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Sentencia 23800 – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

El 18 de abril de 2013, el señor ANTONIO IBLA RODRÍGUEZ presentó con pago la declaración del impuesto predial unificado del inmueble ubicado en la KR 11 nro. 11-30 de Bogotá, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 050C398189 y CHIP AAA0030RXWW, correspondiente al año gravable 2013. En la misma declaración, el contribuyente indicó como dirección para notificación la KR 11 nro. 11-47.


MODIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PRIVADAS DE LOS CONTRIBUYENTES – Requisito / NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL – Término / NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – Alcance / NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – Reiteración de jurisprudencia / NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN PROCESAL EN EL PROCESO TRIBUTARIO – Reiteración de jurisprudencia / NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN PROCESAL EN EL PROCESO TRIBUTARIO – Alcance / NOTIFICACIÓN POR AVISO – Improcedencia / IMPROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN SUBSIDIARIA – Efectos / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN PRIVADA – Improcedencia / VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN – Procedencia / VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN – Efectos

La ley tributaria dispone que, en caso de que la Administración tributaria considere que hay lugar a modificar las declaraciones privadas de los contribuyentes, debe expedir un acto previo que indique los términos en los cuales pretende modificar la declaración privada. (…) A su vez, el artículo 706 del Estatuto Tributario nacional vigente para la época fijaba el término de notificación del requerimiento especial así: “Artículo 705. TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. El requerimiento de que trata el Artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva”. En varias ocasiones la Sala ha manifestado que la notificación de los actos administrativos expedidos por la Administración tributaria es un elemento esencial del debido proceso, pues su realización conforme lo dispuesto en la ley permite que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados, para que, en caso de considerarlo necesario, puedan controvertirlas a través de los recursos en sede administrativa o judicial procedentes contra los mismos. Para efectos de la notificación, si el administrado, directamente o a través de apoderado, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administración deberá hacerlo a dicha dirección; y si la notificación no puede surtirse en dicha dirección, procede la notificación por aviso, como lo indica el artículo 563 del Estatuto Tributario: (…) En este caso, el demandante indicó en su declaración del impuesto predial como dirección para notificación la KR 11 nro. 11-47. No obstante, el requerimiento fue enviado para efectos de notificación a la dirección KR 11 nro. 12-16, y fue devuelto por la empresa de mensajería con la causal “dirección deficiente”, por lo que fue notificado por aviso en la página web de la entidad el 9 de diciembre de 2014. Además, se encuentra en el expediente que el mismo contribuyente había indicado la misma dirección de notificación (KR 11 nro. 11-47) para el mismo predio en años anteriores. Por tanto, la Sala encuentra probado que en el caso de la controversia no está dado el presupuesto previsto en el artículo 563 del Estatuto Tributario para que procediera la notificación por aviso, en tanto la notificación personal no fue remitida a la dirección informada por el contribuyente. Y como el mecanismo de notificación principal (el personal) no fue surtido en debida forma, la notificación subsidiaria no era procedente, al tratarse de una notificación sin el lleno de los requisitos legales, por lo que no produce efectos. Dado que la notificación del requerimiento especial no se realizó conforme el procedimiento establecido en la ley, no se verifica el supuesto de interrupción del término de firmeza de la declaración privada a que se refiere el requerimiento, según lo establecido en el artículo 714 del Estatuto Tributario. Así lo ha afirmado la Sala en oportunidades anteriores: (…) Conforme lo anterior, se concluye que, como el requerimiento especial no fue debidamente notificado al contribuyente dentro del término señalado en el artículo 714 del Estatuto Tributario, este no tuvo oportunidad de controvertir la posición de la Administración antes de conocer la liquidación oficial del impuesto, por lo que se vulneró su derecho al debido proceso, lo cual da lugar a la nulidad del acto de liquidación oficial, según lo dispuesto en el artículo 730 numeral 2 del Estatuto Tributario. Así, se concluye que la declaración privada del impuesto predial presentada por el contribuyente por el año 2013 adquirió firmeza. Por lo tanto, no había lugar a expedir los actos de determinación tributaria objeto de este proceso, por lo que la Sala confirmará la decisión tomada por el Tribunal en ese sentido.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 706 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 705 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 703 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 563 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 714 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 730 NUMERAL 2

CONDENA EN COSTAS – Normativa / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación

En atención a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas, por cuanto en el presente asunto no se probó su causación.

