Defecto sustantivo: acceso RUNT – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03937-01
Accionante: JOSÉ ARTURO MÓRTIGO PINZÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Recurso de insistencia del solicitante
en caso de reserva. Información de placas de vehículos automotores
y oficina de registro. Defectos sustantivo, falta de motivación y
violación directa de la Constitución
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor José Arturo Mórtigo Pinzón, quien actúa en nombre propio,
contra la sentencia de 26 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de mayo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de acceso a la información pública, petición, debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por
la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Amparar mis derechos fundamentales al acceso a la información pública,
derecho de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del trámite de recurso de insistencia.
TERCERO. Producir una nueva decisión por parte del Consejo de estado que se ajuste
al ordenamiento jurídico colombiano.
CUARTO. En su defecto, ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, emitir una nueva decisión:
• Con base en la decisión y motivación que de su Despacho se expida.
• Aplicando un juicio estricto de proporcionalidad;
• Interpretando armónicamente el artículo 9 de la Ley 769 de 2002;
• Aplicando el principio de máxima divulgación;
• Aplicando el principio de divisibilidad;
• Y evaluando alternativas menos restrictivas frente a la información solicitada.
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QUINTO. Ordenar al Ministerio de Transportes y al sistema RUNT ajustar todas sus
actuaciones a la constitución y la ley”.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela y los documentos aportados al proceso, se
tienen como hechos relevantes los siguientes:
La parte actora relató que el 24 de septiembre de 2025 presentó solicitud en
ejercicio del derecho de petición ante la Concesión RUNT 2.0 S.A.S., en la que
pidió información relacionada con el número de placa y el organismo de tránsito en
el que se encontraban registrados los vehículos automotores de determinados
ciudadanos1. Precisó que el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) está
regulado, dirigido y administrado por el Ministerio de Transporte.
Aseveró que la Concesión RUNT 2.0 S.A.S. negó el acceso a la información
solicitada, al considerar que se trataba de datos personales de terceros sujetos a
protección, cuyo suministro requería la autorización previa, expresa e informada de
sus titulares, una orden judicial o el requerimiento de una autoridad competente, de
conformidad con el régimen de protección de datos personales.
Señaló que contra dicha negativa interpuso recurso de insistencia que fue remitido
a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y resuelto mediante providencia de 17 de abril de 2026, proferida
dentro del proceso con radicado 25000-23-41-000-2026-00473-00, en la que se
declaró bien denegada la solicitud de información formulada en la petición de 24 de
septiembre de 2025.
Refirió que la autoridad judicial accionada consideró que la información solicitada
estaba sometida a reserva legal, en la medida en que se relacionaba directamente
con terceros y comprendía datos sobre los posibles propietarios de vehículos
automotores, sus placas y los organismos de tránsito en los que se encontraban
registrados. Asimismo, estimó que su divulgación podía comprometer los derechos
a la intimidad, vida, integridad personal y seguridad personal, pues en el contexto
del conflicto armado interno podría incrementar su vulnerabilidad frente a conductas
como la extorsión, el secuestro o el hurto. Para sustentar esa determinación acudió
a los literales a) y b) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y al numeral 3º del
artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.
3. Fundamentos de la acción
El actor sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la información pública, petición, debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en tanto el Tribunal accionado fundamentó
la reserva en la posibilidad de que la información solicitada expusiera a los
eventuales propietarios de los vehículos a riesgos de extorsión, secuestro, hurto u
otras conductas delictivas. Sin embargo, cuestionó que esa conclusión se hubiera
sustentado en hipótesis generales asociadas al conflicto armado interno, sin
acreditar amenazas reales, circunstancias particulares de vulnerabilidad ni un nexo
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Expresamente de los señores Wilman Alexander García Tovar, Claudia Jineth Rodríguez Espinosa, Freddy
Santiago Sánchez Dederle, José Luis Gómez Ramírez, Jazmín Andrea García Tovar y César Maurico Beltrán
Castiblanco.
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concreto entre la divulgación de la información y la eventual afectación de los
derechos de terceros.
Añadió que la providencia empleó expresiones hipotéticas sobre la posibilidad de
incrementar el riesgo, pero no estableció que la información solicitada tuviera la
capacidad real de ocasionar las consecuencias advertidas. En esas condiciones
generales, expuso que la providencia incurrió en defectos sustantivo, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución.
En relación con el defecto sustantivo, afirmó que el Tribunal efectuó una
interpretación extensiva y desproporcionada de las causales de reserva previstas
en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y desconoció el artículo 9 de la Ley 769 de
2002 que, según expuso, constituye la norma especial que establece el carácter
público de la información contenida en el RUNT. A su juicio, la autoridad judicial
accionada sustituyó esa regla de publicidad por una presunción general de riesgo
y atribuyó carácter reservado a información respecto de la cual no existía una
disposición legal que estableciera expresamente esa condición.
Como sustento adicional de ese defecto señaló que el artículo 2º de la Ley 769 de
2002 define la placa como un documento público que identifica externa y
privativamente al vehículo, razón por la cual consideró que su número no constituía,
por sí mismo, un dato íntimo o sensible. Agregó que el sistema registral automotor
permite que, una vez conocida la placa, cualquier ciudadano solicite ante el
organismo de tránsito correspondiente el certificado de tradición o historial del
vehículo.
Por ello, estimó contradictorio que se calificara como reservada la información
necesaria para identificar el automotor y el organismo de tránsito en el que estaba
matriculado. De igual manera, comparó la información solicitada con la que consta
en el registro de la propiedad inmueble, respecto del cual señaló que es posible
acceder a información sobre la titularidad de bienes sin que esta se encuentre, por
ese solo hecho, sometida a reserva.
Respecto de la falta de motivación suficiente, adujo que la providencia sustentó
la restricción del acceso a la información en riesgos hipotéticos derivados de
posibles actuaciones de grupos armados ilegales, pero no demostró la existencia
de riesgos ciertos, concretos e individualizables, amenazas reales ni una relación
causal objetiva entre la entrega de la información y la eventual comisión de delitos.
