📅 26/10/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260660700
Interno: 10450
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 26/10/2026
— Titulación —
Problema jurídico:[¿Debió prevenirse al Tribunal Administrativo de Casanare, en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, para que se abstuviera de repetir las acciones u omisiones que dieron lugar al amparo concedido?]
Respuesta al problema jurídico: Si
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 24, LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 2221, LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 2222
— Resumen —
Resumen
El documento contiene una aclaración de voto respecto a una acción de tutela que amparó el derecho al debido proceso del Instituto Financiero de Casanare (IFC). La magistrada coincide con la decisión de proteger al demandante, pero sostiene que se debió emitir una prevención formal a la autoridad judicial accionada para evitar que repita el mismo error en el futuro. El conflicto jurídico surge porque el tribunal de instancia exigía erróneamente un contrato escrito de mutuo para proceder con el cobro de un pagaré (obligación crediticia), desconociendo que dicho contrato se perfecciona con la sola entrega del dinero.
Preguntas Centrales
¿Es obligatorio que un contrato de mutuo conste por escrito para que el Instituto Financiero de Casanare (IFC) pueda cobrar judicialmente un pagaré?
No. El documento establece que el contrato de mutuo es de naturaleza real, por lo cual, según la ley civil, solo se requiere la entrega material de la cosa prestada. Exigir un documento escrito adicional al título valor constituye una vulneración al debido proceso.
¿Qué jurisdicción es la competente para tramitar los procesos ejecutivos de este instituto contra particulares?
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a lo definido por la Corte Constitucional en casos de conflictos de competencia, debido a la naturaleza de la entidad y la materia en discusión.
Fundamentación Clave
Régimen Jurídico Mixto
La parte actora (IFC), por su actividad comercial, se rige por el derecho privado en sus actos y contratos. No obstante, está sujeta a los principios de la función administrativa y gestión fiscal previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
Perfeccionamiento del Contrato de Mutuo
- Artículos 2221 y 2222 del Código Civil: Estas normas determinan que el mutuo se perfecciona por la tradición (entrega) de la cosa, sin que la ley exija la solemnidad de un escrito para su existencia o validez en el marco del cobro de obligaciones crediticias.
Prevención a la Autoridad
- Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991: La magistrada argumenta que, ante la reincidencia del tribunal accionado en fallar con el mismo criterio erróneo, el juez de tutela debe prevenir a la autoridad para que se abstenga de repetir acciones que vulneren derechos fundamentales.
Conclusión
La ratio decidendi en este proceso por obligaciones crediticias (títulos valores/pagarés) indica que la autoridad judicial no puede imponer requisitos adicionales, como la existencia de un contrato escrito, para tramitar ejecuciones derivadas de un préstamo. La tesis principal subraya que el contrato de mutuo se perfecciona con la entrega del dinero y que el tribunal debe acoger la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la materia.
Extracto del documento
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
ACLARACIÓN DE VOTO
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-06607-00
Demandante INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC)
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, manifiesto que aclaro el voto en la
providencia del proceso en referencia, en el sentido de indicar que pese a conceder el
amparo del derecho fundamental al debido proceso del Instituto Financiero de Casanare
(IFC), SE DEBIÓ PREVENIR al Tribunal Administrativo de Casanare, en los términos del
artículo 24 del Decreto 2591 de 19911, para que en el futuro se abstenga de incurrir en las
acciones y omisiones que dieron lugar a la interposición de la tutela de la referencia.
Es de resaltar que han sido recurrentes las acciones de tutela con idénticos fundamentos
de hecho y de derecho, interpuestas por el mismo Instituto contra decisiones del Tribunal
Administrativo de Casanare, pese a que la Corte Constitucional2, como autoridad
encargada de resolver los conflictos entre jurisdicciones, ha definido que los procesos
ejecutivos promovida por el Instituto Financiero de Casanare en contra de particulares, para
el cobro de obligaciones crediticias contenidas en títulos valores (como el pagaré),
corresponde tramitarlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Asimismo, son múltiples las decisiones del Consejo de Estado3, actuando como juez de
tutela (juez natural de los contratos del Estado), en las que teniendo en cuenta la naturaleza
jurídica de la entidad tutelante, el régimen de aplicable a sus actos y contratos, ha concluido
que el Instituto el accionante se rige por las normas del derecho privado propias de su
actividad comercial, y por las disposiciones del derecho público relacionadas con los
principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política
y la gestión fiscal de que trata el artículo 267 ibidem, por lo que el contrato que dio origen
al pagaré cuyo cobro se pretende, debe ser tratado como un contrato de mutuo, sobre el
cual no recae la obligatoriedad de que medie por escrito, como equivocadamente lo exigió
la autoridad judicial accionada a la parte actora.
Bajo este contexto, es dable que no medie un contrato de mutuo escrito, puesto que de
conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, bastaba con la entrega material
de la cosa dada en préstamo.
En estos términos queda expuesta mi aclaración de voto.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 24. Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones
que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido
en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma
acción u omisión.
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver Autos A-554 de 2023, A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025.
3 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, entre otros, se pueden consultar:
§ Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 20 de abril de 2026. Expediente 11001-03-15-000-2025-07910-01.
§ Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de julio de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2026-04330-00.
§ Sección Terera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2026-00997-01.
§ Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2026. Expediente 11001-03-15-000-2026-02214-00.
§ Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de abril de 2026. Expediente 11001-03-15-000-2026-01039-00.
§ Sección Cuarta. Sentencia de 13 de noviembre de 2025. Expediente 11001-03-15-000-2025-05435-00.
§ Sección Cuarta. Sentencia de 29 de enero de 2026. Expediente 11001-03-15-000-2025-07470-00.
§ Sección Cuarta. Sentencia de 11 de junio de 2026. Expediente 11001-03-15-000-2026-03346-00.
§ Sección Quinta. Sentencia del 4 de junio de 2026. Expediente 11001-03-15-000-2026-01039-01.
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