Improcedencia incidente de desacato – Fecha Publicación: 30/10/2026

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06506-03
Demandante: Cristhian Felipe Salinas Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2026
Referencia: Incidente de desacato
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06506-03
Demandante: Cristhian Felipe Salinas Cruz
Demandados: Presidencia de la República y otros
Auto que abre incidente de desacato
El Despacho decide sobre la apertura del incidente de desacato promovido por Cristhian
Felipe Salinas Cruz respecto del cumplimiento de las órdenes impartidas al INPEC, a la
USPEC, al EPMSC Buga y al defensor del pueblo regional Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. De la demanda y el fallo de tutela
En ejercicio de la acción de tutela, el señor Cristhian Felipe Salinas Cruz, actuando en
nombre propio y como agente oficioso de las personas privadas de la libertad del EPMSC
Buga, pidió la protección de los derechos fundamentales a la dignidad, a la vida, a la
intimidad, al debido proceso, al trabajo y a la salud.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presentaba con ocasión de los daños
estructurales del EPMSC Buga, la falta de atención a las recomendaciones emitidas por
la administradora de riesgos laborales y el deterioro del parque automotor designado a
ese establecimiento.
La demanda de tutela correspondió en primera instancia a esta Sección que, por
sentencia del 7 de marzo de 2024, resolvió:
<<1. Amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo y a la salud del señor Cristhian Felipe Salinas Cruz, así como los derechos a la dignidad humana y a la salud de los privados de la libertad del EPMSC Buga. 2. Ordenar al INPEC y a la USPEC que de manera coordinada elaboren, en un término no mayor a 30 días, un plan de acción que permita atender las necesidades de infraestructura del EPMSC Buga, ya sea con la efectiva ejecución de los contratos vigentes para el mantenimiento o con otros proyectos que se encaminen a ese propósito. Del anterior plan deberán informar al director de la EPMSC Buga, que, a su vez, tendrá a su cargo continuar rindiendo los informes a esas autoridades respecto a las problemáticas que se presenten en el centro carcelario. 3. Ordenar a la INPEC y la USPEC que, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de esta sentencia, implementen acciones de mejoramiento en materia de proyectos de resocialización. 4. Ordenar al Centro Penitenciario y Carcelario EPMSC Buga, al INPEC y a la USPEC, que adelanten las gestiones necesarias para acoger en su totalidad las recomendaciones otorgadas por Positiva Compañía de Seguros S.A. en el Informe técnico de inspección de seguridad a los puestos de trabajo e instalaciones físicas de EPMSC Buga, del 22 de septiembre de 2023. 5. Ordenar al defensor del pueblo Regional Valle del Cauca que, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de esta providencia, realice acompañamiento a cada una de las órdenes impartidas en la presente providencia través de visitas de inspección en las que verifique el estado del EPMSC Buga, específicamente frente al tema de infraestructura. 6. Ordenar al INPEC, la USPEC y al Centro Penitenciario EPMSC Buga que, transcurrido el término de 8 meses, envíen informe de cumplimiento con destino a este proceso. 7. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de la solicitud de modificación de sobresueldo e incrementos de los aportes pensionales, por lo expuesto en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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8. Denegar las pretensiones relativas a la renovación del parque automotor, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia. >>
La anterior decisión fue impugnada por el INPEC y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por sentencia del 12 de junio de 2024, confirmó integralmente
la decisión recurrida.
2. De la primera solicitud de apertura de incidente de desacato
El 27 de agosto de 2025, el demandante promovió incidente de desacato al considerar que
la orden de tutela había sido incumplida.
Luego de surtir el trámite correspondiente, mediante auto del 10 de diciembre de 2025, se
resolvió:
1. Declarar el incumplimiento parcial de las sentencias de 7 de marzo y del 12 de junio de 2024, por
parte de los directores del INPEC, USPEC y de la EPMSC Buga.
2. Ordenar a las autoridades aludidas en el ordinal anterior que continúen adelantando las gestiones
tendientes al cumplimiento de las órdenes de tutela, para lo que deberán presentar informes trimestrales
de cumplimiento para garantizar las órdenes judiciales que se encuentran pendientes.
