📅 05/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260717200
Interno: 11317
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 05/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Procede la acción de tutela presentada por la señora [M.A.C.P.] para dejar sin efectos parcialmente la sentencia del 19 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones y confirmó la condena en costas impuesta a la parte demandante en primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
Respuesta al problema jurídico: No
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 79, LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 47
— Resumen —
Resumen
La providencia resuelve una acción de tutela interpuesta por una docente (la parte actora) contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Meta. El conflicto original surgió de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se discutían diferencias salariales y prestacionales de docentes oficiales. La controversia en sede de tutela se centra exclusivamente en la legalidad de la condena en costas impuesta a la demandante. El Ratio Decidendi establece que la discusión sobre la imposición de costas procesales en procesos laborales-administrativos carece de relevancia constitucional, pues se trata de un debate estrictamente legal y económico que no afecta directamente derechos fundamentales, lo que deriva en la improcedencia del amparo.
Preguntas Centrales
¿Es procedente la acción de tutela para debatir la condena en costas impuesta en un proceso ordinario?
No. El documento señala que la discusión sobre el monto o la procedencia de las costas procesales es un asunto de mera legalidad y de carácter económico. Al no acreditarse una vulneración autónoma a derechos fundamentales, el asunto no supera el requisito de relevancia constitucional necesario para cuestionar una providencia judicial.
¿Se vulneró el debido proceso al aplicar el artículo 188 del CPACA sobre costas?
El documento no entra a analizar el fondo de esta vulneración porque determina que la tutela es el mecanismo incorrecto. La interpretación de si se debe aplicar la Ley 2080 de 2021 o el Código General del Proceso en materia de costas es una competencia del juez natural y no del juez de tutela.
Fundamentación Clave
Requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
- Para que proceda una tutela contra una sentencia, se deben cumplir los requisitos generales fijados en la Sentencia C-590 de 2005.
- Uno de los requisitos esenciales es la relevancia constitucional, la cual impide que la tutela se convierta en una instancia adicional para discusiones legales o monetarias.
Criterios de Relevancia Constitucional (Sección Cuarta del Consejo de Estado)
- El asunto debe involucrar una vulneración real de derechos fundamentales y no solo una discrepancia económica.
- No es admisible el uso de la tutela para discutir la “correcta” interpretación de normas procesales como el artículo 188 del CPACA o el artículo 365 del CGP.
Normatividad y Precedente
- Ley 2080 de 2021: Citada por la parte actora para argumentar que la condena en costas debe basarse en la conducta procesal y no solo en el resultado del proceso.
- Sentencia SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021: Jurisprudencia de la Corte Constitucional que prohíbe al juez de tutela inmiscuirse en controversias estrictamente monetarias o de interpretación legal ordinaria.
Conclusión
La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela. La tesis principal radica en que la inconformidad con una condena en costas es una disputa de orden legal y económico que no justifica la intervención del juez constitucional, ya que la tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia para reabrir debates procesales resueltos por el juez competente.
Extracto del documento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07172-00
Demandante: Myriam Andrea Cruz Pabón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07172-00
Demandante: MYRIAM ANDREA CRUZ PABÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tema: Acción de tutela contra providencia dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que condenó en costas a la parte
demandante. Improcedencia de la acción de tutela. Discusión
meramente legal y económica
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Myiriam Andrea Cruz Pabón contra el
Tribunal Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 4 de septiembre de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, Myriam Andrea Cruz Pabón pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 19 de febrero de 2026, con la que el Tribunal Administrativo
del Meta decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 0001-33-33-004-2024-00175-00/01 y la condenó en costas procesales.
2. Pretensiones
La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en sentencia proferida del 19 de febrero
de 2026 dentro del proceso 50001-33-33-004-2024-00175-01, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE
GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados
de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo,
referente a la condena en costas.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
META efectuar el examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario
conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las
garantías ius fundamentales de la accionante.
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Demandante: Myriam Andrea Cruz Pabón
3. Hechos
Del escrito de tutela, las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
La accionante es docente oficial, perteneciente a la categoría 3BM, de acuerdo con el
Decreto 1278 de 2002. A su juicio en los años 2008 y 2009, no se realizó un incremento
de la base salarial igualitario para los grados 3DM y 3BM, puesto que al primero se le
incrementó en un 44.89% y al segundo un 13.12%. Que lo anterior afectó los salarios
futuros, debido a que cada año se aplicaba el incremento sobre la base del anterior.