Sostuvo, por tanto, que la referencia general al conflicto armado y a posibles riesgos
de extorsión, secuestro o hurto no constituía una justificación suficiente para
restringir el acceso a la información, porque de admitirse ese razonamiento una
amplia cantidad de información administrada por el Estado podría quedar sometida
a reserva por la sola posibilidad de que terceros hicieran un uso indebido de ella.
Asimismo, reprochó que el Tribunal no hubiera examinado alternativas menos
restrictivas frente a la negativa total de acceso. En particular, afirmó que omitió
aplicar el principio de divisibilidad previsto en la Ley 1712 de 2014 y estudiar la
posibilidad de suministrar información parcial, anonimizada, con supresión de los
datos protegidos o mediante alguna modalidad de acceso condicionado. A su juicio,
aun si una parte de la información estaba amparada por la reserva, esa
circunstancia no justificaba negar integralmente lo solicitado.
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Finalmente, respecto de la violación directa de la Constitución sostuvo que la
decisión desconoció el artículo 74 superior y los principios de máxima publicidad e
interpretación restrictiva de las reservas legales. Reiteró que el Tribunal reemplazó
la regla constitucional de publicidad por una presunción general de riesgo fundada
en escenarios hipotéticos y no demostrados. Añadió que la conclusión adoptada
resultaba contraria a los principios de razonabilidad y coherencia, porque el
ordenamiento permitía acceder a información registral de los vehículos a partir del
conocimiento de su placa y según su interpretación del artículo 9 de la Ley 769 de
2002, reconocía expresamente el carácter público de la información contenida en
el RUNT.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
La titular del despacho ponente solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela, al considerar que la providencia cuestionada se encontraba debidamente
motivada, pues la Sala analizó la información requerida y concluyó que su
divulgación podía vulnerar los derechos a la privacidad e intimidad de terceros, de
conformidad con el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, así como sus derechos a la
vida, salud y seguridad protegidos por el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.
Explicó que la solicitud pretendía obtener información relacionada directamente con
personas determinadas, específicamente los números de placa de los vehículos
registrados a su nombre y los organismos de tránsito correspondientes, por lo que
tras ponderar los derechos en conflicto, otorgó prevalencia a la vida, integridad,
seguridad, intimidad y privacidad de los terceros frente al derecho de acceso a la
información del peticionario.
Precisó que, contrario a lo afirmado por el accionante, la petición no se limitó a
identificar determinados vehículos, en tanto ya conocía los nombres y documentos
de identificación de siete personas y pretendía establecer, a partir de esos datos,
qué vehículos se encontraban registrados a su nombre, información que calificó
como íntima y privada y que, en conjunto con los datos previamente conocidos por
el solicitante, podía permitir el acceso a información protegida de terceros. Añadió
que, si el interesado pretendía identificar bienes de esas personas para ejercer las
acciones correspondientes podía acudir a las autoridades judiciales o
administrativas competentes, frente a las cuales no resulta oponible la reserva en
los términos del artículo 27 de la Ley 1755 de 2015.
En relación con el reproche por desconocimiento del principio de divisibilidad,
afirmó que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 no resultaba aplicable en los
términos propuestos por el accionante. Explicó que la petición solicitaba
precisamente el número de placa y el organismo de tránsito en el cual estaban
registrados los vehículos de las siete personas identificadas, e insistió en que la
providencia expuso las razones por las cuales ninguno de esos datos podía
suministrarse. Por ello, consideró que no existía información susceptible de entrega
parcial o divisible.
Para terminar, negó que se hubiera configurado alguno de los defectos atribuidos
a la providencia porque la decisión se adoptó con fundamento en el marco
normativo y jurisprudencial aplicable, respetó las garantías procesales y efectuó
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una ponderación entre los derechos involucrados. En consecuencia, sostuvo que
la acción de tutela pretendía reabrir una controversia ya resuelta en el trámite de
única instancia del recurso de insistencia y convertir el mecanismo constitucional
en una instancia adicional para controvertir esa determinación.
4.2. Respuesta del Ministerio de Transporte
A través del coordinador del grupo de defensa judicial solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no intervino en la petición
presentada por el actor ni en el recurso de insistencia y que, conforme con el
Decreto 087 de 2011, tampoco tenía competencia para revisar la validez de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Precisó que
el RUNT es un sistema de información operado y administrado por la Concesión
RUNT 2.0 S.A.S., razón por la cual las actuaciones atribuidas a esa sociedad no le
resultaban imputables.
Asimismo, sostuvo que la tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional y de sustento probatorio, pues el accionante pretende reabrir
mediante el mecanismo constitucional una controversia que ya fue resuelta por el
juez natural en el trámite del recurso de insistencia. Señaló que la tutela contra
providencias judiciales constituye un juicio de validez y no una instancia adicional
para controvertir cuestiones legales o probatorias ya definidas.
Por último, negó haber vulnerado el derecho de petición dado que el actor no
presentó solicitud alguna ante esa cartera ministerial y, por tanto, no se inició
actuación administrativa que le impusiera el deber de responder. Añadió que el
accionante no acreditó una vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales
atribuible al Ministerio y reiteró que la controversia sobre la reserva de la
información ya había sido decidida mediante el mecanismo legal previsto para ese
efecto.
4.3. Respuesta de la Concesión RUNT 2.0 S.A.S
El representante legal suplente solicitó negar las pretensiones de la acción porque
la información requerida estaba relacionada con el patrimonio de terceros
registrados en el RUNT y, por tanto, comprendía datos personales protegidos por
la Ley 1581 de 2012. Explicó que, aunque el RUNT constituye un registro público,
contiene información de carácter privado cuyo suministro a terceros exige el
consentimiento previo, expreso e informado del titular, el requerimiento de una
entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones o una orden judicial.
Afirmó que el accionante no acreditó ninguno de esos presupuestos.
