Configuración de la temeridad – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05910-00
Demandante: Julio César Suárez Cervantes y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05910-00
Demandante: JULIO CÉSAR SUÁREZ CERVANTES Y OTROS
Demandada: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Caducidad del medio de control. Condena en costas. Defectos
sustantivos y por desconocimiento del precedente. Improcedencia
de la acción de tutela. Temeridad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Julio César Suárez Cervantes
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 28 de julio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Julio César Suárez Cervantes pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
verdad, a la justicia, a la igualdad, a la reparación y no repetición.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 19
de febrero de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar la caducidad del
medio de control de reparación directa con radicado 47001-23-33-000-2018-00389-00/01
y condenar en costas en ambas instancias a los demandantes.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primero: AMPARAR los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y no repetición.
Segundo: Amparar EL DERECHO A LA IGUALDAD frente al derecho de interés público, Y ORDENAR
REVOCAR LA CONDENA EN COSTA –
TERCERO: Amparar el derecho a la igualdad, frente a la sentencia T-024-2025. Los anteriores derechos
viene siendo vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO
SÁCHICA MÉNDEZ- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A, por la sentencia de segunda instancia día diecinueve (19) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024).
(sic)para toda la cita
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05910-00
Demandante: Julio César Suárez Cervantes y otros
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El tutelante y otros promovieron demanda de reparación directa contra el Ejército
Nacional, la Policía Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, para que se declarara su responsabilidad por los daños ocasionados, a título
de falla del servicio, con la muerte de los señores Manuel Antonio Suárez Ramírez y
Marco Fidel Suárez Parra, así como por el hurto de sus bienes y el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas tras los hechos ocurridos el 5 de junio de 2002.
La demanda se adelantó bajo el radicado 47001-23-33-000-2018-00389-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Magdalena que, por sentencia del 17 de junio
de 2020, declaró no probada la excepción de caducidad y la responsabilidad del Ejército
y de la Policía Nacional, en consecuencia, condenó a las entidades responsables al pago
de perjuicios morales, por afectación a bienes constitucionales y convencionalmente
protegidos y materiales en la modalidad de daño emergente.
Señaló que en razón a las amenazas que padecieron los demandantes por parte de
organizaciones criminales, no pudieron acudir a la administración de justicia dentro del
término previsto para el efecto, por lo que resultaban inaplicables los plazos establecidos
para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa. Que, de acuerdo
con las versiones libres rendidas por los accionantes en el marco de los procesos
adelantados en la justicia tradicional, dos de los demandantes iban a ser asesinados por
denunciar los hechos ocurridos el 5 de junio de 2002.
Que las Fuerzas Militares tenían conocimiento de los alcances y métodos de violencia
empleados por los grupos al margen de la ley en la zona donde ocurrieron los hechos,
pero que la Policía y el Ejército Nacional omitieron adelantar operativos para garantizar
la seguridad de los residentes de la región, lo que generó los daños reclamados.
Que no había lugar a declarar la responsabilidad de la UARIV, por cuanto el medio de
control de reparación directa no era el idóneo para exigir el pago de la indemnización
administrativa.
Inconformes, las entidades condenadas apelaron, por un lado, el Ejército Nacional
manifestó que no se analizó la excepción de hecho de un tercero. Que el daño era
irresistible, porque para la época de los hechos no se contaban con capacidad logística
para garantizar la presencia del personal uniformado en todos los sectores del
departamento del Magdalena. Que el término de caducidad previsto en el artículo 164 del
CPACA debía computarse desde el 5 de junio de 2002, cuando ocurrieron los hechos
denunciados. Que, si se acogía la tesis de imposibilidad de acudir a la administración de
justicia luego de la ocurrencia de los hechos, la caducidad debía computarse a partir del
13 de junio de 2012 o del 16 de junio de 2015, fecha en la cual los demandantes
emprendieron acciones legales en contra de las AUC, y aun así la demanda se habría
presentado de forma extemporánea.
