el contexto de la justicia digital y, en particular, establecer cómo
deben interpretarse desde una perspectiva constitucional las exigencias formales sobre la
interposición de los recursos.
En relación con (ii) el requisito de subsidiariedad, se advierte que la providencia
cuestionada resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto que había admitido
la apelación y, al hacerlo, dejó sin efectos esa decisión y, en su lugar, rechazó el recurso
de alzada. Aunque podría discutirse la procedencia del recurso de súplica (art. 246
CPACA), se considera que dadas las particulares circunstancias del asunto, su falta de
interposición no impedía tener por satisfecho este presupuesto.
Es claro que se trata de un asunto sui generis en el que se plantea una posible afectación
relevante al derecho al debido proceso, específicamente de la garantía de acceso a la
segunda instancia, lo que refuerza la necesidad de efectuar un análisis de fondo. A ello se
suma que no se advierte una conducta negligente atribuible al actor y que resultaba posible
que éste entendiera agotados los mecanismos ordinarios de defensa, en tanto el rechazo
de la apelación se produjo en una providencia que resolvió el recurso de reposición,
decisión respecto de la cual, por regla general, no proceden recursos (art. 243A – numeral
3 del CPACA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02242-01
Demandante: Ana María Cortés Hernández y otros
Respecto de los demás requisitos, se advierte que (iii) la parte actora realizó una
descripción clara de los hechos y pretensiones de la demanda; (iv) la petición de amparo
se presentó en un plazo razonable, considerando que la providencia acusada se profirió el
13 de febrero de 2026, mientras que la petición de amparo se promovió el 18 de marzo de
2026; y (v) no se discute una sentencia de tutela.
2. Argumentos de la solicitud de amparo
La parte actora alegó la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque la autoridad judicial rechazó injustamente el recurso de apelación que
ya había sido concedido por la jueza a quo, cercenando su derecho de acceso a la
administración de justicia, ya que vedó la posibilidad de que se surtiera la segunda instancia
del proceso ordinario y con ello desconoció la firmeza de las decisiones del juzgado de
primera instancia, que había concedido la apelación y luego había rechazado por
extemporáneo el recurso de reposición presentado por la Fiscalía General de la Nación.
3. Posición disidente
3.1. En cuanto al alcance del defecto procedimental, la Corte Constitucional ha indicado
que encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política en los
que se consagran los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial.
Este defecto tiene dos modalidades: el procedimental absoluto y el procedimental por
exceso ritual manifiesto. El primero de ellos se materializa cuando el proceso se
tramita sin respetar las formas propias de cada juicio.
La segunda modalidad (por exceso ritual manifiesto) ocurre cuando el juez limita el
derecho sustancial al no aplicar correctamente la norma procesal correspondiente, o
cuando sobrepasa las formalidades procesales, haciendo nugatorio un derecho1.
A ese respecto, el Tribunal Constitucional aclara que, en tales situaciones, la
aplicación de los procedimientos por parte del juez actúa como un obstáculo para la
efectividad del derecho sustancial, lo que conlleva a una denegación de justicia
debido a la exigencia rigurosa e inflexible de requisitos formales o a una excesiva
severidad en la evaluación de las pruebas.
3.2. En el caso examinado se encontraba acreditado que Ana María Cortés Hernández y
otros presentaron demanda de reparación directa pretendiendo la declaratoria de
responsabilidad de las entidades demandadas por la alegada privación injusta de la
libertad del señor Jhon Eduard Bermúdez Cortés. En sentencia del 25 de abril de
2024, el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.
La sentencia ordinaria de primera instancia se notificó por correo electrónico enviado
a los sujetos procesales el 26 de abril de 2024. El mensaje de datos (que fue remitido
desde el buzón jadmin01sogamoso@notificacionesrj.gov.co), contenía el oficio 178/2024
en el que, entre otros, se informó que los memoriales debían remitirse al buzón
j01admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co.
El 14 de mayo de 2024, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, pero el escrito de impugnación fue
remitido a la dirección electrónica jadmin01sogamoso@notificacionesrj.gov.co , cuando
lo correcto era radicarla en Samai o remitirla al buzón
j01admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co.
A pesar de lo anterior, por auto del 29 de julio de 2024 el Juzgado Primero
Administrativo de Sogamoso concedió la apelación al considerar que, aunque el
recurso no se remitió al correo electrónico establecido para tal fin, aquel se presentó
1 Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2010, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencias T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: Ana María Cortés Hernández y otros
oportunamente, por lo que daba prevalencia al derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva de los demandantes.
El 6 de agosto de 2024, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de reposición, el cual fue rechazado por extemporáneo por la jueza Primera
Administrativa de Sogamoso, en auto del 24 de septiembre de 2025.
El Despacho 005 del Tribunal Administrativo de Boyacá admitió el recurso de
apelación en auto del 7 de noviembre de 2025, pero posteriormente revocó la decisión
ante el recurso de reposición que presentó la Fiscalía General de la Nación en el que
advirtió irregularidades relacionadas con la radicación del recurso de apelación.
