<
Cr Consultores

Carencia objeto Tribunal Atlántico – Fecha Publicación: 05/11/2026

Carencia objeto Tribunal Atlántico

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260766800

Interno: 12045

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Operó la carencia actual de objeto en la acción de tutela, debido a que durante su trámite el Tribunal Administrativo del Atlántico adoptó las actuaciones necesarias para resolver la solicitud cuya falta de trámite originó la alegada vulneración de los derechos fundamentales invocados por los accionantes?

Respuesta al problema jurídico: Si

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 192

— Resumen —

Resumen

La Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió sobre una acción de tutela interpuesta por el demandante y su apoderado contra un Tribunal Administrativo, alegando una presunta mora judicial en el trámite de una demanda ejecutiva. El conflicto se origina en el incumplimiento de una sentencia previa que ordenó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. El ratio decidendi se centra en la procedencia de la protección constitucional frente a la dilación en procesos de ejecución derivados de sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho. Los hechos relevantes indican que, tras varios meses de inactividad procesal y solicitudes de impulso, el Tribunal accionado finalmente emitió un pronunciamiento durante el trámite de la tutela, lo que configuró el fenómeno de carencia actual de objeto.

Preguntas Centrales

¿Incurrió el Tribunal demandado en una vulneración de derechos fundamentales por mora judicial?

El documento busca resolver si la falta de trámite de la demanda ejecutiva y la ausencia de respuesta a los memoriales de impulso constituían una violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La Sala determinó que no es necesario calificar la mora, pues durante el trámite de la tutela el Tribunal emitió el auto correspondiente, satisfaciendo la pretensión de obtener un pronunciamiento judicial.

¿Se cumplieron los requisitos de exigibilidad del título ejecutivo para librar el mandamiento de pago?

El problema jurídico secundario radicaba en si la obligación era exigible al momento de la solicitud. El documento resuelve que la demanda ejecutiva se presentó de forma prematura, ya que no se había agotado el plazo de diez (10) meses previsto en el artículo 192 del CPACA para que la administración realice el pago de sentencias condenatorias.

Fundamentación Clave

Carencia Actual de Objeto por Hecho Superado

  • El fallo se sustenta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-494 de 1993 y SU-274 de 2019), la cual establece que cuando la situación de amenaza o vulneración desaparece por la actuación de la autoridad accionada (en este caso, dictar el auto el 5 de octubre de 2026), la tutela pierde su razón de ser y el juez no puede impartir orden alguna.

Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)

  • Esta norma es fundamental para determinar la exigibilidad de la obligación. Establece que las condenas que consistan en el pago de una suma de dinero serán ejecutables tras vencerse el plazo de diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. El Tribunal constató que el demandante radicó la solicitud diez días antes del vencimiento de dicho plazo, lo que motivó la negativa del mandamiento de pago.

Derechos Fundamentales Invocados

  • Debido Proceso (Art. 29 C.P.): Relacionado con el derecho a recibir decisiones dentro de los términos legales.
  • Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.P.): Enfocado en la efectividad del cumplimiento de los fallos judiciales.
  • Mínimo Vital: Vinculado a la naturaleza prestacional (pensión) del crédito discutido.