Por otro lado, la Policía Nacional adujo que se había configurado el eximente de
responsabilidad de hecho de un tercero, porque los daños denunciados fueron cometidos
por una organización criminal. Que la fuerza pública realizaba constantes patrullajes por
el lugar donde ocurrieron los hechos, lo que demostraba que sus actuaciones no habían
sido omisivas. Que las pruebas aportadas no daban cuenta de una situación notoria y
pública de peligro. Que los perjuicios morales no debían ser reconocidos por la simple
relación de parentesco, sino que debía analizarse el grado de afectación de cada uno de
los demandantes.
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Demandante: Julio César Suárez Cervantes y otros
Por sentencia del 19 de febrero de 20241, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, revocó la decisión apelada para, en su lugar, declarar probada la
caducidad del medio de control y condenar en costas en ambas instancias a los
demandantes.
Explicó que el término de caducidad de dos años debía computarse desde que los
demandantes conocieron los hechos dañosos y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial al Estado. Que desde el mismo 5 de junio de 2002 los
demandantes contaban con elementos de juicio para demandar al Estado la
responsabilidad de la muerte de sus familiares y el hurto de sus bienes, con los mismos
argumentos que se estudiaban en esa oportunidad, por lo que el término de caducidad
había empezado a correr desde el 6 de junio de 2003 y vencía el 6 de junio de 2004, que,
sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se radicaron en el año
2018, con lo que resultaba claro que había sido presentadas por fuera de término.
Que, con relación al desplazamiento forzado, advertía que, desde por lo menos el 3 de
febrero de 2012, los demandantes se hallaban en la posibilidad de acudir a la
administración de justicia, porque en esa fecha uno de los accionantes puso en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el fallecimiento de sus familiares y el
desplazamiento forzado del que fueron víctima. Que, en consecuencia, el término de
caducidad se computaba desde el 6 de febrero de 2012 y vencía el 6 de febrero de 2014,
que, sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se habían radicado
en el año 2018, cuando había fenecido el término para el efecto.
Que, con todo, si se aplicaba la regla jurisprudencia fijada en la sentencia SU-254 de
2013, en la que se dispuso que la caducidad de futuros procesos judiciales de población
desplazada se debía contabilizar desde la ejecutoria de ese fallo, las pretensiones de
reparación directa también se encontraban caducadas.
Finalmente, que había lugar a condenar en costas en ambas instancias a la parte actora,
en aplicación del artículo 188 del CPACA y el numeral 4 del artículo 365 del CGP, toda
vez que correspondía a la parte vencida asumir la totalidad de las expensas y gastos
sufragados en el trámite de la controversia.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, si bien no identificó los defectos que alegaría, la Sala los resumirá en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo porque se transgredió su derecho a la igualdad con la inaplicación
del Acto Legislativo 01 de 2017, para la condena en costas que les fue impuesta, pese a
que su caso era de interés público.
Dijo que la autoridad judicial demandada desconoció la excepción prevista en el artículo
188 del CPACA, según la cual no habría lugar a la imposición de costas procesales en
asuntos que ventilen un interés público. Que su caso por estar relacionado con el conflicto
armado en Colombia era de interés público.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-241 de 2024 dictada por la
Corte Constitucional, en la que, según el tutelante, se definieron cuales casos podía ser
considerados de interés público y que por ello no debía imponerse condena en costas.
1 Comunicada por correo electrónico del 28 de febrero de 2024.
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Manifestó que fue revictimizado, porque el Estado estaba obligado a actuar con debida
diligencia, para investigar y proteger sus derechos con rapidez y eficacia. Que, además,
se encontraba prohibido imponer cargas desproporcionadas o barreras a la población
vulnerable. Que las entidades públicas no podían obligarlo a deambular de una oficina a
otra para reclamar la atención o los subsidios a los que tenía derecho y que el Estado
debía evitar dilaciones innecesarias, que se permitieran confrontaciones con los
agresores y la repetición constante de relatos traumáticos sin propósito justificado.