3. Abstenerse de imponer sanción por desacato a los directores del INPEC, USPEC y de la EPMSC
Buga, por las razones expuestas.
4. Declarar cumplida, hasta la fecha, la orden impuesta al defensor del pueblo regional del Valle del
Cauca.
5. Ordenar al defensor del pueblo regional Valle del Cauca que continúe acompañando el cumplimiento
de cada una de las órdenes impartidas en las mencionadas sentencias.
6. Notificar a las partes por el medio que resulte más expedito, conforme con el Decreto 2591 de 1991.
Lo anterior, luego de identificar que respecto de las 5 órdenes del fallo de tutela se había
dado cumplimiento a las órdenes relacionadas con la creación del plan de acción y el
acompañamiento a cada una de las órdenes impartidas por parte del defensor del pueblo
regional de Valle del Cauca.
No obstante, frente a las demás órdenes de tutela se señaló que se había dado un
cumplimiento parcial o incompleto, así:
N. Orden judicial Autoridad que Cumplimiento
debe cumplir
1 Creación de plan INPEC, Completado – Se aportó el correspondiente plan de acción, que dispuso
de acción USPEC y de la 19 actividades y se informó que 6 de esas actividades se encontraban
EPMSC Buga realizadas y que la funcionaria Sandra Montañez de la USPEC remitió
el plan de acción vía correo electrónico al director de la EPMSC Buga.
2 Acciones de INPEC y la Parcialmente – Se aportaron estadísticas de los proyectos, fotos de
mejoramiento en USPEC actividades y cantidad de reclusos participes en los distintos proyectos,
materia de sin embargo, de acuerdo con el informe rendido por el defensor
proyectos de regional del Valle del Cauca, existe deficiencia en la prestación del
resocialización servicio médico, hay desabastecimiento de la despensa, el suministro
de agua es intermitente y racionado, se requiere ampliación de aula y
mayor recurso humano para desarrollar los programas de
resocialización y solo se cuenta con un abogado que orienta a la PPL
en trámites de peticiones y cómputos de pena.
3 Recomendaciones Centro Incompleto – Positiva Compañía de seguros S.A. informó que uno de
otorgadas por Penitenciario y sus asesores había indicado que << todas las condiciones continúan Positiva Carcelario igual y que a la fecha o ha habido ningún cambio>>
Compañía de EPMSC Buga,
Seguros S.A. al INPEC y a la El informe técnico del 22 de septiembre de 2023 realizó 8
USPEC recomendaciones, relacionadas con: i) instalaciones de barandas de
seguridad en las oficinas de expedido, en la terraza de alojamiento y
en la casa fiscal, ii) la adecuación de los puestos de trabajo, iii)
adecuación y mantenimiento de áreas locativas de los puestos de
trabajo, iv) evaluar la infraestructura por las fisuras que se encuentran
en paredes y techo, v) orden y aseo para disminuir el riesgo de caídas
de objetos como se observaba en la oficina de talento humano, vi)
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mantenimiento de redes y equipos electicos, señalización de cajas
eléctricas, identificación de voltajes y canalizaciones de cables, vii)
cambio de bombillas dañadas canalización del cableado y red eléctrica
expuesta, reparación de tomacorrientes, instalaciones de cintas
antideslizantes foto luminiscentes y señalización
informativa/preventiva.
Sin embargo, de las pruebas aportadas al expediente, no se observa
que se haya acogido las mencionadas recomendaciones.
4 Acompañamiento defensor del Completado – El defensor regional ha realizado el acompañamiento a
a cada una de las pueblo regional las órdenes impartidas y ha rendido los correspondientes informes.
órdenes Valle del
impartidas Cauca
5 Informe de Centro Parcialmente – solo el INPEC ha rendido informe de cumplimiento
cumplimiento con Penitenciario y
destino a este Carcelario
proceso EPMSC Buga,
al INPEC y a la
USPEC
3. Nueva solicitud de incidente de desacato
El demandante promovió incidente de desacato al considerar que las órdenes impartidas
en la sentencia de tutela del 7 de marzo de 2024, confirmada el 12 de junio siguiente,
habrían sido incumplidas dado que las condiciones de infraestructura del EPMSC Buga
que dieron lugar al amparo no han sido superadas, particularmente en el área
administrativa, donde no se habrían realizado reparaciones efectivas e integrales.
