TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN CUARTA
SUBSECCIÓN A
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Magistrado Ponente: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Expediente No.: 250002337000-2013-01354-00
Demandante: MAURICIO ROCA BERNAL
Demandado: U.A.E. DIAN
Asunto: IMPUESTO DE RENTA AÑO 2008
IMPUESTOS NACIONALES
El señor MAURICIO ROCA BERNAL, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicita al Tribunal que declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412012000005 de 10 de mayo de 2012, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, y la Resolución No. 900.292 de 13 de junio de 2013, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante las cuales se modifica la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2008.
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho solicita se declare la firmeza del denuncio privado de renta del año 2008.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
La parte demandante cita como violados los artículos 29 de la Constitución Política, 158-3, 647, 711, 777 del Estatuto Tributario, 2649 y 2650 del Decreto Reglamentarios, 1766 del Decreto Reglamentario 1766 de 2004 y 1618, 2142 a 2199 del Código Civil.
1. Nulidad por falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial. Principio de correspondencia.
Sostiene que la determinación oficial encuentra un límite, en el derecho de defensa del contribuyente, en ese entendido, la liquidación oficial de revisión debe limitarse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o su ampliación, y sus respuestas.
Agrega que el requerimiento especial solo puede proponer, algo que consta en la declaración privada del contribuyente, y la liquidación oficial solo puede modificar el tributo en la medida que lo haga bajo las mismas glosas propuestas, hechos y fundamentos de derecho expuestos en el requerimiento especial, en su ampliación, o sobre los hechos esgrimidos en las respuestas a estos.
Aduce que cuando en la Liquidación Oficial se evidencia nuevas glosas que no fueron expuestas en el requerimiento especial, ni discutidas en la respuesta de este, se está vulnerando de manera directa el derecho de defensa del contribuyente por cuanto se está modificando su denuncio privado con base en los puntos sobre los cuales no tuvo la oportunidad de conocer ni defenderse ante la Liquidación Oficial, y por lo tanto los actos demandados adolecen de nulidad.
Agrega que la Liquidación Oficial de Revisión n° 32212012000005 de 10 mayo de 2012, carece de correspondencia con el Requerimiento Especial N° 322392011000202 de 18 de agosto de 2011, por cuando en la misma se adicionan hechos y fundamentos distintos a los relacionados en el Requerimiento Especial para desconocer la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos, sobre los cuales el contribuyente no tuvo la oportunidad de defenderse y fueron determinantes para proferir la Liquidación Oficial.
Sostiene que los motivos de propuesta de desconocimiento de la deuda especial plasmados en el Requerimiento Especial fueron solo dos: (i) supuesta improcedencia de la deducción por incumplimiento del supuesto requisito de ser propietario del terreno construido para la procedencia del beneficio, (ii) supuesta imposibilidad de demostrar el avance de la obra por medio de certificaciones del revisor fiscal y/o contador público.
Indica que la administración profiero Liquidación Oficial de Revisión fundamentada en hechos y argumentos adicionales sobre los cuales el contribuyente no tuvo la oportunidad de pronunciarse en la respuesta al Requerimiento Especial.
2. La inversión realizada por el señor MAURICIO ROCA BERNAL cumple con los requisitos exigidos para acceder a la devolución especial por inversión en activos fijos reales productivos. La propiedad del terreno no es un requisito para acceder al beneficio.
Señala que celebró tres acuerdos de colaboración empresarial dirigidos a desarrollar los proyectos de “Edificio Parque del Chico 99 Etapa II”, “Edificio calle 104” y “Bodega Calle 80”, los cuales tenían por objeto que cada persona natural o jurídica hiciera diferentes tipos de aportes para llevar a cabo un proyecto de construcción y con base en el porcentaje de participación, se le asignara una porción de la propiedad ya construida.
Sostiene que las personas involucradas en estos acuerdos otorgaron un mandato a una persona jurídica, con el fin de que esta persona jurídica (mandatario) se encargara de cumplir todas las obligaciones, llevara a cabo todas las actuaciones necesarias para la construcción de cada edificio, por cuenta y riesgo de los mandantes.
Afirma que la inversión realizada para cada proyecto en el año 2008 fue tomada como base para la deducción por inversión de activos fijos, excluyendo el 30% que corresponde al valor del terreno, el cual no hace parte del beneficio por no ser susceptible de depreciación.
Agrega que la inversión realizada cumple con todos los requisitos exigidos para la procedencia del beneficio de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos, pues se trata de las construcciones y edificaciones (bodegas y edificios) adquiridos con ocasión de un contrato que constituyen un bien tangible y no se trata de simples derechos o expectativas.
Aduce que los edificios, bodegas y construcciones no se enajena dentro del giro ordinario de los negocios, toda vez que sus actividades de negocios consisten en ser rentista de capital (009) y en ejercer actividades inmobiliarias (7010 hoy clasificada con el código 6810), actividades indicadas en el RUT.
Agrega que la adquisición de tales bienes se hizo con la finalidad de darlos en arriendo a título oneroso, lo que confirma su calidad de activo fijo, tanto es así que los inmuebles están clasificados como propiedad, planta y equipo dentro de la contabilidad del contribuyente.
Manifiesta que los terrenos no son depreciables, lo que es depreciable son las construcciones y edificaciones en la medida que se desgatan conforme a su uso y explotación, antes de proceder a depreciarlas, se debe primero excluir el valor del terreno sobre el que está la construcción, tal como lo hizo.
Sostiene que para que el beneficio sea procedente, el activo fijo debe participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, esto es, cuando el activo adquirido se mantiene con la intención de formar parte del patrimonio del contribuyente no enajenarse dentro del giro ordinario de los negocios y estar a disposición de la generación de renta dentro de la actividad económica del contribuyente.
Advierte que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la entidad demandada no cuestionó la suficiencia de la prueba, por el contrario reconoce de manera expresa que la actividad del contribuyente corresponde a una a “actividades inmobiliarias” y que los contratos de arrendamiento anexados al expediente administrativo guardan relación con los bienes recibidos por los aportes dados en la construcción de los edificios y bodegas entregadas al contribuyente, adicionalmente en el mismo acto administrativo reconoce expresamente que la inversión realizada por el contribuyente fue con destino a la ejecución de su actividad productora de renta.
Además, señala que en el acto administrativo que resolvió el recurso la Administración cuestiona: i) Supuestamente no se encuentra demostrado en que la inversión se tuviera para el año 2008 al no estar probada la “adquisición propiamente dicha” del activo fijo real productivo, ii) La inversión, a juicio de la Administración, se trata de una simple mejora, y no fue la creación de una obra nueva en bien propio en el año gravable 2008, e indicar que no se encuentra probado que así fue y iii) Supuestamente no se encuentra probado el requisito de “adquisición” del activo real productivo porque lo que se evidencia es la inversión en bienes propios que no son totalmente propios.
Estima que la DIAN parte de un error, pues entiende que la adquisición del activo implica, para este caso, que desde un inicio se debe ser dueño formal ante el Registro de instrumentos Públicos de la propiedad del terreno, siendo errónea esa posición porque no es requisito, ya que la propiedad del terreno no es requisito para la procedencia del beneficio, basta que este precedido por un justo título traslativo de domino, pues la inversión se efectúa en la celebración del título, y en la entrega del aporte que desarrolla la construcción, no en el modo “tradición”, cosa distinta es que al finalizar el proyecto se haga formalmente dueño de la parte correspondiente, tal como ocurre posteriormente.
Aduce que en todo caso el activo fijo real productivo no es el terreno, son la edificaciones y construcciones que se erigen sobre el terreno, sobre las cuales el dueño del terreno sí reconoce propiedad distinta a la suya, porque las construcciones se realizaron con su conocimiento y participación, el dueño del terreno es consciente que en los términos del contrato celebrado, cada participante es dueño de la parte que le corresponde de acuerdo al monto de su aporte, razón por la cual no puede el dueño del terreno desconocer tal propiedad, y en caso de que lo hiciere la parte afectada tendría acciones legales para hacerlo reconocer en sede judicial, y hacer respetar el acuerdo pactado de conformidad con la autonomía de la misma voluntad de las partes.