Precisó que no negó de manera absoluta el acceso a la información, pues le indicó
al interesado que podía obtenerla por conducto de la autoridad competente si hacía
parte de un proceso judicial o administrativo en el que resultara necesaria, supuesto
en el cual aquella quedaría sometida a las garantías de seguridad propias del
respectivo expediente. En ese sentido, defendió que su actuación tuvo como
finalidad salvaguardar el derecho al habeas data de los titulares de la información
y se ajustó a los principios de finalidad, seguridad y proporcionalidad previstos en
el régimen de protección de datos personales.
Para terminar, sostuvo que la controversia sobre la negativa de acceso ya había
sido resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decidir el recurso
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de insistencia, por lo que consideró que el actor pretendía reabrir mediante la tutela
un asunto definido en una providencia que calificó como definitiva, inmutable y
vinculante. Por esas razones, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales
invocados y solicitó el rechazo de la acción.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 26
de junio de 2026, negó la solicitud de amparo presentada por el señor José Arturo
Mórtigo Pinzón.
En primer lugar, consideró satisfechos los requisitos generales de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales. Encontró acreditada la legitimación en la
causa por activa porque el accionante promovió el recurso de insistencia y por
pasiva respecto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque profirió la
decisión cuestionada. Estimó cumplida la inmediatez, dado que la providencia se
dictó el 17 de abril de 2026 y la tutela se presentó el 22 de mayo siguiente, así como
la subsidiariedad, porque el recurso de insistencia era de única instancia. Asimismo,
reconoció la relevancia constitucional del asunto, pues los cuestionamientos se
relacionaron con la interpretación y aplicación de las causales legales de reserva
de información y con la suficiencia del juicio de ponderación que sustentó la
restricción del derecho fundamental de acceso a la información.
De otra parte, al estudiar el fondo concluyó que la providencia cuestionada no
incurrió en los defectos invocados porque el Tribunal sustentó la reserva en
causales legales y efectuó una ponderación acorde con el estándar constitucional
aplicable. Agregó que la información solicitada comprometía la privacidad e
intimidad de personas determinadas y que el actor no acreditó ser su titular ni estar
facultado para acceder a ella.
Destacó que, dadas las condiciones sociales y de conflicto interno del país, la
divulgación de esos datos podía representar un riesgo para la vida, integridad y
seguridad de los terceros involucrados y precisó que el test de daño no exigía
acreditar un perjuicio ya consumado, pues el análisis recaía sobre la existencia de
un riesgo eventual o probable derivado de la divulgación de la información.
También descartó el desconocimiento del principio de divisibilidad, pues consideró
que la solicitud pretendía conocer las placas de vehículos registrados a nombre de
personas plenamente identificadas y, por ello, la información era inescindible y no
podía fragmentarse o anonimizarse sin comprometer los derechos protegidos por
la reserva.
Por último, rechazó el argumento consistente en que el carácter público de la
información del RUNT o la utilización de la placa como criterio de consulta
implicaran que cualquier persona tuviera derecho a conocer la información
asociada a un tercero. En consecuencia, estimó que la autoridad judicial accionada
había justificado la restricción de acceso.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, en el que se negó el amparo
solicitado. Cuestionó que se hubiera considerado acertada la conclusión según la
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cual la información requerida comprometía la privacidad e intimidad de terceros y
su divulgación podía representar un riesgo desproporcionado para su vida,
integridad y seguridad.
Sostuvo que la placa de un vehículo no constituía un dato personal protegido por la
Ley 1581 de 2012, pues conforme con el artículo 2º de la Ley 769 de 2002 y un
concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio que invocó2, se trataba
de un documento público destinado a identificar externa y privativamente un
vehículo y no a una persona natural. Añadió que el certificado de tradición obtenido
a partir de la placa y del lugar de matrícula contenía información relacionada con el
automotor, su tradición, titularidad y características, por lo que insistió en que su
solicitud de conocer únicamente la placa y el lugar de matrícula de los vehículos se
ajustaba al ordenamiento jurídico.
Asimismo, reprochó que el fallo de primera instancia no hubiera resuelto uno de los
argumentos que planteó en la demanda de tutela relativo al carácter público de la
información registral sobre vehículos automotores y a su comparación con la
información sobre la propiedad de bienes inmuebles administrada por las oficinas
de registro de instrumentos públicos. Afirmó que ambos sistemas registrales
cumplían una finalidad semejante de publicidad respecto de bienes sujetos a
registro y que, por ello, correspondía explicar por qué la información registral de los
vehículos debía recibir un tratamiento diferente y quedar sometida a reserva.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la sentencia impugnada no resolvió
integralmente el problema jurídico, pese a haber reconocido su relevancia
constitucional, pues se limitó a considerar razonable la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sin pronunciarse sobre todos los argumentos
expuestos en la solicitud de amparo. En consecuencia, solicitó que se efectuara un
pronunciamiento de fondo sobre esos planteamientos y se revocara la sentencia de
primera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, de conformidad con los argumentos del escrito
de impugnación, si debe revocar la sentencia de 26 de junio de 2026 que negó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, acceder a la protección
constitucional solicitada porque la providencia de 17 de abril de 2026 proferida por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que resolvió el recurso de insistencia, incurrió en defectos
sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.
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Concepto núm. 220221 de 2015.
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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Sobre los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales se han fijado dos tipos, por un lado, los generales8 o de procedibilidad,
que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis
de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos9 o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor José Arturo Mórtigo Pinzón presentó acción de tutela contra la providencia
de 17 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró bien
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
9
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8
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denegada la solicitud de información contenida en la petición de 24 de septiembre
de 2025, formulada por el actor ante la Concesión RUNT 2.0 S.A.S. A juicio del
accionante, dicha decisión incurrió en defecto sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución. A juicio del accionante, dicha decisión incurrió
en defecto sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 26 de junio de 2026 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
providencia cuestionada no incurrió en los defectos invocados. Para el a quo, el
Tribunal justificó la restricción del acceso a la información en las causales legales
de reserva y efectuó una ponderación compatible con el test de daño previsto en el
artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, pues estimó que los datos solicitados
comprometían la intimidad y privacidad de terceros y que su divulgación podía
generar un riesgo para su vida, integridad y seguridad.