En razón de lo anterior la accionante pidió al Ministerio de Educación Nacional y al
departamento del Meta que se le reconociera y pagaran las diferencias salariales de los
últimos tres años anteriores a esa petición, en razón a la configuración de la prescripción
trienal, y las que se llegaran a causar en el futuro. Que, a su vez, se le reconociera y
pagara la reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de vacaciones, la
bonificación pedagógica, las horas extras y los demás emolumentos percibidos, así como
los ajustes de valor a que hubiere lugar por la disminución del poder adquisitivo de su
salario y que se ordenara el reconocimiento y pago al FOMAG de las diferencias
salariales por concepto de cesantías anualizadas.
A través de acto administrativo 2024-EE-055245 del 27 de febrero de 2024 y 17003-33-
16 del 13 de marzo de 2024, el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Meta, respectivamente, denegaron la solicitud relacionada en el párrafo anterior.
3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Myriam Andrea Cruz Pabón promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del
Meta (a la que se le asignó el número de radicación 50001-33-33-004-2024-00175-00),
para que se declarara la nulidad de los actos administrativos proferidos por las entidades
demandadas.
Del asunto conoció el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, que el 16 de
diciembre de 2024 denegó las pretensiones de la demanda al considerar los incrementos
salariales de los docentes pertenecientes a las categorías 3BM y 3DM no constituían una
vulneración del principio de igualdad, pues respondían a criterios objetivos relacionados
con la formación académica, las competencias y el mérito. Además, advirtió que la parte
demandante no logró demostrar que ambas categorías se encontraran en condiciones
equivalentes que justificaran recibir el mismo tratamiento salarial. Razón por la cual,
concluyó que no existían fundamentos para inaplicar el Decreto 284 de 2024 ni para
ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales solicitadas
por la parte demandante y resolvió condenarla en costas conforme a lo dispuesto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso.
Mediante sentencia del 19 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta
confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas razones del a quo, mantuvo
la condena en costas de primera instancia, pero se abstuvo de imponerlas en segunda
instancia, debido a que las entidades demandadas no intervinieron en esta etapa del
proceso.
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Demandante: Myriam Andrea Cruz Pabón
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, la accionante afirmó que la sentencia cuestionada incurría
en defecto sustantivo o material, al mantener la condena en costas impuesta en
primera instancia a la parte demandante, pues el fallo no se ajusta a derecho, toda vez
que se realizó una interpretación parcializada del artículo 188 del CPACA, sin tener en
cuenta la modificación realizada a este asunto por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
Señaló que el Tribunal Administrativo del Meta consideró que dicha modificación solo era
aplicable a los procesos de naturaleza pública, cuando, a su juicio, debía observarse en
todas las controversias de la jurisdicción contencioso administrativa. De igual manera,
sostuvo que la autoridad judicial desconoció los principios de inescindibilidad y
favorabilidad, al no aplicar íntegramente la disposición ni verificar si la demanda había
sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal. Por esta razón, cuestionó
la legitimidad de la providencia y sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
De igual manera, la accionante considera que se incurrió en desconocimiento del
precedente, porque el ad quem no tuvo en cuenta el precedente judicial proferido por la
Sección Segunda del Consejo de Estado1, al mantener la condena en costas impuesta
en primera instancia, sin tener en cuenta los criterios fijados por la corporación para los
asuntos laborales. Adujo que el Tribunal no podía fundamentar su decisión únicamente
en que las pretensiones de la demanda fueron negadas, pues también debía examinar la
conducta procesal de las partes, comprobar la causación de las costas y establecer si
esta se había presentado con manifiesta carencia de fundamento legal, conforme al
artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. A su juicio, el Tribunal se
apartó de la jurisprudencia aplicable sin explicar las razones que justificaban adoptar una
posición diferente, lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales
previamente invocados.
5. Intervenciones
El Ministerio de Educación Nacional, a través de su apoderada, solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela y que se desvincule al ministerio.