Menciona que no es cierto que se trata de una simple “mejora”, de la lectura de los contratos, se puede evidenciar que, en todos ellos, su objeto corresponde al desarrollo de un proyecto de construcción, que implica la edificación de un proyecto único, que cuenta con un director de obra y demás servicios propios y necesarios para levantar y poner en marcha un nuevo edificio y/o bodegas que antes no existían razón por la cual no puede ser catalogada como simples mejoras.
Manifiesta que los edificios y bodegas fueron construidos con base en los contratos de mandato, antes no existentes, y fueron adquiridos por el señor Mauricio Roca en lo correspondiente a su participación en el proyecto.
Señala que la posición de la Administración es errada, ya que implica que todas las partes de la negociación efectuaron sus inversiones y construyeron las edificaciones sin esperar nada a cambio, lo que evidentemente resulta desajustado con lo que realmente se evidencia en la realidad del negocio, que indica que una vez terminada la parte física de la construcción, se procede a su liquidación, que incluye la división material del edificio, conforme a las cuotas partes aportados por los diferentes mandantes.
Agrega que no es necesario que fuera dueño del terreno, basta con ostentar la calidad de constructor, y el justo título traslaticio de propiedad, dentro del cual se evidencia que como consecuencia inmediata y necesaria de realizar un aporte para la construcción, de la cual se obtiene de manera inevitable la propiedad de una parte de física del inmueble correspondiente al aporte realizado.
Adiciona que dentro del proceso administrativo se le hace mención a la DIAN, a modo de ejemplo, para demostrar la no necesidad del supuesto requisito de ser propietario de los terrenos que se construye, concepto 85073, que estableció que en casos como las construcciones que se hacen por medio de concesión (constructor) tiene derecho a beneficiarse de la deducción especial por inversión en activo fijos, a pesar de que no tiene calidad de propietario del terreno.
Sostiene que la adquisición del activo fijo está probada con el título traslaticio de dominio (el acuerdo que da derecho a recibir la parte correspondiente en la construcción del aporte realizado en el proyecto), la tradición formal de la propiedad es una consecuencia inevitable y obligada de esta inversión.
3. Realidad jurídica del negocio. Contrato de colaboración empresarial y Contrato de Mandato: existencia de una labor de construcción a través de un Contrato de Mandato. No hay doble aprovechamiento del beneficio.
Indica que la Administración desconoce que el hecho de celebrar un contrato de colaboración empresarial tenía por objeto dar orden a una labor de construcción que se iba a dar entre varias partes, en donde todas tienen la calidad de constructores jurídicamente, por eso mismo nombrar a un sujeto mandatario, para que adelante de manera organizada y bajo sus órdenes labores físicas de construcción, pero todo por medio de un contrato de mandato.
Sostiene que es evidente que el objeto del contrato es aunar esfuerzos para la construcción del bien, al haber realizado dicha labor a través de un mandatario, los efectos de la construcción de debían trasladar a los mandante (sic) de forma transparente, como lo exigen las normas contables y tributarias.
Adiciona que, debido a la transparencia del contrato de mandato, las erogaciones en que incurriría el mandatario por cuenta del mandante (en este caso la totalidad de los aportes realizados cada año) debía llevarse en la cuenta de construcciones en curso del mandante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2650 de 1993, en la cuenta 1508, por cuanto el único objetivo era llevar a cabo la construcción de un bien, sin importar que se hiciera a través de un mandatario.
Afirma que lo demostrado en los contratos y las conductas desplegadas por los colaboradores, es que la intención del mandato era justamente que el mandatario construyera un bien por cuenta de todos los mandantes, efectos que se le tenía que trasladar de forma transparente a los últimos.
4. Indebida apreciación de las pruebas por parte de la Administración de impuestos.
Sostiene que las certificaciones del revisor fiscal demuestran cual ha sido la inversión realizada para cada proyecto, con el fin de establecer la base de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos.
Aduce que en el particular se afirma que RM CONSULTING S.A., certifica que el aporte por el año 2008 para la construcción del edifico Calle 104, fue por $154’666.667, valor que también certifica la sociedad PROSEGUROS S.A.S, pero por el proyecto de construcción “EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 ETAPA II, a las (sic) vez, se afirma que la sociedad ACORBE S.A. certifica también un aporte de $226’759.392, para la construcción del Edificio Calle 104 n° 18 A 52.
Agrega que no existe la inconsistencia y que los certificados de los revisores fiscales, se encuentran ajustados a la realidad contable.
Manifiesta que la Administración señala que el certificado de Revisor Fiscal de ACORBE S.A., por la suma de $226’759.392, diferentes a los valores registrados en mi contabilidad, dentro de la cual se encuentra registrada la suma de $226’832.481, dicha diferencia corresponde al valor de $73.000, que se genera por ajustes en la contabilidad en años anteriores, en todo caso el valor que se tomó como base de la deducción fue de $226’759.392, suma certificada por el revisor fiscal.
Indica que la DIAN aduce que supuestamente existen dudas adicionales sobre el certificado del revisor fiscal, expedido por RM CONSULTING S.A., y dentro de la cesión del contrato que PROSEGUROS le hizo a esta sociedad, se hace referencia al Edificio Torre 98 Centro de Negocios.
Aduce que el nombre del proyecto no es más que el de edificio parques del chico 99 etapa II; como quedo evidenciado en la liquidación del contrato de mandato, en el cual se evidencia de forma expresa en su cláusula primera: “Que entre las mimas partes se suscribió un contrato de mandato el 27 de febrero de 2007, cuyo objeto era la coordinación y administración en un edificio en un inmueble de propiedad de PROSEGUROS S.A., ubicado en la calle 98 n° 9A-46 de la ciudad de Bogotá, el cual fue efectivamente construido y se denomina EDIFICIO PARQUES DEL CHICO 99 ETAPA II, designándose como MANDATARIO del mismo a la sociedad R.M CONSULTING”.
La Administración afirma que existe una incoherencia entre los certificados del revisor fiscal de RM CONSULTING S.A. de 8 de julio de 2011 ya que señala que de acuerdo a los registros contable, el proyecto de construcción Parques 99 II Etapa, presentaba un nivel aproximado de avance de 79.7% a 31 de diciembre de 2008, mientras que el certificado del revisor fiscal de ACORBE LTDA. Expedido a los 8 días de julio de 2011, señala que a 31 de diciembre de 2008, el proyecto de construcción tiene un nivel aproximado de avance 81.2%.
Afirma que el certificado expedido por el revisor fiscal de RM CONSULTING corresponde al proyecto EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 ETAPA II, mientras que el certificado expedido por el Revisor Fiscal de ACORBE LTDA., corresponde al proyecto EDIFICIO CALLE 104.
Argumenta que la Administración debe leer de forma integral el certificado que indica que esta suma corresponde a los aportes para la construcción el proyecto, en ese sentido, el certificado tiene la misma naturaleza de los demás, y el hecho de que mencione la existencia de una cuenta por pagar, no modifica la realidad de la operación.
5. No existe una operación entre partes vinculadas respecto al bien adquirido.
Aduce que no existe una transferencia de los activos construidos por parte de las sociedades mandatarias a favor del señor Mauricio Roca, cada uno de los colaboradores ha sido constructor de la parte del bien que le corresponde, y ha ido adquiriendo el bien a medida que va desarrollando la construcción, atendiendo a las normas tributarias y contables vigentes.
6. Improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta.
Asegura que los actos administrativos demandados desconocen los presupuestos para que pueda imponerse la sanción por inexactitud, por cuanto no hay omisión de ingresos, de impuestos, ni la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados.
Señala que el artículo 64 del Decreto 807 de 1993, señala que es improcedente la sanción por inexactitud cuando se configura la diferencia en criterios o interpretación del derecho aplicable, por ende no se puede aducir que no hay diferencia de criterios, cuando inclusive no hay claridad en los criterios de cómo se debe aplicar la norma. Cuando esta misma se entiende de forma diferente, no se puede decir de forma tajante que lo que hubo por el contribuyente fue un error de derecho en su aplicación.
LA OPOSICIÓN
La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, y en concreto sostuvo lo siguiente:
Advierte que, con ocasión del requerimiento especial referido en el acápite de los hechos, se propone modificar la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2008, en el renglón correspondiente a deducción por inversiones en activos fijos desconociendo la suma de $153.165.000 y se procede a corregir los renglones que son afectados al hacer la depuración de la declaración.