Señaló que continuaron las deficiencias locativas y estructurales que comprometieron
sus derechos a la salud, dignidad humana y trabajo, pese a las recomendaciones
formuladas por Positiva Compañía de Seguros S. A. en el informe del 22 de septiembre
de 2023 y que la elaboración de oficios, estudios, reuniones, solicitudes presupuestales
y trámites contractuales no constituyen, por sí mismas, el cumplimiento de las órdenes
judiciales, pues considera necesario acreditar la ejecución efectiva de las intervenciones
y la superación de los riesgos identificados.
Manifestó que el INPEC y la USPEC deben actuar coordinadamente para atender las
necesidades de infraestructura del establecimiento. Como hecho sobreviniente, alegó la
ocurrencia de un sismo el 10 de agosto de 2026 y sostuvo que habría agravado las
afectaciones y los riesgos previamente identificados, por lo que solicitó una evaluación
técnica actualizada.
Cuestionó la posibilidad de trasladar a los funcionarios al nuevo pabellón adjunto, por
considerar que dicha infraestructura no se encuentra terminada ni reúne las condiciones
técnicas, funcionales y de seguridad necesarias para desarrollar las actividades
laborales.
En consecuencia, solicitó: (i) verificar de manera integral el estado actual de
cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas, (ii) tener en consideración los
hechos sobrevinientes derivados del terremoto del 10 de agosto de 2026 dado que
inciden en el estado actual de la infraestructura, (iii) requerir a las autoridades obligadas
acreditar de forma documental, técnica y material el cumplimiento del fallo de tutela, (iv)
ordenar las evaluaciones técnicas necesarias para establecer el estado actual del área
administrativa, (v) ordenar las medidas provisionales necesarias para proteger a las
personas mientras se ejecuta la acción definitiva (vii) ordenar la reparación, adecuación,
reforzamiento, reconstrucción o intervención que técnicamente corresponda, conforme al
alcance de la sentencia y a las evaluaciones actualizadas, (viii) Ordenar que el nuevo
pabellón adjunto solamente sea utilizado como alternativa de reubicación cuando se
encuentre técnicamente terminado, seguro, funcional y habilitado, (ix) ordenar la
presentación de un cronograma cierto, verificable y sujeto a seguimiento. (x) Individualizar
las competencias de las autoridades involucradas y (xi) determinar si existe responsabilidad
subjetiva de las personas naturales obligadas al cumplimiento y adoptar las medidas
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sancionatorias correspondientes además de mantener el seguimiento al cumplimiento
hasta verificar la satisfacción material de la orden.
4. Trámite del incidente de desacato
El 21 de septiembre de 2026, el Despacho sustanciador requirió a los directores del INPEC,
de la USPEC y de la EPMSC Buga, así como al defensor del pueblo regional Valle del
Cauca para que, en el término de dos días, se pronunciaran sobre el presunto
incumplimiento de las órdenes de tutela que fueron invocadas por el actor.
5. Informes sobre cumplimiento
El defensor del pueblo regional Valle del Cauca aportó informes con fecha de 30 de
septiembre, 2 y 16 de octubre de 2026.
En el informe del 30 de septiembre de 2026, señaló que efectuó una visita el 23 de
diciembre de 2024, en la que identificó deterioro de infraestructura, grietas en áreas
administrativas, deficiencias de iluminación, exposición de cableado eléctrico y
necesidades de mantenimiento del sistema de alcantarillado. Agregó que adelantó
seguimiento a las actuaciones del INPEC y la USPEC y que los documentos actualmente
disponibles corresponden a las actuaciones y verificaciones adelantadas durante los
años 2024 y 2025, pero precisó que no podía certificar el estado actual de las obras a
septiembre de 2026 sin realizar una nueva visita presencial.
