Aclaración de voto: viabilidad legal – Fecha Publicación: 19/10/2026

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Radicado: 19001-23-33-000-2020-00525-01 (30798)
Demandante: Emérita Muñoz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00525-01 (30798)
Demandante: Emérita Muñoz
Demandada: DIAN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ A LA
SENTENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, C.P. WILSON RAMOS GIRÓN
Con el debido respeto por la decisión adoptada por la Sala, este Despacho se permite aclarar
el voto frente a la providencia de la referencia, mediante la cual confirmó la sentencia del
Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda y, por tanto,
mantuvo la legalidad de los actos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta
del año gravable 2015, mediante los cuales la Administración rechazó pasivos, adicionó
ingresos operacionales e ingresos por intereses presuntos, e impuso sanción por inexactitud.
Este Despacho acompaña la decisión en cuanto a que los informes de facturación
aprehendidos en los establecimientos de comercio acreditaron ventas superiores a las
registradas en la contabilidad, y a que el dictamen pericial no desvirtuó esa diferencia, pues el
perito solo constató que lo declarado coincidía con lo registrado y advirtió que, sin los
documentos soporte, no podía verificar la realidad de los ingresos ni establecer si los registros
correspondían a traslados internos de mercancía, como alegó la contribuyente. Con base en
ello, la Sala concluyó que, una vez el despliegue probatorio de la Administración permitió
cuestionar lo declarado, le correspondía a la contribuyente acreditar la realidad de esos hechos
con medios idóneos, y que la contabilidad constituye prueba a su favor siempre que esté
llevada en debida forma y sustentada en comprobantes internos y externos.
A su vez, este Despacho comparte que resulta improcedente la estimación de costos con
fundamento en el artículo 82 del ET, pues la demandante no ejerció la actividad probatoria que
le correspondía para demostrar su procedencia.
Sin embargo, estima necesario precisar que la insuficiencia de la contabilidad para desvirtuar
la adición de ingresos no obedece únicamente a las condiciones de eficacia del artículo 774
del ET, sino a que ese medio, por sí solo, no tiene aptitud para desvirtuar la prueba
indiciaria en la que se apoyó la Administración.
La prueba indiciaria es un medio de convicción autónomo en el que, a partir de un hecho
indicador acreditado con prueba directa1, el juez infiere, conforme a la lógica, la experiencia y
la sana crítica, la existencia o inexistencia de un hecho desconocido. Apreciados en conjunto2
según su gravedad, concordancia y convergencia, los indicios pueden alcanzar una fuerza
demostrativa equivalente a la de la prueba directa.
Cuando la administración cuestiona la realidad de una operación, y no solo la ausencia de los
soportes3, la prueba documental proveniente del contribuyente y la contable resultan
insuficientes. Los documentos acreditan su otorgamiento, su fecha y la existencia de las
declaraciones que contienen4, mas no la veracidad de lo declarado.
A su vez, la contabilidad registra hechos económicos, pero no demuestra automáticamente
que hayan ocurrido. Frente a la administración tributaria, que no interviene como comerciante
en la relación mercantil, solo constituye un principio de prueba que el contribuyente debe
completar con otros medios5.
1 Artículo 240 del CGP.
2 Artículo 242 del CGP.
3 Esto es, los soportes que exigen los artículos 283 y 770 del ET para los pasivos, y el artículo 771-2 ibidem para los costos y
deducciones.
4 Artículo 257 del CGP.
5 Artículo 264 del CGP. Según esta norma, los libros de comercio solo constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles
que los comerciantes debatan entre sí.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 19001-23-33-000-2020-00525-01 (30798)
Demandante: Emérita Muñoz
Consecuentemente, los soportes y los registros contables acreditan la declaración de hecho o
su registro contable, mientras que la realidad de la operación constituye un hecho histórico,
cuya demostración exige verificar si lo declarado y registrado efectivamente ocurrió.
Por ello, como lo precisó la Sección6, el ejercicio probatorio de quien pretende controvertir un
conjunto de indicios no se debe centrar en confrontarlos con los soportes y la contabilidad,
sino en restarles fuerza demostrativa por alguna de estas vías: (i) demostrar que los hechos
indicadores no están acreditados con una prueba directa, (ii) establecer que el razonamiento
inferencial carece de sustento lógico suficiente, o (iii) acreditar que existen elementos
probatorios que conducen razonablemente a una conclusión distinta al hecho inferido.
En el caso, los informes de facturación que la Administración aprehendió en los
establecimientos de comercio acreditaron con prueba directa el hecho indicador, esto es, que
las ventas facturadas superaban las registradas en la contabilidad y declaradas por la
contribuyente en el año gravable discutido. A partir de ese hecho, la administración tributaria
infirió que la diferencia correspondía a ingresos operacionales no declarados. La contribuyente
opuso su contabilidad y el dictamen pericial, medios que no encuadran en ninguna de las tres
vías, pues no demostraron que la diferencia obedeciera a conceptos distintos de ventas, sino
que se limitaron a reiterar el valor registrado, con lo cual confirmaron la discrepancia de la que
partió la administración en lugar de confrontarla. Además, no estuvieron acompañados de
prueba que respaldara lo contrario, como los anticipos o los traslados internos de mercancía
que alegó, que permitieran llegar a una conclusión distinta.
En consecuencia, la razón determinante para mantener la adición de ingresos radicaba en que
la demandante no dirigió su actividad probatoria contra los hechos indicadores ni contra la
inferencia construida por la administración. La sola invocación de los registros contables no
permitía tener por acreditada, de manera automática, la realidad de los ingresos declarados.
De ahí que, valorados en conjunto los informes de facturación y los medios aportados por la
contribuyente, la prueba indiciaria en la que se apoyó la administración conservara su eficacia
probatoria.
En los anteriores términos se sustenta la aclaración de voto.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
6 Sentencia del 13 de agosto de 2026, exp. 30255, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/19001233300020200052501/91085A3B7BAFDCEFEAC9F67447F40FE48089BD3D95CEF357D85BE79FD570FFE2/2

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