Exigencia de relevancia constitucional – Fecha Publicación: 28/10/2026

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Extracto del documento

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03566-01
Actor: YEC
ACLARACIÓN DE VOTO MAGISTRADO WILSON RAMOS GIRÓN
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03566-01
Demandante YEC
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO
Tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y por
Tema desconocimiento del precedente. Medio de control de
reparación directa. Responsabilidad médica. Relevancia
constitucional. Sujeto de especial protección constitucional.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala, me permito exponer la
razón que motivó mi aclaración de voto en el asunto de la referencia.
La Sala, mediante sentencia del 15 de octubre de 2026, revocó el fallo del 16 de junio
de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que
había declarado improcedente la acción de tutela promovida por YEC contra el
Juzgado Sexto Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, por
incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. En su lugar, luego de
superar el examen de los requisitos generales de procedencia, denegó el amparo
solicitado, al concluir que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente alegados por la accionante.
Para tener por acreditada la relevancia constitucional, la Sala consideró que la acción
no estaba siendo utilizada como una instancia adicional, pues el reproche involucraba
la posible vulneración de los derechos fundamentales de quien, para la época de los
hechos que dieron origen al proceso de reparación directa, tenía 16 años, cursaba su
primer embarazo y había sido catalogada como gestante de alto riesgo. A partir de
esas circunstancias, estimó que el asunto comprometía la protección constitucional
reforzada de las mujeres gestantes y de los menores de edad.
Al respecto, manifiesto que comparto la decisión de denegar la solicitud de amparo,
pues, en efecto, las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en los defectos
que se les endilgaron, sin embargo, considero necesario precisar que, en principio, los
argumentos planteados por la accionante no satisfacían el requisito general de
relevancia constitucional.
En mi criterio, si el examen de ese requisito se hubiese limitado a la carga
argumentativa efectivamente desplegada en el escrito de tutela, la acción no habría
superado la relevancia constitucional, pues los cargos formulados se dirigieron,
esencialmente, a controvertir la valoración probatoria efectuada por las autoridades
judiciales accionadas y a proponer una lectura distinta de la historia clínica, de las
declaraciones de los profesionales de la salud y de los demás elementos de convicción
obrantes en el proceso de reparación directa.
En efecto, la accionante sostuvo que las pruebas demostraban una atención médica
deficiente durante el embarazo, que las ecografías especializadas no fueron
practicadas oportunamente, que no podía atribuírsele a ella o a su familia la carga de
gestionar los exámenes diagnósticos y que el material probatorio permitía acreditar la
falla en el servicio y la pérdida de oportunidad. Tales planteamientos estaban
orientados, en esencia, a obtener una nueva valoración del material probatorio y una
conclusión distinta sobre los elementos de la responsabilidad del Estado.
Esos mismos aspectos habían sido objeto de examen por el juez natural,
particularmente por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que explicó las razones
por las cuales consideró que no se acreditaron la falla en el servicio, el nexo causal ni
una pérdida de oportunidad indemnizable. De hecho, el estudio de fondo efectuado en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03566-01
Actor: YEC
la sentencia de la que aclaro voto condujo a concluir que el Tribunal valoró las historias
clínicas y las declaraciones de los especialistas, examinó la oportunidad de las ayudas
diagnósticas y la pérdida de oportunidad y expuso de manera razonada por qué las
pruebas no permitían establecer los defectos alegados.
De modo que, considerada exclusivamente la argumentación de la solicitud de
amparo, la controversia se aproximaba más a un juicio de corrección sobre la
valoración de las pruebas y las conclusiones adoptadas dentro del proceso ordinario
que a un verdadero cuestionamiento sobre la validez constitucional de la providencia
judicial.
No desconozco, sin embargo, que los hechos que dieron origen al proceso de
reparación directa ocurrieron cuando YEC tenía 16 años, cursaba su primer embarazo
y había sido catalogada como gestante de alto riesgo. Esa condición de menor de edad
la ubicaba como sujeto de especial protección constitucional y exigía que las
autoridades judiciales examinaran con especial cuidado cualquier posible afectación
de sus derechos fundamentales vinculada con la atención en salud que recibió durante
esa etapa.
Pese a lo expuesto, acompañé la conclusión de la Sala según la cual el asunto
superaba el requisito general de relevancia constitucional, no porque la carga
argumentativa de la accionante resultara, por sí sola, suficiente para ello, sino en
atención a la condición de sujeto de especial protección constitucional que ostentaba
YEC para la época de los hechos. En mi criterio, esa circunstancia permitía morigerar
la exigencia argumentativa en torno a la relevancia constitucional y habilitaba el estudio
de fondo de los defectos propuestos.
De no haber concurrido esa especial circunstancia de protección constitucional,
considero que la acción habría debido declararse improcedente por falta de relevancia
constitucional, en los términos señalados por el juez de tutela de primera instancia,
pues los cuestionamientos formulados no superaban una discrepancia con la
valoración probatoria y las conclusiones adoptadas por el juez natural.
En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi aclaración de voto.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260356601/D0BCFAA1C0816C661A922B549109254554B51053A9B87AA72247285ACF1C099B/2

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