Procedencia del salvamento parcial (Rad. 25000233700020210053801) – Fecha Publicación: 20/10/2026

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Extracto del documento

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00538-01 (29726)
Demandante: Suprema Compañía Inmobiliaria S.A.S
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00538-01 (29726)
Demandante: Suprema Compañía Inmobiliaria S.A.S
Con el acostumbrado respeto por la posición mayoritaria, salvo el voto en el proceso
de la referencia, porque no comparto la decisión de haber tenido como válida la
corrección efectuada a una declaración por medio de la cual se disminuía el impuesto
a cargo, sin aplicar el procedimiento especial que -para la época de los hechos-
preveía el artículo 589 del ET, a cuya aplicación se remitió la norma distrital, artículo
8° del Acuerdo 648 de 2016, “por el cual se simplifica el sistema tributario Distrital”.
Conforme con el artículo 589 ídem -texto aplicable para el año 20171:
ARTÍCULO 589. Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a
pagar o aumentando el saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de
Impuestos y Aduanas correspondiente, dentro de los dos años [hoy un año] siguientes al
vencimiento del término para presentar la declaración.
La Administración debe practicar la liquidación oficial de corrección dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de
este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración inicial. La corrección de
las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual
se contará a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis meses
siguientes a la solicitud, según el caso.
Cuando no sea procedente la corrección solicitada, el contribuyente será objeto de una
sanción equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor, la
que será aplicada en el mismo acto mediante el cual se produzca el rechazo de la
solicitud por improcedente. Esta sanción se disminuirá a la mitad, en el caso de que con
ocasión del recurso correspondiente sea aceptada y pagada.
(…)
1 Conforme lo advierte la providencia, la Ley 1819 de 2016, el artículo 274, modificó el artículo 589 del Estatuto Tributario
Nacional, eliminando la exigencia del proyecto de corrección y de su aceptación mediante liquidación oficial de corrección; tal
modificación no aplicó para el año gravable 2017 –que correspondía al discutido–, pues el parágrafo transitorio de dicha
disposición condicionó su entrada en vigencia a que la Administración realizara los ajustes informáticos necesarios y lo informara
en su página web, sin que dicho plazo pudiera exceder de un año contado a partir del 1.º de enero de 2017. Según consta en
Concepto 1241 de 2017 y en comunicado de prensa proferido por la Secretaría Distrital de Hacienda, esta norma entró a regir
en el Distrito Capital una vez finalizó el plazo de un año que otorgó el legislador, esto es, a partir del 1 de enero de 2018.
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En el marco anterior, a efectos de corregir una declaración para aumentar el saldo a
favor o disminuir el valor a pagar, como ocurrió en el caso que fue objeto de análisis,
era imperativo presentar una solicitud ante la Administración, lo que en la práctica se
conocía como el proyecto de corrección, cuya aceptación debía hacer la autoridad
mediante una liquidación oficial de corrección que sustituía la declaración a corregir.
Inclusive, de rechazarse, había lugar a la imposición de una sanción.
En cambio, el procedimiento regulado en el artículo 588 ídem, para correcciones que
aumentaran el valor a pagar o disminuyeran el saldo a favor, no exigía ningún trámite
ante la Administración; bastaba con presentar la declaración por el medio que le
correspondiera al obligado tributario, para que se entendiera corregida la declaración
anterior.
Muy relevante resulta lo anterior, siendo las normas procedimentales de orden público,
lo que implica que los procedimientos de corrección no pueden ser flexibilizados en
su aplicación, ni mucho menos inobservados. La pretermisión de la ritualidad prevista
expresamente por la ley implica que la corrección no produzca efecto legal alguno.
Pues bien, para el caso bajo análisis, el contribuyente presentó las siguientes
declaraciones por el impuesto predial del periodo gravable 2017:
Fecha de Avalúo Tarifa Impuesto a Valor a pagar
presentación (por mil) cargo
7 de abril de 2017 $7.818.075.000 10 $74.272.000 $74.272.000
13 de junio de 2017 $5.898.590.000 11 $66.654.000 $66.654.000
18 de septiembre de $2.220.000.000 33 $73.260.000 $73.260.000
2017
3 de octubre de $7.818.075.0 33 $257.996.000 $40.682.000
2017
Como se observa, la declaración presentada con fecha 13 de junio, con la cual
pretendía corregir la inicialmente presentada —disminuía el impuesto—, de modo que
debió seguir el procedimiento para ese tipo de correcciones (art. 589 del ET en su
redacción aplicable para ese momento), el cual exigía presentar una solicitud de
corrección ante la Administración —procedimiento que constituía un imperativo
legal—.Sin embargo, no lo hizo; la presentó por el medio ordinario como lo había
hecho con la inicial, con lo cual esa declaración no surtió efecto alguno, pues para que
se entendiera efectuada la corrección, la Administración tenía que haber expedido una
liquidación oficial de corrección o haber transcurrido seis meses desde la presentación
de la solicitud, sin pronunciamiento de la entidad.
No obstante lo anterior, la sentencia le reconoce plenos efectos de corrección a la
declaración presentada el día 13 de junio de 2017 —que disminuyó el impuesto—,
justificando la pretermisión del especial procedimiento en que esta fue presentada
antes de que se venciera el término para declarar, lo cual carece de fundamento
jurídico, puesto que el procedimiento de corrección para aumentar el saldo a favor o
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disminuir el valor a pagar no preveía ni esa ni ninguna otra excepción. Resulta
jurídicamente inadmisible convalidar la omisión de un trámite que era un imperativo
legal.
Por lo expuesto, considero que no procedía tener como una corrección válida la
mencionada declaración para recaer sobre la misma una fiscalización, pues esta no
podía producir ningún efecto, al haberse pretermitido el procedimiento al cual se
encontraba sujeta y que, insisto, obligaba al contribuyente a acudir ante la
Administración para su aceptación mediante una liquidación oficial.
Las anteriores son las razones por las que me aparté parcialmente de la decisión.
Atentamente,
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233700020210053801/C340BCD7030F6DF50D45105A3862523A46094947D3AA70817D4ADF294600839A/2

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