Denegación de pruebas y acumulación – Fecha Publicación: 23/10/2026

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-07000-00
Demandante: Camilo Hernán Cortés Prieto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 23 de octubre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07000-00
Demandante: Camilo Hernán Cortés Prieto
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial
Tema: Derecho fundamental al debido proceso
Auto que niega solicitudes probatorias y de acumulación
El Despacho decide las solicitudes probatorias formuladas por los coadyuvantes Gladys
María Urquijo Ardila y Jorge Eduardo Fonseca Echeverri, así como la solicitud de
acumulación presentada por la señora Carmen Juana Camargo Rodríguez.
I. ANTECEDENTES
El señor Camilo Hernán Cortés Prieto presentó acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a cargos públicos.
Alegó que fue rechazado en la Convocatoria 28 para el cargo de juez civil del circuito por
la causal 4, «No acreditar el requisito mínimo de experiencia», pese a que las
certificaciones laborales que aportó en la inscripción acreditaban más de cinco años de
experiencia profesional, y que la solicitud de verificación que radicó contra esa decisión
no había sido resuelta.
Mediante auto del 4 de septiembre de 2026, el Despacho admitió la demanda y vinculó
como terceros con interés a los aspirantes al cargo de juez civil del circuito que participan
en la Convocatoria 28 y que hicieron parte de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto
de 2026.
Dentro del trámite, la señora Gladys María Urquijo Ardila, aspirante al cargo de juez
administrativo del circuito que rechazada por la causal 5, referida a no presentar la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, presentó
escrito de coadyuvancia en el que pidió requerir a la entidad demandada para que
informara si el cargue de esa declaración estaba configurado como campo obligatorio en
el aplicativo CARJUD APP, si estaba identificado como tal, si su ausencia impedía
avanzar o culminar la inscripción y si el sistema expedía la constancia de inscripción sin
ese documento. Asimismo, solicitó que se ordenara aportar los registros de auditoría de
su inscripción y las pantallas y la configuración del módulo de anexos vigentes durante el
periodo de inscripción.
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Demandante: Camilo Hernán Cortés Prieto
Por su parte, el señor Jorge Eduardo Fonseca Echeverri, aspirante rechazado por las
causales 4 y 5, coadyuvó la demanda el 14 de septiembre de 2026 y solicitó ordenar a la
entidad que rindiera un informe sobre los motivos por los cuales consideró que los
participantes no acreditaron los requisitos pese a que los documentos se encontraban en
el sistema, así como la práctica de un peritaje o de una inspección judicial al aplicativo,
con el fin de verificar si las certificaciones de experiencia y las declaraciones
juramentadas de los aspirantes excluidos fueron cargadas en su oportunidad.
Finalmente, la señora Carmen Juana Camargo Rodríguez, aspirante al cargo de juez
laboral municipal de pequeñas causas rechazada por la causal 5, remitió el 16 de
septiembre de 2026 un escrito en el que solicitó la acumulación de las acciones de tutela
promovidas contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial con ocasión de los
rechazos de la Convocatoria 28, entre ellas la presente, que se tramitan ante esta
Corporación, la Corte Suprema de Justicia y varios juzgados del país.
II. CONSIDERACIONES
1. De las solicitudes probatorias de los coadyuvantes
El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que «quien tuviere
un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
Esa intervención es accesoria a la de la parte a la que se apoya. Así lo prevé el artículo
71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de tutela en virtud del artículo 4
del Decreto 306 de 19921, según el cual el coadyuvante «podrá efectuar los actos
procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de
esta y no impliquen disposición del derecho en litigio».
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha precisado que el coadyuvante comparte
las reclamaciones y argumentos de la parte a la que apoya, «sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran» de las
formuladas en la demanda2.
De otra parte, el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez para requerir
informes a la autoridad demandada, y el artículo 22 ibidem dispone que «el juez, tan
pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo,
sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas». A su vez, el artículo 168 del Código
General del Proceso ordena rechazar, mediante providencia motivada, «las pruebas
ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente
superfluas o inútiles». Una prueba es pertinente cuando guarda relación con los hechos
que son objeto del debate, de modo que carece de esa condición la que se dirige a
demostrar hechos ajenos a la controversia.
En el presente asunto, la controversia que planteó el accionante se circunscribe a la
valoración de las certificaciones de experiencia que aportó con su inscripción, a la falta
de motivación de la decisión que lo rechazó por la causal 4 y a la falta de respuesta a la
1 Compilado en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015. Según esa disposición, para la interpretación de las
normas sobre el trámite de la acción de tutela se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios al Decreto 2591 de 1991.
