Aclaración de voto procedente (Rad. 41001233300020220008101) – Fecha Publicación: 23/09/2026

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Radicado: 41001-23-33-000-2022-00081-01 (30510)
Demandante: Comercializadora Farmacéutica y de Insumos Médicos
CFIM S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00081-01 (30510)
Demandante: Comercializadora Farmacéutica y de Insumos Médicos – CFIM S.A.S.
Demandada: DIAN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ A LA
SENTENCIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026, C.P. LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ
MONTAÑO
Con el debido respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, este Despacho se
permite aclarar el voto frente a la providencia de la referencia, mediante la cual la Sala confirmó
la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda y,
por tanto, mantuvo la legalidad de los actos por los cuales la Administración rechazó cuentas
por cobrar y pasivos, adicionó ingresos, rechazó costos y gastos operacionales de
administración, e impuso sanción por inexactitud.
Este Despacho acompaña la decisión en cuanto a que la declaración no había adquirido
firmeza cuando la DIAN notificó el requerimiento especial, pues le resultaba aplicable el
término de tres años previsto en el artículo 714 del ET1. También comparte que no se configuró
el vicio de falta o falsa motivación, en tanto los actos acusados se fundamentaron en pruebas
del proceso de fiscalización, como los cruces con la información exógena y las respuestas de
terceros, y explicaron por qué los documentos aportados por la contribuyente resultaban
insuficientes para desvirtuar los hallazgos.
En particular, sobre el desconocimiento de los pasivos registrados a favor de Nipro Medical
Corporation y Johnson & Johnson de Colombia S.A., que la DIAN sustentó en las
certificaciones de esos acreedores, calificadas como prueba directa, la mayoría concluyó que
la sola invocación del valor probatorio de la contabilidad no bastaba para desvirtuar los actos
demandados, porque la eficacia de los libros depende de su respaldo en comprobantes
internos y externos y de que otros medios no los desvirtúen. Por ello, ante la discrepancia
entre los registros de la sociedad y la información de terceros, correspondía a la sociedad
justificar las diferencias con pruebas idóneas.
Este Despacho comparte esa conclusión, pero estima necesario insistir que la insuficiencia de
la contabilidad y sus soportes no obedece únicamente a las condiciones de eficacia del artículo
774 del ET, sino a que esos medios, por sí solos, no tienen aptitud para desvirtuar la
prueba indiciaria en la que se apoyó la Administración.
La prueba indiciaria es un medio de convicción autónomo en el que, a partir de un hecho
indicador acreditado con prueba directa2, el juez infiere, conforme a la lógica, la experiencia y
la sana crítica, la existencia o inexistencia de un hecho desconocido. Apreciados en conjunto3
según su gravedad, concordancia y convergencia, los indicios pueden alcanzar una fuerza
demostrativa equivalente a la de la prueba directa.
Cuando la administración cuestiona la realidad de una operación, y no solo la ausencia de los
soportes4, la prueba documental proveniente del contribuyente y la contable resultan
insuficientes. Los documentos acreditan su otorgamiento, su fecha y la existencia de las
declaraciones que contienen5, mas no la veracidad de lo declarado, como ocurre en este caso
con las certificaciones del revisor fiscal y las notas crédito que aportó la sociedad.
A su vez, la contabilidad registra hechos económicos, pero no demuestra automáticamente
que hayan ocurrido. Frente a la administración tributaria, que no interviene como comerciante
1 Modificado por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.
2 Artículo 240 del CGP.
3 Artículo 242 del CGP.
4 Esto es, los soportes que exigen los artículos 283 y 770 del ET para los pasivos, y el artículo 771-2 ibidem para los costos y
deducciones.
5 Artículo 257 del CGP.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 41001-23-33-000-2022-00081-01 (30510)
Demandante: Comercializadora Farmacéutica y de Insumos Médicos
CFIM S.A.S.
en la relación mercantil, solo constituye un principio de prueba que el contribuyente debe
completar con otros medios6.
Consecuentemente, los soportes y los registros contables acreditan la declaración de hecho o
su registro contable, mientras que la realidad de la operación constituye un hecho histórico,
cuya demostración exige verificar si lo declarado y registrado efectivamente ocurrió.
Por ello, como lo precisó la Sección7, el ejercicio probatorio de quien pretende controvertir un
conjunto de indicios no se debe centrar en confrontarlos con los soportes y la contabilidad,
sino en restarles fuerza demostrativa por alguna de estas vías: (i) demostrar que los hechos
indicadores no están acreditados con una prueba directa, (ii) establecer que el razonamiento
inferencial carece de sustento lógico suficiente, o (iii) acreditar que existen elementos
probatorios que conducen razonablemente a una conclusión distinta al hecho inferido.
En el caso, las certificaciones de Nipro Medical Corporation y Johnson & Johnson de Colombia
S.A., respaldadas por sus revisores fiscales y concordantes con la información exógena,
acreditaron con prueba directa el hecho indicador, esto es, que los acreedores reconocían
saldos inferiores a los registrados por la sociedad al cierre del año gravable. A partir de ese
hecho, la administración tributaria infirió que el mayor valor contabilizado no correspondía a
una obligación real. La contribuyente opuso su contabilidad y los documentos antes referidos,
medios que no encuadran en ninguna de las tres vías, pues no demostraron la inexactitud de
la información de los acreedores, sino que se limitaron a reiterar el valor registrado, con lo cual
confirmaron la discrepancia de la que partió la administración en lugar de explicarla, y no
estuvieron acompañados de prueba proveniente de los acreedores, como la que prevé el
artículo 771 del ET8, que respaldara los saldos registrados y condujera a una conclusión
distinta.
En consecuencia, la razón determinante para mantener el rechazo de esos pasivos no
radicaba únicamente en la falta de soportes de la contabilidad, sino en que la demandante no
dirigió su actividad probatoria contra los hechos indicadores ni contra la inferencia construida
por la administración. Tal como lo concluyó la mayoría, la sola invocación de los registros
contables no permitía tener por acreditada, de manera automática, la realidad de las
obligaciones declaradas. De ahí que, valorados en conjunto la información suministrada por
terceros y los medios aportados por la sociedad, la prueba indiciaria en la que se apoyó la
administración conservara su eficacia probatoria.
En los anteriores términos se sustenta la aclaración de voto.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
6 Artículo 264 del CGP. Según esta norma, los libros de comercio solo constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles
que los comerciantes debatan entre sí.
7 Sentencia del 13 de agosto de 2026, exp. 30255, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
8 Artículo 771. Prueba Supletoria de los Pasivos. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, acarreará el
desconocimiento de los pasivos, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos, fueron oportunamente
declarados por el beneficiario.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/41001233300020220008101/1CE08CD7B4F6F7499CE66C733B6603DEC2E1CBBA5612A560F2BA83CB8347E996/2

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