En la respuesta del 2 de octubre de 2026, afirmó que había cumplido la orden de
acompañamiento y que las actuaciones realizadas fueron informadas al despacho
judicial. Expuso que durante el seguimiento advirtió un cumplimiento parcial de las
obligaciones a cargo de las autoridades penitenciarias y solicitó valorar separadamente
su deber de acompañamiento, pues la falta de ejecución de las obras no le era atribuible.
Mediante memorial del 16 de octubre de 2026, reiteró que su competencia comprende el
acompañamiento y la verificación, sin incluir la contratación ni ejecución de obras. Solicitó
examinar individualmente las obligaciones de cada autoridad y requerir al INPEC, a la
USPEC y al establecimiento para que acreditaran el estado actual de las órdenes. Precisó
que las referencias a actuaciones anteriores debían corroborarse con los documentos
íntegros y que no bastaban para certificar su alcance y oportunidad.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) manifestó que ha
adelantado gestiones para cumplir las órdenes relacionadas con la infraestructura del
EPMSC Buga y la atención de las recomendaciones de Positiva Compañía de Seguros
S. A.
Informó que el contrato de obra No. 219 de 2013, destinado a la construcción de un sector
de mediana seguridad y obras conexas, fue reiniciado el 23 de octubre de 2024 y
presentaba un avance físico del 93 %. Explicó que se realizaron mesas de trabajo con la
interventoría, el contratista y las autoridades penitenciarias para coordinar la ejecución
del proyecto.
Indicó que se suscribió el otrosí No.18, mediante el cual se prorrogó el contrato y se
adicionaron recursos para obras complementarias, entre ellas la reubicación del edificio
administrativo y la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua potable.
No obstante, precisó que el contrato se encontraba temporalmente suspendido mientras
se apropiaban los recursos necesarios para continuar la interventoría, con previsión de
reanudación durante la primera semana de noviembre de 2026.
Agregó que para el primer semestre de 2027 se proyectaba una adición presupuestal
para sistemas de seguridad electrónica, comunicaciones, redes contra incendios,
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conexiones finales, componente eléctrico, colector de aguas y dotación de talleres, aulas,
sanidad y reseña. Indicó que acordó con el INPEC un plan de contingencia con entregas
parciales del bloque H, la UTE y la zona de reseña, para anticipar el traslado del personal
administrativo mientras culminaba la ampliación.
Finalmente, sostuvo que las adecuaciones de los puestos de trabajo en los bloques H y
GII, previstas para atender las recomendaciones de Positiva, se encontraban en fase
final. Identificó a la Dirección de Infraestructura, a cargo de Lina Marcela Duarte Suárez,
como la dependencia competente para dar respuesta respecto de las órdenes dirigidas a
la USPEC.
El director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Buga señaló que ha
continuado adelantando actuaciones relacionadas con el cumplimiento del fallo,
principalmente mediante solicitudes, comunicaciones e informes sobre las necesidades
de infraestructura.
Sostuvo que el establecimiento no dispone de los recursos presupuestales ni de las
facultades para contratar y ejecutar directamente las obras, por cuanto dichas
competencias corresponden a la USPEC. Explicó que su intervención consiste en
informar las deficiencias identificadas, solicitar el apoyo de las entidades competentes y
colaborar en la coordinación de las actuaciones.
En relación con las recomendaciones formuladas por Positiva Compañía de Seguros
S.A., informó que se instalaron barandas de seguridad alrededor de determinados
espacios, se realizan revisiones de orden y aseo en los puestos de trabajo y se han
adelantado gestiones relacionadas con las adecuaciones locativas y estructurales.
También indicó que la USPEC ha venido ejecutando contratos dirigidos a mejorar la
infraestructura del establecimiento y reiteró que la Dirección ha continuado comunicando
las necesidades que requieren intervención.
Concluyó que junto con las demás autoridades accionadas han dado continuidad a las
labores reportadas en el primer informe del 20 de septiembre de 2025 y para tal fin, han
adelantado gestiones, reuniones, evaluaciones de lecciones aprendidas y campañas de
concientización orientadas a garantizar los derechos humanos de la población privada de
la libertad y promover su efectiva resocialización por lo que solicitó tener por acreditados
los avances y recibido el informe de las intervenciones adelantadas por el CPMS de Buga
y las demás autoridades accionadas.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a través del coordinador del
grupo de tutelas afirmó que el escrito de incidente no fue remitido a la entidad y que si bien
la actuación se encontraba registrada en SAMAI los documentos no se encontraban
disponibles para descarga, por lo que solicitó la remisión del escrito del incidente para dar
cumplimiento a las disposiciones legales y continuar con el ejercicio de sus derechos.