Argumentó que no contaba con facultades para intervenir, modificar o cuestionar las
decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Meta, ya que corresponden al
ejercicio autónomo e independiente de la función judicial. Señaló que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues sus competencias están relacionadas
principalmente con la formulación de políticas, regulación y coordinación del sector
1 (i) Sentencia del 7 de diciembre de 2021.Rad No. 25000-23-42-000-2018-02785-01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
(ii) Sentencia del 27 de enero de 2022. Rad. No. 25000-23-42-000-2016-05174-01. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter (iii)
Sentencia del 11 de agosto de 2023. Rad. No. 18001-23-33-000-2014-00249-01. C.P. César Palomino Cortés (iv)
Sentencia del 24 de agosto de 2023. Rad. Rad. No. 05001-23-33-000-2017-00562-01. C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas (v) Sentencia del 8 de febrero de 2024. Rad. No. 520013333000201800041600 (4256-2021). C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez (vi) Sentencia del 4 de abril de 2024. Rad. No. 20001-23-33-000-2013-00352-01 (2466-16). C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas (vii) Sentencia del 23 de mayo de 2024. Rad. No. 25000-23-42-000-2015-0335-01
(3526-2019) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez (viii) Sentencia del 30 de mayo de 2024. Rad. No. 23001-23-33-+000-
2016-00148-01. C.P. Jorge Portocarrero Banguera (ix) Sentencia del 13 de junio de 2024. Rad. No. 25000-23-42-000-
2012-01145-02. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar (x) Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. No. 110010-03-25-
000-2016-00173-00. C.P. Luís Eduardo Mesa Nieves (xi) Sentencia del 23 de abril de 2025. Rad. No. 11001-03-25-
000-2016-00592-00. C.P. Elizabeth Becerra Cornejo (xii) Sentencia del 18 de abril de 2024. Rad. No. 11001-03-15-
000-2024-01360-00. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez (xiii) Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-15-
000-2024-03346-00. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar (xiv) Sentencia del 24 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-
15-000-2024-03343-00. C.P. Edison Portocarrero Banguera.
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educativo, y lo concerniente a la administración del personal docente y situaciones
particulares son competencia de las entidades territoriales.
Que la acción de tutela no puede usarse como una instancia adicional, pues la tutela
contra providencias judiciales procede solo cuando se han agotado los mecanismos tanto
ordinarios como extraordinarios de defensa, salvo que sea necesaria para evitar un
perjuicio irremediable. Asimismo, afirmó que no se evidencia vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, por lo que le corresponde demostrar la existencia de un
defecto judicial que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.
El Tribunal Administrativo del Meta solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional, consideró que la accionante no acreditó
una vulneración autónoma de sus derechos fundamentales, sino que pretendía reabrir
una discusión de carácter jurídico y económico relacionada con la condena en costas,
que ya había sido resuelta por los jueces naturales del proceso. Asimismo, adujo que la
sentencia cuestionada sí examinó los reparos formulados en la apelación y explicó las
razones para mantener la condena en costas de primera instancia, teniendo en cuenta
que las pretensiones fueron negadas y las entidades demandadas ejercieron su defensa.
De igual manera, afirmó que la inconformidad con la interpretación del artículo 188 del
CPACA y la invocación de precedentes de la Sección Segunda del Consejo de Estado
no demostraban, por sí solas, una afectación de derechos fundamentales.