Conclusión

La Sala resolvió declarar la carencia actual de objeto, toda vez que el Tribunal Administrativo ya emitió una decisión (auto que niega el mandamiento de pago por falta de exigibilidad), desapareciendo así la inactividad que motivó la tutela. Por lo tanto, cualquier orden judicial resultaría inocua al haberse restablecido el flujo procesal del expediente ejecutivo.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
BogotÆ, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintisØis (2026)
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-07668-00
Demandante MARCOS DE JES(cid:218)S ESCORCIA GARC˝A
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATL`NTICO
Temas Acci(cid:243)n de tutela. Mora judicial. Demanda ejecutiva para cumplimiento
de sentencia proferida en medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Solicitud de resolver sobre mandamiento
de pago. Carencia actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Secci(cid:243)n Cuarta decidir, en primera instancia, la acci(cid:243)n de tutela
instaurada por los seæores Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y Yuri Antonio Lora
Escorcia, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de septiembre de 20261, los seæores Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y Yuri
Antonio Lora Escorcia2 presentaron acci(cid:243)n de tutela contra el Tribunal
Administrativo del AtlÆntico, Sala de Decisi(cid:243)n Oral, Secci(cid:243)n B, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de petici(cid:243)n y al acceso
a la administraci(cid:243)n de justicia, en raz(cid:243)n a la presunta mora judicial en la que se
estar(cid:237)a incurriendo al no haber dado trÆmite a la demanda ejecutiva que radicaron
para el cumplimiento de la sentencia del 12 de noviembre de 2021 confirmada por
el Consejo de Estado el 2 de mayo de 2024 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del Derecho 08001-23-33-000-2016-00749-00/01.
En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones3:
(sic para toda la cita)
«PROTEGER los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la Administraci(cid:243)n de
Justicia y M(cid:237)nimo Vital de mis representados y del suscrito.
ORDENAR al Tribunal Administrativo del AtlÆntico que, en un tØrmino no mayor a cuarenta y
ocho (48) horas, proceda a:
a. Resolver la solicitud de reconocimiento de personer(cid:237)a jur(cid:237)dica y cesi(cid:243)n de derechos
practicada.
b. Admitir la demanda ejecutiva y librar el mandamiento de pago correspondiente conforme
a la ley.
VINCULAR al presente trÆmite constitucional al doctor Hernando Peæa Mart(cid:237)nez en calidad
de terceros interesados y/o representados».
1 Samai, (cid:237)ndice 2.
2 En el escrito de tutela se indica que el seæor Yuri Antonio Lora Escorcia actœa nombre propio y como apoderado judicial
del seæor Marcos De Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a. TambiØn se alleg(cid:243) el poder conferido por el seæor Escorcia Garc(cid:237)a en debida
forma.
3 Samai, (cid:237)ndice 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07668-00
Demandante: Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y otro
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El seæor Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a present(cid:243) demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho contra
Colpensiones. Solicit(cid:243) que se declarara la nulidad de las Resoluciones GNR
62788 del 26 de febrero de 2016, GNR 140486 del 12 de mayo de 2016 y VPB
33938 del 29 de agosto de 2016 mediante las cuales Colpensiones le neg(cid:243) el
reconocimiento y pago de una pensi(cid:243)n de jubilaci(cid:243)n.
2.2. Esta demanda le fue repartida en primera instancia al Tribunal Administrativo
del AtlÆntico, Secci(cid:243)n B despacho del magistrado `ngel HernÆndez Cano, bajo
el radicado 08001-23-33-000-2016-00749-00.
El 12 de noviembre de 2021 profiri(cid:243) sentencia en la que declar(cid:243) la nulidad de
los actos administrativos demandados. A t(cid:237)tulo de restablecimiento del
Derecho conden(cid:243) a Colpensiones a reconocer y pagar una pensi(cid:243)n de
jubilaci(cid:243)n a favor del seæor Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a a partir del 20 de
junio de 2010, en cuant(cid:237)a equivalente al 75% del promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales realiz(cid:243) cotizaciones durante los œltimos diez (10) aæos
de servicio.
2.3. Mediante sentencia del 2 de mayo de 2024 el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n
Segunda, Subsecci(cid:243)n B confirm(cid:243) el fallo del Tribunal Administrativo del
AtlÆntico, Secci(cid:243)n B. Mediante auto del 19 de junio de 2025 resolvi(cid:243) solicitudes
de correcci(cid:243)n, aclaraci(cid:243)n y adici(cid:243)n de la sentencia de segunda instancia
formuladas por la parte demandante.
2.4. El 3 de julio de 2025 el seæor Escorcia Garc(cid:237)a cedi(cid:243) al seæor Hernando Peæa
Mart(cid:237)nez el 43% de los derechos de crØdito derivados de la condena en
documento privado, a t(cid:237)tulo de pago de sus honorarios por su labor como su
apoderado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
08001-23-33-000-2016-00749-00. El 4 de julio de 2025 el seæor Hernando Peæa
Mart(cid:237)nez cedi(cid:243) al seæor Yuri Antonio Lora Escorcia el 10% de los derechos que
obtuvo.
2.5. El 22 de julio de 2025, los seæores Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y
Hernando Peæa Mart(cid:237)nez radicaron ante el tribunal solicitud de cumplimiento
del fallo. Mediante auto del 18 de diciembre de 2025, la Secci(cid:243)n B del Tribunal
Administrativo del AtlÆntico neg(cid:243) el mandamiento de pago en contra de la