II. CONSIDERACIONES
1. Del cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato
El trámite de la acción de tutela puede terminar con una sentencia que adopte medidas
tendientes a proteger el derecho vulnerado o amenazado. Esas medidas pueden ser de
acciones o de abstenciones. En ambos casos, las órdenes deben estar claramente
definidas en la sentencia de tutela, de manera que la autoridad o particular demandado
sepa con certeza la orden que debe cumplir.
Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento por
parte de los funcionarios públicos o por los particulares, según el caso. Para que los
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mandatos sean cumplidos cabal y oportunamente, la ley contempla mecanismos que
tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, la sanción
de los responsables del desacato.
Esos mecanismos son la orden de cumplimiento del fallo1 y el desacato2. El juez que
conoce del incidente de desacato o de las solicitudes de cumplimiento deberá determinar
si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa. Y, si existe
incumplimiento, deberá determinar si el funcionario actuó de manera culposa o dolosa3.
El desacato, por tener un fin sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva
del funcionario o funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas
en el fallo de tutela. Ahí sí juegan un papel importante todos los elementos propios del
régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o negligencia con
que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación
o atenuación de la conducta, etcétera.
2. Caso concreto
El señor Cristhian Felipe Salinas Cruz, quien actúa en nombre propio y como agente
oficioso de las personas privadas de la libertad del EPMSC Buga, presentó incidente de
desacato, porque, a su juicio, no se había dado cumplimiento en su integridad a la
sentencia del 7 de marzo de 2024, que fue confirmada el 12 de junio siguiente.
Señaló que las condiciones de infraestructura del EPMSC Buga que dieron lugar al
amparo no habían sido superadas, particularmente en el área administrativa, donde no
se habrían ejecutado reparaciones integrales y verificables y destacó la agravación de
las condiciones por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 que produjo nuevas
afectaciones en la estructura del establecimiento y había incrementado los riesgos
previamente identificados.
Al respecto, la Sala pone de presente que, mediante auto del 10 de diciembre de 2025,
esta Sección ya efectuó un análisis del cumplimiento de las órdenes impartidas en las
sentencias de tutela del 7 de marzo y 12 de junio de 2024, oportunidad en la que
determinó cuáles de ellas habían sido satisfechas y respecto de cuáles persistía un
incumplimiento parcial. En consecuencia, el examen que corresponde realizar en esta
oportunidad no implica efectuar nuevamente una valoración integral de todas las órdenes
judiciales ni el estudio de hechos sobrevinientes sino verificar si, con posterioridad a dicha
providencia, las autoridades obligadas adelantaron las actuaciones necesarias para
superar las situaciones de incumplimiento previamente identificadas.
Hecha la anterior precisión con la finalidad de decidir sobre la apertura del trámite
incidental, es necesario identificar si las autoridades requeridas en el auto del 21 de
septiembre de 2026 han atendido los respectivos mandatos judiciales, para lo cual se
1 Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras
cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y
adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato
al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
2 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien
decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.
3 Sentencia C – 367 de 2014 «(…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona
que debe cumplir la sentencia»
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advierte que, en la sentencia de primera instancia de 7 de marzo de 2024, esta Sección
ordenó: i) al INPEC y a la USPEC que de manera coordinada elaboraran un plan de acción que
permitiera atender las necesidades de infraestructura del EPMSC Buga y que de ese plan
informaran al director de la EPMSC Buga, quien debía rendir informes, ii) al INPEC y a la USPEC
que implementaran acciones de mejoramiento en materia de proyectos de resocialización, iii) al
Centro Penitenciario y Carcelario EPMSC Buga, al INPEC y a la USPEC que adelantaran las
gestiones necesarias para acoger en su totalidad las recomendaciones realizadas por Positiva
Compañía de Seguros SA, en el informe técnico de inspección de seguridad a los puestos de
trabajo e instalaciones físicas de la EPMSC Buga del 22 de septiembre de 2023, iv) al defensor
del pueblo regional Valle del Cauca para que realizara acompañamiento a las órdenes impartidas
en la mencionada sentencia, a través de visitas de inspección y, v) al Centro Penitenciario y
Carcelario EPMSC Buga, al INPEC y a la USPEC que enviaran informe de cumplimiento.