Señala que, al observar las modificaciones realizadas con ocasión de la liquidación oficial de revisión, se evidencia que corresponden en su totalidad a las propuestas por el requerimiento especial, es decir, el rechazo de la suma de $153.165.000 por concepto de deducción inversiones en activos fijos.
Sostiene que el requerimiento especial y en la liqudación (sic) oficial de revisión tiene correspondencia, pues no se tratando glosas diferentes en una ni en otra actuación, todo lo contrario, es la misma glosa y se encuentra debidamente motivada con fundamento en las pruebas que obran en el expediente.
Indica que la construcción de la obra en terreno que según lo acepta y admite el demandante es de propiedad de un tercero, luego se encuentra plenamente demostrado con esto que se trata de una inversión sobre un bien que no hace parte del patrimonio del demandante, por lo que no se puede hablar de un activo fijo.
Manifiesta que el demandante realizó una inversión mediante unos aportes para una construcción sobre un terreno que no hace parte de su patrimonio, con el fin de obtener una porción del bien al terminar el contrato.
Aduce que la porción no está definada (sic) en el momento de la inversión sino solo cuando se dé por terminado el contrato atendiendo el monto de los aportes realizados, por lo que a la terminación es que ya entra a hacer parte del patrimonio del contribuyente un bien no determinado inicialmente.
Afirma que se incumple el requisito de activo fijo, pues el activo fijo debe formar parte del patrimonio del contribuyente y debe tener la condición de fijo del activo en el que se realiza la inversión.
Explica que la deducción no procede respecto de las reparaciones, mejoras o adiciones efectuadas sobre activos fijos reales productivos del contribuyente, es decir, para el caso que no ocupa, estamos frente a la realización de una obra civil, construcción de una edificación sobre un terreno que no es de propiedad del constructor sino de un tercero, por lo que son mejoras, sobre un bien inmueble que no hace parte de la actividad productora de renta.
Expone que en los actos administrativos acusados se hace un análisis de las pruebas, y se llega a la conclusión inequívoca de que el contribuyente no tiene derecho al beneficio de la deducción por la inversión en activos fijos reales productivos.
Manifesta (Sic) que en el presente caso es procedente la sanción por inexactitud, toda vez que, en la declaración presentada por el contribuyente, si se incluyeron valores inexactos, ya que se registró una deducción por inversión en activos fijos reales productivos que no cumplía con los requisitos establecidos en la norma para su procedencia.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Corrido el traslado para alegar de conclusión, tanto la demandante como la demandada reiteraron, en síntesis, lo expuesto en la demanda y la contestación de la demanda (flas. 3 – 30 y 146 -159).
Por su parte el Ministerio Público, en escrito visible a folios 270 a 276 del expediente, argumenta que el accionante celebró tres acuerdos de colaboración empresarial para desarrollar una serie de proyectos de construcción donde cada persona realizó diferentes tipos de aportes y con base en el porcentaje de participación, se le asignaría una porción de propiedad ya construida, quedando con ello demostrado que el actor realizó la mentada inversión con el fin que una vez terminada la construcción de cada uno de los proyectos, una porcentaje entrara a formar parte de su patrimonio.
Adicionalmente, señala que se tratan de activos fijos, cuyo único fin es el arrendamiento a título oneroso, además porque tales inmuebles se encuentran clasificados como propiedad, planta y equipo dentro de la contabilidad del contribuyente.
En conclusión, la Agencia del Ministerio Público solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca acceder a las pretensiones de la demanda, dado que se logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados y por ello la declaración privada presentada por el autor para el año 2008 debe quedar en firme.
CONSIDERACIONES
Se trata de establecer en el sub-lite la legalidad de Liquidación Oficial de Revisión No. 322412012000005 de 10 de mayo de 2012, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, y la Resolución No. 900.292 de 13 de junio de 2013, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante las cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2008.
De manera concreta y de conformidad con la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, la Sala debe establecer (i) si se vulneró el principio de correspondencia establecido en el artículo 711 del Estatuto Tributario por falta de congruencia entre el Requerimiento Especial y la Liquidación Oficial de Revisión, (ii) si procede el reconocimiento de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos por la suma de $153.165.000, y (iii) si es improcedente la imposición de la sanción por inexactitud.
Son hechos probados en el expediente, los siguientes:
1. El 20 de agosto de 2008, el contribuyente presentó la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2008, en la que liquidó un saldo a pagar de $3.730.000 (f. 7 c.a. 1).
2. El 18 de agosto de 2011 la División de Gestión de Fiscalización Personas Naturales y Asimiladas de la DIAN expidió el Requerimiento Especial n.º 322392011000202, a través del cual propuso modificar la liquidación privada del contribuyente (ff. 260-268 c.a. 2).
3. El 17 de noviembre de 2011 la parte demandante dio respuesta al requerimiento especial (ff. 271-282 c.a. 2).
4. El 10 de mayo de 2012 la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá profirió la Liquidación Oficial de Revisión n.º 322412012000005, en la que modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios año 2008, en el sentido de rechazar la deducción de inversiones en activo fijos (ff. 295-322 c.a. 2).
5. El 27 de marzo de 2012, la parte demandante interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión (ff. 326-352 c.a. 2), el cual fue desatado mediante la Resolución n.° 900.292 confirmando el acto administrativo recurrido (ff. 385-401 c.a. 2).
Visto lo anterior, y de conformidad con la fijación del litigio, la Sala procede al examen de los cargos de la demanda.
(i) Si se vulneró el principio de correspondencia establecido en el artículo 711 del Estatuto Tributario por falta de congruencia entre el Requerimiento Especial y la Liquidación Oficial de Revisión.
La parte demandante manifiesta que la Liquidación Oficial de Revisión carece de correspondencia con el Requerimiento Especial, por cuando en la liquidación se adicionan hechos y fundamentos distintos a los relacionados en el requerimiento especial para desconocer la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos, sobre los cuales el contribuyente no tuvo la oportunidad de defenderse y fueron determinantes para proferir la Liquidación Oficial.
Agrega que los motivos de propuesta de desconocimiento de la deuda especial plasmados en el Requerimiento Especial fueron solo dos: (i) supuesta improcedencia de la deducción por incumplimiento del supuesto requisito de ser propietario del terreno construido para la procedencia del beneficio y (ii) supuesta imposibilidad de demostrar el avance de la obra por medio de certificaciones del revisor fiscal y/o contador público.
Frente al principio de correspondencia, el Consejo de Estado en sentencia de 16 de octubre de 2014, señaló:
3.2. Uno de los principios que rigen el proceso de determinación oficial del tributo es el previsto en el artículo 711 del Estatuto Tributario, conforme al cual la liquidación de revisión debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido analizados en el requerimiento especial o en su ampliación, si la hubiere.
La congruencia que debe existir entre el requerimiento especial y la liquidación oficial obedece a que, en materia tributaria, antes de que la Administración emita el acto administrativo de liquidación oficial, tiene el deber de proponer al contribuyente las modificaciones que estima que se deben hacer a la liquidación privada. Es decir, se exige un paso previo a la liquidación oficial, que es lo que se conoce como requerimiento especial. Este acto, que es preparatorio, tiene que expresar de manera clara y concreta cuáles son las modificaciones que la Administración cree que deben hacerse a la liquidación privada.
Una vez la Administración ha emitido el requerimiento especial, queda delimitado el marco dentro del cual puede darse la modificación de la liquidación privada, manifestación precisamente del derecho fundamental al debido proceso.
3.3. La Sala ha precisado que la relación, enlace o concatenación que se exige respecto de esos actos jurídicos se debe derivar de los “hechos” de manera que, si los reportados en el denuncio privado son los mismos glosados en el requerimiento especial y en la liquidación oficial, no se configura la violación del principio de correspondencia.
Verificados el requerimiento especial con la liquidación oficial de revisión expedidas por la Administración tributaria, se tiene que en el requerimiento especial se propuso modificar el renglón 54 de la declaración privada correspondiente a deducciones por inversiones en activos fijos, por valor de $153.165.000.