2 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo, que reiteró la sentencia T-062 de
2010.
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solicitud de verificación que radicó en el aplicativo CARJUD APP. El demandante no
alegó fallas en el cargue de documentos en la plataforma ni cuestionó la exigencia de la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, pues su
rechazo no obedeció a esa causal.
Las pruebas pedidas por los coadyuvantes se dirigen, en cambio, a establecer la
configuración del aplicativo CARJUD APP durante el periodo de inscripción, la
obligatoriedad del campo previsto para la declaración juramentada, los registros de
auditoría de la inscripción de la señora Urquijo Ardila y el cargue de documentos por parte
de los aspirantes excluidos en general. Esos hechos no guardan relación con lo que debe
decidirse en este proceso y solo serían relevantes para resolver la situación particular de
los coadyuvantes, quienes fueron rechazados por la causal 5 y, en el caso del señor
Fonseca Echeverri, también por la causal 4, con fundamento en circunstancias propias
que no se debaten en esta acción.
En esas condiciones, las pruebas solicitadas son impertinentes frente al objeto de la tutela
y, además, su decreto permitiría que los coadyuvantes introdujeran en el trámite debates
y pretensiones propias, distintas de las formuladas por el accionante, lo cual excede las
facultades que les reconoce el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior no impide
que los coadyuvantes acudan a los mecanismos judiciales a su alcance para la defensa
de sus intereses. Por lo tanto, se negarán las solicitudes probatorias.
2. De la solicitud de acumulación
El Decreto 1834 de 2015, que adicionó el Decreto 1069 de 2015, reguló el reparto de las
acciones de tutela masivas. Su artículo 2.2.3.1.3.1 dispone que «las acciones de tutela
que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente
amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas
de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas»,
y el artículo 2.2.3.1.3.3 permite al juez que las reciba acumularlas, hasta antes de dictar
sentencia, para resolverlas en una sola providencia.
De acuerdo con esas normas, la acumulación procede cuando concurren dos
condiciones, esto es, que las tutelas persigan la protección de los mismos derechos
fundamentales y que la amenaza o vulneración provenga de una sola y misma acción u
omisión. Esa figura, fundada en los principios de igualdad, economía y celeridad, busca
evitar decisiones contradictorias frente a situaciones idénticas, por lo que no procede
cuando cada demanda exige un examen individual de hechos y pruebas distintos.
En el presente asunto no se cumplen esas condiciones, en la medida en que si bien las
acciones de tutela relacionadas por la solicitante se dirigen contra la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y se refieren a la Resolución CJR26-0497 del 3 de
agosto de 2026, ese acto decidió de manera individual la admisión o el rechazo de cada
aspirante, con indicación de la causal o causales que en cada caso dieron lugar al
rechazo, a partir de la documentación aportada por cada uno. En consecuencia, cada
concursante plantea razones de disenso diferentes frente a su inadmisión o rechazo.
Así, el accionante cuestiona la valoración de su experiencia profesional, la falta de
motivación de su rechazo por la causal 4 y la falta de respuesta a su solicitud de
verificación, mientras que la solicitante, según su propio escrito, se refiere a los aspirantes
rechazados por la causal 5, cuyo debate gira en torno a la exigencia de la declaración
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juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades y al funcionamiento del
aplicativo CARJUD APP en la etapa de inscripción.
En consecuencia, es claro que se formulan reparos con diferencias sustanciales, que
exigen el análisis particular de los hechos, documentos y pruebas de cada aspirante, de
modo que no existe una sola y misma acción u omisión que justifique su trámite y decisión
conjunta. Por lo tanto, se negará la solicitud de acumulación.
Por lo expuesto, el Despacho
III. RESUELVE
1. Denegar las solicitudes probatorias formuladas por los coadyuvantes Gladys María
Urquijo Ardila y Jorge Eduardo Fonseca Echeverri, por las razones expuestas en la parte
motiva.
2. Denegar la solicitud de acumulación presentada por la señora Carmen Juana Camargo
Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva.
3. Las comunicaciones, oficios, memoriales, escritos, pruebas documentales y demás
que se presenten en este trámite judicial, se recibirán en la siguiente cuenta de correo
electrónico del Consejo de Estado secgeneral@consejodeestado.gov.co, o a través de la
ventanilla virtual de Samai https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co.
Notifíquese y cúmplase,
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260700000/85D2BFD08970A67603708F80EA7B23CBF7BB05D8B0E46C7CF940564133F1FB97/2

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