Previo al estudio de fondo, el juez constitucional de primera instancia consideró
satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Como este aspecto no fue objeto de impugnación, la Sala
no efectuará un análisis detallado sobre el particular. No obstante, precisa que
comparte las consideraciones expuestas por el a quo respecto del cumplimiento de
tales presupuestos.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la providencia objeto
de tutela incurrió en los defectos alegados por la parte accionante. Para tal efecto,
los cargos se analizarán de manera conjunta, en atención a que se sustentan en
argumentos estrechamente relacionados con la interpretación y aplicación de las
normas que regulan el acceso a la información y sus excepciones.
Así, lo primero que debe mencionar la Sala es que la acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones adoptadas por los jueces naturales10. Por tanto, el análisis en esta sede
no tiene por objeto establecer cuál de las interpretaciones propuestas por las partes
resulta jurídicamente preferible ni sustituir al juez que resolvió el recurso de
insistencia. El control constitucional se circunscribe a determinar si la interpretación
y aplicación de las normas que sirvieron de fundamento para restringir el acceso a
la información respetaron los límites constitucionales y legales que rigen el derecho
fundamental previsto en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política.
Sobre el particular, conforme a las pruebas allegadas al plenario, la Sala encuentra
que el señor José Arturo Mórtigo Pinzón presentó una solicitud en ejercicio del
derecho de petición ante la Concesión RUNT 2.0 S.A.S., en los siguientes términos:
“(…) solicito se sirvan expedir una certificación en la que indique el número de placa y
el organismo de tránsito en el cual se hallan matriculados los vehículos automotores
que se encuentren registrados a nombre de los siguientes ciudadanos.
1. WILMAN ALEXANDER GARCÍA TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No.
79’917.XXX de Bogotá.
2. CLAUDIA JINETH RODRÍGUEZ ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 52’502.XXX de Bogotá.
3. FREDDY SANTIAGO SÁNCHEZ DEDERLE, identificado con cédula de ciudadanía
No. 80’497.XXX de Chía.
10
Ver sentencias SU- 451 de 2024 y SU-138 de 2024, SU-006 de 2023, SU-134 de 2022, entre otras.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03937-01
Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón
4. JOSÉ LUIS GÓMEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.070’015.XXX de Cajicá.
5. JAZMÍN ANDREA GARCÍA TOVAR, identificada con cédula de ciudadanía No.
52’806.XXX de Bogotá.
6. JUAN ANDRÉS COLLAZOS LAMILLA, identificado con cédula de ciudadanía No.
79’889.XXX de Bogotá.
7. CÉSAR MAURICIO BELTRÁN CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80’765.XXX de Mosquera.
La anterior petición tiene como objeto conocer de manera precisa y concreta el número
de placa y el lugar en el cual se encuentran matriculados los vehículos que aparezcan
a nombre los ciudadanos citados y poder obtener entonces el correspondiente
certificado de tradición y/o historial vehicular para los fines a que haya lugar.
(…)
Que el artículo 9 de la Ley 769 de 2002 manifiesta lo siguiente: Toda la información
contenida en el RUNT será de carácter público”.
Obra copia del correo electrónico remitido por la Concesión el 10 de noviembre de
2025, en el que sobre el particular contestó:
“En ese sentido, en línea con la política de gobierno digital y el derecho fundamental de
Habeas Data el RUNT ha implementado mecanismos que facilitan a los titulares de los
datos el acceso a su propia información de manera ágil y segura a través de sus canales
digitales (página web, Sede Electrónica o la APP RUNT).
No obstante, desde la página web del RUNT usted puede validar si la persona se
encuentra o no inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito, esto mediante la
consulta pública por tipo y número de documento, con ello usted puede descartar un
proceso que arroje como resultado que la persona de su interés no cuenta con ningún
tipo de información en el RUNT.
Ahora bien, reconocemos plenamente el valor constitucional y legal del derecho de
petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, como un pilar esencial
para la participación ciudadana y el acceso a la información. Sin embargo, cuando la
solicitud recae sobre información personal de un tercero, como en este caso los datos
patrimoniales o de vehículos registrados en el Sistema RUNT, la respuesta debe
armonizarse con las garantías inherentes al derecho fundamental de Habeas Data del
titular de la información.
En este contexto, la información solicitada solo puede ser facilitada en estricto
cumplimiento de los parámetros legales y de seguridad establecidos en la Ley 1581 de
2012, esto implica que el acceso a dicha información en aquellos casos solicitados por
personas distintas al Titular está condicionado a la existencia del consentimiento previo,
expreso e informado del aquel, a que la solicitud provenga de una entidad pública o
administrativa en ejercicio de sus funciones legales o que la misma esté fundamentada
en una orden judicial.
En consecuencia, si usted hace parte de un proceso judicial o administrativo, donde se
requiera dicha información, le sugerimos requerir esta información a través del
despacho que se encuentre a cargo del proceso, el cual será el encargado de velar por
la información personal del Titular bajo el resguardo del expediente judicial o
administrativo.
Así las cosas, sin la respectiva autorización del titular o el mandato expreso de una
autoridad competente, la información requerida no podrá serle facilitada en respuesta a
un derecho de petición, todo en aras de salvaguardar el derecho fundamental al Habeas
Data del titular de la información”.