El fundamento de la entidad demandada para el rechazo de la glosa referida es que el aporte realizado por el contribuyente para la construcción del proyecto EDIFICIO CHICO 99 II ETAPA tiene la naturaleza de una cuenta por cobrar la cual fue cancelada con la liquidación del contrato de mandato donde le asignaron el 42.63% del derecho de propiedad sobre el piso cinco de la edificación. La Administración de Impuestos consideró que el demandante no tenía por qué declarar construcciones en curso como lo muestra el auxiliar de la cuenta contable 1508, toda vez que la descripción de esa cuenta permite registrar los costos incurridos por el ente económico en la construcción o ampliación de edificaciones destinadas a oficinas, locales, bodegas, etc, así como de otras obras en proceso, situación que no se da en el presente caso, en tanto que el contribuyente no ostenta la titularidad del lote de terreno del cual se levantará la construcción, siendo este indispensable para llevar a cabo el proyecto.
Además, señaló que la base de la deducción cuando la ejecución de la obra se presenta en más de un período gravable, se calculará la base en las erogaciones incurridas por la adquisición de bienes y servicios que constituyan el costo del activo fijo real productivo, hecho que no está probado.
Al analizar la liquidación oficial de revisión, se encuentra que la DIAN mantuvo el rechazo del renglón 54 del denuncio privado, con fundamento en que la realidad económica del contribuyente es que realizó unos aportes de capital para que un tercero dueño de unos terrenos construyera un inmueble, situación que no corresponde a inversiones en activos fijos reales productivos por el año gravable 2008, puesto que en realidad corresponde a una cuenta por cobrar de un inversión realizada, que se ve concretada en el período gravable en que recibe la proporción del inmueble que le corresponde en virtud del aporte.
Manifestó que el contribuyente no demuestra que esta inversión corresponda a un activo fijo que vaya a participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta, máxime cuando el contribuyente está tomando deducción por inversión en activos fijos los valores aportados para la construcción de un inmueble, beneficio que también los están tomando las sociedades constructoras.
Conforme con lo anterior, en el presente caso tanto en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión se discute la deducción por inversiones en activos fijos reales productivos, como quiera que según lo considerado por la DIAN la parte demandante realizó unos aportes de capital para la construcción del proyecto EDIFICIO CHICO 99 II ETAPA en un terreno donde el contribuyente no era propietario, de modo que, esta situación no corresponde a inversiones en activos fijos reales productivos por el año gravable 2008. Además, que el demandante no aportó pruebas que establecieran que la inversión corresponda a un activo fijo que vaya a participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta.
Por lo expuesto, la Sala no encuentra vulnerado el principio de correspondencia previsto en el artículo 711 del E.T., en consecuencia, no prospera el cargo de la demanda.
(ii) Si procede el reconocimiento de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos por la suma de $153.165.000.
La parte demandante manifiesta que el activo fijo real productivo no es el terreno, son la edificaciones y construcciones que se erigen sobre el terreno, sobre las cuales el dueño del terreno sí reconoce propiedad distinta a la suya, porque las construcciones se realizaron con su conocimiento y participación, el dueño del terreno es consciente que en los términos del contrato celebrado, cada participante es dueño de la parte que le corresponde de acuerdo al monto de su aporte, razón por la cual no puede el dueño del terreno desconocer tal propiedad, conforme al acuerdo pactado.
Señala que la adquisición del activo fijo está probada con el título traslaticio de dominio (el acuerdo que da derecho a recibir la parte correspondiente en la construcción del aporte realizado en el proyecto), la tradición formal de la propiedad es una consecuencia inevitable y obligada de esta inversión. Agrega que, debido a la transparencia del contrato de mandato, las erogaciones en que incurriría el mandatario por cuenta del mandante (en este caso la totalidad de los aportes realizados cada año) debía llevarse a cuenta de construcciones en curso del mandante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2650 de 1993, en la cuenta 1508, por cuanto el único objetivo era llevar a cabo la construcción de un bien, sin importar que se hiciera a través de un mandatario.
Estima que no es cierto que se trata de una simple “mejora”, de la lectura de los contratos, se puede evidenciar que, en todos ellos, su objeto corresponde al desarrollo de un proyecto de construcción, que implica la edificación de un proyecto único, que cuenta con un director de obra y demás servicios propios y necesarios para levantar y poner en marcha un nuevo edificio y/o bodegas que antes no existían razón por la cual no puede ser catalogada como simples mejoras.
Afirma que la Administración debe leer de forma integral el certificado que indica que esta suma corresponde a los aportes para la construcción el proyecto, en ese sentido, el certificado tiene la misma naturaleza de los demás, y el hecho de que mencione la existencia de una cuenta por pagar, no modifica la realidad de la operación.
Por su parte, la DIAN indica que el rechazo de la glosa tiene como sustento el hecho que el contribuyente no es el propietario del terreno donde se realizaría la construcción de la obra, pues como fue aceptado por el demandante, el terreno es de propiedad de un tercero, de modo que está demostrado que se trata de una inversión sobre un bien que no hace parte del patrimonio del demandante y por ende, no es procedente hablar de una (sic) activo fijo.
Agrega que la deducción especial por adquisición de activos fijos reales productivos no procede respecto de reparaciones, mejoras o adiciones efectuadas sobre activos fijos del contribuyente.
Señala que en los actos administrativos acusados se hace un análisis de las pruebas y se llegó a la conclusión que el contribuyente no tiene derecho al beneficio de la deducción por la inversión en activos fijos reales productos.
Sobre la deducción por inversión en activos fijos, el artículo 158-3 del E.T. (disposición vigente para el período en discusión), dispone:
ARTÍCULO 158-3. Deducción por inversiones en activos fijos. A partir del 1o de enero de 2007, las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1 de este Estatuto.
La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas.
La deducción por inversión en activos fijos solo podrá aplicarse con ocasión de aquellos activos fijos adquiridos que no hayan sido objeto de transacción alguna entre las demás empresas filiales o vinculadas accionariamente o con la misma composición mayoritaria de accionistas, y la declarante, en el evento en que las hubiere.
PAR. Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1o de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, solo podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea recta de conformidad con lo establecido en este Estatuto.
El Decreto 1766 de 2004 reglamenta el artículo 158-3 del E.T. y en el artículo 2, define los activos fijos reales productivos como:
Artículo 2. Definición de activo fijo real productivo. Para efectos de la deducción de que trata el presente decreto, son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian o amortizan fiscalmente.
Frente a la deducción por inversión en activos fijos, el Consejo de Estado en sentencia de 19 de mayo de 2016, expediente n.° 05001-23-31-000-2008-00457-01(20501), C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, señaló:
2.1.1. La Sala ha dicho que el propósito del legislador al establecer esta deducción “fue la adquisición de bienes tangibles que participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, es decir, que el elemento determinante de la prerrogativa fiscal, es que el activo fijo real se involucre directamente en el proceso productivo para generar ingresos y ejercer efectos positivos en la producción y el empleo y así en tal definición deben ser tenidos en cuenta, por ser elementos sustanciales a la productividad, (…). (Negrilla fuera de texto).
(…)
2.1.3. En criterio de esta Sala, cuando el legislador especificó que la deducción solo recaía en la adquisición de “activos fijos reales productivos”, sí hizo una distinción, pues, excluyó del beneficio aquellos activos que no son fijos reales o productivos.
2.1.4. Respecto de estas particularidades es oportuno hacer las siguientes precisiones:
Activos fijos: Conforme con el artículo 60 del Estatuto Tributario son activos fijos los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. Es decir, se excluyen los activos movibles.
Bienes reales – tangibles: Conforme con la definición del artículo 653 del Código Civil, los bienes corporales son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. En consecuencia, quedan excluidos los bienes intangibles.
Productivos: Esta condición implica que “entre lo producido y los bienes empleados para ello, debe existir una relación directa y permanente, de suerte que sean indispensables para su ejecución. Ello necesariamente excluye los activos fijos que participan de manera indirecta en el proceso productivo, como son los muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial” (Subraya y negrilla fuera del texto original).
Adquiridos: Para la Sala la adquisición se “refiere a la compra, adquisición o apropiamiento por operación de traslación de dominio, de los bienes tangibles incorporados al patrimonio del contribuyente e incorporados a la actividad productora de renta”.