5. Trámite procesal
Por auto del 31 de julio de 2026, el despacho sustanciador inadmitió la demanda de tutela
para que la parte actora: i) señalara de manera concreta cada una de las autoridades que
estimaba vulneraron sus derechos fundamentales, ii) expusiera de manera clara y
concisa los hechos u omisiones puntuales de cada una de las autoridades, que generan
la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, iii) a partir de lo
anterior, señalara cuáles eran, en concreto, las pretensiones de la demanda de tutela
frente a cada una de las autoridades demandadas, iv) aportara, identificar y sustentar las
razones por las que consideraba que cada una de las autoridades demandadas
vulneraban sus derechos fundamentales y, v) si cuestionaba decisiones administrativas,
identificara los motivos por lo que estimaba que vulneraban sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, se requirió al señor Julio César Suárez Cervantes para que acreditara y
fundamentara las circunstancias por las que estaría habilitado para presentar la acción
de tutela de la referencia en representación de los demás tutelantes.
El 6 de agosto de 2026, el señor Julio César Suárez Cervantes presentó memorial de
subsanación parcial, en el que, entre otras cosas, se limitó a informar respecto de la
representación de sus padres y hermanos que eran <>.
Por auto del 25 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda
presentada en nombre propio por el señor Julio César Suárez Cervantes y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, y en calidad de terceros con interés, a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, al ministro de defensa, al
comandante el Ejército Nacional, a los directores de la Policía Nacional y de la UARIV,
así como a Medardo Rafael Suárez Molinares, Elvira Rosa Cervantes Meriño, Manuel
José y Julio César Suárez Cervantes, Nivaldo Rafael y Arnulfo José Suárez Meriño.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 27 de agosto y
7 de octubre de 2026. Adicionalmente, el 6 de octubre de 2026, se publicó el
correspondiente aviso en la página web del Consejo de Estado.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la
sentencia cuestionada, sostuvo que la solicitud de amparo era improcedente por
incumplir el requisito de inmediatez, ser temeraria y por no tener relevancia constitucional.
Dijo que la sentencia atacada fue notificada el 28 de febrero de 2024, por lo que el
tutelante debió radicar la acción de tutela a más tardar el 29 de agosto de 2024, pero que,
sin embargo, solo lo había hecho hasta el 19 de febrero de 2025 (sic).
Que el actor había promovido las acciones de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-
00949-00 y 11001-03-15-000-2025-06970-00, en las que reiteraba la petición de amparo
de esta acción constitucional. Que se pretendía emplear la acción de tutela como una
tercera instancia del proceso de reparación directa.
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Demandante: Julio César Suárez Cervantes y otros
La magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, ponente de la sentencia del
17 de junio de 2020, solicitó que se desvinculara a ese tribunal del trámite constitucional
de la referencia.
Señaló que no se advertía acción u omisión por parte de ese tribunal que hubiere
desconocido las garantías fundamentales invocadas. Que, por el contrario, conocieron
en primera instancia el medio de control de reparación directa objeto de tutela y adoptaron
una decisión favorable a la parte demandante.
Hizo un recuento de las decisiones proferidas en el proceso ordinario, para advertir que
las pretensiones del tutelante se dirigían contra la sentencia del 19 de febrero de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
El Ministerio de Defensa Nacional pidió que se denegaran las pretensiones del
accionante al resultar improcedente, debido a que no se cumplían los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y porque no se demostró la
presunta vulneración de los derechos fundamentales reclamados.
Adujo que la parte actora no realizó un estudio de los requisitos específicos de
procedencia ni justificó la presunta vulneración de sus garantías fundamentales. Que la
acción de tutela no podía convertirse en una tercera instancia del proceso ordinario.
La Policía Nacional solicitó denegar las súplicas de la parte actora, ante su
improcedencia. Manifestó que se incumplía el requisito de inmediatez, porque la
sentencia cuestionada había sido notificada el 28 de febrero de 2024 y la presente acción
de tutela promovida el 28 de julio de 2026, luego de dos años y cinco meses.