 

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 25000-23-37-000-2016-02143-01(23800)

Actor: ANTONIO IBLA RODRÍGUEZ

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL

 

FALLO

 

 

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que declaró la nulidad de los actos demandados, en los siguientes términos:

 

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. DDI38303 del 22 de junio de 2015 y/o LOR 2015EE155901 y la Resolución No. DDI00306 del 2 de febrero de 2016 por medio de las cuales se modificó la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2013, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE en firme la declaración del impuesto predial unificado presentada por el señor ANTONIO IBLA RODRÍGUEZ del año gravable 2013.

 

TERCERO: No hay lugar a condena en costas”.

 

(…)”

 

ANTECEDENTES

 

El 18 de abril de 2013, el señor ANTONIO IBLA RODRÍGUEZ presentó con pago la declaración del impuesto predial unificado del inmueble ubicado en la KR 11 nro. 11-30 de Bogotá, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 050C398189 y CHIP AAA0030RXWW, correspondiente al año gravable 2013. En la misma declaración, el contribuyente indicó como dirección para notificación la KR 11 nro. 11-47.

 

El 10 de octubre de 2014, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá profirió el Requerimiento Especial nro. 2014EE215449, en el cual se propuso liquidar el impuesto predial a la tarifa correspondiente a los predios urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. El requerimiento fue enviado para efectos de notificación a la dirección KR 11 nro. 12-16, y fue devuelto por la empresa de mensajería con la causal “dirección deficiente”, por lo que fue notificado por aviso en la página web de la entidad el 9 de diciembre de 2014.

El 22 de junio de 2015, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión nro. DDI38303, mediante la cual modificó la declaración del impuesto predial unificado según lo sugerido en el requerimiento especial. La liquidación oficial de revisión mencionada fue notificada en la dirección KR 11 nro. 11-47.

 

El 2 de febrero de 2016, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá profirió la Resolución nro. DDI003006, mediante la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante, confirmando íntegramente la liquidación oficial recurrida.

 

DEMANDA

 

1. Pretensiones

 

Mediante apoderado judicial, y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Antonio Ibla Rodríguez formuló las siguientes pretensiones:

 

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. DDI00306 del 2 de febrero de 2016, notificada personalmente el 12 de febrero de 2016, expedida por la Oficina de Recursos Tributarios de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, por medio de la cual se confirmó en todas y cada una de sus partes la resolución No DDI38303 del 22 de junio de 2015 y/o LOR 2015EE155901, contenidas en el expediente No. 201401200100022063 y consecuentemente esta última resolución, proferida por la oficina de Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos- Secretaría Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la cual se profiere Liquidación Oficial de Revisión del impuesto predial unificado en contra del contribuyente ANTONIO IBLA RODRÍGUEZ, que obliga corregir [sic] y pagar unos mayores valores por concepto de Impuesto predial y sanción por inexactitud correspondiente a la vigencia fiscal 2013, relacionada con el inmueble ubicado en la KR 11 No. 11-30, con matrícula inmobiliaria No. 50C-398189 y CHIP AAA0030RXWW, de esta ciudad.

 

2. Como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de mi poderdante y se declare que al declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2013, preimpreso /sticker 23265010319944 presentada el 18 de abril de 2013, con pago, por el inmueble ubicado en la KR 11 No. 11-30, con matrícula inmobiliaria No. 50C-398189 y CHIP AAA0030RXWW, de esta ciudad, no es inexacta, adquirió firmeza y por ende no estarían obligados a pagar los mayores valores por impuesto, sanción e intereses como se establece en los actos cuya declaratoria de nulidad se solicita.

 

3. Que se confirme que el inmueble de propiedad del demandante situado en la KR 11 No. 11-30, e identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-398189 y CHIP AAA0030RXWW, de esta ciudad, es un inmueble de conservación tipológica según el Decreto 606 de 26 de julio de 2001, hasta que no exista un acto administrativo de igual o superior jerarquía que el decreto 606 de 26 de julio de 2001 que determine otra cosa.

 

4. Que se condene en costas, agencias en derecho y honorarios a la entidad demandada”.

 

2. Normas violadas

 

El demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 64, 97 y 101 del Decreto Distrital 807 de 1993; 126 del Decreto Distrital 190 de 2004; 21 de la Resolución IGAC 70 del 4 de febrero de 2011; 5 de la Ley 1185 de 2008, y 1° del Decreto 606 de 2001.