2.1.5. Naturalmente que el concepto activo fijo productivo o con relación directa y permanente para la producción, debe mirarse atendiendo el caso concreto, pues a priori no puede catalogarse determinado bien como productivo o no. Debe tenerse en cuenta su asociación con el proceso productivo de renta y la incidencia o importancia que tiene en el mismo, todo dentro del propósito de la norma. Por eso para citar un caso, ha dicho la jurisprudencia que también se cumple la finalidad del artículo 158-3 del Estatuto Tributario – reactivar la economía- “cuando se aplica la deducción a los casos en que, sin haberse adquirido un activo fijo, se hacen inversiones en los activos ya existentes para que no disminuya la producción de renta ni se paralice la actividad de la empresa, que, finalmente, es lo que ocurriría si el empresario decidiera no hacer las reparaciones necesarias para que los activos fijos pudieran seguir cumpliendo con su función primordial, que es la producción de renta”.
2.1.6. Eso explica también la definición que trae el Decreto 1766 de 2004, reglamentario del artículo 158-3 del Estatuto Tributario, que en su artículo 2 se refiere al activo fijo real productivo como “los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian o amortizan fiscalmente”.
2.1.7. Es decir, para que los bienes sean considerados como activos fijos reales productivos se requiere que: (i) se trate de activos fijos; (ii) los bienes sean tangibles; (iii) se adquirieran para formar parte del patrimonio del contribuyente; (iv) participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta y (v) se deprecien o amorticen fiscalmente.
2.1.8. De manera que no todo activo fijo tiene la condición de generar el beneficio, ya que el reglamento lo limitó a aquellos bienes que se utilicen de manera directa y permanente en las actividades productoras de renta.
Conforme con la normatividad transcrita y la jurisprudencia citada, se anota que para que opere la deducción especial del artículo 158-3 del E.T. se exigirá que: (i) la inversión se efectúe en la adquisición de bienes tangibles; (ii) que dichos bienes sean activos fijos; (iii) que una vez adquiridos los bienes formen parte del patrimonio del contribuyente; (iv) que participen en la actividad productora de renta de manera directa y permanente y (v) que los bienes puedan ser depreciados o amortizados fiscalmente.
En ese contexto, procede la Sala a analizar si en el presente asunto se cumplen los presupuestos legales para acceder a la deducción por inversión en activos fijos reales productivos.
El demandante tiene como actividad principal la de Rentista de capital código 0090 y como actividad secundaria Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados código 7010, según se observa en el registro en el RUT que obra en el folio 3 del cuaderno de antecedentes 2.
En el expediente obra prueba de los siguientes documentos:
– Contrato de mandato celebrado el 27 de febrero de 2007, suscrito por ROCA MAICHEL & CIA., ACORBE LTDA., ACOESCO LTDA., DEVIS POSADA Y CIA. LTDA., ÁLVARO ROCA MAICHEL, GLADYS BERNAL ROCA, SANDRA ROCA BERNAL, MAURICIO ROCA BERNAL Y DARÍO ROCA BERNAL, en calidad de mandantes, y PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A., en calidad de mandatario, cuyo objeto es «En los términos previstos en el artículo 1262 del Código de Comercio, LOS MANDANTES confieren a EL MANDATARIO un mandato sin representación para la construcción y administración de un edificio en un inmueble de su propiedad, ubicado en la calle 98 Nº. 9A-46» (ff. 166-170 c.a. 2).
– Contrato de cesión de 29 de diciembre de 2008, en el cual la sociedad PROSEGUROS S.A. (mandataria) cede a favor de R.M. CONSULTING S.A., el contrato de mandato celebrado el 27 de febrero de 2007 (f. 169 c.a. 2).
– Contrato de mandato celebrado el 12 de marzo de 2007, suscrito por ACORBE LTDA., ROCA MAICHEL & CIA., ÁLVARO ROCA MAICHEL, GLADYS BERNAL ROCA, SANDRA ROCA BERNAL, MAURICIO ROCA BERNAL Y DARÍO ROCA BERNAL, en calidad de mandantes, y ACORBE LTDA., en calidad de mandatario, cuyo objeto es «En los términos previstos en el artículo 1262 del Código de Comercio, LOS MANDANTES confieren a EL MANDATARIO un mandato sin representación para la construcción y administración de un edificio en un inmueble de su propiedad, ubicado en la AK 19 Nº. 104-08 / Calle 104 Nº. 18A-52» (ff. 185-187 c.a. 2).
– Contrato de mandato celebrado el 12 de febrero de 2008, suscrito por ENTRTREPISOS (SIC) MODULARES S.A.S., ACORBE LTDA., ROCA MAICHEL & CIA., JUAN TAMASCO TORRES, SANDRA ROCA BERNAL, MAURICIO ROCA BERNAL, DARÍO ROCA BERNAL Y ÁLVARO ROCA MAICHEL, GLADYS BERNAL ROCA, en calidad de mandantes, y BODEGAS CALLE 80 LTDA., en calidad de mandatario, en el cual los mandantes confieren al mandatario plena faculta para diseñar, construir, tramitar y legalizar, todo lo relacionado con el objeto social que constituye la sociedad BODEGAS CALLE 80 LTDA., en el municipio de Cota (ff. 209-212 c.a. 2).
En igual sentido, obra prueba de los siguientes certificados de revisor fiscal:
– Certificación de 16 de junio de 2011 del revisor fiscal de la sociedad RM CONSULTING S.A. en la cual constata que «De acuerdo a los registros contables, el aporte realizado por el señor MAURICIO ROCA BERNAL identificado con cédula de ciudadanía 80.409.443, durante el año 2008 para la construcción del EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 II ETAPA de la ciudad de Bogotá, fue por un valor de ciento cincuenta y cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos ($154.666.667), recibidos como traslado de PROSEGUROS S.A. a favor del señor Roca» (f. 231 c.a. 2).
– Certificación de 14 de junio de 2011 del revisor fiscal de la sociedad BODEGAS CALLE 80 LTDA., en la cual constata que «Que de acuerdo con los registros contables de la Compañía, la cuenta por pagar a Mauricio Roca, Darío Roca y Sandra Roca, ascendía a 31 de diciembre de 2008 por valor MIL CUANTROCIENTOS (SIC) OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($1.487.735.472) PESOS MCTE., de los cuales corresponden por concepto de aportes para la construcción del proyecto Bodegas Calle 80 a nombre del sr. Mauricio Roca identificado con CC 80.409.443 de Usaquén, la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHETA (SIC) Y SEIS ($165.592.886) PESOS MTCE. Es de anotar que estos valores fueron girados directamente a proveedores de la construcción por el sr. Roca» (f. 232 c.a. 2).
– Certificación de 16 de junio de 2011 del revisor fiscal de la sociedad ACORBE S.A. en la cual constata que «(…) de acuerdo a los registros contables del aporte realizado por el sr MAURICIO ROCA BERNAL identificado con cédula de ciudadanía número 80.409.443, durante el año 2008 para la construcción del edificio calle 104 de la ciudad de Bogotá, fue por valor de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (226.759.392)» (f. 235 c.a. 2).
– Certificado de 8 de julio de 2011 del revisor fiscal de la empresa RM CONSULTING S.A. antes ROCA MAICHEL Y CIA., en el que se señala que «Que verificado los registros contables al día 31 de Diciembre de 2008, el proyecto de construcción denominado edificio Parque Chico 99 II Etapa, presentaba un nivel aproximado de avance de obra del setenta y nueve punto siete por ciento (79.7%)» (f. 233 c.a. 2).
– Certificado de 8 de julio de 2011 del revisor fiscal de la sociedad ACORDE S.A. antes ACORBE LTDA., en la que se indica que «Que, a 31 de diciembre de 2008, el proyecto de construcción denominado Edificio Calle 104 o Torre 104, presentaba un nivel aproximado de avance de obra de ochenta y uno punto dos por ciento (81.2%)» (f. 234 c.a. 2).