Ante dicha respuesta, el accionante presentó recurso de insistencia en el que indicó
que “Con fecha 24 de septiembre de 2025 solicité a la entidad accionada informar
si determinados ciudadanos registraban vehículos automotores a su nombre en el
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sistema RUNT, explicando la finalidad de la consulta, que consiste en conocer la
placa y la oficina de tránsito en la cual se encuentran registrados los automotores
y poder obtener el correspondiente certificado de tradición para ejecutar
títulos valores que se encuentran a su cargo, petición que tiene respaldo en
mi derecho fundamental al trabajo a fin de ejercer las acciones legales en
contra de los mismos”. (Negrillas por fuera del texto original)
El recurso fue resuelto por la autoridad judicial accionada mediante providencia de
17 de abril de 2026 en la que declaró bien denegada la solicitud de información, al
considerar que los datos requeridos estaban sometidos a reserva de conformidad
con los literales a) y b) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y el numeral 3º del
artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de
2015. Expresamente el Tribunal indicó:
“De conformidad con la norma antes citada se tiene que, goza de reserva legal la
información y documentación incluidas en los registros de archivos de las instituciones
públicas o privadas, los cuales solamente podrán ser solicitadas por el titular de la
información, sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para
acceder a tal información, sin que se observe que el señor José Arturo Mórtigo Pinzón
ostente alguna de las mencionadas calidades respecto de los posibles titulares de
vehículos automotores.
En el presente asunto se tiene que, la información solicitada en el derecho de petición
goza de reserva legal toda vez que, contiene información relacionada directamente con
los posibles propietarios de vehículos automotores (terceras personas) y adicional a ello,
el número de placa y organismo de tránsito, lo que implicaría que en el marco del conflicto
armado interno Colombiano en caso de darse acceso público a dicha información, podría
incrementarse la vulnerabilidad de las personas involucradas en el suministro de dicha
información, en la medida en que podría afectarse de forma grave principalmente su
derecho fundamental a la vida, integridad personal y seguridad, adicional a que la
información que allí se suministra, concierne a información íntima y privada de terceras
personas quienes son posibles propietarios de automotores dentro de los respectivos
registros que administra la Concesión RUNT 2.0 S.A.S.
Así mismo, se tiene que en la información recaudada por la Concesión RUNT 2.0 S.A.S.,
contiene datos personales como el lugar de ubicación del solicitante, situación que
acrecienta mucho más el riesgo a la vida, integridad y seguridad personal, ya que la
divulgación de estos datos podría acarrearles consecuencias por parte de actores
armados ilegales (extorsión, secuestro, hurto, etc), de aquí, la razón de la reserva
determinada en los literales a) y b) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, atinente a que
la información que pudiere causar daño a la intimidad, vida, salud o seguridad de la
persona, goza de reserva legal.
No obstante lo anterior, si la parte solicitante pretende identificar plenamente los bienes
que tienen las personas relacionadas en el derecho de petición, se deben iniciar las
acciones pertinentes antes las respectivas autoridades judiciales a quienes de
conformidad con lo señalado en el artículo 27 de la Ley 1755 de 2015, no les son
oponibles el carácter de reservado de la información o documentación que aquí se
solicita”.
De lo anterior, se advierte que el Tribunal sustentó la decisión de declarar bien
denegada la solicitud de información, esencialmente, en dos razones. En primer
lugar, consideró que los datos requeridos estaban sometidos a restricción de
acceso por encontrarse directamente relacionados con terceros determinados, en
tanto permitían establecer si estos figuraban como propietarios de vehículos
automotores y, por esa vía, conocer información vinculada con su patrimonio. En
segundo término, al examinar el daño que podría derivarse de su divulgación,
estimó que el suministro del número de placa y del organismo de tránsito
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correspondiente podía incrementar la vulnerabilidad de los posibles propietarios en
el contexto del conflicto armado interno y comprometer sus derechos a la vida, la
integridad personal y la seguridad, ante la eventual utilización de esos datos por
actores armados ilegales para la comisión de conductas como extorsiones,
secuestros o hurtos.
En ese contexto, la Sala analizará los dos argumentos que sustentaron la decisión
de declarar bien denegada la solicitud de información, con el fin de establecer si la
restricción de acceso se encuentra justificada a la luz de las circunstancias del caso,
las normas aplicables y la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
En efecto, respecto del primer argumento, relativo a la naturaleza de los datos
solicitados, la Sala no desconoce que estos se encuentran asociados a personas
determinadas, pues el requerimiento no tiene por objeto conocer una placa
considerada aisladamente, sino establecer si determinadas personas tienen
vehículos registrados a su nombre y, en caso afirmativo, conocer el número de
placa y el organismo de tránsito correspondiente. Por tanto, para resolver el recurso
de insistencia resultaba necesario determinar la naturaleza jurídica de los datos
concretamente solicitados y, a partir de ello, establecer si se configuraba alguna de
las excepciones legales al principio de acceso a la información.
Sobre el particular, el artículo 2º de la Ley 769 de 2002 definió la placa como un
“documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual identifica
externa y privativamente un vehículo”. A su vez, el artículo 9º del mismo estatuto
legal establece:
“ARTÍCULO 9°. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DE LOS
REGISTROS. Toda la información contenida en el RUNT será de carácter público.
Sus características, el montaje, la operación y actualización de la misma serán
determinadas por el Ministerio de Transporte y su sostenibilidad deberá estar
garantizada únicamente con el cobro de tarifas que serán fijadas por el
Ministerio para el Ingreso de datos y la expedición de certificados de información.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-532 de 2003, salvo el texto resaltado que se declaró INEXEQUIBLE.
El Ministerio de Transporte tendrá un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por
una sola vez por un término de un (1) año contados a partir de la fecha de sanción de
esta ley para poner en funcionamiento al público el RUNT”.
Por su parte, en sentencia C-850 de 2013, la Corte Constitucional examinó el
parágrafo 3° de la Ley 1539 de 201211 y concluyó que la información que de
conformidad con las normas de tránsito recaudan y almacenan los Centros de
Reconocimiento en el RUNT y que se entregará o pondrá a disposición del Sistema
Integrado de información “se clasifica como información semi-privada, entendida
como aquella información personal o impersonal que no puede considerarse de
11
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de
fuego y se dictan otras disposiciones. El parágrafo 3° dispone: “La entidad encargada del Registro de la
información de los certificados de aptitud física, mental y motriz conforme a la Ley 769 del 2002 debe entregar
la información o permitir el acceso a todos los registros de los certificados médico de aptitud física, mental y
psicomotriz, en tiempo real con el fin de confrontar, comparar con la información que se encuentra almacenada
en el Sistema Integrado de Seguridad, este último entregará un informe diario legitimado ante los entes de
control y vigilancia los exámenes que dieron cumplimiento a los criterios establecidos en el literal d) del artículo
11 de la Ley 1119 de 2006 y a la Resolución 1555 de 2005”.