 

3. Concepto de violación

 

Indebida notificación del requerimiento especial

 

Según el demandante, la Administración violó el derecho al debido proceso al no cumplir con los términos previstos en la ley para la notificación del requerimiento especial, pues este no fue notificado a la dirección indicada en la declaración del año 2013 (KR 11 nro. 11-47), que además coincide con la dirección de notificación señalada en la declaración del impuesto predial del año 2014, presentada el mismo día.

 

Además, en la liquidación oficial de revisión se afirma que la notificación del requerimiento especial se intentó en la dirección KR 11 nro. 12-16, y fue devuelta porque “la dirección no existe”, cuando esa dirección sí existe y está completa, según se comprueba en el certificado de nomenclatura catastral.

 

Por otra parte, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración afirma que el requerimiento especial fue notificado por aviso, al ser devuelto por la empresa de mensajería bajo la causal de “dirección deficiente”.

 

Indebida valoración de las pruebas aportadas

 

La Administración no valoró adecuadamente las pruebas aportadas para determinar la realidad del predio a 1º. de enero de 2013, que determinan que el predio objeto de la declaración discutida es un bien de interés cultural, calificado como tal por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

 

La Resolución DDI003006 de 2016, que agotó la vía gubernativa, se fundamentó en la información dada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, a pesar de que la Administración ya había archivado una investigación similar sobre el mismo inmueble por el año gravable 2014, al encontrar que el bien se encontraba dentro del inventario de inmuebles de interés cultural.

 

Según se afirma en la Resolución 3006 de 2016, la Secretaría de Hacienda confrontó la realidad del inmueble acudiendo a aplicaciones no oficiales como Google Maps, cuando debió acudir a la información catastral, o a la suministrada por geoportales como el de Planeación Distrital, que cuenta con mayor resolución. La imagen utilizada por el distrito no permite concluir que el predio se encuentra sin construcción.

 

No puede afirmarse que el predio cuya declaración tributaria se cuestiona se encuentra sin construcción o es improductivo, según lo dispuesto en el Acuerdo 105 de 2003, pues se trata de un predio que es objeto de un proceso de reconstrucción como consecuencia del incendio que lo afectó, proceso que debe realizarse conforme normas internacionales, nacionales y distritales específicas. El incendio afectó la construcción, pero el predio nunca ha sido demolido, por estar prohibido hacerlo, dado su carácter de predio de conservación.

 

Improcedencia de la sanción por inexactitud

 

No hay lugar a imponer la sanción por inexactitud, en razón a que los datos suministrados en el formulario de la declaración del impuesto predial del año 2013 son exactos y verdaderos.

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá se opuso a las pretensiones en los siguientes términos:

 

En primer lugar, propuso la excepción de inepta demanda por falta de coherencia entre los hechos y las pretensiones invocadas, pues si bien se demandaron los actos de determinación del impuesto predial proferidos por la Administarción (sic), el concepto de violación se refiere al requerimiento especial, que no puede ser objeto de medio de control.

 

La Administración adelantó el procedimiento de liquidación del impuesto conforme a los principios constitucionales del debido proceso, buena fe y confianza legítima, brindando las oportunidades pertinentes para interponer los recursos previstos en la normativa.

 

Sostuvo que el requerimiento especial sí fue debidamente notificado, pues fue enviado a la última dirección informada por el contribuyente que aparece en la base de datos de la entidad, y fue recibido por este.

 

La Administración determinó el impuesto predial para el año 2013 del predio cuya declaración se cuestiona de acuerdo con la información reportada por Catastro Distrital en dicha vigencia, según la cual correspondía a un predio urbanizable no urbanizado. La Secretaría de Hacienda no puede desconocer las pruebas expedidas por Catastro Distrital; y ante cualquier inconformidad frente a la información del predio, le corresponde al propietario solicitar su respectiva revisión frente a dicha Unidad Administrativa, y no ante la autoridad tributaria.

 

Sí procede imponer la sanción por inexactitud, ya que de acuerdo con la información reportada por Catastro Distrital, se pudo constatar que el demandante registró datos equivocados, tales como el destino y la tarifa aplicable al predio, sin que exista una diferencia de criterios en el derecho aplicable.

 

SENTENCIA APELADA

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B declaró la nulidad de los actos demandados, y declaró en firme la declaración del impuesto predial presentada por el demandante. Las razones de la decisión se resumen así:

 

La Administración no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 807 de 1993, en consonancia con el Acuerdo 469 de 2011, puesto que el requerimiento especial fue enviado para efectos de notificación a una dirección distinta a la informada por el demandante en las declaraciones privadas del impuesto predial de los años 2010 a 2014 del predio identificado con Chip AAA003RXWW.