– Liquidación del contrato de mandato de 21 de diciembre de 2010, suscrito por el demandante en su calidad de representante legal de las sociedades PROSEGURO CORREDORES DE SEGUROS S.A. y ACORBE S.A., Sandra Roca Bernal, Darío Roca Bernal, María Mercedes Acosta de Escobar, Carlos Devis Morales, Gladys Bernal Roca Maichel (mandantes) y RM CONSULTING S.A. (mandataria), en el cual se estableció lo siguiente:
PRIMERO: Que entre las mismas partes se suscribió un contrato de mandato el 27 de febrero de 2007, cuyo objeto era la coordinación y administración de un edificio en un inmueble de propiedad de PROSEGUROS S.A., ubicado en la Calle 98 No. 9 A – 46 de la ciudad de Bogotá, el cual efectivamente fue construido y se denomina EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 ETAPA II, designándose como MANDATARIO del mismo a la sociedad R.M. CONSULTING S.A.
SEGUNDO: Que, para llevar a cabo la labor antes mencionada, los mandatarios (sic), incluyendo a R.M. CONSULTING S.A., aportaron los dineros y bienes inmuebles necesario para la construcción del mencionado inmueble, inversiones estas que se encuentran establecidas en la mejora del inmueble y que corresponde a la edificación de siete (7) pisos y tres (3) sótanos, con un área aproximada de mil setecientos noventa metros cuadrados (1.790 m2).
TERCERO: Que teniendo en cuenta que en la actualidad el edificio ya se encuentra debidamente construido y se ha cumplido a cabalidad la gestión encomendada al MANDATARIO, las partes intervinientes proceden a liquidar el contrato de mandato a que hace referencia el numeral primero del presente capítulo de consideraciones, y que quedarán reflejadas en las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA: Las partes expresamente manifiestan que, de acuerdo con los aportes efectuados por cada uno de los MANDATARIOS en el inmueble descrito en la cláusula SEGUNDA del acápite de consideraciones, convienen en que las áreas privadas del EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 ETAPA II se distribuyan de la siguiente manera:
(…)
d) PISO CINCO (05): teniendo en cuenta los aportes efectuados por DARÍO ROCA BERNAL, los cuales ascienden a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.CTE ($575.74C235), (SIC) le corresponde el cincuenta y siete punto treinta y siete por ciento (57.37%) del derecho de propiedad en común y proindiviso de este piso, que compartirá con la MAURICIO ROCA BERNAL, quien en virtud de sus aportes que ascienden a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($427.802.774) le corresponde el cuarenta y dos punto sesenta y tres por ciento (42.63%) del derecho de propiedad sobre el piso cinco. En consecuencia, el valor del piso cinco (5) asciende a la suma de UN MIL TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS M.CTE ($1.003.544.008). (ff. 70-73 c.a. 1) (Subrayado fuera de texto).
En el presente caso se decretó la práctica de un dictamen pericial con la participación de un perito contador público para que determinara sobre los montos de los aportes recibidos del señor MAURICIO ROCA BERNAL a los proyectos de construcción referidos en la presente demanda en el año 2008 (f. 172).
El auxiliar de la justicia en el dictamen rendido efectuó las siguientes conclusiones:
Procedo a realizar el siguiente cuadro donde se explica de acuerdo a los movimientos y registros contabilizados los aportes realizados por el señor Roca Bernal en el año 2008 como inversión en activos fijos.
| Período 2008 | D | H |
| Enero | $ 52.527.398.00 | 0 |
| Febrero | 18.077.04S.00 (SIC) | 250.000.00 |
| Marzo | 0 | 0 |
| Abril | 30.360.081.00 | 0 |
| Mayo | 86.091.096.00 | 0 |
| Junio | 127.329.600.00 | 0 |
| Julio | 427.000.000.00 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 |
| Octubre | 120.233.046.00 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 |
| Diciembre | 470.259.5S2.00 (SIC) | 793.604.585 |
| TOTAL: | $1.331.877.817.00 | $796.104.585 |
EXPLICACIÓN A LAS INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2008, POR EL SEÑOR MAURICIO ROCA BERNAL Y LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS:
| Valor aportes | $1.331.877.817 |
| Menos: Créditos realizados | ($796.104.585) |
| Neto Aportado | $535.773.233 |
| Valor Terreno (25%) | $133.943.308 |
| Porcentaje de Discreción (3.53%) | $18.917.403 |
| Base de Deducción | $382.912.522 |
| Deducción 40% Inversiones en Activos Fijos | $153.165.000 |
Valor que cruza con el renglón 54 de la declaración de Renta y Complementarios por el año 2008 del señor Mauricio Roca Berna), el cual se solicitó como Deducción inversiones en activos fijos.
Me enseñaron el libro Mayor y Balances, registrado el 21 de Abril de 2006 ante la Dirección de Impuestos de Bogotá, bajo el número 1959, correspondiente al contribuyente Mauricio Roca Bernal identificado con el NIT N° 80.409.443-8, para un total de folios ele 100.
(Se anexa Fotocopia del registro del libro Mayor y Balances)
Se anexan fotocopias de los movimientos y registros del libro mayor y balances de la contabilidad del señor Mauricio Roca Bernal, los cuales cruzan exactamente con los registros del libro Diario, y constatan los aportes que se realizaron en los activos fijos por el año 2008, llevados a la cuenta 1508 – Construcciones en Curso.
DINÁMICA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN CURSO
1.- Clase. – Activo
1.2.- Grupo. – 15 Propiedades Planta y Equipo
1.3.- Cuenta. 1508 construcción en Curso
DESCRIPCIÓN
Registra los costos incurridos por el ente económico en la construcción o ampliación de edificaciones destinadas a oficinas, locales, bodegas, plantas de operación; así como de otras obras, que serán utilizadas en labores operativas o administrativas. Una vez terminadas dichas obras, sus saldos se trasladarán a las cuentas correspondientes.
El costo incluye los desembolsos por materiales, mano de obra, licencias honorarios profesionales, costos financieros e interventorías y otros costos efectuados hasta el momento en que el bien quede adecuado para su uso.
Mientras las obras se encuentren en proceso no deben ser objeto de depreciación.
El costo del terreno en el cual se está levantando la construcción se debe registrar por separado en la cuenta 1504 – terrenos-
DINÁMICA
DÉBITOS
a) Por los desembolsos efectuados por el ente económico, imputables a la ejecución de la obra;
b) Por el costo de las obras parciales de esta naturaleza que se reciban de contratistas, realizadas por cuenta del ente económico;
c) Por el valor convenido o determinado mediante avalúo técnico de las construcciones recibidas por cesión, donación o aporte y,
d) Por el valor del ajuste por la inflación.
CRÉDITOS
a) Por la transferencia en la cuenta correspondiente, cuando la obra se encuentre en condiciones de ser utilizada por el ente económico, y
b) Por el valor de los materiales cargados a esta cuenta que sean devueltos al almacén.
Este análisis lo hago desde el punto de vista contable, con el fin de constatar los mecanismos que se hicieron en la evolución contable del señor Mauricio Roca Bernal, por el año 2008.
La dinámica del manejo de la cuenta Construcciones en Curso, se realizó de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, y por ende de acuerdo a la normatividad del Plan Único de Cuentas.
Al terminar la visita realizada, le pregunte al contador Dr. Álvaro Escobar que necesitaban los soportes contables de las obras realizadas, como son facturas, pagos de mano de obra, facturas de materiales y otros y me contesto que ellos no los tenían, que los tenían los contratistas que realizaron las obras y los guardan en los archivos que ellos poseen. (ff. 193-200).
En la audiencia de pruebas la parte demandante solicitó adición al dictamen pericial, en el sentido de dictaminar sobre los montos aportados por el demandante a los proyectos de construcción referidos en la demanda para el año 2008. Además, precise la suma de $2.500.000 en la página 5 del dictamen pericial.
El auxiliar de la justicia rindió la adición solicitada al dictamen, en los siguientes términos:
Se adicione en el sentido de indicar los montos recibidos por los tres mandatarios actuantes: Proyecto Edificio Parque del Chico 99 etapa 2, Proyecto Edificio Calle 104 y Proyecto Bodegas Calle 80, adicionalmente en la página 5 el perito incurre en un error de transcripción siendo lo correcto lo consignado en la página 3, esto es $2.500.000.00 se requiere dicha precisión.