entidad demandada, ante la falta de exigibilidad de la sentencia, por cuanto no
hab(cid:237)a transcurrido el plazo de los diez (10) meses, consagrado en el inciso
segundo del art(cid:237)culo 192 de la Ley 1437 de 2011, otorgado a la entidad desde
la fecha de ejecutoria para cumplir la sentencia declarativa; dicho prove(cid:237)do,
fue notificado el 19 de diciembre del 2025.
2.6. El 21 de abril de 2026 los seæores Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y Yuri
Antonio Lora Escorcia radicaron una segunda solicitud de librar mandamiento
de pago, a fin de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida el 12 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del AtlÆntico y confirmada el
2 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Segunda, Subsecci(cid:243)n
B.
2.7. Los d(cid:237)as 15 de julio de 2026 y 11 de septiembre de 2026, el apoderado de la
parte demandante present(cid:243) a travØs de la ventanilla virtual solicitudes de
impulso procesal, en donde ped(cid:237)a se diera trÆmite al proceso. Esto en los
siguientes tØrminos: «de la manera mÆs respetuosa vengo ante usted, para solicitarle se
digne darle impulso al presente proceso».
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07668-00
Demandante: Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y otro
2.8. La parte actora asegura que desde que la demanda ejecutiva fue repartida el
despacho ponente no le ha dado trÆmite al expediente por parte del magistrado
titular.
3. Fundamentos de la acci(cid:243)n
Los seæores Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y Yuri Antonio Lora Escorcia4
solicitaron la protecci(cid:243)n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administraci(cid:243)n de justicia y al m(cid:237)nimo vital, que consideraron vulnerados por la
inactividad del Tribunal Administrativo del AtlÆntico. Argumentaron que hab(cid:237)an
transcurrido varios meses desde la radicaci(cid:243)n de la demanda ejecutiva sin que el
tribunal librara mandamiento de pago, configurando una mora judicial injustificada.
4. TrÆmite impartido e intervenciones
4.1. Con providencia del 25 de septiembre de 20265, el despacho ponente admiti(cid:243)
la acci(cid:243)n de tutela interpuesta por los seæores Marcos de Jesœs Escorcia
Garc(cid:237)a y Yuri Antonio Lora Escorcia contra el Tribunal Administrativo del
AtlÆntico, Secretar(cid:237)a y despacho del magistrado sustanciador. Se vincul(cid:243) en
calidad de tercero con interØs al seæor Hernando Peæa Mart(cid:237)nez, cesionario de
los derechos econ(cid:243)micos derivados de la condena cuyo cumplimiento se
pretende con la demanda ejecutiva (expediente 08001-23-33-000-2016-00749-
00).
Se reconoci(cid:243) al abogado Yuri Antonio Lora Escorcia como apoderado judicial
del seæor Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a. Se ofici(cid:243) al Tribunal
Administrativo del AtlÆntico para que emitiera en medio digital informe del
trÆmite dado a la demanda ejecutiva instaurada el 21 de abril de 2026 con
ocasi(cid:243)n de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento
del Derecho 08001-23-33-000-2016-00749-00, a su vez, para que autorizara el
acceso al expediente en el Sistema de Gesti(cid:243)n Samai. Y se orden(cid:243) efectuar
las notificaciones pertinentes.
4.2. El Tribunal Administrativo del AtlÆntico, Despacho 66, a travØs del
magistrado `ngel HernÆndez Cano, rindi(cid:243) informe en el que hizo un recuento
de las actuaciones surtidas en el expediente 08001-23-33-000-2016-00749-00.
Frente a la demanda ejecutiva radicada el 21 de abril de 2026, expuso que con
auto del 5 de octubre de 2026 el despacho neg(cid:243) el mandamiento de pago ante
la falta de exigibilidad de la obligaci(cid:243)n. Por lo que, solicit(cid:243) que se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado. Como evidencia adjunt(cid:243) un
enlace de consulta del expediente en SharePoint.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acci(cid:243)n de tutela
La acci(cid:243)n de tutela, consagrada en el art(cid:237)culo 86 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protecci(cid:243)n inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
4 En el escrito de tutela se indica que el seæor Yuri Antonio Lora Escorcia actœa nombre propio y como apoderado judicial
del seæor Marcos De Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a. TambiØn se alleg(cid:243) el poder conferido por el seæor Escorcia Garc(cid:237)a en debida
forma.
5 Samai, (cid:237)ndice 4.
6 Samai, (cid:237)ndice 12.
7 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: «Toda persona tendrÆ acci(cid:243)n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s(cid:237) misma o por quien actœe en su nombre, la protecci(cid:243)n
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acci(cid:243)n o la omisi(cid:243)n de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07668-00
Demandante: Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y otro
ante situaciones de amenaza o vulneraci(cid:243)n, por la acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, la acci(cid:243)n de tutela es subsidiaria de otras herramientas judiciales,
salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Planteamiento del problema jur(cid:237)dico
Le corresponde a la Sala determinar si oper(cid:243) la figura de la carencia actual de
objeto, debido a que, en el trÆmite de la acci(cid:243)n de tutela, el Tribunal Administrativo
del AtlÆntico adelant(cid:243) gestiones que garantizaron los derechos fundamentales que
la parte accionante consider(cid:243) vulnerados.
3. Carencia actual de objeto