 

La dirección a la que fue enviado el requerimiento especial corresponde a la dirección registrada en la última declaración del impuesto predial del inmueble identificado con Chip AAA0031HSUH, a nombre de la sociedad Ibla Fernández y Compañía- IBLAFER S. en C., y no a nombre del contribuyente. Las declaraciones de ambos inmuebles fueron presentadas el mismo día (2 de abril de 2014), por lo que no le asiste razón a la Secretaría de Hacienda.

 

El requerimiento especial solo fue notificado a través de aviso en la página web de la entidad, y en la cartelera de la entidad, mas no fue notificado personalmente, como lo exigen las normas aplicables. La indebida notificación del requerimiento especial supone su inoponibilidad e ineficacia por vulneración a los derechos de contradicción y debido proceso, lo que conllevó a que operara a la firmeza de la declaración privada presentada por el demandante.

 

RECURSO DE APELACIÓN

 

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá apeló la sentencia, con base en los siguientes argumentos:

 

El Tribunal solo estudió la vulneración al debido proceso y derecho de contradicción del demandante, y no se pronunció frente a los demás argumentos invocados por la entidad demandada, que deben ser objeto de pronunciamiento en segunda instancia.

 

La decisión apelada estudia exclusivamente la indebida notificación del requerimiento especial como acto previo, mas no de los actos que son objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no guarda coherencia con lo solicitado en la demanda.

 

Los actos preparatorios no son demandables, y la nulidad invocada en la demanda frente a los actos administrativos objeto de discusión no puede estar supeditada a la inconformidad respecto de un acto de trámite.

 

Además, reitera que el requerimiento especial sí fue debidamente notificado, y cumplió con su objetivo de requerir o invitar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias. En cuanto a los actos demandados, la actuación de la Administración garantizó el derecho de defensa del demandante, quien hizo uso del recurso procedente para discutir la decisión adoptada.

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

 

El demandante insistió en los argumentos de la demanda. Añadió que el recurso de apelación no reprocha la argumentación del Tribunal que sustentó su conclusión respecto a la indebida notificación del requerimiento especial. No se discute el carácter de acto previo del requerimiento, sino que se dio una violación al derecho al debido proceso como consecuencia de la falta de notificación del requerimiento especial, que da lugar a su oponibilidad.

 

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda y en el recurso de apelación.

 

MINISTERIO PÚBLICO

 

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Problema jurídico

 

En los términos de la apelación interpuesta, la Sala debe decidir (i) si hubo o no una indebida notificación del Requerimiento Especial nro. 2014EE215449 del 10 de octubre de 2014, y (ii) si, en caso de respuesta afirmativa al problema anterior, ello deriva en la firmeza de la declaración privada del impuesto predial presentada por el demandante por el año gravable 2013.

 

En caso de respuesta negativa, la Sala abordará el estudio de los demás argumentos planteados en la demanda y en la contestación de la misma.

 

La notificación del requerimiento especial

 

La ley tributaria dispone que, en caso de que la Administración tributaria considere que hay lugar a modificar las declaraciones privadas de los contribuyentes, debe expedir un acto previo que indique los términos en los cuales pretende modificar la declaración privada. En el caso del distrito capital, dice el artículo 97 del Decreto Distrital 807 de 1993:

 

Artículo 97º.-Requerimiento Especial. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la Dirección Distrital de Impuestos deberá enviar al contribuyente, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con explicación de las razones en que se sustentan y la cuantificación de los Impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, así como de las sanciones que sean del caso.

 

El término para la notificación, la suspensión del mismo y la respuesta al requerimiento especial se regirán por lo señalado en los artículos 705,706 y 707 del Estatuto Tributario Nacional”.

 

A su vez, el artículo 706 del Estatuto Tributario nacional vigente para la época fijaba el término de notificación del requerimiento especial así:

 

“705. TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. El requerimiento de que trata el Artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva”.

 

En varias ocasiones la Sala ha manifestado que la notificación de los actos administrativos expedidos por la Administración tributaria es un elemento esencial del debido proceso, pues su realización conforme lo dispuesto en la ley permite que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados, para que, en caso de considerarlo necesario, puedan controvertirlas a través de los recursos en sede administrativa o judicial procedentes contra los mismos.