Siendo las 11 a.m. del día 23 de febrero de 2016 mee traslade nuevamente a la calle 104 N° 18 A -52 piso V de la ciudad de Bogotá, fui atendido por el Dr. Álvaro Escobare, Contador Público del señor (Mauricio Roca, quien se identifica con la C.C. N° 80.100.719 y tarjeta profesional de Contador N° 150.287-T., también estuvo presente el Dr. Jrasé (Sic) David Obed Camargo González como apoderado judicial de la parte demandante.
Acto seguido les hice saber el motivo de mi visita como es:
1.- Que el perito se pronuncie sobre la adición y corrección al dictamen, en los términos solicitados por la ‘parte demandante.
1.1.- En cuanto al error de transcripción como quedo aclarado en la audiencia 4 de Febrero de 2016 se debió a un lapsus que cometí en el momento de la impresión, sin embargo se volvió a constatar en el movimiento registrado en el libro Diario del mes de febrero de 2008 que aparece registrado como LD-159, en la cual se registró un crédito por la suma de $2.500.000.00 a la cuenta construcciones en curso, lo cual corrige la suma que por $250.000.00 registre en el folio N° 5 del peritazgo presentado inicialmente.
1.2.- En cuanto a la ADICIÓN SOLICITADA por «el apoderado de la parte Demandante Dr. José Camargo se constataron los registros en la Inversión en activos Productivos recibidor por los tres mandatarios actuantes, se obtuvieron los siguientes movimientos:
| 1.2.1 Obra Acorde | $226.820.724 |
| 1.2.2. Bodegas Calle 801 | $165.959.608 |
| 1.2.3. Parque del Chico 99 | $154.666.667 |
| Total, recibido | $547.446.999 |
Se anexa Informe de los montos recibidos por los tres mandatarios en los proyectos respectivos, suministrados por el Dr. Álvaro Escobar C. en calidad de contador del señor Mauricio Roca, los cuales aparecen debidamente firmados. (ff. 260-262).
Visto lo anterior, la Sala advierte que el señor Mauricio Roca Bernal en el año 2008 celebró contrato de mandato con las sociedades RM CONSULTING S.A., ACORBE S.A. y BODEGAS CALLE 80 LTDA., para la construcción del EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 II ETAPA, edificio calle 104 de la ciudad de Bogotá y proyecto Bodegas Calle 80, inversiones en las cuales realizó un aporte en cuantía de $547.446.999, según fue establecido por el auxiliar de la justicia.
Además, se encuentra que para el año 2008 el terreno para la construcción de los edificios y bodega eran de propiedad de terceros, teniendo en cuenta que tanto la parte demandante como demandada manifiestan que corresponden a construcciones realizadas en terreno de otros propietarios.
En ese entendido, la Sala encuentra que el demandante realizó aportes de capital para la construcción de unos inmuebles, por lo que dichos aportes corresponden a una inversión para la adquisición de bienes inmuebles (tangibles).
No obstante, para la Sala las inversiones realizadas por el señor ROCA BERNAL en año 2008 se hicieron en bienes ajenos incumpliendo el beneficio de la deducción de que trata el artículo 158-3 del E.T. cuya aplicación es restrictiva, norma que condiciona la extensión de la deducción frente a las inversiones ejecutadas por el contribuyente en sus propiedades, esto es, dichas inversiones se adquieren para formar parte del patrimonio del contribuyente y se incorpore a la actividad productora de renta.
En suma, si bien la parte demandante realizó unos aportes para la construcción de bienes inmuebles, lo cierto es que para el año 2008 la construcción en curso de las edificaciones no eran de propiedad del demandante, pues como se demostró que hasta el año 2010 se terminó la construcción del EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 II ETAPA y solo hasta esa fecha se distribuyó al demandante el piso quinto de la edificación en proporción al 42.63% de su aporte. De las demás edificaciones no obra prueba de cuando fue su terminación y su respectiva distribución conforme al aporte realizado por el actor.
En efecto, para el año gravable en discusión la parte demandante tenía una inversión que se consolidaba una vez se construyera el edificio y se le distribuyera la parte que le correspondía conforme a su aporte, de modo que para la vigencia fiscal investigada el demandante no adquirió un bien para que formara parte de su patrimonio, tanto es así que el señor Roca no podía disponer jurídicamente de los bienes.
Aunado a lo anterior, la Sala no comprende como para el año 2008 la inversión realizada por el demandante podría participar en la actividad productora de renta de forma directa y permanente, si solo hasta el año 2010 se terminó la obra y el demandante adquirió las oficinas, que luego fueron arrendadas, según el contrato de arrendamiento que obra en los folios 75 a 82 del cuaderno de antecedentes administrativos.
En ese orden de ideas, no hay que perder de vista que las inversiones efectivamente realizadas que son deducibles en los términos del artículo 158-3 del E.T. implica que los bienes adquiridos se incorporen al activo del contribuyente que solicita la deducción, de modo que, en el presente caso, las inversiones realizadas por el demandante solo se incorporó el piso quinto del EDIFICIO PARQUE DEL CHICO 99 II ETAPA, en calidad de activo, hasta el año 2010.
Ahora, en relación con los contratos de mandato, se encuentra que el demandante como mandante efectuó una serie de inversiones para la ejecución de obras de construcción con el fin de obtener unos bienes, situación jurídica que no es desconocida por la Sala, sin embargo, en el proceso está demostrada la falta de adquisición del activo fijo real productivo, lo que torna en improcedente la deducción especial.
Por lo expuesto, la Sala concluye que la inversión que el demandante realizó mediante el contrato de mandato para la construcción de los edificios, no es deducible en los términos del artículo 158-3 del Estatuto Tributario y del Decreto 1766 de 2004.
En consecuencia, procedía el rechazo de la deducción especial solicitada por la parte demandante en la declaración de renta del año gravable 2008.
(iii) Si es improcedente la imposición de la sanción por inexactitud.
La parte actora afirma que la sanción de inexactitud impuesta por la DIAN es improcedente, toda vez que cumple con los requisitos para la deducción por inversiones en activos fijos productivos.
Frente a la sanción por inexactitud, el artículo 647 del ET dispone que esta procede cuando se incluyen costos de los cuales se derive un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente o responsable, entre otros supuestos; esta sanción se impone en un monto equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado por la Administración y el valor declarado. La norma citada prevé que la sanción no se configura cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o diferencias de criterio relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
Dado que, en el presente asunto, la demandante no demostró la procedencia de la deducción declarada, es evidente que debe soportar sanción por inexactitud, pues no se está frente a un error de apreciación o una diferencia de criterios en cuanto a las normas aplicables, sino que en este caso la demandante declaró hechos que no resultaron acreditados, específicamente, efectuó la deducción del 40% por inversión en activos fijos reales productivos.
Debe tenerse en cuenta que esta sanción no se fundamenta en un error de apreciación o una diferencia de criterios en cuanto a las normas aplicables, sino que en este caso la demandante declaró hechos que no resultaron verdaderos, al incluir una deducción que no se configura.
Sin embargo, la Sala pone de presente que el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.
En ese contexto, al compararse la regulación de la sanción por improcedencia de las devoluciones y/o compensaciones consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, con la modificación efectuada por los artículo 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016 a los artículos 647 y 648 del E.T., respectivamente, la Sala advierte que la primera de dichas disposiciones mantiene la inclusión de deducciones inexistente o inexactos como hecho sancionable y la diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable como circunstancia que no configura inexactitud; al paso que la segunda establece una sanción más favorable para el sancionado en tanto consagró como que la sanción en comento sería equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o el sado a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.
En ese sentido se pronunció el Consejo de Estado, en sentencia de 2 de febrero de 2017 proferida dentro del proceso No. 20571, con ponencia del Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, así:
La demandante sostiene que no procede la sanción por inexactitud, en esencia, porque existe diferencia de criterios respecto al derecho aplicable y que debe aplicarse el principio de favorabilidad de las sanciones, reconocido en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012. Que, además, no se violó el principio de lesividad porque no se cometió una falta antijurídica que afectara el recaudo nacional y que se desconoció el principio de proporcionalidad, ya que no se tuvo en cuenta que la supuesta falta no estaba revestida de gravedad, pues el actor no tiene antecedentes y no causó daño a la Administración.