La acci(cid:243)n de tutela fue concebida como un mecanismo para la protecci(cid:243)n inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneraci(cid:243)n, por la acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneraci(cid:243)n ya se ha producido hacer que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acci(cid:243)n desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daæo ya producido, la tutela pierde su raz(cid:243)n de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecer(cid:237)a de fundamento. Este fen(cid:243)meno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado8; (ii) daæo consumado9 y (iii)
situaci(cid:243)n sobreviniente10.
Sobre esta clasificaci(cid:243)n la Corte Constitucional en sentencia T-494 de 1993, precis(cid:243)
lo siguiente:
«La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, as(cid:237), denotar la imposibilidad material en la que se encuentra
el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jur(cid:237)dicos
que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que Øste se constituye en el
gØnero que comprende el fen(cid:243)meno previamente descrito, y que puede materializarse a travØs
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se
ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
“situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el art(cid:237)culo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin(cid:243) la
vulneraci(cid:243)n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acci(cid:243)n o abstenci(cid:243)n) y, por tanto, (i) se super(cid:243) la afectaci(cid:243)n y (ii) resulta inocua
cualquier intervenci(cid:243)n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci(cid:243)n de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneraci(cid:243)n
iusfundamental que ven(cid:237)a ejecutÆndose, se ha consumado el daæo o afectaci(cid:243)n que con la
acci(cid:243)n de tutela se pretend(cid:237)a evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneraci(cid:243)n o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protecci(cid:243)n pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneraci(cid:243)n
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumi(cid:243) una carga que no le
correspond(cid:237)a, o porque, a ra(cid:237)z de dicha situaci(cid:243)n, perdi(cid:243) interØs en el resultado de la litis.»
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
10 Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07668-00
Demandante: Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y otro
Como lo seæal(cid:243) la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteraci(cid:243)n o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneraci(cid:243)n de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, as(cid:237) como su
raz(cid:243)n de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protecci(cid:243)n judicial». De all(cid:237) que, una
vez desaparece el supuesto de hecho que motiv(cid:243) la presentaci(cid:243)n de la solicitud de
amparo, ser(cid:237)a inocua cualquier determinaci(cid:243)n del juez constitucional, ya que «la
materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuraci(cid:243)n del daæo,
la satisfacci(cid:243)n del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
4. Del trÆmite impartido por la autoridad accionada. Caso concreto.
4.1. Los accionantes cuestionaron en su escrito de tutela que el Tribunal
Administrativo del AtlÆntico vulner(cid:243) sus derechos fundamentales con la
presunta mora judicial en la que se estar(cid:237)a incurriendo al no haber adelantado
ningœn trÆmite luego de la demanda ejecutiva que radicaron para el
cumplimiento de la sentencia del 12 de noviembre de 2021, confirmada por el
Consejo de Estado el 2 de mayo de 2024, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 08001-23-33-000-2016-00749-00/01. Esto sumado
a que esta misma autoridad no ha atendido los memoriales de impulso
procesal que presentaron el 15 de julio de 2026 y 11 de septiembre de 2026.
4.2. Ser(cid:237)a del caso establecer si el Tribunal Administrativo del AtlÆntico incurri(cid:243) en
mora judicial en darle trÆmite a la demanda ejecutiva radicada el 21 de abril de
2026, si no fuera porque durante el trÆmite de esta acci(cid:243)n el tribunal adelant(cid:243)
gestiones correspondientes al proceso en cuesti(cid:243)n.
Lo anterior dado que lo pretendido por los accionantes era que se le diera
trÆmite a la demanda y que se atendiera sus solicitudes de impulso procesal
en donde ped(cid:237)a: «de la manera mÆs respetuosa vengo ante usted, para solicitarle se digne
darle impulso al presente proceso», al considerar que esa autoridad incurr(cid:237)a en mora
judicial, no obstante, de la contestaci(cid:243)n que brind(cid:243) el Tribunal Administrativo
del AtlÆntico y de la revisi(cid:243)n que realiz(cid:243) esta Secci(cid:243)n al expediente que obra
en el Sistema de Gesti(cid:243)n Samai advirti(cid:243) que el despacho del magistrado `ngel
HernÆndez Cano dict(cid:243) auto que niega mandamiento de pago, como se
evidencia a continuaci(cid:243)n:
Actuaciones relevantes en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y ejecutivos
08001-23-33-000-2016-00749-00/01 (Samai Tribunal)
Fecha de actuación Descripción de la actuación adelantada
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B emite sentencia de
2 de mayo de 2024
segunda instancia (Samai, índice 44)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B emite auto que resuelve
19 de junio de 2025 solicitudes de corrección, aclaración y adición formuladas por el demandante
en contra de la sentencia del 2 de mayo de 2026 (Samai, índice 60)
Los señores Marcos de Jesús Escorcia García y Hernando Peña Martínez
22 de julio de 2025
radicaron ante el tribunal solicitud de cumplimiento del fallo (Samai, índice 46)
La sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico negó el mandamiento de
18 de diciembre de 2025
pago (Samai, índice 48)
19 de diciembre de 2025 Se notifica el auto del 18 de diciembre de 2025 (Samai, índice 50)
Los señores Marcos de Jesús Escorcia García y Yuri Antonio Lora Escorcia
21 de abril de 2026 radicaron ante el tribunal una segunda solicitud de cumplimiento del fallo
(Samai, índice 51)
15 de julio de 2026 Parte demandante radicó impulso procesal (Samai, índice 53)
11 de septiembre de 2026 Parte demandante radicó impulso procesal (Samai, índice 54)
5 de octubre de 2026 Se dictó auto que niega el mandamiento de pago (Samai, índice 57)
Pasa el expediente a la Secretaría con el auto que niega mandamiento
6 de octubre de 2026
ejecutivo (Samai, índice 58)
7 de octubre de 2026 Se fija por estado (Samai, índice 59)
7 de octubre de 2026 Se envía comunicación (Samai, índice 60)
Los señores Marcos De Jesús Escorcia García y Yuri Antonio Lora Escorcia
20 de octubre de 2026 radicaron ante el tribunal una tercera solicitud de cumplimiento de fallo
(Samai, índice 61)
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07668-00
Demandante: Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y otro
De conformidad con lo anterior, se concluye que el 5 de octubre de 2026 el
Tribunal Administrativo del AtlÆntico dict(cid:243) auto en el que neg(cid:243) el mandamiento
de pago, pues la segunda solicitud de cumplimiento radicada no cumpl(cid:237)a con
el requisito de exigibilidad por lo que no pod(cid:237)a considerarse t(cid:237)tulo ejecutivo.
En la parte considerativa de la providencia indic(cid:243) que la sentencia de segunda
instancia qued(cid:243) ejecutoriada el 1o de julio de 2025. Conforme al art(cid:237)culo 192
del CPACA la administraci(cid:243)n dispone de un plazo de 10 meses contados a
partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, para efectuar el pago, en el
caso concreto, el plazo de 10 meses se cumpli(cid:243) el 1 de mayo de 2026. Como
la parte ejecutante radic(cid:243) la segunda solicitud de cumplimiento el 21 de abril
de 2026, la respectiva demanda se present(cid:243) anticipadamente en diez (10)
d(cid:237)as. Por lo anterior resolvi(cid:243):
«PRIMERO.- PRECISAR que la fecha verdadera o real de ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia proferida por el Consejo de Estado corresponde al 01 de julio de 2025,
segœn constancia expedida el 10 de julio de 2025 por la Secretar(cid:237)a de la Secci(cid:243)n Segunda del
Consejo de Estado expedida, acorde con las razones anteriores.
SEGUNDO.- NEGAR el mandamiento de pago deprecado por el seæor Marcos de Jesœs
Escorcia Garc(cid:237)a, a travØs de apoderado judicial en contra de la Administradora Colombiana
de Pensiones- Colpensiones, dentro de esta segunda solicitud de cumplimiento presentada el
21 de abril de 2026, de conformidad a las motivaciones que anteceden.
TERCERO.- Por sustracci(cid:243)n de materia, no hay lugar tramitar la solicitud de medidas
cautelares solicitadas por la parte demandante.
CUARTO.- Contra la presente providencia procederÆ el recurso de apelaci(cid:243)n ante el Consejo
de Estado».
Por lo tanto, lo pretendido por los accionantes ya fue resuelto, pues el Tribunal
dio trÆmite al expediente 08001-23-33-000-2016-00749-00 al dictar el auto que
neg(cid:243) el mandamiento de pago, providencia que fue notificada el 7 de octubre
de 2026, lo que tambiØn atiende los memoriales de impulso procesal que
present(cid:243) la parte actora el 15 de julio de 2026 y 11 de septiembre de 2026.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07668-00
Demandante: Marcos de Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y otro
As(cid:237) las cosas, carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo en relaci(cid:243)n
con el planteamiento de la presunta mora judicial en la que estar(cid:237)a incurriendo
la autoridad accionada, ya que lo pretendido por los accionantes perdi(cid:243)
cualquier motivo que lo justificara, ya que al dictarse el auto que neg(cid:243) el
mandamiento de pago no hay raz(cid:243)n por la cual esta instancia deba realizar un
estudio, porque se resolvi(cid:243) el asunto.
5. Conclusi(cid:243)n
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declararÆ la carencia actual de objeto, ya
que a la fecha no existe vulneraci(cid:243)n o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, respecto del Tribunal Administrativo del AtlÆntico,
pues esta autoridad ya atendi(cid:243) la situaci(cid:243)n que motiv(cid:243) el amparo al dictar el auto
por medio del cual neg(cid:243) el mandamiento de pago.
En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Secci(cid:243)n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Repœblica
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relaci(cid:243)n con las
pretensiones de la acci(cid:243)n de tutela promovida por los seæores Marcos De
Jesœs Escorcia Garc(cid:237)a y Yuri Antonio Lora Escorcia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisi(cid:243)n a los interesados, por el medio mÆs expedito.
3. PUBLICAR la presente decisi(cid:243)n en la pÆgina web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta decisi(cid:243)n ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisi(cid:243)n.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTA(cid:209)O MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Presidente
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
WILSON RAMOS GIR(cid:211)N CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la
siguiente direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260766800/CA9540B63D4A4D146C359A2C4FECF8F14D0FE253B1235DDF7A79A0B5AA8061B4/2