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acceso público, y que en consecuencia entraña algún grado de limitación para su
acceso, incorporación a bases de datos y divulgación. En consecuencia, se trata de
información a la que solo puede accederse por orden de autoridad judicial o
administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento
de los principios de administración de datos personales”.
En esa decisión la información que fue clasificada con semiprivada por la Corte
Constitucional se refirió expresamente a los “(i) nombres, apellidos, teléfono y
dirección del examinado; ii) documento de identificación del examinado; iii) firma y
huella dactilar del examinado; v) fotografía del examinado y vi) declaración del
médico sobre los resultados de la evaluación, diagnóstico obtenido, y restricciones
o limitaciones si fuere el caso”12.
Es decir que la sentencia C-850 de 2013 no atribuyó carácter semiprivado a toda la
información contenida en el RUNT. La calificación efectuada por la Corte
Constitucional recayó sobre los datos específicamente examinados en esa
oportunidad y atendió a su contenido y a las condiciones constitucionales de acceso
que les resultaban aplicables.
De hecho, en el Auto 406 de 2020, al abordar un asunto relacionado con
infracciones de tránsito, la Corte Constitucional se refirió a la “información pública
sobre la identidad del dueño del automotor que reposa en las bases de datos de las
autoridades (RUNT)”. Esta referencia, aunada a lo expuesto en la sentencia C-850
de 2013, permite advertir que la sola circunstancia de que un dato repose en el
RUNT no determina, por sí misma, su carácter público o semiprivado. En
consecuencia, corresponde examinar la naturaleza de la información
concretamente solicitada y a partir de su contenido y del régimen jurídico aplicable,
establecer su clasificación y las condiciones para acceder a ella.
Esta precisión resulta relevante si se tiene en cuenta la clasificación de la
información que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional. Sobre el particular,
la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU-328 de 2025, reiteró que la
información puede clasificarse en pública13, semiprivada14, privada15, sensible16, y
reservada17.
12
Numeral 9.4.2.5 de la sentencia C-850 de 2013.
13
Dato público que alude a la información que puede ser obtenida sin reserva alguna. Incluye documentos
públicos como los títulos universitarios, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas y los datos sobre
el estado civil
14
O sea, la información personal que no es íntima ni reservada, pero cuyo acceso puede interesar a un grupo
o persona. Hacen parte de esta categoría, entre otros, los datos financieros, crediticios, la historia académica,
y algunos de los datos que aparecen en bases de datos públicas como el registro único nacional de tránsito, el
registro de antecedentes judiciales o el registro único de seguros (ver sentencias: T-275 de 2021, T-450 de
2022, T-324 de 2024 y T-454 de 2024).
15
Esto es, información íntima o reservada, relevante solo para su titular. En esta categoría están los documentos
privados, las historias clínicas, los datos obtenidos en razón a la inspección del domicilio o luego de la práctica
de pruebas en procesos penales sujetos a reserva, entre otros (ver Ley 1266 de 2008, artículo 3, literal h.)
16
Es decir, aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.
Hacen parte de esta categoría los datos que revelan el origen racial o étnico; la orientación política; las
convicciones religiosas o filosóficas la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos
o que promuevan intereses de cualquier partido político o garanticen los derechos y garantías de partidos
políticos de oposición; así como los datos relacionados con la vida sexual y los datos biométricos.
(Sentencias C-1011 de 2008, T-114 de 2018 y SU-139 de 2021.)
17
No tiene un equivalente directo en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, ya que no necesariamente alude
a información personal. Lo que determina la información reservada o secreta es que tenga alto interés nacional
y que su divulgación esté expresamente prohibida por ley o la Constitución.
13
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La información pública puede ser obtenida y ofrecida sin reserva y sin que para ello
se requiera acreditar una relación directa con su titular; la semiprivada, por su parte,
corresponde a aquella que, pese a no pertenecer a la esfera íntima de la persona,
interesa a su titular y a un determinado sector o grupo de personas, por lo que su
acceso y divulgación están sometidos a cierto grado de limitación. La privada
pertenece al ámbito propio del sujeto concernido y, en principio, solo puede ser
obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. La
sensible alude a aquella que afecta la intimidad del titular o que su uso indebido
conlleve discriminación. Y la reservada o secreta se refiere a la que tenga alto
interés nacional y que esté expresamente prohibida su divulgación en la
Constitución Política o en la ley.
La misma providencia precisó que la circunstancia de que determinada información
se encuentre incorporada en bases de datos de entidades públicas no determina,
por sí sola, su naturaleza. Así, existen datos que, pese a reposar en registros
públicos conservan carácter semiprivado en razón de su contenido. De ahí que la
determinación del régimen de acceso aplicable exija atender a la naturaleza
concreta del dato solicitado y no exclusivamente a la base o registro en el que se
encuentre incorporado.
Es justamente este análisis el que se echa de menos en la providencia objeto de
cuestionamiento, pues el Tribunal se limitó a concluir que la información solicitada
estaba sometida a restricción de acceso de conformidad con los literales a) y b) del
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1437 de
2011, sin examinar las disposiciones contenidas en los artículos 2º y 9º de la Ley
769 de 2002 ni explicar de qué manera estas incidían en la determinación de la
naturaleza jurídica de los datos requeridos.