 

Para efectos de la notificación, si el administrado, directamente o a través de apoderado, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administración deberá hacerlo a dicha dirección; y si la notificación no puede surtirse en dicha dirección, procede la notificación por aviso, como lo indica el artículo 563 del Estatuto Tributario:

 

“Artículo 563. Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

 

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.

 

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación”.

 

En este caso, el demandante indicó en su declaración del impuesto predial como dirección para notificación la KR 11 nro. 11-47. No obstante, el requerimiento fue enviado para efectos de notificación a la dirección KR 11 nro. 12-16, y fue devuelto por la empresa de mensajería con la causal “dirección deficiente”, por lo que fue notificado por aviso en la página web de la entidad el 9 de diciembre de 2014.

 

Además, se encuentra en el expediente que el mismo contribuyente había indicado la misma dirección de notificación (KR 11 nro. 11-47) para el mismo predio en años anteriores.

 

Por tanto, la Sala encuentra probado que en el caso de la controversia no está dado el presupuesto previsto en el artículo 563 del Estatuto Tributario para que procediera la notificación por aviso, en tanto la notificación personal no fue remitida a la dirección informada por el contribuyente. Y como el mecanismo de notificación principal (el personal) no fue surtido en debida forma, la notificación subsidiaria no era procedente, al tratarse de una notificación sin el lleno de los requisitos legales, por lo que no produce efectos.

 

Dado que la notificación del requerimiento especial no se realizó conforme el procedimiento establecido en la ley, no se verifica el supuesto de interrupción del término de firmeza de la declaración privada a que se refiere el requerimiento, según lo establecido en el artículo 714 del Estatuto Tributario. Así lo ha afirmado la Sala en oportunidades anteriores:

 

“1.4 El término previsto por el legislador, para que la Administración de Impuestos expida y notifique el requerimiento especial al contribuyente, está señalado en el artículo 705 del ET.

 

Uno de los supuestos, previsto en la norma, es aquel en el que la declaración privada se presenta de manera oportuna, es decir, dentro del plazo señalado por el Gobierno Nacional, caso en el cual, el requerimiento especial “deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar”.

 

Término que se suspende, solo en los eventos previstos en el artículo 706 del ET, esto es, cuando se practica inspección tributaria, de oficio (3 meses) o a solicitud del contribuyente (mientras dure la inspección), o durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir.

 

1.5 Si dicho término se excede, la liquidación privada, conforme con el artículo 714 del citado ordenamiento, vigente para la época de los hechos, adquiere firmeza”.

 

(Subraya la Sala)

 

Conforme lo anterior, se concluye que, como el requerimiento especial no fue debidamente notificado al contribuyente dentro del término señalado en el artículo 714 del Estatuto Tributario, este no tuvo oportunidad de controvertir la posición de la Administración antes de conocer la liquidación oficial del impuesto, por lo que se vulneró su derecho al debido proceso, lo cual da lugar a la nulidad del acto de liquidación oficial, según lo dispuesto en el artículo 730 numeral 2 del Estatuto Tributario.

 

Así, se concluye que la declaración privada del impuesto predial presentada por el contribuyente por el año 2013 adquirió firmeza. Por lo tanto, no había lugar a expedir los actos de determinación tributaria objeto de este proceso, por lo que la Sala confirmará la decisión tomada por el Tribunal en ese sentido.

 

Dado que no hay lugar a pronunciarse sobre el carácter de conservación del inmueble, según lo solicita el demandante, se negarán las demás pretensiones de la demanda.

 

Condena en costas

 

En atención a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas, por cuanto en el presente asunto no se probó su causación.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

 

FALLA

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada.

 

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

 

TERCERO: Sin condena en costas.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

 

 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Presidenta de la Sección

 

 

MILTON CHAVES GARCÍA

 

 

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

 Folios 219 y 233, c.p.

 Folio 7 c. a.

 Folios 1 y 2, c.a.

 Folio 30, c.a.

 Folio 4, c. a.

 Folios 54 a 59, c.p.

 Folios 1 y 2, c.p.

 Folios 112 a 132 c.p.

 Folios 219 a 233 c.p.

 Folios 243 a 245 c.p.

 Folios 259 a 287, c.p.

 Folios 288 a 290, c.p.

 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencias del 8 de septiembre de 2016, exp. 18945, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 20 de septiembre de 2017, exp. 20890, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 19 de octubre de 2017, exp. 22283, C.P. Milton Chaves García.

 Folio 7 c. a.

 Folio 30, c.a.

 Folios 41 y 43

 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 23028, C.P. Milton Chaves García.