Facultad de salvamento de voto – Fecha Publicación: 31/07/2026

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Extracto del documento

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00107-01 (30527)
Demandante: Siderúrgica Nacional SIDENAL S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
SALVAMENTO DE VOTO
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00107-01 (30527)
Demandante: Siderúrgica Nacional SIDENAL S.A.
Demandado: DIAN
Con el respeto acostumbrado por la decisión de la mayoría, me aparto del auto proferido
por la Sala que declaró fundado el impedimento manifestado por la consejera Myriam
Stella Gutiérrez Argüello dentro del proceso de la referencia.
A mi juicio, las circunstancias expuestas por la magistrada no encuadran en ninguno de
los supuestos normativos previstos en los numerales 9 y 12 del artículo 141 del Código
General del Proceso (CGP), razón por la cual el impedimento debió declararse infundado.
Debe recordarse que la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado1 ha
reiterado de manera constante que las causales de impedimento y recusación son de
carácter taxativo y de aplicación restrictiva, pues constituyen una excepción al deber
constitucional y legal de administrar justicia. En consecuencia, no pueden ser objeto de
interpretaciones extensivas ni aplicarse por analogía a situaciones no previstas
expresamente por el legislador. Asimismo, la sola invocación de una causal no resulta
suficiente para relevar al funcionario judicial del ejercicio de la función jurisdiccional,
siendo necesario demostrar que los hechos alegados corresponden efectivamente al
supuesto normativo descrito en la ley.
Conforme con lo anterior, considero que no se configura la causal prevista en el numeral
12 del artículo 141 del Código General del Proceso. En efecto, la magistrada manifestó
que actuó como asesora y apoderada judicial de la sociedad Siderúrgica Nacional
SIDENAL S.A. dentro del proceso en el que se discutió la determinación oficial del
impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2008, actuación que culminó
con una conciliación aprobada judicialmente. Según explicó, de dicha conciliación habría
surgido el pago en exceso cuya devolución se reclama en el presente proceso.
Sin embargo, de esa circunstancia no se advierte que la consejera hubiere dado consejo
o concepto sobre las cuestiones materia del proceso actualmente sometido a decisión ni
que hubiere intervenido como lo exige el numeral 12 del artículo 141 del CGP. La
actuación profesional a la que alude la doctora Gutiérrez estuvo circunscrita a la discusión
de los actos administrativos de determinación del impuesto sobre la renta del año
gravable 2008. Por el contrario, el objeto del presente litigio consiste en determinar la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN negó una solicitud de
devolución presentada por concepto de un pago presuntamente realizado en exceso. Se
trata, por tanto, de actuaciones administrativas diferentes, de controversias autónomas y
de problemas jurídicos diversos.
Aunque existe una relación histórica entre ambos asuntos, en cuanto la solicitud de
devolución tiene origen en los efectos económicos de la conciliación lograda dentro del
1 Auto de Unificación Jurisprudencial del 24 de mayo de 2023. Exp. 11001 03 15 000 2020 00471 00 (RER).
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proceso de determinación, ello no significa que las cuestiones debatidas sean las
mismas. La controversia relativa a la devolución surgió con posterioridad a la culminación
de aquel litigio y constituye un debate jurídico independiente, regido por actos
administrativos distintos y sustentado en presupuestos fácticos y jurídicos propios.
Por lo mismo, la intervención profesional desarrollada por la doctora Gutiérrez en el
proceso de determinación del impuesto no puede equipararse a una intervención sobre
las cuestiones materia del proceso actual. La causal invocada exige una identidad
material entre el asunto previamente conocido y aquel que debe resolverse, presupuesto
que no se acredita en este caso.
Tampoco encuentro acreditado que la magistrada hubiera participado en la actuación
administrativa de devolución, en la expedición de los actos administrativos actualmente
demandados o en alguna de las actuaciones judiciales relacionadas con esa
controversia. Del contenido de la manifestación de impedimento únicamente se
desprende su participación en el litigio referente a la determinación del tributo, mas no en
la controversia posterior relativa a la devolución del supuesto pago en exceso
En estas condiciones, la conclusión contenida en la providencia, según la cual la causal
del numeral 12 se configura porque la consejera intervino como apoderada de la sociedad
en el proceso de determinación tributaria y porque el litigio actual guarda relación con el
monto de la obligación tributaria discutida en aquella actuación, implica extender la causal
más allá de los estrictos términos definidos por el legislador.
A mi juicio, una interpretación de esa naturaleza resulta incompatible con el criterio
restrictivo que, de manera reiterada, ha sostenido la jurisprudencia respecto de los
impedimentos y recusaciones. Si se admitiera que cualquier antecedente profesional
relacionado indirectamente con el origen remoto de una controversia basta para
configurar la causal, terminaría ampliándose indebidamente el alcance de una norma
que, por su carácter excepcional, exige una aplicación estricta.
Por las anteriores razones, respetuosamente considero que la manifestación formulada
por la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello no demuestra la configuración de la
causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso y, en
consecuencia, el impedimento debía declararse infundado.
En los términos anteriores dejo expuestas las razones de mi salvamento de voto
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233700020230010701/A477CC377D300A61FBD352BA1A5FC2DA5919973416D866E93C7EEEFA7CBE44D7/2

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