Nuestros Servicios:

Consulta en nuestros servicios en Revisoría Fiscal outsourcing Colombia.

◆Revisoría Fiscal
◆Outsourcing Contable
◆Asesoría Tributaria
◆Consultoría Legal
◆Asesoría Financiera
Contáctenos →

Servicios Revisoría fiscal

1. Conceptos fundamentales sobre la revisoría fiscal ¿Qué es la revisoría fiscal en Colombia? La revisoría fiscal es una institución de fiscalización privada con función pública, ejercida por contadores públicos titulados, que vigila los procesos contables, financieros, administrativos y de control interno de las sociedades. Su finalidad es dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, el cumplimiento…

Servicios Precios de transferencia

Nombre:* Nombre Apellido Teléfono:* Correo electrónico:* Asunto: —- Autorización de trato de datos:* Si Autorizo recibir nuestro boletín informativo. Para Cr Consultores Su privacidad es importante para nosotros y no comercializaremos ni entregaremos sus datos personales a terceros. Verificación: EnviarLimpiar Contáctenos 1. Conceptos básicos de precios de transferencia en Colombia 1. ¿Qué son los precios de transferencia en Colombia? Los…

Servicios de Outsourcing Contable – Servicios Contables

1. Descripción del servicio: BPO contable y tributario Un BPO (Business Process Outsourcing) contable y tributario es una empresa especializada en la tercerización de procesos contables, fiscales, de nómina y de reportería financiera. Las firmas de outsourcing contable en Colombia operan bajo la regulación de la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio, la Ley 1314 de 2009 (NIIF)…

Servicios Outsourcing nómina

  Contactenos Objetivo de la propuesta servicios liquidación nómina – Bogotá Colombia • Nómina electrónica. • Liquidación de nómina. • Liquidación de planillas. • Emisión de desprendible de pago a empleados, los cuales serán enviados a los trabajadores a sus correos electrónicos. • Liquidación de prestaciones sociales. • Liquidación de contratos. • Liquidación de retenciones en la fuente. • Generación…