Que no se había vulnerado los derechos fundamentales del demandante, porque en el
medio de control de reparación directa objeto de tutela se había configurado la caducidad.
Que no se había acreditado la causación de perjuicio irremediable que hiciera procedente
la solicitud de amparo como mecanismo transitorio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Julio César Suárez Cervantes, para dejar sin efectos la sentencia del 19 de febrero de
2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que revocó la
decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar la caducidad del medio de control
de reparación directa con radicado 47001-23-33-000-2018-00389-01 y condenar en
costas en ambas instancias a los demandantes.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por cuanto el tutelante
incurrió en temeridad.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la actuación temeraria y, finalmente, (iii) analizará
el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
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requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La actuación temeraria
El artículo 384 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria cuando
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También señala que,
en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional5, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona
natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los
tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo
proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.
La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política,
que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades a actuar con base en el
principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de «respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia».
Según la Corte Constitucional, la temeridad, en últimas, «busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y transparencia,
resultando descalificado cualquier intención de engaño hacia la autoridad pública»6.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
5 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
6 Sentencia T-507 de 2011.
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4. Análisis del caso concreto
La Sala advierte que en el sub examine se presentan los elementos que dan lugar a la
configuración de la temeridad, pues el señor Julio César Suárez Cervantes ya había
presentado otras tutelas por los mismos hechos aquí expuestos, con los números de
radicados 1001-03-15-000-2025-00949-00/01 y 11001-03-15-000-2025-06970-00/01.
Ahora, la Sala advierte que la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-
00949-00/01 fue declarada improcedente por incumplir el requisito de inmediatez. Por su
parte, la solicitud de amparo con radicado 11001-03-15-000-2025-06970-00/01 fue
declara improcedente, pero por incurrir en temeridad respecto de la acción constitucional
con radicado 11001-03-15-000-2025-00949-00/01.
Pues bien, de la comparación de los procesos de tutela, encuentra la Sala lo siguiente:
En cuanto a la identidad de partes. En la presente demanda de tutela y en las
identificadas con 1001-03-15-000-2025-00949-00/01 y 11001-03-15-000-2025-06970-
00/01 coinciden los extremos procesales, pues las dos solicitudes de amparo fueron
presentadas por el señor Julio César Suárez Cervantes contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A.
Frente a la identidad fáctica. Tanto en la demanda de tutela que aquí se estudia como en
las solicitudes de amparo con radicado 1001-03-15-000-2025-00949-00/01 y 11001-03-
15-000-2025-06970-00/01 se cuestiona la condena en costas impuesta en la sentencia
del 19 de febrero de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, en el proceso de reparación directa con radicado 47001-23-33-000-2018-00389-01.
Respecto a la identidad de objeto. En esencia, las pretensiones de este proceso
coinciden con las de los procesos 1001-03-15-000-2025-00949-00/01 y 11001-03-15-
000-2025-06970-00/01. En efecto, en los tres procesos solicitó dejar sin efecto la
condena en costas impuesta en sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, el 19 de febrero de 2024.
En este punto la Sala debe precisar que, si bien las acciones de tutelas con radicado
1001-03-15-000-2025-00949-00/01 y 11001-03-15-000-2025-06970-00/01 fueron
promovidas por todos los demandantes del proceso de reparación directa con radicado
47001-23-33-000-2018-00389-01 y se cuestionó, además, la declaratoria de caducidad
de ese medio de control, lo cierto es que en esta ocasión el tutelante reitera su intención
de que se revoque la condena que les fue impuestas en el proceso ordinario.
En ese orden, se encuentra, entonces, acreditada la identidad de partes, identidad fáctica
e identidad de objeto entre las demandas de tutela presentadas por el señor Julio César
Suárez Cervantes y, por lo tanto, está configurada la actuación temeraria por parte del
demandante.
Siendo así, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la presente solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las
razones expuestas en esta providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05910-00
Demandante: Julio César Suárez Cervantes y otros
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador7
7 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de Inteligencia Artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la Ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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