(“…”)
Frente a la aplicación del principio de favorabilidad reconocido en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y a los argumentos en el sentido de que la actora no causó perjuicio a la Administración y que, por la misma razón, la sanción no es proporcional, la Sala precisa que no hay lugar a levantar la sanción en aplicación del principio de favorabilidad, pues el actor incurrió en la infracción sancionable con inexactitud, consistente en omitir ingresos e incluir costos inexistentes, conductas de las cuales se derivó un menor impuesto a cargo, lo que pone en evidencia que sí se generó un daño al fisco. Lo anterior, porque el contribuyente está obligado a contribuir en los términos en que la ley “ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”, como lo prevé el artículo 683 del E.T, en concordancia con el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política.
No obstante, en este caso es aplicable el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario y previó, en el parágrafo 5, que “El principio de favorabilidad aplicará (sic) para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.” La citada norma es aplicable en concordancia con los artículos 287 de la Ley 1819, que modificó el artículo 647 del E.T, pero mantuvo como inexactitud sancionable la omisión de ingresos y la inclusión de costos inexistentes siempre que de estas conductas se derive un menor impuesto a cargo, y 288 de la misma ley, que modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario y redujo al 100% la sanción general por inexactitud.
(“…”)
Por lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad reconocido en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 y liquidará la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad demandante atendiendo los lineamientos previstos en el artículo 287 de la ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 647 del Estatuto Tributario.
En tales condiciones, se procede a practicar una liquidación del impuesto de renta a cargo de la parte actora por el año gravable 2010, en los siguientes términos:
| CONCEPTOS | LIQ. PRIVADA | LIQ. DIAN | LIQ. TRIB. ADM. |
| TOTAL, COSTOS Y GTOS. DE NÓMINA | – | – | – |
| APORTES AL SIST. DE SEG. SOCIAL | – | – | – |
| APOR. SENA, I.C.B.F., CAJAS COMP. | – | – | – |
| EFEC., BCOS., OTRAS. INVERS. CTAS. COBRAR | 1.417.654.000 | 1.417.654.000 | 1.417.654.000 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 855.500.000 | 855.500.000 | 855.500.000 |
| ACCIONES Y APORTES | 687.006.000 | 687.006.000 | 687.006.000 |
| INVENTARIOS | 0 | – | – |
| ACTIVOS FIJOS | 3.255.252.000 | 3.255.252.000 | 3.255.252.000 |
| OTROS ACTIVOS | – | – | – |
| TOTAL, PATRIMONIO BRUTO | 6.215.412.000 | 6.215.412.000 | 6.215.412.000 |
| PASIVOS | 337.778.000 | 337.778.000 | 337.778.000 |
| TOTAL, PATRIMONIO LÍQUIDO | 5.877.634.000 | 5.877.634.000 | 5.877.634.000 |
| INGRES. BRUTOS OPERACIONAL. | 918.392.000 | 918.392.000 | 918.392.000 |
| INGRES. BRUTOS NO OPERACIÓN. | 566.221.000 | 566.221.000 | 566.221.000 |
| INTERES. Y RENDIMIEN. FINANC. | 32.003.000 | 32.003.000 | 32.003.000 |
| TOTAL, INGRESOS BRUTOS | 1.516.616.000 | 1.516.616.000 | 1.516.616.000 |
| DEVOL., DESCUENTOS Y REBAJAS | – | – | – |
| ING. NO CONST. RTA. NI GAN. OCAS. | 854.950.000 | 854.950.000 | 854.950.000 |
| TOTAL, INGRESOS NETOS | 661.666.000 | 661.666.000 | 661.666.000 |
| COSTOS DE VENTAS | – | – | – |
| OTROS COSTOS | – | – | – |
| TOTAL, COSTOS | – | – | – |
| GASTOS OPERACIO. DE ADMON. | 234.479.000 | 234.479.000 | 234.479.000 |
| GASTOS OPERACIO. DE VENTAS | – | – | – |
| DEDUCC. INVERS. EN ACTIVOS FIJOS | 153.165.000 | – | – |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.531.000 | 3.531.000 | 3.531.000 |
| TOTAL, DEDUCCIONES | 391.175.000 | 238.010.000 | 238.010.000 |
| RENTA LÍQUIDA DEL EJERCICIO | 270.491.000 | 423.656.000 | 423.656.000 |
| O PERD. LÍQUIDA DEL EJERC. | – | – | – |
| COMPENSACIONES | 47.103.000 | 47.103.000 | 47.103.000 |
| RENTA LÍQUIDA | 223.388.000 | 376.553.000 | 376.553.000 |
| RENTA PRESUNTIVA | 122.928.000 | 122.928.000 | 122.928.000 |
| TOTAL, RENTAS EXENTAS | 14.479.000 | 14.479.000 | 14.479.000 |
| RENTAS GRAVABLES | – | – | – |
| RENTA LÍQUIDA GRAVABLE | 208.909.000 | 362.074.000 | 362.074.000 |
| INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
| COSTOS Y DEDUCCIONES POR GANANCIAS OCASIONALES | 409.311.000 | 409.311.000 | 409.311.000 |
| GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.000 |
| GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE | 67.834.000 | 67.834.000 | 67.834.000 |
| IMPTO. SOBRE RENTA GRAVABLE | 56.479.000 | 107.024.000 | 107.024.000 |
| DESCUENTOS TRIBUTARIOS | – | – | – |
| IMPUESTO NETO DE RENTA | 56.479.000 | 107.024.000 | 107.024.000 |
| IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES | 11.054.000 | 11.054.000 | 11.054.000 |
| IMPUESTO DE REMESAS | – | – | – |
| TOTAL, IMPUESTO A CARGO | 67.533.000 | 118.078.000 | 118.078.000 |
| ANTICIPO POR EL AÑO GRAVABLE | – | – | – |
| SALDO A FAVOR SIN SOL. DEV. O COMPENSAC. | 33.747.000 | 33.747.000 | 33.747.000 |
| AUTORRETENCIONES | – | – | – |
| OTROS CONCEPTOS | 25.340.000 | 25.340.000 | 25.340.000 |
| TOTAL, RET. AÑO GRAVABLE | 25.340.000 | 25.340.000 | 25.340.000 |
| ANTIC. POR EL AÑO GRAVA. SIG. | 4.392.000 | 4.392.000 | 4.392.000 |
| SDO. A PAGAR POR IMPUESTO | 12.838.000 | 63.383.000 | 63.383.000 |
| SANCIONES | 911.000 | 81.783.000 | 51.456.000 |
| TOTAL, SALDO A PAGAR | 13.749.000 | 145.166.000 | 114.839.000 |
| O TOTAL SALDO A FAVOR | – | – | – |
| SANCIÓN DE INEXACTITUD | 51.456.000 | ||
| Saldo a Pagar por Impuesto establecido | 63.383.000 | ||
| Menos: Saldo a Pagar Liquidación Privada | 12.838.000 | ||
| BASE DE LA SANCIÓN | 50.545.000 | ||
| Porcentaje de Sanción | 100% | ||
| SANCIÓN DE INEXACTITUD ESTABLECIDA | 50.545.000 | ||
| Sanción Liquidación Privada | 911.000 |
Por consiguiente, la Sala anulará parcialmente los actos administrativos acusados y a título de restablecimiento del derecho declarará que la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad demandante es la inserta en esta providencia. En lo demás, se negarán las pretensiones de la demanda.
Costas
Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA y teniendo en cuenta el criterio del Consejo de Estado, según el cual solo procede condena en costas cuando aparezcan causadas y comprobadas, la Sala considera que en el presente caso no hay lugar a condena en costas, toda vez que no se encuentran probadas.
FALLA
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412012000005 de 10 de mayo de 2012 y la Resolución No. 900.292 de 13 de junio de 2013, expedidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, respectivamente.
SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE que la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad demandante es la inserta en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: En firme esta providencia y hechas las anotaciones correspondientes, archívese el expediente, previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen, y de gastos del proceso a la parte demandante, si a ello hubiere lugar. Déjense las constancias del caso.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Discutida y aprobada en la sesión realizada en la fecha.
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
GLORIA ISABEL CÁCERES MARTÍNEZ
AMPARO NAVARRO LÓPEZ