Finalmente, solicitó de manera subsidiaria denegar el amparo, al considerar que no se
acreditaron los defectos judiciales alegados ni la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
El departamento del Meta solicitó que se declarara que no hubo vulneración de los
derechos invocados por el accionante y realizar la desvinculación de la entidad territorial
dentro del proceso. Argumentó que no existe ninguna acción u omisión que fuera
atribuible al departamento, que hubiera vulnerado los derechos fundamentales. De igual
manera, afirmó que carece de interés jurídico en la controversia, pues la condena en
costas no fue impuesta a favor del departamento, sino a favor del Ministerio de Educación
Nacional, y tampoco tiene la competencia para modificarla. Finalmente, adujo que las
pretensiones principales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
fueron formuladas en contra del departamento se resolvieron por la jurisdicción
contencioso-administrativa de manera favorable a este y la acción de tutela se encuentra
exclusivamente dirigida en contra de la decisión proferida por el tribunal y está
relacionada con la condena en costas.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio solicitó que se declarara que no se
configura vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
Afirmó que la acción de tutela se encuentra dirigida en contra de la decisión proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta y que la inconformidad está centrada en el análisis
realizado por dicho Tribunal al confirmar la condena en costas impuesta en primera
instancia y por lo que pretende que se le ordene al Tribunal realizar un nuevo examen
acerca de la procedencia de la referida condena. Finalmente adujo que fue vinculado
dentro de la acción de tutela solo en calidad de tercero con interés y remitió copia del
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Myriam Andrea Cruz Pabón para dejar sin efectos parcialmente la sentencia del 19 de
febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, que confirmó la decisión
de primera instancia de denegar las pretensiones y confirmó la condena en costas
impuesta a la parte demandante en primera instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-002-2024-00217-01.
La Sala anticipa que declarara improcedente la acción de tutela, toda vez que la presente
acción de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues la discusión
sobre la condena en costas es de carácter eminentemente legal y económico.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07172-00
Demandante: Myriam Andrea Cruz Pabón
4. Análisis del caso concreto
La señora Myriam Andrea Cruz Pabón cuestiona la condena en costas procesales que le
fue impuesta en primera instancia y que fue confrimada en la sentencia del 19 de febrero
de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta decidió toda vez que, a su juicio,
el fallo incurrió en defecto sustantivo al realizar una interpretación parcializada del artículo
188 del CPACA, sin tener en cuenta la modificación realizada a este asunto por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, dijo que el Tribunal consideró que dicha modificación solo era
aplicable a los procesos de naturaleza pública, cuando, a su juicio, debía observarse en
todas las controversias de la jurisdicción contencioso administrativa y por desconocer los
principios de inescindibilidad y favorabilidad.
De igual manera, alegó que el referido fallo desconocía el precedente del Consejo de
Estado, Sección Segunda fijado para la condena en costas en asuntos laborales.
Como se ve, la discusión propuesta por la parte actora está relacionada con la forma cómo
deben interpretarse los artículos 79 y 365 del CGP y el inciso 2º del artículo 188 del
CPACA, que regulan las costas procesales.
Esa discusión, sin embargo, no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa de
un derecho fundamental, sino a la correcta interpretación de una norma legal, asunto que
recae sobre la determinación de aspectos meramente legales y procesales, que, en
últimas, terminan siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena impuesta
en su contra5.
Sobre este punto, la Corte Constitucional6 ha señalado que «las discusiones de orden legales
o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por
las jurisdicciones correspondientes”»7.
Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional8 cuando: «(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo,
la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan
claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés general”».
Es de anotar que es reiterado por esta Sala9 y por la Corporación10 el criterio según el cual
carecen de relevancia constitucional las tutelas promovidas contra providencias que
5 En el mismo sentido, la Sección dictó sentencias del 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00)
y del 5 de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00).
6 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
7 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
9 Sentencias: (i) del 29 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02577-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (ii)
del 16 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-06106-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (iii) del 23 de
noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-05194-00, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto; (iv) del 7 de
marzo de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-06956-01, M. P. Wilson Ramos Girón; (v) del 15 de agosto de 2024,
expediente 11001-03-15-000-2024-3570-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (vi) del 15 de agosto de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-03589-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (vii) del 30 de agosto de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-03784-00, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.
10 (i) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-06238-01,
M. P. Marta Nubia Velásquez Rico; (ii) Sección Quinta, sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente 11001-03-15-
000-2023-04292-01, M. P. Rocío Araújo Oñate, entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07172-00
Demandante: Myriam Andrea Cruz Pabón
imponen costas procesales, habida cuenta de que esa discusión concierne a una
interpretación legal con connotaciones económicas en las que no debe intervenir el juez
de tutela.
Por las razones expuestas, la Sala declarara improcedente la acción de tutela de la
referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de Educación
Nacional y el Departamento del Meta.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador11
11 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, escribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07172-00
Demandante: Myriam Andrea Cruz Pabón
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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