Ahora bien, en el auto dictado el 10 de diciembre de 2025 que decidió el incidente de
desacato, se concluyó el cumplimiento frente a las órdenes relacionadas con (i) la
creación del plan de acción y (ii) el acompañamiento a cada una de las órdenes
impartidas por parte del defensor de pueblo regional hasta esa fecha; no obstante, frente
a las demás órdenes se señaló que el cumplimiento había sido parcial o estaba
incompleto.
Bajo ese contexto, la Sala observa que, al contestar el requerimiento efectuado a través
del auto del 21 de septiembre de 2026, la USPEC y la EPMSC de Buga coinciden en que
han adelantado actuaciones tendientes al cumplimiento; sin embargo, el fallo de tutela no
se encuentra cumplido en su totalidad, pues continúan adelantando actuaciones para su
cumplimiento.
Por su parte, el defensor del pueblo regional Valle del Cauca afirmó que no podía
certificar el estado actual de las obras a septiembre de 2026 sin realizar una nueva visita
presencial y pese a que el INPEC se limitó a solicitar la remisión del escrito del incidente;
sin hacer ninguna manifestación de fondo frente al cumplimiento del fallo de tutela, pese a
que según se verifica en el aplicativo SAMAI, mediante correo electrónico4 enviado el 23
de septiembre de 2026, junto con los demás accionados se le notificó el auto del 21 de
septiembre de 2026, se le envió el link del proceso y las instrucciones para acceder al
expediente.
En ese orden de ideas, se dará apertura al incidente de desacato en su contra.
Por lo expuesto, el Despacho
III. RESUELVE
1. Dar apertura el incidente de desacato promovido por Cristhian Felipe Salinas Cruz,
quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de las personas privadas de la
libertad del EPMSC Buga contra de Daniel Fernando Gutiérrez Rojas director del INPEC,
Isadora Fernández Posada directora de la USPEC, Raul Alberto Villada director de la
EPMSC Buga y Gerson Alejandro Vergara Trujillo, defensor del pueblo regional Valle del
Cauca.
2. Notificar personalmente a los directores del INPEC, la USPEC, la EPMSC Buga y al
defensor del pueblo regional Valle del Cauca.
3. Correr traslado, por el término de 3 días, para que las precitadas autoridades se
pronuncien respecto del cumplimiento de las sentencias de tutela del 7 de marzo de 2024
y del 12 de junio siguiente, dictadas por la Sección Cuarta y la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en su orden, en el expediente de la referencia.
4
tutelas@inpec.gov.co.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06506-03
Demandante: Cristhian Felipe Salinas Cruz
4. Requerir a los directores del INPEC, la USPEC, la EPMSC Buga y al defensor del
pueblo regional Valle del Cauca para que, en el término de 3 días, contados a partir de la
notificación de está providencia, aporten las pruebas de las gestiones adelantadas para
el cumplimiento integral de la sentencia del 7 de marzo de 2024 teniendo en cuentas las
órdenes pendientes de cumplimiento señaladas en el auto del 10 de diciembre de 2025.
Así mismo, a la ARL para que informe si el INPEC, la USPEC y la EPMSC Buga
cumplieron en su totalidad las recomendaciones del informe técnico del 30 de septiembre
de 2023.
5.Las comunicaciones, oficios, memoriales, escritos, pruebas documentales y demás que
se presenten en este trámite judicial, se recibirán en la siguiente cuenta de correo
electrónico del Consejo de Estado: secgeneral@consejodeestado.gov.co, o a través de
la ventanilla virtual de Samai: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co.
Notifíquese y cúmplase,
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020230650603/4126E236C5C142914C8728886A7A37A0020633CCBFDDED68E59EED10843C9622/2

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