En este punto, resulta relevante el argumento expuesto por el accionante respecto
del régimen de publicidad de la información contenida en el registro de instrumentos
públicos. Para la Sala no se trata de una simple comparación entre sistemas
registrales, sino de considerar la valoración que el propio legislador efectuó sobre
la naturaleza de la información que vincula a una persona determinada con un bien
sujeto a registro. Sobre el particular, el registro de instrumentos públicos conforme
a la regulación vigente permite conocer, a partir de la identificación de una persona,
información relacionada con los bienes inmuebles que aparecen registrados a su
nombre, pese a que esta revela aspectos de su patrimonio.
18
Al respecto, la Ley 1579 de 2012 no solo asigna al registro inmobiliario el objetivo
de dar publicidad a los instrumentos que trasladen, graven, limiten o extingan
derechos reales, sino que incluye entre los elementos constitutivos del archivo
registral “los índices de inmuebles y propietarios” y ordena que los índices de los
titulares de derechos “deberán permitir la búsqueda por nombre o documento
de identidad o NIT” (artículos 2, 7 y 10).
Esa reglamentación resulta pertinente para analizar el presente asunto, pues se
desarrolló en armonía con el régimen de protección de datos personales. Sobre el
particular, se encuentra que el literal b) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012
exceptúa del requisito de autorización del titular el tratamiento de datos de
18
Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones.
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naturaleza pública, y el artículo 2.2.2.25.1.3 del Decreto 1074 de 2015 -que compiló
el artículo 3 del Decreto 1377 de 2013- precisa que los datos públicos pueden estar
contenidos, entre otros, en registros públicos y documentos públicos que no estén
sometidos a reserva.
Por ello, la circunstancia de que un dato revele aspectos del patrimonio de una
persona identificada no permite concluir, sin más, que se trate de información
privada o semiprivada, toda vez que el ordenamiento admite que la titularidad de
bienes sujetos a registro sea conocida por terceros. Máxime cuando el propio RUNT
admitió, al responder la petición, que su plataforma permite hacer verificaciones con
el número de documento si una persona está inscrita. De manera que, consultar el
registro a partir de la cédula, no es ajeno al sistema.
Desde luego, lo anterior no significa que el régimen jurídico del registro inmobiliario
pueda trasladarse, sin más o automáticamente, al Registro Único Nacional de
Tránsito, pues se trata de sistemas sometidos a regulaciones propias y que pueden
contener información sujeta a distintos niveles de protección. No obstante, la
comparación sí resulta del caso para evidenciar que el carácter patrimonial de un
dato y su asociación con una persona determinada no implican, por sí solos, que su
acceso se encuentre restringido. En consecuencia, se insiste, correspondía al
Tribunal accionado establecer si, atendiendo a la naturaleza específica de la
información solicitada y al régimen previsto en los artículos 2º y 9º de la Ley 769 de
2002, existía fundamento constitucional y legal suficiente para limitar su
conocimiento.
Ante esta omisión, la Sala considera que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo,
pues resolvió el recurso de insistencia sin considerar integralmente el marco
normativo aplicable, al dejar de examinar disposiciones que resultaban relevantes
para establecer la naturaleza jurídica de los datos solicitados y, por esa vía,
determinar si su acceso podía ser restringido.
Ahora bien, en cuanto al segundo argumento que sustentó la decisión del recurso
de insistencia, relativo al test de daño, el Tribunal consideró que el suministro del
número de placa y del organismo de tránsito correspondiente podía incrementar la
vulnerabilidad de los posibles propietarios en el contexto del conflicto armado
interno y comprometer sus derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad,
ante la eventual utilización de esos datos por actores armados ilegales para la
comisión de conductas como extorsiones, secuestros o hurtos.
Al respecto, la Sala advierte que en la citada sentencia SU-328 de 2025, reiterada
recientemente en la sentencia SU-018 de 2026, se precisó que el artículo 28 de la
Ley 1712 de 201419 impone una carga argumentativa a los sujetos obligados que
deciden restringir el acceso a la información pública. Esta disposición establece que,
como la regla general es la entrega de la información, las autoridades que niegan el
acceso no pueden limitarse a invocar de manera genérica el carácter reservado de
los datos, sino que deben justificar de forma rigurosa, concreta y motivada las
19
ARTÍCULO 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que
fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En
particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo
establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una excepción contenida en
los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información causaría un daño presente, probable y
específico que excede el interés público que representa el acceso a la información.
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razones por las cuales consideran que la divulgación de la información pública
puede causar un daño que justifique su reserva.
De manera tal que, para alegar que se trata de información clasificada, el sujeto
obligado debe demostrar que la información pertenece al ámbito privado de alguien
más y puede afectar sus derechos y, en todo caso, el sujeto obligado debe
acompañar su negativa con una justificación en la que se explique que la
divulgación de la información causa un daño actual, probable y específico que
supere el interés público de acceder a ella.
En las sentencias referenciadas (SU-328 de 2025 y SU-018 de 2026) también se
indicó que “si bien el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 establece que corresponde
a los sujetos obligados realizar el ejercicio de ponderación cuando reciben una
solicitud de acceso a la información”, si “dicha ponderación no se efectúa o se hace
de manera inadecuada y ello deriva en una controversia judicial, es deber del juez
constitucional asumir ese análisis y valorar los derechos en tensión para determinar
si es o no procedente la entrega de la información”. Además, precisó que “hay
información que, en ningún caso, puede ser restringida o limitada ni siquiera a partir
de los criterios establecidos en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014”.
Así, contrastada la providencia cuestionada con ese estándar (constatar que el daño
sea actual, probable y específico), se advierte que el Tribunal sustentó la afectación
de la vida, la integridad y la seguridad de los terceros en consideraciones generales
relacionadas con la existencia del conflicto armado interno, la presencia de actores
armados ilegales y la posibilidad de que la información fuera utilizada para cometer
conductas como extorsiones, secuestros o hurtos.