En el auto del 13 de febrero de 2026, el Tribunal accionado argumentó que:
«… El hecho de que el apoderado de la parte demandante hubiese enviado el memorial de su recurso
a un canal distinto al expresado en el oficio de notificación de la sentencia de primera instancia, […]
constituye un error que le es atribuible expresamente a él y que impide tener por presentado de forma
correcta y oportuna el recurso de alzada.
[…]
En ese orden de ideas, este despacho no comparte la decisión adoptada por la a quo de conceder el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, ya que si bien en la
notificación de la sentencia se estableció de manera clara que cualquier escrito dirigido al proceso debía
remitirse a través de la ventanilla virtual de SAMAI o al correo electrónico:
j01admctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co, el apoderado de la parte demandante no radicó dicho
recurso oportunamente al correo oficial indicado por el juzgado ni por medio de la plataforma SAMAI,
circunstancia que no puede desconocerse en razón de garantizar la tutela judicial efectiva de los
demandantes, en detrimento del debido proceso que también debe observarse respecto de la parte
demandada».
3.3. Considero que la providencia del 13 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y vulneró el derecho al debido proceso (en la faceta de la garantía de la doble
instancia) y de acceso a la administración de justicia de la parte actora.
Se debe recordar que las decisiones judiciales deben enmarcarse en los principios
de prevalencia de la justicia material y el derecho sustancial. Este postulado obedece
a que el objeto del derecho procesal es la efectividad de los derechos reconocidos
por la ley sustancial. Y sin ser esta premisa de absoluta aplicación frente a todos los
procesos que cursan en la Rama Judicial, debe ser evaluada y aplicada en aquellos
casos en que, por su naturaleza o por el acaecimiento de hechos inusuales, ameriten
una perspectiva más flexible.
El principio de prevalencia del derecho sustantivo está contemplado en el artículo 228
de la Constitución Política, que es extrapolado al concepto de justicia material. Sobre
el tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades, y ha
dicho que esta «se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una
determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias
mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella
debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos
constitucionales»2.
Esta postura ha sido igualmente aplicada por la Corte Constitucional en casos en los
que, como el actual, se discute la proporcionalidad de la consecuencia procesal ante
el cumplimiento, si se quiere, imperfecto de un requisito formal, incluso en el contexto
de la justicia digital.
Así, en la sentencia T-310 de 2023, el alto tribunal conoció un caso en el que la
autoridad judicial accionada declaró desierto el recurso de apelación porque no fue
nuevamente sustentado ante el superior, aunque los reparos fueron expuestos ante
la jueza de la primera instancia. La Corte declaró que se materializó el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, porque el apego excesivo a las formas
impidió la revisión de la sentencia, sacrificando el derecho de acceso a la justicia al
actor, así como la garantía de doble instancia.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-339 de 2015 y T-429 de 1994.
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También es pertinente hacer referencia a la sentencia T-272 de 2025. En ese caso,
el apoderado remitió el escrito de apelación a la dirección electrónica del despacho,
pero la digitó mal y el correo rebotó, por lo que se declaró desierto el recurso. Aunque
la Corte reconoció la falta de diligencia del apoderado, amparó los derechos
fundamentales de los demandantes por considerar que la consecuencia procesal era
desproporcionada y no debía recaer en aquellos.
Recientemente, la Corte Constitucional, en sentencia T-071 de 2026, conoció un
caso con similares supuestos fácticos al que hoy se analiza y amparó los derechos
fundamentales de los accionantes por considerar que no era razonable equiparar el
envío del recurso de apelación a un canal institucional del juzgado diferente al
indicado en el oficio de notificación con la no presentación del recurso. Aclaró que la
irregularidad no se centraba en la regla para la recepción de memoriales, la cual
estimó constitucional, sino en la desproporción de la consecuencia aplicada. Se
relaciona el aparte pertinente de la providencia:
«66. De este modo, la irregularidad no estuvo en la existencia de una regla que organiza la radicación
digital (la cual tiene fundamento constitucional y debe ser observada), sino en la desproporción
de la consecuencia jurídica aplicada. Es decir, la formalidad relativa al buzón electrónico fue
convertida en un obstáculo absoluto para el ejercicio del recurso, pese a que el escrito (i) ingresó
a un correo institucional bajo administración del despacho competente; (ii) permitió identificar sin
ambigüedad el proceso y la voluntad impugnatoria; y, (iii) de manera preliminar se puede entender
que fue remitido dentro del término legal.
67. De este modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó de manera rígida y
desproporcionada el procedimiento de apelación en el caso, sin tener en cuenta que dicho trámite
no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual las partes pueden hacer efectivo su derecho
de defensa y contradicción, lo que realiza el debido proceso. En ese sentido, el exceso ritual
manifiesto se configura cuando el juez aplica de manera rígida el derecho procesal y desconoce
que este es un medio para la eficacia del derecho sustancial, de manera que tener por no
presentado el recurso, pese a haber sido remitido a un correo institucional administrado por el
mismo despacho, implicó convertir una formalidad en un fin en sí mismo (§ 55-57).
68. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió considerar que el juzgado de
primera instancia no podía limitarse a tener por no presentado el recurso únicamente porque fue
enviado a un correo distinto al indicado en la notificación. Por el contrario, se encontraba en la
obligación de implementar medidas una vez el escrito ingresó a un correo institucional bajo su
administración, tales como su remisión interna al canal oficial de radicación o la advertencia
oportuna al remitente sobre el medio correcto de envío. Lo señalado demuestra que la
vulneración no se derivó únicamente de la aplicación rígida de una formalidad, sino también de
la ausencia de una actuación mínima de diligencia frente a un recurso que efectivamente llegó a
conocimiento del juzgado.»
3.4. Si bien las directrices que establecen canales específicos para la recepción de
memoriales responden a finalidades legítimas de organización y adecuado
funcionamiento de los despachos judiciales y, por lo tanto, en principio, resulta
razonable exigir su observancia, en el caso particular, fue desproporcionado atribuir
a su incumplimiento la consecuencia más gravosa, esto es, el rechazo del recurso de
apelación, máxime cuando ya se le había dado trámite, debido a que la jueza de la
primera instancia consideró apropiado privilegiar el derecho a la tutela judicial
efectiva; además, se había rechazado por extemporáneo el recurso de reposición
contra el auto que concedió la apelación y, posteriormente, la propia corporación
accionada admitió el recurso mediante auto del 7 de noviembre de 2025.
En el expediente se encuentra acreditado que, aunque el recurso fue remitido a un
buzón institucional del propio juzgado que no estaba habilitado para recibir
memoriales, su presentación se efectuó oportunamente3 y fue conocido y recuperado
por la autoridad judicial. Esta circunstancia fue reconocida por el Juzgado Primero
Administrativo de Sogamoso, en el auto del 29 de julio de 2024, mediante el cual, esa
autoridad concedió la apelación al considerar satisfechos los requisitos para tal fin.
Se relaciona el aparte pertinente de la providencia:
«En el presente caso, se observa que esta instancia judicial profirió sentencia de primera instancia el 25
de abril de 2024, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda; providencia, que fue
notificada el día 26 de abril del año en curso.
3 La sentencia se notificó a través de correo electrónico remitido a las partes el 26 de abril de 2024 y el recurso de
apelación se radicó en el correo jadmin01sogamoso@notificacionesrj.gov.co , el 14 de mayo de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02242-01
Demandante: Ana María Cortés Hernández y otros
Los términos de ejecutoria transcurrieron entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2024. Ahora, mediante
correo electrónico de fecha 18 de julio de los cursantes, el apoderado de la parte actora manifestó que,
presentó recurso de apelación contra la sentencia de instancia ya referida el día 14 de mayo de 20244.
No obstante, se advierte que el mentado recurso fue enviado al correo electrónico
jadmin01sogamoso@notificacionesrj.gov.co, dirección electrónica que no está habilitada por el Juzgado
para recibir ningún tipo de correspondencia.
Con todo, pese al error en que incurrió el apoderado de la parte actora, se advierte que el recurso de
apelación fue presentado oportunamente. Por lo anterior, y en aras de garantizar la tutela judicial efectiva
de los demandantes, se tendrá por presentado en tiempo el recurso de apelación.» (Subrayo)
Aunque es innegable que las formas y normas procesales buscan la materialización
de los derechos sustanciales, existen casos, como el presente, en el que, por sus
especiales características, es razonable que la autoridad judicial privilegie la garantía
de la justicia material, sobre consideraciones de índole formal.
3.5. Así las cosas, estimo razonable que la jueza de la primera instancia, al advertir que
el escrito había sido remitido oportunamente pero a una dirección electrónica del
propio juzgado, distinta a la indicada en el oficio de notificación de la providencia, lo
recuperara y decidiera darle trámite en garantía del derecho a la tutela judicial
efectiva. Lo que resulta desproporcionado es que, en sede de apelación, el Tribunal
hubiera admitido inicialmente el recurso y, posteriormente, revocara esa
determinación con fundamento, precisamente, en la utilización de un canal
electrónico distinto al señalado para su radicación, para entenderlo como no
presentado o extemporáneo.
A mi juicio la decisión de la jueza de conceder el recurso y la del Tribunal de admitirlo,
reforzó razonablemente la confianza del recurrente en que el recurso sería analizado
de fondo, de manera que su posterior rechazo, sustentado en la indicada formalidad
se observa como un exceso ritual manifiesto de cara a las particularidades del caso
concreto.
Por lo anterior, en aras de garantizar intereses superiores como la aplicación de los
principios de prevalencia del derecho sustancial y de justicia material; así como el
derecho fundamental al debido proceso, de defensa y contradicción, a la segunda
instancia, y al acceso a la administración de justicia; considero que el Tribunal debió
mantener la decisión de admitir el recurso de apelación que fue allegado
oportunamente por la parte demandante a uno de los correos electrónicos del
juzgado.
En estos términos queda expuesto mi salvamento de voto.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260224201/C1A5999C240746CC9B6309B862B2BB918A988528E446B95C3B373A43AFF2FA28/2

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