Tales consideraciones podían dar cuenta, en abstracto, de riesgos asociados a la
divulgación de determinada información personal, pero no demostraban que la
entrega de los datos específicamente solicitados en este caso pudiera ocasionar un
daño presente, probable y específico. En particular, la providencia no identificó
circunstancias concretas relacionadas con las personas respecto de quienes se
requirió la información, no estableció la existencia de amenazas o factores
particulares de exposición, ni explicó de qué manera el conocimiento del número de
placa y del organismo de tránsito en el que se encontraban matriculados los
vehículos hacía probable la materialización de alguno de los riesgos invocados.
En esas condiciones, la referencia al conflicto armado interno y a la eventual
utilización de la información por actores ilegales permaneció en el plano de una
posibilidad general o hipotética. Si bien el test de daño no exige acreditar que la
afectación ya se haya materializado, sí impone demostrar, a partir de las
circunstancias del caso, que el riesgo no sea remoto o meramente eventual, que
existan elementos que hagan probable su materialización y que el daño invocado
sea específico respecto de los derechos que se pretenden proteger.
Por tanto, la Sala no desconoce que la protección de la vida, la integridad y la
seguridad de las personas constituye una finalidad constitucionalmente legítima que
puede justificar restricciones al acceso a determinada información. Sin embargo, la
sola invocación de esos bienes jurídicos no releva a la autoridad de acreditar el
vínculo entre la divulgación de la información concretamente solicitada y el daño
que pretende evitar. En este caso, la providencia cuestionada no explicó por qué
conocer si las personas identificadas tenían vehículos registrados a su nombre y,
en caso afirmativo, el número de placa y el organismo de tránsito correspondiente,
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generaba, en las circunstancias particulares del asunto, un riesgo cierto en los
términos exigidos por el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.
En ese sentido, la existencia del conflicto armado interno y de fenómenos delictivos
como la extorsión, el secuestro o el hurto no permitía presumir, sin elementos
adicionales conforme lo exige el estudio del test del daño, que la divulgación de la
información solicitada hiciera probable la materialización de tales conductas
respecto de las personas concernidas. Admitir una justificación de esa naturaleza
conduciría a que riesgos generales de seguridad o salud pública, predicables de un
número indeterminado de personas, fueran suficientes para restringir el acceso a
información pública, con lo cual se desdibujaría el carácter excepcional de las
limitaciones al derecho a la información previsto en el artículo 74 de la Constitución.
Así las cosas, aun bajo la premisa de que la asociación entre las personas
identificadas por el accionante y los vehículos registrados a su nombre pudiera
involucrar información semiprivada y, por esa vía, quedar comprendida en la
categoría de información pública clasificada, el Tribunal no satisfizo la carga
argumentativa que le correspondía para justificar la restricción de su acceso. La
providencia cuestionada no acreditó que la divulgación de los datos requeridos
ocasionara un daño presente, probable y específico que superara el interés público
representado en el acceso a la información, sino que sustentó la negativa en riesgos
generales e hipotéticos derivados del contexto de seguridad del país.
Por consiguiente, la Sala encuentra que la providencia cuestionada incurrió en los
defectos invocados y, por tanto, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, al restringir el acceso a la
información sin determinar suficientemente la naturaleza jurídica de los datos
concretamente solicitados ni confrontar su carácter patrimonial y su vinculación con
personas determinadas con el régimen especial previsto en los artículos 2º y 9º de
la Ley 769 de 2002, que atribuyen a la placa la condición de documento público y
establecen el carácter público de la información contenida en el Registro Único
Nacional de Tránsito.
Tampoco examinó, en ese contexto, si la sola circunstancia de que la información
permitiera conocer bienes registrados a nombre de terceros justificaba su
restricción, pese a que el ordenamiento contempla otros registros públicos, como el
de instrumentos públicos, en los que es posible acceder a información sobre la
titularidad de bienes a partir de la identificación de una persona. A ello se suma que,
aun bajo la premisa de que la información requerida pudiera involucrar datos
semiprivados y quedar comprendida en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, el
Tribunal no efectuó de manera adecuada el examen exigido por el artículo 28
ibidem, pues sustentó el riesgo para la vida, la integridad y la seguridad de los
terceros en consideraciones generales e hipotéticas relacionadas con el conflicto
armado interno y la eventual actuación de grupos ilegales, sin demostrar que la
divulgación de los datos solicitados pudiera ocasionar un daño presente, probable
y específico que excediera el interés público representado en su acceso.
Ahora bien, la Sala aclara que en el nuevo análisis que debe realizar la autoridad
judicial accionada puede apoyarse en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, el cual
alude a la divulgación parcial de la información y a la posibilidad de que se hagan
versiones públicas en las que se mantenga la reserva únicamente de la parte de la
información indispensable.
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Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón
En esas condiciones, la Sala revocará la sentencia de 26 de junio de 2026 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para en su lugar,
amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor José Arturo Mórtigo Pinzón.
En consecuencia, se dejará sin efectos la decisión de 17 de abril de 2026 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y
se le ordenará que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, emita una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.
Finalmente, la Sala se abstendrá de definir en esta sede si los datos solicitados son
susceptibles de entrega parcial o si, por el contrario, resultan inescindibles. Como
consecuencia del amparo, corresponderá al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, proferir una nueva decisión sobre
el recurso de insistencia, con observancia de las consideraciones expuestas en esta
providencia. Será en ese escenario en el que el juez natural deberá examinar, de
acuerdo con la naturaleza concreta de la información solicitada y el régimen jurídico
aplicable, si existe información sometida a alguna restricción de acceso y, de ser
así, si resulta posible su divulgación parcial en los términos del artículo 21 de la Ley
1712 de 2014 o si los datos son inescindibles.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 26 de junio de 2026 dictada por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. En su
lugar,
Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del señor José Arturo Mórtigo Pinzón. En
consecuencia,
Tercero.- Dejar sin efectos la decisión de 17 de abril de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el
marco del recurso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-00473-00.
Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, emita una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.
Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03937-01
Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón
Séptimo.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Salva voto
(Firmado electrónicamente)
ADRIANA GUILLÉN ARANGO
Conjueza
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260393701/3408CF53B21672ADC0563E896886E6D17ACFBEEFA020B89AC76E7217811C95AC/2

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